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El Gobierno denunció a Pablo Noceti por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado | Acusan penalmente al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich



“Antes de entregarlo lo rompo acá mismo en mil pedazos”, dicen que dijo Pablo Noceti cuando la Justicia le pidió su teléfono celular en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Quien fuera la mano ultraderecha de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich nunca estuvo imputado pero ahora es posible que eso cambie, porque acaba de ser denunciado por quienes lo sucedieron en esa cartera. Tras una investigación iniciada el 22 enero de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar al exjefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de aquel procedimiento represivo. 

La investigación, realizada por la propia Gendarmería , llegó a la conclusión de que Noceti dio las órdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería a la comunidad en Resistencia de Cushamen, donde los mapuche realizaban un corte de la ruta 40 por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la presentó ayer por videoconferencia, en un acto del que participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el actual titular de la Oficina Antocorrupción, Félix Crous. La denuncia presentada ayer es contra Pablo Noceti, Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería y su segundo, Ernesto Oscar Robino. Recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y los acusan de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las órdenes de Noceti, avaladas por las autoridades de la gendarmería de 2017, y los procedimientos internos de la fuerza realizados en aquel momento, constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad” destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo del 1° de agosto de 2017 en la Ruta 40, según indica la investigación ordenada por Frederic al inicio de su gestión. “El minucioso informe de más de 600 fojas presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación configura un hecho reparatorio de parte del Estado respecto del daño producido por el mismo Estado nacional”, indicaron desde la cartera.

El ministerio aclaró que “la investigación que se hizo en 2018 dentro de la Gendarmería impidió que se conocieran los detalles de su actuación en el operativo generando, al menos por ahora, la situación de cosa juzgada“. Al mismo tiempo destacó que “es diferente es la situación de la entonces conducción del Ministerio, es esta dimensión del operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado la que ahora es objeto de denuncia ante los juzgados Federales, que deberán deslindar o establecer las responsabilidades penales del caso.

Órdenes ineficaces e ilegales

La pesquisa realizada por la actual conducción de la GNA de Andrés Severino, cuyo informe lleva la firma de Severino y Javier Lapalma, muestra que, “atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, y del ex director Nacional de la Gendarmería, el comandante (Gerardo) Otero”. 

Según consta en la investigación, “El doctor Nocetti estuvo el día previo y el mismo día del operativo en la zona, dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista para la gestión anterior”. 

La investigación del Ministerio afirma que “en coincidencia con las instrucciones en el lugar de Noceti, su protocolo ordenaba a las fuerzas perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje, por considerarlos delincuentes en situación de flagrancia. Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”. Es decir, no sólo se realizó un operativo desmedido e inoportuno, sino que se indicaron procedimientos falsamente protocolares y declaradamente ilegales. Según advierte el informe, se aplicó “un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016”.

Desde el ministerio manifestaron que “tal como planteó Frederic al inicio de su gestión y que ahora se ve respaldada por la investigación interna de la Gendarmería, las acciones ilegales que derivaron en la muerte de Santiago Maldonado deben servir, en adelante, para reformular protocolos y modos de actuación que impidan que se repitan este tipo de hechos“.

¿Libres de culpa?

En su denuncia, los actuales funcionarios de Seguridad explicaron que “la anterior conducción de la Gendarmería, con las autoridades del Ministerio de Seguridad 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017”.

Esto fue posible porque ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y el pedido de cambio de carátula en la causa judicial hecho por los abogados de la ministra Bullrich, la investigación interna “liberó de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado”. La auditoría que realizó este año la nueva conducción de la fuerza desmontó esa “ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada”. Y en tal sentido concluyó que:

* No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017.

* Además de poner en riesgo a los manifestantes, se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.

* Ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.

* Se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo diez efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, “además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados”.

* Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones, ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.

* “Se soslayó así, deliberadamente, la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”.

Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola. 

A los dos primeros le adjudican haberse ausentado durante los operativos, y al último “por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes, con el uso de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para detener a los manifestantes”.



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Muerte de Santiago Maldonado: los aprietes de funcionarios de Bullrich para arreglar las declaraciones de los gendarmes | Revelaciones exclusivas del informe de Gendarmería 



El Ministerio de Seguridad de la Nación va a encarar una investigación para determinar si sufrieron “apremios ilegales”, por parte de los propios funcionarios de ese entonces, los gendarmes que participaron del operativo luego del cual se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En los días inmediatamente posteriores al operativo (del 1º de agosto de 2017) exfuncionarios del Ministerio fueron a los escuadrones, encerraron a los gendarmes, los tuvieron sin dormir, ejercitaron las peores prácticas de apremios ilegales para adoctrinarlos sobre qué debían decir ante la Justicia respecto de lo ocurrido en el operativo”.

Así lo anticipó a Página/12 Esteban Rosa Alves, subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic. El dato surge de la investigación realizada por las autoridades actuales de Gendarmería, de la que surgió la acusación presentada ante la Justicia contra Pablo Noceti
, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich.

En una entrevista con este diario, Rosa Alves sostuvo que algunos gendarmes declararon a sus jefes actuales que “fueron adoctrinados por funcionarios de la gestión anterior”. “Hablan particularmente de Daniel Barberis, quien era coordinador del seguimiento de casos de violencia institucional, que estuvo en los escuadrones para decirles que tuvieran en cuenta que ‘estamos todos en el mismo barco’”, a la hora de declarar sobre lo que había ocurrido durante el operativo. “Les dijeron a los gendarmes que tenían que ponerse de acuerdo con lo que iban a declarar ante la Justicia porque los kirchneristas y las organizaciones de derechos humanos nos quieren tirar el primer desaparecido” en esa etapa de la democracia.

