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Un encuentro para robarle tiempo al encierro

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Por una mejor reinserción, presos y liberados se suman a la UTEP

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El Gobierno bonaerense derriba la operación mediática sobre la “masiva liberación de presos”

Cárceles: Gobierno bonaerense derriba la operación mediática

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MITOS y VERDADES de la CAMPAÑA de los medios sobre los PRESOS

La preocupación por el avance del coronavirus en las cárceles provocó una reacción judicial, que se inició hace más de dos semanas, por la que los máximos tribunales penales del país definieron una serie de recomendaciones para descongestionar las unidades penitenciarias, que arrastran serios problemas estructurales como el hacinamiento y la superpoblación. Hicieron hincapié en detenidos que integren los grupos de riesgo y hayan cometido delitos menores. Fueron muy restrictivos con respecto a los que están acusados de delitos graves. Para sustentar sus decisiones se basaron en lo que mandataron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ante la emergencia que desató el COVID-19.

El problema es humanitario y sanitario. En la Argentina hay alrededor 9.600 camas de terapia intensiva, distribuidas en todo el país, de las cuales la mitad están ocupadas. El resto está libre para ser utilizadas por pacientes infectados con COVID-19. Solo en la provincia de Buenos Aires hay más de 45 mil detenidos en unidades penales, lo que implica más del 100% de sobrepoblación carcelaria. Si el coronavirus ingresase en los penales de la Provincia, dadas las condiciones de hacinamiento y falta de higiene, se expandiría con facilidad. La desproporción en las cifras refleja el grave problema que implicaría para el sistema de salud un contagio masivo de internos en las penitenciarías. 

En este contexto, las máximas instancias penales de la Justicia, como la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal (con jurisdicción en la Capital Federal) y la Cámara de Casación Penal bonaerense, por citar algunos tribunales, decidieron dictar una serie de lineamientos generales en pos de “despoblar” las cárceles bajo sus respectivas órbitas. Las dos primeras elaboraron una serie de recomendaciones para las instancias inferiores mientras que el tribunal bonaerense ordenó, al resolver un habeas corpus colectivo, que directamente se otorgue la prisión domiciliaria de un grupo vulnerable al virus, que alcanzaba a unas 700 personas.  

Las Cámara Federal de Casación Penal

La Cámara Federal de Casación Penal, que aborda delitos federales, dictó el 13 de abril la acordada 9/20 en la que fomenta el “despoblamiento” de las cárceles federales. Sugirió, por ejemplo, medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria “con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder” para casos puntuales. 

En la acordada, se explicitó que la decisión debe alcanzar a:

* Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos.

* Condenados por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta.

*Condenados a penas de hasta 3 años de prisión.

* Personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos.

* Mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas (algo que ya venía sucediendo).

* Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades, inmunodeprimidas o con condiciones crónicas, como pueden ser enfermedades coronarias, diabetes o HIV. “Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados”, indicaron los camaristas.

Una vez superada la emergencia sanitaria, sostuvieron los jueces, “los casos deberán ser sometidos a un nuevo reexamen”. También resaltaron que “cada caso concreto deberá ser resuelto jurisdiccionalmente”.

¿Qué pasará con quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, por ejemplo? Los magistrados dispusieron que se merite “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”. 

Desde la acordada a la fecha, la Casación rechazó alrededor del 80% de los planteos que le llegaron, lo que provocó tensión interna. Hasta el momento, en este tribunal se resolvieron arrestos domiciliarios para embarazadas, madres con hijos detenidos y una mujer trans, todos considerados grupo de riesgo, por las diferentes patologías que padecen.

También le otorgaron la domiciliaria a un represor que estaba condenado a 22 años de prisión, Lucio Nast, lo que provocó el repudio de distintos organismos de DDHH, como HIJOS y APDH, y la asociación Justicia Legítima, porque se consideró que el represor no reunía las condiciones para ser grupo de riesgo y ser “excarcelado” con rapidez.

