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Patricia Bullrich todavía se cree ministra: hizo formar a policías que se cuadraron para saludarla | En una visita a Villa Gesell se arrogó funciones que no le corresponden



La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, se vio envuelta en una nueva polémica, luego de que se difundiera un video donde se ve a un grupo de policías que hacen fila ante ella como si fuera una autoridad. La presidenta del PRO compartió la filmación en su cuenta Twitter, la borró y luego volvió a subirla.

El hecho ocurrió en Villa Gesell, en el marco de la recorrida que realiza en la Costa Atlántica para la presentación de su libro “Guerra sin cuartel”.  La barra macrista que la acompañó en la ocasión celebró y aplaudió su actitud de arrogarse  una autoridad que dejó de tener a partir del recambio de gobierno.

En el marco de las repercusiones que las imágenes tuvieron en Twitter, muchos usuarios advirtieron que en una primera instancia la exministra de Seguridad había subido el video en su propia cuenta junto a la leyenda“Gracias por su corazón. Guerra sin cuartel – Villa Gesell”  y que más tarde lo había borrado. El posteo volvió a aparecer, tal cual, horas más tarde.

En las imágenes se ve a un conjunto de agentes de la Policía que se cuadra y forma filas ante Bullrich, en una imagen que la posiciona como si fuese una ministra en funciones. Sin embargo, actualmente no posee ningún cargo oficial que habilite este tipo de comportamiento.

Como en otros videos y fotos que se han difundido de su paso por la Costa Atlántica, la presidenta del PRO aparece junto a simpatizantes de su espacio sin cumplir con el distanciamiento social correspondiente y sin el uso de tapabocas.

El video no pasó inadvertido en Twitter, como así tampoco las idas y vueltas de Bullrich con su publicación.

Finalmente, tras las críticas, Bullrich subió nuevamente la grabación, donde se ve a un grupo importante de personas sin cumplir con los protocolos sanitarios adecuados.

Acompañada de exfuncionarios como Hernán Lombardi y figuras de otros ámbitos que se empiezan a sumar al espacio, como el ex bailarín Maximiliano Guerra, Bullrich estuvo presentando su libro en Pinamar, Cariló y Villa Gesell.





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Alberto Nisman: El único peritaje que sostuvo la hipótesis del asesinato no respetó ningún protocolo | A seis años de la muerte del fiscal



“La Gendarmería Nacional no observó los protocolos de actuación en la escena del crimen y en el análisis de lo ocurrido en el peritaje del caso de la muerte de Alberto Nisman. La fuerza  que, por otra parte, estaba desactualizado respecto de los avances científicos.” El texto es parte de una revisión completa, ordenada por el Ministerio de Seguridad, de todos los peritajes hechos por las fuerzas nacionales de seguridad en casos de importancia y servirá de base para el establecimiento de un nuevo protocolo que se pondrá en marcha en los próximos meses. Aquel peritaje de la Gendarmería es el único elemento con el que la trama judicial-política-mediática alineada con Cambiemos sostiene la hipótesis de que Nisman fue asesinado. Y como se trató de un estudio delirante, contradictorio con lo señalado por forenses y peritos idóneos, el juez y el fiscal esquivaron lo que se hace en todos los expedientes: llamar a declarar bajo juramento a los peritos para que expliquen cómo obtuvieron las conclusiones. A seis años de la muerte –se cumplen este lunes–, está claro que Nisman se disparó a sí mismo y eso hace que se haya diluido la campaña de Cambiemos y sus aliados para adjudicarle la muerte al peronismo.

El estudio sobre los peritajes de las fuerzas nacionales de seguridad –incluyendo específicamente el del caso Nisman– y los nuevos protocolos estarían terminados el mes que viene. Por indicación expresa de la ministra Sabina Frederic, participan especialistas de todas las fuerzas, pero también científicos del Conicet y hasta se están realizando consultas con referentes internacionales en la materia. No es un trabajo que se entregará en la causa judicial, pero dejará en evidencia, una vez más, la manipulación que se hizo.

De hecho, el texto que se prepara dice: “Así, el área científica y técnica en cuestión, que –como se ha mencionado– no había seguido los pasos establecidos por el protocolo arriba aludido, como toda instancia de trabajo profesional requirió de la recomposición de su organización, en función de los saberes que exige el avance del conocimiento científico a nivel nacional e internacional en la materia”.

Nada

El peritaje de la Gendarmería es la base en la que se sostiene –¿se sostiene?– la causa judicial. Al cumplirse seis años de la muerte de Nisman, el expediente no avanzó ni un paso porque, justamente, al juez Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano les resultó imposible conseguir siquiera una prueba sobre los hechos más elementales que indicarían que hubo un asesinato aquel fin de semana del domingo 18 de enero:

* No hay ninguna evidencia de que alguien haya entrado al edificio Le Parc donde vivía Nisman.

* Tampoco se encontró ningún rastro que indique que alguien entró al departamento del piso 13, cerrado por dentro, con sendos pasadores puestos en la puerta principal y en la de servicio.

* Tampoco dentro del baño se encontró ninguna evidencia del ingreso de otra persona que no fuera el mismo fiscal. O sea, Nisman se suicidó.

* Al técnico informático Diego Lagomarsino, quien le prestó el arma a Nisman y que, según está probado de manera demoledora, no estaba en el departamento a la hora del disparo –las cámaras demostraron que se fue a las 20.30.54–, no se le encontró en seis años ningún vínculo extraño ni llamadas sospechosas. Se lo imputó como partícipe de un comando que supuestamente mató a Nisman pero no se le detectó relación con ninguna persona sospechosa de integrar el inexistente comando.

* En el departamento no había desorden ni rastros de pelea ni vestigios de lesiones defensivas del fiscal que, por lo tanto –según la hipótesis oficial surgida de la Gendarmería– se dejó llevar mansamente por tres sujetos hasta el baño.

Falso testimonio

Como el peritaje de la Gendarmería –realizada a pedido de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich– llegó a conclusiones descabelladas, el fiscal Taiano, que instruye la causa, eludió convocar a los responsables para que declaren bajo juramento y afronten, de manera más clara, el riesgo de ser imputados por falso testimonio agravado en causa penal, que prevé una pena de hasta diez años de prisión. Pese a que los abogados de Lagomarsino, los doctores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, pidieron esa medida en forma reiterada, en todos estos años no se concretó. Y mucho menos se aceptó que quienes hicieron la autopsia –el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema– y quienes integraron la junta médica y la junta de criminalistas que analizaron el caso confronten sus conclusiones con los responsables de la División Pericias de la Gendarmería. Dentro de la misma fuerza verde es un secreto a voces que el peritaje es insostenible.

Delirios

La secuencia imaginada por los gendarmes tenía como punto central que a Nisman virtualmente lo durmieron –anestesia disociativa– con ketamina, un fármaco inadecuado para sedar a una persona y que, por supuesto, no hubiera sido usado por un comando sofisticado como el que inventaron en la causa judicial. De todas maneras, esa fue la manera en que trataron de explicar por qué Nisman, que medía casi 1.90, no presentó ninguna resistencia ni lesiones defensivas.

La propia Gendarmería no pudo sostener su hipótesis porque no logró establecer cuánta ketamina tenía Nisman en el cuerpo, al punto que en la página 51 del informe tuvieron que poner las letras N/C, que significa no cuantificable. En el texto admiten que sólo tenía trazas, o sea una cantidad que no serviría para anestesiar a nadie. Tampoco la Gendarmería pudo determinar cómo ingresó la ketamina en el cuerpo, porque no se encontró ningún rastro de una inyección y, peor aún, la ketamina no aparecía ni en la orina ni en ninguna de las vísceras.

El CMF hizo trascender que las muestras se pasaron por dos cromatógrafos –aparatos sofisticados para la detección toxicológica–, ambos modernos, y que no apareció ningún rastro de ketamina.

Golpes

Como es obvio, aún en el delirio de la Gendarmería, Nisman no hubiera permitido que le suministren la ketamina. De manera que en el peritaje inventaron que lo inmovilizaron con una golpiza, empezando con una fractura de la nariz. La afirmación la hicieron sin haber tenido nunca el cuerpo delante, ya que la Gendarmería no hizo la autopsia, sino que únicamente accedió a fotos y radiografías. Los voceros del CMF explicaron que los gendarmes –que no hacen autopsias– confundieron una toma levemente lateralizada de la nariz con una fractura. Como es obvio –dijeron–, una lesión de esa naturaleza hubiera producido enormes hematomas y marcas, que Nisman no tenía. También confundieron un derrame biliar, habitual por la descomposición del cuerpo, con un golpe y lo mismo ocurrió con la marca que dejan los dientes en los labios cuando se produce la muerte y que también diagnosticaron equivocadamente como un golpe.

Elemental

La manipulación derivó en otro delirio que constituye un récord mundial: la Gendarmería estableció el minuto de la muerte, a las 2.46 de la madrugada del domingo 18 de enero de 2015. La afirmación va totalmente contra la ciencia: no existe peritaje en el mundo que indique el minuto exacto de una muerte, porque juegan un montón de factores, entre ellos las características de cada cuerpo, la temperatura ambiente, la existencia o no de agonía.

Pero, además, está probado que a las 7.30 Nisman estuvo revisando sus mails, leyó PáginaI12 y otros diarios y entró a ver fotos en Instagram de una chica con la que había estado tres días antes. Todo fue establecido por el perito informático Marcelo Torok y no pudo ser rebatido por los demás peritos. La suma de todos los elementos –autopsia, junta de forenses, junta de criminalistas, peritaje de las manos de Nisman, peritaje informático– llevan a las conclusiones que establecieron los especialistas: “No se observa la participación de terceras personas” o “no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo”.

Aunque Comodoro Py no quiere ni oír hablar de semejantes desastres que demuelen la causa Nisman, el Estado estaba obligado a analizar cómo se hicieron todas estas barbaridades. En el listado entran también los peritajes sobre la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y otras varias. Por supuesto, el objetivo es evitar que se repitan tamañas manipulaciones. A eso apunta la revisión que está muy avanzada y que se conocerá en el próximo tiempo. 



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Coronavirus: El macrismo parece más cerca del virus que de la salud | Juntos por el Cambio se opone a las restricciones a la circulación para limitar los contagios



La cúpula de Juntos por el Cambio salió a cuestionar la decisión del gobierno nacional de avanzar nuevamente con restricciones a raíz del aumento de casos de coronavirus. Lo hicieron, incluso, antes de conocer el contenido de las medidas. En un comunicado que se titula “La restricción de libertades no puede ser la única respuesta a la crisis sanitaria”, los presidentes de los bloques del espacio opositor consideraron que la decisión “restringe las libertades individuales”. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, directamente sostuvo que el presidente Alberto Fernández “se arroga la potestad de un monarca”. Por caso, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, respondió con contundencia al sostener “están jugando con la salud de los argentinos. Si hay argentinos que no se vacunan por lo que dice Elisa Carrió y luego mueren, ¿quién se hace cargo de eso?”.

Sin siquiera estar al tanto de los detalles de las medidas para frenar el aumento de casos de covid-19, Juntos por el Cambio sacó un comunicado en el que consideró que “el gobierno nacional elige restringir las libertades individuales como una única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus. El toque de queda que se pretende no hace más que confirmar la mezcla del fracaso de la política sanitaria y el intento oficial por montarse sobre acontecimientos populares que pretendieron convertir en eventos oficialistas”.

Olvidando de manera conveniente las decenas de movilizaciones que realizaron en los meses más complejos de la pandemia en 2020, los dirigentes opositores criticaron el funeral de Diego Armando Maradona y las concentraciones a favor del aborto legal: “Así se permitieron hechos masivos en un momento en el que, con el esfuerzo de todos, los contagios habían bajado, pudiendo tener un verano ordenado, con la posibilidad para miles de comercios de volver a abrir sus puertas y para que los trabajadores regresaran a sus actividades”. “Ahora la carga del fracaso y negligencia en el manejo de la pandemia tiene un nuevo chivo expiatorio: los jóvenes, generando un nuevo enemigo imaginario en los jóvenes; no puede ser un absurdo tan grande”, remarcaron. Los dirigentes exigieron que las medidas sean decididas en el Congreso, que se priorice la actividad económica y, de paso, pidieron por las “medidas restrictivas a la actividad agrícola”, para sumarse al reclamo de la Mesa de Enlace.

Como si tratara de sacarle ventaja a sus propios colegas opositores, Patricia Bullrich se expresó antes de que se publicara el comunicado de Cambiemos: “El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!”, sostuvo la exministra de Trabajo de la Alianza que le recortó el 13 por ciento a trabajadores y jubilados e ignorando que desde el oficialismo nunca se habló de toque de queda o medida similar a pesar de que en varios países de Europa efectivamente se aplica lo que Bullrich cuestiona.

El que se mantuvo en silencio fue el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien por estos días padece coronavirus que contrajo cuando estuvo en la costa. Durante el encuentro remoto con Alberto Fernández, propuso restringir la actividad de boliches, cervecerías y restaurantes, pero no la circulación en general. Algo que, vale aclararlo, Larreta lo sabe porque según el DNU que implementó el distanciamiento social, este tipo medidas son de exclusiva responsabilidad de los mandatarios de cada distrito. Y este es el caso.

Desde el oficialismo habló el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, quien aseguró que “sería bueno que ‘Juntos por el Comunicado’ deje de tribunear y colabore un poco. Salen en manada a criticar medidas que ¡Ni se anunciaron! Dejen de politizar la pandemia. Dejen de angustiar y generar malestar permanentemente. ¿No les alcanza con militar contra la vacuna?”. Incluso la diputada del Frente de Todos Cristina Alvarez Rodríguez cuestionó la arriesgada y peligrosa actitud del macrismo: “Militan en contra de la vacuna y de las medidas de contención y cuidado, con la mezquina intención de ir en contra de un gobierno. No construyen, solo dañan. En política no vale todo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alejado de cualquier responsabilidad política, el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó que las nuevas medidas son “una prueba palpable del fracaso de la estrategia sanitaria de Alberto Fernández y una restricción enorme a la economía para generar nuevamente un relato épico de que estamos muy mal y que es por culpa de los jóvenes cuando, en realidad, nunca se hizo un plan específico para prevenir rebrotes o aumentos de contagios como los que se están dando ahora”.

En tanto, el radical Luis Petri afirmó “toda decisión sobre restricciones a las libertades individuales, llámese cuarentena o toque de queda, debe ser dispuesta por el Congreso, no mediante DNU a sola firma del Presidente y menos si establece consecuencias penales”. Petri citó el Pacto de San José de Costa Rica y ensayó una argumentación jurídica. Le contestó en términos jurídicos Anibal Fernández: “Desconfíen de cualquiera que llame Pacto de San Jose de Costa Rica a lo que se llama Convención Americana. Hay que ser una bestia jurídica para suponer que la Convención Americana por los Derechos del Hombre prohíbe los DNU y decretos”.





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Patricia Bullrich, imprudente al volante: hizo un zoom mientras manejaba | El hecho es ilegal y está prohibido por las leyes de tránsito 



La dirigente de Juntos por el Cambio y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cometió una imprudencia al participar de una reunión virtual a través de la aplicación Zoom mientras manejaba su auto. Más allá de manejarse de manera imprudente, la situación es ilegal y está prohibida por las leyes de tránsito en el país, Ciudad y Provincia.

Las imágenes y el video se viralizaron rápidamente y aún se desconoce quién filtró ese material. Parte de la interna que ya arde dentro del espacio macrista que tiene varias vertientes.

Según la información difundida, Bullrich cometió la imprudencia mientras hablaba con el expresidente Mauricio Macri, quien está de vacaciones en el sur del país como suele hacer en sus veranos y como lo acostumbraba también como mandatario nacional. La ex ministra de Seguridad fue repudiada en las redes sociales por la negligencia de mostrarse de esa manera, hecho que está prohibido por las leyes de tránsito nacionales.

En Provincia, la Ley de tránsito sostiene que no se puede “utilizar durante la conducción de un vehículo, auriculares y/o sistemas de comunicación telefónica manual, para hacerlo deberán detener el vehículo”. Por su parte, en Capital Federal, el texto es más específico y en el Artículo 6.1.26 de la Ley 451, se establece que “el/la que conduzca un vehículo o motovehículo manipulando teléfono celular o utilizando auriculares en ambos oídos o utilizando equipos reproductores de video, es sancionado con una multa de 100 Unidades Fijas”. Justamente, al estar utilizando la plataforma Zoom, se reproducen videos que pueden distraer al conductor, en este caso, Patricia Bullrich. 



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Los arrepentidos y una batalla judicial pendiente | Con la mira puesta en Patricia Bullrich, Jorge Brito había denunciado por falso testimonio a Vandenbroele



El accidente en el que perdió la vida Jorge Brito le dejó pendiente la batalla judicial contra el arrepentido Alejandro Vandenbroele, pero sobre todo contra los funcionarios de Cambiemos que guionaron -como en otros casos- la declaración del arrepentido. A lo largo del caso de la imprenta Ciccone había numerosos indicios de que Brito participó en una o las dos fases del rescate de la imprenta: o en el financiamiento o en la propiedad de las acciones. O en ambas cosas. Para la Justicia, esa participación no constituyó delito y fue absuelto en junio de este año. Pero lo que puso en marcha la batalla judicial de Brito es que en su declaración como arrepentido, Vandenbroele dijo que quien le pagaba era Brito y que Brito era socio de Boudou. El banquero lo denunció por falso testimonio, pero apuntaba más arriba. Dicen que su verdadero objetivo era Patricia Bullrich.

Como se sabe, Ciccone -ahora nacionalizada- era la única imprenta de América Latina que imprimía billetes y realizaba otros delicados trabajos de seguridad como títulos universitarios o billetes de lotería. La empresa entró en crisis y el juez de la quiebra se la adjudicó, en una llamativa subasta, a Boldt, otro gigante bonaerense de las impresiones, pero también administradora de casinos, entre ellos el de Mar del Plata y el de Tigre.

Para evitar semejante incompatibilidad hubo un proceso en el que se levantó la quiebra -que originalmente tenía a la AFIP como protagonista- y el rescate estuvo a cargo de una empresa llamada The Old Fund, cuya cabeza era el abogado mendocino Alejandro Vandenbroele. Para la Justicia el letrado era testaferro del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, aunque quedó probado que no se conocían, tal como Boudou dijo desde un principio. La justicia argumentó que fue testaferro a través del amigo de Boudou, José María Nuñez Carmona, aunque nunca hubo una evidencia de posesión de las acciones. 

La investigación demostró que el dinero que puso The Old Fund para rescatar Ciccone provino del Banco Macro o del fallecido empresario Raúl Moneta. Los jueces que condenaron a Boudou sostuvieron que él se quedó con el 70 por ciento de la imprenta y luego se la “vendió” a Moneta, aunque no está claro si Moneta y Brito eran socios. Lo cierto es que los nuevos gerentes de Ciccone provinieron del Macro, Máximo Lanusse y Francisco Sguera. Con esa evidencia, el juez Ariel Lijo procesó a Brito por partícipe necesario en negociaciones incompatibles con la función pública, pero la Cámara revocó ese procesamiento y finalmente fue absuelto en junio pasado. El magistrado consideró que no había delito en su vínculo con el rescate de la imprenta.

En toda la etapa del procesamiento pesó mucho la sorpresiva declaración de Vandenbroele como arrepentido. El abogado dijo que él trabajaba para Brito y que Brito era socio de Boudou. Como se recordará, luego quedó claro que Vandenbroele recibió dos millones pesos en 2017 -seis millones de pesos a valores actuales- para administrar un hotel boutique en Mendoza, la posada La Masía, dinero que puso el programa de protección de testigos que administraba el Ministerio de Justicia.

La declaración de Vandenbroele derivó en una causa judicial por falso testimonio que iba derecho a quedar en la nada porque la instruía el juez Claudio Bonadío. Sin embargo, por el fallecimiento del magistrado, el expediente pasó a Marcelo Martínez de Giori y Brito tomó la decisión de aportar a la acusación contra Vandenbroele: quienes lo conocían de cerca sostienen que estaba obsesionado en lograr una condena, en primera instancia, del arrepentido.

Sin embargo, el objetivo estaba -está- más arriba. El banquero consideraba que la declaración fue guionada por funcionarios de Cambiemos como también se probó con la declaración de otro arrepentido, Leonardo Fariña. Los testimonios de dos abogadas, más los mails que recibió Fariña con el texto de lo que debía decir sobre la obra pública, evidenciaron el armado. Y Brito -según quienes lo trataban- tenía la mirada puesta en Patricia Bullrich porque creía que ella fue la que instrumentó el pago e intervino en la declaración del arrepentido. La exministra de Seguridad en su momento incurrió en graves contradicciones: primero dijo que no le pagaron a Vandenbroele y luego lo reconoció.

Toda la cuestión de los arrepentidos se está debatiendo en la Sala I de la Cámara de Casación, que emitirá fallo esta semana o la próxima. Los grandes medios han hecho distintas operaciones para frenar la anulación de las declaraciones en la causa de las fotocopias de los cuadernos. La cuestión es tratada por la jueza Ana María Figueroa y su pares Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los temas son dos:

* Si se puede aplicar la ley del arrepentido porque fue votada por el macrismo, para casos de corrupción, en octubre de 2016. Los hechos del expediente cuadernos son anteriores a esa fecha, de manera que los camaristas podrían considerar que es ilegal la aplicación retroactiva.

* La ley del arrepentido establece que las declaraciones “deben registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo”, lo que implica grabación de audio o video. Según declararon varios de los imputados, las situaciones fueron extorsivas o de negociación espúrea y por eso no se dejó ningún rastro ni grabación. La Sala I tiene que decidir si aún así son válidas.

El caso de Brito y Vandenbroele vuelve a poner sobre el tapete esas declaraciones de los arrepentidos. Seguramente la familia del banquero fallecido trágicamente seguirá la batalla en Comodoro Py para que se sepa la verdad, pero el edificio de Retiro no es cancha neutral en este tema: gran parte de las maniobras se cocinaron allí. 



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El PRO convoca a marchar para que los jueces trasladados a dedo sigan en sus cargos | Después del fallo de la Corte Suprema, la oposición llama a protestar el 8N



La presidenta  del PRO, Patricia Bullrich, convocó a una nueva marcha opositora, en respaldo a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, trasladados irregularmente por el gobierno de Mauricio Macri, según falló la Corte Suprema, por lo que deberán dejar sus cargos en cuanto se elijan nuevos jueces por concurso. La convocatoria es para el próximo domingo 8 de noviembre, en el Obelisco y otros puntos del país. 

“El #8N marchemos para pedirles a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!“, remarcó la ex ministra de Seguridad de Macri, a través de sus redes sociales.

“Que sigan haciendo justicia hasta que vengan los nuevos. Es importante que no se vayan. Que la gente le pida que no se vayan, que no dejen espacios”, subrayó la presidenta del PRO.

Juntos por el Cambio manifestó su rechazo al fallo de la Corte Suprema que determinó que los traslados de magistrados no son definitivos, por lo que los tres jueces deberán dejar sus cargos en cuanto se sustancien los concursos correspondientes –a los que incluso pueden presentarse–.

Como informó este diario, la mesa nacional de JxC se reunió este miércoles a través de la plataforma Zoom. El tema de los jueces fue utilizado para no encarar el debate sobre la designación de Daniel Rafecas como procurador, un tema que enfrenta a duros con moderados y que quedó en suspenso hasta tanto el oficialismo confirme la postulación del actual juez. 

“No nos satisface”, admitieron sobre el fallo de la Corte, a la salida del encuentro. Entre los participantes estuvieron Maurio MacriPatricia Bullrich; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora María Eugenia Vidal, Miguel Ángel Pichetto, los senadores Humberto Schiavoni, Martín Lousteau y Luis Naidenoff; así como los diputados Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo y Mario Negri, entre otros.





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Milei y Bullrich en un debate para ver quién está más a la derecha | Cruces y chicanas en la mesa de Mirtha Legrand



Luego del debate entre Donald Trump y Joe Biden, la versión argentina del show de interrupciones y chicanas fue protagonizada el fin de semana pasado por la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el economista mediático Javier Milei, durante un programa de TV en el que se disputaron quién está más a la derecha, a la hora de hacer de discutir sobre economía.

Que “ustedes defendieron el gradualismo”, que “fuimos el gobierno más institucionalista”, que “cercenaron las libertades”, que “nunca agredimos a nadie”. Esas fueron algunas de las acusaciones que intercambiaron.

El contrapunto neoliberal tuvo lugar en la mesa que conduce la nieta de Mirtha Legrand y ofreció un sinfín de disquisiciones que nunca terminaron de cerrarse pero que elevaron la temperatura del encuentro en relación directamente proporcional con la confusión de las ideas.

Fiel a su carácter, el que más levantó la voz fue Milei, que para cuestionar a Juntos por el Cambio eligió una de las comparaciones que más podría dolerle a una macrista: los acusó de “ser lo mismo que el kirchnerismo”. No solo anímicamente, sino en la disputa de la franja de votos más antiperonistas.

El cambalache argumental del economista empezó con que “Cambiemos (SIC) y el kirchnerismo son lo mismo porque todos le subieron el impuesto” a los ciudadanos, y terminó con acusaciones del tipo “Marcos Peña se sentía orgulloso de ser socialista”, Jaime Durán Barba “es marxista” y Alfonso Prat Gay “es bien de izquierda”.

Bullrich no se amilanó y tiró más confusión al fuego. Dijo que la coalición PRO, Coalición Cívica y UCR “no se benefició con la grieta”, que el gobierno anterior fue “el más institucionalista” y que “la Argentina es un país que está muy trabado”.

También se esforzó por tender algunos puentes con Milei. Por ejemplo, aseguró que Juntos por el Cambio “es la contracara del populismo”, que esa fuerza es un “fuerte contrapeso institucional” del gobierno de Alberto Fernández y que “si hay un diputado liberal, ese es Fernando Iglesias”, por ejemplo.

Pero el economista no se dejó seducir. “¿Tu espacio es liberal? ¿Adónde?”, fustigó Milei y le espetó a Bullrich ser parte de los funcionarios que “cuando tuvieron que meterle la mano en el bolsillo, no tuvieron reparo alguno”. Los acusó también de generar “un descalabro macroeconómico” y de “cercenar las libertades individuales, poniendo un cepo” a la compra de dólares.

La respuesta de Bullrich fue elocuente: “No, bueno…” También dio una particular definición de Juntos por el Cambio: “Somos una fuerza que logró algo que para la Argentina es muy importante: por primera vez desde 1983, el gobierno tiene un contrapeso institucional, político y social en la calle, levantando banderas que son espejo de los que plantea el kirchnerismo”.

Milei de paso aprovechó la mesa para hacer publicidad de su eventual candidatura a diputado nacional en el espacio que –hasta el momento- compartirá con Luis Espert, y para lanzar su primera promesa de campaña: “Antes de subir un impuesto, me corto el brazo”.



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El espionaje ilegal del macrismo iba mucho más allá de la AFI | Nueva línea de investigación sobre el rol de las fuerzas de seguridad



Jorge Domínguez era el director de Inteligencia de la Gendarmería Nacional cuando desapareció Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017. Casi dos años después tuvo una salida estrepitosa del edificio Centinela y recaló en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Señalado como uno de los hombres de confianza de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Domínguez se presentó hace unos días ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia. Con su declaración, la bicameral inicia una línea de investigación enfocada en determinar cuán involucradas estuvieron las fuerzas de seguridad en el espionaje macrista, que esta semana sumó episodios escandalosos como la denuncia de la intervención de la AFI por los seguimientos sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan y también el despliegue de maniobras de inteligencia ilegal, con objetivos políticos hace tres años, en coincidencia con las elecciones de medio término, reveladas por el juez Alejo Ramos Padilla. Este último grupo de acciones incluyó espionaje sobre referentes políticos de diversos municipios, organizaciones sociales y comunitarias, actos de Cristina Fernández de Kirchner y todo tipo de actividades donde había reclamos por la desaparición de Maldonado y la afectación que traían para la imagen de la Gendarmería y del gobierno de Mauricio Macri.

Domínguez es un nombre poco conocido, pero que acumuló poder en la Gendarmería en los tiempos de Bullrich. Ingresado a la fuerza en 1984, llegó a la dirección de inteligencia criminal en 2017. Viajó a los pocos días de la desaparición de Maldonado a Esquel y unos días después a Chile justo cuando el gobierno buscó instalar en los medios y en el expediente la hipótesis para criminalizar a la comunidad mapuche.

Ante la bicameral que preside Leopoldo Moreau, Domínguez dijo no estar al tanto de si se realizaron tareas de espionaje sobre la familia de Maldonado, la comunidad mapuche y organismos de derechos humanos. Tampoco recordó haber conversado sobre el tema Maldonado con Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de Bullrich y quien comandó desde el terreno el operativo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago. Después de una investigación, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, denunció ante la Justicia Federal a Noceti por su rol en el caso Maldonado junto con la que era la cúpula de la Gendarmería.

En todo momento, Domínguez buscó descargar responsabilidades en la Central de Reunión de Información (CRI) Neuquén y en la línea de la jefatura regional de la Gendarmería que tenía asiento en Bahía Blanca. La vinculación de la CRI con el espionaje a los Maldonado surgió meses atrás en la causa que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, tal como informó Página/12.

Domínguez, según pudo reconstruir este diario, dijo que fueron sus superiores quienes le ordenaron viajar a Esquel el 12 de agosto de 2017, a once días de la desaparición de Maldonado, pero que él no le vio demasiado sentido a la permanencia del director de inteligencia en el área, por lo que decidió seguir viaje hacia Temuco en un auto de la Gendarmería para mantener una reunión con los Carabineros de Chile, con quienes todo indica que intercambiaban información para alimentar las versiones con las que después Bullrich se despachaba en sus apariciones públicas.

¿Por qué viajó a Chile durante la desaparición de Maldonado? –le preguntaron los integrantes de la bicameral.

Lo escucharon con cierta sorpresa contestar que lo hizo porque estaba en la víspera de la cumbre del G-20 y de la visita del Papa Francisco a Chile. Es cierto que Jorge Bergoglio visitó ese país en enero de 2018, o sea, más de cuatro meses después. Pero el G-20 recién se hizo un año después. No estaba en la víspera de nada para justificar la visita.

La carrera de Domínguez en la Gendarmería se cortó en 2019. Él dijo que fue porque no le reconocieron un viaje que hizo invitado y pagado por los Estados Unidos. Otros recuerdan un episodio a las trompadas con el segundo de Gerardo Otero en la conducción de la Gendarmería. Lo cierto es que después de las primarias de 2019 desembarcó en la AFI.

El suyo es el segundo caso de pupilos de Bullrich que terminan en puestos claves en la Agencia. El primero fue Alan Ruiz, que llegó a la ex SIDE a principios de 2018 y puso en marcha el espionaje político que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Con Ruiz, contó Domínguez, casi ni se cruzaron en la base de Contrainteligencia de la AFI. Una tarde coincidieron, quizá.

La puerta de ingreso a la AFI fueron las distintas mesas de coordinación que hicieron las agencias macristas sobre distintos temas: crimen organizado, narcotráfico y las cumbres de la OMC y del G-20. A Domínguez lo destinaron a la Dirección Operacional de Contrainteligencia, que estaba a cargo de Martín Coste –procesado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner–. El gendarme quedó bajo la tutela del piloto Juan Hernández y, según su declaración, nunca tuvo una función clara en el Departamento de Delitos Complejos, donde confluyó con otros de los acusados de espionaje en Lomas.

Con Domínguez, la bicameral estrenó una nueva línea de investigación sobre los espías en la era Macri, que se complementa con la de la propia AFI, la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de las precausas armadas en base a escuchas telefónicas. El espionaje ilegal y con intenciones de obtener información de tipo político, en violación a la Ley de Inteligencia, fue un instrumento utilizado de manera sistemática por el gobierno de Macri, como comenzó a quedar a la vista en distintas investigaciones penales y también en la Bicameral. Así como los familiares de los submarinistas del ARA San Juan ya habían denunciado –hasta ahora sin suerte– que los seguían y que había comportamientos extraños en sus teléfonos celulares que les hacían presumir que estaban siendo observados, también denunció distintos tipos de seguimientos Sergio Maldonado, hermano de Santiago, junto a su familia. 

No parece una sospecha descabellada si se observan con atención algunos de los seguimientos y partes de inteligencia que sacó a la luz esta semana el juez Alejo Ramos Padilla, al procesar al jefe de las bases AMBA de la AFI, y citar a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En 2017 había un “Informe Semanal de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”, donde los agentes de la AFI pasaban lista de todos los eventos vinculados con los reclamos por la desaparición de Maldonado. “Informa sobre misas, pintadas, volantes, marchas, todo ello con el mismo nivel de importancia, identificando organizaciones que convocan, curas que dan misas, vecinos que preguntan”, describía la resolución del juez de Dolores. Es curioso que los partes de la AFI analizan la preocupación por la imagen del gobierno, en el período electoral, y también de la Gendarmería. “Lejos de realizar labores de inteligencia nacional estratégica o investigar el crimen organizado en la provincia, efectúan análisis políticos sobre las implicancias electorales de la desaparición del joven, señalando que continuará siendo utilizada políticamente por la oposición de izquierda, el kirchnerismo, los organismos de derechos humanos y sindicatos como forma de desgaste electoral”, detalló Ramos Padilla. 

La AFI incluso le recomendaba al gobierno, para cuidar su imagen, “dar con el paradero del mencionado o finalizar la investigación con algún resultado que diera punto final a la incertidumbre (…) para evitar de esa manera la utilización de su imagen con fines políticos”. Como es conocido, la Gendarmería hasta ahora no fue seriamente investigada y nadie fue indagado por la muerte de Maldonado. Tampoco por el espionaje.



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Sociedad

La escuelita del odio

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