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Violencia en el Hospital Tornú: “Gorda de mierda, a vos no te toco ni con un palo” | “Pacto de caballeros” en el sistema de salud



El médico de guardia entró pechando con el hombro de manera muy violenta a la médica residente. Fue en el estar del servicio de terapia intensiva del hospital Tornú. El médico tenía suficiente espacio para pasar, pero eligió el cuerpo a cuerpo. “Podría pedirme permiso”, le señaló la jefa de residentes, María Laura Díaz. Cuando salió del cuarto, el médico volvió a hacerle lo mismo, pero desde atrás, muy deliberadamente. María Laura volvió a encontrarlo en la zona de guardia conversando con el jefe de terapia intensiva y se quejó por el maltrato recibido. La respuesta fue, a los gritos, “gorda de mierda, a vos no te toco ni con un palo”.

Ocurrió el 3 de agosto, en plena pandemia. El jefe de servicio no dijo nada. Desde afuera escuchaban todo, una jefa de infectología del hospital, junto con dos testigos más. La médica residente le respondió al violento “lo voy a denunciar por violencia de género”. La respuesta fue despreciativa: “Señora, señora, usted no me puede hacer nada porque soy abogado”, mientras levantaba la mano, en señal de amenaza. Finalmente, pocos días después de este hecho a María Laura se enteró de que la habían dejado fuera de sistema de Salud de la Ciudad.

Le pedimos disculpas a María Laura Díaz por reproducir en el título de esta nota una frase que al leer la revictimiza. Pero es indispensable que se conozca con exactitud la violencia que padecen muches trabajadores de la salud y se esconde tras los “pactos de caballleros” de ambo blanco. El 5 de abril de 2019 Soy entrevistó a Samanta Malaherre, instrumentadora quirúrgica del Hospital Udaondo, que logró que la Justicia obligue a 2  cirujanos, que la hostigaban al grito de “torta” y le impedían trabajar, a hacer un curso de la Subsecretaría de Derechos Humanos. A la denuncia de Samanta se suma ahora la de María Laura Díaz por violencia de género, en el hospital Tornú. María Laura tiene 34 años y es chaqueña.

GORDOS, TRAVAS Y BOLIVIANOS

¿Cómo dirías, por tu experiencia, es el trato en el sistema médico de CABA hacia los cuerpos no hegemónicos, los que no son como Barbie y Ken?

El ámbito municipal, entre los médicos, es bastante violento con el aspecto físico. Y esa violencia es jerárquica, de arriba hacia abajo. En tiempos de covid usamos el ambo quirúrgico y son muy comunes los comentarios “a vos te queda muy ajustado”. También hay mucha xenofobia, es muy común escuchar “son todos bolivianos”. Lo dicen por detrás, no se lo dicen en la cara a los médicos extranjeros. También ocurre cuando ingresa un paciente trans, el trato suele ser discriminatorio. Durante mi carrera no vi eso, no es algo que ocurra en la facultad o entre los residentes.

¿Cómo era tu relación con el médico de guardia que te maltrató?

Desde que lo conocí tuvimos poco trato, porque suele hacer comentarios malintencionados. Nunca vi a otro médico maltratar tanto a las enfermeras. Son muy odiosos sus comentarios sobre el aspecto físico de los demás.

¿El jefe de servicio te defendió de la agresión?

No, al contrario. Aquel día mi residente me trajo a casa media hora antes de mi horario, porque me sentí muy mal. Pensé que se iba a disculpar por no haber intervenido. Pero no, llamó para amenazarme con hacerme una nota y echarme por abandono de pacientes, por haberme ido media hora antes. Me dijo que la terapia intensiva me quedaba grande y que él no vio nada de lo que estoy denunciando. En Fiscalía están las capturas de pantalla con los horarios de sus llamadas amenazantes, por si es necesario que entren en el expediente. Al día siguiente yo tenía una guardia paga en terapia intermedia, conté lo que me pasó y me dijeron que no podía volver con mi jefe. Me llamaron a la subdirección y me indicaron que cumpliera horario en terapia intermedia hasta que se investigue lo ocurrido. Cosa que nunca se hizo. Mi jefe me fue a buscar violentamente. Volvió a intervenir la subdirectora. Después empezó a mandarme mensajes de manera indirecta a través de enfermeros.

¿Podés decir los nombres de estos médicos?

Sí, porque están hechas las denuncias no solo en la dirección del hospital sino también ante el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y el Inadi. El médico de guardia que me agredió es Claudio Garabedian. Y el jefe del servicio es Marcelino Laureano Linares.

EL HOSPITAL POR DENTRO

¿Por qué elegiste el Tornú para hacer la residencia?

Porque cuando estudiaba tuvimos muchas rotaciones en ese hospital y me gustaba el trato entre médicos y hacia los pacientes en el servicio de clínica médica. No conocía la unidad de terapia intensiva. Estudié en la Fundación Barceló. En la facultad no hay rotación por terapia intensiva ni por emergentología. Son especialidades que se eligen poco porque exigen mucho sacrificio y están mal pagas.

¿En qué año ingresaste a terapia?

