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El dióxido de cloro e ibuprofeno inhalado no son alternativa terapéutica frente a la covid-19



La utilización del término “uso compasivo” por un médico o por un funcionario del sistema de justicia para la administración a un paciente gravemente enfermo de preparados sin evidencias racionales de beneficio y con serios riesgos para su salud e integridad es motivo de una mala praxis médica y jurídica.

Las normas éticas, legales y sociales han dejado de usar el término “compasivo” porque a los pacientes se los debe tratar como sujetos de derecho y no como objetos pasivos de las virtudes o vicios de quienes les tratan.

Los médicos deben prescribir los medicamentos autorizados por la Anmat para los usos registrados y establecidos en el prospecto de los mismos. El uso fuera de prospecto, que es de exclusiva responsabilidad del médico tratante, es una práctica que se basa en el conocimiento científico disponible y en la experiencia del profesional.

En el caso del paciente del Sanatorio Otamendi no se dispone de esa evidencia científica para las dos prescripciones indicadas ni la especialidad del médico que las indicó supone ninguna experiencia particular en el tratamiento de pacientes afectados de covid-19.

Los jueces no deben dirimir diferencias de escuelas médicas cuando esas diferencias en los métodos y materiales utilizados no afectan en modo importante a los resultados esperables para el beneficio y la seguridad de los pacientes. Pero los jueces deben exigir que los médicos actúen según el estado de los conocimientos médicos y los consensos profesionales más amplios alcanzados en la demostración de los tratamientos de mayor beneficio para los pacientes (Lex Artis Ad-Hoc).

Ese consenso internacional indica que los pacientes afectados de covid-19 de ningún modo deben ser tratados con dióxido de cloro intravenoso, ni tampoco deben ser tratados con ibuprofeno inhalado en el estado actual de los conocimientos.

Queda claro en este caso que desde el punto de vista normativo, administrativo, ético y profesional, ni los profesionales ni el Sanatorio tienen la obligación de administrar un tratamiento que no tiene fundamento. Y aún más, tienen el deber de no administrarlo.

La medida cautelar dispuesta por el juez interviniente contra el Sanatorio Otamendi y sus profesionales debe ser rechazada del modo más enérgico. Es un muy peligroso antecedente para la salud pública en nuestro país, y para los trabajadores e instituciones de salud que deben enfrentar la difícil situación de pandemia que atravesamos.

Prescripción médica y “uso compasivo”

El paciente G.R.O., con un compromiso pulmonar severo por covid, recibía tratamiento convencional y oxígeno, pese a lo cual su saturación de hemoglobina descendía. Por estas causas, C.D. un médico ajeno al establecimiento de salud en el que era tratado, le prescribió tratamiento compasivo con dióxido de cloro endovenoso y nebulizaciones con ibuprofenato de sodio.

La Disposición 849/1995 de la Anmat reglamentaba el uso compasivo de medicamentos, que se definía como el uso estrictamente individual de una droga en situaciones clínicas que comprometen la vida, cuando no es efectiva la terapéutica convencional. Si esa droga no había sido autorizada, debía existir una base racional en la evidencia científica para concluir que la droga podía ser efectiva para el paciente y que no se iba a exponer a éste a un riesgo no razonable. Además de las exigencias en tanto esa droga estuviera en etapa de investigación, la norma exigía que el médico tratante solicitara autorización ante las autoridades de ANMAT, acompañada de una declaración del fabricante, una justificación para el uso de la droga y un consentimiento firmado por el paciente.

Aquella norma tuvo varias modificaciones. La Disposición 4616/2019 reemplazó a las anteriores y estableció el Régimen de Accesibilidad de Excepción a Medicamentos (ex uso compasivo) para medicamentos que no estén registrados ante la ANMAT pero lo estén en un país reconocido por el organismo y se usen para un paciente en particular, o sin estar registrados sean requeridos por el Ministerio de Salud para una emergencia sanitaria, o que sin estar registrados no se encuentren disponibles en el país.

