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Las vacunaciones secretas y las crisis: también en Perú

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Crece el escándalo por la vacunación secreta de funcionarios en Perú | A la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se sumó la de la canciller, Elizabeth Astete



Desde Lima

Crece el escándalo por la vacunación en secreto de altos funcionarios, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), para protegerse del coronavirus, aplicadas antes que las vacunas lleguen al país. A la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se ha sumado la de la titular de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, también salpicada por este escándalo. 

La Fiscalía ha iniciado una investigación a Vizcarra por haberse vacunado secretamente en octubre pasado cuando era presidente. El gobierno de Francisco Sagasti ha formado una comisión que debe hacer una investigación sumaria para entregar esta semana la relación de los funcionarios que se han beneficiado con las vacunas adelantadas proporcionadas por el laboratorio chino Sinopharm, con el cual luego se firmó un contrato para comprar sus vacunas.

El escándalo estalló con la revelación de la vacunación secreta de Vizcarra. Ahora se sabe que además de las vacunas para los doce mil voluntarios peruanos que formaron parte del estudio de su vacuna iniciado en septiembre pasado en el país, el laboratorio Sinopharm entregó a los responsables de este estudio otras dos mil dosis, para vacunar a mil personas con dos dosis. Estas vacunas se aplicaron entre los profesionales que dirigían y trabajaban en este estudio, pero también a altos funcionarios. Ese proceso de vacunación se mantuvo en secreto.

El presidente Sagasti dijo sentirse “indignado” y “furioso” por las revelaciones de que funcionarios públicos se vacunaron secretamente cuando el país todavía no tenía vacunas para la población. Calificó como “inaceptable” la actitud de Vizcarra de vacunarse en secreto e indicó que el acuerdo con Sinopharm para la entrega de dos mil vacunas al margen de las requeridas para las pruebas que se hicieron en el país se dio en el gobierno de Vizcarra y él lo desconocía. El presidente aseguró que ningún funcionario que se haya vacunado en secreto se mantendrá en su gobierno.

Luego que se anunciara una investigación sumaria y que la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, pidiera a todos los ministros que informen qué funcionarios de sus sectores habían accedido en secreto a las vacunas adelantadas por Sinopharm, la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, confesó que había sido una de las beneficiadas con una de las llamadas “vacunas de cortesía”. Con su confesión presentó su renuncia. Todos los otros ministros firmaron declaraciones juradas asegurando que no recibieron la vacuna.

Astete había asumido el cargo en noviembre pasado con el inicio del gobierno de Sagasti. Recibió la primera dosis de la vacuna el 22 de enero, días después que el gobierno firmara un contrato con Sinopharm para comprar un millón de vacunas, que este mes llegaron al país y ya han comenzado a aplicarse al personal médico, negociación en la que ella tuvo un papel protagónico. El presidente Sagasti y el resto del gabinete ministerial han asegurado que no sabían que la canciller se había vacunado. En un comunicado, la ahora excanciller admitió que recibir la vacuna en secreto fue “un grave error que cometí”.

La renunciante ministra de Relaciones Exteriores, una diplomática de carrera, ha sido reemplazada por el experimentado diplomático Allan Wagner, de 79 años, quien ya ocupó ese cargo en el primer gobierno de Alan García (1985-1990) y en el régimen de Alejandro Toledo (2001-2006), y también ha sido ministro de Defensa en el segundo gobierno de García (2006-2011.

El nuevo ministro de Salud, Oscar Ugarte, ha revelado que los dos viceministros de Salud le confesaron que ellos y otros funcionarios del ministerio también fueron vacunados secretamente y que la entonces ministra Mazzetti estaba al tanto de eso. Los viceministros fueron separados de sus cargos. Esto complica la situación de la exministra, que había negado conocer el asunto de las vacunas secretas cuando se le imputó haber encubierto la vacunación de Vizcarra.

A pesar de haber sido desmentido por los responsables de los ensayos de la vacuna en el país, Vizcarra insiste que se vacunó en el marco de esas pruebas. El exmandatario ha pasado de tratar de justificar el haber mantenido en secreto su vacunación, a pedir disculpas por ese hecho. Y ha revelado que no solo su esposa, sino también su hermano recibió la vacuna. Lo ha dicho recién cuando se espera que en los próximos días se conozca la lista de los beneficiados con las “vacunas de cortesía”. Congresistas presentarán una acusación constitucional contra Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete, que podría inhabilitar al expresidente y hoy candidato al Congreso para ejercer cargos públicos.

Para agravar el panorama, ya bastante oscuro con una segunda ola de la pandemia que ha colapsado los servicios de salud, en el Congreso se han comenzado a escuchar voces que pretenden destituir al presidente Sagasti para reponer en el cargo al legislador Manuel Merino, quien en noviembre pasado ejerció la presidencia por menos de una semana luego que el Congreso destituyó a Vizcarra y lo colocó a él en el poder, lo que gatilló masivas protestas que lo obligaron a renunciar en pocos días, siendo reemplazado por Sagasti. En su breve gestión, Merino formó un gobierno ultraconservador y reprimió brutalmente las protestas. La legisladora fujimorista Martha Chávez, quien jugó un importante papel en la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), es la abanderada de esas descabelladas voces. De llegar a prosperar esta iniciativa, la crisis se agravaría con consecuencias impredecibles.       