Rosa Alves dijo que “sin interferir en la investigación de la justicia penal, queremos aportar esta investigación y ofrecer todo el apoyo técnico de nuestros cuerpos periciales de las fuerzas federales, al margen de la Gendarmería, para “aportar al conocimiento de la verdad”. 

–La denuncia contra Noceti es resultado de un sumario administrativo que revisa lo actuado por Gendarmería. ¿Cómo se trabaja, hacia el futuro, para desandar el camino recorrido por una fuerza de seguridad bajo la doctrina impuesta por la ex ministra Bullrich?

–Lo que se hizo fue posible luego de hacer un diagnóstico sobre las condiciones deplorables en que la gestión anterior dejó no solo a la Gendarmería, sino a todas las fuerzas de seguridad. Ese diagnóstico ya se hizo, sobre distintos aspectos. Hugo un abandono logístico que la ministra puso de manifesto al mostrar el estado de los helicópteros y los móviles de la Gendarmería que quedaron fuera de servicio por falta de mantenimiento. Había facturas de luz, de agua, sin pagar, subejecución presupuestaria, deudas con los proveedores. Este es un aspecto del deterioro en el que dejaron a las fuerzas de seguridad. Después están los aspectos que hacen al quebrantamiento de la conducción de la fuerza, a la contaminación con criterios doctrinarios regresivos y represivos. Cada uno de esos daños requiere de un abordaje diferente.

–Desde el retorno de la democracia es difícil poner en consonancia a las fuerzas de seguridad. No bastan las buenas intenciones.

–Sí, totalmente de acuerdo, pasa algo parecido a lo que ocurre con los servicios de inteligencia, tal vez porque nunca hubo la suficiente testosterona política, no necesariamente por falta de vocación política. Hay estructuras de poder determinadas y no siempre se dieron los contextos para poder avanzar, pero nosotros creemos ahora que ya es inexcusable, tenemos que usar los recursos institucionales, políticos, administrativos con los que cuenta el ministerio, para seguir una línea de investigación de la verdad y de evitar la impunidad. En ese sentido, el hecho de haberle requerido a la Gendarmería, en enero de este año, una verdadera investigación administrativa sobre lo sucedido en el operativo de despeje en la ruta 40, el 1º de agosto de 2017, fue transitar ese camino. Así como hay ensalzar las cosas que se hacen bien, no hay que ser cómplices ni ocultar corporativamente los delitos o faltas graves, ass desviaciones. Hay que dar clara señal de que esas faltas no se van a tolerar porque son grupúsculos que son la minoría de las fuerzas de seguridad federales. 

–¿Hasta dónde creen que tiene que llegar esta causa en la que se señala a Noceti, cuando se sabe, claro, que detrás de él estaba Patricia Bullrich?

–Lo primero fue pedirle a Gendarmería que nos elevara la investigación disciplinaria que habían hecho en su momento, una actuación del año 2017 que se hizo por lo que se creía era la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se abrió la actuación para investigar el posible involucramiento de los gendarmes en esa desaparición forzada. En lugar de analizar el operativo, las decisiones que se tomaron en ese momento, la actuación fue hecha para encubrir y para absolver en forma prematura y bloquear así la posibilidad de hacer investigaciones posteriores sobre los hechos. Luego apareció el cuerpo de Santiago, se determinó que no hubo una apropiación de su persona en forma previa a la muerte y se cerró esa investigación diciendo que se declaraba a todo el personal de Gendarmería que había participado del operativo libre de todo reproche. Frente a eso, Frederic ordenó que hicieran una investigación seria sobre los errores del operativo. El fiscal Félix Crous hizo una investigación muy minuciosa y llegó a la conclusión que el operativo fue todo lo que no se debía hacer: excesos, errores, negligencias graves. La Gendarmería se tomó desde enero hasta ahora para hacer una investigación rigurosa y llegó a la conclusión de que el operativo fue imprudente, irrazonable e innecesario, no urgente, porque a las pocas horas iba a llegar un grupo especializado para abordar ese tipo de conflictos. Todo había sido preparado para darle una lección a ese “movimiento terrorista” como calificaban a la resistencia ancestral mapuche, a los que se insistía en darle el tratamiento de “delincuentes en flagrancia” , de manera de poder perseguirlos aunque se desalojara la ruta.

–¿Cómo surge la responsabilidad de Noceti a partir del informe que elevó la Gendarmería?

–De la propia labor investigativa y las
conclusiones del instructor sumariante y del subjefe de la fuerza, el
comandante Javier Lapalma, esto sin dejar de reconocer las faltas graves de los
comandantes de la fuerza que estuvieron en el operativo. Pero la conclusión es
que sin una orden de las autoridades políticas de entonces ese operativo no se hubiera podido realizar
. La participación de Noceti ya había sido señalada en
la causa, pero es la propia Gendarmería la que ahora acumuló pruebas que
confirman que él había estado el día anterior y el mismo día del operativo. Todo indicaría que hubo
un mandato político para que se actuara como se actuó.
El informe dice que ante
ese cuadro de situación, sólo podía suceder el desastre que ocurrió.



