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La Cámara Federal designó autoridades de sus salas y dejó afuera a Bruglia y Bertuzzi | La situación de los jueces trasladados a dedo por el macrismo



La Cámara Federal porteña designó autoridades e integrantes de las dos salas del Tribunal clave que revisa las causas de corrupción, entre otras, y dejó afuera de las mismas a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados a dedo durante el macrismo fueron rechazados por el Senado de la Nación la semana pasada.

Mediante una acordada que realizó la Cámara luego de que los traslados de ambos jueces fuesen cuestionados, el Tribunal quedó conformado tan sólo por dos magistrados: Martín Irurzun y Mariano Llorens, quien recientemente dio positivo en coronavirus. 

La medida llega luego de que la Cámara de Casación determinara que Bruglia y Bertuzzi deben volver a sus tribunales de origen y que no diera lugar al pedido de licencia. La acordada firmada por Irurzun y Llorens acepta que los dos jueces que habían sido trasladados irregularmente durante el macrismo ya no forman parte del cuerpo. Además, reordena el seguimiento de las causas que tramitan en ese fuero.

De esta manera, Irurzun, reconocido por la doctrina que lleva su nombre debido a la ola de prisiones preventivas arbitrarias durante el macrismo, queda como presidente, mientras que Llorens será el vicepresidente. Irurzun quedará como presidente de la Sala I en tanto que Llorens de la II, aunque este último está hospitalizado por contagio positivo de covid-19.

La decisión del propio Tribunal obedece a que los traslados de Bertuzzi y Bruglia, al igual que en el caso del juez Germán Castelli, fueron rechazados por decisión del Senado con mayoría oficialista, y ahora los magistrados apuestan a la decisión que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia en función de los amparos que presentaron.

Luego de la decisión de la Cámara alta, ambos pidieron licencia extraordinaria a la Corte mientras se tramitan los recursos judiciales por los cuales reclaman permanecer en sus puestos en la Cámara Federal y no volver a los Tribunales Orales en los que se desempeñaban antes de los traslados.

El máximo tribunal judicial, a través de una convocatoria que hizo su presidente, Carlos Rozenkrantz, determinó que el próximo martes empezarán a abordar el tema aunque se desconoce si ese mismo día puede haber una decisión o no. La definición de la Corte se da en el marco de una fuerte presión de los medios de comunicación, que insisten en plantear el problema como una “remoción” de los jueces.

Los tres jueces no sólo plantearon la cuestión de fondo ante la Corte sino que también le pidieron que les ordene dónde cumplir funciones, si en sus cargos iniciales o aquellos de los cuales ahora fueron desplazados.

Lo que está en juego son los traslados, ya que por decisión del oficialismo, Bruglia dejará la Cámara para volver al Tribunal Oral Federal 4, Bertuzzi lo propio para regresar a un Tribunal Oral Federal de La Plata, y Castelli pasará del tribunal que tiene el caso “cuadernos” en Capital Federal a uno de San Martín.



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Rosenkrantz se sumó a las presiones políticas y mediáticas sobre la Corte Suprema | Se puso al frente de la campaña para “salvar” a los jueces trasladados a dedo por el macrismo.



El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, sigue en campaña para salvar a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que deben dejar sus cargos en Comodoro Py y volver a sus puestos de origen por decisión del Senado, del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Casación Penal. Este martes decidió convocar por su cuenta a un acuerdo extraordinario para dentro de una semana para tratar el per saltum presentado por los jueces atrincherados donde piden que el alto tribunal decida sobre la validez de los “traslados” con que el gobierno de Mauricio Macri los nombró sin concurso ni acuerdo del Senado. Los supremos también deben analizar las licencias pedidas por ellos. Hasta ahora no se pusieron de acuerdo en nada, por eso Rosenkrantz insiste con esta forma de presionar a sus colegas, que complementa con declaraciones en los diarios Clarín y La Nación que le hacen el juego en esta ofensiva.

La iniciativa de Rosenkrantz se debe a que los integrantes del máximo tribunal hasta ahora no se pusieron de acuerdo en nada. Sólo parecía haber coincidencia en que una mayoría se inclinaba por dejar pasar el per saltum (no resolverlo), que es una salto de instancias ante una situación de “gravedad institucional”, porque les parecía lógico esperar a que falle sobre la discusión de fondo acerca de la legalidad de los traslados la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese tribunal, los jueces Guillermo Treacy y Guillermo Alemany ya rechazaron una medida cautelar de los Bruglia y Bertuzzi, pero todavía deben pronunciarse sobre el amparo. Aún esperan que el Senado les mande la versión taquigráfica de la sesión en que el oficialismo rechazó los traslados. La jueza de primera instancia, María Alejandra Biotti, no hizo lugar a la cautelar y en el amparo cuestionó los nombramientos y habilitó que el Senado los tratara. Bruglia y Bertuzzi habían sido trasladados por el macrismo a la Cámara Federal y deben volver al Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de Comodoro Py y al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de La Plata respectivamente. Castelli había sido designado en el TOF7, que tiene la causa de los cuadernos, y debería volver al TOF3 de San Martín, donde pidió licencia y se la dieron hasta el 6 de octubre.

Lo que quedó claro en la reunión por Zoom de este martes entre los supremos es que Rosenkrantz no conseguía los tres votos que necesitaba para declarar la “admisibilidad” del per saltum y empezar a tratarlo. Por eso en plena reunión remota les anunció a sus colegas que convocaría de manera extraordinaria a tratar ese tema puntual el martes próximo. “Es un poco absurdo, porque todo los martes tenemos acuerdo”, dijo un miembro de la Corte ante la consulta de este diario. Al formularlo como convocatoria especial intenta forzar a los demás a que presenten un voto. Lo que puede llegar a pasar es que nadie o una mayoría no presente nada, pero tampoco está tan claro porque los vientos y la dinámica pueden cambiar con facilidad en el tribunal. De todos modos, no cayó bien la decisión unilateral del presidente, que tras el encuentro les llegó a todos formalizada en un correo electrónico.

En el “mientras tanto”, Rosenkrantz recurrió a La Nación y Clarín —ambos subidos a la campaña a favor del trío de jueces– para mostrar y justificar su iniciativa. A ambos les dijo: “La atribución de realizar una convocatoria extraordinaria es una facultad que, como presidente del Tribunal, me confiere el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional y que ha sido empleada en algunas ocasiones”, fue una de sus frases. “La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre, a la ciudadanía sobre el trámite que impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado.”