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Cayó por un escándalo la ministra de Salud de Perú | En medio de una agresiva segunda ola de la pandemia



Desde Lima

En medio de una agresiva segunda ola de la pandemia del coronavirus, que ha colapsado los servicios de salud, y cuando el país empieza el proceso de vacunación, renunció la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. La ministra cayó por el escándalo que estalló al revelarse en los medios que el expresidente Martín Vizcarra se vacunó en secreto en octubre pasado cuando estaba ejerciendo la presidencia con la vacuna china Sinopharm, que entonces iniciaba pruebas en el país. Mazzetti era ministra de Salud cuando esto ocurrió y el Congreso preparaba una moción para interpelarla y censurarla imputándole haber ocultado esa información. La ahora exministra asegura que no sabía que Vizcarra se había vacunado. Mazzetti optó por bajarse del cargo antes de someterse al proceso de interpelación y censura.

Luego de aceptar la renuncia de su ministra, el presidente Francisco Sagasti acusó al Congreso de haberla “maltratado” con “acusaciones sin fundamento” al señalarla como encubridora de la vacunación secreta de Vizcarra y dijo que Mazzetti estaba “agotada”. La exministra había asumido el cargo en julio del año pasado en el gobierno de Vizcarra, en momentos que se llegaba al pico de la primera ola de la pandemia, dejó el ministerio en noviembre cuando el Congreso destituyó al expresidente, pero regresó seis días después cuando el reemplazante de Vizcarra, el legislador Manuel Merino, renunció en medio de masivas protestas contra el golpe parlamentario que lo puso en el poder y fue reemplazado por el también legislador Francisco Sagasti, que repuso a Mazzetti al frente del Ministerio de Salud. La exministra venía recibiendo cuestionamientos por su gestión para enfrentar esta segunda ola de la pandemia.

Puesta al descubierto la oscura historia de su vacunación y la de su esposa, realizada en Palacio de Gobierno bajo las sombras del secretismo, Vizcarra aceptó lo que había mantenido oculto. El expresidente y hoy candidato al Congreso dijo que había sido vacunado porque se había ofrecido como uno de los doce mil voluntarios peruanos para probar la vacuna de Sinopharm y calificó esa decisión como “un acto de valentía”. Pero no convenció con ese argumento. Justificó el secreto en el que mantuvo su vacunación señalando que así se lo exigían las reglas del estudio del cual asegura haber formado parte. Eso no es cierto. Los voluntarios en este estudio no estaban obligados a mantener en reserva su participación en las pruebas. Muchos de ellos lo hicieron público. Desmentido, cambió de versión y señaló que mantuvo el secreto para que otros laboratorios que negociaban con el gobierno no sientan que se favorecía a Sinopharm.

No fue el único desmentido a las explicaciones dadas por Vizcarra. En un comunicado, la Universidad Cayetano Heredia, que dirigió los estudios de Sinopharm en el Perú, ha revelado que Vizcarra y su esposa no formaron parte de las pruebas de este estudio en voluntarios peruanos, desmintiendo así al expresidente y confirmando que ambos fueron vacunados al margen de este estudio. Vizcarra ha replicado insistiendo en que sí formó parte del estudio que probaba las vacunas y expresando que se siente extrañado de la versión dada por la universidad.

Desde distintos sectores políticos y los medios se acusa al expresidente de sacar provecho de su cargo para recibir la vacuna en secreto. El exmandatario recibió una vacuna todavía no aprobada -recién fue aprobada en diciembre-, pero en la que él confiaba. El sospechoso secreto en el que lo hizo y las mentiras en las que ha caído al ser descubierto golpean duramente su imagen. Está por verse el impacto que eso tendrá en su candidatura al Congreso en las elecciones de abril. Algunos juristas han señalado que Vizcarra podría ser acusado por “recibir dádivas” de un laboratorio que negociaba con el gobierno peruano.

Finalmente, el contrato con Sinopharm no lo cerró Vizcarra, destituido del cargo en medio de esa negociación, sino el gobierno de Sagasti, en enero pasado, por un millón de dosis, 300 mil de las cuales llegaron hace una semana y las otras 700 mil el último sábado, con la cuales se ha iniciado el proceso de vacunación. El gobierno ha señalado que tiene aseguradas más de 48 millones de vacunas, que además del millón de Sinopharm que ya llegaron al país, incluyen 20 millones de Pfizer, 14 millones de Astra Zeneca y 13,2 millones del sistema Covax promovido por la OMS, y que sigue negociando otras compras.