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Cómo le gusta gobernar a Alberto Fernández | Rumbos,  aciertos, fallas, adversarios y enemigos del Presidente



“Los gobiernos nacionales conviven con fuerzas que ejercen cuanto menos el mismo impacto que ellos en las vidas de sus ciudadanos pero que se encuentran, en distintos grados, fuera de su control. Y, sin embargo, no tienen la opción política de claudicar frente a esas fuerzas que escapan a su control, ni siquiera en el caso que lo desearan”.

Eric Hobsbawm. “Guerra y paz en el siglo XXI”.

Juan Domingo Perón predicaba que un presidente manejaba el cincuenta por ciento de la realidad. Su sabiduría fincaba en elegir bien esa mitad y ejecutarla. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner razonaron parecido aunque siendo menos optimistas en las proporciones. El presidente Alberto Fernández no se ha pronunciado públicamente sobre el porcentaje aunque es sencillo intuir qué piensa mediando una herencia asfixiante, un cerco geopolítico, una deuda externa récord. Y pandemia como frutilla venenosa del postre.

Quien conduce un país emergente en la nueva tormenta del mundo hace lo que quiere dentro de lo que puede… en el mejor de los casos. De cualquier forma, es interesante preguntarse cómo le gusta(ría) gobernar a AF, acusado de ser infec-dictador a la vez que títere por sus adversarios.

Vale rememorar los dos discursos ante la Asamblea Legislativa, primeros anuncios pre corona virus. Las propuestas de ley, no las generalidades. También lo que hizo cuando la covid-19 cambió para siempre la historia, le confirió un enorme poder temporario a cambio de hacerse cargo de un desafío tremendo y trágico.

* Al presidente lo entusiasma articular con gobernadores e intendentes, pactar acciones conjuntas o concertadas por la división federal de poderes. Los enaltece, les abre el juego, les “da cámara”. Las conferencias de anuncios sobre cuarentena proveen escenas jamás vistas antes en la Argentina. Las condiciones de riesgo “piden” que los mandatarios ejerzan autoridad y exhiban un grado elevado de coincidencias. El mérito del presidente, en este caso, es procurar conseguirlo.

* A Fernández le “cabe” consultar con especialistas, escucharlos, realzar sus consejos, tomarlos en cuenta, difundir sus nombres, agradecerles en público. Los infectólogos a la cabeza.

* En el mismo sentido, con rango de institución permanente, el Consejo Económico Social aspiraba a remozar el sistema democrático con un cuerpo consultivo de participación plural.

El Consejo de Juristas (“el Consejo”) para la Reforma judicial es otra propuesta para visibilizar debates, tratarlos con tiempo y con altura, fomentar las polémicas. Subleva que se menoscabe la iniciativa atribuyéndole urgencia, objetivo único (“salvar a Cristina”). Y que figuras relevantes del mundo intelectual y académico prefieran alertar sobre los peligros antes que proponer mejoras al Poder Judicial, que es una calamidad.

Los dos Consejos proveen ejemplos acerca de límites para la voluntad presidencial. Al de juristas lo sabotean la oposición política y mediática, el contrapoder de los adversarios.

Las demoras para implementar el Consejo Económico Social delatan demoras de gestión, dificultades para hacer realidad las intenciones. Deudas del gobierno por su propio funcionamiento antes que obstáculos generados desde la vereda de enfrente.

La Reforma Judicial “corta” anunciada esta semana se concretó a ocho meses de su anuncio al asumir. Hay un cúmulo de motivos concurrentes (la pandemia siempre está). Pero sería complaciente soslayar que el gobierno tardó mucho, algo que le recriminan sus antagonistas pero también muchos de quienes lo apoyan sin ser obsecuentes ni seguidistas.

                                                            ***

Mucho más que Comodoro Py: La Reforma Judicial (“la Reforma” en adelante) va en pos de varios objetivos, todos compartibles. Sería mala síntesis cifrarlo solo en licuar el poder de los jueces de Comodoro Py. La reingeniería de los fueros federales se expande, para empezar, por toda la Argentina.

La creación de juzgados en las provincias cumple dos funciones imprescindibles. Terminar con el unicato, fuente de concentración de poder en pocas manos. Y fomentar acción más eficaz contra determinados delitos en todo el territorio nacional. Alberto Fernández aspira a que la estructura reforzada combata (de una buena vez) al “crimen organizado” (textual).

El discurso dominante “anti corrupción” centraliza la mira y la persecución en delitos cometidos por funcionarios como autores principales o cómplices necesarios. Las coimas (“cohecho” en jerga técnica) son el arquetipo. Crímenes graves, por cierto, en los que la responsabilidad del funcionario es mayor que la del coautor. Pero no agotan el inventario de delitos federales impunes y muy graves. También se consuman a diario y con enorme inmunidad el contrabando, la evasión fiscal, el lavado de dinero, la trata de personas. No es imprescindible que las asociaciones ilícitas que los perpetran cuenten con ayuda dolosa de personal del Estado. Pocos peces gordos que lideran esas bandas llegan a los banquillos judiciales, casi ninguno es condenado. Bicolor el sistema penal : se ensaña con “negros”, deja en paz a delincuentes de guante blanco.

Los fueros federales Penal Económico (alias Penal cómico) y Contencioso Administrativo están colonizados por grandes estudios que comparten con numerosos jueces o camaristas ideologías, lazos familiares, cátedras y vaya uno a saber qué más.

