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Ley Micaela: La Corte dice que se autocapacita, si quiere y cuando quiera | Los supremos no quieren que Gómez Alcorta los forme en cuestiones de género



Después de que el presidente Alberto Fernández apuntara a la demora en la formación por parte de la Corte Suprema en materia de género, el alto tribunal contestó ayer con un desplante a la invitación de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a cumplir con la capacitación obligatoria que establece la Ley Micaela para quienes integran los poderes del Estado. La ministra no retrocedió ni un milímetro. Casi inmediatamente le mandó una carta al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, diciéndole que seguía esperando coordinar la fecha para impartir la capacitación, dado que la Corte no podía abstraerse de los alcances de la ley.

Los cinco integrantes de la Corte firmaron una resolución que agradece al Ministerio la invitación cursada y le hace saber que las actividades de “sensibilización y capacitación” en relación a la Ley Micaela se hacen a través de la Oficina de la Mujer, una dependencia creada en 2009 – que inicialmente estuvo en manos de Carmen Argibay y que, después de su muerte en 2014, dirige Elena Highton de Nolasco.

“Se advierte la conveniencia de emplear las estructuras e instrumentos existentes, diseñados específicamente para el Poder Judicial, para desarrollar las actividades de capacitación previstas por la ley 27.499; de manera de propender a la mayor eficacia de los objetivos propuestos a la par del mejor aprovechamiento y racionalización de los recursos con los que cuenta el Tribunal”, escribieron los supremos.

La Corte busca un artilugio para quedar fuera de los alcances de la Ley Micaela, que se aprobó después del femicidio de Micaela García, una joven militante del Movimiento Evita, y que establece una formación obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias estatales. Cuando se promulgó la ley en enero del año pasado, su autoridad de aplicación era el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Pero, en un acto en la Corte, el 28 de febrero de ese año, Rosenkrantz y Highton firmaron un convenio con Fabiana Túñez, la entonces titular del INAM, por el que se delegaba en la Oficina de la Mujer la capacitación en todo el ámbito del Poder Judicial. A ellos se les había sumado también el juez Ricardo Recondo, entonces presidente del Consejo de la Magistratura. 

“Resulta evidente que las cláusulas de un convenio acordado entre las partes no puede nunca modificar la obligación que se deriva del artículo de la ley al que se hizo mención”, respondió la ministra Gómez Alcorta en referencia al artículo 6 de la ley que establece que a las autoridades máximas de cada poder del Estado debía impartirles la capacitación el Instituto Nacional de las Mujeres, que dejó de existir tras la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir, el planteo de la ministra es que la Corte podrá definir cómo se capacita al resto de los integrantes del Poder Judicial, pero los cuatro supremos y la suprema deberán recibir la formación obligatoria por parte del Ejecutivo.

Las críticas del Presidente se conocieron el 25 de septiembre pasado porque el Poder Judicial – y la Corte como cabeza de éste – era el único poder del Estado que no había cumplido con la capacitación que exige la Ley 27.499. Ese mismo día, Gómez Alcorta informó que el 23 de junio había enviado una carta al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, para combinar la forma de implementar la capacitación, que no había tenido respuesta, por lo que iba a repetirla. En el Palacio de Tribunales, comentaron a este diario que la notificación estaba siguiendo el trámite habitual: es decir, deambulando con ritmo cansino de vocalía en vocalía. La Corte imprime tiempos especialmente lentos a los temas vinculados a la agenda de derechos y le otorga carácter de urgencia o gravedad institucional a todo aquello vinculado a la familia judicial.

La Corte ya había circulado un comunicado en respuesta a la falta de capacitación en materia de género, pero recién ayer se materializó una resolución que le respondía al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En este caso, sí hubo consenso entre los integrantes del máximo tribunal, algo que dista de ser habitual, pero probablemente no esperaban la respuesta casi inmediata de la ministra Gómez Alcorta.

Los supremos están envueltos en un clima de tensión interno y con el Gobierno. Con el Ejecutivo, el clima es punzante después de que el 29 de septiembre pasado aceptaran el per saltum de los tres jueces movidos a dedo durante el macrismo que se resisten a volver a sus tribunales de origen. Hoy está previsto un acuerdo, pero es incierto si en esa reunión se abocarán al tema.

El miércoles pasado, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, acusaron al presidente de la Corte de orquestar una convocatoria oportunista de la comisión Interpoderes, una mesa que debe velar por la agilización de los juicios de lesa humanidad y que se mantuvo inactiva durante los últimos cuatro años. La convocatoria de Rosenkrantz se concretó casi una semana después de que la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todes, presentara un pedido de juicio político por el tratamiento que el presidente de la Corte le da causalmente a los expedientes vinculados a los crímenes de la dictadura. Rosenkrantz no tuvo demasiado apoyo de sus colegas, quienes no lo acompañaron en la declaración pública que distribuyó entre medios amigos, diciendo que era víctima de una campaña de difamación, y lo dejaron solo en la reunión de la comisión Interpoderes – en la que sólo recibió críticas por el atraso de la Corte en lo referido a las causas sobre el terrorismo de Estado.



