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Les quitarán el arma a los policías denunciados por violencia de género | El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción en la portación



El Gobierno dispuso una restricción de portación de armas para el personal de las fuerzas de seguridad que haya sido denunciado por violencia de género o violencia intrafamiliar. La decisión se oficializó este jueves a través de la resolución 471/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

La “restricción de la portación, tenencia y transporte del arma” al personal en los casos en que exista denuncia por violencia de género o intrafamiliar estará a cargo de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad.

El artículo primero establece que la restricción del arma regirá para el “personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso”.

En este sentido, amplían en uno de los anexos las modalidades en la que se procederá a la restricción, que serán “preventivas o con medida cautelar”.

Se considerará el primer caso cuando “aún no mediando medida cautelar dictada por la autoridad judicial competente, y luego de la evaluación en concreto de una o más denuncias ingresantes por cualquier vía a la Dirección Nacional de Políticas de Género, sugieran que el arma de dotación pueda representar un riesgo inminente para la víctima”.

Además, “intervendrá una Junta de Reconocimientos de Médicos a fines de evaluar el estado psicofísico del personal denunciado, como así también su aptitud para la portación de armamento”.

En tanto, se considerará la modalidad “con medida cautelar” cuando “el personal se viera alcanzado por alguna de las medidas dispuestas por los artículos 26 de la Ley Nº 26.485 y/o 4º de la Ley 24.417”, precisa la resolución.

En este caso la restricción podrá ser “parcial o total”. Parcial cuando “permite a la persona afectada por la medida utilizar el arma de dotación solamente durante la jornada laboral, debiendo depositarla en la armería de su destino al culminar la misma”.

En cambio la restricción será total “ante la valoración de un caso grave como abuso sexual o tentativa de abuso sexual, lesiones graves, intento de homicidio/femicidio, cuando el personal denunciado se encuentre detenido a disposición de la justicia ante la posible comisión de un ilícito”, entre otras.



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Endurecen la restricción de portar armas para agentes de fuerzas de seguridad con denuncias por violencia de género

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Lejos de la doctrina Bullrich: lanzan un programa para regular el uso de armas de fuego reglamentarias | Resolución del Ministerio de Seguridad



El gobierno nacional lanzó un programa para que las fuerzas de seguridad federales reajusten sus pautas de uso de las armas de fuego reglamentarias. La iniciativa readecúa la normativa a los cánones internacionales en materia de derechos humanos y apunta a garantizar la “protección de la integridad psicofísica” de policías, gendarmes y prefectos.

La medida fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y se enmarca en los procesos de readecuación del uso de la fuerza impulsados por la ministra Sabina Frederic, que van a contramano de la permisividad y discrecionalidad que caracterizó a la gestión anterior de Juntos por el Cambio.

El inicio del “Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego” fue oficializado a través de la Resolución 377/2020 publicada en el Boletín Oficial y establece pautas sobre el tipo de casos en que se deberán utilizar las armas de fuego, y cómo debería ser su uso.

Para esto, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tendrán un plazo de 30 días para readecuar la normativa anterior y ajustar los criterios de organización “a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego”.

Será objeto del Programa todo hecho en el cual se produzca disparo de armas de fuego y que involucre a personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, haya o no heridos o fallecidos como consecuencia de dicho suceso”, puntualiza la resolución firmada por Sabina Frederic.

Los objetivos del programa

En el texto se destaca la necesidad de respetar los “principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por la Naciones Unidas (ONU). La mira estará puesta en “cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.

Uno de las clave será disminuir “las consecuencias letales y lesivas del empleo de armas de fuego” por parte de las fuerzas de seguridad, así como también la “protección de la integridad psicofísica del personal interviniente”.

Se trata de un programa que pondrá el eje en el “fortalecimiento de la formación profesional, la supervisión de la doctrina y el aseguramiento de condiciones adecuadas de salud y equipamiento”.

