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Confirmaron la condena al ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra | La corte de Río Negro confirmó la pena por impedir la práctica de un aborto legal



El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la condena al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, que impidió la práctica de un aborto legal a una joven de 19 años que había sido violada por un familiar y había quedado embarazada durante 2017, en Cipolletti, informó una fuente judicial.

Lastra fue condenado en octubre del 2019 por incumplimiento de los deberes de funcionario público a un año y dos meses de prisión en suspenso, más dos años y cuatro meses de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

El ginecólogo había logrado matricularse en Entre Ríos, con la intención de ejercer la medicina en el ámbito privado de Gualeguaychú en noviembre pasado, pero el Ministerio de Salud local dio marcha atrás con la habilitación a través de la resolución 4.649.

“No pudiendo en adelante ejercer la medicina y su especialidad en todo el territorio provincial por el mencionado tiempo y hasta el cumplimiento de dicha pena, sin perjuicio que sobrevengan cambios en su situación procesal”, argumentó el Ministerio.

Rodríguez Lastra había planteado una falta de antecedentes penales ya que la condena que le pesaba no se encontraba firme, pero la resolución del Superior Tribunal rionegrino confirmó este martes la sentencia y extinguió la acción penal denunciada por el ginecólogo.

“El imputado no sólo no permitió que el aborto siguiera, sino que lo impidió”, dice el fallo.

El médico recibió a la víctima en el Hospital Área Programa de Cipolletti el 2 de abril de 2017 con el proceso de interrupción en curso, pero no permitió que el aborto siguiera y suministró una medicación que inhibió las contracciones de la joven violada.

La decisión judicial se antepuso ante el argumento defensivo del ginecólogo quien en su momento explicó que interrumpió el aborto en curso de la joven víctima, “para salvarle la vida porque le detectó una infección”.

El imputado, “obrando como dueño y señor del cuerpo y la salud de la paciente, la expuso a otras consecuencias para las que seguramente no estaba preparada”, y ello constituyó además una violencia dolosa, dice la sentencia.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia lo firman las vocales Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini y el vocal Ricardo Apcarian, mientras que Enrique Mansilla y Sergio Barotto se abstuvieron.

El fiscal del juicio fue Santiago Márquez Gauna, con la adjunta Annabela Camporesi, y los defensores del médico fueron Damián Torres y Juan Carlos Chirinos.



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El ginecólogo antiderechos quiere ejercer en Entre Ríos | El condenado Rodríguez Lastra obtuvo matrícula para ejercer en la provincia



El ministerio de Salud de Entre Ríos concedió matrícula para ejercer en la provincia al ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra, condenado en 2019  a dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer la profesión en cargos públicos por obstaculizar una interrupción legal del embarazo (ILE) y haber forzado a gestar y parir a una joven que acudió al hospital público donde él era jefe de servicio. 

Rodríguez Lastra, oriundo de Ciudad de Buenos Aires e itinerante desde que fue condenado, recibió en Entre Ríos la matrícula N° 12.642 tras solicitarla a la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud provincial, informó el diario Entre Ríos Ahora en su edición dominical. De acuerdo con el facsimil de la documentación oficial dado a conocer por la periodista Paola Robles Duarte,  de Gualeguaychú, donde el médico ejerce desde octubre, la matrícula obtenida por el médico condenado tiene vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025.

La sentencia rionegrina que recayó sobre Rodríguez Lastra en octubre de 2019 fue confirmada en marzo de este año por el Tribunal de Impugnación. Entre uno y otro momento, el ginecólogo condenado -a quien la justicia también dio un año y dos meses de prisión en suspenso- había intentado probar suerte con un salto a la política: en junio del año pasado, integró la lista de pre-candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires del Partido Demócrata Cristiano; no calificó para llegar a la instancia electoral. Sin embargo continuó fuertemente vinculado a espacios partidarios antiderechos y participando de manifestaciones celestes.

La sentencia

Rodríguez Lastra fue enjuiciado entre junio y octubre del año pasado en Cipolletti, en cuyo hospital público, el “Pedro Moguillansky”, era jefe de servicio.  El caso llegó a juicio gracias al apoyo de la diputada provincial y médica Marta Milesi, quien acompañó a la joven R.P. en la radicación de la denuncia y el trámite judicial. Milesi fue, también, impulsora de la ley de interrupción legal del embarazo en río Negro.

Desde el inicio del debate oral, activistas antiderechos de distintos sectores fundamentalistas que operan en política buscaron convertir el proceso en un caso testigo.

El día que comenzó la primera audiencia, el frente del edificio donde funciona el tribunal tenía aire de kermesse gracias a trapos celestes, pintados con consignas antiderechos, colgados en sus paredes y en árboles cercanos, además del sucedáneo de altar montado bajo un gazebo azul, junto a la puerta. El abogado que ofició de defensor -y que también era abogado del gobernador provincial y apoderado del partido oficialista- recientemente publicó un libro sobre el caso.



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Aborto legal: Confirman la condena al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra | El médico de Río Negro había sido condenado a un año y dos meses por impedir una ILE



El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la condena a un año y dos meses contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por entorpecer un aborto legal en curso. Con el voto por mayoría de los jueces Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí, el tribunal confirmó que en el caso se debe aplicar la perspectiva de género.

El médico había sido condenado el 4 de octubre de 2019 por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a un año y dos meses de prisión en suspenso y a dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El Tribunal también ordenó realizar un nuevo juicio para debatir las reglas de conducta que debería cumplir el imputado, tal como había solicitado el fiscal Santiago Márquez Gauna.



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