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Por un verano sin violencia institucional en CABA | Organismos de derechos humanos, sociales y sindicales lanzaron una nueva campaña 



“Un verano sin violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires”, es el nombre de la campaña que distintas organizaciones de derechos humanos, civiles y sindicales lanzaron con el objetivo de “diagnosticar, intervenir y ayudar a paliar” la “desigualdad” que, según denuncian, genera el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “La situación de violencia institucional tanto del esquema represivo, como del sanitario, alimentario y educativo en el ámbito de la Ciudad no da para más. Por eso las 34 organizaciones nos unimos para generar los dispositivos necesarios y poder abordar esta problemática que cada día toma un color más feo”, aseguró en diálogo con Página/12 Ramiro Geber, co presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos CABA, una de las impulsoras del proyecto.

El lanzamiento de la campaña se hizo mediante una conferencia de prensa virtual en la que estuvieron representantes de ATE Capital, de la CTA de los trabajadores, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, del Observatorio Económico y Social, del Llamamiento Argentino Judío, de la APDH Capital y Nacional, del sindicato docente porteño UTE y del sindicato de los Metrodelegados, entre otros. 

Según explicó Geber, desde las organizaciones tomaron “un concepto de violencia institucional amplio”. “Queremos terminar con todos los actos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que vulneren derechos por parte del Estado”, puntualizó. A su vez, en un documento que leyeron describieron al jefe de Gobierno Porteño como alguien que “gobierna para los que más tienen, olvidándose de los derechos de lxs trabajadores y los sectores populares, a los que margina, ignora o reprime, siendo esa la única presencia que tiene”.

“En la Ciudad ocurren actos de violencia institucional todo el tiempo. En esa línea fueron las declaraciones del ministro de Seguridad porteño y vicejefe de gobierno, Diego Santilli, justificando el accionar policial durante el velorio de Diego Maradona; las declaraciones de la ministra de Educación Soledad Acuña descalificando la pertenencia ideológica de los docentes porteños; el actuar policial represivo y constante sobre los trabajadores de la vía pública y vendedores ambulantes; el maltrato en los hospitales públicos porteños, que se puede ver en casos como el ocurrido en el mes de agosto cuando una chica embarazada de 39 semanas no fue atendida y murió en la Villa 31 bis; o la violencia policial que sufren los trabajadores de aplicaciones para delivery de comida. La idea es poder sistematizar todos estos hechos”, señaló el co presidente de la APDH CABA.

Según indicó Geber, el trabajo durante el verano será dividido en dos etapas: “En un primer momento vamos a comenzar a difundir material y brindar asesoramiento técnico-legal para denunciar hechos de violencia institucional. En una segunda, vamos a sistematizar las denuncias, ya que el Gobierno de la Ciudad no tiene un organismo que se ocupe de este tema”. Además comentó que brindarán asistencia y contención psicológica a las víctimas de este tipo de violencia por parte del Estado.

“La idea es que el verano sea el puntapié inicial. Todas las organizaciones acordamos que hay que hacer un trabajo constante y permanente de seguimiento de este tema, porque si no lo hacemos nosotros nadie lo hará”, detalló Geber. 

Para ponerse en contacto, realizar denuncias o consultas sobre este tema hay que escribir al correo electrónico [email protected] y, según indicaron los organizadores, los primeros días de enero estará disponible una aplicación para bajarse en el celular y realizar las denuncias de modo más sencillo.



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En el año de la pandemia, la represión estatal mató a una persona cada 20 horas

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Primera señalización de un hecho de violencia institucional | Memoria, verdad y justicia para las víctimas de las Masacre de Monte



La consigna de Memoria, Verdad y Justicia con que el Estado señaliza excentros clandestinos de la última dictadura se aplicó por primera vez  a un hecho de violencia institucional. La Secretaría de Derechos Humanos hizo un acto de señalización en memoria de las víctimas de la Masacre de Monte, que costó la vida de cuatro adolescentes y por la que hay 23 imputados, en su mayoría policías bonaerenses. “Las veo a ustedes y las veo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Tienen mi compromiso y el de esta Secretaría en esta lucha y en la búsqueda de la Justicia”, expresó el secretario Horacio Pietragalla Corti, quien anunció que la política de señalización por casos de violencia institucional se aplicará en todo el país.

El acto realizado en la localidad de San Miguel del Monte forma parte de una serie de señalizaciones por hechos de violencia institucional que se ubicarán a lo largo del país “como parte de una política federal que pretende impulsar el organismo”. 