Fue en 2017. La residencia consta de 4 años. El primero se cursa en clínica médica. Allí se trabaja muy bien en el Tornú, todos los residentes están supervisados. En segundo pasé a terapia intensiva. No había otros residentes ni jefe de residentes. Elegí la especialidad porque el anterior jefe del servicio le daba importancia a la formación de nuevos terapistas y de allí salieron muy buenos residentes. Con el cambio del jefe de servicio, todo eso se desplomó.

¿O sea que te formaste con este nuevo jefe de servicio? El que estuvo presente cuando el médico de guardia te agredió verbalmente.

La terapia del Tornú funciona así: está el jefe de servicio y debería haber médicos de planta que lleven el seguimiento de los pacientes todos los días (esto no se cumple). Y médicos de guardia, a razón de 2 por día. Estos médicos cobran por 24 horas, pero nadie permanece tanto tiempo en el servicio. No se hacen cargo de los residentes. Yo no sabía ni intubar ni poner una vía básica. Por suerte me enseñaron una médica de guardia (es muy tímida, no le va a gustar que la nombre) y el ex médico de guardia de los lunes, que regresó a su país, Bolivia. Es otro problema que hay con esta especialidad. Los residentes de terapia extranjeros vuelven a su país de origen porque en Argentina está muy mal pago este trabajo.

¿Cuánto cobrás?

Alrededor de 48 mil pesos por trabajar de lunes a viernes de 8 a 17, más las guardias. Una trata de quedarse con guardias para sumar ingresos. Pero en este servicio es imposible. El jefe cobra la guardia, se va y se queda un residente. Por lo general, un jefe de servicio quiere retener a sus residentes, pero no es el caso en la terapia intensiva del Tornú.

Y el residente que queda solo, ¿sabe qué hacer con los pacientes?

Yo tuve la suerte de tener a esa médica y ese médico que me enseñaron lo básico, pero los chicos que vinieron después, no. En los otros servicios, cuando el paciente está muy crítico, tiene que contar con la terapia intensiva. Se supone que debe haber gente capacitada. Me autogestioné muchos cursos en estos años, pero como residente de primero y de segundo no estaba preparada para resolver muchas cosas.

¿Y cómo es la mortalidad del servicio en esas condiciones?

Intenté hacerme cargo de llevar un score con estadística. Pero el jefe de servicio me dijo: “Laura, vos estás calculando mal los scores. La mortalidad está dando demasiado alto. Dejá que la calculo yo”.

¿Cómo manejan estas situaciones en la terapia intensiva en tiempos de covid? ¿Quiénes te ayudan a cambiarte? ¿Qué hacen los demás médicos?

Nos ayudamos entre residentes y enfermeros. Los médicos no entran a ver pacientes. Excepto el del miércoles, que es el único que cumple sus 24 horas de turno. Y la médica de los jueves, que también ve pacientes, porque le interesa mucho la parte asistencial de la terapia. El jefe del servicio entraba a ver pacientes antes del covid. Desde que empezó la pandemia, los mira desde afuera. En un momento dije “esto es un desastre”. Los residentes nos vamos a las 17 y si un paciente precisa ser intubado a las 19, hay que esperar al otro día. Peleamos para que los médicos de guardia vayan y hagan su trabajo.  

¿La dirección del hospital no hizo nada?

Desde el 12 de agosto, no hay respuesta. El director se llamó a silencio. Ese día quisieron que ingresara sola a una entrevista con el director, Luis Castañiza, y la abogada del hospital, cuando la Ley Micaela indica que la víctima de violencia debe estar acompañada. Ese día me iban a acompañar el presidente de la Gremial del hospital y también desde el Comité de Prevención de las Violencias del Tornú. Desde la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron que “en pandemia queda mal cerrar la residencia de terapia intensiva” del Tornú. Al comienzo estaban orientados a cerrarla, después dijeron que no tenían capacidad para hacerlo y le pasaron la pelota al director. Pero que siga en estas condiciones… Nuestros reclamos son acompañados por las asambleas de residentes y concurrentes del Tornú y de CABA, la Filial Tornú de Médicos Municipales y el Comité de Prevención de las Violencias del hospital.

¿Qué va a pasar con vos?

Mi contrato terminó el miércoles. Fui electa como jefa de residentes por votación en diciembre del año pasado. El director ya firmó los papeles de todos los jefes de residentes de los demás servicios, pero los nuestros no. Todo indica que no voy a tener trabajo en el este hospital ni en ningún otro del sistema público de CABA.

                                                                         



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Denunciado por violencia de género, se atrincheró y tiroteó con la policía | El agresor, un exmilitar ucraniano, finalmente se entregó 



Un exmilitar ucraniano que se atrincheró en su vivienda del barrio porteño de Monserrat tras ser denunciado por su pareja por violencia de género y de realizar disparos a efectivos de la Policía de la Ciudad fue detenido luego de varias horas de negociación y trasladado bajo custodia al Hospital Argerich, informaron este domingo fuentes de la fuerza.

El hombre fue reducido cerca de la medianoche luego de que personal del equipo de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) logró que depusiera su actitud.

Según los voceros, el exmilitar fue llevado detenido al Hospital Argerich, mientras que su familia, que se había refugiado en una habitación con la ayuda de un agente de la División Motorizada que había recibido el alerta, resultó ilesa. 

El acusado, de 51 años, quedó a disposición del fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 62, Ariel Yapur, quien dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación, agregaron las fuentes.

