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Un lock out que expuso al campo ultra | Trastienda del levantamiento de la restricción a exportar maíz



Hay que destruir al Consejo Agroindustrial, nos está haciendo ruido”. El mensaje al que accedió PáginaI12 es uno de los tantos que se colaron en los chats de productores agropecuarios, unas horas después de que una negociación entre esa entidad y el Gobierno Nacional terminara por reabrir las exportaciones de maíz, forzando al campo más ultra a levantar la medida o quedar expuestos sosteniendo un lock out de corte económico y político-ideológico

Es que la interlocución entre la agroindustria y los ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo, que ya se venía trabajando desde que se creó el CAA y hubo fotos con el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández, es vista por el campo primario, los autoconvocados y una parte de la Mesa de Enlace como un problema serio para su representación y su poder de lobby contra lo que consideran un modelo económico que hay que combatir. 

En su dinámica sinuosa y con idas vueltas en un conflicto menor en el que entró solo y del que le costó salir, el Gobierno consiguió que el Consejo sea un aliado que, inclusive, soporta alguna traición menor, como el cupo de 30 mil toneladas para exportar justo cuando se había hablado de que habría una apertura total de las ventas externas. El CAA es un socio nada despreciable para el Ejecutivo, dado que nuclea a los grandes exportadores de granos, las Bolsas de cereales de todo el país, tres patas de la Mesa de Enlace y casi todas las economías regionales. Un polo que le permitió además abrir una grieta en el campo y exponer a los que decidieron jugar a la política partidaria. 

En este contexto, con dos entidades de las Mesa de Enlace lanzadas a la guerra ideológica, como Confederaciones Rural y la Sociedad Rural, la interlocución con la agroindustria será clave para sostener un sujeto central del anuncio que hizo el ministro de Agro, Luis Basterra: el fideicomiso que busca desacoplar del valor internacional el precio local del maíz, en una especie de “barril criollo” del grano que garantice la exportación y la provisión al mercado interno. Este punto es el más resistido por los sectores que se niegan a sentarse a la mesa de la política. 

Detrás de la fachada del reclamo económico, el affaire del maíz expuso más claramente la existencia de dos campos: uno dispuesto a salir de los conflictos con el Gobierno de forma negociada; y otro que iría a la guerra ante cualquier decisión que no guste. En esta dinámica se inscribe la relación del Gobierno con uno de los sectores del establishment que no esconde sus preferencias políticas. 



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Consecuencia del lockout: Un debate sin la Mesa de Enlace sobre la nueva política para el maíz | Buscan definir los mecanismos de “monitoreo” y el desacople de precios



El gobierno y la cadena de producción del maíz comenzaron a trabajar sobre las herramientas que acordaron para poder mantener las exportaciones abiertas hasta marzo, a la par de que se sostenga el abastecimiento interno y se incremente el grado de desacople del precio interno respecto del internacional. Tal como anticipó este diario, en las reuniones que se llevaron a cabo este miércoles se analizó la idea del fideicomiso por el cual la exportación subsidiaría una porción del precio de venta a la industria local, junto a un sistema más amplio de garantías y financiamiento para las empresas avícolas y a las productoras de huevos, lácteos y carne, y el “monitoreo” del abastecimiento en el mercado. 

Unas horas antes de lo previsto, terminó el lockout agrario, luego del guiño del gobierno al levantar la medida que cerró las exportaciones y dejar de lado el supuesto cupo de 30 mil toneladas diarias para la exportación. El lockout contó con movilización de productores en distintos puntos del país, amplia cobertura mediática pero escasa repercusión en comercio de granos, analizan en la Casa Rosada. “Lo evaluamos como prácticamente imperceptible, ya que no se paró la comercialización”, dijo el ministro de Agroindustria, Luis Basterra.