La Masacre de Monte ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 2019 en el kilómetro 111 de la ruta 3, en San Miguel del Monte, y puso fin a la vida de Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López y Aníbal Suárez. La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello, de 13 años. Las muertes fueron producto de una persecución y balacera sin motivo por parte de los policías hacia el auto en el que paseaban las y los jóvenes, que terminó chocando contra un camión. La investigación penal tiene 23 imputados entre efectivos de la comisaría local, peritos de Policía Científica y el exsecretario de Seguridad de esa localidad.

“Mientras se sigan violando los derechos humanos en democracia vamos a estar en deuda con las instituciones y los familiares de las víctimas”, expresó Pietragalla ante las madres de las víctimas. “Esta señalización hoy en Monte es un punto de inflexión”, agregó, y destacó que la señalización fue comunicada previamente al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández y al gobernador Axel Kicillof, quienes manifestaron su apoyo a esa política. Matías Moreno, subsecretario de derechos humanos bonaerense, aseguró que “la provincia de Buenos Aires va a trabajar con Nación para terminar con esta deuda que tenemos en la democracia, que es la violencia institucional”.



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La UCR alineada con la doctrina Chocobar | Rechazo del Frente de Todos a la iniciativa que “institucionaliza el gatillo fácil” y “desata violencia institucional”



La UCR volvió a mostrar su alineamiento con las políticas más duras del macrismo. El diputado radical y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, junto al mendocino Luis Petri y otros correligionarios, presentaron un proyecto para modificar el artículo 34 del Código Penal que introduce la presunción legal de “cumplimiento del deber”. Una iniciativa que apunta a legitimar el accionar de las fuerzas de seguridad, como el caso del policía Luis Oscar Chocobar que comenzó a ser juzgado ayer por matar por la espalda a un joven ladrón herido (ver aparte). Un accionar que el Gobierno de Mauricio Macri reivindicó y convirtió en doctrina de su política de seguridad. Para el Frente de Todos, “la doctrina Chocobar desata la violencia institucional y da un marco de impunidad al gatillo fácil”.

Cornejo sostuvo que “no se puede considerar un delincuente a quien
tiene la tarea de defendernos de ellos.
Con nuestra propuesta queremos que las fuerzas de seguridad sientan que
la Ley contempla con su función en situaciones que hasta ahora estaban en una
nebulosa y era aprovechada por los delincuentes que muchas veces fueron
apañados por los cultores de una justicia abolicionista que beneficia a los
victimarios y no a las víctimas”.  Para Petri, el proyecto busca “garantizar que policías como Chocobar, que obran en cumplimento del deber y en defensa de la vida, no terminen sentados en el banquillo de los acusados”. “Este proyecto de ley tiene como objetivo cuidar a quienes nos cuidan”, afirmar los autores del proyecto, con el respaldo de otros diputados radicales: Alvaro Lamadrid, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro y Gerardo Cipolini.

“Se entenderá que obró en cumplimiento de un deber, el miembro de las fuerzas de seguridad, que encontrándose en servicio o fuera de él y en uso de su arma en forma reglamentaria, interviniere para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas”, dice el agregado que propone el proyecto al inciso cuarto del artículo 34 del Código Penal, que abre el capítulo de “imputabilidad” y que define las situaciones que “no son punibles”. También impulsa otras modificaciones en el inciso 6, donde suprime “siempre que haya resistencia”, en los casos de quien “obrare en defensa propia o de sus derechos” durante intromisiones en “el hogar” o “vivienda”. Allí, el proyecto agrega “local comercial, industria o de sus dependencias (y vehículos), cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.

Desde el oficialismo existe una mirada muy diferente sobre la iniciativa opositora. “Es un proyecto que institucionaliza el gatillo fácil y genera cobertura legal a quienes teniendo la tarea de cuidar a los ciudadanos puedan justificar el abuso del uso de la fuerza. Necesitamos policías mas profesionales y no brindar blindaje legal para los excesos que puedan cometer, como violencia institucional y gatillo fácil”, dijo a PáginaI12 el diputado Hugo Yasky (FdT), que preside la comisión de Derechos Humanos.     

“Cuidar a quienes nos cuidan significa que la policía esté bien remunerada, con sueldos dignos, y que tenga buenos procesos de formación tanto para prevenir el delito como para actuar de forma justa ante situaciones complejas. Chocobar mató a un pibe por la espalda y lo remata cuando ya estaba entregado. Eso no tiene que ver con su tarea ni con un trabajo digno. No cumplió con su deber ni con su responsabilidad institucional”, sumó la diputada Mónica Macha (FdT) ante este diario. “La doctrina Chocobar es muy peligrosa para nuestra sociedad. Desata la violencia institucional y da un marco de impunidad para el accionar de las fuerzas policiales. La policía no puede estar entrenada para la crueldad ni mucho menos contar con marcos legales que fomenten el uso desmedido, injustificado, arbitrario y cruel de la fuerza”, agregó.