Fusionarlos ataca a dicha trama de contubernios. Ahorraría por añadidura cantidades de conflictos de competencia urdidos por litigantes aviesos y avalados por jueces porosos. La conflictividad procesal fundada en cuestiones jurídicas esotéricas cumple la función de demorar los trámites, a menudo en sus inicios. Enredarlos, pavimentar el camino hacia la prescripción o el cajoneo.

La creación de numerosos juzgados federales, matemática pura, baja el porcentual de poder de los supervivientes del nefasto sistema actual pergeñado por el ex ministro Carlos Corach hace cerca de treinta años.

La actualización no conllevará cambios de competencia de los expedientes ya iniciados. Todos seguirán en el tribunal que los sustancia aunque los fabuladores de derecha afirmen lo contrario. “Los pleitos contra Cristina” no cambian de manos…

La Reforma tiene que coronar la implantación del sistema acusatorio ya fijado por ley pero pendiente en la Ciudad Autónoma (CABA). Poner fin a las facultades exorbitantes de jueces que además llevan adelante la acusación. Jueces-fiscales al mismo tiempo es igual a inquisidores. Si Sus Señorías se especializan en lo suyo mientras los fiscales se hacen cargo de investigar-acusar se sanea el proceso. El proyecto de ley determina un plazo máximo de dos años para que el procedimiento acusatorio tenga plena aplicación en la CABA.

Los objetivos son loables, reclamados desde décadas atrás. En la Casa Rosada, empezando por el Presidente, cunde el optimismo: se llevarán a cabo, en tiempo y forma.

                                                                    ***

Los riesgos y lo que falta: Tal vez, intuye este cronista, esa lectura subestima los riesgos de potenciales adversarios de la movida. Judicializar decisiones políticas es un deporte expandido en estas pampas, los campeones mundiales revistan en el Poder Judicial. Un amparo no se le niega a nadie, menos a un colega juez ofendido y de derecha. La historia reciente abunda en ejemplos de cautelares exorbitantes que paralizan por años decisiones políticas. Afirmar que ocurrirán constituiría exceso de pesimismo. Asegurar que son imposibles caería en el extremo opuesto.

Otra crítica admisible finca en lo que falta. La ley y el temario entregado al Consejo de Juristas se especializan en los grandes tribunales y en la materia penal. Queda pendiente ocuparse más del acceso ciudadano en condiciones dignas e igualitarias a los tribunales comunes, laborales, de familia, de defensa de la competencia. La cercanía territorial y empática ranquean en primer nivel. La atención veloz, los trámites abreviados, la gratuidad de patrocinio letrado para las personas de bajos recursos, suman derechos no concretados. No hablamos de un terreno desértico ni falto de precedentes valiosos. Sí de insuficiencias crecientes que la malaria ahondará.

Los tribunales del Trabajo y los previsionales siguen siendo las Cenicientas del poder judicial, apenas tangencialmente contemplados en las iniciativas comentadas.

Resumen ejecutivo: la movida es valiosa, cuesta comprender por qué se atrasó tanto. Afronta la perspectiva de empantanarse por resistencia de los perjudicados. Nace inconclusa en una faceta esencial: los derechos de litigantes rasos, desconocidos, gente común.

Si avanzara el juicio por jurados en sede nacional o porteña comenzaría la participación ciudadana en el más aristocrático de los poderes, conservador, vitalicio, ajeno al veredicto popular. Casi tan anti republicano como ineficiente y arrogante… es mucho decir.

                                                                    ***

Sesenta en seis: Las sesenta medidas económicas para la pospandemia, comentan en la Casa Rosada, se darán a conocer a fin de esta semana o en la siguiente. Aparte de medidas coyunturales, se proyecta un plan de desarrollo: inversiones, fomento de economías regionales, obras públicas. El espacio nacional se divide en seis regiones: Centro, Patagonia, Cuyo, NOA, NEA y el AMBA (puesto de resalto por el impacto del coronavirus). Los ministros Eduardo de Pedro y Matías Kulfas los conversan con los gobernadores. Se discuten, se enmiendan, se mejoran. La idea presidencial es una presentación conjunta que subraye la concepción federal. Un anhelo novedoso, impuesto por la peste: que la reactivación y las bases del modelo de desarrollo lleguen desde las provincias a la zona metropolitana.

La lectura de la crisis y, de nuevo, el ánimo pactista caracterizan a Fernández. En el costado del “DEBE” se insinúa la costumbre de anticipar medidas sin realizarlas, de caer asiduamente en la redundancia de preanunciar anuncios.

Otra falla, discutida intramuros del gabinete: la gestión morosa en planes de vivienda, no tan ambiciosos pero con baja ejecución. Gravitan restricciones por motivos de cuidado, los protocolos restringen cantidades de trabajadores. Quizás se agreguen carencias propias, comentadas en voz baja o no tanto.

                                                                      ***

Los rumbos, los otros, el poder: En el principio el verbo fue “poner”: plata en bolsillo de los más humildes. Durante la peste, preservar las fuentes de trabajo y los derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización, ahora reglas para el teletrabajo. Coherentes con la historia del peronismo, afrontando resistencias corporativas.

De todos modos, al Gobierno le cuesta construir poder democrático para llevar adelante medidas y proyectos. Subrayamos “poder democrático”, hay que ser enfático en tiempos de discusiones ponzoñosas. Vicentin es el ejemplo acabado, para nada el único. Expropiar una empresa para rescatarla es una medida económica, no un mandato humanitario, que se debe encarar más allá del resultado. Impulsar lo inviable daña la reputación del gobierno, dispersa fuerzas, fortifica a los contrincantes. Un error por donde se lo mire. Quien propugna una expropiación debe contar con los votos necesarios en Diputados. Quien aspira a concitar consensos debe construirlos en el Agora, los medios, dialogando con los interesados.