No parece que haya una mayoría suprema inclinada por acelerar los tiempos de este debate. La dinámica actual de la Corte, por una acordada de fines de 2018, le impide al presidente del tribunal tomar decisiones incluso administrativas por sí mismo. Siempre necesita tres votos. Esta vez quiso hacer una especie de demostración de poder frente a los demás.

Una gran paradoja es que los medios que difunden sus dichos también dan por hecho que dos acordadas que firmó la Corte entre marzo y abril de 2018 son las que habilitaron los traslados como los de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El Consejo de la Magistratura no hizo en absoluto esa interpretación, que divide aguas. Para la mayoría de ese organismo, que resolvió que fueron designaciones irregulares, la Corte lo que dijo es que el mecanismo constitucional indica que deben intervenir el propio Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado. Lo paradójico es que aquellas acordadas, que la oposición interpreta a favor de los tres jueces atrincherados, fue firmada en disidencia por Rosenkrantz y por Highton de Nolasco.

Lo que podría llegar a tratar antes la Corte –quizá esta semana– son los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi. Primero habían pedido licencia extraordinaria y luego pidieron una compensación de vacaciones, como para hacer tiempo sin legitimar el regreso a sus cargos de origen hasta que se resuelva la cuestión judicial de fondo. El tribunal de superintendencia de la Cámara de Casación le devolvió otra vez ese asunto a la Corte. Escribió “téngase presente”, con la firma de la presidenta Angela Ledesma, y que resuelva el máximo tribunal. Luego por unanimidad también los casadores de superintendencia resolvieron que se hará un sorteo para definir cuál de los jueces subrogantes del TOF1 de la Plata, donde debe volver Bertuzzi, es el que le dejará el lugar. En ese tribunal hay tres jueces transitorios (Ricardo Basílico, Nicolás Toselli y Roberto Lemos Arias) pero ninguno en particular ocupa ese cargo. Es un modo de confirmar, también, que Bertuzzi debe volver ahí.

Así las cosas, a Rosenkrantz se lo ve lanzado contra lo que hasta ahora resolvieron, Casación, el Senado, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y una jueza en lo contencioso administrativo, que cuestionaron los nombramientos por traslado. Lo hace en sintonía con la presión mediática-política de la oposición

 

 

 

 



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Presiones a la Corte en el caso de los jueces trasladados a dedo por el macrismo  | Las amenazas de la alianza político-judicial-mediática



Todos los días sube de tono la feroz campaña de presión para que la Corte Suprema salga a rescatar a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos nombramientos por traslado en cargos claves en Comodoro Py fueron objetados por el Consejo de la Magistratura, una jueza en lo contensioso-administrativo, el Senado de la Nación, un decreto del Poder Ejecutivo y una resolución de la Cámara de Casación. Los supremos hasta ahora no respondieron a ninguno de los reclamos de los magistrados en cuestión, que incluso a través de escritos presentados el domingo pidieron que resuelvan la validez de los traslados inconstitucionales que hizo el macrismo. Desde Clarín y La Nación hasta amenazaron con pedidos de juicio político a los integrantes de la Corte que resolvieran contra la BBC (Bruglia, Bertuzzi, Castelli), un camino que obviamente no tiene salida ya que no hay votos en el Congreso para semejante maniobra.

En las últimas horas, los jueces pidieron licencias porque no quieren dar el brazo a torcer: ya está claro que deben volver a los puestos que tenían antes del macrismo, pero no quieren un regreso sin gloria. Inicialmente le hicieron el pedido a la Corte, pero el máximo tribunal se lo mandó a la Casación, que tiene la facultad de superintendencia en materia penal. Este lunes, la Cámara de Casacion volvio a darles una mala noticia: la decisión sobre licencias la tiene que tomar el tribunal al que ahora volvieron, o sea que hubo un rechazo de entrada.

Desde Clarín y La Nación dispararon con munición gruesa convirtiéndose en voceros de los magistrados, con un tono amenazante: advirtieron a los supremos que se les iniciarían juicios políticos si no respaldan a los jueces atrincherados. La jugada es asombrosa por donde se la mire. Ni en diputados ni en senadores la oposición tiene votos para concretar un juicio político y menos todavía en el marco de semejante presión político-mediática.

En paralelo, el diputado del PRO Alberto Assef, aquel que dejó sin personería a José Luis Espert en vísperas de las últimas elecciones, sumó una presentación ante la Corte en la que pide que el máximo tribunal revise los decretos del Poder Ejecutivo que determinaron el regreso de los tres jueces a los lugares que tenían antes de la maniobra del equipo judicial macrista. 

La Corte tiene previsto hacer una reunión por Zoom este martes, donde tampoco está claro que vaya a tomar ninguna decisión. Difícil que lo haga sobre la discusión acerca de la validez de los traslados, ya que la mayoría de los supremos parece volcada a esperar que llegue la causa que tramita en el fuero Contencioso Administrativo, donde falta la resolución de fondo de la Cámara de Apelaciones, que llegará a la máxima instancia por un recurso extraordinario. La Cámara tardará dos semanas más, como mínimo. El per saltum (una paradoja, tratándose de jueces a los que se revocó sus nombramientos por saltear el Senado para acceder a cargos) parece tener pocas chances. También es difícil que los supremos resuelvan algo en medio de una presion tan brutal (casi extorsión) ejercida a través de los medios.

En paralelo, la Corte tiene el reclamo de las licencias de los jueces. Bruglia y Bertuzzi primero habían pedido licencia extraordinaria, pero ahora pidieron una
licencia compensatoria de vacaciones trabajadas, que consideran que no se las podrían negar. Castelli llevó este mismo pedido a Casación, pero los casadores le dijeron que debe ir con un oficio electrónico a la Corte y que ésta debe verificar si tienen días disponibles y resolver. Este martes este tribunal penal también reunirá a los jueces que integran su área de superintendencia y tienen pensado decir algo respecto de las licencias. Lo concreto es que los magistrados no están trabajando en los lugares que tienen asignados por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Ejecutivo y Casación. Según lo dispuesto, Bertuzzi debe volver al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Bruglia debe volver al Tribunal Oral Federal 4 y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

En verdad, para que se otorguen licencias el procedimiento es que se acuerda con los compañeros del tribunal oral –se entiende que son los tribunales a los que deben regresar– y, una vez acordado con los pares, se presenta a la Corte que verifica si los días corresponden o no. Volver a un tribunal de origen no es motivo para una licencia. Por supuesto que existen también las licencias extraordinarias, pero se tienen que fundamentar, pedir con quince días de antelación y hacer la presentación electrónica a la Corte. Es muy posible que este martes Casación le remita al máximo tribunal el pedido de licencia extraordinaria, aunque siempre queda claro que son licencias en sus puestos de origen, en los tribunales orales de los que nunca debieron salir hacia los lugares que los llevó el macrismo, sin el acuerdo del Senado.

