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Un tribunal peruano acusó a Bill Gates, Soros y Rockefeller de crear el coronavirus | Avaló una insólita teoría conspirativa vinculada a las fake news



Un tribunal peruano afirmó en una resolución basada en teorías conspirativas que el coronavirus fue una creación de las “élites criminales a nivel mundial” integradas, según los jueces de esta corte, por multimillonarios como George Soros, la familia Rockefeller y el empresario Bill Gates.

Los magistrados Tito Gallegos, Luis Leguía y Tony Changaray, pertenecientes a la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, intentaron explicar los motivos por los cuales se demoraron en atender el recurso de un imputado que pedía que se le anulara su prisión preventiva (provisional), pero cuya solicitud no se había resuelto por la pandemia.

Como justificación de la tardanza para emitir el fallo, este tribunal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ica aseguró que la pandemia tuvo un carácter “imprevisible” a excepción de sus creadores, “que lo manejaron y siguen direccionando con un secretismo a ultranza dentro de sus entornos y corporaciones mundiales”.

“Ningún Gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado puede sostener que esta pandemia tiene la calidad de ‘previsible’, salvo los creadores del nuevo orden mundial como Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc”, señaló la resolución, difundida en el portal LP Derecho.

Una antigua teoría conspirativa

El documento de la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco aseveró que el coronavirus fue “creado por las élites criminales que dominan el mundo” y luego citó al inversor financiero George Soros, al cofundador de Microsoft Bill Gates y a la multimillonaria familia Rockefeller, a quienes acusó de “manejar” y “seguir direccionando” el virus en el “nuevo orden mundial”.

De esta manera, los jueces se hicieron eco de una de las tantas teorías conspirativas que se reflotaron el año pasado a raíz de la pandemia. Estas ideas son alimentadas a su vez por fake news, las cuales se dispararon con la aparición de la Covid-19 y terminaron generando una desinformación que fue calificada como una “infodemia” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de que la OMS confirmó en mayo que el nuevo virus tiene un origen animal y desechó la idea de que podría haber sido creado en un laboratorio, continuaron circulando supuestos orígenes alternativos.

Entre estos se incluyen discursos sobre su creación por farmacéuticas interesadas en incrementar sus beneficios económicos y hasta complots de Bill Gates o Soros como impulsores de un supuesto plan de control de la población a través de las vacunas y el 5G.

Investigación a jueces

Ante la repercusión que tuvo en la opinión pública el contenido de la resolución del tribunal, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de Ica, ubicada unos 400 kilómetros al sur de Lima, abrió una investigación preliminar a los magistrados.

La investigación tendrá como objetivo recabar elementos que ayuden a determinar la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los jueces.



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Los jóvenes en Perú, protagonistas de un giro histórico | En menos de una semana tumbaron un gobierno y obligaron a replegarse a la clase política



Desde Lima

Coordinan, se organizan y se convocan en cuestión de minutos a través de las redes sociales, transmiten sus movilizaciones en directo desde sus teléfonos celulares, utilizan Tik Tok, Instagram y otras aplicaciones para difundir mensajes en respaldo a sus reclamos. En sus movilizaciones se organizan a través de las redes en brigadas para atender a los heridos, desactivar bombas lacrimógenas, dar soporte legal a los detenidos. Les decían que eran una generación apolítica, individualista, pero esa generación ha sido protagonista de masivas movilizaciones y de un hecho político histórico. En menos de una semana se tumbaron un gobierno y obligaron a replegarse a la clase política que con un golpe parlamentario lo puso en el poder. Ahora son el centro de atención. El nuevo presidente, el centrista Francisco Sagasti, ha respaldado sus protestas contra el efímero gobierno anterior y ha destacado su defensa de la democracia. Los llaman “la generación del bicentenario”, en alusión al bicentenario de la independencia del país que se conmemora en julio de 2021.

Son los jóvenes que tomaron las calles y plazas de todo el país para rechazar la instalación del gobierno ultraconservador de Manuel Merino, puesto en la presidencia por una coalición parlamentaria con presencia protagónica de personajes cuestionados por corrupción, que se disfrazaron de moralizadores para destituir al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, basándose en denuncias de que habría recibido sobornos, lo que está en investigación. Pero el disfraz no engañó a nadie. Minutos después de los sucesos en el Congreso, la noche del lunes nueve, la generación del bicentenario saturó las redes y salió a las calles para rechazar lo hecho por el Parlamento.

Las protestas se extendieron a todo el país y a todos los barrios, desde los populares hasta los residenciales. Los jóvenes viralizaron en directo en las redes las movilizaciones y la brutal represión policial. La indignación creció. Ningún partido político, ningún gremio, ninguna organización, los convocó, se autoconvocaron a través de las redes sociales. Y el resto de la población los siguió. De acuerdo a una encuesta de Ipsos, un 86 por ciento respalda esas protestas.

