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La vuelta de San Lorenzo a Boedo está cada vez más cerca | La Legislatura porteña la aprobó por 57 votos 



La Legislatura porteña aprobó en primera lectura el proyecto de ley que dispone la rezonificación del predio de San Lorenzo en el barrio de Boedo, que habilitará la construcción de un nuevo estadio. En las afueras del Palacio Legislativo, sobre la avenida Julio A. Roca al 500, cientos de hinchas del Ciclón celebran la decisión en las calles. 

El tratamiento del expediente fue puesto en consideración por los diputados desde las 12.40; mientras que los discursos eran seguidos desde un salón contiguo al recinto por la dirigencia de San Lorenzo. Pasadas las 14.30, se confirmó que 57 legisladores dieron el visto bueno a la iniciativa y uno solo se abstuvo. 

Están presentes en la Legislatura el ministro de Turismo de la Nación y vice segundo del club, Matías Lammens; el presidente de la entidad, Marcelo Tinelli; y el secretario general, Marcelo Mastrosimone.

Tras la aprobación en primera lectura, se realizará una audiencia pública en una fecha aún no fijada, que no es vinculante, pero sí obligatoria. Y habrá más instancias de participación hasta la segunda lectura, que se proyecta para febrero o marzo. 

“Hoy se consuma un acto de justicia de un vil despojo”, celebró Marcelo Tinelli, quien agregó: “Esperamos tener la audiencia pública en enero, febrero y en el mes de marzo la segunda votación, para que podamos planear ese ejemplo de estadio que vamos a hacer ahí. Los hinchas acompañan todo el tiempo. Esta es la familia de San Lorenzo”.

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Reunión de legisladores porteños del FdT con vecinos del Barrio Carlos Mugica

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La Ciudad adhirió a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal y regulará su uso e investigación

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El legislador Claudio Ferreño dio positivo de Covid-19 y está asintomático

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Costa Salguero: repudios al “ecocidio urbano” | Críticas de la oposición y de organizaciones sociales 



La privatización definitiva de un amplio sector de Costa Salguero para habilitar la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios aprobada en primera lectura este jueves en la Legislatura porteña generó el rechazo de la oposición, organizaciones ambientalistas, de arquitectos y en defensa del patrimonio urbano. En las puertas del edificio hubo una movilización y en el mundo virtual un tuitazo. Las expectativas ahora están puestas en la audiencia pública, próximo paso en el devenir del polémico proyecto.

Otro capítulo de “privatización” en medio de una “emergencia habitacional”. “Ecocidio”. “Violación de la Constitución”. Decisión “a espaldas de la sociedad”. Estos son algunos de los señalamientos en torno a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo local para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Además, fueron tratados dos convenios para subir la altura de futuras edificaciones en predios de Palermo y Villa Crespo.

Nos alegra haber instalado el tema porque lo estaban queriendo llevar adelante en secreto. Se armó una gran movilización de jóvenes, ambientalistas, organizaciones y fuerzas políticas reclamando que no se venda la costa del río, que pensemos de una vez por todas un proyecto de ciudad de cara al río”, manifestó a Página/12 la diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos). “Lo malo, obviamente, es que siguen haciendo lo que quieren en la Legislatura porque tienen los votos en alianza con los radicales y Martín Lousteau. Hay que movilizar a todo el mundo a participar de la audiencia pública, marcar bien lo que no queremos, y en la segunda votación esperamos cambiar cinco de los votos de hoy“, concluyó. 

Mientras se iniciaba la discusión dentro del recinto, manifestantes de la Red Ecosocialista del MST-FIT se acercaron a las puertas del edificio con la consigna “queremos parques, no negocios“. La legisladora de izquierda Vanesa Gagliardi alertó sobre la “cementación” y el “ecocidio urbano” que traerían aparejados “los negocios de Larreta”, rechazados por “los vecinos”. “No es casualidad que hagan esto en pandemia, cuando muchos no se pueden movilizar“, subrayó. Como otras voces en contra, mencionó la paradoja del dilema habitacional de “miles de personas” sin techo mientras se venden tierras para un “barrio de elite”.