La lentitud para legislar el tributo a los grandes capitales, la impotencia (hasta ahora) para sancionar a grandes evasores o al menos denunciarlos con pelos y señales muestran a un gobierno diametralmente diferente al que pinta la derecha. Limitado en el conflicto.

“Condenado” a auxilios y subsidios para casi todos por razones válidas, al oficialismo le falta todavía vigor para enfrentar a los poderes fácticos.

Alberto Fernández llegó en un momento difícil, agravado con crueldad por la peste. Su labor esencial en todos los frentes es la reducción de daños. El apoyo de la población a la dura cuarentena, el mantenimiento de la paz social, la vocación de apuntalar el piso de derechos sociales mejoran el acervo presidencial.

En el inventario de sus virtudes y las de su equipo raya alto laburar 24×7, a todo trapo, sin desmayos y sin hacer alharaca. Cumplen su deber, vale. También dan un ejemplo contrapuesto a la conducta frívola. egocéntrica y despectiva del ex presidente Mauricio Macri, un holgazán en París.

A tres años del asesinato de Santiago Maldonado “la justicia” retacea la designación de un magistrado imparcial para investigar su muerte y eventual desaparición. En el doloroso aniversario también corresponde preguntar dónde está Facundo.

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Santilli justificó la represión en la marcha por Santiago Maldonado | Dijo que la policía actuó para reducir a “un grupo de violentos”



El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, justificó la represión policial
que hubo después de la marcha por los tres años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y por la aparición de Facundo Astudillo Castro
, visto por última vez el 30 de abril. Según dijoi, la policía actuó para reducir a “un grupo de violentos”.

“Terminada la marcha de Maldonado y Astudillo aparecieron personas con banderas del anarquismo donde rociaron a los policías con alcohol, tenían gomeras y bulones”, justificó el vicejefe de gobierno y aseguró que la movilización se había dado “con total normalidad”.

Santilli fue entrevistado en Metro, donde le recordaron que no hubo intervención policial durante la marcha anticuarentena en la que un grupo rompió la ventana del móvil del canal C5N y golpeó al periodista Ezequiel Guazzora. “Fueron puestas a disposición de la justicia tres personas, sucedió a posteriori de la marcha”, aseguró el vicejefe de gobierno.

Además, Santilli señaló que “todos los hechos (de violencia) están mal”, pero que la policía actuó en la movilización de este sábado porque fue “mayor el nivel de violencia” que en la marcha anticuarentena. “Estamos hablando de personas que vienen con gomeras y bulones”, afirmó y señaló que “los violentos” tiraron “bombas molotov”. 



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Santiago Maldonado: repudios por la represión de la policía porteña  | Hubo trece detenidos en la movilización por los tres años de su muerte



El sábado, mientras en el Obelisco se manifestaba libremente un grupo de personas anticuarentena, a pocas cuadras otro grupo de manifestantes era reprimido de forma brutal por la policía de la Ciudad de Buenos Aires por pedir justicia a tres años de la desaparición de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional y por reclamar la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, de quién no se sabe nada hace tres meses. “Pasó lo mismo que el año pasado, la policía agredió a los manifestantes cuando estaban desconcentrando. Parece que la represión no tiene cuarentena”, aseguró en diálogo con Página/12 Gabriela Conder, la abogada de las trece personas que fueron detenidas y liberadas en la madrugada del domingo. Los organismos de Derechos Humanos lanzaron un comunicado repudiando lo sucedido. También expresó su repudio, en diálogo con este diario, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietraglla Corti, y, a través de las redes sociales, lo hicieron el Ministro del Interior, Wado de Pedro, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “Para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”, aseguró la ex presidenta.

Fuentes del gobierno de la Ciudad consultadas por este diario, describieron los hechos de la siguiente manera: “personal de la policía de la Ciudad fue desplazado el sábado a la noche al Congreso Nacional por la presencia de grupos anarquistas que estaban colgando banderas y realizando cánticos contra el Estado y las Fuerzas de Seguridad“. Según ellos, “en un momento un grupo de manifestantes doblo por la Avenida de Mayo en contramano, por lo que los agentes comenzaron a seguir a los manifestantes con distancia prudencial por distintas calles hasta la avenida Corrientes”. 

Paula era amiga de Santiago Maldonado y por eso el sábado estuvo en la movilización. Según contó a PáginaI12 , desde el principio vimos cómo venía la mano. Cuando estábamos concentrados frente al Congreso pasaron muchísimos policías acelerando las motos, gritándonos cosas y provocándonos. También había muchísimas combis y colectivos de la policía de la Ciudad y policías de civil dando vueltas. Estaban con ganas de reprimir y buscando una excusa para comenzar a golpearnos”. “Cuando nos estábamos yendo, policías empezaron a perseguirnos por calle Corrientes y venir por atrás a pegarnos y patearnos en el suelo, tal cuál como se ve en el video que estuvo circulando”, agregó.