La noche del sábado 14 fue decisiva. Las movilizaciones, que ya llevaban varios días, fueron masivas. Este diario conversó con varios jóvenes que esa noche protestaban en el centro de Lima. “Estamos aquí defendiendo la democracia porque unos partidos y políticos corruptos han sacado al presidente Vizcarra con la excusa de la incapacidad moral, pero lo que ellos quieren es el poder para tener impunidad. No estamos aquí para defender a Vizcarra, que tendrá que ser investigado por lo que se le acusa, sino para evitar que esos políticos corruptos se queden en el poder”, dice Italo Layza, de 26 años, licenciado en ciencias políticas, que protesta en la céntrica Plaza San Martín, colmada de manifestantes. “Seguiremos en las calles hasta que se vaya Merino. Ya estamos hartos de los políticos corruptos”, señala Rocío Cabrera, estudiante de comunicaciones de 20 años. Merino se iría al día siguiente. “Hemos salido y ya nadie nos callará”, dice una joven mientras avanza con un cartel en el que se lee: “Se metieron con la generación equivocada”.

“No tenemos miedo, no nos callarán”, “No es por Vizcarra, es por la democracia”, “Merino no me representa”, “Gobierno títere de corruptos”, “Te quiero Perú, por eso te defiendo”, eran algunas de las consignas de los jóvenes en su protesta, que esa noche del sábado dejó, muy cerca de la Plaza San Martín, dos estudiantes muertos por disparos de la policía.

“Este es un movimiento juvenil que expresa un rechazo a los partidos políticos, esa ha sido su principal bandera, pero no tiene una representación. Es un movimiento muy fragmentado, heterogéneo y disperso. El reto de este momento es crear una representación de este movimiento juvenil que ha expresado sus demandas e insatisfacciones, y que no sea una explosión de unos días y después vaya desapareciendo. Las nuevas tecnologías de la comunicación han sido fundamentales para que se haya dado esta movilización”, le señaló a PáginaI12 el sociólogo Alberto Adrianzén.

“Que se vayan todos”

Adrianzén ve en estas movilizaciones de la juventud peruana un punto en común con lo ocurrido en Argentina en 2001. “Esto es parecido a lo ocurrido en Chile, pero lo veo más parecido a lo que pasó en Argentina en 2001 con las protestas que levantaron la consigna ‘Que se vayan todos’, algo que se repite en estas movilizaciones en Perú”.

Por su parte, el politólogo de la Universidad Católica, Eduardo Dargent, columnista del diario El Comercio, le señaló a este diario que “hay mucha diversidad en estas movilizaciones, una agenda variada, con grupos diversos y una narrativa todavía en construcción”.

“Esta es una generación que valora mucho la democracia y cuando la ha visto amenazada ha salido a las calles. Con la aventura de poner a Merino en la presidencia los políticos han involucrado activamente en la política a una generación que tal vez no lo estaba tanto. Esta ha sido la campaña de marchas de protesta más grande en la historia del Perú”, opina el catedrático Omar Coronel, profesor de ciencias sociales en la Universidad Católica.

La generación del bicentenario sigue en las calles. Este último sábado hubo nuevas movilizaciones. Ya no buscan la salida del gobierno -han recibido bien al nuevo presidente Sagasti-, ahora exigen justicia para los culpables de los asesinatos de Inti Sotelo, de 24 años, y de Jack Bryan Pintado, de 22 años, muertos en las protestas y convertidos en símbolos de esta generación. También demandan, entre otras cosas, que se elimine la inmunidad parlamentaria y sean juzgados los congresistas acusados de corrupción –de los 130 parlamentarios, 68 tienen denuncias penales-, y que se cambie la Constitución.

Ya hemos demostrado lo que los jóvenes podemos hacer y vamos por más. Queremos que se cambie esta Constitución”, dice Eduardo, de 22 años. “Ya estamos hartos, queremos cambios. Sacar a Merino ha sido el comienzo”, indica Jorge, de 19 años. “Hemos recibido bien el nombramiento de Sagasti como presidente, es una persona preparada y no tiene antecedentes de corrupción, muy diferentes a los políticos corruptos, pero estaremos vigilantes a lo que haga”, señala Elena, de 20 años.