El hecho se inició este sábado a la tarde, cuando la pareja del hombre, que tiene una hija de 17 años y un hijo de 12, se comunicó con el servicio de emergencias 911 para denunciar un episodio de violencia de género del cual había sido víctima en un PH de Venezuela al 800.

Por ese motivo se irradió un alerta y un agente que se encontraba en Venezuela y Tacuarí, a menos de una cuadra de la vivienda, acudió de inmediato. El oficial tocó la puerta y avisó que era policía, pero cuando le abrieron fue recibido a balazos desde el interior de la propiedad por el exmilitar, que estaba atrincherado en el baño y en aparente estado de ebriedad.

Ante el ataque, el agente repelió la agresión con su arma reglamentaria y se puso a resguardo, y minutos después llegó al lugar un efectivo de la División Motorizada, que tras ingresar al PH llevó a la familia del hombre a una de las habitaciones para protegerla. Luego arribó al lugar un equipo de la DOEM, que rescató al primer policía que había acudido al domicilio, el cual no resultó herido por la agresión. 

En tanto, con la manzana cortada por la Policía y tres ambulancias del SAME presentes durante todo el operativo, el ciudadano ucraniano se comunicó con su abogado, quien a su vez llamó a los encargados del operativo para solicitar la presencia de un negociador, que finalmente logró que se entregara.



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Violencia de género: lanzan el Programa Deconstruyendo Masculinidades en cárceles bonaerenses | En la primera etapa, se realizará en 30 de las 54 unidades penitenciarias



“Buscamos que los varones privados de su libertad se conecten con cuestiones sensibles que les han sido vedados por la cultura patriarcal”. La directora de Lucha contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia bonaerense, Malena Rico, le explicó a Página/12 cuales son los principales objetivos del Programa Deconstruyendo Masculinidades, que se desarrollará en 30 de las 54 unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Los talleres están destinados, principalmente, a los detenidos por casos de violencia de género, pero estarán abiertos para todos los internos detenidos.

“Lo que queremos es poner sobre la mesa que, en algún punto, los varones también son víctimas de ese sistema patriarcal” y lograr al mismo tiempo, no sólo prepararlos para que tengan otra mentalidad al salir de la cárcel, sino también a disminuir los niveles de violencia en las unidades penitenciarias bonaerenses.

El programa fue creado por el ministro de Justicia provincia, Julio Alak, y tiene como eje central “desarrollar e implementar dispositivos tratamentales respecto de las violencias de género, para un abordaje psico socio educativo dirigido al universo de varones privados de su libertad en las cárceles bonaerenses”.

Malena Rico explicó que el programa está ahora “en una etapa de capacitación de los profesionales que van a coordinar los dispositivos”. La capacitación consta de “seis encuentros virtuales” en el contexto de pandemia. Los primeros tres fueron dados por integrantes del Ministerio de las Mujeres de la provincia y los otros tres, que son más específicos, van a estar a cargo de la Dirección de Violencia de Género de la Subsecretaría de Política Criminal.

El programa lo van a desarrollar psicólogos, trabajadores sociales, de la educación y otros profesionales del Servicio Penitenciario Bonaerense que están asistiendo ahora a las clases de formación.

Rico explicó que se llega a la instancia de lanzamiento del programa con experiencias previas realizadas por “profesionales que venimos trabajando en las cárceles desde hace muchos años”. En su caso personal, trabajó en el tema de las “nuevas masculinidades” luego de un recorrido que comenzó “desde la educación sexual integral de los varones privados de la libertad”.

De esa forma llegó a un diagnóstico según el cual “muchos de esos varones, aunque no estuvieran detenidos por causas relacionadas con la violencia de género, habían sido protagonistas de casos de violencia de género con sus parejas, con sus madres, con sus hermanas y las contaban en esos talleres de educación sexual”.

Eso los llevó a realizar talleres en los cuales la temática fue directamente la violencia de género. “Eso nos llevó a la necesidad de capacitarnos sobre las teorías que tienen que ver con la masculinidad hegemónica como causantes de un montón de situaciones violentas porque esa violencia viene del mandato patriarcal le exige a los varones”. Eso los lleva a “demostrar cierta hombría a través de la violencia”.

La primera etapa fue ir “a lo más básico, a lo más primitivo antes de llegar a conceptualizaciones sobre género y violencia de género”. Fueron a trabajar sobre temas relacionados con la crianza, con la cultura patriarcal y desde allí “tratar de producir cambios en las subjetividades para poder avanzar sobre esas prácticas”.

Página/12 le señaló que esas prácticas violentas, entre varones, ocurren desde la escuela primaria. “Por supuesto que sí y en las cárceles se da incluso como estrategias de supervivencia, porque allí rige un sistema tan verticalista, tan autoritario, que a veces estos mandatos de masculinidad violenta son los que te permiten sobrevivir”.

Lo que se busca con el programa es “poder ir desarmando esas situaciones y lograr que los varones se conecten con algunas cuestiones más sensibles que les han sido vedadas, porque tampoco es la idea de generar un mujeres versus varones o imponer la idea de que las mujeres somos mejores”.