La renunciante ministra de Salud ha sido reemplazada por el médico Oscar Ugarte, un especialista en salud pública que ya ejerció el cargo entre 2008 y 2011, en el gobierno del fallecido expresidente Alan García, aunque nunca ha formado parte del Partido Aprista que lideraba García y se le ubica cercano a la centroizquierda. Ugarte se convierte en el quinto titular del sector desde la llegada de la pandemia al país en marzo del año pasado. El presidente Sagasti ha resaltado su experiencia en el sector. Asume el cargo cuando los reportes oficiales indican que los casos de contagios llegan a 1.227.205 y las muertes a 43.491. En las últimas 24 horas se han reportado 6.457 nuevos contagios y 236 fallecidos. Sin tiempo para acomodarse en el puesto, tendrá que asegurar un rápido proceso de vacunación, que se inició hace una semana, y enfrentar el colapso por la pandemia de los precarios servicios de salud, donde faltan camas de cuidados intensivos, respiradores y oxígeno. Una tarea complicada.  



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Un tribunal peruano acusó a Bill Gates, Soros y Rockefeller de crear el coronavirus | Avaló una insólita teoría conspirativa vinculada a las fake news



Un tribunal peruano afirmó en una resolución basada en teorías conspirativas que el coronavirus fue una creación de las “élites criminales a nivel mundial” integradas, según los jueces de esta corte, por multimillonarios como George Soros, la familia Rockefeller y el empresario Bill Gates.

Los magistrados Tito Gallegos, Luis Leguía y Tony Changaray, pertenecientes a la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, intentaron explicar los motivos por los cuales se demoraron en atender el recurso de un imputado que pedía que se le anulara su prisión preventiva (provisional), pero cuya solicitud no se había resuelto por la pandemia.

Como justificación de la tardanza para emitir el fallo, este tribunal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ica aseguró que la pandemia tuvo un carácter “imprevisible” a excepción de sus creadores, “que lo manejaron y siguen direccionando con un secretismo a ultranza dentro de sus entornos y corporaciones mundiales”.

“Ningún Gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado puede sostener que esta pandemia tiene la calidad de ‘previsible’, salvo los creadores del nuevo orden mundial como Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc”, señaló la resolución, difundida en el portal LP Derecho.

Una antigua teoría conspirativa

El documento de la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco aseveró que el coronavirus fue “creado por las élites criminales que dominan el mundo” y luego citó al inversor financiero George Soros, al cofundador de Microsoft Bill Gates y a la multimillonaria familia Rockefeller, a quienes acusó de “manejar” y “seguir direccionando” el virus en el “nuevo orden mundial”.

De esta manera, los jueces se hicieron eco de una de las tantas teorías conspirativas que se reflotaron el año pasado a raíz de la pandemia. Estas ideas son alimentadas a su vez por fake news, las cuales se dispararon con la aparición de la Covid-19 y terminaron generando una desinformación que fue calificada como una “infodemia” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de que la OMS confirmó en mayo que el nuevo virus tiene un origen animal y desechó la idea de que podría haber sido creado en un laboratorio, continuaron circulando supuestos orígenes alternativos.

Entre estos se incluyen discursos sobre su creación por farmacéuticas interesadas en incrementar sus beneficios económicos y hasta complots de Bill Gates o Soros como impulsores de un supuesto plan de control de la población a través de las vacunas y el 5G.

Investigación a jueces

Ante la repercusión que tuvo en la opinión pública el contenido de la resolución del tribunal, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de Ica, ubicada unos 400 kilómetros al sur de Lima, abrió una investigación preliminar a los magistrados.

La investigación tendrá como objetivo recabar elementos que ayuden a determinar la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los jueces.



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Los jóvenes en Perú, protagonistas de un giro histórico | En menos de una semana tumbaron un gobierno y obligaron a replegarse a la clase política



Desde Lima

Coordinan, se organizan y se convocan en cuestión de minutos a través de las redes sociales, transmiten sus movilizaciones en directo desde sus teléfonos celulares, utilizan Tik Tok, Instagram y otras aplicaciones para difundir mensajes en respaldo a sus reclamos. En sus movilizaciones se organizan a través de las redes en brigadas para atender a los heridos, desactivar bombas lacrimógenas, dar soporte legal a los detenidos. Les decían que eran una generación apolítica, individualista, pero esa generación ha sido protagonista de masivas movilizaciones y de un hecho político histórico. En menos de una semana se tumbaron un gobierno y obligaron a replegarse a la clase política que con un golpe parlamentario lo puso en el poder. Ahora son el centro de atención. El nuevo presidente, el centrista Francisco Sagasti, ha respaldado sus protestas contra el efímero gobierno anterior y ha destacado su defensa de la democracia. Los llaman “la generación del bicentenario”, en alusión al bicentenario de la independencia del país que se conmemora en julio de 2021.

Son los jóvenes que tomaron las calles y plazas de todo el país para rechazar la instalación del gobierno ultraconservador de Manuel Merino, puesto en la presidencia por una coalición parlamentaria con presencia protagónica de personajes cuestionados por corrupción, que se disfrazaron de moralizadores para destituir al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, basándose en denuncias de que habría recibido sobornos, lo que está en investigación. Pero el disfraz no engañó a nadie. Minutos después de los sucesos en el Congreso, la noche del lunes nueve, la generación del bicentenario saturó las redes y salió a las calles para rechazar lo hecho por el Parlamento.