Para esto se creará un Gabinete de Asesores conformado por especialistas que se encargarán de la instrucción a los policías, gendarmes y prefectos estará a cargo del ministerio y no implicará una erogación extra en los presupuestos de cada una de las fuerzas involucradas.

Lo que la resolución también indica que podrán dar recomendaciones para el diseño de las nuevas políticas sobre uso de armas de fuego los integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, así como también integrantes de organizaciones civiles especializadas en la materia.



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El Gobierno denunció a Pablo Noceti por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado | Acusan penalmente al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich



“Antes de entregarlo lo rompo acá mismo en mil pedazos”, dicen que dijo Pablo Noceti cuando la Justicia le pidió su teléfono celular en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Quien fuera la mano ultraderecha de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich nunca estuvo imputado pero ahora es posible que eso cambie, porque acaba de ser denunciado por quienes lo sucedieron en esa cartera. Tras una investigación iniciada el 22 enero de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar al exjefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de aquel procedimiento represivo. 

La investigación, realizada por la propia Gendarmería , llegó a la conclusión de que Noceti dio las órdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería a la comunidad en Resistencia de Cushamen, donde los mapuche realizaban un corte de la ruta 40 por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la presentó ayer por videoconferencia, en un acto del que participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el actual titular de la Oficina Antocorrupción, Félix Crous. La denuncia presentada ayer es contra Pablo Noceti, Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería y su segundo, Ernesto Oscar Robino. Recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y los acusan de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las órdenes de Noceti, avaladas por las autoridades de la gendarmería de 2017, y los procedimientos internos de la fuerza realizados en aquel momento, constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad” destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo del 1° de agosto de 2017 en la Ruta 40, según indica la investigación ordenada por Frederic al inicio de su gestión. “El minucioso informe de más de 600 fojas presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación configura un hecho reparatorio de parte del Estado respecto del daño producido por el mismo Estado nacional”, indicaron desde la cartera.

El ministerio aclaró que “la investigación que se hizo en 2018 dentro de la Gendarmería impidió que se conocieran los detalles de su actuación en el operativo generando, al menos por ahora, la situación de cosa juzgada“. Al mismo tiempo destacó que “es diferente es la situación de la entonces conducción del Ministerio, es esta dimensión del operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado la que ahora es objeto de denuncia ante los juzgados Federales, que deberán deslindar o establecer las responsabilidades penales del caso.

Órdenes ineficaces e ilegales

La pesquisa realizada por la actual conducción de la GNA de Andrés Severino, cuyo informe lleva la firma de Severino y Javier Lapalma, muestra que, “atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, y del ex director Nacional de la Gendarmería, el comandante (Gerardo) Otero”. 

Según consta en la investigación, “El doctor Nocetti estuvo el día previo y el mismo día del operativo en la zona, dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista para la gestión anterior”. 

La investigación del Ministerio afirma que “en coincidencia con las instrucciones en el lugar de Noceti, su protocolo ordenaba a las fuerzas perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje, por considerarlos delincuentes en situación de flagrancia. Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”. Es decir, no sólo se realizó un operativo desmedido e inoportuno, sino que se indicaron procedimientos falsamente protocolares y declaradamente ilegales. Según advierte el informe, se aplicó “un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016”.

Desde el ministerio manifestaron que “tal como planteó Frederic al inicio de su gestión y que ahora se ve respaldada por la investigación interna de la Gendarmería, las acciones ilegales que derivaron en la muerte de Santiago Maldonado deben servir, en adelante, para reformular protocolos y modos de actuación que impidan que se repitan este tipo de hechos“.

¿Libres de culpa?

En su denuncia, los actuales funcionarios de Seguridad explicaron que “la anterior conducción de la Gendarmería, con las autoridades del Ministerio de Seguridad 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017”.

Esto fue posible porque ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y el pedido de cambio de carátula en la causa judicial hecho por los abogados de la ministra Bullrich, la investigación interna “liberó de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado”. La auditoría que realizó este año la nueva conducción de la fuerza desmontó esa “ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada”. Y en tal sentido concluyó que:

* No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017.