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La Ley Micaela en el deporte | Lucila De Ponti, Ofelia Fernández y Macarena Sánchez



El 8 de abril del 2017, cuando el cuerpo de Micaela García fue encontrado cerca de la ruta nacional 12 en Gualeguay, algo del mundo se paró. El crimen de la joven entrerriana fue cometido por Sebastián Wagner, un hombre que a pesar de tener antecedentes de violación, había recibido el beneficio de la libertad condicional. Esta tragedia y su prolongación en el tiempo con la reciente liberación de Néstor Pavón condenado por encubrimiento y sospechoso de haber participado activamente del femicidio de Micaela– expresa la necesidad de capacitar en perspectiva de género no sólo a jueces y juezas sino a todas las personas que forman parte de los tres poderes del Estado. Eso mismo instituyó la Ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018, días después de que Thelma Fardín denunciara públicamente por abuso sexual a Juan Darthes. “Esta ley demostró que había una necesidad muy grande de establecer ámbitos de formación y capacitación que no son ni más ni menos que el modo que tiene el Estado de promover la transformación cultural”, cuenta a Pibas con Pelotas Lucila De Ponti, compañera de militancia de Micaela, diputada por Santa Fe, diputada nacional mandato cumplido y una de las mayores impulsoras de la ley.

La Ley Micaela fue la punta de lanza de las estrategias de la marea verde y a medida que se fue implementando aparecieron más y más sectores con necesidad de capacitación y formación en perspectiva de género, entre ellos, el deporte. Córdoba acaba de convertirse en la primera provincia en aprobar la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todo el personal de los espacios deportivos; en Buenos Aires ya tiene media sanción el proyecto del diputado y presidente del club Lanús, Nicolás Russo, y en Santa Fe es la propia De Ponti quien impulsa la medida.

El trasfondo de las propuestas legislativas es la necesidad de repensar los espacios deportivos y las violencias que se generan en ellos: “Hoy las instituciones deportivas y clubes son lugares en los que se mantienen prácticas violentas y binarias, se refuerzan estereotipos cotidianamente y no hay instrumentos claros para combatir eso”, explica Ofelia Fernández, quien en el segundo aniversario del día de la futbolista (el 21 de agosto) presentó un proyecto para que clubes e instituciones deportivas porteñas deban formarse en temáticas de género, diversidad y violencia hacia las mujeres y población LGBTIQ+. “Hay que empezar a desarmar cierta idea de que el deporte es un ámbito masculino casi de forma ‘natural’, y darnos cuenta de que eso tiene que ver con que cuando somos pibas nos van corriendo de esos lugares, nos restringen el juego y hasta la posibilidad de pensarnos exitosas en el deporte”, manifiesta la legisladora más joven de Latinoamérica y coautora del proyecto junto con su compañero en el bloque del Frente de todos, Manuel Socías.

La división entre actividades femeninas y masculinas, la brecha salarial y los prejuicios dificultan que las mujeres se dediquen profesionalmente al deporte. Sin embargo, mientras no haya mujeres y disidencias ocupando cargos de poder en los clubes, difícilmente esta estructura cambie. Es ahí cuando las políticas públicas se vuelven indispensables. “La necesidad de profesionalizar el deporte femenino está muy vinculada a las enormes desigualdades de ingresos que nos cansamos de remarcar que tenemos: esa desigualdad no se cambia solamente mostrándola sino que necesitamos vincular las luchas a políticas públicas activas”, amplía la legisladora.

Macarena Sánchez, delantera del Ciclón, referente indiscutida de la semi-profesionalización del fútbol femenino y ahora al frente del Instituto Nacional de la Juventud, suma: “Es importante que la Ley Micaela llegue a todas las instituciones deportivas ya que el machismo está muy instaurado en el deporte y, en consecuencia, en clubes y asociaciones civiles en donde las violencias se viven diariamente y en muchos casos están naturalizadas”. La ex jugadora del UIA Urquiza destaca que el Ministerio de Turismo y Deportes ofrece un curso online de género y deporte pensado para federaciones, clubes, atletas, dirigentxs, entrenadorxs y formadorxs. “El deporte no es ajeno a las situaciones de desigualdad, discriminación, abuso y violencia de género que se producen todos los días en Argentina y en todo el mundo. Creo que el deporte debe ser una herramienta que permita transformar y eliminar estas violencias”, concluye.

Las redes de solidaridad que se tejen en canchas, clubes y gimnasios avanzan y muchas instituciones ya tienen comisiones de género que funcionan como espacios de contención, prevención y visibilización de las violencias. Pero las políticas públicas son determinantes para que esto se profundice y se sostenga: si la Ley Micaela llegó al Estado para cambiarlo todo de raíz, que ésta entre en cada aro, perfore cada red y ocupe todos los bancos de dirección técnica significa que algo del andamiaje tradicional está empezando a ceder y un deporte libre de violencias es un horizonte cada vez más cercano.

*Dalia Cybel.



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La Ley Micaela: los funcionarios tucumanos continúan sin capacitarse en materia de género

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Diputados: simulacro de sesión virtual con una capacitación de género sobre la “Ley Micaela”

Simulacro de sesión virtual en Diputados

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