Categorías
Argentina El país

“La investigación sobre Santiago Maldonado está inconclusa” | Ana Guatame, antropóloga forense colombiana del equipo de expertos convocado por la familia del joven



El grupo de profesionales independientes de Colombia, México y Chile convocado por la familia de Santiago Maldonado ratificó que “no hay conclusiones definitivas” respecto de la desaparición forzada y la muerte del joven tatuador anarquista, reprimido en la comunidad mapuche de Cushamen por la Gendarmería en 2017. Según ellos, Santiago murió ahogado pero no se sabe si fue por sumersión, tampoco hay evidencia suficiente de que haya estado en un pozo del río Chubut, y además hicieron observaciones sobre el hallazgo de ADN de un masculino desconocido cerca de su cadáver. “Este segundo perfil genético estaba muy incompleto, pero aún así no habría que haberlo ignorado. Si el bastón donde apareció estaba deteriorado hay que decirlo, ante la presunción de una desaparición forzada hay que darle importancia a todos los hallazgos porque cualquiera podría ser determinante para esclarecer el caso”, dijo a Página/12 desde Bogotá la antropóloga forense Ana Guatame, del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes cuyo informe fue presentado al Estado argentino y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Muchas preguntas no fueron resueltas, aunque la sentencia de primera instancia cierra el caso en 2018 porque considera que no hay elementos para continuar la investigación. Los informes del expediente nos conducen a algunas respuestas pero también a muchas inquietudes, y si no son resueltas, el caso sigue abierto. Esto debe ser resuelto en el proceso judicial formal, es lo que tiene que hacer el Estado argentino, la investigación está inconclusa”, asegura la colombiana. 

Ana Carolina Guatame García es coordinadora del área de investigación científica de Equitas (Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psico Social). Esta ONG fue creada en 2004 para acompañar a organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado interno en las revisión de procesos realizados por entidades estatales: desapariciones forzadas, homicidios, masacres y torturas por parte del Estado, además de violencia socio política. “El contacto con la abogada de familia Maldonado, Verónica Heredia, fue a través del equipo, donde están Ginna Camacho, experta en bioética y antropología forense, Eilleen Buitrago, especializada en investigación criminal, y la antropóloga forense Daniela Orozco, además la genetista Luz Adriana Pérez y la directora Diana Arango”, explica.

–¿En qué consistió la labor del equipo? ¿Cómo llegaron a sus conclusiones?

–Hicimos una revisión lo más exhaustiva posible sobre el enorme expediente judicial. Analizamos los rastrillajes, los testimonios que permitieron la identificación de zonas; luego analizamos los testimonios de los gendarmes, los peritajes a las camionetas de Gendarmería; y también los análisis del hallazgo del cuerpo, la autopsia y sus estudios adicionales. Si bien es gigante el expediente encontramos vacíos de información, que habrá que resolver y quizás sean acciones nunca realizadas. La primera conclusión son las inquietudes por los rastrillajes en los lugares donde luego aparece el cuerpo de Santiago pero ninguno condujo a su hallazgo en 78 días. La información del expediente es muy escasa. No hay mapas con coordenadas georeferenciadas definidas para establecer con precisión las áreas cubiertas, así es imposible determinar qué tan exhaustivas fueron las pesquisas. Ésa es una de las preguntas de la familia, luego de sucesivos rastrillajes, cómo es que aparece en esa misma zona tantos días después.

–Supuestamente no lo encontraron porque estaba en un pozo.

–Podría ser, pero es una hipótesis que se maneja sin pruebas. En una investigación forense deben mostrarse las evidencias. Así como surge ésa, podrían considerarse muchas otras. Otra conclusión consiste en la falta de estudios sobre los alrededores del río: no hay datos en materia de cadena de custodia y la posibilidad de obtener indicios del último lugar donde estuvo luego del hallazgo de la boina que usaba Santiago. Hay una fotografía sin contextualización, esa zona tendría que haber sido preservada con los protocolos como acordonamiento, vegetación modificada y líneas de búsqueda de pisadas. Esa información está perdida, en una investigación forzada debió actuarse con mucho más cuidado para entender las condiciones en que fue encontrado ese cadáver. La interpretación de los resultados de la autopsia no permite hacer una interpretación más amplia de las circunstancias de los hechos. Luego, encontramos respecto del tiempo de muerte que la estimación fue poco precisa. El intervalo post mortem nunca es exacto, cuanto más precisos sean los datos de la temperatura del agua, se podría disminuir el rango de error. Tomaron datos que no dan cuenta de las temperaturas promedio, no están los datos de septiembre y octubre, cuando esa temperatura sube.

–¿Qué otros resultados obtuvieron?

–El estudio de diatomeas es muy importante cuando se presume que el ahogamiento fue por agua, pero sus conclusiones deben ser leídas con cautela porque puede haber elementos externos que conduzcan a falsos positivos. En este caso encontramos presencia de diatomeas en el corazón, y nos preguntamos si hubo contaminación antes, durante o después de la muerte, por lo tanto no podemos asegurar que haya sido ciento por ciento una situación de ahogamiento por sumersión. Por eso pedimos aclaraciones para evaluar si la presencia de diatomeas fue o no producto de sumersión. Las diatomeas pueden llegar al cuerpo por consumo reiterado de ese agua o por haber estado demasiado tiempo, hay casos de traspaso a la piel y otros órganos. Nos falta información para determinar qué peso tiene el informe de diatomeas.

–¿Qué encontraron respecto del ADN de otra persona?

–El Equipo Argentino de Antropología Forense encontró el perfil genético de un individuo masculino diferente al de Santiago, tomado del bastón (que estaba junto al cuerpo entre sus ropas). Nos llamó la atención que en el informe pericial no se le haya dado discusión a este segundo perfil, cuando existe la posibilidad de una segunda persona asociada al contexto porque hay ADN. Hay elementos que no están debatidos ni aclarados, que generan dudas acumuladas que plantean incógnitas de todo el proceso en su conjunto. 

–Uno de los peritos dijo a este diario que no lo tomaron como indicio porque al estar incompleto, no podía ser comparado con un patrón genético externo.

Eso es plausible, pero no lo dicen en el informe. No hay una declaración sobre esto mismo que usted dice. Estas cuestiones sueltas quedan libradas a interpretación por fuera del proceso. Los debates técnicos y científicos entre colegas sirven a que todo sea parte del proceso, para comprobadar o rechazar cada elemento. 

–¿La autopsia sirvió para un cierre prematuro del caso?

Sí, por la manera en que fue interpretada por el juez. Hacemos una diferencia entre el trabajo de los peritos y quienes lo interpretan. Los peritos debemos dar pasos interpretativos para que quienes los lean tengan muy claras cuáles son nuestras conclusiones. Si son demasiado técnicas, pueden ser analizadas en uno u otro sentido.