* Además de poner en riesgo a los manifestantes, se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.

* Ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.

* Se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo diez efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, “además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados”.

* Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones, ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.

* “Se soslayó así, deliberadamente, la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”.

Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola. 

A los dos primeros le adjudican haberse ausentado durante los operativos, y al último “por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes, con el uso de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para detener a los manifestantes”.



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Muerte de Santiago Maldonado: los aprietes de funcionarios de Bullrich para arreglar las declaraciones de los gendarmes | Revelaciones exclusivas del informe de Gendarmería 



El Ministerio de Seguridad de la Nación va a encarar una investigación para determinar si sufrieron “apremios ilegales”, por parte de los propios funcionarios de ese entonces, los gendarmes que participaron del operativo luego del cual se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En los días inmediatamente posteriores al operativo (del 1º de agosto de 2017) exfuncionarios del Ministerio fueron a los escuadrones, encerraron a los gendarmes, los tuvieron sin dormir, ejercitaron las peores prácticas de apremios ilegales para adoctrinarlos sobre qué debían decir ante la Justicia respecto de lo ocurrido en el operativo”.

Así lo anticipó a Página/12 Esteban Rosa Alves, subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic. El dato surge de la investigación realizada por las autoridades actuales de Gendarmería, de la que surgió la acusación presentada ante la Justicia contra Pablo Noceti
, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich.

En una entrevista con este diario, Rosa Alves sostuvo que algunos gendarmes declararon a sus jefes actuales que “fueron adoctrinados por funcionarios de la gestión anterior”. “Hablan particularmente de Daniel Barberis, quien era coordinador del seguimiento de casos de violencia institucional, que estuvo en los escuadrones para decirles que tuvieran en cuenta que ‘estamos todos en el mismo barco’”, a la hora de declarar sobre lo que había ocurrido durante el operativo. “Les dijeron a los gendarmes que tenían que ponerse de acuerdo con lo que iban a declarar ante la Justicia porque los kirchneristas y las organizaciones de derechos humanos nos quieren tirar el primer desaparecido” en esa etapa de la democracia.

Rosa Alves dijo que “sin interferir en la investigación de la justicia penal, queremos aportar esta investigación y ofrecer todo el apoyo técnico de nuestros cuerpos periciales de las fuerzas federales, al margen de la Gendarmería, para “aportar al conocimiento de la verdad”. 

–La denuncia contra Noceti es resultado de un sumario administrativo que revisa lo actuado por Gendarmería. ¿Cómo se trabaja, hacia el futuro, para desandar el camino recorrido por una fuerza de seguridad bajo la doctrina impuesta por la ex ministra Bullrich?

–Lo que se hizo fue posible luego de hacer un diagnóstico sobre las condiciones deplorables en que la gestión anterior dejó no solo a la Gendarmería, sino a todas las fuerzas de seguridad. Ese diagnóstico ya se hizo, sobre distintos aspectos. Hugo un abandono logístico que la ministra puso de manifesto al mostrar el estado de los helicópteros y los móviles de la Gendarmería que quedaron fuera de servicio por falta de mantenimiento. Había facturas de luz, de agua, sin pagar, subejecución presupuestaria, deudas con los proveedores. Este es un aspecto del deterioro en el que dejaron a las fuerzas de seguridad. Después están los aspectos que hacen al quebrantamiento de la conducción de la fuerza, a la contaminación con criterios doctrinarios regresivos y represivos. Cada uno de esos daños requiere de un abordaje diferente.

–Desde el retorno de la democracia es difícil poner en consonancia a las fuerzas de seguridad. No bastan las buenas intenciones.

