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Los jóvenes en Perú, protagonistas de un giro histórico | En menos de una semana tumbaron un gobierno y obligaron a replegarse a la clase política



Desde Lima

Coordinan, se organizan y se convocan en cuestión de minutos a través de las redes sociales, transmiten sus movilizaciones en directo desde sus teléfonos celulares, utilizan Tik Tok, Instagram y otras aplicaciones para difundir mensajes en respaldo a sus reclamos. En sus movilizaciones se organizan a través de las redes en brigadas para atender a los heridos, desactivar bombas lacrimógenas, dar soporte legal a los detenidos. Les decían que eran una generación apolítica, individualista, pero esa generación ha sido protagonista de masivas movilizaciones y de un hecho político histórico. En menos de una semana se tumbaron un gobierno y obligaron a replegarse a la clase política que con un golpe parlamentario lo puso en el poder. Ahora son el centro de atención. El nuevo presidente, el centrista Francisco Sagasti, ha respaldado sus protestas contra el efímero gobierno anterior y ha destacado su defensa de la democracia. Los llaman “la generación del bicentenario”, en alusión al bicentenario de la independencia del país que se conmemora en julio de 2021.

Son los jóvenes que tomaron las calles y plazas de todo el país para rechazar la instalación del gobierno ultraconservador de Manuel Merino, puesto en la presidencia por una coalición parlamentaria con presencia protagónica de personajes cuestionados por corrupción, que se disfrazaron de moralizadores para destituir al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, basándose en denuncias de que habría recibido sobornos, lo que está en investigación. Pero el disfraz no engañó a nadie. Minutos después de los sucesos en el Congreso, la noche del lunes nueve, la generación del bicentenario saturó las redes y salió a las calles para rechazar lo hecho por el Parlamento.

Las protestas se extendieron a todo el país y a todos los barrios, desde los populares hasta los residenciales. Los jóvenes viralizaron en directo en las redes las movilizaciones y la brutal represión policial. La indignación creció. Ningún partido político, ningún gremio, ninguna organización, los convocó, se autoconvocaron a través de las redes sociales. Y el resto de la población los siguió. De acuerdo a una encuesta de Ipsos, un 86 por ciento respalda esas protestas.

La noche del sábado 14 fue decisiva. Las movilizaciones, que ya llevaban varios días, fueron masivas. Este diario conversó con varios jóvenes que esa noche protestaban en el centro de Lima. “Estamos aquí defendiendo la democracia porque unos partidos y políticos corruptos han sacado al presidente Vizcarra con la excusa de la incapacidad moral, pero lo que ellos quieren es el poder para tener impunidad. No estamos aquí para defender a Vizcarra, que tendrá que ser investigado por lo que se le acusa, sino para evitar que esos políticos corruptos se queden en el poder”, dice Italo Layza, de 26 años, licenciado en ciencias políticas, que protesta en la céntrica Plaza San Martín, colmada de manifestantes. “Seguiremos en las calles hasta que se vaya Merino. Ya estamos hartos de los políticos corruptos”, señala Rocío Cabrera, estudiante de comunicaciones de 20 años. Merino se iría al día siguiente. “Hemos salido y ya nadie nos callará”, dice una joven mientras avanza con un cartel en el que se lee: “Se metieron con la generación equivocada”.

“No tenemos miedo, no nos callarán”, “No es por Vizcarra, es por la democracia”, “Merino no me representa”, “Gobierno títere de corruptos”, “Te quiero Perú, por eso te defiendo”, eran algunas de las consignas de los jóvenes en su protesta, que esa noche del sábado dejó, muy cerca de la Plaza San Martín, dos estudiantes muertos por disparos de la policía.

“Este es un movimiento juvenil que expresa un rechazo a los partidos políticos, esa ha sido su principal bandera, pero no tiene una representación. Es un movimiento muy fragmentado, heterogéneo y disperso. El reto de este momento es crear una representación de este movimiento juvenil que ha expresado sus demandas e insatisfacciones, y que no sea una explosión de unos días y después vaya desapareciendo. Las nuevas tecnologías de la comunicación han sido fundamentales para que se haya dado esta movilización”, le señaló a PáginaI12 el sociólogo Alberto Adrianzén.

“Que se vayan todos”

Adrianzén ve en estas movilizaciones de la juventud peruana un punto en común con lo ocurrido en Argentina en 2001. “Esto es parecido a lo ocurrido en Chile, pero lo veo más parecido a lo que pasó en Argentina en 2001 con las protestas que levantaron la consigna ‘Que se vayan todos’, algo que se repite en estas movilizaciones en Perú”.