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Mendoza: con el argumento de que violaba la cuarentena, la Policía golpeó a un hombre y lo detuvo por 18 horas | Grave caso de violencia institucional 



La Policía de la provincia de Mendoza protagonizó un hecho de violencia institucional en el marco de la pandemia, al irrumpir en una vivienda particular, golpear al dueño de casa y llevárselo a una comisaría, bajo el argumento de que se violaba la cuarentena. El agredido estaba en su casa con su familia.

El episodio tuvo lugar la noche del pasado 15 de septiembre. A las 23, Cristian Rodríguez estaba en su casa de Guaymallén, junto a su esposa y los tres hijos de la pareja, más una inquilina. Los oficiales llegaron y dijeron que había una denuncia de violación al aislamiento social. Al parecer, la música en alto volumen había generado una denuncia y sospechas de que había una fiesta. Sin embargo, en la casa estaban solamente los ocupantes y no había nadie del exterior. 

El policía quiso ingresar y Rodríguez preguntó si tenía orden de allanamiento. “Puso el pie, pateó la puerta e ingresó por la fuerza. Una vez dentro de la vivienda ingresaron más policías y se pusieron a golpearme entre todos sin ninguna limitación ni consideración”, narró el hombre en la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Rodríguez fue sacado a la calle, donde siguió la golpiza. “Llegaban más y más móviles policiales. Se bajaban y se sumaban a pegarme. Tuve un desmayo, quedaban los chorros de sangre en el piso de la vereda de la vivienda”. Añadió: “Me tenían asfixiado; apenas podía respirar”. Ninguno de los policías se identificó y se lo llevaron a la comisaría 25. 

Lo dejaron en un calabozo, en malas condiciones. “No podía ver del ojo derecho, tenía dificultades para respirar y los dolores en todo el cuerpo me tenían al borde del desmayo”. En ningún momento le informaron sus derechos ni le dijeron por qué estaba detenido. Tampoco le dijeron quién era la autoridad judicial a cargo. 

A las 6 del 16 de septiembre, Rodríguez fue llevado a un hospital a atenderse el ojo lastimado. Lo tuvieron allí tres horas, esposado y con custodia. De allí lo regresaron al calabozo, donde estuvo hasta las 17. “Me hicieron firmar papeles que no tengo idea de qué se tratan porque no veía absolutamente nada.” Después de 18 horas privado de su libertad, y con lesiones, Rodríguez hizo la denuncia y presentó a su familia como testigo. 

La Policía mendocina tiene un largo historial de violencia, con casos emblemáticos como la desaparición de Pablo Guardati en 1992 y la muerte de Sebastián Bordón en 1997. De acuerdo a lo que pudo saber este diario, los retenes policiales en estos meses de pandemia incluyen la presencia de efectivos armados con escopetas. 



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Reunión en Diputados por la problemática de la violencia institucional | Los legisladores analizan el tema con la ministra Sabina Frederic



La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, fueron convocados a exponer un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre las políticas de esas carteras contra la violencia institucional y la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro.

Se trata de las comisiones de Seguridad Interior, que preside la diputada Paula Penacca (Frente de Todos) y de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Yasky (Frente de Todos), que convocaron a un plenario e invitaron a los funcionarios a exponer ante los diputados, a través de videoconferencia.

La Cámara baja aprobó en la madrugada del sábado pasado, en su última sesión, una declaración, en la que expresó su “preocupación” por la desaparición de Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro, y pidió que se investigue y se establezcan las “responsabilidades en el caso judicial caratulado como desaparición forzada” de personas.

A través del proyecto de declaración, y en el marco de la investigación de la desaparición del joven, la diputada radical Karina Banfi, pidió la presencia de la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos ante los diputados.

Ante ese planteo, la presidenta de la comisión de Seguridad, Paula Penacca, dijo que no veía ningún problema en coordinar que acudan a la cámara para exponer sobre el caso Frederic y Pietragalla.

“No nos escondemos, no convalidamos la desaparición forzada de personas, la violencia institucional ni matar por la espalda”, subrayó Penacca.



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Burzaco: una familia sufrió un operativo ilegal de la Bonaerense y vive amenazada

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Allanan la comisaría de Mayor Buratovich en busca de rastros de Facundo

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Alberto Fernández habla sobre el caso de Facundo Castro | Un proyecto contra la Violencia Institucional 



Durante la cuarentena hubo muchos casos de violencia institucional. ahora se está investigando la desaparición de Facundo Castro. ¿Cómo considera que hay que abordar estos temas, en los que hay una deuda?