En cualquier caso, la realidad es que la alianza político-judicial-mediática tomó el caso de los jueces como bandera, con el argumento de que es una movida para, supuestamente, salvar a Cristina Fernández de Kirchner. Se esconde que Bruglia y Bertuzzi ya no tienen ningun papel en las causas contra CFK y Castelli integra un tribunal en el que hay otros dos jueces. En realidad, la cuestión de fondo es la furia porque el gobierno tocó los grandes intereses, en primer lugar, a través del decreto que estableció como esenciales los servicios de internet, cable y telefonía móvil y, en segundo lugar, mediante el impuesto a las grandes riquezas. Pero como estos temas cuentan con el respaldo de la mayoría de la sociedad, falsean el caso de la BBC y lo usan para hacer oposición despiadada. 



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Alberto Lugones: “No hay ninguna remoción de juez ni afectación de la estabilidad” | El presidente del Consejo de la Magistratura sobre la anulación de los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli



El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, aseguró que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli dispuestos por el Senado y oficializados por el Poder Ejecutivo no suponen “ninguna remoción” de jueces ni “afectación de la estabilidad” constitucional.

“Acá no se tira ningún juez por la ventana, no hay ninguna remoción de juez ni afectación de la estabilidad”, explicó Lugones en referencia a los magistrados que habían sido colocados por decreto del ex presidente Mauricio Macri y sin aval del Senado en la Cámara Federal porteña.

Esta medida fue dejada sin efecto por decisión de la Cámara alta y oficializada por el gobieno nacional a través de tres decretos. Por esta razón, los tres magistrados deberán regresar a los tribunales orales federales de los que son titulares en Comodoro Py y los tribunales de San Martín.

Lugones explicó en Radio 10 que los jueces “van a volver a su lugar, donde dieron examen, donde concursaron, donde fueron debidamente propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado”, tal como indica la Constitución. “Van a seguir siendo jueces” porque no fueron removidos del cargo, resaltó.

“Seguramente van a estar los agoreros que siempre hablan demás diciendo, ‘ahora el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner van a meter jueces por la ventana nuevamente'”, evaluó el presidente del Consejo. Sin embargo, aseguró que se seguirán designando jueces “como corresponde”, a fin de que a esos lugares “lleguen los mejores”, sin decretos, por concurso y con los demás mecanismos que establece la Constitución.

El titular del Consejo de la Magistratura lamentó también que la noticia del rechazo de los traspasos irregulares de los jueces se presente en los diarios con “títulos catástrofes” donde “salen a decir lo que no es cierto”. “Estas operaciones se hacen en los medios y en el ámbito del poder judicial también”, afirmó.

El traslado de Bruglia, Bertuzzi y Casteli fue adoptado a instancias de una determinación del Consejo de la Magistratura que, por mayoría y al considerar irregulares los traslados dispuestos por decreto durante la gestión de Cambiemos, había rechazado esas subrogancias.

Este jueves, una vez promulgada por el Ejecutivo la decisión del Senado de rechazar esos traslados, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el cese de las subrogancias que ejercían los jueces.



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Bruglia, Bertuzzi y Castelli, tres jueces que vuelven al punto de partida | Casación les dio la espalda, Rosenkrantz es su última esperanza



Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli lanzaron una nueva ofensiva en un intento por conseguir el respaldo de la Corte Suprema después de que el Poder Ejecutivo publicara en el Boletín Oficial tres decretos que ratifican la decisión del Senado de rechazar los traslados por los que fueron nombrados a dedo durante el gobierno de Mauricio Macri en cargos claves de Comodoro Py. Los tres hicieron presentaciones implorando a los supremos precisiones sobre dónde deben cumplir funciones, dijeron que igual consideran que los decretos son ilegales y dos de ellos pidieron una licencia extraordinaria. Pero en el ínterin, la Cámara de Casación Penal Federal les dio una mala noticia en una resolución que da por sentado que deben volver a sus tribunales de origen. Parece probable que el máximo tribunal, que debería expedirse a futuro sobre la validez de los traslados, sólo les responda sobre las licencias, lo que podría ocurrir este viernes.

Uno de los principales aliados de los jueces atrincherados fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien –cuentan en el tribunal– les dio la idea de volver a presentarse y, en especial, de pedir licencia. Era sabido, ya el miércoles, que la Cámara de Casación Federal deliberaba sobre la posibilidad de intervenir y dejar sentado que deben volver a sus cargos originales: Bruglia y Bertuzzi, que habían sido llevados por el macrismo a la Cámara Federal de Comodoro Py deberían regresar al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py y al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, respectivamente; Castelli, designado por traslado en el Tribunal Oral Federal 7, tiene que volver al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín. La licencia fue pedida por los dos primeros y el tercero analizaba a última hora esa posibilidad.

Rosenkrantz, el cortesano más cercano a Mauricio Macri y su troupe, arrancó el jueves con activos intentos para que la Corte resolviera con urgencia, pero no tuvo aliados. Entre los supremos hay una idea, que sería mayoritaria, de que como ellos mismos deberán fallar sobre la dicusión de fondo sobre los traslados, no pueden decirles a los jueces cuestionados en qué lugar deben quedarse trabajando en el mientras tanto porque sería una forma de adelantar opinión. En cambio, podrían resolver la cuestión de las licencias, un asunto que requiere mayoría de tres votos. En varios despachos (hoy virtuales) del tribunal consideran que lo resuelto por la Cámara de Casación, podría ser considerado suficiente para responder al interrogante práctico que introdujeron los tres magistrados sobre en qué tribunal deben trabajar.

La decisión de Casación

Casación tiene autoridad y toma decisiones sobre los tribunales orales federales y cinco de sus miembros tienen delegadas las funciones de “superintendencia”, según lo establece el Reglamento para la Justicia Nacional. Por eso se reunieron este jueves después por Zoom y dieron forma a una decisión a partir de la firma de los decretos presidenciales que dejaron sin efecto los tres traslados en debate. Una mayoría, integrada por Angela Ledesma, Ana María Figueroa y Mariano Borinsky, decidió “hacer cesar las subrogancias” de quienes estaban ocupando los cargos de origen de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que es la forma de obligarlos a ellos a regresar allí. Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci pugnaron sin suerte por dejar la definición en manos de la Corte.

