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A 40 años del atentado que terminó con Somoza | El ataque realizado por una célula del ERP acabó con la vida del dictador nicaragüense



El 17 de septiembre de 1980 el nicaragüense Anastasio Somoza Debayle encontró la muerte en el Paraguay de Alfredo Stroessner sobre la avenida Generalísimo Franco. Los tres dictadores quedaron unidos en tiempo y espacio por un atentado cometido hace 40 años que sacudió al mundo. La operación Reptil acabó con la vida del último tirano de una dinastía que había comenzado en 1937 su padre, Anastasio Somoza García, en la tierra de los poetas Rubén Darío y Ernesto Cardenal. La autopsia determinó que tenía 25 orificios de bala en el cuerpo, un cuerpo calcinado por un lanzacohetes RPG-2 que falló al primer tiro pero no al segundo arrojado sobre el Mercedes Benz blanco donde viajaba. Dos argentinos protagonizaron la acción: Enrique Gorriarán Merlo vació el cargador de su fusil de asalto M-19 sobre el parabrisas y su compañero del ERP, Hugo Irurzun, el capitán Santiago, completó la faena con el disparo que hizo explotar el auto. El primero consiguió escapar y contó años después que el asesinato de Tachito – apodo por el cual se conocía al menor de los Somoza – se había empezado a planificar en el restorán Los Gauchos de Managua, que todavía existe. La historia dice que cuando unos periodistas le preguntaron al comandante sandinista Tomás Borge si sabía quiénes habían sido los autores del ataque respondió: “Fuenteovejuna”.

Ese miércoles 17 a las 9.55 de la mañana, el grupo comando de siete guerrilleros – cuatro hombres y tres mujeres – fue por su objetivo. El plan para matar a Somoza había llevado casi un año de preparación. La primera célula ingresó a Paraguay desde Brasil. Las armas se cruzaron en una embarcación desde la Argentina. Ya en Asunción, se estudió cómo hacer la operación que cerca estuvo de levantarse porque le perdieron el rastro al blanco. El huésped de Stroessner había dejado por un tiempo de hacer su trayecto habitual. No aparecía en el radar de sus ejecutores.

Los integrantes del ERP liderados por Gorriarán pudieron seguir con precisión los movimientos del dictador cuando uno de ellos, camuflado como canillita, alquiló una parada de diarios en la esquina de las avenidas Generalísimo Franco y Santísimo Sacramento. Muy cerca de la vivienda desde la que Somoza, su chofer nicaragüense César Gallardo y su asesor financiero, el italo-estadounidense Joseph Jou Baittiner, salieron aquel día a bordo del Mercedes Benz custodiados por un auto de la policía. Ninguno de los tres sobreviviría al ataque sincronizado.

En la logística del operativo también resultó clave otra situación. Los guerrilleros alquilaron una vivienda vecina a la de Tachito bajo un ardid de comedia. Le explicaron al dueño de la propiedad –un ingeniero llamado Luis Alberto Montero – que eran representantes del cantante Julio Iglesias y que el verdadero locador era él. Adujeron que el español planeaba filmar una película en Paraguay y hacer una serie de recitales y con esa zanahoria pidieron anonimato absoluto para su representado. Una ficción que les dio resultado pero que mandó al propietario a la cárcel por un tiempo. La historia fue investigada por la periodista nicaragüense Mónica Zub Centeno para su libro Somoza en Paraguay. Vida y muerte de un dictador, publicado en 2016.

Cuando el Mercedes Benz patente 177561 iba por la avenida Generalísimo Franco – hoy España – un Jeep Cherokee que conducía Roberto Sánchez, uno de los guerrilleros, se le cruzó de golpe a una combi que antecedía al auto donde iba Somoza. Armando, tal su nombre de guerra, moriría en el ataque al cuartel de La Tablada en febrero de 1989. Su maniobra fue suficiente para que el objetivo frenara y quedara en la línea de fuego del lanzacohetes de Irurzun. El primer disparo no salió. Pero sí todos los tiros con los que Gorriarán ejecutó a Somoza y su reducida comitiva antes de que reaccionara la custodia que venía detrás. El segundo proyectil del RPG-2 que portaba el capitán Santiago sobre uno de sus hombros completó la tarea. El chofer voló fuera del vehículo y cayó a varios metros sobre el asfalto según las crónicas periodísticas.