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

Caso Maldonado: el Estado argentino ofreció buscar una “solución amistosa” ante la CIDH | Se iniciaría si lo acepta la familia de Santiago, desaparecido y muerto en la represión a la Lof mapuche Cushamen



El Estado argentino respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el reclamo que la familia de Santiago Maldonado hizo ante ese organismo para establecer verdad y justicia con lo ocurrido con el joven que desapareció el 1 de agosto de 2017 durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen, y apareció muerto en el mismo lugar el 17 de octubre. 

Al cumplirse tres años del último día en que el Brujo, como le decían sus compañeros, fue visto con vida, Página/12 informó que la CIDH solicitó al Estado argentino explique qué pasó con Santiago, paso previo a ser enjuiciado por su desaparición forzada. Así, antes del plazo la secretaría de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragalla respondió que propone a la familia una “solución amistosa“, que a criterio del gobierno “resulta fundamental en un caso de gravedad institucional como tuvo el de Santiago Maldonado”. Esta propuesta, sin embargo, sólo se concretará si los Maldonado están de acuerdo, y en ese caso serán ellos quienes pongan sobre la mesa sus peticiones.

“En enero de 2018 la CIDH indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de Santiago, sin embargo la causa judicial hoy está sin juez, esperando que la Corte Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los jueces de las instancias anteriores“, sintetizaron los Maldonado sobre la situación judicial del caso. Si bien la desaparición y muerte de Maldonado tuvo lugar durante la anterior administración, quienes actualmente integran el Estado deberán dar esa respuesta, para lo cual hay palmarias evidencias. Página/12 accedió a la respuesta enviada a Washington, sede de este organismo de la OEA, con la iniciativa que evitaría una eventual condena del Estado por la violación de los derechos humanos derivada de este caso de desaparición forzada de persona, tal como lo entendió la propia CIDH al hacerse eco de la denuncia presentada por la abogada de la familia, Verónica Heredia. 

Un proceso de solución amistosa es la posibilidad de resolver casos como éste, en la cual las partes, los peticionarios y el Estado, admiten una forma de reparación. Se inicia una negociación que puede concluir en un acuerdo o no. El gobierno pretende llegar a tal acuerdo con los Maldonado, en el cual el Estado reconoce su responsabilidad en el hecho y se compromete a adoptar una serie de medidas para la reparación integral del caso. Las características de los acuerdos varían según los casos, puede ser pecuniaria, la reapertura de una investigación, un acto público de pedido de disculpas, e incluso todas esas variables juntas. Mediante este tipo de acuerdos se han modificado leyes en Argentina, como el cambio del código de justicia militar y de la ley migratoria.

El Estado ofrece la posibilidad, pero ahora hay que esperar que la familia de Maldonado acepte o no. Hasta ahora según pudo averiguar este diario no habrían sido notificados ni respondieron. En caso de aceptar, tendrían la voz cantante en todo el proceso y le harían saber al Estado sus pretensiones. Sergio Maldonado y Verónica Heredia ya conformaron una comisión de expertos independiente para investigar la causa, precisamente porque nunca recibieron respaldo estatal. Un eventual acuerdo podría volver a poner el asunto en debate.

“La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos. Y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinoza en la Provincia de Tucumán, Facundo Castro Astudillo en la Provincia de Buenos Aires”, habían dicho los Maldonado en su sitio web.



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

El espionaje ilegal del macrismo iba mucho más allá de la AFI | Nueva línea de investigación sobre el rol de las fuerzas de seguridad



Jorge Domínguez era el director de Inteligencia de la Gendarmería Nacional cuando desapareció Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017. Casi dos años después tuvo una salida estrepitosa del edificio Centinela y recaló en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Señalado como uno de los hombres de confianza de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Domínguez se presentó hace unos días ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia. Con su declaración, la bicameral inicia una línea de investigación enfocada en determinar cuán involucradas estuvieron las fuerzas de seguridad en el espionaje macrista, que esta semana sumó episodios escandalosos como la denuncia de la intervención de la AFI por los seguimientos sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan y también el despliegue de maniobras de inteligencia ilegal, con objetivos políticos hace tres años, en coincidencia con las elecciones de medio término, reveladas por el juez Alejo Ramos Padilla. Este último grupo de acciones incluyó espionaje sobre referentes políticos de diversos municipios, organizaciones sociales y comunitarias, actos de Cristina Fernández de Kirchner y todo tipo de actividades donde había reclamos por la desaparición de Maldonado y la afectación que traían para la imagen de la Gendarmería y del gobierno de Mauricio Macri.

Domínguez es un nombre poco conocido, pero que acumuló poder en la Gendarmería en los tiempos de Bullrich. Ingresado a la fuerza en 1984, llegó a la dirección de inteligencia criminal en 2017. Viajó a los pocos días de la desaparición de Maldonado a Esquel y unos días después a Chile justo cuando el gobierno buscó instalar en los medios y en el expediente la hipótesis para criminalizar a la comunidad mapuche.

Ante la bicameral que preside Leopoldo Moreau, Domínguez dijo no estar al tanto de si se realizaron tareas de espionaje sobre la familia de Maldonado, la comunidad mapuche y organismos de derechos humanos. Tampoco recordó haber conversado sobre el tema Maldonado con Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de Bullrich y quien comandó desde el terreno el operativo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago. Después de una investigación, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, denunció ante la Justicia Federal a Noceti por su rol en el caso Maldonado junto con la que era la cúpula de la Gendarmería.

En todo momento, Domínguez buscó descargar responsabilidades en la Central de Reunión de Información (CRI) Neuquén y en la línea de la jefatura regional de la Gendarmería que tenía asiento en Bahía Blanca. La vinculación de la CRI con el espionaje a los Maldonado surgió meses atrás en la causa que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, tal como informó Página/12.

Domínguez, según pudo reconstruir este diario, dijo que fueron sus superiores quienes le ordenaron viajar a Esquel el 12 de agosto de 2017, a once días de la desaparición de Maldonado, pero que él no le vio demasiado sentido a la permanencia del director de inteligencia en el área, por lo que decidió seguir viaje hacia Temuco en un auto de la Gendarmería para mantener una reunión con los Carabineros de Chile, con quienes todo indica que intercambiaban información para alimentar las versiones con las que después Bullrich se despachaba en sus apariciones públicas.

¿Por qué viajó a Chile durante la desaparición de Maldonado? –le preguntaron los integrantes de la bicameral.

Lo escucharon con cierta sorpresa contestar que lo hizo porque estaba en la víspera de la cumbre del G-20 y de la visita del Papa Francisco a Chile. Es cierto que Jorge Bergoglio visitó ese país en enero de 2018, o sea, más de cuatro meses después. Pero el G-20 recién se hizo un año después. No estaba en la víspera de nada para justificar la visita.

La carrera de Domínguez en la Gendarmería se cortó en 2019. Él dijo que fue porque no le reconocieron un viaje que hizo invitado y pagado por los Estados Unidos. Otros recuerdan un episodio a las trompadas con el segundo de Gerardo Otero en la conducción de la Gendarmería. Lo cierto es que después de las primarias de 2019 desembarcó en la AFI.