Si bien Paula no fue detenida, la policía sí detuvo a 13 de sus compañeros, siete hombres y seis mujeres de entre 20 y 53 años. “Los tuvieron un rato en la combi y después se los llevaron a la comisaría”, explicó. Según las fuentes de Ciudad, “los manifestantes agredieron a la policía tirándoles alcohol y cal en los ojos y tiraron piedras y una molotov en la mutual de Gendarmería”. Además de detenerlos, informaron que la policía “les incautó aerosoles, botellas con pintura, gomeras, y piedras, entre otros elementos”. “Todo eso es mentira. En el video se ve perfecto el accionar de ellos y la actitud de nosotros”, indicó la amiga de Santiago. Según la abogada, la policía actuó de forma “sumamente violenta” e incluso aseguró que “una chica tuvo un ataque de epilepsia por lo nerviosa que se puso y por la agresión que sufrió”. El Frente de Todos en conjunto repudió lo sucedido en un comunicado.

Conder aseguró también que “tengo la plena seguridad de que la gente que se llevaron detenida no había hecho nada. Los agarraron mientras se iban. En los videos que circulan se ve bien que la policía los salió a cazar”. En la causa intervino la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 17 y a las personas detenidas les abrieron causas por “lesiones y atentado”, y “resistencia a la autoridad”. Gracias a las gestiones de los abogados y distintas agrupaciones, las personas –ninguna tenía antecedentes–fueron liberadas a las dos y media de la madrugada de la la Alcaldía 13, donde estaban encerradas.

De Pedro escribió el mismo sábado en sus redes que “después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte. Exigimos a las autoridades de la Ciudad que investiguen lo sucedido y fijen criterios objetivos en el accionar policial”.

“Es muy llamativo. Cada año el macrismo reprime a quienes se convocan por el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Este fin de semana fue muy simbólico porque se superpuso dicha convocatoria con otra, de la que incluso participaron miembros de la oposición. Y allí no se reprimió”, indicó a este diario Pietragalla Corti. “Tal como subrayó Cristina (Fernández), pareciera que se permite manifestarse sólo a grupos ideológicamente afines y no debería ser así ya que el derecho a la protesta es de todos y todas, más allá del reclamo que lo motive”, agregó el secretario de Derechos Humanos. 

En esa misma línea, el abogado y activista por los derechos humanos, Pablo Llonto, indicó en diálogo con Página12 que “es evidente y notorio que hay dos tipos de directivas dadas por el Gobierno de la Ciudad y sobre todo por (Diego) Santilli –que es quien maneja directamente a la fuerza–: una que claramente apunta a prácticamente cuidar a los manifestantes que se pronuncian y marchan en contra del gobierno nacional, y otra de reprimir a todo lo que es protesta contra lo que a ellos les molesta que, en general, son las movilizaciones en contra de represiones o pidiendo por secuestrados o desaparecidos”.

Los organismos de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asamblea Permanente por los Ddhh; Asamblea permanente por los Ddhh La Matanza; Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Liga Argentina por los Ddhh y el Movimiento Ecuménico por los Ddhh, denunciaron mediante un comunicado que “la Policía Porteña ha demostrado
un claro accionar selectivo y discriminatorio
, pues ha permitido sin
intervenir otras manifestaciones incluso violentas y violatorias de la cuarentena
que pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas, empleando una doble
vara que muestra el carácter elitista y clasista del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, protegiendo a unos, reprimiendo y encarcelando a otros, en este
caso a jóvenes que se manifestaron exigiendo justicia”.

Luego, los organismos agregaron que “expresamos nuestra solidaridad con quienes han sufrido esta persecución por parte del Gobierno de Rodríguez Larreta y exigimos una rápida investigación de los hechos, así como la sanción de los responsables”. Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron que “el gobierno de la Ciudad debería investigar a los policías en lugar de habilitar la criminalización de ciertas protestas”. La agrupación H.I.J.O.S también se sumó a los repudios: “protestar en la Ciudad es un derecho que en los hechos se vuelve selectivo”, denunciaron. 

Informe: Melisa Molina.



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Cristina Kirchner: “Para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales” | La represión a la convocatoria por Santiago Maldonado vs. la ausencia policial en las marchas anticuarentena



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en su cuenta de Twitter los cuestionamientos del ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, sobre la represión que se vivió anoche
contra una marcha por los tres años de la desaparición de Santiago Maldonado y por la aparición con vida de Facundo Castro.

“Wado tiene razón: para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”, escribió CFK junto a los tuits de De Pedro, quien comparó la actuación de la Policía de la Ciudad frente a esa manifestación con la que se registra en las marchas anticuarentena.

“Después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte”, expresó el ministro del Interior. “Exigimos a las autoridades de la Ciudad que investiguen lo sucedido y fijen criterios objetivos en el accionar policial para garantizar a TODOS y TODAS su derecho a expresarse, más allá de simpatías”, completó.

El video de la represión a la marcha por Santiago Maldonado





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El homenaje a Santiago Maldonado y la represión de la Policía de la Ciudad | A tres años de la muerte del joven



Referentes de derechos humanos y familiares de Santiago Maldonado realizaron un acto virtual por el tercer aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, ocurrida tras una represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, y advirtieron que el hecho se trató de “un crimen que aún está impunidad” sobre el cual debe “saberse la verdad”. Por la noche hubo también una marcha en el centro porteño, para reclamar justicia por Maldonado y por Facundo Astudillo Castro. La Policía de la Ciudad reprimió a los manifestantes y detuvo a varias personas.