Por su parte, el politólogo de la Universidad Católica, Eduardo Dargent, columnista del diario El Comercio, le señaló a este diario que “hay mucha diversidad en estas movilizaciones, una agenda variada, con grupos diversos y una narrativa todavía en construcción”.

“Esta es una generación que valora mucho la democracia y cuando la ha visto amenazada ha salido a las calles. Con la aventura de poner a Merino en la presidencia los políticos han involucrado activamente en la política a una generación que tal vez no lo estaba tanto. Esta ha sido la campaña de marchas de protesta más grande en la historia del Perú”, opina el catedrático Omar Coronel, profesor de ciencias sociales en la Universidad Católica.

La generación del bicentenario sigue en las calles. Este último sábado hubo nuevas movilizaciones. Ya no buscan la salida del gobierno -han recibido bien al nuevo presidente Sagasti-, ahora exigen justicia para los culpables de los asesinatos de Inti Sotelo, de 24 años, y de Jack Bryan Pintado, de 22 años, muertos en las protestas y convertidos en símbolos de esta generación. También demandan, entre otras cosas, que se elimine la inmunidad parlamentaria y sean juzgados los congresistas acusados de corrupción –de los 130 parlamentarios, 68 tienen denuncias penales-, y que se cambie la Constitución.

Ya hemos demostrado lo que los jóvenes podemos hacer y vamos por más. Queremos que se cambie esta Constitución”, dice Eduardo, de 22 años. “Ya estamos hartos, queremos cambios. Sacar a Merino ha sido el comienzo”, indica Jorge, de 19 años. “Hemos recibido bien el nombramiento de Sagasti como presidente, es una persona preparada y no tiene antecedentes de corrupción, muy diferentes a los políticos corruptos, pero estaremos vigilantes a lo que haga”, señala Elena, de 20 años.

“La calle ya se activó y está alerta”, dice Dargent. “Las movilizaciones -afirma- van a seguir, aunque ya no al nivel que tuvieron cuando estaba Merino. En este periodo vamos a ver una presión de la calle. Hay sectores que quieren una nueva Constitución y el gobierno ya ha dicho que no le corresponde llamar a una Asamblea Constituyente, ahí hay una tensión. Que el Tribunal Constitucional haya evadido pronunciarse si la destitución de Vizcarra fue o no constitucional es algo que ha generado mucho malestar. Y está la demanda al gobierno para la investigación por la represión a las protestas”. Sobre esta demanda de justicia, el presidente Sagasti escribió en Twitter: “Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes. Es imprescindible cerrar esta herida, y para ello debemos identificar y sancionar prontamente a los responsables”.

Cambiar la Constitución fujimorista

Las protestas estallaron para exigir la renuncia de Merino, caído el efímero exmandatario ahora ha comenzado a ganar espacio en la calle la demanda de cambiar la Constitución neoliberal que dejó la dictadura de Alberto Fujimori (1990 – 2000). Una Constitución que reduce al Estado a un rol subsidiario en la economía y da una serie de beneficios a los grandes intereses empresariales. Y que ha demostrado sus deficiencias en la organización del Estado. Su cambio es una vieja demanda de la izquierda, una demanda que a partir de esta crisis gana respaldo, especialmente entre los jóvenes.

“El tema de la nueva Constitución ha comenzado a prender, a tomar vuelo. Esta crisis ha demostrado que hay que cambiar muchas cosas de la Constitución de Fujimori, no solamente en el terreno de la economía, sino también en el plano de la política. El tema de una Asamblea Constituyente comienza a aparecer como una bandera de las movilizaciones, que antes no lo era”, dice Adrianzén.

La irrupción de los jóvenes de la generación del bicentenario ha remecido el país. Está por verse su impacto en el futuro, comenzando por las elecciones de abril.





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En Perú, se lavan las manos por Vizcarra

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La insólita saga de los presidentes peruanos | Opinión



En un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Faltando sólo cinco meses para las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.

El episodio no hizo más que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria: Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los presidentes en los últimos 20 años:

* Alberto Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

* Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.

* Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la policía lo estaba por detener.

* Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para 2021.

* Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782 mil dólares de la empresa brasileña.

Vencedores vencidos

El capítulo Vizcarra, sexto presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a Washington, intentó impulsar algunas reformas anti-corrupción y en 2019 disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria (electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apeando a la difusa figura de “vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.

Se cierran dos décadas en las que el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.

* Editor de NODAL. Autor del libro “América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista”. Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.



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Perú va de mal en peor: la ultraderecha corrupta le pasó la factura a la derecha corrupta

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Perú en crisis permanente, con su pueblo en las calles

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Perú: la ultraderecha copó el gobierno | Bajo la presidencia de Manuel Merino tras el derrocamiento de Martín Vizcarra



Desde Lima. 