La protesta estuvo presente también en la virtualidad. El Observatorio del Derecho a la Ciudad –que junta firmas para frenar el proyecto en Change.org– y la Coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos convocaron a un tuitazo con el hashtag #NoVendanLaCostanera. “Cuando se trata de ventas de tierras públicas tienen que convocar a una audiencia previa. Estos procesos deberían tener dos audiencias”, cuestionó el presidente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo. Y enumeró una serie de “falacias” que aparecieron en la sesión, como la “virtud democrática” esgrimida por algunos legisladores en torno a que próximamente se dará lugar a la “opinión de la ciudadanía”.

Al proyecto le sobraron votos: está difícil a nivel de correlación política. La intención es votarlo a fin de año para que no se traslade a las elecciones del que viene”, analizó el abogado. Y amplió: “Desde lo urbanístico, hay algo importante: los legisladores hablaron de integración, de que haya mixtura de usos en esa zona. Son conceptos abstractos que camuflan la especulación y la violación de la Constitución. La venta ya se votó, pero está condicionada a que la Legislatura le otorgue capacidad normativa. Quisieron hacerlo pasar como que era inevitable”. De acuerdo a Baldiviezo, el “cúmulo de falacias” encubre la búsqueda de “recursos económicos para la campaña presidencial” del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Desde el Frente de Todos, los legisladores Javier Andrade, Matías Barroetaveña y Santiago Roberto cuestionaron la “privatización” del acceso al río. Barroetaveña –autor de un informe que registra la venta, desde 2009, de 150 hectáreas de la Ciudad por medio de 26 leyes— confía en que “un proyecto que limita los espacios verdes y la capacidad de mitigación del cambio climático” generará una “reacción en la población”. Roberto entiende a este intento como “una violación a la Constitución y el Código Urbanístico, donde está claro que la costa ribereña debe ser de dominio público” y lo definió como “un fiel reflejo de las políticas que viene aplicando el PRO en sus 13 años de gobierno”, mientras se profundiza la “emergencia habitacional“.

Por su parte, Sergio Abrevaya (GEN) sostuvo que más grave es la iniciativa conocida como “Sastrería Militar”, aprobada también dentro del paquete inmobiliario, no inscripta dentro de una “discusión urbanística o económica” sino en un “negocio privado” que no obedece a ninguna planificación urbana ni ambiental. Gracias a esta norma, los desarrolladores inmobiliarios podrían construir más metros en altura multiplicando ganancias. Según Myriam Bregman, diputada porteña por el Frente de Izquierda, es “gravísimo” que “el que paga pueda conseguir la norma que quiere”, como ocurrirá en Villa Crespo, donde “a cambio de una compensación de una placita se puede violar toda la normativa”. “Lo de Costa Salguero tuvo muchísimo rechazo, pero opine lo que opine la sociedad, el gobierno de la Ciudad avanza igual”, concluyó.

Enrique Viale, abogado ambientalista, definió al de Costa Salguero y Punta Carrasco como “el negociado inmobiliario del siglo” y graficó: “En los últimos 14 años en CABA se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles, y en el mismo tiempo creció la crisis habitacional y mantuvimos la población en 3 millones de habitantes”. Las críticas también surgieron desde organizaciones de arquitectos, como el Colectivo de Arquitectas, que había enviado una carta con firmas de cerca de 400 profesionales a legisladores en rechazo al proyecto.



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Claudio Ferreño reconoció la importancia de programas sociales como el “Platense Ayuda”

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Legisladores porteños del FdT destacaron la ley que incentiva la donación de plasma

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ILE en CABA: Un logro transversal y colectivo que abre el camino hacia más conquistas

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“Un marco legal para precarizarnos” | La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley de Apps 



La Legislatura porteña aprobó este jueves la ley que regula la actividad de los trabajadores de reparto

de plataformas digitales a partir de una modificación del Código de Tránsito y Transporte. Según los repartidores, que se movilizaron a la Legislatura para rechazar su tratamiento, la ley “genera un marco legal para que las empresas puedan seguir precarizando”. Impulsado por Vamos Juntos, el proyecto fue aprobado con el acompañamiento de UCR – Evolución, mientras que el bloque del Frente de Todos (FdT) se abstuvo en la votación en general y aprobó en particular algunos artículos modificados a último momento para estipular que las empresas se hagan cargo de seguros de trabajo, del equipamiento de seguridad vial y de insumos de higiene ante la pandemia de covid-19. 