La conmemoración virtual organizada por la familia Maldonado se realizó por la red social Facebook en función de las limitaciones impuestas por el aislamiento social. Participaron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, las referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y Nora Cortiñas, y Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido el 1 de agosto de 2017, y cuyo cadáver fue hallado 55 días después en el río Chubut.

El hermano del joven, Sergio Maldonado, leyó un documento en el que afirmó que, “hasta la fecha, su desaparición y muerte siguen impunes” y destacó que “no hay ninguna persona declarada penalmente responsable”. “La falta de respuesta del gobierno anterior y del actual garantiza la impunidad para que se vuelvan a repetir hechos como la desaparición forzada”, advirtió Sergio Maldonado y mencionó los casos de “Facundo Astudillo Castro, desparecido hace 92 días, y la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza” ocurrida en Tucumán.

En ese sentido, cuestionó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, e hizo lo propio con la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich, y con el expresidente, Mauricio Macri, al señalar que “sigue teniendo un trato especial, sale y entra del país cuando así lo quiere, burlándose de todos nosotros”.

“No pretendemos que el Gobierno interfiera en la Justicia, como lo hizo el macrismo, pero sí esperamos que el presidente Alberto Fernández dé un claro mensaje en relación a que acompaña a la familia en el pedido de verdad y justicia”, destacó Sergio Maldonado. En ese sentido, Sergio reiteró que “la Gendarmería es la principal responsable de la desaparición forzada de Santiago”.

Taty Almeida, por su, parte exigió “el esclarecimiento del caso: que se investiguen todas las responsabilidades, tanto de los miembros de las fuerzas de seguridad como las autoridades políticas”, y pidió que “que se esclarezca la responsabilidad de Patricia Bullrich”, ya que ella era quien daba las órdenes”.

Carlotto dijo que el aniversario de la desaparición de Santiago es “una fecha nefasta para el país” y afirmó: “Queremos justicia, deseamos que no se repita nunca más esta historia, pero a él no hay que olvidarlo, porque es un héroe”.

“Fue una desaparición forzada seguida de muerte. Un grave crimen que no tiene perdón, que no prescribe en el tiempo. Queremos que la causa tome el cauce que tiene que tomar para que se sepa toda la verdad”, sostuvo Cortiñas.

Pérez Esquivel, por su parte, destacó que “es un crimen que está en la impunidad” y advirtió que “a tres años, tenemos que pedir el derecho de verdad y justicia, y reparación del daño hecho”.

El acto, que comenzó con un video que repasó la desaparición y muerte del joven, finalizó con una canción interpretada por el músico León Gieco, quien pidió “ningún asesino ni genocida en las calles argentinas”.

Declaración de la Secretaría de Derechos Humanos

“La protección y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe constituir una política de Estado que atraviese las gestiones de gobierno”, sostuvo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a propósito del tercer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado y de la actual desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, que fue visto por última vez hace tres meses y pocos días.

A través de un comunicado, el área bajo la dirección de Horacio Pietragalla subrayó que “el reconocimiento de la extrema gravedad de estos casos es el primer paso para abordarlos con la seriedad y el compromiso que merecen, poniendo a disposición de las víctimas y sus familias todos los recursos del Estado” e informó que ofrecerá a la familia de Maldonado una “solución amistosa” en el marco del pedido que llegó de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado argentino dé explicaciones por el caso.

“Estas fechas interpelan a mejorar las herramientas disponibles en el Estado para prevenir las desapariciones de personas en democracia y a fortalecer los procesos de búsqueda, de verdad, de justicia y de reparación integral a las víctimas y sus familiares”, comienza el comunicado que la Secretaría emitió horas antes del acto en homenaje a Maldonado, que organizó la familia del joven que desapareció durante una represión de Gendarmería a un pueblo mapuche en Chubut y fue hallado muerto, tres meses después.

Por ese hecho, y por la falta de una respuesta que resolviera el hecho, su familia denunció al Estado argentino ante la CIDH, organismo que en estos días intimó al país a que dé respuestas en un plazo de tres meses. “La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos”, aseguraron los Maldonado al difundir la intimación, y vincularon el caso de Santiago con el de Luis Espinoza en Tucumán, asesinado por la policía provincial, y el de Facundo Astudillo Castro, por cuya desaparición sospechan de la Bonaerense.

“A partir del 10 de diciembre, como dijo el presidente Alberto Fernández, los derechos humanos volvieron a constituir la columna vertebral del Estado argentino en su conjunto –sostiene el comunicado del organismo a cargo de Pietragalla–. Por eso, la protección y el apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben ser una política de Estado.

”En tanto, informaron que en el marco del expediente que sigue la CIDH por el caso, la Secretaría ofrecerá a la familia el inicio de un proceso de solución amistosa, “un cambio radical en la posición que mantuvo el Estado” durante el gobierno anterior, además de “la voluntad de la Secretaría de Derechos Humanos de contribuir con la familia de Santiago en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de una reparación integral por lo sucedido”.

Desde la Secretaría encuandran el caso de Astudillo Castro en “un contexto de graves casos de violencia institucional que se registraron en país durante los meses de cuarentena”, dejó en manos de la Justicia la necesidad de “abordar en detalle cada una de las posibles hipótesis que puedan dar con su localización y determinar todas las responsabilidades que correspondan”. Inclusive “la posibilidad de que estemos ante una desaparición forzada”. 



