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Dólares para pagar deudas privadas: las grandes empresas, en contra y las pymes a favor

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El pliego de condiciones del poder económico | La conducción política de AEA continúa asediando al gobierno de Alberto Fernández. El encuentro con pymes fue aire fresco



Cuatro eventos de los últimos días permiten observar con más nitidez cómo intervienen actores económicos relevantes en la disputa sobre el rumbo del gobierno de Alberto Fernández.

1. Los titulares de corporaciones reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), conducidos por Techint y Clarín, emitieron un comunicado, luego de la reunión virtual con dirigentes de la CGT, que es un pliego de condiciones ortodoxas de ajuste fiscal, desconociendo el papel central del Estado en la pandemia y minimizándolo para la pospandemia, además de no apoyar la estrategia oficial en la negociación con los acreedores. La declaración fue difundida el martes pasado y fue acompañada por la CGT.

2. Al día siguiente, esa misma conducción de la CGT reparó en parte haber participado de ese grotesco político contra el gobierno y emitió un comunicado afirmando que los acreedores deben comprender que la última oferta presentada por el gobierno es “el máximo esfuerzo que el país está en condiciones de realizar”.

3. El viernes, el presidente Alberto Fernández tuvo un encuentro virtual cálido y de mucha densidad política con la amplia representación de dirigentes pymes y sindicales para anunciar la continuación del apoyo del Estado al tejido productivo y laboral a través del ATP mientras continúe la pandemia. Se amplió así la incompleta e insuficiente foto del 9 de Julio en la Quinta de Olivos.

4. Finalmente, ese mismo día las cámaras del establishment reunidas en el G-6 difundieron un comunicado constipado respaldando la oferta argentina, invitando a que “los acreedores externos cooperen con un esfuerzo final para concretar la reestructuración consensuada”. Es mejor que nada.

Deuda

La reestructuración de la deuda en default de Macri, que está transitando el último tramo de negociación, es la pieza relevante y más notoria de la tensión estructural acerca del proyecto económico en disputa. Queda de manifiesto en las expresiones públicas que ha emitido cada uno de los actores económicos en estos meses. 

Un camino es intentar el complejo que propone el desarrollo nacional con inclusión social. Otro ofrece una economía subordinada y proveedora mundial de materias primas con fragilidad laboral y social.

Como se sabe, el desastre financiero que dejó en tiempo récord de cuatro años el último experimento neoliberal será un fuerte condicionante de la economía durante muchos años, incluso con una renegociación exitosa de la deuda privada, en los tramos internacional y local, y de la acumulada con el FMI.

Pese a ello, y siendo una cuestión no menor para evaluar las restricciones de la economía en el mediano plazo, el acuerdo con los acreedores que impulsa el gobierno de Fernández es la apuesta oportuna para aspirar a reconstruir una economía pospandemia de desarrollo nacional.

A esta altura no es un misterio que no es el proyecto que quiere la conducción política del poder económico, que tiene su base de operaciones en AEA. Esa oposición no es sólo por una cuestión ideológica conservadora y política de rechazo al peronismo-kirchnerismo, también es por la defensa de sus propios intereses inmediatos (los titulares y sus empresas son también acreedores al poseer bonos de deuda) y estructurales, que están referidos a expandir la base material de sus negocios corporativos.

Impunidad

El último comunicado de AEA deja en evidencia que a ese club de dueños de grandes empresas no le interesa la expansión del mercado interno ni la reconstrucción del mercado de deuda en pesos.

Estos dos objetivos próximos son postulados por el equipo económico liderado por Martín Guzmán, que tiene la salida del default de Macri como precondición para desplegarlos en plenitud para financiar la pospandemia y comenzar la reparación del tejido productivo, laboral y social.

El plan que propone la cúpula del poder económico, en cambio, es arreglar rápido la deuda con los acreedores externos, sin importar si se supera el límite superior de sustentabilidad de la deuda. Pretende también pagar pocos impuestos y no tener controles de capitales para dolarizar sus excedentes sin restricciones.

No es necesario ser un experto en el lenguaje de gestos para darse cuenta de ese plan: la amplia red de economistas de la city postulan esa receta y sus medios de comunicación (Clarín, La Nación e Infobae) la amplifican en forma coordinada.

Como cada uno y entre ellos se miran en forma permanente al espejo no registran que para observadores atentos exhiben un nivel de impunidad e impudicia mayúsculo.