El texto de la resolución agrega un concepto fundamental: que los jueces que ya iniciaron juicios orales en los tribunales en cuestión deben terminarlos, “asegurando una adecuada administración de justicia”. La resolución fue informada a la Corte, al Consejo de la Magistratura y a los tribunales orales donde caen las subrogancias: en el TOF 4 se debe ir Daniel Obligado, en el TOF 3 de San Martín es Daniel Cisneros, y en el TOF 1 la situación es menos clara, porque los tres cargos están ocupados por subrogantes: Roberto Lemos Arias, Ricardo Basílico y Nicolás Toselli. Funcionarios de Casación también dijeron a PáginaI12 que la Corte no tiene nada que aclarar.

Al aclarar el panorama, Casación despejó algunos de los planteos que los propios jueces cuestionados hicieron ante la Corte. Castelli, por ejemplo, había señalado casos de juicios en marcha donde debe dictar sentencia, incluso esta misma semana. Y le pedía precisiones al máximo tribunal ante la “gravedad y la urgencia”: que “se sirva establecer en qué lugar el suscripto debe prestar funciones jurisdiccionales en su carácter de juez federal” para “evitar situaciones potencialmente frustratorias del servicio de justicia o que puedan implicar un retardo en su prestación”. Castelli es el juez que dijo públicamente: “si me quieren sacar, que lo hagan a empujones, delante de la gente”. También agregó un escrito alegando la supuesta ilegalidad de los decretos del Ejecutivo como “hecho nuevo” en el per saltum que ya había presentado.

La mayoría de los argumentos de Bruglia y Bertuzzi también pierden sentido con la decisión de Casación. Ambos pidieron a la Corte que les dé “lineamientos por la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha” pero opinaron que “los decretos no podrían ser ejecutados de manera inmediata” e insistían en “continuar con nuestras funciones ante el tribunal en el cual actualmente nos encontramos”. Dejaron trascender que se quedarán esperando en sus casas a que alguien les notifique cuáles son sus funciones o si les otorgan una licencia mientras avanzan sus acciones judiciales sobre la validez de sus nombramientos.

Estos tres jueces fueron los únicos que faltaron a la audiencia a la que los había convocado la Comisión de Acuerdos del Senado, con el objetivo de revisar las designaciones por traslado con que el gobierno de Cambiemos los había llevado a cargos donde buscaban jueces afines. La Cámara alta había resuelto debatir la suerte de diez jueces y juezas que cuyos traslados el Consejo de la Magistratura había considerado, por mayoría, irregulares, precisamente porque no tenían el acuerdo del Senado. El faltazo a un procedimiento que establece la Constitución fue uno de los argumentos centrales de las y los 41 senadoras y senadores que decidieron rechazar los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Los decretos

Los decretos que publicó el Poder Ejecutivo, que firma Alberto Fernández, en el Boletín Oficial dejan sin efecto los que había firmado Macri para dar sustento a los traslados e introducen una aclaración relevante: “sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema detallada en la acordada 7/18”. Es decir, tendría validez lo que hicieron como jueces “trasladados”.

Los fundamentos generales recuperan las conclusiones de la resolución del Consejo: que no se había completado el procedimiento constitucional al momento de nombrarlos sin concurso ni acuerdo en nuevos puestos que no coincidían “en la totalidad de las condiciones en razón de la jurisdicción, grado y materia respecto” de aquellos “donde habían sido originalmente designados”. Bruglia y Bertuzzi subieron de jerarquía, Castelli cambió de jurisdicción. El texto recuerda que la propia Corte dijo en dos acordadas sobre el tema que a los jueces solo se los nombra “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.

Habrá que ver qué pasos decide dar ahora la Corte. Lo más probable es que analice los pedidos de licencia y que sólo opine sobre el recurso extraordinario que llegará después que la Cámara en lo Contencioso Administrativo falle sobre el amparo de los jueces atornillados. Hasta ahora en primera y segunda instancia les fue mal en sus reclamos. Casación los dejó muy mal parados.



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El Senado rechazó los traslados irregulares de Bruglia, Bertuzzi y Castelli | La Cámara alta prorrogó las sesiones virtuales y la oposición rechazó el debate 



El Senado rechazó los traslados de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los tres jueces nombrados de forma irregular por el expresidente Mauricio Macri. La votación resultó unánime, tras la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio que votó en contra del decreto de la titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, que extendió por 60 días las sesiones remotas y se retiró de la sesión virtual de la jornada. 

La sesión comenzó con el debate de la prórroga de sesiones remotas, ordenadas el lunes pasado a través del decreto parlamentario 14/20, firmado por la titular del cuerpo, Cristina Kirchner, en el que se prorrogaba la modalidad virtual “de modo excepcional y por el plazo de sesenta días”. El decreto se aprobó con 41 votos a favor y 28 en contra.

En el inicio del debate sobre los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos, lamentó que “muchos declamen sobre la república, pero hacen poco para que pueda llevarse a cabo” y aseguró que, de acuerdo a la Constitución Nacional, es necesario corregir el traslado irregular de los magistrados hecho durante el gobierno de Mauricio Macri. 

“El sistema constitucional tiene un sistema de contrapesos para que ningún poder del Estado se imponga sobre otro”, resaltó Sagasti para apuntar luego que “avalar esta situación de traslado, sin que haya pasado por el Senado de la Nación, es aceptar que en la Argentina existan dos sistemas de selección de jueces: el de la Constitución Nacional y la selección de jueces a la carta como hizo el gobierno anterior”.

Sagasti lamentó la ausencia de los senadores opositores y les recordó que también se ausentaron de la Comisión de Acuerdos, en la que se trataron los traslados. La senadora resaltó que, en aquella reunión del 4 de septiembre, de los diez jueces convocados a audiencia pública para defender sus cargos solo tres se ausentaron: Bruglia, Bertuzzi y Castelli. “Se pusieron en situación de rebeldía respecto a lo que establece la Constitución nacional para acceder al cargo que quieren ejercer”, sentenció.  

“Nos hubiese gustado escuchar los argumentos de la oposición”, señaló el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, al cerrar el debate, y aseguró que ausentarse “no es la forma de fortalecer la democracia”. 