El solicitante de la autorización por la ANMAT debe ser el paciente o un familiar a cargo con la prescripción del médico tratante. La norma establece claramente que la solicitud de importación en caso de emergencia sanitaria debe hacerla el Ministerio de Salud con presentación del la Declaración de Emergencia Sanitaria.

Queda claro que el caso del paciente G.R.O. queda fuera de la normativa vigente sobre el uso de excepción de medicamentos no registrados (antes uso compasivo) y sujeto por tanto a las generales de la ley en cuanto al ejercicio de la medicina y el deber de asistencia. La utilización del término “uso compasivo” por el médico tratante no tiene valor normativo alguno desde el punto de vista administrativo y tampoco lo tiene desde el punto de vista ético como se ha señalado al tratar de las evidencias internacionales de seguridad y eficacia de las drogas prescriptas. Las normas éticas, legales y sociales han dejado de usar el término “compasivo” porque a los pacientes se los debe tratar como sujetos de derecho y no como objetos pasivos a las virtudes (o vicios) de quienes les tratan.

La medida cautelar

Sin embargo, L.J.M., hijo por afinidad de G.R.O., interpuso una medida cautelar para que el Sanatorio en el que el paciente estaba internado, le proveyera a éste con carácter urgente y con el fin de evitar su deceso, los “tratamientos compasivos” prescriptos por el médico tratante.

El juez que entendió en la causa, sostuvo en su fallo que “… a la luz de la documentación acompañada, no se advierte una imposibilidad de orden médica para la implementación de los tratamientos prescriptos y adecuado al caso de autos, que además, es de urgente realización ya que puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento consecuente a adoptarse de manera inminente o, en su caso, salvar la vida del paciente (itálicas nuestras)”. Más adelante agrega: “En consecuencia, es claro que en el actual estado de la causa, la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora, circunstancia ésta que torna procedente la petición cautelar”. Y por lo tanto resolvió que el Sanatorio arbitre los medios para la implementación de los tratamientos prescriptos por el médico tratante.

Las consideraciones del juez sobre la posibilidad de mejorar la enfermedad del paciente y hasta de salvar su vida, no tienen fundamento médico alguno ni en su texto ni en el estado actual de los conocimientos sobre los tratamientos indicados. La administración de dióxido de cloro ha sido considerada un fraude (The New York Times, Coronavirus Drug and Treatment Tracker) y las evidencias sobre el tratamiento con ibuprofeno inhalado son tan bajas que las sociedades médicas y científicas, nacionales e internacionales han sostenido que no debe utilizarse (Sociedad Argentina de Infectología, “Ibuprofeno inhalado. Documento de posición”, 9 de octubre de 2020).

Queda claro en este caso que desde el punto de vista normativo, administrativo, ético y profesional, ni los profesionales ni el Sanatorio tienen la obligación de administrar un tratamiento que no tiene fundamento. Y aún más, tienen el deber de no administrarlo. El Sanatorio apeló la medida cautelar pero una mala actuación médica y judicial ha cargado a los profesionales y su institución, así como a la asistencia del paciente, con el peso de una desmesura. Un peso que se suma al que ya la situación de pandemia le causa a los trabajadores y las instituciones de salud.

*Juan Carlos Tealdi es coordinador de la Comisión de Bioética de la Fundación FEMEBA.



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Imputan al médico que recetó dióxido de cloro al paciente del Otamendi | El juez Casanello ordenó un allanamiento en el consultorio



Dante Converti, el médico que recetó dióxido de cloro al paciente que murió en el Sanatorio Otamendi, fue imputado en la causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud. La noche del martes se realizó un allanamiento en el consultorio del neurocirujano.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el martes ante la Policía “como un hecho de prevención”, según fuentes judiciales. Sebastián Casanello, el juez que quedó a cargo de la causa, ordenó el allanamiento para “preservar la prueba” que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y ahora “será analizada”.