La secuencia y lo que viene

Después del anuncio del cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo, el grito en el cielo que puso el sector agropecuario, las negociaciones y el lockout organizado por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, las fichas se volvieron a acomodar de esta forma: el gobierno reabrió las exportaciones sin límite oficial pero bajo un “monitoreo” y con el compromiso de los acopios y exportadores para que la industria de transformación, en especial la avícola, pero también los sectores de la producción de huevos, lácteos y carne, tenga suficiente maíz para operar. Adicionalmente, quedó sobre la mesa de la discusión una forma de diferenciar el precio interno del externo del maíz. La Mesa de Enlace sin Coninagro se opone de frente a las medidas, aunque en los hechos no forma parte del diálogo que el gobierno mantiene con el Consejo Agroindustrial (CAA). No obstante, las criticas de la dirigencia patronal están en sintonía con varios de los integrantes del CAA, por más que políticamente éstos últimos estén más contenidos.

“Es un permanente monitoreo para verificar que en ningún momento esté en riesgo la provisión a nuestros transformadores en proteínas animales: huevos, leche, carne de cerdo y aviar. Vamos a hacer un monitoreo ajustado para valorar que los registros de exportación que se hagan no dejen a la producción de proteínas animales en el país sin disponibilidad de maíz”, explicó Basterra. En el pasado también quedó un supuesto cupo de 30 mil toneladas diarias destinadas a la exportación, que en un momento parecía que iba a regir el comercio exterior. “Ellos dicen que habrá un monitoreo, necesitamos ver cuál va a ser la modalidad y que no marque ningún tipo de diferencias”, criticó Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria.

El otro tema está vinculado a precios. Si bien parece todavía lejano un acuerdo concreto, el gobierno pudo abrir una discusión sobre el grado de desacople del precio interno del externo, en un momento en donde los valores de los commodities del agro están en los máximos de los últimos seis años. El precio futuro del maíz en Chicago registró este miércoles valores que no mostraba desde junio de 2013, con un incremento en dólares del 76 por ciento con respecto a abril de 2020.

La brecha entre el precio internacional y el local es una pelea de corte histórico y eje de la disputa del 2008. Ahora reaparece de manera cada vez más abierta, aunque con la intención de canalizarla por un camino institucional cuyo resultado es incierto, en la medida en que la dirigencia y las bases agrarias no parecen dispuestas a ceder terreno más allá de las retenciones que rigen actualmente y que en los hechos es un mecanismo de desacople.

La herramienta sobre la cual está trabajando el gobierno y los actores de la cadena del maíz es un fideicomiso que permita aplicar un subsidio cruzado entre la exportación y el mercado local, en favor de éste último. Es un instrumento que fue aplicado en el aceite, disuelto por el gobierno de Mauricio Macri y ahora en vías de reeditarse, pero es novedoso en el maíz. “Buscamos que la oferta de maíz se haga desacoplando el precio interno de los valores internacionales y ese precio debe estar articulado con los demás eslabones de la cadena. Los productos que se derivan del maíz tienen que tener un insumo que se ajuste a una política de precios, para que todos los eslabones ganen y que además genere precios accesibles”, describió Basterra.

Agregó que “en el programa de Precios Cuidados, los productos que se derivan del maíz deben tener un insumo que se ajuste a esa política, y en función de eso se va a ir definiendo en un acuerdo de mediano y largo plazo la forma en que tiene que estar desacoplado de los valores externos”. “No creemos en el desacople de los precios internos e internacionales. No sabemos qué es”, advirtió Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural.



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Sin unanimidad, arranca el lunes el segundo lockout agrario contra el gobierno

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Se tensa la relación entre el gobierno y las entidades agrícolas

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La dirigencia agraria se reagrupa para enfrentar al gobierno

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La Mesa de Enlace contra la Ley de Fuego | El derecho individual a la propiedad por sobre el medio ambiente



A través de un comunicado, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias postuló que el proyecto de ley para evitar prácticas especulativas en tierras incendiadas “pone en riesgo la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país” e impone “restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad“. Así lo aseguró este jueves en un comunicado de prensa el conglomerado que agrupa a la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

“Estamos en favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra”, agregaron las entidades que conforman la Mesa de Enlace.

La iniciativa fue aprobada el 18 de noviembre pasado por la Cámara baja, y ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado, con lo cual se encuentra en condiciones de ser tratada en el recinto para convertirla en ley.

El proyecto busca proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de tierras incendiadas en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. Se modificaría así la Ley 26.815, de Manejo del Fuego, estableciendo esta prohibición. 