El suyo es el segundo caso de pupilos de Bullrich que terminan en puestos claves en la Agencia. El primero fue Alan Ruiz, que llegó a la ex SIDE a principios de 2018 y puso en marcha el espionaje político que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Con Ruiz, contó Domínguez, casi ni se cruzaron en la base de Contrainteligencia de la AFI. Una tarde coincidieron, quizá.

La puerta de ingreso a la AFI fueron las distintas mesas de coordinación que hicieron las agencias macristas sobre distintos temas: crimen organizado, narcotráfico y las cumbres de la OMC y del G-20. A Domínguez lo destinaron a la Dirección Operacional de Contrainteligencia, que estaba a cargo de Martín Coste –procesado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner–. El gendarme quedó bajo la tutela del piloto Juan Hernández y, según su declaración, nunca tuvo una función clara en el Departamento de Delitos Complejos, donde confluyó con otros de los acusados de espionaje en Lomas.

Con Domínguez, la bicameral estrenó una nueva línea de investigación sobre los espías en la era Macri, que se complementa con la de la propia AFI, la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de las precausas armadas en base a escuchas telefónicas. El espionaje ilegal y con intenciones de obtener información de tipo político, en violación a la Ley de Inteligencia, fue un instrumento utilizado de manera sistemática por el gobierno de Macri, como comenzó a quedar a la vista en distintas investigaciones penales y también en la Bicameral. Así como los familiares de los submarinistas del ARA San Juan ya habían denunciado –hasta ahora sin suerte– que los seguían y que había comportamientos extraños en sus teléfonos celulares que les hacían presumir que estaban siendo observados, también denunció distintos tipos de seguimientos Sergio Maldonado, hermano de Santiago, junto a su familia. 

No parece una sospecha descabellada si se observan con atención algunos de los seguimientos y partes de inteligencia que sacó a la luz esta semana el juez Alejo Ramos Padilla, al procesar al jefe de las bases AMBA de la AFI, y citar a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En 2017 había un “Informe Semanal de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”, donde los agentes de la AFI pasaban lista de todos los eventos vinculados con los reclamos por la desaparición de Maldonado. “Informa sobre misas, pintadas, volantes, marchas, todo ello con el mismo nivel de importancia, identificando organizaciones que convocan, curas que dan misas, vecinos que preguntan”, describía la resolución del juez de Dolores. Es curioso que los partes de la AFI analizan la preocupación por la imagen del gobierno, en el período electoral, y también de la Gendarmería. “Lejos de realizar labores de inteligencia nacional estratégica o investigar el crimen organizado en la provincia, efectúan análisis políticos sobre las implicancias electorales de la desaparición del joven, señalando que continuará siendo utilizada políticamente por la oposición de izquierda, el kirchnerismo, los organismos de derechos humanos y sindicatos como forma de desgaste electoral”, detalló Ramos Padilla. 

La AFI incluso le recomendaba al gobierno, para cuidar su imagen, “dar con el paradero del mencionado o finalizar la investigación con algún resultado que diera punto final a la incertidumbre (…) para evitar de esa manera la utilización de su imagen con fines políticos”. Como es conocido, la Gendarmería hasta ahora no fue seriamente investigada y nadie fue indagado por la muerte de Maldonado. Tampoco por el espionaje.



Fuente link:

Categorías
Argentina normal

El Gobierno denunció a Pablo Noceti por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado | Acusan penalmente al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich



“Antes de entregarlo lo rompo acá mismo en mil pedazos”, dicen que dijo Pablo Noceti cuando la Justicia le pidió su teléfono celular en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Quien fuera la mano ultraderecha de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich nunca estuvo imputado pero ahora es posible que eso cambie, porque acaba de ser denunciado por quienes lo sucedieron en esa cartera. Tras una investigación iniciada el 22 enero de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar al exjefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de aquel procedimiento represivo. 

La investigación, realizada por la propia Gendarmería , llegó a la conclusión de que Noceti dio las órdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería a la comunidad en Resistencia de Cushamen, donde los mapuche realizaban un corte de la ruta 40 por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la presentó ayer por videoconferencia, en un acto del que participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el actual titular de la Oficina Antocorrupción, Félix Crous. La denuncia presentada ayer es contra Pablo Noceti, Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería y su segundo, Ernesto Oscar Robino. Recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y los acusan de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las órdenes de Noceti, avaladas por las autoridades de la gendarmería de 2017, y los procedimientos internos de la fuerza realizados en aquel momento, constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad” destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo del 1° de agosto de 2017 en la Ruta 40, según indica la investigación ordenada por Frederic al inicio de su gestión. “El minucioso informe de más de 600 fojas presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación configura un hecho reparatorio de parte del Estado respecto del daño producido por el mismo Estado nacional”, indicaron desde la cartera.

El ministerio aclaró que “la investigación que se hizo en 2018 dentro de la Gendarmería impidió que se conocieran los detalles de su actuación en el operativo generando, al menos por ahora, la situación de cosa juzgada“. Al mismo tiempo destacó que “es diferente es la situación de la entonces conducción del Ministerio, es esta dimensión del operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado la que ahora es objeto de denuncia ante los juzgados Federales, que deberán deslindar o establecer las responsabilidades penales del caso.

Órdenes ineficaces e ilegales

La pesquisa realizada por la actual conducción de la GNA de Andrés Severino, cuyo informe lleva la firma de Severino y Javier Lapalma, muestra que, “atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, y del ex director Nacional de la Gendarmería, el comandante (Gerardo) Otero”. 

Según consta en la investigación, “El doctor Nocetti estuvo el día previo y el mismo día del operativo en la zona, dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista para la gestión anterior”. 

La investigación del Ministerio afirma que “en coincidencia con las instrucciones en el lugar de Noceti, su protocolo ordenaba a las fuerzas perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje, por considerarlos delincuentes en situación de flagrancia. Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”. Es decir, no sólo se realizó un operativo desmedido e inoportuno, sino que se indicaron procedimientos falsamente protocolares y declaradamente ilegales. Según advierte el informe, se aplicó “un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016”.

Desde el ministerio manifestaron que “tal como planteó Frederic al inicio de su gestión y que ahora se ve respaldada por la investigación interna de la Gendarmería, las acciones ilegales que derivaron en la muerte de Santiago Maldonado deben servir, en adelante, para reformular protocolos y modos de actuación que impidan que se repitan este tipo de hechos“.

¿Libres de culpa?

En su denuncia, los actuales funcionarios de Seguridad explicaron que “la anterior conducción de la Gendarmería, con las autoridades del Ministerio de Seguridad 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017”.