Angel Bogado, reportero gráfico del desaparecido diario paraguayo Hoy, fue uno de los primeros en llegar al lugar. En aquel momento contó: “Recuerdo que todavía salía humo del cuerpo de Somoza, tipo vapor, por el tema de las balas que recibió. Él y su acompañante estaban como agachados, como metiendo la cabeza entre las piernas”. Años más tarde, Gorriarán comentó el episodio en un programa de TV: “La explosión fue impresionante. Pudimos ver el auto totalmente destrozado y la custodia escondida detrás de un murito de la casa de al lado. Ya no tiraban más”.

El único guerrillero que no pudo escapar al operativo cerrojo montado minutos después para dar con el comando fue el santiagueño Irurzun. Flaco, muy alto – medía más de 1,90- no pasaba inadvertido. Había combatido en el monte tucumano durante el Operativo Independencia y en Nicaragua con los sandinistas. Después del ataque regresó a un departamento en el popular barrio San Vicente. La versión oficial sobre su destino fue que murió enfrentándose a la policía. Con los años se comprobó que había sido torturado y su cuerpo desaparecido. En 2007 se realizó una exhumación de restos en el cementerio de Asunción que no arrojó resultados positivos. En su ciudad natal de La Banda, en Santiago del Estero, se lo recuerda desde 2015 con un pequeño monumento en una plaza.

El cuerpo irreconocible de Somoza no fue fácil de identificar. Su amante nicaraguense, Dinorah Sampson Moganam, lo había acompañado hasta Paraguay y no podía creer lo que veía. Esta mujer de 73 años que llevó una vida fastuosa durante su relación con el dictador se instaló en Miami en 1981. Lo había conocido en un velorio en 1962 y desde entonces nunca volvió a separarse de él hasta su muerte.

La herencia que dejó el último de los Somoza en Nicaragua fue demoledora: unos 50 mil muertos, la mayoría entre la población civil, casi el doble de heridos, unos 40 mil huérfanos y alrededor de 150 mil desplazados hacia los países vecinos de Honduras y Costa Rica. Stroessner le concedió el status de residente temporal cuando huyó. Los dos tiranos coincidieron apenas casi un año en Asunción y se vieron muy poco. Tachito alcanzó a invertir una parte de su fortuna – estimada en 6 mil millones de dólares -en el Chaco paraguayo a donde llegó el 19 de agosto de 1979. Un mes antes se había producido la entrada triunfante en Managua de los revolucionarios sandinistas. El dictador buscó refugio en varios países hasta que lo encontró en Asunción. Diez años después de la huída de Somoza de su país, del que se escapó llevándose hasta sus loros, al dictador que lo recibió le llegaría su propio final. Stroessner fue derrocado por uno de sus generales, su consuegro Andrés Rodríguez. A diferencia del  nicaragüense llegó a la vejez, se mudó a Brasil y murió a los 93 años en 2006 sin que nadie lo molestara.

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El gobierno de Paraguay envió 800 agentes para continuar la búsqueda del exvicepresidente Óscar Denis | Tras la liberación de Adelio Mendoza, el otro secuestrado



El gobierno de Paraguay envió más de 800 agentes para continuar la búsqueda del exvicepresidente Óscar Denis, tras la liberación de su empleado Adelio Mendoza la noche del lunes. Ambos habían sido secuestrados el miércoles pasado por el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Luego de recuperar la libertad Mendoza dijo que escuchó la voz de su patrón hasta pocas horas antes de abandonar el campamento del EPP. Su liberación se dio horas después de que las hijas del exvicepresidente reclamaran una prueba de vida de su padre. Ahora pidieron al ejército liberar la zona para que los secuestradores puedan retirar los medicamentos de Denis que padece diabetes e hipertensión. En paralelo continuarán la entrega de comida a comunidades indígenas como había exigido el grupo guerrillero. Sin embargo el gobierno no cumplió con el otro de los pedidos del EPP: liberar a dos de sus exmiembros encarcelados. A su vez, el ejecutivo ofreció 150 mil dólares a quien aporte información sobre los líderes de la organización armada.