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Tres años sin Santiago, tres meses sin Facundo | La familia de Maldonado hoy pide por la aparición del joven de Pedro Luro



Santiago hubiera querido que hoy gritáramos, marcháramos y exigiéramos la aparición con vida de Facundo. Hicimos eso por él y apareció, pero sin vida. Hasta hoy la rancia derecha (y algunes que se dicen progresistas) insisten en que se ahogó solo, reacios a rendirse a la evidencia de que en ese momento al límite de su muerte estaba rodeado por gendarmes que seguramente le apuntaban como al chileno Nicasio Luna, el testigo que apreció tiempo después y que relató cómo fue perseguido por los gendarmes y terminó a pocos metros de él, semi sumergido en ese río helado de Chubut.

Ellos eran los wenüy, los amigos blancos de los mapuches de Cushamen que desde 2015 recuperaron territorio ocupado por el magnate Benetton, y habían acudido a reforzar la presencia durante la protesta con corte de la ruta 40 por la represión del 31 de julio de 2017 en Bariloche cuando la comunidad y organizaciones que la apoyaban repudiaron la detención de su lonko, líder político y espiritual, Facundo Jones Huala. A Romina Jones Huala le habían roto la boca los policías, y la mitad de los weichafe (guerreros) de la Pu Lof en Resistencia estaban presos. Santiago partió hacia la Lof casi sin avisar a nadie, su amigo Ariel Garzi no podía ir porque ya estaba fichado, ya lo habían detenido cuatro veces, y en una de ellas fue paseado y golpeado adentro de un patrullero mientras le decía que se dejara de «joder» con su activismo en apoyo de «esos indios de mierda».

Lejos del estereotipo hippie y «silvestre», Santiago usaba un abrigo a rayas que no había comprado sino trocado por sus tatuajes, y escuchaba el rap anarquista del grupo chileno 89 Puñaladas mientras dibujaba y pintaba la piel de Facundo. No Castro sino Parodi, el hijo de María Eva Barabini, valiente militante que al igual que todes quienes alzaron su voz cuando El Brujo estaba desaparecido, fueron perseguidos por la maquinaria encubridora y disciplinadora de Cambiemos y las alas adictas a los oficialismos de turno del Poder Judicial. Causas armadas, hostigamiento en redes, espionaje de sus vidas privadas, todo valía para invalidar lo que terminó siendo: Santiago nunca había salido de la Patagonia, cayó ahí porque los gendarmes que salieron a cazar indios por la orden política de Patricia Bullrich y Pablo Noceti entraron a la Lof con balas de plomo. Los peñi ya conocían el sonido de esos disparos, diferentes a los de goma cuando silban cerca.

“Cuando todo esto pase yo sé bien que hacer, tengo los links de todas tus conversaciones”, amenazó muy suelto de cuerpo el policía Pablo Reguillón al abogado Luciano Peretto durante un allanamiento, cuando la Bonaerense ya había sido apartada de la causa por la desaparición forzada de Facundo. El joven de 22 años había sido hostigado por la policía de Villarino, al igual que Luciano Arruga, el mapuche Iván Torres y otros pibes que desaparecen, tal como denuncian los organismos de derechos humanos, porque son sistemáticamente el objetivo de intentos de ser reclutados para delinquir por parte de las fuerzas policiales. La impunidad de ayer permite la repetición de los hechos de hoy, y las familias resilientes, víctimas de la represión uniformada, van creando lazos para compartir experiencia. Así, a tres meses de la desaparición de Facundo Castro en 25 de Mayo, la mamá, el hermano y la cuñada de Santiago –Stella, Germán y Carolina– se movilizaron para exigir la aparición con vida del chico de Pedro Luro. Quique, el papá, llora en silencio pensando en el sufrimiento de Cristina Castro.

La voz de Santiago movilizó a miles y trascendió fronteras. En la Italia del imperio Benetton hay grupos de apoyo a la lucha mapuche, allí rompieron el silencio del magnate sobre el caso. En una conferencia de prensa que el Grupo dio en Treviso, su ciudad, un muchacho le mostró la foto de Santiago y le pidió “una palabra para su madre”. Luciano Benetton no se esperaba esa pregunta (la escena aparece en la película El camino de Santiago), pero ensayó una respuesta. Recordó su oferta de tierras y dijo que no habían sido aceptadas porque, según él, si lo hacían “se terminaba la historia de los mapuche”. Sobre Santiago dijo que no lo conocía, que no sabía nada, que la policía estaba investigando. Como estaba en problemas intervino su secuaz, el fotógrafo Oliverio Toscani: “Soy italiano y no por eso soy responsable de los homicidios que suceden en Italia, tampoco de lo que sucede en mi propiedad, así es la legalidad”.

Poco y nada quedó de aquellos días en que Santiago andaba de grupo en grupo, los anarquistas, los feriantes y los mapuches de El Bolsón, ofreciendo yuyos curativos a quien los necesitara. Resistieron todo lo que pudieron pero el acoso de los gendarmes siguió por mucho más tiempo luego de la “aparición” del cuerpo en el río Chubut, el 17 de agosto de 2017. En la feria de Plaza Pagano guardaron su lugar donde ponía la manta y tatuaba. Quedan los murales que gritan “la mirada de Santiago vive en [email protected] que luchan por verdad y justicia”. Santiago hubiera querido que seamos millones en la calle para que aparezca Facundo.



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Sergio Maldonado: “Seguimos sosteniendo la desaparición forzada de Santiago”

Sergio Maldonado: “Seguimos sosteniendo la desaparición forzada de Santiago”

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Insólito: el PRO criticó al gobierno por la violencia institucional

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