Si en el último tramo de una compleja negociación con los más poderosos fondos de inversión del mundo, liderados por BlackRock, cuyo dueño Larry Fink tiene estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos (es agente financiero de la Reserva Federal), se vocifera que el ministro Guzmán que lidera las conversaciones “miente”, como afirmó el economista Carlos Melconian en estos días, no se requiere mucho esfuerzo para darse cuenta del lado del mostrador en que se ubican.

Mesa

No mencionan -ni agradecen por lo tanto- al Estado como actor relevante en el diseño de un dispositivo de emergencia con recursos públicos para proteger empresas y trabajadores en la pandemia.

No hacen referencia a la necesidad de fortalecer el mercado interno.

No consideran que el Estado vaya a tener un rol central en la recuperación económica de la pospandemia.

No apoyan al gobierno en la negociación de la deuda en default con los acreedores privados.

Ese comunicado de AEA es revelador de cuál es el plan de la conducción política del poder económico. Para lecturas mezquinas es necesario aclarar que esas compañías deben ser parte de una mesa de diálogo y de elaboración de políticas específicas para rescatar la economía.

La clave se encuentra en quién se sienta en la cabecera de esa mesa; o sea, quién define los tiempos y la orientación de la política económica.

La conducción política del poder económico pretende definir las reglas de juego, como lo ha hecho en otras oportunidades, la más reciente en la gestión macrista. La prueba de ello es la Ceocracia de la administración del Estado en esos años.

El gobierno de Alberto Fernández está convencido de que al frente de esa mesa debe estar el Estado para impulsar el desarrollo nacional, lo que no significa desplazar al sector privado como confunde el discurso vulgar de defensa de escándalos empresarios, como Vicentin y Edesur, sino potenciarlo con políticas públicas para alcanzar ese objetivo.

Mercado interno

La estrategia oficial de la pospandemia no excluye sino que incorpora en sentido amplio a cada uno de los actores económicos del entramado productivo, laboral y social, estableciendo prioridades.

Plantea que la economía necesita poner a trabajar los recursos ociosos y recuperar el mercado interno en forma inmediata (2021), al tiempo de generar las condiciones para aumentar las exportaciones posteriormente (2022-2023, cuando el comercio internacional también mejoraría).

De ese modo aspira a no toparse con la restricción externa, o sea la escasez relativa de divisas, origen de todas las últimas grandes crisis económicas locales.

Esa secuencia requiere como precondición el acuerdo de la deuda en default (alivio en los pagos próximos) para que haya margen fiscal para utilizar recursos públicos en esa política expansiva. Una mala resolución con los acreedores, que implica pagar lo que ellos quieren, no lo ofrecería.

Si se entiende ese recorrido queda al descubierto por qué la conducción política del poder económico combate el proyecto oficial, puesto que ella postula una secuencia inversa.

Propone un arreglo rápido con los acreedores, para poder así conseguir endeudamiento en dólares para sus compañías, privilegiar la salida exportadora con un tipo de cambio todavía más elevado, y postergar la mejora del mercado interno.

Confusiones

AEA dejó escrito lo que pretende en ese comunicado que incluyó a la CGT como representantes de los trabajadores. Es notable como esos dueños de grandes empresas ignoran la existencia de la parte de la economía que está en la informalidad. Postulan la necesidad de implementar “políticas específicas” y que ellas son “aún más urgentes en vista a la crítica situación económica y al esfuerzo enorme que implicará mantener en actividad al dispositivo productivo y al empleo formal en el país”.

La pandemia dejó al descubierto la existencia de amplios sectores desamparados y en situación económica muy frágil, y ellos sólo hacen referencia al “empleo formal”.

Es tan fuerte el antikirchnerismo de sus integrantes que los lleva a confundir el recorrido histórico de la economía local. Dicen que “Argentina viene de muchas décadas de un mal rendimiento económico”. Podrían afirmar que no están de acuerdo cómo se creció en ese ciclo, pero las estadísticas públicas y privadas muestran que en esos años, con no tan buenos resultados en el último mandato de CFK, hubo un importante aumento del PIB. También lo hubo en el ciclo 1991-1998.

La clave es entender las razones de la posterior caída, no desconocer los períodos de auge. Lo que sucede es que avanzar en esa comprensión puede ubicarlos en el lugar de ser unos de los principales responsables de esas debacles.

El pliego de condiciones de AEA es el siguiente:

1. “El papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el proceso de desarrollo y especialmente para la salida de esta crisis.

2. Políticas específicas para promover el empleo registrado.

3. Políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios.

4. La inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Específicamente, se aspira a un resultado positivo en las decisiones con los acreedores externos.