“Estado de shock”

El ministro del Interior Euclides Acevedo informó que Mendoza llegó caminando a la estancia de su patrón, donde ambos habían sido secuestrados la semana pasada. El ministro dijo que el joven de 21 años se encontraba en buen estado de salud pero conmocionado. Por su parte el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el teniente coronel Luis Apesteguía, informó que Mendoza fue atendido por médicos y personal militar. “Se encuentra muy bien de salud. Lógicamente está en shock por la situación que vivió, pero en el correr de las horas va a ir mejorando y también con la asistencia de profesionales”, agregó el militar. Por su parte, el fiscal Federico Delfino aclaró que Mendoza no pudo brindar precisiones debido a que todavía se encontraba perturbado.

Beatriz Denis, una de las hijas del exvicepresidente y exsenador paraguayo, comentó que pudo hablar brevemente con Mendoza. “Adelio manifestó que escuchó la voz de papá, lo que significaría que está con vida. Mucho no pudimos hablar con él”, expresó en una rueda de prensa en la ciudad de Concepción. Las hijas del exdirigente pidieron a la FTC que despeje el área para que los guerrilleros puedan llegar a una zona donde dejaron medicamentos para Denis. La familia remarcó su preocupación ya que las medicinas están allí desde hace varios días. “Respeten la vida de papá, cuídenlo. Nosotros de nuestra parte venimos cumpliendo en tiempo y forma, como lo solicitaron”, dijo Beatriz Denis a los líderes del EPP. El exvicepresidente paraguayo de 74 años, presenta un precario estado de salud: tiene una dieta rigurosa porque hace tres meses se había realizado una cirugía del corazón. Además consume varios medicamentos.

Además la familia anunció que seguirán con el reparto de alimentos entre comunidades campesinas que comenzaron el domingo, una de las condiciones del grupo guerrillero para entregar con vida a Denis. El EPP había dado ocho días a la familia para repartir en 40 comunidades insumos por el valor de dos millones de dólares. Asimismo, la hija del exvicepresidente volvió a solicitar al EPP que abran el diálogo para acelerar la liberación de su padre. “Volvemos a solicitar un canal de comunicación, una persona, un medio, rogamos, pedimos que le cuiden, que respeten su vida, que le proporcionen los medicamentos que necesita”, dijo Beatriz Denis.

Más militares en la zona

Sin embargo, el vocero del FTC indicó que 350 efectivos de la Policía Nacional y 434 de las Fuerzas Armadas fueron trasladados al departamento de Concepción, donde ocurrió el secuestro. También llevaron dos vehículos blindados, un helicóptero, 12 camiones, 19 camionetas y dos minibuses. Según informó Apesteguía están trabajando en coordinación con la familia del exvicepresidente, pero evitó contestar si despejarán la zona tal como pidió su hija. “Los trabajos nunca cesaron noche y día. (…) Tenemos varios frentes con tropas infiltradas en varios sectores”, dijo el militar.

El EPP también había exigido la liberación de Alcides Oviedo y Carmen Villalba para entregar al exvicepresidente. El grupo guerrillero habían dado 72 horas al gobierno para cumplir con el pedido. Sin embargo el plazo se cumplió el domingo pasado. El lunes el ministro del Interior había rechazado de plano el cumplimiento de ese requisito. “Eso no se puede discutir, desde el principio se supo que ese era un pedido de cumplimiento imposible”, había señalado Acevedo. Carmen Villaba es la tía de las dos niñas argentinas baleadas durante el operativo del ejército paraguayo contra el EPP del 2 de septiembre pasado. 

Desde el ejecutivo guaraní volvieron a divulgar un afiche donde ofrecen 150 mil dólares al que entregue información fidedigna sobre la ubicación de los integrantes del EPP. En la publicación el gobierno pide datos sobre el paradero de Osvaldo Daniel Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Esteban Marín López y Luciano Argüello. Además resalta que la información recibida será confidencial.