Esto fue posible porque ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y el pedido de cambio de carátula en la causa judicial hecho por los abogados de la ministra Bullrich, la investigación interna “liberó de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado”. La auditoría que realizó este año la nueva conducción de la fuerza desmontó esa “ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada”. Y en tal sentido concluyó que:

* No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017.

* Además de poner en riesgo a los manifestantes, se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.

* Ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.

* Se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo diez efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, “además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados”.

* Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones, ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.

* “Se soslayó así, deliberadamente, la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”.

Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola. 

A los dos primeros le adjudican haberse ausentado durante los operativos, y al último “por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes, con el uso de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para detener a los manifestantes”.



Fuente link:

Categorías
Argentina normal

Muerte de Santiago Maldonado: los aprietes de funcionarios de Bullrich para arreglar las declaraciones de los gendarmes | Revelaciones exclusivas del informe de Gendarmería 



El Ministerio de Seguridad de la Nación va a encarar una investigación para determinar si sufrieron “apremios ilegales”, por parte de los propios funcionarios de ese entonces, los gendarmes que participaron del operativo luego del cual se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En los días inmediatamente posteriores al operativo (del 1º de agosto de 2017) exfuncionarios del Ministerio fueron a los escuadrones, encerraron a los gendarmes, los tuvieron sin dormir, ejercitaron las peores prácticas de apremios ilegales para adoctrinarlos sobre qué debían decir ante la Justicia respecto de lo ocurrido en el operativo”.

Así lo anticipó a Página/12 Esteban Rosa Alves, subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic. El dato surge de la investigación realizada por las autoridades actuales de Gendarmería, de la que surgió la acusación presentada ante la Justicia contra Pablo Noceti
, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich.

En una entrevista con este diario, Rosa Alves sostuvo que algunos gendarmes declararon a sus jefes actuales que “fueron adoctrinados por funcionarios de la gestión anterior”. “Hablan particularmente de Daniel Barberis, quien era coordinador del seguimiento de casos de violencia institucional, que estuvo en los escuadrones para decirles que tuvieran en cuenta que ‘estamos todos en el mismo barco’”, a la hora de declarar sobre lo que había ocurrido durante el operativo. “Les dijeron a los gendarmes que tenían que ponerse de acuerdo con lo que iban a declarar ante la Justicia porque los kirchneristas y las organizaciones de derechos humanos nos quieren tirar el primer desaparecido” en esa etapa de la democracia.

Rosa Alves dijo que “sin interferir en la investigación de la justicia penal, queremos aportar esta investigación y ofrecer todo el apoyo técnico de nuestros cuerpos periciales de las fuerzas federales, al margen de la Gendarmería, para “aportar al conocimiento de la verdad”. 

–La denuncia contra Noceti es resultado de un sumario administrativo que revisa lo actuado por Gendarmería. ¿Cómo se trabaja, hacia el futuro, para desandar el camino recorrido por una fuerza de seguridad bajo la doctrina impuesta por la ex ministra Bullrich?

–Lo que se hizo fue posible luego de hacer un diagnóstico sobre las condiciones deplorables en que la gestión anterior dejó no solo a la Gendarmería, sino a todas las fuerzas de seguridad. Ese diagnóstico ya se hizo, sobre distintos aspectos. Hugo un abandono logístico que la ministra puso de manifesto al mostrar el estado de los helicópteros y los móviles de la Gendarmería que quedaron fuera de servicio por falta de mantenimiento. Había facturas de luz, de agua, sin pagar, subejecución presupuestaria, deudas con los proveedores. Este es un aspecto del deterioro en el que dejaron a las fuerzas de seguridad. Después están los aspectos que hacen al quebrantamiento de la conducción de la fuerza, a la contaminación con criterios doctrinarios regresivos y represivos. Cada uno de esos daños requiere de un abordaje diferente.

–Desde el retorno de la democracia es difícil poner en consonancia a las fuerzas de seguridad. No bastan las buenas intenciones.

–Sí, totalmente de acuerdo, pasa algo parecido a lo que ocurre con los servicios de inteligencia, tal vez porque nunca hubo la suficiente testosterona política, no necesariamente por falta de vocación política. Hay estructuras de poder determinadas y no siempre se dieron los contextos para poder avanzar, pero nosotros creemos ahora que ya es inexcusable, tenemos que usar los recursos institucionales, políticos, administrativos con los que cuenta el ministerio, para seguir una línea de investigación de la verdad y de evitar la impunidad. En ese sentido, el hecho de haberle requerido a la Gendarmería, en enero de este año, una verdadera investigación administrativa sobre lo sucedido en el operativo de despeje en la ruta 40, el 1º de agosto de 2017, fue transitar ese camino. Así como hay ensalzar las cosas que se hacen bien, no hay que ser cómplices ni ocultar corporativamente los delitos o faltas graves, ass desviaciones. Hay que dar clara señal de que esas faltas no se van a tolerar porque son grupúsculos que son la minoría de las fuerzas de seguridad federales. 

–¿Hasta dónde creen que tiene que llegar esta causa en la que se señala a Noceti, cuando se sabe, claro, que detrás de él estaba Patricia Bullrich?

–Lo primero fue pedirle a Gendarmería que nos elevara la investigación disciplinaria que habían hecho en su momento, una actuación del año 2017 que se hizo por lo que se creía era la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se abrió la actuación para investigar el posible involucramiento de los gendarmes en esa desaparición forzada. En lugar de analizar el operativo, las decisiones que se tomaron en ese momento, la actuación fue hecha para encubrir y para absolver en forma prematura y bloquear así la posibilidad de hacer investigaciones posteriores sobre los hechos. Luego apareció el cuerpo de Santiago, se determinó que no hubo una apropiación de su persona en forma previa a la muerte y se cerró esa investigación diciendo que se declaraba a todo el personal de Gendarmería que había participado del operativo libre de todo reproche. Frente a eso, Frederic ordenó que hicieran una investigación seria sobre los errores del operativo. El fiscal Félix Crous hizo una investigación muy minuciosa y llegó a la conclusión que el operativo fue todo lo que no se debía hacer: excesos, errores, negligencias graves. La Gendarmería se tomó desde enero hasta ahora para hacer una investigación rigurosa y llegó a la conclusión de que el operativo fue imprudente, irrazonable e innecesario, no urgente, porque a las pocas horas iba a llegar un grupo especializado para abordar ese tipo de conflictos. Todo había sido preparado para darle una lección a ese “movimiento terrorista” como calificaban a la resistencia ancestral mapuche, a los que se insistía en darle el tratamiento de “delincuentes en flagrancia” , de manera de poder perseguirlos aunque se desalojara la ruta.

–¿Cómo surge la responsabilidad de Noceti a partir del informe que elevó la Gendarmería?