Las protestas se extendieron a todo el país y a todos los barrios, desde los populares hasta los residenciales. Los jóvenes viralizaron en directo en las redes las movilizaciones y la brutal represión policial. La indignación creció. Ningún partido político, ningún gremio, ninguna organización, los convocó, se autoconvocaron a través de las redes sociales. Y el resto de la población los siguió. De acuerdo a una encuesta de Ipsos, un 86 por ciento respalda esas protestas.

La noche del sábado 14 fue decisiva. Las movilizaciones, que ya llevaban varios días, fueron masivas. Este diario conversó con varios jóvenes que esa noche protestaban en el centro de Lima. “Estamos aquí defendiendo la democracia porque unos partidos y políticos corruptos han sacado al presidente Vizcarra con la excusa de la incapacidad moral, pero lo que ellos quieren es el poder para tener impunidad. No estamos aquí para defender a Vizcarra, que tendrá que ser investigado por lo que se le acusa, sino para evitar que esos políticos corruptos se queden en el poder”, dice Italo Layza, de 26 años, licenciado en ciencias políticas, que protesta en la céntrica Plaza San Martín, colmada de manifestantes. “Seguiremos en las calles hasta que se vaya Merino. Ya estamos hartos de los políticos corruptos”, señala Rocío Cabrera, estudiante de comunicaciones de 20 años. Merino se iría al día siguiente. “Hemos salido y ya nadie nos callará”, dice una joven mientras avanza con un cartel en el que se lee: “Se metieron con la generación equivocada”.

“No tenemos miedo, no nos callarán”, “No es por Vizcarra, es por la democracia”, “Merino no me representa”, “Gobierno títere de corruptos”, “Te quiero Perú, por eso te defiendo”, eran algunas de las consignas de los jóvenes en su protesta, que esa noche del sábado dejó, muy cerca de la Plaza San Martín, dos estudiantes muertos por disparos de la policía.

“Este es un movimiento juvenil que expresa un rechazo a los partidos políticos, esa ha sido su principal bandera, pero no tiene una representación. Es un movimiento muy fragmentado, heterogéneo y disperso. El reto de este momento es crear una representación de este movimiento juvenil que ha expresado sus demandas e insatisfacciones, y que no sea una explosión de unos días y después vaya desapareciendo. Las nuevas tecnologías de la comunicación han sido fundamentales para que se haya dado esta movilización”, le señaló a PáginaI12 el sociólogo Alberto Adrianzén.

“Que se vayan todos”

Adrianzén ve en estas movilizaciones de la juventud peruana un punto en común con lo ocurrido en Argentina en 2001. “Esto es parecido a lo ocurrido en Chile, pero lo veo más parecido a lo que pasó en Argentina en 2001 con las protestas que levantaron la consigna ‘Que se vayan todos’, algo que se repite en estas movilizaciones en Perú”.

Por su parte, el politólogo de la Universidad Católica, Eduardo Dargent, columnista del diario El Comercio, le señaló a este diario que “hay mucha diversidad en estas movilizaciones, una agenda variada, con grupos diversos y una narrativa todavía en construcción”.

“Esta es una generación que valora mucho la democracia y cuando la ha visto amenazada ha salido a las calles. Con la aventura de poner a Merino en la presidencia los políticos han involucrado activamente en la política a una generación que tal vez no lo estaba tanto. Esta ha sido la campaña de marchas de protesta más grande en la historia del Perú”, opina el catedrático Omar Coronel, profesor de ciencias sociales en la Universidad Católica.

La generación del bicentenario sigue en las calles. Este último sábado hubo nuevas movilizaciones. Ya no buscan la salida del gobierno -han recibido bien al nuevo presidente Sagasti-, ahora exigen justicia para los culpables de los asesinatos de Inti Sotelo, de 24 años, y de Jack Bryan Pintado, de 22 años, muertos en las protestas y convertidos en símbolos de esta generación. También demandan, entre otras cosas, que se elimine la inmunidad parlamentaria y sean juzgados los congresistas acusados de corrupción –de los 130 parlamentarios, 68 tienen denuncias penales-, y que se cambie la Constitución.

Ya hemos demostrado lo que los jóvenes podemos hacer y vamos por más. Queremos que se cambie esta Constitución”, dice Eduardo, de 22 años. “Ya estamos hartos, queremos cambios. Sacar a Merino ha sido el comienzo”, indica Jorge, de 19 años. “Hemos recibido bien el nombramiento de Sagasti como presidente, es una persona preparada y no tiene antecedentes de corrupción, muy diferentes a los políticos corruptos, pero estaremos vigilantes a lo que haga”, señala Elena, de 20 años.