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Paraguay prepara un protocolo sanitario para abrir la frontera con Brasil | La apertura se haría en Ciudad del Este



El ministro de Salud de Paraguay Julio Mazzoleni le presentó al presidente Mario Abdo Benítez un protocolo sanitario para abrir la frontera con Brasil. La apertura se haría a través del Puente de la Amistad que une Ciudad del Este y Foz de Iguazú, cerrado desde marzo. El ministro explicó que la primera fase está pensada únicamente para comerciantes. Por eso primará el ingreso de personas que quieran entrar desde Brasil por fines comerciales. Los paraguayos que salgan del país al regresar deberán cumplir con una cuarentena de 14 días. Paraguay acumula desde marzo 28.367 casos de coronavirus y 539 muertos.

El proyecto presentado por el ministro de Salud tiene como objetivo reanimar la actividad económica en Ciudad del Este, la segunda urbe del país. Allí el comercio y el turismo fronterizo representan un alto porcentaje de los ingresos de sus habitantes. “Ciudad del Este estaría abierta a la entrada de personas por un periodo menor a 24 horas, esto se haría también con un cordón sanitario que permitiría el ingreso para cuestiones comerciales“, agregó el ministro. El futuro protocolo contempla la delimitación de un perímetro de seguridad alrededor de esta ciudad fronteriza. Además se implementarán medidas estrictas y un censo para las personas que trabajen dentro de ese perímetro. Asimismo, se contempla un régimen especial para las personas que viven en la zona de frontera. 

A pesar de que Alto Paraná, departamento en el que se encuentra Ciudad del Este, es una de las zonas con más contagios por la covid-19, las autoridades sanitarias consideraron que existen indicadores optimistas para permitir la apertura de la frontera. “Tenemos una situación epidemiológica distinta, llevamos ya varias semanas de un descenso de número de casos, del número de hospitalizados”, dijo Mazzoleni a los medios tras la reunión el presidente en el Palacio de Gobierno. Con este protocolo, Paraguay avanza poco a poco en la apertura gradual de sus fronteras, después de que este lunes se iniciaran los vuelos burbuja con Montevideo (Uruguay). No obstante, la apertura total se hará de forma coordinada con los países integrantes del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), como anunció hace unas semanas el canciller de Paraguay, Antonio Rivas. El mismo está integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.





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Sospechoso secuestro en Paraguay: ¿un escándalo para tapar otros?

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La burbuja del fútbol

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¡Eran niñas!: el doble infanticidio en Paraguay | Sobre los crímenes de María del Carmen Villalba y Lilian Villalba en Paraguay



El 2 de septiembre las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del Ejército Paraguayo asesinaron a dos niñas de 11 y 12 años, y buscaron presentar el hecho como un triunfo sobre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En la operación militar y mediática estuvo involucrado el actual presidente Mario Abdo Matínez (h) y el general paraguayo Héctor Grau.

“Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. El operativo se mantiene en desarrollo en la zona. La seguridad y la paz de la población paraguaya es objetivo primordial del Estado y como Gobierno no descansamos en la lucha contra estas organizaciones criminales”.

El tuit anunciando este “valiente” triunfo sobre la guerrilla, es del actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Martínez (h), hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stoessner. Nicolás Retamar, informa que “Marito” (como se hace llamar para que lo distingan de su padre de igual nombre y de idéntica convicción fascista) terminó sus estudios secundarios en Estados Unidos en 1989, es Sub-Teniente de Aviación de Reserva, nombrado por el Comando de Aeronáutica como Paracaidista Militar. También en EE.UU. se recibió de Licenciado en Marketing Político en la Post University. Su tuit disparó la campaña publicitaria que buscaba presentar al gobierno como exitoso en la “pacificación del país”.

El paracaidista aterrizó con sus mentiras estrepitosamente. Los “dos integrantes del grupo armado, abatidos en Yby Yaú”, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay (una zona altamente militarizada debido a los conflictos de tierras) resultaron ser dos niñas argentinas, María del Carmen Villalba y Lilian Villalba, de 11 y 12 años, que vivían con su abuela en la localidad misionera de Puerto Rico, escapando de la persecución que sufren sus familias en Paraguay.