En el texto difundido este jueves, la Mesa de Enlace recordó que la propuesta de modificación “prohíbe por el término de 30 años desde su extinción cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio” y advirtió que “esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales”.

En este punto, cuestionó que, de aprobarse, la normativa se aplicará “incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios, por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”.

“Esta nueva prohibición se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la Ley de Bosques“, agregaron las entidades.

Desde la mirada sectorial de la Mesa de Enlace, la propuesta legislativa “da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa”.

Los representantes de los grandes propietarios de campos reclamaron a los senadores y senadoras tener en cuenta que los productores también son “víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí, han lesionado nuestra producción y el capital destinado a ella”.



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En el Coloquio de Idea, se plasmó la agenda del establishment opositor

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Mesa de Enlace vs. Consejo Agroindustrial, la grieta del campo quedó expuesta en la Rosada | Los empresarios que participaron en la discusión de las medidas.



“Estamos todos en el mismo barco”, dijo el ministro Martín Guzmán extendiendo los brazos hacia sus costados, donde se sentó una parte nada despreciable del establishment. Una postal que incluyó a industriales, constructores, empresarios mineros y exportadores de cereales. Todos sectores que ya venían trabajando con el Gobierno Nacional en diferentes frentes para sacar medidas de fomento a sus actividades.

El único ausente, el campo de producción primaria que representa la Mesa de Enlace, que se mostró en queja por un paquete de medidas que creen no los favorecen, aun cuando se reducen las retenciones facilitando la venta futura de productores. Ese faltazo expuso aún más la grieta que se abrió entre la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entre un campo belicoso y otro negociador.

Visto en términos políticos, la foto del anuncio plantea dos ejes: el primero, que el Gobierno considera que hay que repensar el modelo rural para transformarlo en una industria que exporte valor agregado en lugar de granos; el segundo, que el Ejecutivo que conduce Alberto Fernández está abierto a esquemas de trabajo público-privado con aquellos sectores que, con habilidad, se dieron cuenta que la mejor forma de conseguir incentivos sectoriales es haciendo política y sentándose en la mesa chica del Frente de Todos con propuestas.

Entre los empresarios que se subieron al barco aparecieron Miguel Acevedo (UIA), José Martins (Bolsa de Cereales y CAA); Miguel Rodríguez (UIA-Sinteplast); Gustavo Idigoras (CIARA CEC y CAA), Iván Szcech (Cámara de la Construcción); David Uriburu (UIA-Techint); y Alberto Carlocchia y Eugenia Sampalione, presidente y vice de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM).

En la previa al anuncio, los funcionarios les adelantaron las medidas en una charla en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada, en algunos casos, no es todo lo que habían pedido, como el caso de la construcción, pero fueron bien recibidos los puntos explicados.

Los que más ganaron en el reparto fueron los del Consejo Agroindustrial. En tiempo récord, se reunieron con Cristina Fernández de Kirchner, con el Presidente, con el titular de Diputados, Sergio Massa, y colaron con anuencia oficial un proyecto de Ley al que el Gobierno se abraza fuerte: incentivar la exportación de alimentos con valor agregado para que esa sea una boca nueva de acceso de dólares, la única con potencial propio más allá del crudo de Vaca Muerta.

Esa norma es un juego conveniente para ambos cuando las reservas del Banco Central precisan refuerzo. Así, el ministro Guzmán les cumplió otro deseo. Los convocó a dialogar de esa norma el próximo 14 de octubre, luego de que el texto consiguiera el visto bueno de Fernández y CFK. El caso de los mineros, por su parte, responde a contener y dar marco de calma a un sector que invierte fuerte y también deja divisas, como el de la energía. 

Parte de la reacción defensiva del campo primario, los productores de la Mesa de Enlace, es una respuesta no solo al avance del CAA sino a la visión conjunta de salir de la primarización. En el paquete de medidas hay una baja en las retenciones a la soja que, aunque temporal, pasa a 30 por ciento. No favorece al que ya vendió, pero sí a los que aún lo harán de acá a fin de año. Naturalmente, le genera un beneficio a la agroindustria, que ya descontó el 33 a productores y venderá al 30. Pero el pedido del ruralismo siempre fue bajar retenciones.