“La calle ya se activó y está alerta”, dice Dargent. “Las movilizaciones -afirma- van a seguir, aunque ya no al nivel que tuvieron cuando estaba Merino. En este periodo vamos a ver una presión de la calle. Hay sectores que quieren una nueva Constitución y el gobierno ya ha dicho que no le corresponde llamar a una Asamblea Constituyente, ahí hay una tensión. Que el Tribunal Constitucional haya evadido pronunciarse si la destitución de Vizcarra fue o no constitucional es algo que ha generado mucho malestar. Y está la demanda al gobierno para la investigación por la represión a las protestas”. Sobre esta demanda de justicia, el presidente Sagasti escribió en Twitter: “Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes. Es imprescindible cerrar esta herida, y para ello debemos identificar y sancionar prontamente a los responsables”.

Cambiar la Constitución fujimorista

Las protestas estallaron para exigir la renuncia de Merino, caído el efímero exmandatario ahora ha comenzado a ganar espacio en la calle la demanda de cambiar la Constitución neoliberal que dejó la dictadura de Alberto Fujimori (1990 – 2000). Una Constitución que reduce al Estado a un rol subsidiario en la economía y da una serie de beneficios a los grandes intereses empresariales. Y que ha demostrado sus deficiencias en la organización del Estado. Su cambio es una vieja demanda de la izquierda, una demanda que a partir de esta crisis gana respaldo, especialmente entre los jóvenes.

“El tema de la nueva Constitución ha comenzado a prender, a tomar vuelo. Esta crisis ha demostrado que hay que cambiar muchas cosas de la Constitución de Fujimori, no solamente en el terreno de la economía, sino también en el plano de la política. El tema de una Asamblea Constituyente comienza a aparecer como una bandera de las movilizaciones, que antes no lo era”, dice Adrianzén.

La irrupción de los jóvenes de la generación del bicentenario ha remecido el país. Está por verse su impacto en el futuro, comenzando por las elecciones de abril.





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En Perú, se lavan las manos por Vizcarra

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Esterilizaciones forzadas en Perú: demanda ante la ONU | Tras dos décadas de impunidad



Desde Lima.Fueron a buscarlas a sus casas, se las llevaron con engaños o amenazas y las esterilizaron a la fuerza. A otras mujeres las encontraron en algún centro de salud, al que habían llegado para recibir atención, y ahí mismo las esterilizaron. Bajo presión buscaban arrancarles una firma autorizando esa operación, sin darles información adecuada, y si no conseguían la firma, como ocurrió en la mayoría de casos, igual las esterilizaban sin su consentimiento. La voluntad de las mujeres no les importaba. Esa era la brutal práctica del programa de esterilizaciones que puso en marcha el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Fueron unas 300 mil mujeres las víctimas de esterilizaciones forzadas. Todas ellas tenían en común la pobreza. La mayoría eran campesinas indígenas. Un plan siniestro para reducir la población de los sectores más p excluidos del país esterilizando a las mujeres.

Veinte años después de caída la dictadura fujimorista, este grave caso de violación de los derechos humanos sigue en la impunidad. Fujimori está preso, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, además de varios cargos de corrupción, pero no ha sido juzgado por la esterilización forzada de 300 mil mujeres. Nadie ha sido juzgado. Hay un proceso judicial abierto hace ya casi veinte años, pero avanza a ritmo de impunidad. En este escenario hostil para que las víctimas encuentren justicia en el país, un grupo de ellas ha demandado al Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

“Este Comité de la ONU emite recomendaciones, las que siempre son acogidas por los países, que si no lo hacen serán mal examinados. Hemos optado por presentar cinco casos como una muestra del daño que causó esta política de Estado. Son casos muy impactantes. A partir de estos casos demandamos que se le diga al Estado peruano que investigue y que juzgue a los responsables de esta política de esterilizaciones forzadas, y que repare a las víctimas. Esperamos se emita una recomendación en ese sentido”, le señaló a Página/12 Christian Berndt, abogado de Justicia y Reparación, organización que ha presentado la demanda ante el Comité de la ONU junto con la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

Uno de los casos incluidos en esta demanda es el de María Elena Carbajal, quien, a diferencia de la mayoría de mujeres esterilizadas, que eran campesinas, vivía en Lima, en un barrio popular marcado por la pobreza. Fue esterilizada sin su consentimiento en un hospital después de dar a luz a su cuarto hijo, cuando tenía 26 años. Ocurrió en septiembre de 1996. María Elena le contó su drama a Página/12.

“Cuando todavía estaba aturdida después del parto, que fue muy difícil, personal del hospital vino a verme, me insistían en que me haga ese tratamiento, que no le decían esterilización, no te explicaban bien de qué se trataba. Me presionaban mucho para que firme. Yo pedía ver a mi hijo, pero no me lo traían. Me decían que primero me haga la cirugía (la esterilización) y después me iban a dar a mi hijo. Me estaban condicionando. Yo estaba muy preocupada. Estaba sola y muy aturdida. No firmé nada, pero igual me llevaron y me hicieron la cirugía”, recuerda con dolor.