El senador por Formosa valoró el trabajo de la Comisión de Acuerdos que cumplió con los pasos administrativos y volvió a subrayar la actitud de los tres jueces de ausentarse a la audiencia pública en la que tenían que defender su traslado. “Cuando vemos que un juez de la Nación dice que no va a hacer caso a lo que dice el Congreso es algo realmente gravísimo. ¿Cómo vamos a tratar el traslado de un juez que dice que el Congreso y la Constitución no existen?”, sentenció Mayans.  

La oposición habló de “tensar la cuerda” y dejó el recinto

La oposición había anticipado su rechazo a la prórroga y fue confirmado por el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, en el inicio de la sesión antes de apagar sus cámaras y retirarse. “No tienen los dos tercios para modificar el reglamento”, sostuvo Naidenoff. Tras la votación, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado adelantó que presentarían una denuncia judicial. 

“El oficialismo decidió tomar otro camino e imponer otra agenda que nada tiene que ver la emergencia por la pandemia. Están obsesionados con la agenda de la Justicia, con la agenda del Procurador, con los traslados. ¿Quieren nombrar un procurador? No busquen atajos, para eso está la Comisión de acuerdos”, advirtió Naidenoff en alusión a los los proyectos del oficialismo. 

En su intervención, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio dejó además otra advertencia: “¿Qué piensan hacer, tensar más la cuerda? ¿Redoblar la apuesta? ¿Reinterpretar el pasado? Si también les fue mal… No hay que tensar la cuerda. Nosotros estamos para ayudar, no queremos apostar a la confrontación. Aporten ustedes también, aporte usted presidenta. Tenga un gesto, convoque al diálogo a la oposición”. 

“Piden sesiones presenciales para trabar el Congreso” 

A su turno, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, comenzó su intervención recordando el golpe del 16 de septiembre de 1955 contra el gobierno de Juan Domingo Perón y señaló que el pensamiento de aquel golpe sigue vigente: “Si no nos hacen caso, saben lo que vamos a hacer”.

Mayans destacó que en aquel momento existió “una negación de la voluntad popular” y recordó que el año pasado “el pueblo argentino decidió cambiar de rumbo”.  “El pueblo argentino votó en contra del sistema liberal, en contra de los 50 mejores (funcionarios) que acompañaron el gobierno de Macri, y en contra de los 57 mil millones que le prestó Trump”, apuntó el senador por Formosa. 

En ese tono, Mayans recordó que con el protocolo de sesiones remotas se realizaron 13 sesiones en la Cámara alta y continúa el trabajo en todas las comisiones. “Estamos en aislamiento para cuidar la vida de las personas, pero para trabar las sesiones piden que sean presenciales, los mismos que el año pasado no trabajaron en todo el año”, criticó Mayan y pidió continuar “trabajando” en temas centrales como el Presupuesto 2021. 

La previa de la sesión especial

Este miércoles, el interbloque de Juntos por el Cambio decidió retirar el pedido de sesión especial formulado ayer para debatir temas vinculados a la pandemia. La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, dejó abierta la sesión a las 14.26.

En una nota dirigida esta mañana a la titular del cuerpo, los senadores de la oposición desistieron de la convocatoria pedida ayer al considerar que el llamado a sesión fue hecho en los términos de un decreto que ellos no convalidarían.

“La misma ha sido citada en los términos del DP 14/20 que no ha tenido aprobación del cuerpo y siendo que esa Presidencia carece de facultades para dictar normas que modifiquen el reglamento interno, le comunicamos que este interbloque ha decidido retirar el pedido de sesión especial”, señaló la misiva firmada por los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Juan Carlos Romero.



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La Corte Suprema desairó a los jueces Bruglia y Bertuzzi | No hubo per saltum y deberán enfrentar la resolución del Senado



La Corte Suprema les dio una pésima noticia a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: en una resolución de cinco líneas les dijo que no opinará por ahora sobre su situación, lo que implica que el tribunal dejará que el Senado avance con la decisión, prevista para hoy, de rechazar sus designaciones por el mecanismo que utilizó el gobierno de Mauricio Macri para trasladarlos desde el Tribunal Oral Federal 4 a la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py sin que pasaran por un concurso ni por el Congreso para obtener el “acuerdo” que prevé la Constitución. 

Bruglia y Bertuzzi habían presentado un “per saltum” en un intento de obtener el respaldo supremo para frenar la revisión de sus nombramientos, y el lunes por la noche le pidieron a la Corte su “inmediata intervención”. La respuesta fue “téngase presente”, algo que en la jerga judicial se traduce como un desaire que, además, significa que los supremos avisan que se quedarán con la última palabra sobre esta polémica que envuelve a los nombramientos de jueces a dedo.

“A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine. Notifíquese”. Ese es el texto que firmó en forma remota, de manera digital el tribunal en pleno: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Los cortesanos podrían no haber dicho nada, pero eligieron decir algo y mandar un mensaje. Como queda a la vista, no aceptaron ni rechazaron el “per saltum” de los camaristas atrincherados pero dejan entrever que tendrían la posibilidad de expedirse por otro camino: el amparo de Bruglia y Bertuzzia que la Cámara en lo Contencioso Administrativo no resolvió, y la cuestión de fondo que llegaría al máximo tribunal por un recurso extraordinario en las próximos diez días.

Hasta ahora ambos camaristas cosecharon todas sentencias en contra, en primera instancia la jueza Ana María Biotti les rechazó el amparo y la Cámara les negó un pedido de medida cautelar para frenar el procedimiento del Senado. Por la misma senda va el juez Germán Castelli, trasladado desde un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los cuadernos: la jueza Macarena Marra Giménez rechazó una medida cautelar para impedir la revisión de su nombramiento. “Si me quieren sacar, que me saquen a los empujones”, estalló Castelli por televisión.

Para la Corte es una jugada política mostrar que se queda con un as en la manga en momentos en que una comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo debate su posible reforma, ya sea de composición o mecanismos. El asunto de los traslados de jueces les otorga una herramienta de negociación. En la noche del lunes, Bruglia y Bertuzzi hicieron una nueva presentación ante los supremos para plantear un “nuevo hecho”: que el Senado había convocado a sesión para este miércoles y que el orden del día incluye la votación de un dictamen de la comisión de Acuerdos que propuso rechazar sus traslados, al igual que el de Castelli, después de que se ausentaran a la audiencia pública a la que habían sido convocados el viernes 4 de septiembre. Ese faltazo les jugó en contra y fue uno de los argumentos que dio sostén a la propuesta de dejar sus traslados sin efecto y que deban volver a sus cargos de origen. Tampoco los benefició que otros siete jueces y juezas cuyos traslados están bajo revisión, fueron a la audiencia a responder preguntas, que es un modo de validar el proceso. Pero el dúo de camaristas insistió en implorar a la Corte “su inmediata intervención”, que no obtuvieron. Hasta unos días antes conservaban interlocutores del cuarto piso (ahora algo virtual) del Palacio de Justicia, pero ya esta semana nadie les respondía.