–De la propia labor investigativa y las
conclusiones del instructor sumariante y del subjefe de la fuerza, el
comandante Javier Lapalma, esto sin dejar de reconocer las faltas graves de los
comandantes de la fuerza que estuvieron en el operativo. Pero la conclusión es
que sin una orden de las autoridades políticas de entonces ese operativo no se hubiera podido realizar
. La participación de Noceti ya había sido señalada en
la causa, pero es la propia Gendarmería la que ahora acumuló pruebas que
confirman que él había estado el día anterior y el mismo día del operativo. Todo indicaría que hubo
un mandato político para que se actuara como se actuó.
El informe dice que ante
ese cuadro de situación, sólo podía suceder el desastre que ocurrió.



Fuente link:

Categorías
Argentina normal

Cómo le gusta gobernar a Alberto Fernández | Rumbos,  aciertos, fallas, adversarios y enemigos del Presidente



“Los gobiernos nacionales conviven con fuerzas que ejercen cuanto menos el mismo impacto que ellos en las vidas de sus ciudadanos pero que se encuentran, en distintos grados, fuera de su control. Y, sin embargo, no tienen la opción política de claudicar frente a esas fuerzas que escapan a su control, ni siquiera en el caso que lo desearan”.

Eric Hobsbawm. “Guerra y paz en el siglo XXI”.

Juan Domingo Perón predicaba que un presidente manejaba el cincuenta por ciento de la realidad. Su sabiduría fincaba en elegir bien esa mitad y ejecutarla. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner razonaron parecido aunque siendo menos optimistas en las proporciones. El presidente Alberto Fernández no se ha pronunciado públicamente sobre el porcentaje aunque es sencillo intuir qué piensa mediando una herencia asfixiante, un cerco geopolítico, una deuda externa récord. Y pandemia como frutilla venenosa del postre.

Quien conduce un país emergente en la nueva tormenta del mundo hace lo que quiere dentro de lo que puede… en el mejor de los casos. De cualquier forma, es interesante preguntarse cómo le gusta(ría) gobernar a AF, acusado de ser infec-dictador a la vez que títere por sus adversarios.

Vale rememorar los dos discursos ante la Asamblea Legislativa, primeros anuncios pre corona virus. Las propuestas de ley, no las generalidades. También lo que hizo cuando la covid-19 cambió para siempre la historia, le confirió un enorme poder temporario a cambio de hacerse cargo de un desafío tremendo y trágico.

* Al presidente lo entusiasma articular con gobernadores e intendentes, pactar acciones conjuntas o concertadas por la división federal de poderes. Los enaltece, les abre el juego, les “da cámara”. Las conferencias de anuncios sobre cuarentena proveen escenas jamás vistas antes en la Argentina. Las condiciones de riesgo “piden” que los mandatarios ejerzan autoridad y exhiban un grado elevado de coincidencias. El mérito del presidente, en este caso, es procurar conseguirlo.

* A Fernández le “cabe” consultar con especialistas, escucharlos, realzar sus consejos, tomarlos en cuenta, difundir sus nombres, agradecerles en público. Los infectólogos a la cabeza.

* En el mismo sentido, con rango de institución permanente, el Consejo Económico Social aspiraba a remozar el sistema democrático con un cuerpo consultivo de participación plural.

El Consejo de Juristas (“el Consejo”) para la Reforma judicial es otra propuesta para visibilizar debates, tratarlos con tiempo y con altura, fomentar las polémicas. Subleva que se menoscabe la iniciativa atribuyéndole urgencia, objetivo único (“salvar a Cristina”). Y que figuras relevantes del mundo intelectual y académico prefieran alertar sobre los peligros antes que proponer mejoras al Poder Judicial, que es una calamidad.

Los dos Consejos proveen ejemplos acerca de límites para la voluntad presidencial. Al de juristas lo sabotean la oposición política y mediática, el contrapoder de los adversarios.

Las demoras para implementar el Consejo Económico Social delatan demoras de gestión, dificultades para hacer realidad las intenciones. Deudas del gobierno por su propio funcionamiento antes que obstáculos generados desde la vereda de enfrente.

La Reforma Judicial “corta” anunciada esta semana se concretó a ocho meses de su anuncio al asumir. Hay un cúmulo de motivos concurrentes (la pandemia siempre está). Pero sería complaciente soslayar que el gobierno tardó mucho, algo que le recriminan sus antagonistas pero también muchos de quienes lo apoyan sin ser obsecuentes ni seguidistas.

                                                            ***

Mucho más que Comodoro Py: La Reforma Judicial (“la Reforma” en adelante) va en pos de varios objetivos, todos compartibles. Sería mala síntesis cifrarlo solo en licuar el poder de los jueces de Comodoro Py. La reingeniería de los fueros federales se expande, para empezar, por toda la Argentina.

La creación de juzgados en las provincias cumple dos funciones imprescindibles. Terminar con el unicato, fuente de concentración de poder en pocas manos. Y fomentar acción más eficaz contra determinados delitos en todo el territorio nacional. Alberto Fernández aspira a que la estructura reforzada combata (de una buena vez) al “crimen organizado” (textual).

El discurso dominante “anti corrupción” centraliza la mira y la persecución en delitos cometidos por funcionarios como autores principales o cómplices necesarios. Las coimas (“cohecho” en jerga técnica) son el arquetipo. Crímenes graves, por cierto, en los que la responsabilidad del funcionario es mayor que la del coautor. Pero no agotan el inventario de delitos federales impunes y muy graves. También se consuman a diario y con enorme inmunidad el contrabando, la evasión fiscal, el lavado de dinero, la trata de personas. No es imprescindible que las asociaciones ilícitas que los perpetran cuenten con ayuda dolosa de personal del Estado. Pocos peces gordos que lideran esas bandas llegan a los banquillos judiciales, casi ninguno es condenado. Bicolor el sistema penal : se ensaña con “negros”, deja en paz a delincuentes de guante blanco.

Los fueros federales Penal Económico (alias Penal cómico) y Contencioso Administrativo están colonizados por grandes estudios que comparten con numerosos jueces o camaristas ideologías, lazos familiares, cátedras y vaya uno a saber qué más.

Fusionarlos ataca a dicha trama de contubernios. Ahorraría por añadidura cantidades de conflictos de competencia urdidos por litigantes aviesos y avalados por jueces porosos. La conflictividad procesal fundada en cuestiones jurídicas esotéricas cumple la función de demorar los trámites, a menudo en sus inicios. Enredarlos, pavimentar el camino hacia la prescripción o el cajoneo.

La creación de numerosos juzgados federales, matemática pura, baja el porcentual de poder de los supervivientes del nefasto sistema actual pergeñado por el ex ministro Carlos Corach hace cerca de treinta años.

La actualización no conllevará cambios de competencia de los expedientes ya iniciados. Todos seguirán en el tribunal que los sustancia aunque los fabuladores de derecha afirmen lo contrario. “Los pleitos contra Cristina” no cambian de manos…

La Reforma tiene que coronar la implantación del sistema acusatorio ya fijado por ley pero pendiente en la Ciudad Autónoma (CABA). Poner fin a las facultades exorbitantes de jueces que además llevan adelante la acusación. Jueces-fiscales al mismo tiempo es igual a inquisidores. Si Sus Señorías se especializan en lo suyo mientras los fiscales se hacen cargo de investigar-acusar se sanea el proceso. El proyecto de ley determina un plazo máximo de dos años para que el procedimiento acusatorio tenga plena aplicación en la CABA.

