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“Circule”, el protocolo de los shoppings para clientes que escasean

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Vecinos de Caballito denuncian obras que no cumplen la cuarentena en Avellaneda al 1300 | Sospechan que junto a las viviendas intentarán levantar el shopping que se había desestimado en la Legislatura



En medio de la nueva cuarentena estricta en el AMBA, vecinos del barrio de Caballito denunciaron el inicio de obras de excavación en parte de un predio que había sido adquirido por el grupo IRSA en 1998, donde la desarrolladora proyectaba un shopping y torres, que por presión de las organizaciones barriales no prosperaron, y en el que se levantarán cuatro complejos de viviendas multifamiliar con galerías y cocheras comerciales. Según advirtió Fabiana Martínez, arquitecta y urbanista que asesora a diversas organizaciones vecinales “el Gobierno de la Ciudad está violando el decreto nacional de la nueva fase de aislamiento al permitir la obra. Las excavaciones y demoliciones en obras privadas no están autorizadas en esta etapa. El primero de julio se cayeron las excepciones y ellos siguen funcionando con la normativa que se dictó antes de la nueva cuarentena”. Por su parte, voceros del Gobierno porteño aseguraron que “dichas actividades están autorizadas”.

Uno de los primeros alertas tras las denuncias de los vecinos salió del Consejo Consultivo Comunal de Caballito, que agrupa a diversas organizaciones de ese barrio. Martín Iommi, integrante del Consejo, dijo que el primer día de la nueva fase de confinamiento en el Área Metropolitana ingresaron al predio ubicado sobre Avellaneda al 1314 “unos diez camiones y una grúa”, en ese terreno que tiene un largo historial de reclamos de las organizaciones barriales y sociales que buscan que se transforme en una zona verde.

En el mismo sentido, el comunero por el Frente de Todos en Caballito, Osvaldo Balossi, dijo a Página/12 que “hay máquinas retroexcavadoras y camiones retirando tierra. Y es llamativo y no tiene lógica que en este contexto de vuelta a fase 1 estén trabajando, cuando las obras están paradas. La obra no cumple con ninguna de las condiciones por las que se podría habilitar en esta etapa, no genera peligro inminente, ni hay submuraciones a medio terminar sino que es una obra que arranca desde cero y en el que se vio a personal trabajando sin barbijo”. No obstante, el comunero dijo que según le informó el presidente de la Junta Comunal, Federico Ballán, la obra tiene permiso y está habilitada.

Consultado por este diario, Ballán sostuvo que “la excavación se hace con permiso de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Es lo primero que chequeé ante la denuncia de los vecinos. Es un predio que era de IRSA que se lo cedió al grupo Portland, en un acuerdo entre privados. Tiene registrados los planos, y la empresa C&E Construcciones es la empresa excavadora autorizada”, dijo el funcionario, quien señaló también que “durante la primera etapa de la cuarentena, en el momento más restringido, tuvimos unas diez denuncias por obras. En todos los casos verificamos, llamamos a fiscalización y estaban habilitadas”. Lo que no pudo responder Ballán, porque, como sostuvo, no era área de su competencia, fue la fundamentación para que esas obras se habilitaran durante la etapa de máxima restricción de la circulación para desacelerar los contagios de coronavirus.

De acuerdo al decreto 576/2020 que dispone la extensión de la prórroga del “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, hasta el 17 de julio inclusive, fechado el 29 de junio, sólo estará habilitado el “Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias”. El listado de las actividades y servicios que se declaran esenciales, y las personas afectadas a ellos durante el plazo de vigencia de la medida, no contempla bajo ninguno de los rubros la posibilidad de gestionar el permiso único de circulación para estos trabajos.

No obstante, desde el área de Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano respondieron que está vigente la Decisión Administrativa 763/2020 del 11 de mayo pasado, que amplió y dispuso nuevas excepciones al confinamiento preventivo, entre ellas las del personal dedicado a excavaciones y demoliciones, que autorizó la Jefatura de Gabinete nacional a petición del Gobierno porteño.

Sin embargo, voceros de la jefatura de Gabinete nacional confirmaron a este diario que de acuerdo al último decreto, el personal abocado a demoliciones y excavaciones privadas sólo está autorizado para casos de emergencias y no puede utilizar el transporte público. Solamente el personal afectado a la obra pública es considerado esencial.