Los traslados a dedo

El mecanismo de trasladar jueces o juezas de un cargo a otro existe pero tiene ciertos requisitos. La discusión sobre cómo utilizó esa herramienta el gobierno de Macri se remonta a los inicios de esa gestión y generó peleas dentro del Consejo de la Magistratura, donde la mayoría de Cambiemos lo facilitaba. Este año, a raíz de un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, el plenario del Consejo resolvió por mayoría, después de analizar 38 traslados, que 10 de ellos habían sido irregulares o ilegales porque debieron haber pasado por el acuerdo del Senado. ¿La razón? Se trataba de traslados que implicaban cambio de competencia, jurisdicción o jerarquía, lo que consideraron contradictorio con dos acordadas de la propia Corte, la 4 y la 7, de marzo y abril de 2018. Dos de ellos eran Bruglia y Bertuzzi, que habían sido movidos del TOF4 a la Cámara Federal, en marzo y septiembre de aquel mismo año respectivamente. Otro era Castelli, que pasó de San Martín a Comodoro Py. Funcionarios supremos que trabajaron en esos textos aseguran ante la consulta de Página/12 que esas disposiciones son clara y que los tres jueces en cuestión debieron pasar por el Senado. En aquel entonces, por ejemplo, Carlos Mahiques, exministro de justicia de María Eugenia Vidal, que se había movido de la Cámara de Casación ordinaria a la Federal, asumió el trámite de obtener el acuerdo del Senado. La Corte señaló, como base de todo, que los traslados sólo podían ser “excepcionales” y que el mecanismo constitucional previsto en el artículo 99 inciso 4, dice que la designación de jueces/zas incluye “la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante el acuerdo del Senado” en una sesión pública.

La disposición del Consejo que objetaba diez traslados fue notificada al Ejecutivo y también a la Corte. El primero envió todos los nombres y pliegos al Senado con la idea de que fueran revisados y en los casos que el cuerpo considerara se completara el trámite de designación para los traslados definitivos. Fue ahí que la Comisión de Acuerdos convocó a audiencia pública a las personas cuestionadas. La oposición intentó centrar la discusión en la teoría de que el oficialismo quiere cargos en la Cámara Federal para beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner, cuando es sabido que sus causas ya pasaron por ese tribunal (con muchos resultados adversos durante el macrismo) y que ahora, al revés, la preocupación está puesta en las causas de corrupción del gobierno de Macri.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli consideran que ellos ya tienen un derecho adquirido, que no hacía falta el acuerdo del Senado, que sus nombramientos están firmes y consentidos. Por eso iniciaron causas judiciales y se negaron a ir al Senado, cuya convocatoria tildaron de ilegal. En la comisión de Acuerdos, la oposición se ausentó utilizando los mismos argumentos de los magistrados cuestionados. Pero el oficialismo tiene mayoría y dictaminó por enviar rechazos a sus traslados al recinto.

De vuelta a casa

Diga lo que diga la Corte en un futuro, los tres jueces atornillados no consiguieron parar el proceso del Senado con una medida judicial. Una mayoría simple, con la que el oficialismo cuenta, bastará para que sus traslados sean rechazados y deban volver a sus puestos originales. Lo más probable es que ese procedimiento se complete con un decreto del Poder Ejecutivo y, discuten los expertos, si debe pedirles que se retiren alguien más, ya sea el Consejo o el tribunal que tiene superintendencia sobre ellos, que sería la Cámara de Casación Penal Federal. Los medios alineados con la oposición interpretan este hecho como una ofensiva kirchnerista para desplazar jueces. Lo cierto es que la historia deja en claro que en un comienzo lo que hubo fue una ingeniería macrista para tener bajo control cargos claves.

La semana pasada el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, hizo declaraciones en La Nación en las que deslizó que el tribunal trataría el per saltum y que tendría la palabra final. Luego el diario Clarín interpretó que abriría el per saltum de Bruglia y Bertuzzi, que es un salto de instancias ante una situación de gravedad institucional. Rosenkrantz, el supremo más afín a Juntos por el Cambio, no cosechó aliados para abrir esa instancia extraordinaria y se impuso al postura, como anticipó este diario, de dejar hacer al Senado y guardarse una carta, ya que llegará el recurso extraordinario o los mismos jueces podrán iniciar otras acciones o denunciar hechos nuevos tras la decisión del Senado. 

Hubiera sido además escandaloso que la Corte aceptar el per saltum sin dar intervención a la Procuración, que es lo que se prevé en estos casos. Hay quienes vaticinan un conflicto de poderes porque no descartan que la Corte finalmente falle en defensa de los trasladados. No hay muchos datos a la vista para arribar a esa conclusión. Pero no hay dudas de que el tribunal en lugar de guardar silencio antes de la Sesión del Senado, eligió consignar cinco renglones para dejar una advertencia para dejar un mensaje y marcar la cancha.





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Jueces y medios para sostener la impunidad del macrismo | Autopista Circus



El negociado con las autopistas debe ser uno de los más descarados en la historia de los negociados en este país. Tres días antes de que Mauricio asumiera la presidencia, una empresa concesionaria de autopistas, en la que los Macri eran socios, hizo una denuncia imposible de ganar. Cualquiera diría que fue hecha para aprovechar la circunstancia. Acusaron al Estado argentino por “tarifas atrasadas” y exigieron una indemnización de 1100 millones de dólares. En condiciones normales era para cajonear, pero Macri, ya en la Presidencia, le dio 500 millones de dólares a su empresa para que la retirara. Circo completo.

Además, con la excusa de la denuncia trucha, el gobierno macrista reformuló los contratos, les dio la concesión por 30 años y dolarizó las tarifas. Con esas condiciones ultrafavorables las acciones de la empresa se dispararon de cuatro pesos a casi 80 en poco tiempo, entonces el presidente Macri vendió su parte.