Según la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, en el sistema federal se otorgaron hasta el momento 320 domiciliarias. De acuerdo a un informe del Servicio Penitenciario Federal, la población de riesgo respecto al COVID-19 en las cárceles federales es de 1280 detenidos.

Casación Nacional

Mediante la acordada 5/2020, del 23 de abril, la Cámara Nacional de Casación Penal recomendó se “extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de  la sobrepoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente, en la medida que el caso así lo permita, la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo”.

Este tribunal es la última instancia penal que analiza los casos de delitos comunes que se cometen en la Capital Federal, como robos, hurtos agravados, violaciones, homicidios. Solo este miércoles otorgó 25 domiciliarias. 

Según fuentes del tribunal, el registro desde que se inició este proceso cuenta: 62 libertades o arrestos domiciliarios otorgados; 16 rechazos de fallos de instancias anteriores que negaban la domiciliaria, que fueron anulados y reenviados para revisar; 74 planteos de domiciliaria o excarcelación rechazados, considerados inadmisibles o abstractos.  “En la cámara ingresan 18 recursos de Casación por día y ahora tenemos el doble”, precisaron respecto al aumento de este tipo de presentaciones. 

Este miércoles hubo una reunión de jueces de cámara con los de ejecución penal para unificar criterios.

Casación bonaerense

El Tribunal de Casación bonaerense también se manifestó en un sentido similar, pero dio un paso más allá y directamente ordenó que se otorguen las domiciliarias, acto que deben ejecutar los jueces de primera instancia. El juez de la Casación que resolvió de esta forma en una acción de habeas corpus colectivo fue Víctor Violini. Quedó en el centro de las críticas por parte de los medios hegemónicos. 

“El Habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan pasen por Casación y se le entregará copia de la Resolución”, tuiteó para responder a las acusaciones.

En efecto, la resolución que suscribió establece que durante la cuarentena se otorgue el “arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias”.

¿Qué ordenó para casos graves? Para las personas en “situación de riesgo” pidió que se evalúe “la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario (en cuyo caso, y cuando corresponda, deberá  resguardarse la integridad psicofísica de la víctima)” o asegurar “el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado”.

A nivel bonaerense, encendió las alarmas la domiciliaria a una persona acusada de violación, que además vive cerca de la casa de la víctima. Este caso, en el que también participó Violini, no estuvo dentro del habeas corpus que incluía 700 casos. Fue previo y es el que derivó en distintos cuestionamientos porque se consideró al acusado grupo de riesgo, dado las patologías que tiene.

Ante este escenario, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación, Elizabeth Gómez Alcorta manifestó su rechazo a las liberaciones de presos acusados o condenados por delitos sexuales y violencia de género. También resaltó que hubo un trabajo especial para que esas personas no se “excarcelen” y que para eso se articuló, por ejemplo, con el ministerio de Justicia bonaerense, “que hizo dos presentaciones. Una al Procurador General de la Provincia, que es el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, y otra en un Habeas Corpus en donde estaban viendo la situación de qué hacían con las personas presas que estaban en situación de riesgo de salud”.  Se trata del habeas corpus que resolvió Violini. “En ambas presentaciones dejaron a salvo, que para nosotras fue una tranquilidad y conocemos el compromiso que tienen, que por favor no liberaran a agresores sexuales y a personas vinculadas con delitos sexuales”, añadió en declaraciones radiales.

Sobre esta base, se montó una “campaña mediática” para acusar al Gobierno de querer liberar a miles de presos. Lo cierto es que se trata de abordar una problemática sumamente delicada, que cruza la emergencia penitenciaria con la sanitaria e incumbe, en última instancia, al Poder Judicial. 
 

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Liberación de presos: la ministra de Justicia Marcela Losardo dijo que no hay ningún plan de indulto

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, dijo que no existe ningún plan oficial de “liberación generalizada de presos” y sostuvo que el gobierno no comparte la decisión de algunos jueces de moderar penas de detenidos por delitos graves aunque reafirmó la posición de la Casa Rosada de preservar la salud de los internos por la pandemia del coronavirus. 