5. La necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales.

6. Educación Técnica y Formación Técnico-Profesional”.

Aire fresco

El último punto, así presentado, no ofrece mucha precisión de qué se trata. Reitera además el papel clave de las empresas privadas, como si el gobierno de Fernández no lo considerara ni tampoco un proyecto de desarrollo nacional.

Se trata de una consigna que la conducción política del poder económica está instalando en el debate público sólo con el objetivo de erosionar a la coalición gobernante.

Esa campaña no se sustenta en un análisis ni descripción rigurosa de lo que está pasando. Más aún cuando AEA fue uno de los principales soportes financieros y políticos de la administración macrista, que no se inhibió de atropellar al mundo empresario.

El macrismo, además de promover la destrucción de miles de compañías, en especial pequeñas y medianas, con su política económica, persiguió empresarios, los metió presos, incentivó el procesamiento de decenas de ellos con fotocopias de cuadernos, intentó que amigos de Macri y de funcionarios se quedaran con compañías, despreció a industriales, utilizó a miembros del Poder Judicial para apretarlos, los espió en forma ilegal y les hizo perder plata como nunca.

En esos años no había preocupación por la propiedad privada por parte del establishment y sus voceros, lo que deja al descubierto que esa consigna ahora es un instrumento para horadar la gestión Fernández.

El encuentro con las pymes, en el cual hubo intercambios fructíferos para construir un proyecto de desarrollo nacional, fue aire fresco ante el agobio permanente que la conducción política del poder económico somete a la mayoría de la sociedad.

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Las pymes se suman al debate | Panorama Económico



Fue una especie de reencuentro aunque, en realidad, nunca se habían encontrado antes. Fue como hacer visible a quienes siempre estuvieron presentes, inclusive en políticas específicas para el sector. Habrá lecturas contradictorias, innegablemente, pero la sensación coincidente que transmitían varios dirigentes pymes este viernes tras la videoconferencia con el presidente de la Nación era de satisfacción y “alivio”. Alberto Fernández le habló a ellos, los trató como aliados necesarios, les dio la oportunidad de que se expresaran, por primera vez mano a mano desde que está al mando del Ejecutivo. Algunos, inclusive, ya se animan a más. “La semana que viene le vamos a presentar al Presidente un plan proactivo, que indique lo que hay que hacer para lograr una rápida recuperación de la producción y el empleo, con salarios fuertes que garanticen un consumo interno robusto, porque en la medida de que dependamos de los proyectos de las corporaciones y de sus propuestas de tipo de cambio competitivo para exportar, vamos a tener salarios deprimidos y un mercado interno que va a ir a la cola del modelo de desarrollo”. 

Hay un concepto que identifica a las cámaras y dirigentes empresarios que participaron del encuentro virtual con el presidente de la Nación desde Olivos y, a la vez, los diferencia de otras organizaciones patronales: la alianza entre la producción y el trabajo como pilar básico. Cuando Hugo Yasky, secretario general de la CTA, hizo suyo el concepto en su intervención, y además propuso “una multisectorial del movimiento obrero y las pymes” como base de esa alianza estratégica, varios dirigentes empresarios sintieron que allí estaba expresada una buena parte del mensaje que querían hacerle llegar a Alberto Fernández. 

La Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUPyme), la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), la Confederación General Empresaria (Cgera), que tuvieron activa participación en el encuentro, comparten ese criterio y trabajan para consolidar posiciones comunes con la CGT y la CTA. Vivieron el evento como una “respuesta necesaria” a la celebración del 9 de julio en Olivos de la que quedaron afuera. 

Aquella jornada, la del Día de la Independencia, les había dejado el gusto amargo de un gobierno apoyado en las corporaciones que han sido las grandes socias de los procesos de concentración económica y el desmantelamiento del Estado en este país. Los que más ganan cuando al país le va bien y ganan menos, pero ganan, cuando al país le va mal. La conducción política del poder económico, como la definió Alfredo Zaiat en su análisis del domingo 12 de julio en Página 12

“Cada vez más alejados del destino del mercado interno, operan en áreas monopólicas o con posiciones dominantes. Están subordinados a la valorización financiera de sus excedentes, los cuales, en gran parte, son dolarizados y fugados”, los caracterizaba Zaiat en aquella nota. 

El numeroso sector pyme expresa una realidad muy diferente. Primero, porque son los que más sufrieron las consecuencias de la paralización económica por la pandemia. Además, son la franja empresaria que peor la pasó con la política económica de Cambiemos. Argentina vive una doble crisis económica, y en ambas tiene a las pymes como víctima central. Al igual que la clase trabajadora, a la que la une no sólo el sufrimiento, sino también la aspiración a un proyecto de modelo de desarrollo nacional que haga eje en la inclusión social y la ampliación del mercado interno, de la  mano del empleo y la mejora de los ingresos salariales. 