La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun de desprocesar al extitular de Vialidad, Javier Iguacel, al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y otros funcionarios que ya habían sido procesados en primera instancia por su participación en la jugada, devela el dispositivo perverso que armó el macrismo en el Poder Judicial.

La vicepresidenta fue clara en sus tuits: “Ayer se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones”.

El pronunciamiento de la Cámara quedó tapado por el levantamiento de la bonaerense. Se produjo además cuando el macrismo se niega a investigar la designación irregular de diez jueces, uno de ellos, Bruglia, y tampoco quiso discutir el proyecto de reorganización de la justicia federal.

Con indignada indignación respaldada por la indignada corporación de medios, el macrismo dijo que con estas medidas, el peronismo trataba de lograr impunidad para Cristina Kirchner y otros ex funcionarios perseguidos por el lawfare.

Pero la decisión de la Cámara apunta en la dirección contraria, como dijo la vicepresidenta. Los que fueron desprocesados por jueces que están en la mira por sus acciones favorables al gobierno macrista, son ex funcionarios macristas.

El gobierno de los Ceos gobernó para sus empresas al tiempo que se derrumbaban todos los índices de la macroeconomía, desde la inflación, la deuda externa, la fuga de capitales, el desempleo y la pobreza. Y operó sobre el Poder Judicial para hacerlo encajar en esa política depredadora del Estado.

Iguacel tiene gran cantidad de denuncias por corrupción en la obra pública, en su mayoría para favorecer a empresas del Grupo Macri y también por obras mal hechas, como un puente ferroviario tan estrecho que no podían pasar los trenes. Dietrich también ha sido acusado en, por lo menos, tres causas, incluyendo la de las autopistas.

El negociado de las autopistas en el que intervinieron Dietrich e Iguacel es tan flagrante, que la Cámara evitó meterse en la cuestión de fondo y los desprocesó con argumentos tecnicistas. Iguacel y Dietrich tienen ese historial. Irurzun es el juez de la Cámara que promovió la llamada “doctrina” para encarcelar –contra todo principio de presunción de inocencia– a ex funcionarios peronistas sin condena en firme. Y es el que desprocesó ahora a Iguacel y Dietrich. Leopoldo Bruglia es uno de los dos jueces que Macri nombró por decreto sin pasar por el Senado como establece la Constitución. Y es el otro juez que desprocesó ahora a los ex funcionarios macristas involucrados en esa millonaria jugarreta para esquilmar al Estado.

Las decisiones de estos magistrados parecen ser consecuentes con la misma carga política. Con este dictamen le pasaron el problema de fondo al juez Julián Ercolini que, junto con Claudio Bonadío, era el juez favorecido misteriosamente por el sorteo de las causas que armaban los servicios de inteligencia contra ex funcionarios kirchneristas. Esas denuncias eran profusamente difundidas por las corporaciones de medios que ahora ignoran olímpicamente las causas de corrupción del macrismo.

Las campañas mediáticas promovieron situaciones como la que se produjo esta semana cuando los habitantes del country Ayres de Pilar impidieron el ingreso del empresario Lázaro Báez a su vivienda al ser beneficiado por la detención domiciliaria. Sin embargo, los vecinos de Iguacel y Dietrich no han reaccionado de la misma manera, a pesar de este negociado de las autopistas. Así funciona el sistema de medios y el sistema judicial que han sido tan funcionales al macrismo.

Son sistemas que accionan como parte del problema cuando tendrían que ser parte de la solución, al igual que la policía bonaerense que tuvo en vilo durante dos días a los argentinos con un conflicto desmedido y con ribetes antidemocráticos y golpistas graves.

Si el presidente calificaba de golpistas a los policías bonaerenses que rodearon armados la Quinta de Olivos y la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, no dejaba margen de negociación. A los golpistas se los encarcela y se los expulsa. El discurso de Alberto Fernández fue enérgico, pero le bajó el perfil.

Superada esta fase de un conflicto en el que se mezclaron muchas variables, desde los que participaron por el reclamo gremial hasta los exonerados y los retirados, habría que diferenciar. Y separar el afluente politizado que intervino en toda esa maraña y quiso darle al movimiento un cariz macrista antigobierno al estilo de los policías golpistas bolivianos.

Aunque se diga que las reivindicaciones eran correctas, en la misma situación está la mayoría del pueblo porque la pandemia deprimió la economía. Lo que se vio fue a otro grupo, como los que se han manifestado durante la pandemia, al que no le importa la crisis que sufre la sociedad en su conjunto.

Se apiñaron y crearon focos de infección cuando están muriendo miles de argentinos, mientras otros que han perdido sus trabajos o mantienen salarios deprimidos, se mantuvieron en sus casas asumiendo la responsabilidad de no contagiar al prójimo.

Cuando la pandemia le puso una pistola en la nuca que le impide el movimiento a la sociedad, este colectivo se movilizó para plantear su problemática. Se supone que son los que deben proteger a las personas cuando un chorro las encañona y no aprovechar esa situación para sacar unos pesos.

Cuando rodearon la casa de gobierno de la provincia y la Quinta de Olivos, hubo miles de personas que se reprimieron para no movilizarse en defensa de la democracia. Hubo un colectivo responsable y otro irresponsable. Pero el de los irresponsables fue el de los policías, que se supone que están para cuidar de los irresponsables a la sociedad.

Alberto Fernández asumió con responsabilidad el conflicto y resolvió con política la situación creada por irresponsables. Pero la policía bonaerense, como institución, mostró falta de profesionalismo y vocación de servicio. El conflicto volvió a plantear la necesidad de reestructurar esta agrupación de 90 mil hombres armados y diseminados en el territorio, prácticamente inmanejable, así como revisar las formas de reclutamiento y, sobre todo, la formación de los cuadros policiales.



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Rosenkrantz, un aliado de Bruglia y Bertuzzi en la Corte | Deslizó que el tribunal evalúa aplicar el per saltum



El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, no es afecto a hacer declaraciones a los medios. Sin embargo, esta semana salió a la ofensiva con un tema de alta sensibilidad político-judicial: dijo que el tribunal “dará oportunamente una respuesta adecuada a derecho” ante el per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que se oponen a que el Senado revise sus nombramientos por el mecanismo de traslado con el cual el gobierno de Mauricio Macri los designó a dedo en cargos estratégicos en Comodoro Py. La frase fue publicada por el diario La Nación. No dice nada asombroso, pero resultó sugestiva teniendo en cuenta que el pleno de la Cámara Alta es posible que rechace esos traslados la semana que viene y los tres camaristas deberían volver a sus cargos de origen. La presión sobre el resto de los supremos se hizo más fuerte cuando Clarín tradujo la frase de Rosenkrantz en de manera contundente: “La Corte aceptará tratar el per saltum …” El tribunal, según reconstruyó este diario, tuvo una reunión por Zoom la semana pasada en la que ninguno de sus integrantes se jugó a adelantar una opinión taxativa en ese contexto e incluso hubo quienes hicieron hincapié en que los tribunales inferiores vienen dando respuestas rápidas al trío de jueces atrincherados, aunque adversas a sus intereses, por lo tanto no se justificaría una respuesta cortesana apurada.