La derecha ultraconservadora ha tomado el gobierno peruano. El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino -que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, una decisión que ha gatillado protestas en todo el país- es encabezado por un miembro de la descreditada vieja guardia política, vinculado a la extrema derecha. El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al Partido Aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El gabinete del presidente Merino deja la sensación de un regreso al peor pasado. La derecha más dura celebra al nuevo gobierno, mientras las calles se agitan con las protestas. Merino y su aislado gobierno enfrentan las mayores movilizaciones antigubernamentales desde los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.

Al tiempo que el nuevo presidente juramentaba a su gabinete, el destituido exmandatario Martín Vizcarra se presentaba ante la fiscalía para declarar por las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras cuando hace unos años era gobernador de la región de Moquegua. La fiscalía ha pedido se le impida la salida del país por dieciocho meses. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada”, declaró Vizcarra.

El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Aráoz, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano. En 1990 fue electo diputado por el frente de derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011) como ministro de Defensa. En 2016 intentó llegar a la presidencia, al frente de su propio partido, Orden, y quedó en último lugar con apenas un 0,4 por ciento. Ahora Merino lo ha resucitado.

En los últimos años, Flores Aráoz se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana, que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano. Está relacionado a grupos ultraconservadores como “Con mis hijos no te metas”. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar “a las llamas y a las vicuñas” cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En medio de las protestas, el Ministerio del Interior ha sido asumido por el exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, que ya ocupó ese cargo con Vizcarra entre abril y julio de este año y que no ha tenido problemas en subirse al régimen que acaba de tumbar al gobierno al cual él perteneció hace poco. Su breve gestión terminó cuando tuvo que dejar el cargo en medio de las críticas por haber nombrado como su asesor a un abogado que defiende a policías procesados por haber integrado un escuadrón de la muerte y a un general acusado de corrupción.

La oficina de la ONU Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo “información inquietante” sobre la represión policial a las protestas contra Merino. A pesar de la represión, y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de “usurpador”, crecen y se replican en las principales ciudades del país. El nuevo gobierno intenta minimizar las protestas, pero las calles lo desmienten. Ayer las movilizaciones fueron multitudinarias. Flores Aráoz ha negado la represión policial que todos han podido ver y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” las manifestaciones y “exacerbar los ánimos” por informar de las protestas.

Como era de esperar, el nuevo gabinete garantiza la continuidad del modelo económico neoliberal, vigente en el país desde hace treinta años. Como ministro de Economía asume el economista José Arista, que fue viceministro de Haciendo en el segundo gobierno de Alan García.

En Salud, ministerio clave en esta coyuntura, asume el médico Abel Salinas, militante del Partido Aprista. Salinas ya estuvo al frente de este sector en los dos últimos meses del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, cuando éste enfrentaba acusaciones de corrupción, por las que renunció en marzo de 2018. Los promotores de la destitución de Vizcarra, con Merino a la cabeza, lo acusaron de haber tenido “un pésimo manejo de la pandemia”, pero en una muestra de incoherencia le pidieron a la ministra de Salud del gobierno saliente, Pilar Mazzetti, que se quede en el cargo. Mazzetti rechazó el ofrecimiento. Salinas es el cuarto ministro de Salud desde que estalló la pandemia.

En el resto del gabinete se suman otros personajes ligados al aprismo –entre ellos un exministro de Transportes y Comunicaciones del primer gobierno de Alan García (1985 – 1990) que vuelve a ese cargo–, al fujimorismo, al partido de Merino Acción Popular, que está dividido entre su apoyo y su rechazo al nuevo gobierno, y a otros sectores de derecha.

Los grupos parlamentarios que apoyaron la llegada a la presidencia del nuevo jefe de Estado comienzan a repartirse influencias y poder en el nuevo gobierno. Entre sus intereses está evitar el avance de los procesos anticorrupción que complican a varios de sus principales dirigentes –Keiko Fujimori y varios más-, y que el gobierno de Vizcarra había impulsado.

También corre riesgo la continuidad de una reforma educativa considerada fundamental, que ha cerrado universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios. Dos de los partidos que votaron por la destitución de Vizcarra y han puesto a Merino en el poder son dirigidos por empresarios vinculados a este negocio. Flores Aráoz, ligado a esos intereses, declaró, luego de ser nombrado jefe del gabinete ministerial, que las universidades cerradas por ser consideradas una estafa a los estudiantes “merecen una segunda oportunidad”.

El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie. 