Los objetivos son loables, reclamados desde décadas atrás. En la Casa Rosada, empezando por el Presidente, cunde el optimismo: se llevarán a cabo, en tiempo y forma.

                                                                    ***

Los riesgos y lo que falta: Tal vez, intuye este cronista, esa lectura subestima los riesgos de potenciales adversarios de la movida. Judicializar decisiones políticas es un deporte expandido en estas pampas, los campeones mundiales revistan en el Poder Judicial. Un amparo no se le niega a nadie, menos a un colega juez ofendido y de derecha. La historia reciente abunda en ejemplos de cautelares exorbitantes que paralizan por años decisiones políticas. Afirmar que ocurrirán constituiría exceso de pesimismo. Asegurar que son imposibles caería en el extremo opuesto.

Otra crítica admisible finca en lo que falta. La ley y el temario entregado al Consejo de Juristas se especializan en los grandes tribunales y en la materia penal. Queda pendiente ocuparse más del acceso ciudadano en condiciones dignas e igualitarias a los tribunales comunes, laborales, de familia, de defensa de la competencia. La cercanía territorial y empática ranquean en primer nivel. La atención veloz, los trámites abreviados, la gratuidad de patrocinio letrado para las personas de bajos recursos, suman derechos no concretados. No hablamos de un terreno desértico ni falto de precedentes valiosos. Sí de insuficiencias crecientes que la malaria ahondará.

Los tribunales del Trabajo y los previsionales siguen siendo las Cenicientas del poder judicial, apenas tangencialmente contemplados en las iniciativas comentadas.

Resumen ejecutivo: la movida es valiosa, cuesta comprender por qué se atrasó tanto. Afronta la perspectiva de empantanarse por resistencia de los perjudicados. Nace inconclusa en una faceta esencial: los derechos de litigantes rasos, desconocidos, gente común.

Si avanzara el juicio por jurados en sede nacional o porteña comenzaría la participación ciudadana en el más aristocrático de los poderes, conservador, vitalicio, ajeno al veredicto popular. Casi tan anti republicano como ineficiente y arrogante… es mucho decir.

                                                                    ***

Sesenta en seis: Las sesenta medidas económicas para la pospandemia, comentan en la Casa Rosada, se darán a conocer a fin de esta semana o en la siguiente. Aparte de medidas coyunturales, se proyecta un plan de desarrollo: inversiones, fomento de economías regionales, obras públicas. El espacio nacional se divide en seis regiones: Centro, Patagonia, Cuyo, NOA, NEA y el AMBA (puesto de resalto por el impacto del coronavirus). Los ministros Eduardo de Pedro y Matías Kulfas los conversan con los gobernadores. Se discuten, se enmiendan, se mejoran. La idea presidencial es una presentación conjunta que subraye la concepción federal. Un anhelo novedoso, impuesto por la peste: que la reactivación y las bases del modelo de desarrollo lleguen desde las provincias a la zona metropolitana.

La lectura de la crisis y, de nuevo, el ánimo pactista caracterizan a Fernández. En el costado del “DEBE” se insinúa la costumbre de anticipar medidas sin realizarlas, de caer asiduamente en la redundancia de preanunciar anuncios.

Otra falla, discutida intramuros del gabinete: la gestión morosa en planes de vivienda, no tan ambiciosos pero con baja ejecución. Gravitan restricciones por motivos de cuidado, los protocolos restringen cantidades de trabajadores. Quizás se agreguen carencias propias, comentadas en voz baja o no tanto.

                                                                      ***

Los rumbos, los otros, el poder: En el principio el verbo fue “poner”: plata en bolsillo de los más humildes. Durante la peste, preservar las fuentes de trabajo y los derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización, ahora reglas para el teletrabajo. Coherentes con la historia del peronismo, afrontando resistencias corporativas.

De todos modos, al Gobierno le cuesta construir poder democrático para llevar adelante medidas y proyectos. Subrayamos “poder democrático”, hay que ser enfático en tiempos de discusiones ponzoñosas. Vicentin es el ejemplo acabado, para nada el único. Expropiar una empresa para rescatarla es una medida económica, no un mandato humanitario, que se debe encarar más allá del resultado. Impulsar lo inviable daña la reputación del gobierno, dispersa fuerzas, fortifica a los contrincantes. Un error por donde se lo mire. Quien propugna una expropiación debe contar con los votos necesarios en Diputados. Quien aspira a concitar consensos debe construirlos en el Agora, los medios, dialogando con los interesados.

La lentitud para legislar el tributo a los grandes capitales, la impotencia (hasta ahora) para sancionar a grandes evasores o al menos denunciarlos con pelos y señales muestran a un gobierno diametralmente diferente al que pinta la derecha. Limitado en el conflicto.

“Condenado” a auxilios y subsidios para casi todos por razones válidas, al oficialismo le falta todavía vigor para enfrentar a los poderes fácticos.

Alberto Fernández llegó en un momento difícil, agravado con crueldad por la peste. Su labor esencial en todos los frentes es la reducción de daños. El apoyo de la población a la dura cuarentena, el mantenimiento de la paz social, la vocación de apuntalar el piso de derechos sociales mejoran el acervo presidencial.

En el inventario de sus virtudes y las de su equipo raya alto laburar 24×7, a todo trapo, sin desmayos y sin hacer alharaca. Cumplen su deber, vale. También dan un ejemplo contrapuesto a la conducta frívola. egocéntrica y despectiva del ex presidente Mauricio Macri, un holgazán en París.

A tres años del asesinato de Santiago Maldonado “la justicia” retacea la designación de un magistrado imparcial para investigar su muerte y eventual desaparición. En el doloroso aniversario también corresponde preguntar dónde está Facundo.

[email protected]



Fuente link:

Categorías
Argentina normal

Santilli justificó la represión en la marcha por Santiago Maldonado | Dijo que la policía actuó para reducir a “un grupo de violentos”



El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, justificó la represión policial
que hubo después de la marcha por los tres años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y por la aparición de Facundo Astudillo Castro
, visto por última vez el 30 de abril. Según dijoi, la policía actuó para reducir a “un grupo de violentos”.

“Terminada la marcha de Maldonado y Astudillo aparecieron personas con banderas del anarquismo donde rociaron a los policías con alcohol, tenían gomeras y bulones”, justificó el vicejefe de gobierno y aseguró que la movilización se había dado “con total normalidad”.

Santilli fue entrevistado en Metro, donde le recordaron que no hubo intervención policial durante la marcha anticuarentena en la que un grupo rompió la ventana del móvil del canal C5N y golpeó al periodista Ezequiel Guazzora. “Fueron puestas a disposición de la justicia tres personas, sucedió a posteriori de la marcha”, aseguró el vicejefe de gobierno.