Dijo que lo que se busca es “poner sobre la mesa que los varones también son víctimas de ese sistema, en algún punto, porque se pierden de conectar con cuestiones que están más afirmadas a la femineidad hegemónica, pongámosle, todo eso que tiene que ver con lo afectivo, con la sensibilidad se nos asigna a nosotras como mandato y los varones se pierden un montón de cosas por eso, se reprimen un montón de cosas”. Con el programa se intenta “que los varones privados de su libertad puedan abrirse a ese tipo de cuestiones”.

Otro de los “objetivos importantes” es que “no sólo está destinado a varones que están detenidos por casos de violencia de género, sino que está abierto a cualquier varón que quiera participar”. Rico señaló que creen que “muchos de los varones detenidos, la mayoría por robos, muchas veces obedecen a conductas que tienen que ver con ese mandato patriarcal, que señala al hombre como proveedor que está obligado a llevarle a su familia todo lo material”.

Precisó que por ese concepto “un hombre que no puede responder a ese mandato, se siente menos hombre si no puede mantener a su familia”. Eso también significa “mantenerla con cierto status, y tener el auto o la moto, y poder comprarle a los chicos cierta zapatilla”. Por mantener ese mandato “eso lo lleva a cometer algún delito en muchos casos, sin por ello hacer generalizaciones”. Recordó que durante la crisis del 2001, cuando muchos hombres se quedaron sin trabajo y las mujeres “se pusieron al hombro la casa, hubo un índice muy alto de suicidios entre hombres de edad media”.

Malena Rico viene trabajando en cárceles de varones desde hace diez años, en el Programa de Prevención de Violencia en Cárceles, que ya no existe. El nuevo programa “va a ser voluntario, aunque sabemos que en algunos casos nos van a llegar demandas de jueces y de la Corte Suprema provincial, para que tengamos dispositivos tratamentales para varones que han cometidos delitos relacionados con la violencia de género”. Dijo que debe haber “un tratamiento diferenciado entre los que están por esos delitos y con los que están por robo, que son la mayoría”.

De todos modos, en todos los casos “va a seguir siendo voluntaria, en algunos casos entre comillas, porque si lo manda el juez, lo mejor es asistir a los cursos”. Claro que el detenido se puede negar. Malena Rico señaló también que estas situaciones “tienen que ser voluntarias para que puedan tener un efecto”, dado que se cuenta con la conformidad y la predisposición de los internos. Insistió en que “la eficacia de estos programas está en que sean voluntarios y confidenciales”, en todos los casos, como lo será la iniciativa que comenzará en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires.

La importancia de que sea así es que “es todo lo contrario a lo que ocurre en las cárceles, donde ninguna de las actividades son voluntarias ni confidenciales”. Además, puntualizó que “de los talleres tampoco va a surgir la idea de calificar lo que hicieron quienes concurran, para que podamos hacer un trabajo genuino y que se puedan expresar con total libertad”. 



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Nigeria: aprobaron la castración para acusados de violación sexual | Un estado del país dispuso la nueva pena, cuestionada por organizaciones de DDHH



El Parlamento regional de Kaduna, estado del centro-norte de Nigeria, aprobó una ley para prescribir la castración quirúrgica como pena para los acusados de violación sexual, una medida que el Gobierno regional piensa que servirá para disuadir a los violadores.

“Estamos felices de que el Parlamento haya incrementado los castigos por violación. Esperamos que la Justicia sentencie a más violadores con esta pena máxima”, afirmó este viernes el Ministerio regional de Servicios Humanos y Desarrollo Social.

Los legisladores regionales aprobaron la ley este miércoles como una forma de acabar con los crímenes sexuales, según aseguró el presidente de la Asamblea, Yusuf Zailani, y tendrá que ser promulgada por el gobernador.

Las penas máximas actuales por violación en este estado son de 21 años de prisión cuando la víctima es adulta y puede llegar a cadena perpetua en el caso de abuso a menores.

Sin embargo, esta nueva ley no ha sido bien recibida por diversas organizaciones de derechos humanos que plantean que no va a ayudar a resolver un problema de raíz en el país, como son los abusos sexuales, por lo que las medidas deberían estar más enfocadas en la prevención.

Antes que la castración, la directora del Centro de Investigación y Documentación de Defensoras de la Mujer (WARDC), Abiola Akiyode-Afolabi, considera que se deberían tomar medidas para evitar los crímenes y poner en marcha mecanismos que permitan dar una respuesta y asistencia rápida a las denunciantes.

“Lo que provoca el auge de violaciones es la impunidad. La castración no es suficiente. El Gobierno tiene que mostrar deseo político al asegurar las condenas a los culpables y un cambio en las normas sociales”, señaló este viernes esta activista contra la violencia sexual y física contra las mujeres.

A mediados de junio, los gobernadores de más de una treintena de estados de Nigeria declararon el estado de emergencia por las crecientes violaciones de mujeres y niños en el país, después de que a principios de mes miles de personas se manifestaran ante la sede de la Policía de varias ciudades nigerianas.

Según datos del WARDC, alrededor de dos millones de mujeres y niñas son violadas cada año en Nigeria, pero menos de un tercio de estos delitos (el 28 %) son denunciados.

Además, una encuesta hecha en 2019 por la firma demoscópica NOIPolls indica que una de cada tres chicas ha sufrido en Nigeria alguna forma de agresión sexual antes de cumplir los 25 años.