–Hay que ser muy estrictos, muy severos con las fuerzas de seguridad, que tienen un arma en la cintura para cuidarnos, no para usarlas en contra nuestro. Hay que ser absolutamente firmes. Cuando aparecieron casos en el Chaco y en Tucumán fui categórico El caso de Facundo me preocupa. Le han encomendado a la Policía Federal la investigación y he hablado con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Quiero que se esclarezca. Además estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos para hacer una ley contra la Violencia Institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional.



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Pietragalla: “Todos necesitamos saber qué pasó con Facundo” | Secretarios de Derechos Humanos contra la violencia institucional



Las máximas autoridades en Derechos Humanos de la Nación y de las 24 provincias se reunieron de forma remota y firmaron un documento en el que manifestaron su “preocupación por los casos de violencia institucional ocurridos en los últimos meses en el país”. En diálogo con Página/12, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, resaltó que “es un hecho inédito que podamos consensuar con todas las provincias que la situación en materia de violencia institucional es grave”. Luego, agregó que “el espíritu del comunicado y de la reunión es que todos podamos trabajar fuertemente y en conjunto en la construcción de políticas para erradicar la violencia institucional”. Además, se refirió al caso de Facundo Astudillo Castro
: “todos tenemos la necesidad de saber qué pasó con Facundo. Estamos poniendo todas las herramientas del Estado a disposición de la Justicia para que se pueda avanzar en la investigación”, afirmó.

Todos los participantes del Consejo Federal de Derechos Humanos estuvieron de acuerdo en que la erradicación de este tipo de violencia no es solo tarea de los poderes ejecutivos. “Los graves casos que se reiteran y en los que se vieron involucrados miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, en casi todo el territorio nacional, nos llevan a manifestar que, para erradicar de una vez por todas la violencia institucional de nuestra democracia, necesitamos el compromiso de todos”, dicen en el documento que firmaron. “Es necesario un Poder Judicial que avance con rapidez para el esclarecimiento de los casos, que enjuicie y castigue a los responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos”, enumeraron.

Ante la pregunta por la agenda específica sobre la que trabajaron durante la reunión, Pietragalla respondió que “tratamos de no hablar de una provincia o situación puntual. La situación es compleja en todo el país, aunque hay jurisdicciones más difíciles por la historia más compleja que tienen con las fuerzas de seguridad”. 

Sobre el caso de Facundo Castro -el joven que lleva más de 70 días desaparecido y que fue visto por última vez cuando dos policías lo subían a una camioneta cerca de Mayor Buratovich- Pietragalla Corti comentó que, durante el encuentro, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, explicó en la reunión en qué instancia se encuentra la búsqueda y la investigación. “Desde ambas secretarías se puso todo a disposición de los abogados y la familia del joven“, aseguró Pietragalla. “Hoy está actuando la Justicia en una causa federal y esperemos que rápidamente tengamos una respuesta. Todos tenemos la necesidad de saber qué pasó con Facundo. La familia está pasando por la situación sumamente angustiante, pero todos queremos respuestas y estamos poniendo todas las herramientas del Estado a disposición de la Justicia para que se pueda avanzar en la investigación“, aseguró. 

El funcionario resalta que el concepto de derechos humanos debe ser amplio y, por tanto, el combate a la violencia institucional es para su gestión un eje fundamental: “no nos puede pasar más que nos pongamos contentos por señalizar una comisaría donde se torturó en la última dictadura cívico-militar a compañeros detenidos-desaparecidos o sobrevivientes, y que después de eso, salgamos felices, y en esa misma comisaría señalizada, esa noche pueda ocurrir un caso de tortura, de apremios ilegales o un caso de violación a los derechos humanos”, graficó. “Esto es un compromiso que tenemos que asumir todos los que formamos parte del Estado y también la ciudadanía, denunciando y no avalando estos casos, ni la justicia por mano propia”.

Los funcionarios de Derechos Humanos de todo el país marcaron como prioridad la necesidad de un cambio en la formación de las fuerzas de seguridad y de que éstas lo asuman como un mayor compromiso. “Es importante que los miembros de las fuerzas entiendan que llevar adelante políticas contra la violencia institucional es una clara defensa de las instituciones y sus miembros. La habilitación a cometer actos ilegales sólo responsabiliza y genera futuras sanciones a ellos mismos y casi nunca a las conducciones políticas”, aseguraron.

Pietragalla Corti sumó que “además de ser necesarios los cambios en la formación, también es importante que las normativas provinciales y municipales estén enmarcadas en los respetos a los derechis humanos y las garantías constitucionales”. “También es fundamental garantizar los mecanismos provinciales contra la tortura. Hay provincias que todavía no los tienen aprobados y tenemos que trabajar arduamente para que todas cuenten con ello”, concluyó.

Informe: Melisa Molina.



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