Además, Santilli señaló que “todos los hechos (de violencia) están mal”, pero que la policía actuó en la movilización de este sábado porque fue “mayor el nivel de violencia” que en la marcha anticuarentena. “Estamos hablando de personas que vienen con gomeras y bulones”, afirmó y señaló que “los violentos” tiraron “bombas molotov”. 



Fuente link:

Categorías
Argentina normal

Santiago Maldonado: repudios por la represión de la policía porteña  | Hubo trece detenidos en la movilización por los tres años de su muerte



El sábado, mientras en el Obelisco se manifestaba libremente un grupo de personas anticuarentena, a pocas cuadras otro grupo de manifestantes era reprimido de forma brutal por la policía de la Ciudad de Buenos Aires por pedir justicia a tres años de la desaparición de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional y por reclamar la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, de quién no se sabe nada hace tres meses. “Pasó lo mismo que el año pasado, la policía agredió a los manifestantes cuando estaban desconcentrando. Parece que la represión no tiene cuarentena”, aseguró en diálogo con Página/12 Gabriela Conder, la abogada de las trece personas que fueron detenidas y liberadas en la madrugada del domingo. Los organismos de Derechos Humanos lanzaron un comunicado repudiando lo sucedido. También expresó su repudio, en diálogo con este diario, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietraglla Corti, y, a través de las redes sociales, lo hicieron el Ministro del Interior, Wado de Pedro, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “Para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”, aseguró la ex presidenta.

Fuentes del gobierno de la Ciudad consultadas por este diario, describieron los hechos de la siguiente manera: “personal de la policía de la Ciudad fue desplazado el sábado a la noche al Congreso Nacional por la presencia de grupos anarquistas que estaban colgando banderas y realizando cánticos contra el Estado y las Fuerzas de Seguridad“. Según ellos, “en un momento un grupo de manifestantes doblo por la Avenida de Mayo en contramano, por lo que los agentes comenzaron a seguir a los manifestantes con distancia prudencial por distintas calles hasta la avenida Corrientes”. 

Paula era amiga de Santiago Maldonado y por eso el sábado estuvo en la movilización. Según contó a PáginaI12 , desde el principio vimos cómo venía la mano. Cuando estábamos concentrados frente al Congreso pasaron muchísimos policías acelerando las motos, gritándonos cosas y provocándonos. También había muchísimas combis y colectivos de la policía de la Ciudad y policías de civil dando vueltas. Estaban con ganas de reprimir y buscando una excusa para comenzar a golpearnos”. “Cuando nos estábamos yendo, policías empezaron a perseguirnos por calle Corrientes y venir por atrás a pegarnos y patearnos en el suelo, tal cuál como se ve en el video que estuvo circulando”, agregó.

Si bien Paula no fue detenida, la policía sí detuvo a 13 de sus compañeros, siete hombres y seis mujeres de entre 20 y 53 años. “Los tuvieron un rato en la combi y después se los llevaron a la comisaría”, explicó. Según las fuentes de Ciudad, “los manifestantes agredieron a la policía tirándoles alcohol y cal en los ojos y tiraron piedras y una molotov en la mutual de Gendarmería”. Además de detenerlos, informaron que la policía “les incautó aerosoles, botellas con pintura, gomeras, y piedras, entre otros elementos”. “Todo eso es mentira. En el video se ve perfecto el accionar de ellos y la actitud de nosotros”, indicó la amiga de Santiago. Según la abogada, la policía actuó de forma “sumamente violenta” e incluso aseguró que “una chica tuvo un ataque de epilepsia por lo nerviosa que se puso y por la agresión que sufrió”. El Frente de Todos en conjunto repudió lo sucedido en un comunicado.

Conder aseguró también que “tengo la plena seguridad de que la gente que se llevaron detenida no había hecho nada. Los agarraron mientras se iban. En los videos que circulan se ve bien que la policía los salió a cazar”. En la causa intervino la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 17 y a las personas detenidas les abrieron causas por “lesiones y atentado”, y “resistencia a la autoridad”. Gracias a las gestiones de los abogados y distintas agrupaciones, las personas –ninguna tenía antecedentes–fueron liberadas a las dos y media de la madrugada de la la Alcaldía 13, donde estaban encerradas.

De Pedro escribió el mismo sábado en sus redes que “después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte. Exigimos a las autoridades de la Ciudad que investiguen lo sucedido y fijen criterios objetivos en el accionar policial”.

“Es muy llamativo. Cada año el macrismo reprime a quienes se convocan por el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Este fin de semana fue muy simbólico porque se superpuso dicha convocatoria con otra, de la que incluso participaron miembros de la oposición. Y allí no se reprimió”, indicó a este diario Pietragalla Corti. “Tal como subrayó Cristina (Fernández), pareciera que se permite manifestarse sólo a grupos ideológicamente afines y no debería ser así ya que el derecho a la protesta es de todos y todas, más allá del reclamo que lo motive”, agregó el secretario de Derechos Humanos. 

En esa misma línea, el abogado y activista por los derechos humanos, Pablo Llonto, indicó en diálogo con Página12 que “es evidente y notorio que hay dos tipos de directivas dadas por el Gobierno de la Ciudad y sobre todo por (Diego) Santilli –que es quien maneja directamente a la fuerza–: una que claramente apunta a prácticamente cuidar a los manifestantes que se pronuncian y marchan en contra del gobierno nacional, y otra de reprimir a todo lo que es protesta contra lo que a ellos les molesta que, en general, son las movilizaciones en contra de represiones o pidiendo por secuestrados o desaparecidos”.

Los organismos de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asamblea Permanente por los Ddhh; Asamblea permanente por los Ddhh La Matanza; Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Liga Argentina por los Ddhh y el Movimiento Ecuménico por los Ddhh, denunciaron mediante un comunicado que “la Policía Porteña ha demostrado
un claro accionar selectivo y discriminatorio
, pues ha permitido sin
intervenir otras manifestaciones incluso violentas y violatorias de la cuarentena
que pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas, empleando una doble
vara que muestra el carácter elitista y clasista del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, protegiendo a unos, reprimiendo y encarcelando a otros, en este
caso a jóvenes que se manifestaron exigiendo justicia”.

Luego, los organismos agregaron que “expresamos nuestra solidaridad con quienes han sufrido esta persecución por parte del Gobierno de Rodríguez Larreta y exigimos una rápida investigación de los hechos, así como la sanción de los responsables”. Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron que “el gobierno de la Ciudad debería investigar a los policías en lugar de habilitar la criminalización de ciertas protestas”. La agrupación H.I.J.O.S también se sumó a los repudios: “protestar en la Ciudad es un derecho que en los hechos se vuelve selectivo”, denunciaron. 

Informe: Melisa Molina.