“La calle ya se activó y está alerta”, dice Dargent. “Las movilizaciones -afirma- van a seguir, aunque ya no al nivel que tuvieron cuando estaba Merino. En este periodo vamos a ver una presión de la calle. Hay sectores que quieren una nueva Constitución y el gobierno ya ha dicho que no le corresponde llamar a una Asamblea Constituyente, ahí hay una tensión. Que el Tribunal Constitucional haya evadido pronunciarse si la destitución de Vizcarra fue o no constitucional es algo que ha generado mucho malestar. Y está la demanda al gobierno para la investigación por la represión a las protestas”. Sobre esta demanda de justicia, el presidente Sagasti escribió en Twitter: “Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes. Es imprescindible cerrar esta herida, y para ello debemos identificar y sancionar prontamente a los responsables”.

Cambiar la Constitución fujimorista

Las protestas estallaron para exigir la renuncia de Merino, caído el efímero exmandatario ahora ha comenzado a ganar espacio en la calle la demanda de cambiar la Constitución neoliberal que dejó la dictadura de Alberto Fujimori (1990 – 2000). Una Constitución que reduce al Estado a un rol subsidiario en la economía y da una serie de beneficios a los grandes intereses empresariales. Y que ha demostrado sus deficiencias en la organización del Estado. Su cambio es una vieja demanda de la izquierda, una demanda que a partir de esta crisis gana respaldo, especialmente entre los jóvenes.

“El tema de la nueva Constitución ha comenzado a prender, a tomar vuelo. Esta crisis ha demostrado que hay que cambiar muchas cosas de la Constitución de Fujimori, no solamente en el terreno de la economía, sino también en el plano de la política. El tema de una Asamblea Constituyente comienza a aparecer como una bandera de las movilizaciones, que antes no lo era”, dice Adrianzén.

La irrupción de los jóvenes de la generación del bicentenario ha remecido el país. Está por verse su impacto en el futuro, comenzando por las elecciones de abril.





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En Perú, se lavan las manos por Vizcarra

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Esterilizaciones forzadas en Perú: demanda ante la ONU | Tras dos décadas de impunidad



Desde Lima.Fueron a buscarlas a sus casas, se las llevaron con engaños o amenazas y las esterilizaron a la fuerza. A otras mujeres las encontraron en algún centro de salud, al que habían llegado para recibir atención, y ahí mismo las esterilizaron. Bajo presión buscaban arrancarles una firma autorizando esa operación, sin darles información adecuada, y si no conseguían la firma, como ocurrió en la mayoría de casos, igual las esterilizaban sin su consentimiento. La voluntad de las mujeres no les importaba. Esa era la brutal práctica del programa de esterilizaciones que puso en marcha el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Fueron unas 300 mil mujeres las víctimas de esterilizaciones forzadas. Todas ellas tenían en común la pobreza. La mayoría eran campesinas indígenas. Un plan siniestro para reducir la población de los sectores más p excluidos del país esterilizando a las mujeres.

Veinte años después de caída la dictadura fujimorista, este grave caso de violación de los derechos humanos sigue en la impunidad. Fujimori está preso, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, además de varios cargos de corrupción, pero no ha sido juzgado por la esterilización forzada de 300 mil mujeres. Nadie ha sido juzgado. Hay un proceso judicial abierto hace ya casi veinte años, pero avanza a ritmo de impunidad. En este escenario hostil para que las víctimas encuentren justicia en el país, un grupo de ellas ha demandado al Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

“Este Comité de la ONU emite recomendaciones, las que siempre son acogidas por los países, que si no lo hacen serán mal examinados. Hemos optado por presentar cinco casos como una muestra del daño que causó esta política de Estado. Son casos muy impactantes. A partir de estos casos demandamos que se le diga al Estado peruano que investigue y que juzgue a los responsables de esta política de esterilizaciones forzadas, y que repare a las víctimas. Esperamos se emita una recomendación en ese sentido”, le señaló a Página/12 Christian Berndt, abogado de Justicia y Reparación, organización que ha presentado la demanda ante el Comité de la ONU junto con la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

Uno de los casos incluidos en esta demanda es el de María Elena Carbajal, quien, a diferencia de la mayoría de mujeres esterilizadas, que eran campesinas, vivía en Lima, en un barrio popular marcado por la pobreza. Fue esterilizada sin su consentimiento en un hospital después de dar a luz a su cuarto hijo, cuando tenía 26 años. Ocurrió en septiembre de 1996. María Elena le contó su drama a Página/12.

“Cuando todavía estaba aturdida después del parto, que fue muy difícil, personal del hospital vino a verme, me insistían en que me haga ese tratamiento, que no le decían esterilización, no te explicaban bien de qué se trataba. Me presionaban mucho para que firme. Yo pedía ver a mi hijo, pero no me lo traían. Me decían que primero me haga la cirugía (la esterilización) y después me iban a dar a mi hijo. Me estaban condicionando. Yo estaba muy preocupada. Estaba sola y muy aturdida. No firmé nada, pero igual me llevaron y me hicieron la cirugía”, recuerda con dolor.

Dice que después de la esterilización que nunca autorizó, quedó “muy afectada, física y emocionalmente”. Ahora demanda justicia. “Somos víctimas, somos mujeres que hemos sufrido y seguimos sufriendo. No es justo lo que han hecho con nuestra vida, con nuestros cuerpos. Queremos que los culpables sean juzgados y vayan a prisión. Esperamos que con esta demanda se vea la verdad de lo ocurrido y haya justicia y reparación para las víctimas”.

Las otras cuatro víctimas incluidas en esta demanda ante la ONU han pedido que no se revelen sus nombres. Una de ellas es FLC, mujer indígena de la región andina de Huancavelica, que fue esterilizada contra su voluntad en abril de 1997, cuando tenía 19 años y un hijo. Señala que la llevaron al lugar donde la operaron contra su voluntad diciéndole que le entregarían víveres. “Me engañaron con el reparto de alimentos, cuando fui a recogerlos me agarraron a la fuerza unas enfermeras. Fue en el centro de salud. Me dijeron que era un simple corte, nada más. No pensaba que me iba a pasar esto. Yo no firmé nada. Me siento triste y abandonada”, es parte de su testimonio presentado a la ONU.

Caído el régimen fujimorista, el Estado peruano aceptó su responsabilidad por esta política de esterilizaciones forzadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual había llegado el caso de María Mamérita Mestanza, una campesina andina esterilizada a la fuerza en marzo de 1998 y que una semana después murió a causa de la operación. Al aceptar esa responsabilidad, el Estado se comprometió a investigar y juzgar a los responsables. Se abrió una investigación fiscal en 2002, pero casi veinte años después no se ha a juzgado a nadie.

En 2018, después de más de quince años y de más de un intento de archivar la investigación, la fiscalía finalmente presentó una acusación. Lo hizo luego que un fiscal superior, acogiendo una apelación a un archivamiento, le ordenó a la fiscal a cargo del caso que formule acusación por existir elementos suficientes para hacerlo. Con la acusación fiscal, un juez llamó a una audiencia de presentación de pruebas, que fue postergada y reprogramada para marzo de este año, pero volvió a ser postergada, esta vez por la pandemia, y recién se llevará a cabo el 11 de enero de 2021.

En este proceso judicial está acusado como autor mediato el exmandatario Alberto Fujimori, junto a tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, quien también ha sido congresista y ahora es el médico de cabecera del exdictador y pretende volver al Congreso como candidato del fujimorismo en las elecciones de abril del próximo año, Marino Costa y Eduardo Yong. Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido y ordenado la política de esterilizaciones forzadas. Los cargos son por lesiones graves y por lesiones seguidas de muerte.

Pero una sentencia que haga justicia a las víctimas se vislumbra todavía lejana e incierta. Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a algunas de las víctimas, le señaló a este diario que “este proceso tiene para largo tiempo”. “Si se abre juicio oral, lo que no es seguro porque el juez de investigación que ahora tiene el caso puede decidir no hacerlo, estimo que tendríamos una sentencia recién dentro de ocho o nueve años. Las penas posibles van de ocho a diez años. Ojalá una decisión favorable a la demanda planteada ante el Comité de la ONU logre influenciar para agilizar los procesos”, dice el abogado.

“Nunca se ha investigado en forma adecuada, menos sancionado a los responsables. Solo recibimos silencio y burla. Nunca se han atendido nuestros reclamos”, denuncia Rute Zúñiga, esterilizada contra su voluntad en 1999 y presidenta de AMPAEF.

La dictadura de Fujimori estuvo marcada por prácticas de secuestros, desapariciones, asesinatos -por dos casos emblemáticos de estas prácticas ha sido condenado a 25 años-, y también por la hasta hoy impune barbarie de masivas esterilizaciones forzadas. Las mujeres víctimas de estas esterilizaciones siguen exigiendo justicia.



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Francisco Sagasti presentó su gabinete inclusivo en Perú | Importante presencia de mujeres, incluyendo jefatura de Gabinete y Defensa



Desde Lima.Un día después de asumir, el tercer presidente del Perú en una semana nombró a su gabinete ministerial. El equipo de gobierno ultraconservador del anterior mandatario ha dado paso a uno de personalidades de prestigio académico, ligadas al trabajo de investigación, sin vínculos con los partidos políticos y algunos con experiencia previa en el Estado. Un perfil similar al del centrista presidente Francisco Sagasti. Hay una importante presencia de mujeres, incluyendo en la jefatura del gabinete y en el Ministerio de Defensa, un hecho inédito en el país. Regresan tres ministros del gobierno de Martín Vizcarra, destituido hace poco más de una semana por el Congreso. Los nombramientos ministeriales han sido bien recibidos y refuerzan la sensación de un retorno a una estabilidad perdida con la destitución de Vizcarra por el Parlamento y su reemplazo por Manuel Merino, quien antes de cumplir una semana en la presidencia debió renunciar por las masivas protestas en su contra y fue reemplazado por Sagasti.

De los diecinueve ministerios, ocho serán dirigidos por mujeres. El Consejo de Ministros será encabezado por la abogada, feminista y docente universitaria Violeta Bermúdez, especializada en temas de género, poblaciones vulnerables y políticas públicas. La abogada de 59 años fue viceministra de la Mujer y Desarrollo Humano en la primera etapa del gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006). Profesional reconocida, pero sin experiencia política, como jefa del gabinete ministerial asume el cargo más importante en el Ejecutivo después del presidente.

En sus primeras declaraciones como primera ministra, Bermúdez señaló que el primer objetivo del gobierno es “garantizar elecciones libres y transparentes” en abril. Destacó la voluntad del presidente Sagasti de tener un gabinete paritario.

Por primera vez en su historia el país tendrá a una mujer al frente de las Fuerzas Armadas, como ministra de Defensa. Ese cargo lo asume la abogada Nuria Esparch, quien ha sido viceministra de Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2008. También ha ocupado cargos en otros ministerios. Su nombramiento ha generado expectativas por ser la primera mujer en dirigir el Ministerio de Defensa.

Después de la brutal represión contra las protestas ciudadanas de los últimos días que dejaron dos muertos y más de doscientos heridos y se tumbaron al gobierno ultraconservador de Merino, el presidente Sagasti ha roto con el predominio en el último tiempo de generales de la policía al frente del Ministerio de Interior y ha nombrado a un civil en el cargo, Rubén Vargas. De esta forma, saca del control policial la dirección de las investigaciones de este ministerio sobre la actuación policial en las protestas. Investigación que corre en paralelo a la que ya abrió la Fiscalía y que con un civil en Interior debe encontrar una mayor cooperación de ese despacho. Es un gesto importante, que se suma a la promesa del nuevo presidente de que no habrá impunida. Ahora el gobierno debe pasar de los gestos a los hechos concretos.

La primera medida que se espera del ministro Vargas es que cambie la cúpula policial, comprometida en la violenta represión. Vargas dirigió el organismo encargado de la política antidrogas durante el gobierno de Vizcarra y fue viceministro del Interior en la primera parte del régimen de Toledo, cuando se intentó una reforma policial que quedó trunca.

El nuevo gabinete asegura la continuidad de la política económica neoliberal -vigente en el país desde hace treinta años-, con el nombramiento como titular de Economía y Finanzas del economista y catedrático universitario Waldo Mendoza, un defensor del modelo neoliberal. Fue viceministro de Hacienda en el gobierno de Toledo y tiene fama de ser un rígido guardián de las arcas fiscales. El nuevo ministro se enfrentará a una grave crisis como consecuencia de la pandemia, con un importante crecimiento del desempleo y una caída de entre 12 y 14 por ciento del PIB para este año.

Entre los tres ministros del gobierno de Vizcarra que regresan al gabinete está la titular de Salud, Pilar Mazzetti, lo que asegura retomar la continuidad de la política contra la pandemia del coronavirus, que hasta la fecha ha dejado más de 940 mil contagiados y más de 35 mil muertes. Los casos de coronavirus, que saturaron los precarios servicios de la salud pública, están a la baja, pero hay preocupación por la llegada de una posible segunda ola. Los otros ministros de Vizcarra que vuelven son los de Trabajo y de Cultura.

En esta coyuntura, una designación clave estaba en el Ministerio de Educación. Entre los sectores parlamentarios que pusieron en la presidencia a Merino había interés en terminar con una reforma de la educación que ha cerrado universidades de mala calidad convertidas en millonarios negocios privados, dinero que ha entrado a la política y ha ganado importante influencia. En ese camino de acabar con la reforma educativa iba el gobierno de Merino en los pocos días que estuvo en el poder. Sagasti ha nombrado como ministro de Educación al reconocido educador e investigador Ricardo Cuenca, director de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos, un defensor de la reforma universitaria, lo que garantiza su defensa y su continuidad, una de las principales demandas de los miles de jóvenes que salieron a protestar a las calles contra el gobierno de Merino y la clase política que lo puso en el poder.

En Relaciones Exteriores se ha nombrado a una diplomática de carrera con 45 años en actividad, Elizabeth Astete. Las otras mujeres del gabinete ocupan los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, y Vivienda y Construcción.

“Es un gabinete técnico, como eran los de Vizcarra, pero con un mayor nivel, que responde a una serie de inquietudes que hay. Tiene un perfil centrista, donde hay ministros de centroderecha en las áreas productivas, estando más a la derecha el ministro de Economía, y ministros de centroizquierda en las áreas sociales. Su principal déficit es que tiene poco de político, algo que no es novedad en el Perú, pero en esta coyuntura, con las aguas movidas como están, se requiere hacer bastante política y no se ve en el gabinete a personas con experiencias política. El Congreso ahora está muy debilitado, pero dentro de un par de meses pueden comenzar algunos problemas entre el Congreso y el Ejecutivo, y la relación con la calle no siempre va a ser amigable, en ese momento le puede faltar al gobierno un gabinete con mayor manejo político”, le señaló a Página/12 Eduardo Dargent, politólogo de la Universidad Católica y columnista del diario El Comercio.

El gabinete ministerial deberá ir al Congreso para pedir el voto de confianza. Un Congreso muy debilitado luego del mayoritario rechazo -entre 88 y 91 por ciento, según dos encestas, de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos, respetivamente- que ha originado su decisión de destituir a Vizcarra para reemplazarlo por Merino y su gobierno ultraconservador, no parece estar en este momento en condiciones de enfrentarse a un Ejecutivo que ha sido bien recibido por la población.

“Para el Congreso sería muy costoso iniciar en este momento una pelea con un gobierno que ha sido bien recibido por la gente”, indica Dargent.

Mientras el nuevo presidente se instalaba en Palacio de Gobierno, armaba su equipo ministerial y daba sus primeras medidas, el renunciante Manuel Merino seguía desaparecido. Nada se ha sabido de él desde que el domingo pasado apareció unos minutos en televisión para anunciar su renuncia a la presidencia, acorralado por las masivas protestas en su contra. 



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Muertos, desapariciones forzadas y un presidente provisorio: Argentina juega en una Lima convulsionada

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Quién es Francisco Sagasti, el nuevo presidente de Perú | Su partido se opuso a la destitución de Vizcarra



Ingeniero e investigador

Francisco Sagasti, nacido en Lima en 1944, estudió ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene una maestría en ingeniería industrial por la Pennsylvania State University, y es doctor en investigación operacional y ciencias de sistemas sociales en la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania.

Ha sido profesor de la Universidad del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), investigador principal emérito de Foro Nacional Internacional y asesor de organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades privadas en temas estratégicos.

Además, presidió el Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología de Perú, fue participó en los consejos de varios organismos y fundaciones dedicadas al desarrollo tanto fuera como dentro del país.

Antes de ingresar a la política activa bajo la bandera del centrista Partido Morado, una organización de tintes liberales e ideas progresistas, Sagasti fue jefe de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial y presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas.

Además, fue profesor visitante del Instituto de Empresas en Madrid, de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, y de la Universidad para la Paz, en Costa Rica.

Muchos años antes, de 1972 a 1977, fue funcionario del ministerio de Industria durante el “gobierno revolucionario” de las Fuerzas Armadas, que presidieron, en dos etapas, los generales Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez, donde trabajó en temas de innovación e industrialización.

Posteriormente, de 1985 a 1987, fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores Allan Wagner, y tras su paso por la División de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial, fue asesor principal de los Departamentos de Evaluación de Políticas y de Relaciones Externas de ese organismo multilateral.

De 2007 a 2009 fue presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología en las gestiones de los primeros ministros Jorge del Castillo y Yehude Simon, durante el segundo gobierno de Alan García, y ocupó el mismo cargo entre diciembre de 2011 y marzo de 2013 en las gestiones de Óscar Valdés y Juan Jiménez, en el gobierno de Ollanta Humala.

Ha publicado más de 25 libros en español e inglés, sobre tecnología e innovación, democracia y buen gobierno, y cientos de artículos académicos, además de haber sido miembro del consejo editorial de varias revistas internacionales, además de colaborador de revistas y diarios nacionales.

En 2006-2007, dirigió la serie de nueve programas de televisión “Abriendo Caminos”, sobre los cambios económicos, sociales y políticos en el Perú contemporáneo.

Secuestrado del MRTA

Sagasti también fue uno de los cientos de políticos y dirigentes que fueron secuestrados en diciembre de 1996 por un grupo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que ingresó en la residencia del embajador de Japón en Lima.

Aunque ese secuestro se prolongó durante cuatro meses, hasta que las fuerzas armadas rescataron con éxito a 71 de los 72 rehenes, Sagasti fue liberado a los pocos días, tras lo cual regresó a Costa Rica, donde residía por entonces con su familia.

Al salir de la residencia generó polémica, porque llevó consigo un cartón que tenía las firmas de los secuestradores del MRTA, por lo que ha sido criticado por sectores conservadores y de extrema derecha, aunque él afirmó que era un “certificado de asistencia” a ese suceso histórico, según declaró por entonces al diario costarricense La Nación.

Su posición ante la crisis

Desde que se desató la crisis política y social en su país, Sagasti fue un duro crítico de la actuación de las bancadas parlamentarias, ya que la suya votó en contra de la destitución de Martín Vizcarra que llevó a Merino a la jefatura del Estado.

“El Partido Morado lucha contra la corrupción, esté donde esté, pero respetando el debido proceso y manteniendo la estabilidad. A pocos meses de las elecciones un cambio de gobierno no resolverá nada y creará más incertidumbre”, señaló en ese momento.

Luego de que el Congreso rechazara este domingo una primera lista para presidir el parlamento que encabezaba la izquierdista Rocío Silva, Sagasti se declaró “desconcertado” porque, según dijo, ese buscaba “un cierto equilibrio” frente a la crisis política.

Por ese motivo, el Partido Morado decidió impulsar una lista propia, mientras que Sagasti consideró que, tras lo sucedido en su país en los últimos días, “la ciudadanía no estaría dispuesta a aceptar un regreso” de Vizcarra al gobierno, una posibilidad que aún está en manos del Tribunal Constitucional.



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Perú eligió a su tercer presidente en una semana: Francisco Sagasti

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El Congreso de Perú hará un nuevo intento de designar al tercer presidente en una semana

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El Congreso de Perú prolonga la crisis que creó | Tras la renuncia del presidente Manuel Merino, acusado por la brutal represión a las protestas



Desde Lima

Al cierre de esta edición, los peruanos no tenían presidente. Luego de la renuncia de Manuel Merino -elegido el lunes pasado por el Parlamento que él presidía luego de destituir en una decisión calificada por diversos juristas como ilegal, al exmandatario Martín Vizcarra-, que cayó por las masivas protestas en contra de su gobierno, que duró menos de una semana, el Congreso prolongó la grave crisis política que ellos han creado. Ayer el Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de la candidata única, Rocío Silva Santisteban, del izquierdista Frente Amplio, que debió haber sido una candidatura de consenso. Silva Santisteban obtuvo 42 votos a favor, pero 52 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron. Los fujimoristas y otros grupos de la coalición de derecha, con muchos de sus miembros más importantes acusados de diversos cargos de corrupción, que destituyeron a Vizcarra y lo reemplazaron por Merino, originando la indignación ciudadana, expresada en masivas protestas, y la crisis política, estuvieron en primera fila para boicotear una salida a esa crisis que ellos originaron. Rechazaron la elección de Silva Santisteban. Una decisión irresponsable que prolonga y agrava la crisis que pone otra vez al Congreso como factor central de la crisis política en el país y amenaza encender nuevamente las masivas protestas en las calles.

De haber sido elegida, Silva Santisteban, de 57 años, poeta, periodista, docente universitaria y activista de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, se habría convertido en la primera mujer en llegar a la presidencia en el Perú y también la primera persona de un partido de izquierda en gobernar el país. Fue una de las dos legisladoras, de los ocho integrantes de la bancada del Frente Amplio, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra y de llevar a Merino al poder.

El vacío de poder por la no elección de un reemplazante de Merino podría favorecer el regreso del exmandatario Vizcarra. Hay una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son los alcances de la figura de “incapacidad moral permanente” para destituir a un presidente, la razón usada en el Congreso para sacar a Vizcarra por cargos de haber recibido sobornos cuando era gobernador entre 2011 y 2014, acusación basada en unas declaraciones que todavía están en investigación. Si el TC señala que esa ambigua figura constitucional no aplicaba en este caso, como indican diversos juristas, se confirmaría que la destitución de Vizcarra fue inconstitucional, pero el TC deberá definir si su fallo es retroactivo o no, es decir, si deja sin efecto la destitución del expresidente y, por lo tanto, Vizcarra debería ser repuesto en la presidencia, o si su decisión rige como una aclaración doctrinaria de esa figura constitucional para el futuro. Importantes juristas se inclinan por esta segunda opción. Hay un debate abierto sobre el tema. El TC convocó para hoy lunes a una sesión de emergencia para ver este asunto.

“Que defina el TC. La población y la comunidad internacional esperan que defina el TC”, señaló ayer Vizcarra, que espera una decisión que podría regresarlo al poder. “Ha salido un dictadorzuelo”, señaló, en referencia a Merino. Felicitó a los jóvenes por haberse movilizado y calificó de “héroes” a los dos estudiantes asesinados por la policía. El viernes, la fiscalía ordenó el impedimento de salida del país de Vizcarra por dieciocho meses por la investigación de recibir sobornos que se le ha abierto.

En las calles toda la indignación se ha dirigido contra Merino y el Congreso por la decisión de destituir al exmandatario tomada por parlamentarios que en buena parte están cuestionados por cargos de corrupción, pero los manifestantes se han preocupado en aclarar que su movilización no ha sido en defensa de Vizcarra. Así coincidieron en decírselo a PáginaI12 varios jóvenes que protestaban contra Merino el sábado en la noche. “No estamos aquí para defender a Vizcarra, estamos para defender la democracia. Vizcarra tendrá que ser juzgado en su momento”, nos dijo Ximena Guevara, abogada de 26 años. Opiniones similares hubo muchas. Todas las voces pedían la salida de Merino, muy pocas el regreso de Vizcarra. “Es por la democracia, no es por Vizcarra”, era una frase muy escuchada, y leída en los cartelones.

Mientras el Congreso se reunía para decidir a quién elegir para reemplazar a Merino y salir de la crisis que el propio Congreso creó, en las afueras del Parlamento, y en las calles y plazas de todo el país, miles que en la última semana protestaron exigiendo la salida de Merino seguían movilizados, en vigilia esperando esa decisión. Exigían que la persona elegida para asumir la presidencia del país no sea uno de los 105 congresistas de la coalición que llevó a Merino al poder. Advertían que si eso ocurría, entonces las protestas se reanudarían. Los manifestantes solamente estaban dispuestos a aceptar la elección de uno de los diecinueve legisladores que votaron en contra de la destitución de Vizcarra que llevó al poder a Merino. Al final, el Congreso no eligió a nadie en la votación de ayer en la noche y prolongó la incertidumbre, el vacío de poder y la crisis.

El Congreso puso a Merino en el poder, en una decisión calificada por la mayoría del país como un golpe parlamentario, y la calle lo sacó del cargo. Fueron seis días de protestas continuas hasta la caída del brevísimo régimen de Merino, señalado como “usurpador”. Había sido nombrado presidente el lunes por el Congreso que él presidía, tomado posesión del cargo el martes, nombrado el jueves a su gabinete ministerial, dominado por la extrema derecha, y el domingo se vio obligado a renunciar. La muerte la noche del sábado de dos jóvenes en las protestas antigubernamentales gatillaron las horas finales de la muy cuestionada y precaria presidencia de Merino, que había formado un gobierno con lo más rancio del ultra conservadurismo peruano.

Los fallecidos son dos estudiantes universitarios, Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Pintado falleció por múltiples impactos de perdigones en la cara, cuello y tórax, Sotelo de un balazo en el pecho. Sus muertes y los heridos son dramático testimonio de la brutal represión del gobierno ultraderechista de Merino contra las protestas ciudadanas. Sobre esa represión, Merino no asumió ninguna responsabilidad en su breve mensaje de renuncia. Pero ahora podría ser procesado por esos hechos.

Las dos muertes ocurrieron en el centro de Lima, escenario de las mayores protestas, que desde el lunes en la noche, cuando fue destituido Vizcarra y nombrado Merino en su reemplazo con el respaldo de congresistas denunciados por corrupción, se repitieron simultáneamente en todo el país, y en la capital se dieron en diversos distritos, desde los barrios populares hasta las zonas residenciales exclusivas. Han sido las protestas más grandes que recuerde el país en mucho tiempo.

La movilización del sábado, como las anteriores, era pacífica, hasta que, como ocurrió en las anteriores ocasiones, la policía atacó a los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, disparando gases y perdigones. Disparaban al cuerpo. Un joven caminaba con la nube de gases lacrimógenos que comenzaba a cubrir el lugar levantando un cartelón en el que se leía: “Mamá, salí a defender a mi patria, si no regreso me fui con ella”. Unos metros más allá caían los dos estudiantes que ya no regresarían a sus casas.

Este domingo, Merino, cuya situación era insostenible, renunció a la presidencia en un breve mensaje televisado de poco más de cinco minutos. Su renuncia cambió las protestas en celebraciones. Los gritos de “Merino no me representa”, “Fuera los corruptos”, cambiaron por el “Sí se pudo”. Apenas Merino terminó de hablar anunciando su renuncia, se escucharon cacerolazos en todas las ciudades del país, en todos los barrios de Lima. Cacerolazos que en los últimos días habían sido de protesta, este domingo fueron de celebración.

En las masivas movilizaciones de ayer domingo en calles y plazas de todo el país, que se prolongaron desde muy temprano hasta la noche, había festejo por la caída del gobierno denunciado como “usurpador”, pero también dolor por la muerte de los dos estudiantes, y expectativa por lo que vendría en las siguientes horas. Muchos salieron a manifestarse vestidos de negro, en señal de luto por los dos estudiantes asesinados durante la represión a las movilizaciones ciudadanas. 



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