“La posición del gobierno es la que definió el presidente: no existe un plan de liberación generalizada de presos“, dijo Losardo en diálogo con Radio Mitre. La funcionaria reafirmó la responsabilidad del Poder Judicial en todas las decisiones de morigerar penas y subrayó que no es un tema que dependa del Poder Ejecutivo. 

La ministra puntualizó que del total de 12 mil detenidos obtuvieron la prisión domiciliaria 320 reclusos por la pandemia del Covid-19. “Que se entienda el tema: nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales; pero estamos de acuerdo en que hay un grupo de alto riesgo”, sostuvo Losardo. 

“No habrá indultos ni amnistías”, afirmó Losardo en sintonía con la línea que trazó Alberto Fernández en sus redes sociales para terminar con la operación que montaron algunos periodistas y medios de comunicación ligados al macrismo. 

El presidente responsabilizó a algunos medios por la campaña que puso en agenda el supuesto plan sistemático para liberar presos. “Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”, fustigó el mandatario. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof también salió a desmentir la campaña mediática

En esa línea, Losardo dijo que la acordada de la Cámara de Casación y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas alternativas de detención en medio de la pandemia son las herramienta para considerar la moderación de algunas penas. Pero que la determinación, insistió, es exclusiva de la Justicia y no del Poder Ejecutivo. 

 

 

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Liberación de presos: Alberto Fernández recomendó evaluar la medida para los grupos de riesgo por coronavirus

El presidente Alberto Fernández consideró que las cárceles son un lugar donde el contagio de coronavirus puede darse muy rápidamente y sostuvo que las convenciones internacionales recomiendan posibles prisiones domiciliarias

El mandatario señaló que la concentración humana pone en riesgo a la población carcelaria y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países integrantes del Pacto de San José de Costa Rica -entre los que se encuentra Argentina- a prever las condiciones sanitarias ante el avance de la pandemia por el Covid-19. De hecho, Fernández puntualizó que el organismo internacional “recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control”. 

Sin embargo, el gobierno relativizó que esto signifique una liberación sistemática de presos. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó que instruirá a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas. 

Massa señaló que están viendo “que algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable” al conceder el beneficio de prisión domiciliaria argumentando el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles en el marco de la pandemia.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo estar en contra de la liberación de presos: “Si fuese por mí no sale ninguno”. En ese mismo sentido se expresaron asociaciones de familiares de víctimas de delitos, entre ellas Madres del Dolor y Usina de Justicia.

Massa recordó que en enero pasado, el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso el funcionamiento de la Oficina de Victimas que trabaja en el cumplimiento de la ley de Víctimas votada por casi unanimidad y establece que el juez tiene que dar vista e intervención a la víctima. “Estoy sacando una instrucción a la Oficina de Victimas para que, en los casos que los jueces incumplan la ley de víctimas y no den vista a la victima, a su abogado, y procedan a la liberación de los delincuentes, vamos a iniciarle juicio político porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, anticipó. De todos modos, el titular de la Cámara baja afirmó que “algunos están notificando a las partes” y pidió no poner a todos los magistrados “en la misma bolsa”.
 

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Liberación de presos: Sergio Massa aseguró que harán juicio políticos a ciertos jueces

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que hoy que “algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”, haciendo referencia a la “liberación de presos” que se está proponiendo, y adelantó que les iniciarán “juicio político” a los magistrados “que no den vista a la parte víctima del delito”.

“Estamos viendo que algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”, indicó Massa.

En diálogo con Radio La Red, Massa adelantó que van a “iniciarle juicio político a aquellos jueces que no den vista a la parte víctima del delito y procedan para la liberación de los presos”.

“Las sanciones son para ser cumplidas. Es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir. Lo primero que se rompe es el acuerdo de convivencia”, subrayó.

“La mejor forma de saldar esta situación es dar vista a la víctima. En definitiva, lo que termina pasando es que los propios jueces rompen la ley”, consideró.

Además, Massa se refirió a la flexibilización de la cuarentena y sostuvo que en la provincia “hay 48 municipios en donde sí se liberan algunas actividades”.