Fuente link:

Categorías
Argentina normal

Cristina Kirchner: “Para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales” | La represión a la convocatoria por Santiago Maldonado vs. la ausencia policial en las marchas anticuarentena



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en su cuenta de Twitter los cuestionamientos del ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, sobre la represión que se vivió anoche
contra una marcha por los tres años de la desaparición de Santiago Maldonado y por la aparición con vida de Facundo Castro.

“Wado tiene razón: para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”, escribió CFK junto a los tuits de De Pedro, quien comparó la actuación de la Policía de la Ciudad frente a esa manifestación con la que se registra en las marchas anticuarentena.

“Después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte”, expresó el ministro del Interior. “Exigimos a las autoridades de la Ciudad que investiguen lo sucedido y fijen criterios objetivos en el accionar policial para garantizar a TODOS y TODAS su derecho a expresarse, más allá de simpatías”, completó.

El video de la represión a la marcha por Santiago Maldonado





Fuente link:

Categorías
Argentina normal

El homenaje a Santiago Maldonado y la represión de la Policía de la Ciudad | A tres años de la muerte del joven



Referentes de derechos humanos y familiares de Santiago Maldonado realizaron un acto virtual por el tercer aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, ocurrida tras una represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, y advirtieron que el hecho se trató de “un crimen que aún está impunidad” sobre el cual debe “saberse la verdad”. Por la noche hubo también una marcha en el centro porteño, para reclamar justicia por Maldonado y por Facundo Astudillo Castro. La Policía de la Ciudad reprimió a los manifestantes y detuvo a varias personas.

La conmemoración virtual organizada por la familia Maldonado se realizó por la red social Facebook en función de las limitaciones impuestas por el aislamiento social. Participaron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, las referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y Nora Cortiñas, y Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido el 1 de agosto de 2017, y cuyo cadáver fue hallado 55 días después en el río Chubut.

El hermano del joven, Sergio Maldonado, leyó un documento en el que afirmó que, “hasta la fecha, su desaparición y muerte siguen impunes” y destacó que “no hay ninguna persona declarada penalmente responsable”. “La falta de respuesta del gobierno anterior y del actual garantiza la impunidad para que se vuelvan a repetir hechos como la desaparición forzada”, advirtió Sergio Maldonado y mencionó los casos de “Facundo Astudillo Castro, desparecido hace 92 días, y la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza” ocurrida en Tucumán.

En ese sentido, cuestionó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, e hizo lo propio con la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich, y con el expresidente, Mauricio Macri, al señalar que “sigue teniendo un trato especial, sale y entra del país cuando así lo quiere, burlándose de todos nosotros”.

“No pretendemos que el Gobierno interfiera en la Justicia, como lo hizo el macrismo, pero sí esperamos que el presidente Alberto Fernández dé un claro mensaje en relación a que acompaña a la familia en el pedido de verdad y justicia”, destacó Sergio Maldonado. En ese sentido, Sergio reiteró que “la Gendarmería es la principal responsable de la desaparición forzada de Santiago”.

Taty Almeida, por su, parte exigió “el esclarecimiento del caso: que se investiguen todas las responsabilidades, tanto de los miembros de las fuerzas de seguridad como las autoridades políticas”, y pidió que “que se esclarezca la responsabilidad de Patricia Bullrich”, ya que ella era quien daba las órdenes”.

Carlotto dijo que el aniversario de la desaparición de Santiago es “una fecha nefasta para el país” y afirmó: “Queremos justicia, deseamos que no se repita nunca más esta historia, pero a él no hay que olvidarlo, porque es un héroe”.

“Fue una desaparición forzada seguida de muerte. Un grave crimen que no tiene perdón, que no prescribe en el tiempo. Queremos que la causa tome el cauce que tiene que tomar para que se sepa toda la verdad”, sostuvo Cortiñas.

Pérez Esquivel, por su parte, destacó que “es un crimen que está en la impunidad” y advirtió que “a tres años, tenemos que pedir el derecho de verdad y justicia, y reparación del daño hecho”.

El acto, que comenzó con un video que repasó la desaparición y muerte del joven, finalizó con una canción interpretada por el músico León Gieco, quien pidió “ningún asesino ni genocida en las calles argentinas”.

Declaración de la Secretaría de Derechos Humanos

“La protección y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe constituir una política de Estado que atraviese las gestiones de gobierno”, sostuvo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a propósito del tercer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado y de la actual desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, que fue visto por última vez hace tres meses y pocos días.

A través de un comunicado, el área bajo la dirección de Horacio Pietragalla subrayó que “el reconocimiento de la extrema gravedad de estos casos es el primer paso para abordarlos con la seriedad y el compromiso que merecen, poniendo a disposición de las víctimas y sus familias todos los recursos del Estado” e informó que ofrecerá a la familia de Maldonado una “solución amistosa” en el marco del pedido que llegó de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado argentino dé explicaciones por el caso.

“Estas fechas interpelan a mejorar las herramientas disponibles en el Estado para prevenir las desapariciones de personas en democracia y a fortalecer los procesos de búsqueda, de verdad, de justicia y de reparación integral a las víctimas y sus familiares”, comienza el comunicado que la Secretaría emitió horas antes del acto en homenaje a Maldonado, que organizó la familia del joven que desapareció durante una represión de Gendarmería a un pueblo mapuche en Chubut y fue hallado muerto, tres meses después.

Por ese hecho, y por la falta de una respuesta que resolviera el hecho, su familia denunció al Estado argentino ante la CIDH, organismo que en estos días intimó al país a que dé respuestas en un plazo de tres meses. “La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos”, aseguraron los Maldonado al difundir la intimación, y vincularon el caso de Santiago con el de Luis Espinoza en Tucumán, asesinado por la policía provincial, y el de Facundo Astudillo Castro, por cuya desaparición sospechan de la Bonaerense.

“A partir del 10 de diciembre, como dijo el presidente Alberto Fernández, los derechos humanos volvieron a constituir la columna vertebral del Estado argentino en su conjunto –sostiene el comunicado del organismo a cargo de Pietragalla–. Por eso, la protección y el apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben ser una política de Estado.

”En tanto, informaron que en el marco del expediente que sigue la CIDH por el caso, la Secretaría ofrecerá a la familia el inicio de un proceso de solución amistosa, “un cambio radical en la posición que mantuvo el Estado” durante el gobierno anterior, además de “la voluntad de la Secretaría de Derechos Humanos de contribuir con la familia de Santiago en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de una reparación integral por lo sucedido”.

Desde la Secretaría encuandran el caso de Astudillo Castro en “un contexto de graves casos de violencia institucional que se registraron en país durante los meses de cuarentena”, dejó en manos de la Justicia la necesidad de “abordar en detalle cada una de las posibles hipótesis que puedan dar con su localización y determinar todas las responsabilidades que correspondan”. Inclusive “la posibilidad de que estemos ante una desaparición forzada”. 



Fuente link: