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La Cámara Federal le ordenó a la jueza investigar el hostigamiento policial a la familia de Facundo

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Denuncian una campaña de intimidación de la Bonaerense a los abogados de la familia de Facundo

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“Tiene que haber sanciones para los policías que fueron a protestar a Olivos” | Definiciones de la ministra Sabina Frederic en AM/750



La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dialogó con AM/750 y opinó que “tiene que haber sanciones” para los agentes de la Policía Bonaerense que fueron a protestar frente a la Quinta de Olivos.

“Tiene que haber sanciones, sobre todo del personal (policial) que fue a protestar a Olivos -afirmó la ministra-. Es un lugar que no tiene ninguna relación con la protesta, creo que lo que va a hacer el gobernador de la provincia es analizar caso por caso y aplicar las sanciones que correspondan”.

Frederic sostuvo que la protesta por aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales se trató de un “reclamo legítimo” que fue realizado con “métodos ilegales”.

“Sobre esos reclamos se montaron otros intereses. Hay que estar muy atentos a las condiciones de trabajo del personal policial para que hechos como esos no ocurran”, señaló.

Para la funcionaria, la manifestación generó “la sensación de inestabilidad institucional. Aunque ese no haya sido el objetivo, es el efecto que se genera”, expresó en una entrevista con AM/750.

Si bien no dio nombres, Frederic criticó a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. “Hay personajes que tienen intervenciones irresponsables, personajes públicos, exdirigentes políticos que reclaman un protagonismo que ya no tienen y que abonan un clima que no le hace bien a la sociedad -sostuvo-. Estamos atravesando una época inédita por esta pandemia y eso muestra una gran irresponsabilidad política de los sectores que se reconocen como oposición”.

Por último, Frederic se refirió al caso del policía bonaerense Luis Chocobar, quien desde el próximo 9 de octubre afrontará un juicio por el “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber” de Juan Pablo Kukoc, de 28 años, quien en diciembre de 2017 junto a un menor de edad -ahora ya es mayor- apuñalaron a un turista estadounidense para robarle en el barrio porteño de La Boca.

“La doctrina Chocobar es una expresión de la anulación de la Justicia”, concluyó la ministra de Seguridad de la Nación.



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El bonaerense



¡El bonaerense! A no asustarse. No se trata de la Bonaerense, precedida por el artículo femenino. Vamos a hablar de un film que tendrá 15, 20 años, cuyo director fue Pablo Trapero, cuyo nombre es precisamente El Bonaerense. La asesoría de la filmación corresponde a Ricardo Ragendorfer, que de esto sabe mucho. Es una de las grandes películas del cine argentino. Se trata de un juego pseudo-realista con la biografía de un personaje que es tomado por una de las instituciones de la nación —la bonaerense–, nombre que cuando se pronuncia, ya sabemos que se trata de la policía y no de otra cosa. Se trata del “Zapa”, alguien que va a ser formado por una pedagogía tan tosca como inexorable. Cometió un pequeño delito y en La Bonaerense –ahora sí– será educado y violentado. Este modelo pedagógico que nunca deja de ser una exacerbación del que todos conocemos en las escuelas argentinas contiene en el film un resabio no muy diluido del Martín Fierro: alguien que comete un delito es tomado como carne de cañón y si bien no es obligado a trasponer la frontera, debe actuar dentro de la frontera y reventarse él mismo por dentro.

Lo real-popular es lo que parece quedar expuesto en El bonaerense, una suerte de orillero que no se rige por el centro de la ciudad sino por el mito de la vuelta a una localidad lejana, un pueblito innominado de la provincia de Buenos Aires, pero siempre dentro de un ámbito de “familia ampliada” que es la policía como gran red integradora del territorio, de las funciones sociales y profesionales, del delito y su conjura, del festejo y del luto, de lo público y lo privado, del sexo y la ilegalidad, de la ley y la locura, de la simulación y el delirio, del discurso oficial y del grito patógeno, de la vida y la muerte. En el film, el suburbio aparece impreciso, con líneas de colectivos indescifrables, calles que entremezclan varias estridencias indefinibles y difusas. En el caparazón policial se alberga una vida popular sin redención, tomada en su doble aspecto de lucha por la sobrevivencia y de uso del chantaje para la acumulación particular de riquezas. Es un capitalismo ilegal, clandestino y popular, a las vistas distraídas del Estado al que pertenecen.

La policía del film de Trapero se mueve entre fronteras orgiásticas –el patético festejo de año nuevo, una de las memorables imágenes de la película–, los borrosos tiroteos y la educación brutal que hace y deshace lealtades, cifradas en modelos de intimidad familiar sustitutiva y en fórmulas de acopio de bienes donde la plusvalía es la del asesinato y la violentación de las propias lealtades poco antes forjadas. La policía como condensación de instrucción escolar, servicio militar, iniciación sexual, promoción delictiva, discurso moral, ilegalidad abismal, simulación social, patología popular, fiesta saturnal y aquelarre con disparos de ametralladoras al cielo, compone un catálogo de todas las fundaciones posibles de lo social, en el que se conjugan la ley y la antiley, el crimen y también el llanto mudo de los desventurados. Trapero finge realismo. Entregó el mejor barroquismo lírico del cine nacional.

El protagonista de El bonaerense no es un comisario retirado conspirativo ni un resentido oficial sumariado, tampoco un cultor del “gatillo fácil” aunque en algún momento, sin convicción, se lo ve al “Zapa” patear en el suelo a un detenido indefenso. Siempre inexpresivo, con una muda resignación. El bonaerense roza todos esos temas y cuida de mantenerse en el plano del pequeño crimen organizado en los destacamentos policiales, en una franja de iniciación en el linde ambiguo con lo dañoso o abusivo. En esa opaca y densa trama ocurre el “sinsentido” de la vida popular, o una parte de ella. Nada nos exime de una meditación más aguda y menos ritualizada sobre la zona deteriorada e inescrutable de la vida popular rota y deshabitada, que si cruza una línea es juzgada por la ley que la policía acaba de vulnerar, cruzando más que líneas, una avenida entera.

Hoy estamos ante una policía provincial que, aunque puede tener demandas justas no se puede escindir de su penumbrosa historia, la viscosa pasta de su lenguaje, su oscuro itinerario antropológico trazado por técnicas profundas de extorsión existencial y economías de trueques clandestinos. No parece cierto que ahora pesan más en ella sus realidades gremiales y sus necesidades vitales comprensibles, que sus escondidos motores conspirativos. Que su jefe institucional, secretario de seguridad, haya fallado en prevenir una rebelión, a pesar de su sacerdocio militarista lanzado a los vientos, no quiere decir que su ostentoso discurso que lo presenta como un paladín de Walter Scott con más profesiones que Ivanhoe, no esté señalando subterráneamente un futuro y peligroso modelo de sociedad argentina vertical y pasteurizada. En el quirófano y en el patio de armas, apostrofando a los “libres pensadores” y pidiendo subordinación y valor.

El sitio feudal a la residencia del Presidente y del Gobernador son tan inadmisibles como el clan policial que salió con bombos sindicales y revólver en el cinto agregando una nota más de desparpajo a los que difunde constantemente el Secretario de la sección Bisturís y Orden Cerrado. Su desprecio por los derechos humanos declamados por televisión, solo le cuesta un pedido de disculpas por Twitter. Ante lo ocurrido, por más que el Secretario no estaba relacionado con los Conspiradores –estos rodeados de niños, acompañados de psicólogas policiales y de jóvenes policías que como en el Hombre que fue Jueves, se trastocaban de anarquistas libertarios recién iniciados–, no se podía evitar la sorpresa por el aspecto carnavalizado de la protesta. Lo que no disminuía en nada su grado extremo de peligrosidad para las instituciones.

Todo lleva a que esa mascarada de bombistas enfierrados deba ser interpretada con nuevos argumentos políticos que escapen tanto de la indulgencia a la que parece obligar el momento, como al ánimo represivo del ritual del estado. Pero reparar el avasallamiento simbólico ocurrido supone crear otros envíos institucionales con una nueva carga simbólica de mayor fuerza reconstructora por parte de los poderes democráticos. Ya que citamos El Hombre que fue Jueves, de Chestsreton –otro estilo diferente al de Trapero para tratar la cuestión policial–, diríamos que hay que desenredar este increíble ovillo de equívocos. El Hombre de la Sala de Operaciones Médicas no fue el jefe de la pueblada policial que hizo temblar las paredes de Olivos. Por el contrario. Pero se puede decir que es el jefe atmosférico de los climas y lenguajes más hostiles hacia la vida democrática del país. Y también se desempeña como jefe de la seguridad de la Provincia democrática. Dos funciones tan contrapuestas en la misma persona, no parecen razonables. En la película, puede ser. Pero allí no.



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Protesta policial: ¿Por qué la explosión ahora? | Los salarios de los policías perdieron un 40 por ciento con el macrismo



Los policías bonaerenses perdieron el 40 por ciento de su salario durante el gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Con el argumento del ajuste, de reducir el Estado, perdieron 16 puntos en 2018 y 25 puntos en 2019. Sin embargo, no hubo reacción alguna. Están los que sostienen que no se produjo ninguna explosión porque entonces no tenían respaldo político-mediático para eso, mientras que otros analistas piensan que el estallido fue ahora porque -debido a la pandemia- se cortaron los “negocios” paralelos en los que la Bonaerense saca tajada: partidos de fútbol, arreglos con barras bravas, estacionamientos, puestos de comida, ferias, recitales, juego clandestino, desarmaderos, prostitución, cuevas cambiarias y tantas otras actividades reducidas por el coronavirus.

En lo que sí hay unanimidad en el análisis es que esta vez contaron con el respaldo de Cambiemos y los grandes medios, algunos de forma un poco más solapada y otros de manera más explícita. Mauricio Macri ni siquiera deploró el hecho de que los policías hubieran rodeado a la Quinta de Olivos con personal armado y patrulleros sustraídos del servicio.

Es cierto que una enorme cantidad de efectivos hicieron circular audios señalando que esos voceros no los representaban, que efectivamente reclamaban una actualización del sueldo, las horas extras y las condiciones de trabajo. Pero el hecho objetivo es que se rompió la disciplina, se quebró la fuerza.

Parece evidente que semejante terremoto no se puede borrar como si no hubiera pasado nada. La estructura de jefes no supo/no pudo contener a sus subalternos que se llevaron armas y vehículos como si fueran de paseo. Para colmo, el movimiento fue controlado por sujetos variopintos, sin ninguna representatividad, irresponsables, desequilibrados, que terminaron rodeando Olivos. Por milagro no hubo víctimas.

El saldo más claro de lo ocurrido es que el problema de la Bonaerense, la mayor fuerza armada del país, sigue sin solución y parece imperioso el debate sobre una reforma policial



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Jueces y medios para sostener la impunidad del macrismo | Autopista Circus



El negociado con las autopistas debe ser uno de los más descarados en la historia de los negociados en este país. Tres días antes de que Mauricio asumiera la presidencia, una empresa concesionaria de autopistas, en la que los Macri eran socios, hizo una denuncia imposible de ganar. Cualquiera diría que fue hecha para aprovechar la circunstancia. Acusaron al Estado argentino por “tarifas atrasadas” y exigieron una indemnización de 1100 millones de dólares. En condiciones normales era para cajonear, pero Macri, ya en la Presidencia, le dio 500 millones de dólares a su empresa para que la retirara. Circo completo.

Además, con la excusa de la denuncia trucha, el gobierno macrista reformuló los contratos, les dio la concesión por 30 años y dolarizó las tarifas. Con esas condiciones ultrafavorables las acciones de la empresa se dispararon de cuatro pesos a casi 80 en poco tiempo, entonces el presidente Macri vendió su parte.

La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun de desprocesar al extitular de Vialidad, Javier Iguacel, al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y otros funcionarios que ya habían sido procesados en primera instancia por su participación en la jugada, devela el dispositivo perverso que armó el macrismo en el Poder Judicial.

La vicepresidenta fue clara en sus tuits: “Ayer se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones”.

El pronunciamiento de la Cámara quedó tapado por el levantamiento de la bonaerense. Se produjo además cuando el macrismo se niega a investigar la designación irregular de diez jueces, uno de ellos, Bruglia, y tampoco quiso discutir el proyecto de reorganización de la justicia federal.

Con indignada indignación respaldada por la indignada corporación de medios, el macrismo dijo que con estas medidas, el peronismo trataba de lograr impunidad para Cristina Kirchner y otros ex funcionarios perseguidos por el lawfare.

Pero la decisión de la Cámara apunta en la dirección contraria, como dijo la vicepresidenta. Los que fueron desprocesados por jueces que están en la mira por sus acciones favorables al gobierno macrista, son ex funcionarios macristas.

El gobierno de los Ceos gobernó para sus empresas al tiempo que se derrumbaban todos los índices de la macroeconomía, desde la inflación, la deuda externa, la fuga de capitales, el desempleo y la pobreza. Y operó sobre el Poder Judicial para hacerlo encajar en esa política depredadora del Estado.

Iguacel tiene gran cantidad de denuncias por corrupción en la obra pública, en su mayoría para favorecer a empresas del Grupo Macri y también por obras mal hechas, como un puente ferroviario tan estrecho que no podían pasar los trenes. Dietrich también ha sido acusado en, por lo menos, tres causas, incluyendo la de las autopistas.

El negociado de las autopistas en el que intervinieron Dietrich e Iguacel es tan flagrante, que la Cámara evitó meterse en la cuestión de fondo y los desprocesó con argumentos tecnicistas. Iguacel y Dietrich tienen ese historial. Irurzun es el juez de la Cámara que promovió la llamada “doctrina” para encarcelar –contra todo principio de presunción de inocencia– a ex funcionarios peronistas sin condena en firme. Y es el que desprocesó ahora a Iguacel y Dietrich. Leopoldo Bruglia es uno de los dos jueces que Macri nombró por decreto sin pasar por el Senado como establece la Constitución. Y es el otro juez que desprocesó ahora a los ex funcionarios macristas involucrados en esa millonaria jugarreta para esquilmar al Estado.

Las decisiones de estos magistrados parecen ser consecuentes con la misma carga política. Con este dictamen le pasaron el problema de fondo al juez Julián Ercolini que, junto con Claudio Bonadío, era el juez favorecido misteriosamente por el sorteo de las causas que armaban los servicios de inteligencia contra ex funcionarios kirchneristas. Esas denuncias eran profusamente difundidas por las corporaciones de medios que ahora ignoran olímpicamente las causas de corrupción del macrismo.

Las campañas mediáticas promovieron situaciones como la que se produjo esta semana cuando los habitantes del country Ayres de Pilar impidieron el ingreso del empresario Lázaro Báez a su vivienda al ser beneficiado por la detención domiciliaria. Sin embargo, los vecinos de Iguacel y Dietrich no han reaccionado de la misma manera, a pesar de este negociado de las autopistas. Así funciona el sistema de medios y el sistema judicial que han sido tan funcionales al macrismo.

Son sistemas que accionan como parte del problema cuando tendrían que ser parte de la solución, al igual que la policía bonaerense que tuvo en vilo durante dos días a los argentinos con un conflicto desmedido y con ribetes antidemocráticos y golpistas graves.

Si el presidente calificaba de golpistas a los policías bonaerenses que rodearon armados la Quinta de Olivos y la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, no dejaba margen de negociación. A los golpistas se los encarcela y se los expulsa. El discurso de Alberto Fernández fue enérgico, pero le bajó el perfil.

Superada esta fase de un conflicto en el que se mezclaron muchas variables, desde los que participaron por el reclamo gremial hasta los exonerados y los retirados, habría que diferenciar. Y separar el afluente politizado que intervino en toda esa maraña y quiso darle al movimiento un cariz macrista antigobierno al estilo de los policías golpistas bolivianos.

Aunque se diga que las reivindicaciones eran correctas, en la misma situación está la mayoría del pueblo porque la pandemia deprimió la economía. Lo que se vio fue a otro grupo, como los que se han manifestado durante la pandemia, al que no le importa la crisis que sufre la sociedad en su conjunto.

Se apiñaron y crearon focos de infección cuando están muriendo miles de argentinos, mientras otros que han perdido sus trabajos o mantienen salarios deprimidos, se mantuvieron en sus casas asumiendo la responsabilidad de no contagiar al prójimo.

Cuando la pandemia le puso una pistola en la nuca que le impide el movimiento a la sociedad, este colectivo se movilizó para plantear su problemática. Se supone que son los que deben proteger a las personas cuando un chorro las encañona y no aprovechar esa situación para sacar unos pesos.

Cuando rodearon la casa de gobierno de la provincia y la Quinta de Olivos, hubo miles de personas que se reprimieron para no movilizarse en defensa de la democracia. Hubo un colectivo responsable y otro irresponsable. Pero el de los irresponsables fue el de los policías, que se supone que están para cuidar de los irresponsables a la sociedad.

Alberto Fernández asumió con responsabilidad el conflicto y resolvió con política la situación creada por irresponsables. Pero la policía bonaerense, como institución, mostró falta de profesionalismo y vocación de servicio. El conflicto volvió a plantear la necesidad de reestructurar esta agrupación de 90 mil hombres armados y diseminados en el territorio, prácticamente inmanejable, así como revisar las formas de reclutamiento y, sobre todo, la formación de los cuadros policiales.



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El Gobierno bonaerense evalúa responsabilidades puertas adentro | Tras la resolución del conflicto con la Policía Bonaerense



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció su decisión de equiparar la escala salarial de la policía provincial con la de la Federal y logró ponerle fin a las protestas que los efectivos mantenían desde el lunes. El aumento, que marca un piso salarial de 44 mil pesos y la recomposición tanto del valor de las horas extras, como del monto que perciben los agentes por el concepto de compra de indumentaria, terminó por conformar un paquete que ni los más beligerantes pudieron cuestionar. Ahora, con el conflicto desactivado, puertas adentro de la Gobernación plantean que “será tiempo de autocrítica y de evaluación de responsabilidades” y se abstuvieron de confirmar o desmentir cambios en la cúpula de seguridad. Desde el territorio, los intendentes apuntan contra el ministro de Seguridad Sergio Berni, y reclaman cambios en la cúpula policial.

“Si esto es, como dicen, un reclamo salarial y de condiciones de trabajo les estamos dando una respuesta contundente e histórica, de fondo. Si no, en otro caso, vamos a comprender que es una cuestión política”, sentenció Axel Kicillof y dejó sin margen de maniobra a los grupos reducidos que por la mañana aseguraban que si no había respuesta afirmativa a todo le petitorio que habían presentado la protesta seguiría.

En idéntico sentido se expresó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. “Se trata de una inversión muy grande y es una respuesta clara y contundente del Gobierno, que entiende que debe primar una lógica y, si hay disconformidad y cuestionamientos, quizá tengamos que pensar que no era el reclamo lo central sino otros intereses”, subrayó.

En tanto, respecto de la escalada de la protesta que llegó hasta la Quinta de Olivos, Larroque señaló: “Tal vez muchos quisieron montarse sobre un reclamo genuino, pero esperemos que las cosas transcurran en canales paralelos, se resuelva el conflicto y que los que pretendían hacer un uso político de esto queden aislados”.

Después de tres días de tensión permanente, la calma volvió ser parte del paisaje de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Por la tarde, en algunos de los despachos se sonreían frente al televisor que mostraba una de las clásicas placas rojas de Crónica, que en letras catástrofe anunciaba: “No queda ni un policía en la protesta”. En ese contexto, desde el entorno del Gobernador explicaron: “No creemos que esto esté terminado. Vamos a estar atentos, pero no se podía seguir si no hacíamos lo que hicimos hoy. Para poder trabajar había que poder responder a las demandas históricas de la Policía”.

El conflicto por el salario de los efectivos de la Policía Bonaerense, que empezó a hacerse visible el lunes con una protesta frente a la residencia del Gobernador, y que tuvo su punto más delicado el martes por la tarde, cuando agentes armados rodearon la Quinta de Olivos, produjo ruido en la relación entre los intendentes y Poder Ejecutivo provincial. “Hay malestar con (Sergio) Berni porque no la vio venir”, le confirmó a Página/12 uno de los intendentes más cercanos a Kicillof y que también tiene un estrecho vínculo con la Casa Rosada. Desde la sede de Gobierno en la ciudad de La Plata dieron por buena la versión, pero aclararon que hasta que se desató el conflicto, ningún jefe comunal había planteado formalmente sus quejas por el accionar de Berni.

Claro que no sólo los intendentes tienen en la mira a Sergio Berni. Desde el entono de Gobernador señalaron que “este conflicto no tendría que haber escalado, no tendría que haber pasado de una resolución ministerial. Tuvo que salir el Gobernador a presentar la solución y someterse a un desgaste innecesario a tan sólo diez meses de haber asumido”.

Desde la Gobernación afirmaron ante Página/12 que no hay una decisión tomada sobre la continuidad o salida de los funcionarios del ministerio de Seguridad o de los integrantes de la cúpula de la Policía Bonaerense. “Creemos que dentro de la estructura de Seguridad tienen que hacer una profunda autocrítica y evaluar sus responsabilidades sobre lo que pasó. Nos vamos a tomar el fin de semana para eso, hoy es muy pronto”. Más allá de la cautela con la que tratan el tema en La Plata, los intendentes no dudan en dar por terminado el ciclo de Daniel García como jefe de la Policía Bonaerense y, a regañadientes, dan por confirmada la continuidad de Berni en su cargo. Más allá de los nombres, el desafío de Kicillof será recomponer lo más rápido posible la cadena de mando.

Al cierre de esta edición los dos nombres que sonaban para reemplazar a García eran el de Jorge Oscar Figini, actual subcoordinador General Operativo de la Policía, y el de Hugo Natiello, otro hombre de carrera que tomó notoriedad cuando asumió como jefe de la Regional Capital después de la masacre de San Miguel del Monte.

Lo que viene

El anuncio del Gobernador, en el marco de la búsqueda de la profesionalización de la fuerza, también abarcó una mejora en la atención a la salud de los efectivos y la puesta en marcha del Instituto Universitario Juan Vucetich.

Sin embargo, más allá del esfuerzo presupuestario, el anuncio no fue recibido de la misma manera por los distintos grupos que participaban de la protesta. Si bien tras levantar la protesta los diversos voceros del conflicto se mostraron conformes, desde las redes sociales que arengaron la escalada manifestaron que “se logró dar un gran paso, que se conocieran las malas condiciones en las que estábamos trabajando, el auditor general dio su palabra que nadie va ser sancionado”. Y remarcaron también su expectativa de que “ahora Kicillof cumpla y haga una mesa de diálogo”. “Podemos estar de acuerdo o no con el anuncio, pero se logró algo muy bueno, es el primer paso”, plantearon.

El posteo parece ser la confirmación de una sensación extendida entre los intendentes y también en parte del Gabinete provincial: que la pulseada con la Bonaerense aún no terminó. Conciente de eso, Kicillof se anticipó y durante su anuncio resaltó: “esto es mucho más que un porcentaje, es una equiparación de un reclamo que tiene muchísimo tiempo. Vamos a dar, pero también vamos a ser muy exigentes”.



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Mariano Alderete, uno de los voceros de la protesta de la policía bonaerense: “Es la primera vez que un gobierno nos escucha” | Habló desde Puente 12 con la 750



El policía y vocero del reclamo de la Bonaerense Mariano Alderete celebró el anuncio del Plan Integral de Seguridad para la provincia de Buenos Aires que hizo hoy Axel Kicillof.  “Cuando escuché la palabra del gobernador, me puse a llorar porque creo que se hizo eco de nuestro reclamo. Es la primera vez que un gobierno nos escucha”, dijo Alderete. “Es hora de volver a nuestras actividades laborales y cumplir con nuestra función”, agregó.

Además, el policía de Merlo pidió perdón a la sociedad por los reclamos. “Nuestra protesta no fue con intenciones de generar descontento ni ningún tipo de golpe. Solamente quisimos hacernos escuchar y lo logramos. Es momento de pedirle perdón a la sociedad si se han sentido desprotegidos porque esa no fue la verdadera intención”, expresó.

Al ser consultado por aquellos sectores de la Bonaerense que quedaron disconformes con el anuncio, Alderete sostuvo que “no entendieron nada”. “Logramos lo que quisimos. El gobierno de la provincia nos ha escuchado. Hicimos lo que tuvimos que hacer. Es hora de que retomemos nuestras actividades”, completó.

En los últimos días, algunos mensajes en las redes salieron a cuestionar a Alderete, que se denominaba apolítico, mostrando mensajes de apoyo a Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. En una declaración, Alderete mencionó al traslado de Lázaro Báez como uno de los motivos que impulsaban la protesta, pero después se retractó.



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Los policías en Olivos, con Baby Etchecopar y Juan Carlos Blumberg | Una protesta con armas reglamentarias y patrulleros



La Quinta de Olivos está rodeada por decenas de patrulleros que ensordecen con el ruido de sus sirenas prendidas. Los autos de la policía bonaerense no paran de llegar, estacionan a 45 grados sobre la avenida Maipú, los policías se bajan envalentonados mientras se sacan las boinas y las agitan en el aire. Todos portan su arma reglamentaria. El panorama es amenazante. En el portón de entrada de la residencia donde vive el Presidente junto a su familia, una ronda de uniformados toca los redoblantes y agita banderas argentinas. Enfrente, algunas señoras del barrio con carteles y cacerolas se suman al reclamo. A pesar de que ya desde el día anterior el Gobierno había confirmado que habrá aumento salarial, cuando un efectivo es consultado por Página/12 indica que “eso no nos sirve, venimos muy retrasados. Queremos cobrar 60 mil pesos”. ¿Por qué ahora el reclamo? “Antes, con los mismos jefes, si reclamábamos nos sancionaban”, explica. 

Cerca de las 17 sale el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, junto a Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, para ofrecer a los uniformados que ocho representantes ingresen a la Quinta para conversar con el Presidente. Pero ellos se niegan. “Nos dijeron que nos va a atender el Presidente, pero no queremos. Que salga él afuera”, dice Sandro Amaya, capitán de la bonaerense y quien surge como uno de los voceros de la protesta. Minutos más tarde afirma: “si no entro con las cámaras, no voy a entrar”.

Los policías dejaron habilitado un espacio angosto de la avenida Maipú por donde pasan algunos autos. En su mayoría circulan tocando bocina, con las ventanillas bajas, sacando los brazos, alentando, algunos hasta llevan banderas argentinas. Es el caso de una señora que grita desde su Renault 12 rural destruido y el de un hombre que maneja un Jeep con vidrios polarizados. En el medio de la caravana se destaca un Mercedes Benz negro de dos puertas. El conductor bajar la ventanilla y se revela que es Baby Etchecopar, que se suma a su manera a la protesta. Los policías le sacan fotos, lo saludan emocionados. “¿Era Baby? ¡Me muero!”, dice una uniformada y la otra se acerca, sin respetar la distancia social, a mostrarle el video que llegó a hacer mientras el conductor pasaba a baja velocidad.

Damián dice que es policía desde hace ocho años y no quiere dar su apellido. Es imposible saberlo porque si bien porta un arma, no tiene placa. En diálogo con este diario, se excusa: “tengo arma porque es mi uniforme, ¿dónde querés que la deje?”, ironiza. Luego resalta que “anunciaron un 30, pero la fuerza quiere un 56 o 60 por ciento de aumento. Así estaríamos mejorando un poco. Rechazamos el 30 y ya se lo dijimos a Sergio Berni en la reunión que tuvimos con él”. Con respecto a la movilización asegura que “vamos a seguir apoyando a los que están en el puente doce, donde está concentrada la mayoría del personal policial, y adonde van llegando los malones”. “Acá estamos todos los comandos”, subraya.

Entre las mujeres que están en la vereda con carteles que dicen “el pueblo apoya a la policía” o “no es política, es necesidad”, hay una que en sus manos sostiene y agita un cencerro. No quiere responder preguntas a Página/12, pero sobre el cencerro explica que “lo usamos en el campo para ponérselo a las vacas”. Elisa, que está a su lado, sí quiere opinar: “vengo como ciudadana, no soy de la policía, pero no estoy de acuerdo con la corrupción, con la falta de justicia y tampoco con los sueldos que gana esta gente que nos tiene que defender”, dice. Luego argumenta “¿cómo no va a haber policía corrupta si ganan miserias?” Rápidamente cambia de tema y comienza a criticar al gobierno: “Estamos viviendo en un país prehistórico, tenemos cada vez gobiernos más corruptos, indecentes, inmorales. Soy del barrio, y cuando vi esta marcha en la tele dije: si fui a todas las protestas del último tiempo, ¿cómo no vamos a apoyar esto? Además de venir se lo mandé a toda mi gente, moralmente es lo mínimo que uno puede hacer”, se agita.

Los policías se agolpan y aplauden. En el medio está Juan Carlos Blumberg, quien asistió a todas las marchas anteriores que Juntos por el Cambio convocó contra el Gobierno Nacional. “Vine a apoyar a la policía. Esta pobre gente no tiene un sueldo digno. Además el Gobierno largó cinco mil delincuentes a la calle y ellos los tienen que buscarlos con un jornal de 40 pesos por hora adicional“, afirma a Página/12. Ante la consulta de por qué los uniformados deciden realizar ahora el reclamo y no antes, Blumberg indica que “el reclamo es ahora porque desde julio del año pasado no les aumentan”. Luego critica a Sergio Berni y a Sabina Frederic: “Tenemos un ministro de Seguridad de la provincia que es un payaso, que no hace nada, lo único que hizo fue pisotear pruebas en lo de Nisman. La ministra de Seguridad de la Nación es una locura, toman los terrenos y ella dice que no es un delito”. “Bullrich era mucho mejor”, concluye.

A las 19 aparece por primera vez un abogado, Gabriel Juricich, que dice ser representante de algunos policías de la bonaerense y anuncia que los uniformados comenzarían a desconcentrar la movilización. “Como tienen que seguir de servicio se van a ir y me voy a quedar yo a recibir el petitorio. La gente de Presidencia que salió se llevó dos hojas y dijeron que las iban a devolver firmadas. El petitorio fue un acuerdo de toda la fuerza”, asegura. “Los policías están con armas porque salieron o entran en servicio y no tienen tiempo de cambiarse”, justifica. 

Antes del discurso presidencial, las organizaciones sociales que habían convocado a una movilización en defensa del Gobierno para las 20 en Olivos, anunciaron que la suspendían por pedido expreso de Alberto Fernández (así lo hizo el Presidente en un tuit). “Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia”, reflexionaba el dirigente de la UTEP, Juan Grabois

Informe: Melisa Molina.



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Los policías bonaerenses levantaron las protestas tras los anuncios de mejora salarial | “Tenemos que pedir perdón a la sociedad y llevarle tranquilidad a la gente”, dijo un efectivo  



Los efectivos de la policía bonaerense levantaron esta tarde las protestas que mantenían en varios puntos de la provincia, con eje en el centro Puente 12 de La Matanza, tras valorar el incremento salarial anunciado por el gobernador Axel Kicillof y contar con la confirmación de que no serán sancionados por las movilizaciones que concretaron desde el lunes último.

Tras el acto que encabezó el mandatario bonaerense en La Plata, se realizaron asambleas en cada punto de las movilizaciones a fin de analizar los números de la mejora anunciada por Kicillof.

Finalmente, pasadas las 14 todos los policías levantaron las protestas y se dirigieron a las sedes policiales donde se desempeñan.

“Ya se levantó todo”, confirmó una fuente policial del Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza. Lo mismo ocurrió en otros puntos de la provincia como Adrogué, Lanús, La Plata y Bahía Blanca.

A través de sus redes sociales, los policías también celebraron el anuncio del gobernador. “Se logró dar un gran paso, que se conocieran las malas condiciones en las que estábamos trabajando”, publicaron en el facebook Policía Reclamando, donde estos días fueron visibilizando sus demandas.

Remarcaron también su expectativa de que Kicillof “cumpla y haga una mesa de diálogo” y plantearon: “Podemos estar de acuerdo o no con el anuncio pero se logró algo muy bueno, es el primer paso”.

“Es la primera vez que alguien nos escucha”, dijo emocionado el policía Mariano Alderete, en declaraciones a Crónica TV, en alusión a los anuncios efectuados por Kicillof, que incluyeron no solo un aumento salarial sino también mejoras en el servicio de salud y en la capacitación que reciben los efectivos.

“Lloré como un chico cuando oí por radio el anuncio del gobernador Kicillof”, reconoció el policía ante las cámaras. “Nuestra protesta no fue con intenciones de generar descontento ni ningún tipo de golpe. Solamente quisimos hacernos escuchar y lo logramos. Es momento de pedirle perdón a la sociedad si se han sentido desprotegidos porque esa no fue la verdadera intención”, expresó.

En Bahía Blanca, los efectivos retiraron unos 20 patrulleros que desde hacía tres días se encontraban -a modo de protesta- estacionados frente a la municipalidad, por lo que se encontraba cortado el tránsito en la zona.

Tras los anuncios se hizo presente en el lugar el jefe de la Estación Central de Policía de Bahía Blanca, comisario Gonzalo Bezos, quien solicitó a los efectivos que trasladaran los móviles y liberaran la calle.

En la ciudad de La Plata, el Comando de Patrullas local retomó sus actividades con normalidad, luego que el 50 por ciento de los efectivos de ese cuartel se plegaran a la protesta.



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