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El órgano electoral de Ecuador suspende spots en los que aparece Rafael Correa | El candidato presidencial Andrés Arauz habló de un caso de “abierta censura”



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador exigió la “suspensión inmediata” de todos los spots electorales en los que aparece el expresidente Rafael Correa, quien ya había quedado afuera de los comicios del 7 de febrero debido a una sentencia en su contra por cohecho. La decisión se basa en un informe técnico en el que autoridades electorales de la provincia de Pichincha expresaron que las piezas de difusión de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) incumplían una disposición constitucional que “prohíbe participar en política a los ciudadanos que tienen una sentencia ejecutoriada”. El candidato presidencial de ese espacio, Andrés Arauz, habló de un caso de “abierta censura” y detalló que la decisión es “inconstitucional, ilegal y violatoria del reglamento de promoción electoral”.

En conferencia de prensa desde Quito, Arauz alertó “a nivel planetario sobre una nueva violación a los derechos de participación política y libertad de expresión de las fuerzas que componen la UNES”. Tras una serie de críticas por la emisión de un spot electoral en el que el expresidente Rafael Correa aparece llamando a la población a votar por la lista que encabezan el economista Andrés Arauz y el periodista Carlos Rabascall, la Dirección Provincial Electoral de Pichincha, entidad que autorizó la difusión del anuncio, resolvió dar marcha atrás. 

El cuestionado informe cita el artículo 64 de la Constitución ecuatoriana, que establece la suspensión de los derechos políticos a aquellas personas que hayan sido condenadas por la justicia. También apunta al artículo 61 de la Carta Magna, que indica que aquellos que hayan sido sancionados por el poder judicial no podrán participar en asuntos de interés públicos, conformar partidos o movimientos políticos, así como afiliarse o participar en decisiones que estos adopten.

Sin embargo, Arauz explicó este miércoles que en el reglamento de promoción electoral expedido por el CNE “solo hay prohibición de utilizar imágenes de niños, niñas y adolescentes, pero ninguna prohibición de mostrar la imagen de un líder político”. Y aseguró que en términos de los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la decisión es “claramente una violación”. Por ese motivo, explicó a nombre del partido que se presentarán “las acciones correspondientes en términos jurídicos tanto a nivel de la persona Rafael Correa a través de instancias internacionales, como a nivel interno ante el pleno del CNE”. 

Las elecciones presidenciales que se realizarán el 7 de febrero en Ecuador, en las que se elegirá al reemplazante del actual presidente Lenín Moreno, estuvieron marcadas por una campaña previa de inscripción de candidaturas plagada de polémicas, particularmente con la alianza UNES. Después de varias complicaciones, el espacio pudo finalmente lanzar la fórmula presidencial junto a Rafael Correa que luego el CNE también rechazó. “Ahora hemos visto un nuevo atentado contra nuestros derechos de participación y aspiramos a que el CNE tome conciencia de una medida absurda que afecta la democracia”, afirmó la esperanza del progresismo en Ecuador. 





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Preocupación por las elecciones generales en Ecuador

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Arauz arrancó la campaña en Ecuador: promete 1000 dólares para un millón de familias

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Democracias en crisis: de Estados Unidos a Venezuela, Perú, Chile y Ecuador

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“Por elecciones transparentes y democráticas en Bolivia”

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Un nuevo respaldo a la Argentina con el objetivo puesto en la integración regional

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Rafael Correa recordó los 10 años de un intento de golpe en Ecuador

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El gobierno ecuatoriano busca asfixiar al correísmo

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La Justicia de Ecuador ordenó la captura del expresidente Rafael Correa | El Tribunal pidió que se ejecute la sentencia de una causa por sobornos



La Justicia de Ecuador ordenó la localización y captura del expresidente Rafael Correa. Hace dos semanas un Tribunal de Casación había ratificado la condena en segunda instancia contra el exmandatario y otros funcionarios de su gobierno. Ahora el Tribunal Penal pidió que se cursen los oficios a las autoridades policiales para avanzar en las detenciones correspondientes. Además los jueces pidieron que tanto al expresidente como a su vice Jorge Glas se les quite las pensiones vitalicias que les correspondían como exmiembros del Ejecutivo. El expresidente criticó la decisión de la Justicia. “El #CasoSobornos es una gran charada. Imposible en un Estado de Derecho. NUNCA han existido ´sobornos´,” twiteó.

Fausto Jarrin, abogado de Correa, denunció que esa medida no estaba en la sentencia original. “Cuando ya se sabía que los iban a condenar prepararon esta norma para seguir humillándolos y ahora la agregaron a la sentencia”, sostuvo el abogado. 

“Ruptura del Estado de derecho”

El Tribunal pidió llevar a cabo las detenciones dos semanas después de que la última instancia judicial ratificarse las sentencias del caso “Sobornos 2012-2016”. “Se dispone que por Secretaría -en el transcurso de este día- se cursen los oficios correspondientes, tanto al Comandante General de Policía, como al Jefe de la Policía Judicial, para su inmediata localización y captura”, pidieron los jueces. Correa y Glas habían sido sentenciados a ocho años de cárcel por “cohecho agravado”. La Justicia estableció que ambos recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas, entre ellas Odebrecht. Junto a ellos también deberán cumplir sentencia exfuncionarios del correísmo que estuvo en poder entre 2007 y 2017. El primero en ser detenido durante la jornada del jueves fue Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia. Mera había sido declarado coautor del delito de cohecho.

 

La orden emitida por el Tribunal detalló que sigue vigente la pérdida de los derechos de participación política de todos los condenados por un tiempo igual al de su sentencia. Es decir que Correa no podrá ocupar cargos públicos por ocho años. El abogado del exmandatario dijo que con seguridad el gobierno ecuatoriano pedirá la colaboración de Interpol para detenerlo, ya que el expresidente vive desde 2017 en Bélgica. “Esperamos que eso suceda. Pero entiendo que Interpol va a negar su colaboración por que a ojos de todos está clara la perversidad de todo este proceso”, sostuvo el letrado. Además mencionó que ya en otras ocasiones el organismo internacional se había negado a colaborar con el país. “Interpol ha negado alertas rojas del Ecuador absolutamente en todos los casos de políticos ligados al correísmo. Y en algunas de ellas planteó que se violentaron derechos humanos durante los procesos judiciales. Seguramente se va a replicar esa decisión en un caso tan manoseado como es ´Sobornos´”, sostuvo Jarrín.

A su vez el tribunal agregó a la sentencia original que tanto Correa como Glas deben dejar de percibir sus pensiones vitalicias. Esta disposición tiene su origen en la aprobación de la Ley Humanitaria por parte de la Asamblea ecuatoriana en junio pasado. Los legisladores habían dispuesto que se quitara las pensiones a exmandatarios que hubieran sido sentenciados por cohecho, entre otras figuras legales. Para Jarrin se trató de una normativa hecha a medida de los exmandatarios del correísmo. “Esta ley fue posterior a la sentencia de primera instancia del caso Sobornos, en abril de este año. Están aplicando retroactivamente una norma que no había formado parte ni de la sentencia de apelación, ni de la sentencia de casación. Es muy grave y expresa una ruptura absoluta del Estado de derecho”, sostuvo el abogado.

Medias reparatorias

La resolución del Tribunal también pidió que se lleven a cabo las “medidas reparatorias” que formaban parte de la sentencia original. Los condenados deberán realizar una disculpa pública en la Plaza de la Independencia en Quito. Además deberá colocarse una placa en el Palacio Carondelet, la casa de Gobierno ecuatoriana, con la siguiente inscripción: “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética”. El texto deberá ser escrito en español y quichua. Todavía resta que se fije el día y la hora para llevar a cabo las medidas.

Ante esta decisiones el jueves a la tarde organizaciones sociales ligadas al correísmo llamaron a una marcha en “Defensa de la Democracia”. Jarrin explicó que pese a la pandemia decidieron dar lugar a la convocatoria para prevenir posibles incidentes. “En las manifestaciones del año pasado ya hemos visto de lo que es capaz el gobierno de Lenín Moreno. Por eso decidimos intervenir y darle orden a esta marcha para que sea un evento pacífico y sin violencia”, sostuvo el abogado.

Informe: Juan Manuel Boccacci





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Avanza la proscripción en Ecuador

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