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Apuntan a las frutas y verduras por la fuerte suba de los alimentos

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El Senado aprobó la validez del decreto sobre las TIC y las telecomunicaciones

El Senado aprobó hoy la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que establece que los llamados Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.

El Decreto fue respaldado por el bloque del Frente de Todos y sus aliados, en tanto que los interbloques Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal votaron en contra.

A partir de su aprobación en el Senado, el instrumento quedará vigente ya que la legislación establece que los DNU deben ser rechazados por ambas Cámaras del Congreso para concretar su eventual derogación. El expediente fue emitido el 21 de agosto de 2020 por el Poder Ejecutivo y rápidamente fue dictaminado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Durante el cierre de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, cuestionó en duros términos las críticas que hizo la oposición al decreto. “Nosotros marcamos las pautas. El otro gobierno fracasó en todas las políticas públicas. Y ahora vienen a decirnos lo que tenemos que hacer. Déjennos gobernar. Nosotros vamos a marcar las prioridades del gobierno”, enfatizó, según consigna la agencia estatal de noticias Télam.

Mayans también defendió el decreto sobre TIC argumentando que lo que se busca “es que las prestatarias de servicios sólo deban fijar precios justos y razonables”. “El presidente está diciendo: un poquito menos ganen. ¡Esta gente quiere ganar en dólares!”, advirtió en referencia a las empresas involucradas.

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El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical formoseño Luis Naidenoff, justificó la negativa de la oposición a acompañar el DNU argumentando que “tiene enormes irregularidades” porque “fue dictado apenas un día antes de la convocatoria a la reunión de la Bicameral” y “no fue elevado a los legisladores”.

Por otro lado, también cuestionó que algunos discursos del oficialismo hablaban de “estructuras concentradas de poder” pero recordó “la fusión Cablevisión-Multicanal” facilitada el 7 de diciembre de 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner. “Ustedes consolidaron a una empresa que era la mitad del mercado del cable”, sostuvo Naidenoff.

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La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, en tanto, afirmó que “este DNU no intenta sacarle las ganancias a nadie, sino que todos tengan el acceso a un derecho humano”. Además, dijo que el gobierno de Mauricio Macri derogó parte de la Ley de Tecnologías de la Información votada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como modo de “pagar el favor” de los medios que “le hicieron la campaña”. “Esta es una decisión política que señala a quién representa cada uno. Está claro a quién representa la oposición y a quién el oficialismo”, sentenció.

Previamente, el porteño Martín Lousteau había dicho que Juntos por el Cambio estaba de acuerdo con el “congelamiento” de tarifas luego de “seis meses de cuarentena”, pero sostuvo que “este DNU genera incertidumbre y discrecionalidad” y que “atenta contra las inversiones que necesitamos”. Además, criticó la declaración de “servicio público” para el uso de internet al recordar que “el 44 por ciento de los hogares argentinos o no tiene agua de red o no tiene cloacas o no tiene gas y esos también son servicios públicos”. Como si una cosa descartara la otra.

El oficialista neuquino Oscar Parrilli tomó el guante y remarcó que “dentro de unos años tener internet va a ser tan importante como tener agua potable en una vivienda”. “Con este DNU se está reconociendo un derecho público que se reconoce en el mundo entero”, insistió.

Otros decretos aprobados

Además, los legisladores también resolvieron la validez de otros Decretos de Necesidad y Urgencia, como el DNU 636/20 que dejó sin efecto su similar 522/20 que había dispuesto, el 9 de junio pasado, la intervención transitoria de la empresa Vicentin.

Ese documento fue el único que respaldó la oposición y fue defendido por la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun argumentando que los dueños de la cerealera “convirtieron a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores y del Banco de la Nación Argentina”.

Parrilli, en tanto, apuntó a Juntos por el Cambio “y a muchos comunicadores” gracias a los cuales “se está desguazando la empresa”. En cambio, el radical Naidenoff dijo que el gobierno nacional derogaba el DNU porque había cometido “un error político”. “No aprendieron la lección. Con esta lógica de ir por todo, en 2015, perdieron las elecciones”, añadió.

Por otro lado, el Senado también remarcó la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 157 del 14 de febrero de 2020, mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación actuante dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.