Dice que después de la esterilización que nunca autorizó, quedó “muy afectada, física y emocionalmente”. Ahora demanda justicia. “Somos víctimas, somos mujeres que hemos sufrido y seguimos sufriendo. No es justo lo que han hecho con nuestra vida, con nuestros cuerpos. Queremos que los culpables sean juzgados y vayan a prisión. Esperamos que con esta demanda se vea la verdad de lo ocurrido y haya justicia y reparación para las víctimas”.

Las otras cuatro víctimas incluidas en esta demanda ante la ONU han pedido que no se revelen sus nombres. Una de ellas es FLC, mujer indígena de la región andina de Huancavelica, que fue esterilizada contra su voluntad en abril de 1997, cuando tenía 19 años y un hijo. Señala que la llevaron al lugar donde la operaron contra su voluntad diciéndole que le entregarían víveres. “Me engañaron con el reparto de alimentos, cuando fui a recogerlos me agarraron a la fuerza unas enfermeras. Fue en el centro de salud. Me dijeron que era un simple corte, nada más. No pensaba que me iba a pasar esto. Yo no firmé nada. Me siento triste y abandonada”, es parte de su testimonio presentado a la ONU.

Caído el régimen fujimorista, el Estado peruano aceptó su responsabilidad por esta política de esterilizaciones forzadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual había llegado el caso de María Mamérita Mestanza, una campesina andina esterilizada a la fuerza en marzo de 1998 y que una semana después murió a causa de la operación. Al aceptar esa responsabilidad, el Estado se comprometió a investigar y juzgar a los responsables. Se abrió una investigación fiscal en 2002, pero casi veinte años después no se ha a juzgado a nadie.

En 2018, después de más de quince años y de más de un intento de archivar la investigación, la fiscalía finalmente presentó una acusación. Lo hizo luego que un fiscal superior, acogiendo una apelación a un archivamiento, le ordenó a la fiscal a cargo del caso que formule acusación por existir elementos suficientes para hacerlo. Con la acusación fiscal, un juez llamó a una audiencia de presentación de pruebas, que fue postergada y reprogramada para marzo de este año, pero volvió a ser postergada, esta vez por la pandemia, y recién se llevará a cabo el 11 de enero de 2021.

En este proceso judicial está acusado como autor mediato el exmandatario Alberto Fujimori, junto a tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, quien también ha sido congresista y ahora es el médico de cabecera del exdictador y pretende volver al Congreso como candidato del fujimorismo en las elecciones de abril del próximo año, Marino Costa y Eduardo Yong. Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido y ordenado la política de esterilizaciones forzadas. Los cargos son por lesiones graves y por lesiones seguidas de muerte.

Pero una sentencia que haga justicia a las víctimas se vislumbra todavía lejana e incierta. Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a algunas de las víctimas, le señaló a este diario que “este proceso tiene para largo tiempo”. “Si se abre juicio oral, lo que no es seguro porque el juez de investigación que ahora tiene el caso puede decidir no hacerlo, estimo que tendríamos una sentencia recién dentro de ocho o nueve años. Las penas posibles van de ocho a diez años. Ojalá una decisión favorable a la demanda planteada ante el Comité de la ONU logre influenciar para agilizar los procesos”, dice el abogado.

“Nunca se ha investigado en forma adecuada, menos sancionado a los responsables. Solo recibimos silencio y burla. Nunca se han atendido nuestros reclamos”, denuncia Rute Zúñiga, esterilizada contra su voluntad en 1999 y presidenta de AMPAEF.

La dictadura de Fujimori estuvo marcada por prácticas de secuestros, desapariciones, asesinatos -por dos casos emblemáticos de estas prácticas ha sido condenado a 25 años-, y también por la hasta hoy impune barbarie de masivas esterilizaciones forzadas. Las mujeres víctimas de estas esterilizaciones siguen exigiendo justicia.



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Francisco Sagasti presentó su gabinete inclusivo en Perú | Importante presencia de mujeres, incluyendo jefatura de Gabinete y Defensa



Desde Lima.Un día después de asumir, el tercer presidente del Perú en una semana nombró a su gabinete ministerial. El equipo de gobierno ultraconservador del anterior mandatario ha dado paso a uno de personalidades de prestigio académico, ligadas al trabajo de investigación, sin vínculos con los partidos políticos y algunos con experiencia previa en el Estado. Un perfil similar al del centrista presidente Francisco Sagasti. Hay una importante presencia de mujeres, incluyendo en la jefatura del gabinete y en el Ministerio de Defensa, un hecho inédito en el país. Regresan tres ministros del gobierno de Martín Vizcarra, destituido hace poco más de una semana por el Congreso. Los nombramientos ministeriales han sido bien recibidos y refuerzan la sensación de un retorno a una estabilidad perdida con la destitución de Vizcarra por el Parlamento y su reemplazo por Manuel Merino, quien antes de cumplir una semana en la presidencia debió renunciar por las masivas protestas en su contra y fue reemplazado por Sagasti.

De los diecinueve ministerios, ocho serán dirigidos por mujeres. El Consejo de Ministros será encabezado por la abogada, feminista y docente universitaria Violeta Bermúdez, especializada en temas de género, poblaciones vulnerables y políticas públicas. La abogada de 59 años fue viceministra de la Mujer y Desarrollo Humano en la primera etapa del gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006). Profesional reconocida, pero sin experiencia política, como jefa del gabinete ministerial asume el cargo más importante en el Ejecutivo después del presidente.