La denuncia por la ejecución de la obra también reflotó los cuestionamientos sobre el proyecto inmobiliario, que está ubicado en el predio aledaño al club Ferrocarril Oeste, que era el dueño original de una parte de los terrenos que, cuando el club quebró en los 90, pasaron a manos del Estado nacional y luego fueron vendidos al grupo IRSA. Venta muy cuestionada porque, según detalló Martínez, vendió el predio sin una ley del Congreso como establece el artículo 75 de la Constitución Nacional. “Fue una estafa”, sintetizó la arquitecta, quien además de vecina del barrio desde hace 58 años, asesoró gratuitamente, como especialista a organizaciones como Basta de Demoler, SOS Caballito y al Grupo de Litigio Estratégico, la Onabe (Organismo Nacional de Bienes del Estado, actual Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)).

En cualquier caso, como pasaron más de 20 años, la discusión jurídica sobre esa ilegalidad de origen se tornó abstracta. No así los sucesivos intentos a partir de 2006 para conseguir la rezonificación del predio para permitir la construcción de un shopping, que no fue aprobado. La Legislatura finalmente le otorgó una zonificación R2a2, es decir, residencial con densidad de ocupación alta.

Fracasado el intento de construir un shopping, la empresa dividió el predio en cuatro parcelas, “virtuales” de acuerdo a Martínez, porque “esa división no figura registrada en los archivos catastrales”. Aún así, en diciembre del año pasado, IRSA, en una especie de contrato de sociedad, permutó uno de los lotes con la empresa Portland, que le pagará con metros cuadrados del desarrollo inmobiliario. Según el permiso de obra otorgado por el GCBA para la obra donde ya están trabajando, en Avellaneda 1314, se construirán 18.723 metros cuadrados.

De todas formas, aún no está claro cuáles son los proyectos aprobados para el lote, al día de hoy, la página web del estudio de Dujovne (padre del ex ministro de Economía Nicolás Dujovne)-Hirsch continúa promocionando cuatro desarrollos presentados en 2018 de vivienda multifamiliar, cocheras, locales, galería comercial y cocheras comerciales en lo que ahora serían terrenos linderos: en Avellaneda 1340, 24.200 metros cuadrados de superficie; en Avellaneda 1344/60, 57.200 metros cuadrados; en Avellaneda 1410/1500, 57.000 metros cuadrados y en Avellaneda 1508 y Olegario Andrade, 30.000 metros cuadrados.

Para Martínez “por la envergadura de estos proyecto, que impermeabilizan grandes áreas y contemplan apertura de calles, tienen que tener aprobación de la Legislatura, lo que no ocurrió”. La especialista advirtió que “todo esto será un shopping disfrazado. Dentro de los usos que declaran, están haciendo más de 16 mil metros cuadrados de uso comercial, si eso no es un shopping no se qué es”.



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Coronavirus en Argentina: empresarios reclaman que se reabran los shopping después del 13 de abril

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Mario Grinman, habló sobre las propuestas que llevarán a la mesa de discusión en la reunión con el presidente Alberto Fernández para “flexibilizar” el aislamiento social, preventivo y obligatorio después del 13 de abril y así reactivar el consumo interno.

“Vamos a hablar la posibilidad de abrir de manera gradual y selectiva algunas actividades”, adelantó el empresario en diálogo con El Destape Radio e indicó que las propuestas de su sector “apuntan a flexibilizar la cuarentena en el ámbito económico”.

Subrayó, no obstante, que “la salud es prioridad número uno, pero hay que cuidar que esto no destruya nuestra economía”.

En ese sentido, el empresario explicó la propuesta de que “algunos comercios como los shoppings abran, pero con restricción, comercios de librería, tiendas, gastronomía, todos con reducción de personal manteniendo el cuidado” y que “el personal de 65 años no vaya” a su lugar de trabajo. Además, plantearán que las personas puedan ir a su lugar de trabajo, si viven “en un radio a 50 cuadras” sobre todo “para que el personal sea reducido y no haya tanta gente en transporte público”.

“Es fundamental que el sistema bancario funcione en todas sus operatorias y es inconcebible que funcionen supermercados, farmacias y veterinarias y no los bancos”, reclamó.

Sobre los controles de precios, Grinman aseveró: “Como entidad no somos agentes de contralor de precios, las herramientas las tiene el Gobierno”. Asimismo, advirtió que “si hay empresarios que no cumplen el Gobierno tiene las herramientas para sancionarlos y hacerlos cumplir” y reclamó que hay “comerciantes, especialmente de alimentos, que dicen que tienen que vender un alimento más barato que el que lo compran”.

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