“Estamos en una situación que exige que sigamos en cuarentena y con extremos cuidados. Estamos frente a un hecho que no nos tocó vivir nunca”, manifestó.

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Insólito: un fiscal convocó a un cacerolazo

El Fiscal en lo Criminal y Correcional Carlos Donoso Castex publicó un mensaje en la red social Facebook para convocar a un cacerolazo el sábado a las 17 en repudio de la liberación de algunos presos por el riesgo de contagio por la pandemia del coronavirus. 

“Como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional me corresponde defender los intereses de la sociedad y si bien lo hago a diario en mi actuación profesional, invito a la ciudadanía a que el día de mañana sábado 25 de abril a las 17 horas hagamos un cacerolazo desde nuestras casas y balcones para que los jueces sepan que la sociedad quiere que piensen en los ciudadanos honestos y los protejan, y no solo se preocupen en liberar a los delincuentes presos”, solicitó. 

Castex hacía referencia al fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que planteó la necesidad de “despoblar la cárcel, liberando a la mayor cantidad de privados de la libertad antes de que “el Covid-19 cause una masacre”, al dictaminar en favor de la detención domiciliaria de una mujer trans. 

“Veo con indignación como un grupo de jueces de la Camara Nacional de Casación Penal recomienda a través de la Acordada 5/2020 que se extremen los recaudos para liberar a los delincuentes que se encuentran presos por decisiones judiciales, y a su vez estos realizan motines pidiendo salir en libertad aprovechando la actual situación de la pandemia. Me preocupan los jueces que solo piensan en los delincuentes y no en las víctimas de esos delitos ni en la sociedad en general”, afirmó el fiscal. 

La sala II expresó este argumento al revocar un fallo de primera instancia en el que una mujer trans de 40 años, portadora de HIV , de nacionalidad peruana y presa en la cárcel de Ezeiza pidiera la detención domiciliaria por su situación de “extrema vulnerabilidad” por pertenecer a ese colectivo y las condiciones de hacinamiento en la que estaba. 

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Repudian a dos camaristas designados por Macri por beneficiar a un represor

“La Pandemia como coartada”. La agrupación Justicia Legítima (JL) emitió un comunicado este miércoles con ese título en el que cuestionó la decisión de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, de beneficiar con la prisión domiciliaria a Lucio Nast, un genocida condenado a 22 años de prisión por su rol durante el terrorismo de Estado. Desde JL sostuvieron que los magistrados se escudaron en el coronavirus para favorecer a un represor, sin fundamentos. El repudio se sumó al de la agrupación HIJOS y al de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH), que alertó por una posible “ola de impunidad” tras este fallo. Es que el caso Nast sentó un peligroso precedente. Sin ir más lejos, los mismos dos camaristas deberán resolver en breve los planteos de genocidas emblemáticos de la ESMA como Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, a quienes Yacobucci ya ordenó liberar, 12 años atrás. La causa sobre los delitos cometidos en el centro clandestino de detención de la Armada ingresó este miércoles a la máxima instancia penal del país.

“Los votos que definieron la situación usaron el coronavirus como argumento para satisfacer el pedido del genocida. En rigor ninguna de las patologías alegadas son casos de comorbilidad, por lo que el riesgo ponderado no es mayor a cualquier ciudadano en libertad”, reprocharon desde Justicia Legítima, este miércoles. “Los argumentos de humanización no son más que ropajes jurídicos que, en rigor son simplemente  una  atenuación de la pena, lo que configura  un modo encubierto de consagrar impunidad y que en delitos de lesa humanidad resulta moralmente inadmisible”, remarcaron en un documento que se hizo público.

El 17 de abril, por dos votos contra uno, Mahiques y Yacobucci ordenaron la prisión domiciliaria de Lucio Nast, un policía condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario durante la última dictadura cívico-militar. Se trató de la primera liberación de un represor tras la acordada 9/2020 por el que la Casación recomendó liberar presos acusados de delitos no violentos. El voto en contra fue de Alejandro Slokar, quien integra Justicia Legítima.