No hay por ahora indicios de que indefectiblemente la Corte se expedirá sobre el per saltum de los jueces trasladados en su acuerdo del martes que viene, antes de que los trate el Senado. Ese recurso implica saltear instancias judiciales ante una situación de “gravedad institucional”. Los supremos están atentos a lo que pasa en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya rechazó la medida cautelar pedida por Bruglia y Bertuzzi destinada a impedir que el Senado revise sus pliegos, y le falta expedirse sobre el tema de fondo. Ese tribunal ya le corrió vista al Estado, lo que implica que el trámite avanza. Castelli también tuvo un rechazo en primera instancia a un planteo análogo. En despachos de la Corte recuerdan que hubo per saltum sin resolver por meses, o nunca. Bruglia y Bertuzzi habían sido trasladados desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal de Comodoro Py; Castelli pasó de un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7, que tiene la causa de los cuadernos. Los tres cuestionaron primero la decisión del Consejo de la Magistratura de expedirse sobre la irregularidad de sus traslados por la falta de acuerdo del Senado, luego la del Poder Ejecutivo de mandar sus designaciones a dedo para ser revisadas por la Cámara Alta, y luego que ésta los convocara a la comisión de Acuerdos, a la audiencia pública, a la que faltaron invocando sus demandas judiciales y la supuesta ilegitmidad de la revisión de sus nombramientos.

Podría decirse que Rosenkrantz fue el primero en ostentar su posible apoyo al reclamo de los camaristas y en sintonía con la oposición en el Senado, como “mensaje” a sus colegas. Quizá se vio demasiado expuesto, porque luego de publicar que la Corte admitiría el per saltum, Clarín sacó una desmentida de su propia nota: “El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, desmintió haber dicho que el máximo tribunal aceptaría el recurso de per saltum presentado por los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, y aclaró que la Corte analiza la admisibilidad de la vía, pero todavía no se expidió sobre la cuestión”. La realidad es que las declaraciones originales lo que señalaban era una obviedad: que la Corte puede tener la última palabra, no que se va a expedir de inmediato y antes que el Senado. Igual, el mensaje ya estaba dado.  

Un dato curioso, del que tal vez el presidente cortesano no se percató, es que el mismo día que arremetía con este tema en los diarios –11 de septiembre– se cumplían dos años del derrocamiento de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte tras 11 años de mandato, que empujaron el mismo Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. Rosenkrantz, que había sido nombrado por Mauricio Macri, con quien tuvo y conserva gran afinidad, se votó luego a sí mismo como nuevo titular, aunque luego de un tiempo sus colegas generaron un sistema de decisiones colegiadas que lo vació de poder. El que sí debió advertir la fecha fue el desbancado Lorenzetti: casualmente el portal Infobae, donde él tiene ascendencia y es columnista frecuente, publicaba este mismo viernes una nota que se titulaba “El Poder Judicial está acéfalo en su momento de mayor debilidad”. Recordaba el golpe palaciego y señalaba la falta de conducción. 

El encono entre Lorenzetti y Rosenkrantz subsiste. En la pelea por los traspasos de jueces cada uno juega sus intereses. Lorenzetti fue un gran protector de los soldados de Comodoro Py, pero en 2018 firmó las acordadas que dicen que los jueces trasladados que cambian de competencia, jurisdicción o jerarquía deben pasar por el Senado. La mayoría estuvo integrada también por Maqueda y Rosatti. Cada quien, no obstante, interpreta aquellas acordadas como quiere y no es condición que sean parte de un fallo. Con su juego habitual Lorenzetti ahora hace trascender que apoyará la apertura del per saltum que, de todos modos, ante una decisión previa del Senado podría considerarse abstracto, lo que no quita que venga otra pelea judicial.  En el Gobierno no prevén una decisión cortesana adversa. En la Corte ven con claridad que hasta ahora ningún tribunal apoyó a Bruglia, Bertuzzi y Castelli y que de los diez jueces y juezas trasladados que fueron citados por el Senado a audiencia pública, sólo faltaron ellos tres. El resto validó el proceso de revisión para obtener acuerdo.   



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Cristina Kirchner explicó por qué el macrismo quiere mantener a sus jueces amigos | “Han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo”



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió en sus redes sociales a la decisión judicial de anular los procesamientos del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el extitular de Hacienda Nicolás Dujovne, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Javier Iguacel en la causa por irregularidades en los peajes.

“AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios”, escribió CFK y compartió la tapa de Página/12 sobre el tema. 

La designación de Leopoldo Bruglia, al igual que la del juez Pablo Bertuzzi, es cuestionada por el irregular mecanismo de traslado utilizado por el macrismo. Ambos integraron el TOF-4 hasta 2018, cuando Macri dispuso trasladarlos a la Cámara sin concurso ni acuerdo del Senado, en reemplazo de Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Juntos por el Cambio busca evitar que el Senado revise sus designaciones.

“Bruglia es el de barbita. El de al lado de pelo blanco se llama Martín Irurzun y es el otro camarista que anuló el procesamiento de los macristas. Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del ‘poder residual’, agregó la expresidenta al comentar la foto que fue tapa de este diario.

Y continuó: “¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?”.

Procesamientos revocados

Bruglia e Irursun revocaron los procesamientos de los funcionarios macristas con un argumento técnico: afirman que los imputados no tuvieron acceso a las pruebas en su contra antes de ser indagados, pese a que las habían requerido. 

Dietrich, Iguacel y Saravia Frías habían sido procesados por administración fraudulenta, mientras que a Dujovne, el juez Rodolfo Canicoba Corral le atribuyó abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Para el magistrado existió un claro negociado para favorecer a las concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, entre las cuales estaba la empresa Autopistas del Sol (Ausol), de la que el grupo Macri tenía el 7 por ciento del paquete accionario, lo que generaba un perjuicio millonario al Estado.





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