Las niñas eran sobrinas de Carmen Villalba, presa política del EPP, desde el año 2004, quien en 2010 perdió a su hijo Néstor, de 14 años, en un caso dudoso de mala praxis, en un hospital de Formosa. En aquel momento doloroso, tanto a Carmen como al padre del niño, Alcides Oviedo (también preso del EPP), les fue negado el permiso para asistir al entierro de su hijo. La violencia contra los niños y niñas, es un modo de extorsionar a las familias para doblegarlas. Resulta evidente que la impunidad de los crímenes de la dictadura, permite que el aparato militar policial penitenciario continúe intacto.

Miriam, la madre de Lilian, dijo que tiene miedo por los niños y niñas en San Alberto, territorio donde el gobierno actúa con impunidad y sin descanso en la persecusión y agresión de activistas y sus familias.

Frente al asesinato de las niñas, la primera respuesta del gobierno paraguayo fue como se ve el encubrimiento, y el intento de presentación del mismo al modo de los “falsos positivos” colombianos. Sus cuerpos fueron fotografiados con uniformes militares –que luego fueron rápidamente quemados con la excusa del COVID- y ellas fueron enterradas. Los medios de comunicación informaron que eran líderes guerrilleras abatidas, después que eran jóvenes entre 15 y 17 años partícipes del grupo armado.

A partir de los numerosos reclamos nacionales e internacionales para que se esclarecieran esos hechos, se autorizó la exhumación de los cuerpos, negándose de todos modos la participación tanto de sus familiares, como de Daisy Irala, abogada de la defensa, y del representante del consulado argentino en Paraguay.

Miriam Villalba, madre de Lilian Maria (12 años), una de las niñas asesinadas, y tía de María del Carmen (11 años), manifestó que “las niñas habían viajado a Paraguay a visitar a sus parientes, pero no pudieron regresar a la Argentina por las restricciones sanitarias impuestas por la cuarentena”. En Conferencia de Prensa realizada en Posadas, Misiones, Miriam expresó: “Nosotras no vamos a dejar impune la sangre derramada por nuestras hijitas, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ellos ejecutaron a mi hija y a mi sobrina de 11 y 12 años”. Miram Villalba, hermana de Carmen, acusó al Ejército paraguayo de capturar con vida y torturar a una de las niñas.Peleamos mucho para que nos entreguen los cuerpitos. Estamos seguros como familia que fueron torturadas, porque a Lílian la agarraron viva, la torturaron, la ejecutaron y la vistieron con ropa camuflada posterior a eso para cubrir todas las atrocidades que cometieron. Trataron de deshacerse de todas las evidencias, le quemaron todas las ropitas. A mi hijita, luego de la autopsia que le hicieron, la enterraron en una fosa común en una caja de cartón”.

La Cancillería Argentina, la CIDH, y otras instancias internacionales exigieron al Estado paraguayo una investigación creíble sobre las circunstancias en que se produjeron estos crímenes de lesa humanidad. El gobierno argentino rechazó por absurdas las expresiones del general paraguayo Héctor Grau, jefe de las FTC, que acusó a la Argentina de “convertirse en una guardería de soldados del EPP”, tratando de involucrar al gobierno argentino en las acciones del EPP, y de presentar a las niñas como peligrosas guerrilleras. Las FTC fueron creadas en el año 2013, con un presupuesto de 14 millones de dólares anuales, para dedicarse exclusivamente a desarticular al EPP. De modo que este tipo de actuación escandalosa no es improvisada, ni se debe a falta de recursos. Las fuerzas represivas operan en complicidad con los ganaderos, los sojeros, los narcotraficantes del país, que se benefician de la absoluta impunidad.