Lejos de los marcos de la legislación laboral, la ley que por primera vez en el país dota de nombre jurídico a los actores del rubro del reparto de plataformas digitales fue impulsada como “Modificación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires” y aprobada con 39 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones. 

Lucía Cámpora, legisladora del FdT, aseguró en su discurso que “la precarización laboral se encara en este proyecto desde el punto de vista del transporte, pero independientemente de lo que se decida en este recinto se sabe que entre las empresas y sus trabajadores hay relación laboral y no podemos permitir que se legitime el fraude”. Es que ante el vacío legal dado por la falta de un marco regulatorio nacional, Vamos Juntos encontró la forma de llevar el tema a la Legislatura sin siquiera pasar por la Comisión de Legislación del Trabajo. 

La ley aprobada este jueves define a las empresas Rappi, PedidosYa, UberEats y Glovo comoOperadores de Plataforma Digital donde se oferta y
demanda el servicio de Mensajería Urbana y Reparto”
, mientras que los repartidores son la “persona humana que ejecuta el servicio”. La concepción de fondo es que las empresas son “intermediarias” que brindan su plataforma para que los repartidores oferten su servicio, sin relación laboral entre ellos, lo que en efecto ya ocurre y es el principal motivo de la
falta de derechos que sufren los trabajadores.
 

Además de las jornadas laborales que, sin salario fijo, alcanzan las doce horas, para estar registrados los repartidores pagan un monotributo que encubre la relación de dependencia o trabajan en negro. A partir de ahora, para obtener habilitación de trabajo en CABA deberán inscribirse en AFIP, en el “Registro Único de
Transporte de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias”, no cargar con multas de tránsito y realizar cursos de capacitación, todo lo que correrá por cuenta de sus bolsillos y no del de las empresas.  

“La ley es engañosa, este tema no tiene que ver con tránsito, se trata de derechos laborales. La Ley de Contrato de Trabajo dice que en estos casos
hay relación laboral, hoy no deberíamos estar acá sino discutiendo en el Congreso Nacional cómo es aplicada”, advirtió la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda, bloque que votó en contra. 

Por la mañana, la Legislatura amaneció vallada por la Policía de la Ciudad ante la movilización de agrupaciones de repartidores que rechazaron la ley: “Esto viene
a reforzar la precarización, hace que los trabajadores tengan más costos
laborales. Es un proyecto antiobrero que sienta un muy mal precedente”, aseguró a Página 12 Maximiliano Martínez, referente de la Agrupación de Trabajadores de Reparto. Por su parte, su compañera Micaela Sosa aseguró que “la ley genera un marco legal para que las empresas puedan seguir precarizando”.  

En horas del mediodía, la agrupación sufrió un ataque por parte de otro grupo de manifestantes. Minutos después, emitieron un comunicado en el que denunciaron: “La burocracia del sindicato ASIMM (Motociclistas y Mensajeros), identificada con indumentaria de su secretario general, nos atacó brutalmente. Repudiamos el accionar patotero amparado por la Policía, que atenta contra la organización independiente”, aseguraron. 

Mejoras al proyecto original

“Si se compara el proyecto que entró el 19 de junio con el texto final, hubo mejoras, pero queremos seguir trabajando, las modificaciones son importantes pero no suficientes“, señaló Santiago Roberto, legislador del FdT y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Es que el proyecto de ley original, que el 19 de junio obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Tránsito y Transporte, Asuntos Constitucionales y Justicia, estipulaba que los repartidores debían hacerse cargo de la compra de los cascos y equipamientos de seguridad, además de pagar sus propios seguros

En las horas previas a la sesión del jueves, el bloque del FdT logró introducir algunas modificaciones en este sentido: “Se obliga a las empresas a que garanticen a los trabajadores los elementos básicos para su seguridad vial y sanitaria. También deben contratar a su exclusivo cargo seguros de vida, de responsabilidad civil y de accidentes personales para los repartidores”, indicó Roberto. 