Conseguir cifras exactas de la magnitud de la violencia sexual en este país africano es difícil porque las víctimas tienen miedo a denunciar o a buscar ayuda por el estigma y la discriminación a la que se enfrentarían.



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El Estado asistirá económicamente a las mujeres y personas LGBTI en situación de violencia de género

https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-estado-asistira-economicamente-a-las-mujeres-y-personas-lgbti-en-situacion-de-violencia-de-genero

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El Programa Acompañar, una asistencia a víctimas de violencia de género | Se oficializó que el Ministerio de las Mujeres dará un apoyo económico



El gobierno nacional lanzó el Programa Acompañar, una iniciativa a través del cual brindará asistencia económica a mujeres y personas LGBTI+ víctima de violencia de género. La puesta en marcha de la iniciativa estará a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y apunta a fortalecer la independencia económica de quienes se encuentran en situaciones de riesgo por hechos de ese tipo. El pago se realizará a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Es la primera vez que el Estado nacional lanza una asistencia de estas características. Consistirá en una transferencia equivalente al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en la actualidad es de 16.875 pesos durante seis meses consecutivos, según lo indica el decreto 734/20 publicado hoy en el Boletín Oficial.

“Atento a que la violencia de género suele tener un componente de dependencia económica, el Estado nacional entiende que debe ser primordial promover la autonomía de las personas en situación de riesgo” por casos de ese tipo, indica el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández.

El programa está destinado a “promover la autonomía económica de las mujeres y personas LGBTI+” que sean víctimas de situaciones por motivos de violencia de género, es decir a “promover de manera integral el acceso a derechos económicos, sociales y políticos”, según definió un comunicado.

Más que un apoyo económico

Pero no se trata solo de un apoyo económico. Además de esa cobertura para sostener “los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo”, quienes lo reciban también “contarán con acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial”.

El decreto señala que una de las prioridades es poner en marcha medidas que apunten “a la reducción de estos hechos, así como de los femicidios, travesticidios y transfemicidios que ocurren diariamente”.

“Estamos convencidas de que es necesario reconocer las capacidades y fortalecer los recursos de las personas en situación de violencias para que puedan construir proyectos de vida libres de violencia”, resaltó la ministra de la Mujer y Género, Elizabeth Gómez Alcorta.

Asimismo, destacó la importancia de promover medidas “que no se concentren sólo en la emergencia, sino que permitan brindar una asistencia y un acompañamiento integral” que, a la vez, apunten a modificar “las condiciones estructurales que reproducen las violencias por motivos de género”.

Cómo funciona el Programa Acompañar

El decreto aclara que la prestación que otorga Acompañar “resulta incompatible” con otros beneficios que también da el Estado, como por ejemplo jubilaciones y pensiones no contributivas, subsidios con fines de empleo y capacitación, y prestación por desempleo.

El programa se activará junto con la ANSES y tiene alcance nacional, se aplicará a través de la firma de convenios con gobiernos provinciales y municipales y es parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022. A la vez, se complementa con el Programa Potenciar Trabajo que, que la cartera a cargo de Gómez Alcorta ejecuta con Ministerio de Desarrollo Social.





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Maria Soledad Morales: se cumplen 30 años de su femicidio | La muerte de esta adolescente de 17 años a manos de un grupo de “hijos del poder” cambió la percepción de la violencia machista



A un año, a los nueve años y también ahora, cuando se cumplen 30 años, Ada Rizzardo, la madre de María Soledad Morales, repite lo mismo de siempre, en cada diálogo con Página/12: “No quiero ser un símbolo, sólo quiero ser una mamá que siempre se ocupó de sus hijos”. Muy a su pesar, Ada sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia, a tres décadas del femicidio de su hija –la segunda de siete hermanos–, ocurrido el 8 de septiembre de 1990 en Catamarca, cuando todavía el agravante por violencia de género no se había incorporado al texto del Código Penal.

Ada, junto con la monja Martha Pelloni y algunas ex compañeras del colegio Del Carmen y San José, al que concurría la joven de 17 años asesinada en Catamarca, participarán de una serie de homenajes en su memoria. La mamá de María Soledad recuerda hoy que junto con su esposo, Elías Morales, fallecido en agosto de 2016, en todos estos años tuvieron que “aprender a convivir con el dolor”. A pesar de su lucha permanente, sólo pudieron conseguir de la Justicia las condenas de Guillermo Luque, a 21 años de prisión, y de Luis Tula, a 9 años, como únicos responsables de la violación seguida de muerte de la joven, de la que participaron otros hombres que quedaron impunes.

Su fe religiosa la ayuda a pensar que “ahora mi hija no está tan sola, está con su papá, al que tanto quería”, pero también cree que “ninguno de los dos puede descansar en paz porque nunca se hizo la justicia que merecíamos”. Agrega que “los dos se tuvieron que ir con las manos vacías”. Luego aclara, como si hiciera falta, que ella no olvida: “Ninguna mamá, en ningún lugar del mundo, puede olvidarse de una hija, de un hijo. Es imposible”.

Recuerda que con Elías “hemos luchado mucho para que se hiciera justicia, pero apenas conseguimos un poquito, nada más, porque tendría que haber sido mucho más”. En el segundo juicio oral por el Caso María Soledad, hubo esas dos condenas, pero nunca fueron sancionados los responsables de delitos de “falso testimonio”, de “encubrimiento” y tampoco otros sospechosos de haber participado en la violación seguida de muerte que sufrió la joven que estaba cursando el quinto año del colegio secundario y que soñaba con ser maestra jardinera.