En otra declaración absurda y violenta, el Ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Eduardo Petta, realizó afirmaciones criminales, ironizando sobre el reclamo del gobierno argentino, preguntando si éste se refería a la muerte de niños en la Batalla de Acosta Ñu durante la Guerra de la Triple Alianza. Entre los primeros en responder al comentario de Petta estuvo el historiador paraguayo Fabián Chamorro, quien cuestionó sus conocimientos sobre los hechos acontecido en 1869, ya que específicamente en la batalla de Acosta Ñu, participó el ejército brasileño. De todos modos, más allá de la expuesta ignorancia del Ministro de Educación, queda en evidencia que su intervención tenía como objetivo distraer la atención de las demandas de justicia. También se busca distraer de la denuncia de estos hechos, el escándalo generado por la acción solidaria de un grupo de jóvenes feministas, que se manifestaron y pintaron el panteón de la patria. Además de ser judicializadas, distintos grupos nacionalistas amenazaron con salir a cazar feministas. La xenofobia, la mentira, la misoginia, la hostilización de las relaciones internacionales, fueron las respuestas del gobierno fascista y de sus grupos afines.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó ayer que el enfrentamiento informado por el Gobierno presenta características inquietantes de un “crimen de Estado”. La indignación que produce este infanticidio de Estado, se nutre del reconocimiento que no es el primer crimen producido por estas fuerzas militares y policiales. La pena de muerte, sin juicio, sin investigación, por parte de los aparatos militares del terrorismo estatal, a activistas del EPP, y también a líderes campesinos, campesinas y a sus familias, son moneda corriente en Paraguay. La investigación deberá abarcar estos crímenes y también las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como las múltiples complicidades que sostienen la impunidad.

[1] De la redacción de NODAL



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Paraguay: denuncian la desaparición de un exvicepresidente y sospechan del EPP

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Una célula del ejército paraguayo, detrás de las muerte de dos niñas argentinas | La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue creada en 2013 por el expresidente Horacio Cartes



Hace una semana dos menores argentinas murieron baleadas en Paraguay durante un operativo del gobierno contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El procedimiento había sido realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), unidad creada por el expresidente Horacio Cartes con el objetivo de acabar con el EPP. Las versiones de los hechos que dieron tanto el presidente Mario Abdo Benítez, así como el Ministerio Público, generaron cuestionamientos por parte de organismos internacionales. Las familias de las niñas denunciaron que se trató de una masacre llevada a cabo por la FTC. Por su parte, el gobierno abrió una investigación formal contra el EPP por tener menores entre sus filas. Para Juan Martens, docente paraguayo que estudió a esta fuerza de élite, la visibilidad que tomó el caso permitió correr el velo al accionar ilegal histórico del FTC. “Ejecuciones extrajudiciales, torturas, falsos positivos son sólo algunas de las denuncias que ya se habían hecho contra esta unidad militar”, sostuvo el abogado e investigador de la Universidad Nacional de Pilar.

Vivir con miedo

En 2013 Cartes creó el FTC a través de un decreto. El objetivo del grupo militar era acabar con el plan estratégico del EPP, una organización guerrillera de izquierda que desde el 2018 venía llevando a cabo secuestros y asesinatos de gran resonancia. El FTC se conformó con miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). La creación de esta fuerza había generado polémica ya que implicó la aprobación previa de una ley para permitir la injerencia de las FFAA en seguridad interna, algo que no estaba permitido en el país. Tras intensos debates en el Congreso, el Partido Colorado logró que se sancione la Ley 5036.

Sin embargo el proceso de militarización del país había empezado en 2008, durante la presidencia de Fernando Lugo. Martens explicó que desde ese año se habían hecho varios operativos contra la guerrilla. “Fundamentalmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Apampay, que es la zona de influencia del EPP. Incluso se declararó el Estado de excepción en esas zonas. Así llegamos a la ley de 2013”, explicó el abogado. Ya con el FTC en funcionamiento, su campo de acción quedó circunscrito a esas regiones del norte de Paraguay. “De un día para otro la gente empezó a ver tanquetas de guerra patrullando. Eso generó mucho miedo. Al tiempo aparecieron las primeras denuncias de violaciones a los DDHH”, sostuvo el docente.

En las investigaciones que llevo adelante Martens encontró decenas de denuncias sobre falsos positivos, personas asesinadas por la unidad militar que buscaron hacer pasar como miembros del EPP. “Uno de los casos que tomó mayor notoriedad fue el de Agustín Ledesma, un chico de 22 años sordo mudo, asesinado en 2012. Así como hoy denuncian los familiares de las nenas argentinas, a Ledesma le pusieron armas, lo vistieron con ropa de camuflaje y fue presentado como un miembro del EPP. Lo llevaron a la morgue de Concepción. Allí toda la comunidad estaba al tanto que había sido asesinado mientras cazaba pájaros en un monte cercano”, sostuvo el investigador. Además señaló que la operatoria del FTC cuentan con el apoyo fundamental del poder Judicial. “Todas las atrocidades que cometió esta fuerza fueron convalidadas por una fiscalía complaciente y un Poder Judicial absolutamente sometido”, señaló el abogado. Entre las ilegalidades llevadas a cabo por la Justicia paraguaya enumeró la implantación de pruebas, violaciones a la presunción de inocencia, imputaciones con acusaciones genéricas, utilización de pruebas secretas, y, lo que es más grave, condenas a altísimas penas sin sustento sólido.