Ese segmento del campo parece seguir en pie de guerra. Cerca del mediodía, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, llamó por teléfono al titular de Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, que se negó a asistir. Justo después del anuncio, Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, se quejó de las medidas en Twitter. Los otros dos dirigentes de la Mesa de Enlace, Jorge Chemes de CRA y Carlos Achettoni, de Federación Agraria, se excusaron por estar en el Interior, pero tampoco apoyan la medida. Lo de FAA es curioso, porque según consignó el ministro de Agricultura, Luis Basterra, casi cuatro de cada diez productores recibirán beneficios no solo por retenciones sino estímulos a pequeños y cooperativas. Por último, consultado por la ausencia de Pelegrina en el acto, prefirió no especular y aseguró que el diálogo con esos sectores está abierto. 



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Las fake news sobre la rotura de silobolsas | Chorizos de granos



La provincia de Buenos Aires recibió catorce denuncias de rotura de silobolsas en lo que va del año. Seis de esos hechos, el 42 por ciento, fueron esclarecidos. “El daño causado se encontraba relacionado en algunos casos a conflictos con empleados despedidos, en otros con menores que jugando sobre el silo produjeron el estallido del mismo y en otros casos la rotura fue causada por animales”, sostiene el informe que elaboró la Superintendencia de Seguridad Rural bonaerense para el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de las investigaciones por los ataques en ese distrito y en otras tres provincias: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La rotura de silobolsas en Buenos Aires también pudo obedecer a la sobrecarga de los llamados “chorizos de granos” en la jerga del sector. La Superintendencia de Seguridad Rural y las fiscalías que intervienen en las denuncias tomaron “muestras parciales de los silosbolsa en los sectores donde se presentan cortes para determinar si la rotura fue con intencionalidad o por el estallido por presión relacionada con exceso de peso del cereal y/o falla del material que compone dicho silobolsa”, precisa el documento. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Superintendencia de Policía Científica se encargarán de las pericias.

La dependencia de la policía bonaerense aclara que los casos no resueltos se deben en su mayoría a que los ataques fueron denunciados de manera tardía por parte de los propietarios de los campos. “Es de tener en consideración –señala- que en oportunidades la constatación por parte del denunciante de la rotura del silobolsa sucede luego de períodos de ausencia del predio rural, motivando ello la pérdida de tiempo valioso para obtener elementos que puedan indicar causal del hecho denunciado”.

De todos modos, el informe de la Superintendencia sostiene que las investigaciones realizadas “no arrojaron indicios o sospechas que las roturas se encuentren relacionadas con actividades gremiales y/o sindicales”. También precisa que las pérdidas para los productores fueron escasas. En los catorce casos de la provincia de Buenos Aires “se constató la rotura del silobolsa pero no hubo pérdida de cereal por el arrojo de productos químicos, por ende el recupero de las mercaderías almacenadas superó siempre el 95 por ciento, según las propias manifestaciones de los denunciantes”, advierte.

Mucho menos las investigaciones policiales detectaron el accionar de “bandas de militantes kirchneristas”, que estarían operando en cuatro provincias para provocar destrozos en los campos, como agitan grupos de “autoconvocados” rurales de Armstrong, Venado Tuerto y San Genaro, en Santa Fe, Marcos Juárez y Jesús María, en Córdoba, Junín y Pergamino, en Buenos Aires, y Crespo, en Entre Ríos, entre los principales distritos donde tienen intervención. Desde allí propagan cadenas de WhatsApp, Twitter y demás envíos por redes sociales llamando a los productores a armarse y salir a disparar. También hay videos de supuestos productores que cargan escopetas y piden tirar a la cabeza.

Semejante amenaza de violencia política no mereció por el momento ningún comunicado de repudio de las entidades que componen la Mesa de Enlace ni tampoco de los propios referentes de autoconvocados. Menos aún de la prensa dominante, que por el contrario da crédito a las versiones de supuestos escuadrones kirchneristas asolando a productores desvalidos. Se instala un clima de sospecha cada vez más grave sin más fundamentos que “presunciones” o “dudas” de los campesinos.