En sus primeras declaraciones como primera ministra, Bermúdez señaló que el primer objetivo del gobierno es “garantizar elecciones libres y transparentes” en abril. Destacó la voluntad del presidente Sagasti de tener un gabinete paritario.

Por primera vez en su historia el país tendrá a una mujer al frente de las Fuerzas Armadas, como ministra de Defensa. Ese cargo lo asume la abogada Nuria Esparch, quien ha sido viceministra de Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2008. También ha ocupado cargos en otros ministerios. Su nombramiento ha generado expectativas por ser la primera mujer en dirigir el Ministerio de Defensa.

Después de la brutal represión contra las protestas ciudadanas de los últimos días que dejaron dos muertos y más de doscientos heridos y se tumbaron al gobierno ultraconservador de Merino, el presidente Sagasti ha roto con el predominio en el último tiempo de generales de la policía al frente del Ministerio de Interior y ha nombrado a un civil en el cargo, Rubén Vargas. De esta forma, saca del control policial la dirección de las investigaciones de este ministerio sobre la actuación policial en las protestas. Investigación que corre en paralelo a la que ya abrió la Fiscalía y que con un civil en Interior debe encontrar una mayor cooperación de ese despacho. Es un gesto importante, que se suma a la promesa del nuevo presidente de que no habrá impunida. Ahora el gobierno debe pasar de los gestos a los hechos concretos.

La primera medida que se espera del ministro Vargas es que cambie la cúpula policial, comprometida en la violenta represión. Vargas dirigió el organismo encargado de la política antidrogas durante el gobierno de Vizcarra y fue viceministro del Interior en la primera parte del régimen de Toledo, cuando se intentó una reforma policial que quedó trunca.

El nuevo gabinete asegura la continuidad de la política económica neoliberal -vigente en el país desde hace treinta años-, con el nombramiento como titular de Economía y Finanzas del economista y catedrático universitario Waldo Mendoza, un defensor del modelo neoliberal. Fue viceministro de Hacienda en el gobierno de Toledo y tiene fama de ser un rígido guardián de las arcas fiscales. El nuevo ministro se enfrentará a una grave crisis como consecuencia de la pandemia, con un importante crecimiento del desempleo y una caída de entre 12 y 14 por ciento del PIB para este año.

Entre los tres ministros del gobierno de Vizcarra que regresan al gabinete está la titular de Salud, Pilar Mazzetti, lo que asegura retomar la continuidad de la política contra la pandemia del coronavirus, que hasta la fecha ha dejado más de 940 mil contagiados y más de 35 mil muertes. Los casos de coronavirus, que saturaron los precarios servicios de la salud pública, están a la baja, pero hay preocupación por la llegada de una posible segunda ola. Los otros ministros de Vizcarra que vuelven son los de Trabajo y de Cultura.

En esta coyuntura, una designación clave estaba en el Ministerio de Educación. Entre los sectores parlamentarios que pusieron en la presidencia a Merino había interés en terminar con una reforma de la educación que ha cerrado universidades de mala calidad convertidas en millonarios negocios privados, dinero que ha entrado a la política y ha ganado importante influencia. En ese camino de acabar con la reforma educativa iba el gobierno de Merino en los pocos días que estuvo en el poder. Sagasti ha nombrado como ministro de Educación al reconocido educador e investigador Ricardo Cuenca, director de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos, un defensor de la reforma universitaria, lo que garantiza su defensa y su continuidad, una de las principales demandas de los miles de jóvenes que salieron a protestar a las calles contra el gobierno de Merino y la clase política que lo puso en el poder.

En Relaciones Exteriores se ha nombrado a una diplomática de carrera con 45 años en actividad, Elizabeth Astete. Las otras mujeres del gabinete ocupan los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, y Vivienda y Construcción.

“Es un gabinete técnico, como eran los de Vizcarra, pero con un mayor nivel, que responde a una serie de inquietudes que hay. Tiene un perfil centrista, donde hay ministros de centroderecha en las áreas productivas, estando más a la derecha el ministro de Economía, y ministros de centroizquierda en las áreas sociales. Su principal déficit es que tiene poco de político, algo que no es novedad en el Perú, pero en esta coyuntura, con las aguas movidas como están, se requiere hacer bastante política y no se ve en el gabinete a personas con experiencias política. El Congreso ahora está muy debilitado, pero dentro de un par de meses pueden comenzar algunos problemas entre el Congreso y el Ejecutivo, y la relación con la calle no siempre va a ser amigable, en ese momento le puede faltar al gobierno un gabinete con mayor manejo político”, le señaló a Página/12 Eduardo Dargent, politólogo de la Universidad Católica y columnista del diario El Comercio.