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Asumió Merino en medio de protestas | Tras la destitución de Martín Vizcarra en Perú



Desde Lima. En medio de protestas ciudadanas y denuncias de un golpe parlamentario, tomó posesión el nuevo presidente, Manuel Merino, hasta ayer titular del Congreso. Merino se ha convertido en imprevisto presidente del Perú luego que el Parlamento, en una decisión ampliamente rechazada y cuestionada en su legalidad, destituyó al presidente Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral permanente”. Vizcarra había asumido en marzo de 2018, luego de la renuncia por denuncias de corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, y como no tenía un vicepresidente le toca reemplazarlo al titular del Congreso. Merino ha llegado a la presidencia con el respaldo de diversas agrupaciones -siete de derecha, incluido el fujimorismo, y una pequeña bancada de izquierda- que votaron en el Congreso por sacar a Vizcarra. Varias de esas agrupaciones tienen en común que sus principales líderes y legisladores enfrentan acusaciones por corrupción. Merino se estrenó en la presidencia con la violenta represión de las protestas en su contra.

Desde el lunes en la noche, conocida la decisión del Congreso de tumbarse al presidente Vizcarra, miles de ciudadanos han tomado las calles para expresar su rechazo a esa medida. Las protestas siguieron durante todo el martes. Desafiando las restricciones por la pandemia, los manifestantes se han lanzado a las plazas y calles de Lima y de las principales ciudades del país. “Congreso golpista”, “Merino no me representa”, “Merino delincuente, no eres presidente”, coreaban los indignados ciudadanos, que llevaban tapabocas y levantaban banderas peruanas y carteles donde se leían inscripciones como “Merino no es mi presidente” o “Merino usurpador”. Ayer, con Merino ya como presidente, la policía reprimió con gases, disparos de perdigones, chorros de agua y palazos, a los manifestantes, que no cedían en sus protestas.

El nuevo jefe de Estado es un político poco conocido, que pertenece al partido de centroderecha Acción Popular, donde siempre ha ocupado un segundo nivel. Su gestión como presidente del Congreso, que se inició en marzo pasado luego de las elecciones parlamentarias complementarias que siguieron al cierre constitucional del anterior Parlamento, estuvo marcada por su enfrentamiento con el Ejecutivo y por una serie de normas luego declaradas inconstitucionales. Hace dos meses ya había intentado llegar a la presidencia en un anterior proceso de destitución de Vizcarra, que en ese momento fracasó por falta de votos.

En su primer mensaje al país como presidente, que duró solamente trece minutos, Merino defendió, pero sin dar mayores argumentos, la legalidad de la medida tomada por el Congreso. Prometió un gabinete de consenso y “con los mejores”, pero analistas estiman que tendrá serios problemas para convocar personalidades de alto nivel para formar parte de un gobierno que nace con las sombras de la ilegitimidad y de una alta impopularidad. Al momento del cierre de esta edición, no había nombrado su gabinete ministerial. No se refirió a las protestas en su contra. Luego de su juramentación y primer mensaje, desapareció de la escena.

El régimen de Merino -que durará ocho meses, hasta julio del próximo año cuando asuma el gobierno que salga de las elecciones ya convocadas para abril– abre un periodo de incertidumbre y de crisis política y social en medio de la grave situación sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus, que ya ha cobrado más de 900 mil contagios y cerca de 35 mil muertos. Hay serias dudas sobre la capacidad de Merino para manejar esta crisis. Hay preocupación por el futuro de los procesos anticorrupción, que Vizcarra respaldó, con muchos aliados de Merino que lo han llevado al poder implicados en denuncias de corrupción y muy interesados en tumbarse esos procesos.

El lunes en la noche, poco después de conocida su destitución, Vizcarra señaló que había cuestionamientos legales a esa decisión, pero que había decidido aceptarla. En su último mensaje como presidente estuvo acompañado de sus ministros. Poco después, abandonó Palacio de Gobierno. Dejó el cargo con más de 50 por ciento de respaldo. Un apoyo que contrasta con el descrédito del Congreso que lo destituyó.

Al día siguiente, ya fuera de la presidencia, lo primero que hizo fue reunirse su abogado para preparar su defensa por las acusaciones en su contra de haber recibido supuestos sobornos. Declaró que el gobierno de Merino no tiene legalidad en su origen y tiene problemas de legitimidad popular. Este jueves Vizcarra deberá declarar ante la fiscalía.

Vizcarra ha sido acusado de haber cobrado sobornos a dos empresas constructoras por unos 660 mil dólares cuando era gobernador de la región de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. La acusación se basa en testimonios que todavía están en investigación y en proceso de corroboración. Pero eso no impidió que el Congreso vaya adelante con la destitución del presidente.