Además, el texto final incluyó una “cláusula transitoria” que estipula que, durante el lapso que dure la cuarentena, las empresas “deberán proveer sin costo a los repartidores los insumos de higiene básicos”. Durante el mismo período, las comisiones que las empresas cobran a los comercios que contratan sus servicios, que en los últimos meses llegaron al 35 por ciento por entrega, se retrotraerán al 17 de marzo, cuando rondaban el 20 por ciento.

Informe: Santiago Brunetto 



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Aborto: la Legislatura aprobó la adhesión al protocolo ILE | Derogado durante el macrismo, fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019



La Legislatura porteña aprobó este jueves la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y diputadas.

“La adhesión (al protocolo ILE) es un paso más en la Ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres”, dijo la diputada Patricia Vischi, de UCR-Evolución, quien fue la primera oradora del debate y es presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura. Vischi también destacó que el proyecto de ley tuvo el apoyo “transversal de todas las fuerzas políticas” y que la decisión fue tomada “en articulación con la sociedad civil”.

El proyecto para la adhesión al protocolo ILE fue presentado en febrero último por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60.

Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos presentes en la Legislatura porteña: Vamos Juntos (VJ), Frente de todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.

Sin embargo, la postura de cada bloque no fue unánime y, entre los diputados que no apoyaron la adhesión se encuentra Guillermo González Heredia (VJ), quien se definió como “el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste”. “¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo”, sostuvo.

De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, “se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección”. En cambio, las niñas menores de 13 años “podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado”.

Al respecto, Manuela Thourte (UCR-Evolución), apuntó que “el 90% de los casos de abuso sexual contra niñas son por parte de alguien del entorno familiar, por lo que mal podrían ir a acceder a una ILE con sus padres”.

El protocolo ILE establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 –y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012–, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

En este sentido, Laura Velasco (FdT) afirmó en la sesión, durante el debate, que en Argentina “cada tres horas una menor es madre” y que en la mayoría de los casos, son niñas y adolescentes que sufren situaciones de “violencia intrafamiliar”. Y luego agregó: “Vamos por la soberanía sobre nuestros cuerpos, sabiendo que son las más pobres y las más jóvenes quienes mueren por aborto clandestino”.

Lucía Romano (VJ), por su parte, mencionó que en el caso de los embarazos que son resultado de una violación, para acceder a la ILE “no hace falta hacer denuncia penal, alcanza con una declaración jurada”. Y, respecto a las adolescentes de entre 13 y 16 años, Romano mencionó que el Código Civil de la Nación, reformado en 2015, “reconoce su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo”.

Entre las voces que se opusieron al protocolo ILE también se encontró la de Carolina Estebarena (VJ), quien consideró que “se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar y para eso hay que dar educación y contención”, y pidió al Estado “considerar esa tarea y no dejarla solo en manos de las ONG”.

En este sentido, el protocolo establece que el acceso a la ILE “implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la persona titular del derecho”, a quien “el equipo de salud debe brindarle la información necesaria, en lenguaje claro, no sesgada y accesible”. El resultado de ese “proceso de consentimiento informado –agrega– es el documento por el cual, luego de recibir la información pertinente, la persona manifiesta haber decidido en forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos”.

También participó del debate Ofelia Fernández (FdT), quien afirmó que “en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y parir”, y agregó que “la ILE ya es un derecho y este protocolo viene a terminar con las restricciones” que impiden acceder a esta práctica.

El protocolo nacional al que adhirió este jueves la Ciudad fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019, ya que había sido derogado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo. Como consecuencia, regía en la Ciudad un protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ana María Bou Pérez (VJ) fue una de las últimas oradoras, y afirmó que “mas allá de las diferencia, el Estado tiene que estar siempre presente en cuestiones de salud”.

Actualmente, las provincias de San Juan, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes no tienen protocolo propio ni adhesión al que rige desde 2019, según un relevamiento de la Campaña.



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