Esta decisión ya había provocado el rechazo de organismos de DD.HH. como la APDH, que definió a la resolución como “escandalosa” y “peligrosa”. Para el organismo de DD.HH. se trató de “un primer paso en una seguidilla de domiciliarias que beneficien a los condenados por delitos de lesa humanidad”. Alertan que esto se puede transformar “en una verdadera ola de impunidad”.

Quiénes son Mahiques y Yacobucci

Los firmantes de este fallo fueron dos jueces que ingresaron a la Cámara Federal de Casación Penal por decisión del entonces presidente Mauricio Macri.

Carlos Mahiques era juez de la Casación ordinaria y en mayo de 2017 pasó a la Casación federal a dedo, es decir, sin concurso ni aprobación del Senado, por decisión del entonces primer mandatario. Previo aterrizaje en la máxima instancia penal del país había ejercido como ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. 

Guillermo Yacobucci, como recordó Mario Wainfeld en Página 12 más de una década atrás, escribió en la revista Cabildo, entre 1977 y 1978, mientras estudiaba Derecho. Cabildo fue un defensor a ultranza del terrorismo de Estado. En coherencia con ese pensamiento, en 2008 falló a favor de la libertad de 12 represores de la ESMA, entre ellos “El Tigre” Acosta y Astiz, las que finalmente no se concretaron.

Mahiques y Yacobucci hoy integran la sala II de la Casación Penal Federal junto a Alejandro Slokar. Esta sala tratará, entre otras, la causa ESMA, donde piden la domiciliaria diversos genocidas. Yacobucci volverá a cruzarse con Astiz y el Tigre Acosta, entre otros genocidas, como Miguel Cavallo o Antonio Pernías. ¿Qué hará? 

Si Mahiques y Yacobucci aplicaran la lógica del caso Nast, deberían beneficiarlos con las domiciliarias. De allí el estado de alerta.

Caso Nast

El fallo Nast encendió una luz de alarma porque abre la puerta a que otros condenados por estos hechos puedan obtener el mismo beneficio. 

Mahiques y Yacobucci resolvieron enviar a Nast a su casa, algo que el Tribunal a cargo del caso había rechazado. Los magistrados se basaron, de forma muy controvertida, en la acordada 9/2020 de la Casaciòn, que tomó las sugerencias de la Comisión Interamericana de DD.HH. para despoblar las cárceles en medio de la pandemia. Pero la sustancia de esa recomendación es beneficiar a personas que cometieron delitos no violentos y cumplen penas menores. 

Mahiques y Yacobucci realizaron su propia interpretación, hicieron lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa y anularon la resolución judicial inicial. Basaron el arresto domiciliario el represor en la necesidad de “dar una inmediata respuesta a fin de resguardar adecuadamente el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las personas en condición de encierro, ante su situación de vulnerabilidad para hacer cesar esta actual y excepcional situación de riesgo”. 

En contra se manifestó Slokar, para quien la decisión careció de fundamentos sólidos: “En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables”.

Nast fue condenado a 22 años de prisión por hechos calificados como privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, tormentos agravados y homicidios, por lo que no es de los principales beneficiados por la acordada 9/2020. 

Además, como destacó Slokar en su voto, la unidad penal donde se encontraba detenido no tenía superpoblación: “No debe soslayarse que, tal como fue informado por la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, Nast está alojado en una celda individual -con ventilación e iluminación natural- y en su pabellón convive con otras siete personas –cada una con celda individual- con quienes, respecto de los espacios de uso común, se mantiene el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias, en tanto se informa también que se han distribuido los insumos de higiene y limpieza correspondientes para prevenir eventuales contagios”.

Ante este escenario ¿por qué Mahiques y Yacobucci decidieron esta domiciliaria? ¿Qué harán en ESMA? 
 

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Ordenan otorgar arresto domiciliario “inmediato” a presos bonaerenses que sean grupo de riesgo por coronavirus

Ordenan otorgar arresto domiciliario “inmediato” a presos bonaerenses que sean grupo de riesgo por coronavirus

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