La sensación de distanciamiento político con el gobierno nacional entre el sector pyme y el gobierno tuvo más que ver con la falta de convocatoria al debate que por falta de políticas concretas. Muchas de ellas, como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), cuya vigencia se extiende a diciembre, los tuvo como principal destinatario. Igual que la ampliación de la moratoria impositiva que se envió al Congreso.

Con la primera moratoria de principios de este año, la deuda total exigible a las pymes era de 109 mil millones de pesos (con fecha de corte al 30 de noviembre de 2019). El mismo sector exhibía al 30 de junio último deudas fiscales exigibles por 176 mil millones de pesos. Un aumento del 61,5 por ciento, que no sólo tiene que ver con los imnpuestos y contribuciones que se dejaron de pagar durante la pandemia, sino también porque se dejó de cumplir con las cuotas de los planes de pago iniciados anteriormente y que, en  consecuencia, se cayeron.  

El sector pyme recibió favorablemente los anuncios de este viernes, que extienden la asistencia para el pago de los sueldos hasta diciembre. Pero esperan una próxima reunión con Alberto Fernández “para acercarle propuestas y medidas a corto plazo que nos ayuden a salir de la crisis lo más rápido posible”, señaló Marcelo Fernández, de Cgera. 

“La Argentina que se viene nos necesita a todos, y las pequeñas y medianas empresas son los principales aliados”, había dicho Alberto Fernández en su intervención. Pero este sector aliado está pidiendo ser parte del Consejo Económico y Social, a la par de entidades como la UIA, Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio o la Cámara de la Construcción. Quiere impulsar su propio proyecto de recuperación económica y confrontarlo con propuestas provenientes del sector del capital más concentrado.

“Tenemos diferencias con los proyectos que aspiran a exportar u$s 100 mil millones, con una producción de 150 millones de toneladas de granos, que buscan que le garanticen un tipo de cambio coimpetitivo y se vuelque el esfuerzo fiscal a la producción primaria eliminando retenciones y otros impuestos”, señaló el dirigente textil Raúl Hutin al término de la videoconferencia, en referencia al documento presentado en la semana por Coninagro con apoyo de la UIA. 

“Nosotros partimos de fortalecer el mercado interno primero, no en proyectos de tipo de cambio competitivo, que es lo mismo que decir salarios bajos. Nosotros, al contrario, queremos que se mejore la capacidad de consumo, al tiempo que se mejore la capacidad de producción con la ayuda de créditos accesibles, tarifas de energía accesiibles y un Estado fuerte que sea un árbitro capaz de impedir los abusos”, agregó el dirigente de la Mesa de Unidad Pyme.

La teleconferencia de este viernes fortaleció la voluntad de la dirigencia pyme por discutir sobre el proyecto de desarrollo. Sus dirigentes no creen que la producción, el empleo y los salarios se recuperen ordenadamente por sí solos tras la pandemia, sin una participación activa del Estado. “Va a tener que ser un Estado de posguerra, más que de una pospandemia”, advierten. 

Creen en una política de reactivación e inclusión orientada e impulsada por el Estado, volcando los recursos “que sean necesarios” para superar las consecuencias sociales de una crisis cuya dimensión y velocidad son inéditas. ¿Más emisión? Sí, que no se traducirá en inflación si hay una mano firme del Estado que castigue los abusos.

Estos y otros conceptos se sostendrán en documentos que conocerán la luz pública en los próximos días, esperando contraponerse con las propuestas de las cámaras de “la conducción política del poder económico”. 

Tarifas de servicios públicos, negociaciones de la deuda “sin concesiones que inhiban la actividad económica”, regulaciones bancarias para orientar el crédito, son otros temas del menú sobre los que reclaman abrir discusiones. Quieren, además, que participen cooperativas y mutuales, universidades, el sector científico- tecnológico y organizaciones y movimientos sociales , todos los que “conocen las realidades por la que atraviesan las mayorías populares y sus necesidades”.



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ATP: hasta cuando pueden anotarse las empresas para recibir la asistencia

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La AFIP extendió la fecha para adherir a la moratoria

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Pospandemia: unidad de pymes, gremios y movimientos sociales

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Pymes y gremios industriales lanzaron mesa de unidad con la mira en la post pandemia

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El Banco Provincia entregó 30.000 millones de pesos a tasa del 24 por ciento anual

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El Banco Central amplió el financiamiento pyme y creó línea de inversión

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El BID aprobó un crédito de U$S 500 millones para asistir a las pymes

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