Otros DNU que fueron validados esta noche fueron el 582 del 6 de julio del 2020, mediante el cual se aprueba el modelo de Enmienda Nº 1 al Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020 para la oferta de canje de deuda soberana sujeta a ley extranjera; y el 634 del 29 de julio del 2020 por el cual se prorroga hasta el 31 de agosto el plazo de acogimiento al Régimen de Regularización de Deudas establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541.

Finalmente, se aprobó la validez del DNU 643 del 4 de agosto de 2020 del Poder Ejecutivo, que modifica el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 146/2017 sobre el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única (Pro.Cre.Ar).

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Impuestos y servicios, las principales deudas de las familias en épocas de pandemia

Impuestos y servicios, las principales deudas de las familias en épocas de pandemia

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Tarifas: Alberto Fernández reveló uno de los ejes del plan económico post pandemia

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Quiénes pueden acceder a la suspensión del pago de servicios

Quiénes pueden acceder a la suspensión del pago de servicios

El decreto 311 prohibió  las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones el corte del suministro por 180 días. Para quiénes está enfocado.

26 de Marzo de 2020

A través del decreto 311, el gobierno nacional prohibió a las empresas que prestas servicios públicos y de telecomunicaciones cortar el servicio por falta de pago durante 3 meses (marzo, abril y mayo).

Los servicios incluidos en el texto oficial son energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital. 

A quiénes abarca:

  • Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
  • Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
  • Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.
  • Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
  • Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (33.750 pesos).
  • Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.
  • Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.
  • Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).
  • Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

El decreto también incluye a quienes tengan algunos de estos servicios de manera prepaga: en el caso de las empresas prestadoras de energía eléctrica, deberán brindar el servicio de manera normal por 3 meses a quienes no abonen la recarga. En el caso de las empresas de telefonía movil e internet, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad.

PyMes e instituciones de salud. Además, la medida fue pensada también para pequeñas y medianas empresas y para instituciones públicas que estén prestando servicio durante la emergencia sanitaria.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

Las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES afectadas en la emergencia

Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación

Las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Cómo pagar la deuda. En el decreto se establece la obligatoriedad a las emresas de crear planes de facilidades de pago para cancelar la deuda generada durante estos 3 meses. 

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Se prohibieron los cortes de servicios por falta de pago a usuarios vulnerables

Se prohibieron los cortes de servicios por falta de pago a usuarios vulnerables

La medida es por 180 días e incluye luz, gas, telefonía, TV e internet hasta tres facturas consecutivas. Las empresas proveedoras deberán otorgar a los usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen.

25 de Marzo de 2020

Las empresas prestadoras de electricidad, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, no podrán disponer el corte de sus servicios a los usuarios que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas.

Así se dispuso mediante un decreto de necesidad y urgencia que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial en el marco de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente desde el viernes, y las obligaciones para las empresas se mantendrán por el plazo de 180 días corridos desde la vigencia de la medida.

Las empresas “prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas”, según el artículo 1 del decreto al que accedió Télam.

Esta medida alcanza a las facturaciones con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020, y además “quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

“Si se tratare de servicios de telefonía fija o móvil, internet, y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación” y sólo quedarán exceptuados “aquellos cortes o suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de seguridad”.

El artículo 2 del decreto con la firma del presidente Fernández aborda la situación de los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de energía eléctrica, a quienes -en caso de que no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo-, “las empresas prestadoras deberán brindar el servicio de manera normal y habitual durante el plazo de 180 días”.

“Si los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet, no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, según lo establezca la reglamentación”, agrega la norma.

Los alcances del decreto serán de aplicación respecto de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

También contempla a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Finalmente, estarán contemplados los usuarios que perciben seguro de desempleo; electrodependientes, beneficiarios de la Ley N°27.351, usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (26.844); y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

En cuanto a los usuarios no residenciales, las medidas serán de aplicación respecto de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES).

También las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

En todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios detallados por el decreto deberán otorgar a los usuarios, “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores, o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios”.

El decreto también aborda los precios máximos de referencia para la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en las garrafas, cilindros o granel con destino a consumo del mercado interno, los que “continuarán con los valores vigentes a la fecha de publicación de la medida, durante 180 días”.

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