El movimiento “Campo+Ciudad” es uno de los promotores de los discursos de odio hacia el gobierno nacional y el peronismo en general, si bien los videos o mensajes más extremos circulan sin la cobertura de ese sello. Participan de esa agrupación dirigentes de las sociedades rurales u otras entidades del campo, pero a título personal, por fuera de su pertenencia a esas otras entidades formales. Su aparición más rutilante hasta el momento fue cuando recién había asumido el gobierno de Alberto Fernández y planteó la suba de retenciones, en reacción a lo cual motorizaron un lockout agrario que terminó por conseguir el apoyo de toda la Mesa de Enlace.

Dentro de ese espacio militan dirigentes del PRO que fueron candidatos a concejales, intendentes, legisladores provinciales o nacionales en las últimas elecciones. Uno de sus exponentes es el diputado bonaerense Luciano Bugallo. “Hoy fue el turno para Villa María, Córdoba. Destruyeron silobolsas con maíz partido. Mientras tanto, el silencio de Alberto Fernández, Sabina Frederic y Luis Basterra aturde. ¿Estarán esperando una guerra civil?”, publicó en Twitter el legislador el 25 de junio. Luego agregó que “detrás de las roturas de silobolsas, incendios y robos de cosechas hay sectores del kirchnerismo involucrados”.

El discurso de esa gente cala entre los productores. El productor promedio, el chacarero, se quedó con esa sensación de que el kirchnerismo es el enemigo desde la resolución 125. Además influyen mucho los medios de comunicación. Entrás a un bar y está TN. Entrás a la oficina de una corredora, un acopio y están escuchando radio Mitre. Fui a la cooperativa a sacar un insumo, estaba esperando que me atiendan, había un vecino, un hombre de unos 65 años y me dice, recién escuché en radio Mitre… Lo que dicen esos medios para ellos es la verdad”, relata un productor que convive con esa realidad.

El intento de intervención y el anuncio de un proyecto de ley para expropiar Vicentin por parte del gobierno nacional movilizaron a los autoconvocados, que salieron a denunciar un agravio masivo sobre la propiedad privada. “Entra muy fácil el discurso de que vienen por todos nosotros. El año pasado el encono pudo haber aplacado, pero ahora los sectores antikirchneristas están operando con todo”, agrega.

Frente a esa escalada, el gobierno nacional convocó al Consejo de Seguridad Interior para abordar una investigación integral de los ataques a silobolsas y demás hechos policiales en los campos. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, mantuvo además dos reuniones con los presidentes de la Mesa de Enlace, la última esta semana.

Allí presentó los datos recabados hasta el momento por los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En lo que va del año esas provincias recibieron 35 denuncias de rotura de silobolsas, 11 por sustracción de cereal, 11 por sustracción de equipamiento, 14 por sustracción de agroquímicos, 10 por incendios intencionales y 10 por otros motivos no especificados. “El 40 por ciento de los casos fueron en junio. El hecho tiene cierta gravedad, pero todavía no tenemos datos comparativos, no sabemos si fueron más que el mismo período del año pasado”, explicó este viernes la funcionaria, que dijo que las provincias están procesando la información.

Luego la provincia de Buenos Aires preparó el informe que se cita al comienzo. Como se dijo, en el año hubo 14 casos de rotura de silobolsas, con 6 resueltos. En 2019 las denuncias por el mismo motivo fueron 21, de las cuales se esclarecieron 7. En 2018 fueron 10 y 5, y en 2017, 4 y 3, respectivamente.

Además de conflictos con empleados, menores jugando y animales, los casos que se resolvieron en el pasado tuvieron que ver con ataques de transportistas molestos con productores porque contrataban camioneros de otras regiones, disputas personales entre productores, robos, actos de vandalismo y peleas entre pandillas. No hay antecedentes de motivaciones políticas. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, opinó que sí, que “hay agresiones con tintes políticos”.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, retrucó: “Todo esto es un gran verso montado por Clarín, no me cabe duda. Esto se inscribe dentro del marco de una campaña realmente grande”, alertó. Su número dos, Germán Montenegro, mantuvo reuniones con Omar Príncipe, director y ex presidente de Federación Agraria, para buscar soluciones. Lo mismo hicieron los responsables de seguridad de las otras provincias, que buscan desmontar las fake news de los chorizos de granos. 



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Alberto recibe a la CGT y a empresarios para tratar el pago de la deuda

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