El gabinete ministerial deberá ir al Congreso para pedir el voto de confianza. Un Congreso muy debilitado luego del mayoritario rechazo -entre 88 y 91 por ciento, según dos encestas, de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos, respetivamente- que ha originado su decisión de destituir a Vizcarra para reemplazarlo por Merino y su gobierno ultraconservador, no parece estar en este momento en condiciones de enfrentarse a un Ejecutivo que ha sido bien recibido por la población.

“Para el Congreso sería muy costoso iniciar en este momento una pelea con un gobierno que ha sido bien recibido por la gente”, indica Dargent.

Mientras el nuevo presidente se instalaba en Palacio de Gobierno, armaba su equipo ministerial y daba sus primeras medidas, el renunciante Manuel Merino seguía desaparecido. Nada se ha sabido de él desde que el domingo pasado apareció unos minutos en televisión para anunciar su renuncia a la presidencia, acorralado por las masivas protestas en su contra. 



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Muertos, desapariciones forzadas y un presidente provisorio: Argentina juega en una Lima convulsionada

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Quién es Francisco Sagasti, el nuevo presidente de Perú | Su partido se opuso a la destitución de Vizcarra



Ingeniero e investigador

Francisco Sagasti, nacido en Lima en 1944, estudió ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene una maestría en ingeniería industrial por la Pennsylvania State University, y es doctor en investigación operacional y ciencias de sistemas sociales en la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania.

Ha sido profesor de la Universidad del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), investigador principal emérito de Foro Nacional Internacional y asesor de organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades privadas en temas estratégicos.

Además, presidió el Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología de Perú, fue participó en los consejos de varios organismos y fundaciones dedicadas al desarrollo tanto fuera como dentro del país.

Antes de ingresar a la política activa bajo la bandera del centrista Partido Morado, una organización de tintes liberales e ideas progresistas, Sagasti fue jefe de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial y presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas.

Además, fue profesor visitante del Instituto de Empresas en Madrid, de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, y de la Universidad para la Paz, en Costa Rica.

Muchos años antes, de 1972 a 1977, fue funcionario del ministerio de Industria durante el “gobierno revolucionario” de las Fuerzas Armadas, que presidieron, en dos etapas, los generales Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez, donde trabajó en temas de innovación e industrialización.

Posteriormente, de 1985 a 1987, fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores Allan Wagner, y tras su paso por la División de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial, fue asesor principal de los Departamentos de Evaluación de Políticas y de Relaciones Externas de ese organismo multilateral.

De 2007 a 2009 fue presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología en las gestiones de los primeros ministros Jorge del Castillo y Yehude Simon, durante el segundo gobierno de Alan García, y ocupó el mismo cargo entre diciembre de 2011 y marzo de 2013 en las gestiones de Óscar Valdés y Juan Jiménez, en el gobierno de Ollanta Humala.

Ha publicado más de 25 libros en español e inglés, sobre tecnología e innovación, democracia y buen gobierno, y cientos de artículos académicos, además de haber sido miembro del consejo editorial de varias revistas internacionales, además de colaborador de revistas y diarios nacionales.

En 2006-2007, dirigió la serie de nueve programas de televisión “Abriendo Caminos”, sobre los cambios económicos, sociales y políticos en el Perú contemporáneo.

Secuestrado del MRTA

Sagasti también fue uno de los cientos de políticos y dirigentes que fueron secuestrados en diciembre de 1996 por un grupo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que ingresó en la residencia del embajador de Japón en Lima.

Aunque ese secuestro se prolongó durante cuatro meses, hasta que las fuerzas armadas rescataron con éxito a 71 de los 72 rehenes, Sagasti fue liberado a los pocos días, tras lo cual regresó a Costa Rica, donde residía por entonces con su familia.

Al salir de la residencia generó polémica, porque llevó consigo un cartón que tenía las firmas de los secuestradores del MRTA, por lo que ha sido criticado por sectores conservadores y de extrema derecha, aunque él afirmó que era un “certificado de asistencia” a ese suceso histórico, según declaró por entonces al diario costarricense La Nación.

Su posición ante la crisis

Desde que se desató la crisis política y social en su país, Sagasti fue un duro crítico de la actuación de las bancadas parlamentarias, ya que la suya votó en contra de la destitución de Martín Vizcarra que llevó a Merino a la jefatura del Estado.

“El Partido Morado lucha contra la corrupción, esté donde esté, pero respetando el debido proceso y manteniendo la estabilidad. A pocos meses de las elecciones un cambio de gobierno no resolverá nada y creará más incertidumbre”, señaló en ese momento.

Luego de que el Congreso rechazara este domingo una primera lista para presidir el parlamento que encabezaba la izquierdista Rocío Silva, Sagasti se declaró “desconcertado” porque, según dijo, ese buscaba “un cierto equilibrio” frente a la crisis política.

Por ese motivo, el Partido Morado decidió impulsar una lista propia, mientras que Sagasti consideró que, tras lo sucedido en su país en los últimos días, “la ciudadanía no estaría dispuesta a aceptar un regreso” de Vizcarra al gobierno, una posibilidad que aún está en manos del Tribunal Constitucional.



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