La denuncia contra Converti está vinculada a la prescripción de dióxido de cloro para tratar el cuadro de coronavirus que padecía Oscar García Rúa. El tratamiento había sido ordenado por un juez porque el equipo médico del Sanatorio Otamendi se negaba a utilizar el químico que no cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La aplicación de un químico que tendría “carácter nocivo” para la salud es un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal. Converti está imputado y es investigado, aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsele. También está imputado por “mala praxis judicial” el juez que autorizó el tratamiento.

Durante el allanamiento en el consultorio ubicado en la calle Ayacucho, que se inició poco después de las 21 y culminó a las 23, la Policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias.



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Dióxido de cloro: Repudio científico y denuncia por mala praxis | La Asociación de Neurocirugía desconoce al médico que recetó dióxido de cloro  



“Este hecho es un claro ejemplo de mala praxis judicial y médica con una afectación simbólica grave porque puede confundir a la gente. No se puede discutir más si dióxido sí o dióxido no: es dióxido no“, sentenció en diálogo con Página/12 Ignacio Maglio, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud de la Nación. Este martes, el abogado de la familia de Oscar García Rúa, el hombre de 92 años fallecido luego de que un médico externo al Sanatorio Otamendi le suministrara dióxido de cloro por orden judicial, adelantó que iniciarán acciones legales contra el centro de salud por negarse a utilizar el compuesto químico no autorizado por la Anmat. En tanto, 45 sociedades médicas y científicas firmaron un documento en el que observaron con “suma preocupación la injerencia del poder judicial en un tema médico – científico con implicancia en la salud pública”.

“La Justicia no debe obligar a los médicos a indicar una medicación que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacionales e internacionales, ni respaldada por las sociedades científicas”, señalaron en el documento las 45 entidades que componen el Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades. Entre los organismos firmantes aparecen la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiologia (SAVE), la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y la Fundación Huesped.

En el documento se alertó que “la autonomía del equipo de salud” no puede ser “reemplazada por decisiones judiciales carentes de fundamento científico“, y se recordó que “tanto el Ministerio de Salud de la Nación, como otras instituciones vinculadas a la salud se habían manifestado contraindicando” la aplicación del dióxido de cloro en pacientes diagnosticados con covid-19, “no solo por su ineficiencia sino fundamentalmente por su falta de seguridad“.

“El juez debería haber pedido un informe a los organismos previstos, como el Cuerpo Médico Forense o incluso a la SADI, por ejemplo. Pero ni siquiera hacía falta eso, con buscar en internet se hubiera advertido que está desaconsejado por Anmat desde agosto de 2020 y desde hace tiempo atrás por la OMS y la OPS, que indican que no solo no es un medicamento, sino que provoca eventos adversos leves, moderados y hasta graves“, dijo en este sentido Maglio, que además de presidir el Comité de Bioética de la Fundación es abogado del Hospital Muñiz y forma parte del Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19, conformado en junio de 2020 con el objetivo de asesorar a la cartera sanitaria nacional sobre las implicancias éticas de la pandemia.

Mientras aún se espera que la Justicia determine si la aplicación del dióxido influyó en la muerte del paciente, este martes, Martín Sarubbi, abogado de la familia de García Rúa, indicó que el compuesto químico finalmente no fue suministrado por los profesionales del Otamendi sino que, un día antes del fallecimiento, fue aplicado por el médico Dante Converti, el mismo que lo había recetado en la instancia que terminó con el fallo del juez federal Javier Pico Terrero instando al Otamendi a aplicar el dióxido.

Médico externo al centro de salud, Converti se presenta en su página web como impulsor de “tratamientos únicos por la combinación de distintas terapias según las necesidades del paciente y las características de su patología”. Además, aunque ante la Justicia el médico se presentó como neurocirujano, sus estudios en ese campo datan de la década del ’80 y la Asociación Argentina de Neurocirugía emitió un comunicado en el que no solo informó que Convertir no es miembro de esa entidad sino que, en cualquier caso, el tratamiento médico de un cuadro de covid-19 grave, “no se encuentra dentro de las competencias y entrenamiento de los especialistas en neurocirugía“. Este martes, el consultorio de Converti en la Ciudad de Buenos Aires fue allanado en el marco de las investigaciones judiciales.