“Todos los que la lastimaron, la violaron, la golpearon, tendrían que haber pagado, pero no lo hicieron”, repite igual que el primer día, desde hace treinta años. Ella afirma que a su hija la mataron “dos veces”, porque primero fue “su muerte física y luego la volvieron a matar cuando la calumniaron y la injuriaron”. Desde este lunes y hasta el jueves, se realizará la Semana de María Soledad, organizada por la Red Infancia Robada- Foro Catamarca. Se harán charlas y misas difundidas por zoom, y también se instalarán bancos de color rojo en espacios verdes, para denunciar en forma simbólica los femicidios ocurridos en todo el país.

María Soledad Morales fue asesinada el 8 de septiembre de 1990 y su cuerpo apareció dos días después en el Parque Daza de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En el segundo juicio se dio por probado que había sido drogada, violada y asesinada. Dos fueron los condenados, pero se supone que fueron más hombres los que participaron de un crimen que conmocionó al país y que provocó la caída del entonces gobernador de la provincia, Ramón Saadi.

La noche del viernes 7 de septiembre de 1990, la joven pidió permiso a sus padres para ir a la disco Le Feu Rouge, donde se hacía una velada para recaudar fondos para el viaje de egresados. Cerca de las tres de la mañana del sábado 8, Luis Tula la pasó a buscar para ir juntos a otro boliche, Clivus. Tula era un hombre adulto y casado. Luego de estar en Clivus, Tula llevó a María Soledad a una “fiesta” en la que había otros hombres jóvenes, hijos del entonces jefe de la Policía de Catamarca, Miguel Angel Ferreyra, y parientes del gobernador Saadi, entre otros personajes conocidos entonces como “los hijos del poder”.

El cuerpo de la joven fue hallado el lunes 10 de octubre, a las nueve y media de la mañana, en una zona conocida como Parque Daza, a siete kilómetros de la ciudad. Se comprobó que el cuerpo había sido lavado para borrar las huellas de los responsables de la violación seguida de muerte.

Un colectivero declaró haber visto cómo tres hombres arrojaban el cuerpo en ese lugar. Nunca se supo la identidad de ninguno de ellos. Al cadáver le habían arrancado parte del cabello, las orejas y un ojo. El primer juicio oral se hizo en 1997, pero fue suspendido cuando las cámaras de la televisión nacional registraron los gestos que realizaba uno de los miembros del tribunal, Juan Carlos Sampayo. El segundo juicio finalizó el 27 de febrero de 1998, con las condenas de Luque y Tula. El tribunal ordenó investigar el encubrimiento, pero la causa prescribió sin condenas. 



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Horacio Costa, obstetra correntino, responsabilizó a una nena de 10 años de haber quedado embarazada |  Un médico antiderechos en una provincia antiderechos



Un mediático ginecólogo y obstetra de Corrientes, referente del movimiento “pro vida” local, responsabilizó a la niña de 10 años que está a punto de parir, de no haberse “resistido al abuso” que le provocó el embarazo, por falta de “educación”. Lo dijo en una entrevista televisiva. Y afirmó que “las mujeres nacen con instinto maternal” y que a ahora a la pequeña “hay que educarla para ser madre“. Se trata del médico Horacio Costa, quien además de atender en consultorios privados, conduce un programa en una radio de la capital provincial –Sudamericana—donde aborda temas de salud de las mujeres. Sus dichos se viralizaron el domingo en redes sociales y generaron amplio repudio. Este lunes, pidió disculpas. Entre quienes repudiaron sus dichos, el lunes se pronunció la comisión directiva de la Sociedad de Pediatría de Corrientes: “No tiene nada de natural ser madre en edades tempranas”, advirtió la entidad. Y precisó que “las niñas madres corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo que las mujeres de 20 a 24 años”. También manifestó su repudio la Asociación Civil Red de Psicólogos de Corrientes junto a psicólogos autoconvocados: “Consideramos ineludible informar a la comunidad que NO es verdad que los niños, niñas y adolescentes sean responsables de frenar los abusos”, indicó el colectivo.

Otra voz que cuestionó las expresiones de Costa fue la defensora pública de Corrientes Nora Rosana Maciel: “Sorprende que usted atribuya el hecho de la violación intrafamiliar como una cuestión educativa que hace recaer en la niña de 10 años la responsabilidad de advertir que la invasión a su cuerpo y su integridad es algo que debe denunciar”, le respondió Maciel en una carta pública y además, le advirtió que “siendo un profesional que atienda a mujeres, resulta sumamente grave que reivindique y nos atribuya un rol materno –por el solo hecho de cursar un embarazo forzado en el caso de la niña en cuestión–, un rol que no es natural y que ignora todo lo que las ciencias dicen al respecto y también lo dice la realidad social, cultural y biológica”.