Otro falso positivo se dio en 2015 tras el ataque del EPP a a una comisaría en Kuruzú de Hierro. “La reacción policial produjo la muerte de Francisco Denis Almirón y la detención de Isabelino Riveros durante un operativo. Nosotros corroboramos tras el relato de varios testigos inconexos que la FTC le puso un traje militar al cadáver. Según nos contaron saltaba a la vista que era un uniforme del ejército paraguayo. Se notaba en los bordados y las marcas. Riveros estuvo un año preso y después lo liberaron por falta de pruebas”, explicó Martens.

El Estado cómplice

Concepción es una de las zonas más pobres de Paraguay. Los niveles de desigualdad social saltan a la vista. Es una región donde abundan grandes extensiones de tierra  apiñadas en pocas manos. A su vez allí funcionan importantes frigoríficos. Actualmente los pobladores conviven con altos niveles de violencia y miedo provocado por la presencia conjunta de la guerrilla y el ejército.“Los campesinos ya no andan por la noche. Si lo encuentra alguien de la FTC los mete presos bajo acusación de que están apoyando al EPP”, indicó el docente. Para el investigador la presencia de las FFAA desde 2013 sólo sirvió para deslegitimar aún más el rol del Estado a los ojos de la población. “La FTC se instala y reproduce un sistema de desigualdad, acompañado de violaciones a los DDHH. Su presencia violenta fortalece el discurso del EPP y le da contenido”, señaló el investigador. Para Martens ambos grupos responden a dinámicas diferentes, pero de cualquier manera violentas y terribles. “El EPP es un grupo que mata, asesina, secuestra, provoca desplazamiento forzoso. Nosotros asistimos a campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras a las apuradas porque estaban bajo amenaza de muerte. Hay un caso muy gráfico de una señora a la que le pusieron una bomba en la boca por haber colaborado con la policía”, señaló el abogado. “Lo que nos dijeron los pobladores es que el EPP tiene más códigos. Sino lo denuncias, no te mata”, explicó el investigador.

Según el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Paraguay entre 2013 a 2018 el FTC multiplicó su presupuesto nueve veces. Un aumento que no se le dio a ninguna otra dependencia del Estado, según el organismo de DDHH. Martens informó que actualmente esta unidad militar cuenta con un presupuesto anual que ronda los 15 millones de dólares. “Hay mucho dinero para gastar que sólo maneja una cúpula que no supera las 15 personas. Además funcionan con gastos reservados de los que no rinden cuentas”, indicó el investigador. También indicó que en la formación del FTC, así como en la provisión de armamentos, estuvo involucrado el gobierno colombiano.

En el caso de las niñas argentinas los altos mandos de esta unidad militar confirmaron hace días que no hay filmaciones del presunto enfrentamiento. Anteriormente la Justicia había ordenado enterrar su cuerpos la misma noche que fueron baleados. El fiscal a cargo de la causa Federico Delfino también había pedido quemar los uniformes militares con los que los miembros del FTC dijeron haberlas encontrado. Sostuvo que estaba siguiendo los protocolos sanitarios por el covi-19. El médico forense que había participado en la autopsia dijo el lunes que la ropa se hubiera podido guardar sin ningún problema. Martens no se sorprende. Para él esta es la forma habitual en que procede el Estado paraguayo. “El FTC y la fiscalía volvieron a meter la pata. La única diferencia es que hoy, por tratarse de menores extranjeras, todo quedó a la vista“, explicó el investigador.



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Autoridades del Parlasur reclaman una investigación profunda del asesinato de las niñas argentinas en Paraguay

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