Así y todo, Sarubbi adelantó que denunciarán al Otamendi por “homicidio culposo y su responsabilidad en la medida que habiendo una manda judicial se negaron a realizar el tratamiento. Entendemos que eso configura una desobediencia”, aseveró en diálogo con Delta FM. Por su parte, Maglio calificó a esta posible denuncia como “otro delirio jurídico“, y sostuvo que, de presentarse, “la Justicia debería rechazarla de inmediato”.

Uno de los argumentos esgrimidos tanto por la familia del hombre fallecido como por su abogado es que la aplicación de dióxido de cloro a García Rúa fue una más de las muchas “alternativas” que utilizaron para intentar salvarle la vida. “Uno lo lamenta y se compadece con la familia, si te dicen ‘tu familiar se está muriendo y podemos darle esto para mejorar’ te vas a agarrar de eso, pero no se trata de juzgar a la familia, hay que evaluar las responsabilidades del juez y del médico que recetó“, advirtió el especialista en bioética.

En este sentido, en su documento el Foro remarcó que, a pesar de los pedidos de la familia, deben primar los principios de “beneficencia” y “fundamentalmente el de no maleficencia — ‘primero no dañar‘ — un eje rector ante todo acto médico”: “Es un principio que tiene 2500 años, lo planteó Hipócrates y es el fundamento moral de la bioética: evitar el mal“, explicó Maglio.

Informe: Santiago Brunetto.



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Dióxido de cloro: la familia del paciente denunciará al Otamendi por negarse a suministrar la sustancia cáustica | El caso del hombre que murió por coronavirus



Horas más tarde de que le suministraran dióxido de cloro, como había indicado el fallo judicial, el paciente internado en grave estado con covid-19 en el Sanatorio Otamendi falleció. El abogado de la familia confirmó que la sustancia tuvo que ser suministrada por un neurocirujano externo a la clínica ya que la institución se negó a hacerlo. Ahora la familia de Oscar Jorge García Rúa denunciará al Otamendi por desacatar la orden judicial.

“Vamos a denunciar la responsabilidad por homicidio culposo y la responsabilidad del Otamendi en la medida que habiendo una manda judicial se negaron a realizar el tratamiento. Entendemos que eso configura una desobediencia”, confirmó el abogado Martín Sarubbi, en diálogo con Delta FM.

Según contó el letrado, tras la medida cautelar aprobada el jueves por el juez federal Javier Pico Terrero, los médicos del sanatorio se habrían negado a tratar al paciente con la sustancia que no cuenta con autorización del Ministerio de Salud ni de la Anmat para uso médico y está desaconsejada por las sociedades científicas.

Por este motivo, el letrado explicó que el dióxido de cloro fue suministrado por el neurocirujano personal del paciente, externo al Otamendi. Fue ese mismo médico quién indicó el tratamiento.

“La práctica la tuvo que realizar el doctor (Dante) Converti porque a pesar de que existía una manda judicial que autorizaba el tratamiento el sanatorio siguió desoyendo y tuvimos que ampliar el recurso de amparo para que pudiera realizar la práctica médica el doctor Converti, que es externo al Otamendi”, indicó Sarubbi.

El fallo causó conmoción en la comunidad científica y médica, ya que podría implicar un precedente “preocupante” en donde un juez autoriza una práctica médica a partir de una sustancia que no cuenta autorización por el Ministerio de Salud. 



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Según el abogado de la familia, el paciente al que trataron con dióxido de cloro no murió por Covid-19

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“Aberración jurídica”: preocupación médica por el fallo que obligó a un sanatorio a usar dióxido de cloro

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