La niña es oriunda de un paraje rural de los alrededores de Monte Caseros, a 480 kilómetros de la capital correntina. Enfrenta un embarazo forzado producto de los abusos a los que fue sometida por parte de la pareja de su madre, quien luego de ser denunciado fue detenido. La gestación ya está a término. A la niña le programaron una cesárea para el próximo jueves en el Hospital Neonatal Eloísa Torrente de Vidal, de la ciudad de Corrientes, donde permanece internada desde la semana pasada. Las autoridades sanitarias, que no le garantizaron el acceso a una interrupción legal de embarazo, siguen vulnerando sus derechos al dar información detallada sobre su estado de salud y anunciar a los medios locales el día que la someterán a la cesárea, como lo hizo Lilian Méndez Gallino, directoral hospital Vidal.

“Si esta nena estuviera educada por ahí podría resistirse al abuso porque en el 80 por ciento de los caos está (el abusador) en el entorno familiar”, dijo el médico “antiderechos” Horacio Costa, en el noticiero “Somos Corrientes” de canal 7 de Cablevisión. Y consideró que “muchas veces con la educación de la niña, sabiendo que no debe ser tocada, que no le debe levantar la pollera, que no le deben bajar la bombacha, que no la deben sentar en el regazo, cosas mínimas, ella puede denunciar, no a nivel de una comisaría o un juzgado de menores” pero “la denuncia la puede hacer a la mamá, a la hermana o a la tía”.

La cronista Jesica Kancheff, que lo entrevistaba, le preguntó sobre las consecuencias que le quedarán a la niña luego de dar a luz. Costa respondió: “Nada, las mujeres nacen con el instinto maternal. Cuando vos eras niña, las mujeres corrían hacia dónde estaban las muñecas y vos querías el carrito, querías pasearle y le dabas la mamadera o el chupete. Ahora tenés la posibilidad de cambiarle los pañales, toda una serie de cosas que vos hacías con las muñecas. El instinto maternal está en la mujer. A esta niña lamentablemente desde muy pequeña hay que educarla a ser madre pero lo va a hacer, pero necesita contención, educación, en este caso del Estado por lo visto la familia no le va a ser útil”.

Este lunes por la tarde, Costa pidió disculpas “a la víctima” y a su familia, luego de los numerosos repudios que se expresaron en redes sociales y medios de comunicación.

La Sociedad de Pediatría de Corrientes al repudiar sus expresiones a través de un comunicado de prensa, alertó: “La gran mayoría de los ataques sexuales en niñas, adolescentes y mujeres adultas terminan en embarazos forzados, aun con trasmisión de enfermedades sexual padecidas por el atacante. Las niñas madres corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo que las mujeres de 20 a 24 años, mayor probabilidad de que sus hijos tengan bajo peso al nacer, parto prematuro, mayor mortalidad perinatal, sufrir convulsiones, hemorragias posparto e infección endometrial. Tenemos que tomar dimensión de esta realidad en toda su crueldad y asumir las responsabilidades que corresponden. Podremos escuchar la demanda si somos receptivos y estamos disponibles a tratar la cara más cruel del embarazo no intencional”. La entidad es presidida por la la médica Verónica Acosta.

El discurso “anti derechos” en Corrientes proviene de las altas jerarquías políticas y sanitarias de la provincia. Corrientes fue declarada como provincia “pro vida” en 2011, por el decreto 2871 de su entonces gobernador radical Ricardo Colombi, “estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia”. Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese compromiso “pro vida”. Igual que el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

La provincia no implementó nunca un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles y con excepción de un caso que se hizo en marzo de 2019 con una orden judicial en el Hospital de Santo Tomé a una niña de 13 años con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de salud públicos. Es más, operadores de la justicia se vanaglorian de convencer a niñas embarazadas en violaciones -o a sus madres- de llevar a término la gestación, como lo ha dicho la defensora de Pobres y Ausentes Nº 1 del Poder Judicial de la provincia, Roxana Itatí Duarte López, en relación a un caso de 2013 de una niña de 10 años: “Yo tengo contacto con la mamá de la niña, y le dije `vas a tener dos hijas: la de 10 y la bebé´”, contó en 2018 en Radio Sudamericana, una radio local.

En los últimos días, el juez de Instrucción y Correccional de Monte Caseros, Eduardo Alegre, que intervino en la denuncia de abuso de la niña que está a punto de dar a luz, llegó a decir en declaraciones a la prensa que ella “fue seducida” por el imputado: sus dichos demuestran un total desconocimiento de cómo actúan quienes perpetran ese tipo de delitos. Y lo aclaró así: “Cuando digo que fue seducida me refiero a que la nena no fue amenazada por este hombre ni tampoco sufrió golpes. Los psicólogos nos dijeron que no evidenciaba un gran trauma. Es muy común que tengamos muchos casos de abusos sexuales con menores de edad”, señaló Alegre.

Corrientes tampoco adhirió a la ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El porcentaje de embarazo en la adolescencia es del 20 por ciento, por encima del promedio nacional que es del 15,5 por ciento: siete de cada 10 no son intencionales, de acuerdo a información de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), con información oficial.

El de la niña de Monte Caseros no es un caso aislado. Cada año, unas 2400 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en la Argentina. En 2018, en Corrientes fueron 146 niñas, en 2017, 122, y en 2016, 115, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Es una de las provincias con mayor proporción de bebés nacidos de niñas (0,7 por ciento del total, cuando a nivel nacional representan el 0,3 por ciento de los nacimientos). El abuso o la coerción sexual son regla. La naturalización de las violencias y de la maternidad temprana, forzada, que defienden políticos, médicos y operadores de la justicia, contribuye a que las historias se repitan.



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Se cumplen treinta años del femicidio de María Soledad Morales | La muerte de esta adolescente de 17 años a manos de un grupo de “hijos del poder” cambió la percepción de la violencia machista



A un año, a los nueve años y también ahora, cuando se cumplen 30 años, Ada Rizzardo, la madre de María Soledad Morales, repite lo mismo de siempre, en cada diálogo con Página/12: “No quiero ser un símbolo, sólo quiero ser una mamá que siempre se ocupó de sus hijos”. Muy a su pesar, Ada sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia, cuando este martes se cumplan tres décadas del femicidio de su hija –la segunda de siete hermanos–, ocurrido el 8 de septiembre de 1990 en Catamarca, cuando todavía el agravante por violencia de género no se había incorporado al texto del Código Penal.

Ada, junto con la monja Martha Pelloni y algunas ex compañeras del colegio Del Carmen y San José, al que concurría la joven de 17 años asesinada en Catamarca, participarán de una serie de homenajes en su memoria. La mamá de María Soledad recuerda hoy que junto con su esposo, Elías Morales, fallecido en agosto de 2016, en todos estos años tuvieron que “aprender a convivir con el dolor”. A pesar de su lucha permanente, sólo pudieron conseguir de la Justicia las condenas de Guillermo Luque, a 21 años de prisión, y de Luis Tula, a 9 años, como únicos responsables de la violación seguida de muerte de la joven, de la que participaron otros hombres que quedaron impunes.

Su fe religiosa la ayuda a pensar que “ahora mi hija no está tan sola, está con su papá, al que tanto quería”, pero también cree que “ninguno de los dos puede descansar en paz porque nunca se hizo la justicia que merecíamos”. Agrega que “los dos se tuvieron que ir con las manos vacías”. Luego aclara, como si hiciera falta, que ella no olvida: “Ninguna mamá, en ningún lugar del mundo, puede olvidarse de una hija, de un hijo. Es imposible”.

Recuerda que con Elías “hemos luchado mucho para que se hiciera justicia, pero apenas conseguimos un poquito, nada más, porque tendría que haber sido mucho más”. En el segundo juicio oral por el Caso María Soledad, hubo esas dos condenas, pero nunca fueron sancionados los responsables de delitos de “falso testimonio”, de “encubrimiento” y tampoco otros sospechosos de haber participado en la violación seguida de muerte que sufrió la joven que estaba cursando el quinto año del colegio secundario y que soñaba con ser maestra jardinera.

“Todos los que la lastimaron, la violaron, la golpearon, tendrían que haber pagado, pero no lo hicieron”, repite igual que el primer día, desde hace treinta años. Ella afirma que a su hija la mataron “dos veces”, porque primero fue “su muerte física y luego la volvieron a matar cuando la calumniaron y la injuriaron”. Desde este lunes y hasta el jueves, se realizará la Semana de María Soledad, organizada por la Red Infancia Robada- Foro Catamarca. Se harán charlas y misas difundidas por zoom, y también se instalarán bancos de color rojo en espacios verdes, para denunciar en forma simbólica los femicidios ocurridos en todo el país.

María Soledad Morales fue asesinada el 8 de septiembre de 1990 y su cuerpo apareció dos días después en el Parque Daza de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En el segundo juicio se dio por probado que había sido drogada, violada y asesinada. Dos fueron los condenados, pero se supone que fueron más hombres los que participaron de un crimen que conmocionó al país y que provocó la caída del entonces gobernador de la provincia, Ramón Saadi.

La noche del viernes 7 de septiembre de 1990, la joven pidió permiso a sus padres para ir a la disco Le Feu Rouge, donde se hacía una velada para recaudar fondos para el viaje de egresados. Cerca de las tres de la mañana del sábado 8, Luis Tula la pasó a buscar para ir juntos a otro boliche, Clivus. Tula era un hombre adulto y casado. Luego de estar en Clivus, Tula llevó a María Soledad a una “fiesta” en la que había otros hombres jóvenes, hijos del entonces jefe de la Policía de Catamarca, Miguel Angel Ferreyra, y parientes del gobernador Saadi, entre otros personajes conocidos entonces como “los hijos del poder”.

El cuerpo de la joven fue hallado el lunes 10 de octubre, a las nueve y media de la mañana, en una zona conocida como Parque Daza, a siete kilómetros de la ciudad. Se comprobó que el cuerpo había sido lavado para borrar las huellas de los responsables de la violación seguida de muerte.

Un colectivero declaró haber visto cómo tres hombres arrojaban el cuerpo en ese lugar. Nunca se supo la identidad de ninguno de ellos. Al cadáver le habían arrancado parte del cabello, las orejas y un ojo. El primer juicio oral se hizo en 1997, pero fue suspendido cuando las cámaras de la televisión nacional registraron los gestos que realizaba uno de los miembros del tribunal, Juan Carlos Sampayo. El segundo juicio finalizó el 27 de febrero de 1998, con las condenas de Luque y Tula. El tribunal ordenó investigar el encubrimiento, pero la causa prescribió sin condenas. 



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Condenaron a un hombre por abuso sexual a través de Internet

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