–Sí, totalmente de acuerdo, pasa algo parecido a lo que ocurre con los servicios de inteligencia, tal vez porque nunca hubo la suficiente testosterona política, no necesariamente por falta de vocación política. Hay estructuras de poder determinadas y no siempre se dieron los contextos para poder avanzar, pero nosotros creemos ahora que ya es inexcusable, tenemos que usar los recursos institucionales, políticos, administrativos con los que cuenta el ministerio, para seguir una línea de investigación de la verdad y de evitar la impunidad. En ese sentido, el hecho de haberle requerido a la Gendarmería, en enero de este año, una verdadera investigación administrativa sobre lo sucedido en el operativo de despeje en la ruta 40, el 1º de agosto de 2017, fue transitar ese camino. Así como hay ensalzar las cosas que se hacen bien, no hay que ser cómplices ni ocultar corporativamente los delitos o faltas graves, ass desviaciones. Hay que dar clara señal de que esas faltas no se van a tolerar porque son grupúsculos que son la minoría de las fuerzas de seguridad federales. 

–¿Hasta dónde creen que tiene que llegar esta causa en la que se señala a Noceti, cuando se sabe, claro, que detrás de él estaba Patricia Bullrich?

–Lo primero fue pedirle a Gendarmería que nos elevara la investigación disciplinaria que habían hecho en su momento, una actuación del año 2017 que se hizo por lo que se creía era la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se abrió la actuación para investigar el posible involucramiento de los gendarmes en esa desaparición forzada. En lugar de analizar el operativo, las decisiones que se tomaron en ese momento, la actuación fue hecha para encubrir y para absolver en forma prematura y bloquear así la posibilidad de hacer investigaciones posteriores sobre los hechos. Luego apareció el cuerpo de Santiago, se determinó que no hubo una apropiación de su persona en forma previa a la muerte y se cerró esa investigación diciendo que se declaraba a todo el personal de Gendarmería que había participado del operativo libre de todo reproche. Frente a eso, Frederic ordenó que hicieran una investigación seria sobre los errores del operativo. El fiscal Félix Crous hizo una investigación muy minuciosa y llegó a la conclusión que el operativo fue todo lo que no se debía hacer: excesos, errores, negligencias graves. La Gendarmería se tomó desde enero hasta ahora para hacer una investigación rigurosa y llegó a la conclusión de que el operativo fue imprudente, irrazonable e innecesario, no urgente, porque a las pocas horas iba a llegar un grupo especializado para abordar ese tipo de conflictos. Todo había sido preparado para darle una lección a ese “movimiento terrorista” como calificaban a la resistencia ancestral mapuche, a los que se insistía en darle el tratamiento de “delincuentes en flagrancia” , de manera de poder perseguirlos aunque se desalojara la ruta.

–¿Cómo surge la responsabilidad de Noceti a partir del informe que elevó la Gendarmería?

–De la propia labor investigativa y las
conclusiones del instructor sumariante y del subjefe de la fuerza, el
comandante Javier Lapalma, esto sin dejar de reconocer las faltas graves de los
comandantes de la fuerza que estuvieron en el operativo. Pero la conclusión es
que sin una orden de las autoridades políticas de entonces ese operativo no se hubiera podido realizar
. La participación de Noceti ya había sido señalada en
la causa, pero es la propia Gendarmería la que ahora acumuló pruebas que
confirman que él había estado el día anterior y el mismo día del operativo. Todo indicaría que hubo
un mandato político para que se actuara como se actuó.
El informe dice que ante
ese cuadro de situación, sólo podía suceder el desastre que ocurrió.



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Denuncian la desaparición forzada de un joven en la provincia de Buenos Aires

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Nilda Garre: “Sergio Berni no tiene razón, siempre provoca conflictos”

https://www.eldestapeweb.com/politica/coronavirus-en-argentina/nilda-garre-sergio-berni-no-tiene-razon-siempre-provoca-conflictos–20207211400

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Denuncian a Patricia Bullrich por apología del crimen

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Tres gendarmes detenidos por matar a un joven en el Bajo Flores

Tres gendarmes detenidos por matar a un joven en Bajo Flores

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Sergio Berni volvió a apuntar contra Sabina Frederic

Berni volvió a apuntar contra Fréderic

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