La Constitución le da inmunidad al presidente, que no puede ser procesado durante su gestión y solo puede ser destituido por casos puntuales, como traición, abandonar sin permiso el país, impedir las elecciones, dentro de las cuales no encajan los cargos contra Vizcarra. Para eludir ese impedimento, los congresistas forzaron la ambigua figura de la “incapacidad moral permanente”, una causal de vacancia presidencial. Según diversos constitucionalistas, su uso en este caso ha sido inconstitucional.

“El sentido del término incapacidad moral permanente es el de una incapacidad mental que inhabilita para gobernar. Es así desde el siglo XIX. La decisión tomada por el Congreso es ilegal, inconstitucional. Esto ha sido un derrocamiento parlamentario”, ha señalado el constitucionalista Omar Cairo.

El jurista Samuel Abad coincide en calificar de “inconstitucional” la destitución de Vizcarra por el Parlamento. “La figura de la incapacidad moral no puede ser usada, como se ha hecho, para un juicio político al presidente. Aquí se han impuesto los votos sobre la Constitución”.

Los principales diarios del país cuestionaron la destitución del presidente Vizcarra. El diario La República tituló en primera plana “Congreso da Golpe de Estado”, y El Comercio puso en su portada “El Congreso deja al país en la incertidumbre” y calificó como “vergonzosa” la votación parlamentaria que destituyó a Vizcarra y puso en el poder a Merino.

En diálogo con Página/12, el sociólogo Alberto Adrianzén señaló que ¨lo sucedido en el Congreso ahonda la crisis en el país”. “Con esto -agrega- entramos a una etapa de crispación y de polarización, que se va a reflejar en las próximas elecciones. Es difícil decir ahora quién puede sacar mayor provecho de esto, pero creo que el radicalismo va a ganar terreno””

“Lo que ha sucedido es terrible para la democracia. Lo que ha primado en el Congreso es una ambición por el poder. El gobierno de Merino puede ser un gobierno inviable. A pesar que será muy corto, puede hacer mucho daño”, opina el politólogo Martín Tanaka.

Cuatro candidatos presidenciales para las elecciones de abril, el expresidente Ollanta Humala, la izquierdista Verónika Mendoza, el centrista Julio Guzmán y el derechista George Forsyth, se expresaron en contra de la destitución de Vizcarra por el Congreso, la que criticaron duramente. 



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En medio de protestas, asumió el nuevo presidente de Perú

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Quién es Manuel Merino, el próximo presidente de Perú | El titular del Congreso asumirá el Poder Ejecutivo tras la destitución de Martín Vizcarra



Tras la destitución del presidente Martín Vizcarra por la ambigua figura de “incapacidad moral permanente”, el titular del Congreso unicameral de Perú, Manuel Merino, se convertirá este martes en el próximo mandatario del país sudamericano

Y pese a que en pocas horas manejará el Poder Ejecutivo de Perú, Merino no es de las figuritas más conocidas en la arena política local. Es que este ingeniero agrónomo y ganadero, de 59 años, fue un político de segunda línea siempre ligado a Acción Popular (AP), el partido centrista fundado en 1956 por Fernando Belaunde Terry. 

En el currículum de Merino, además de su pasado empresarial, se destaca la banca ocupada en el Congreso durante dos períodos: 2001-2006 y 2011-2016. Ambos cargos fueron en representación del departamento noroccidental de Tumbes, tierra natal de Merino.

Merino volvió al Congreso en enero de este año, cuando se realizaron elecciones para escoger el Parlamento luego de que Vizcarra disolviera el anterior en septiembre de 2019. La victoria de AP -la primera minoría del parlamento- lo proyectó a la Presidencia del cuerpo. Pero los flashes finalmente se posaron sobre él durante el primer intento frustrado de destituir a Vizcarra: el titular del Parlamento peruano había tocado sin éxito la puerta de los cuarteles para pedir apoyo de los militares para que él asuma el poder. 

Luego, Merino pidió disculpas públicas. “Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día puede haber sido inoportuna, por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armadas”, dijo luego de que dos altos jefes militares informaran al Ministerio de Defensa que Merino los había llamado para procurar el aval de ambos al proceso de vacancia que estaba por debatir el Congreso.

La primera gran incógnita que tendrá que decidir el próximo presidente -prestará juramento el martes a las 17 (hora local)- es resolver si convocará a elecciones de inmediato (tal como indica la Constitución) o esperará hasta el 11 de abril, fecha que había pautado el ahora expresidente Vizcarra para las próxima votación nacional.



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A cinco meses de las elecciones, el Congreso de Perú destituyó al presidente Vizcarra

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