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El fantasma del ajuste | Medidas específicas y cifras del presupuesto desmienten la idea de contracción del gasto público y del sistema jubilatorio



Las condiciones sociales y laborales son muy malas y las perspectivas de recuperación no serán inmediatas. Es una evaluación que no alcanza sólo para la situación argentina sino que es a nivel global, coinciden economistas internacionales y organismos multilaterales.

La mayor o menor capacidad de los países de alcanzar el mismo nivel de bienestar general prepandemia depende de la fortaleza económica y financiera previa. La economía argentina no cuenta con ese activo. Por el contrario, arrastra la crisis macrista que el coronavirus profundizó.

Tal es la magnitud del desastre acumulado que el objetivo de regresar a principios de diciembre es ambicioso. Se sabe que la herencia del último ciclo neoliberal no se puede reparar en un año y mucho menos cuando es uno de pandemia.

La tarea por delante entonces es más compleja. Esto no debería ser motivo de grandes debates teniendo en cuenta que todavía se sigue padeciendo la desestructuración productiva en los años de la dictadura cívico-militar y la privatización de servicios públicos básicos durante la década del noventa. Los experimentos neoliberales dejan una estela de larga duración.

Pero el inmenso dispositivo de derecha lo ignora con una impunidad asombrosa. Sus análisis y reclamos se despliegan como si no hubiese existido el fiasco económico del gobierno de Cambiemos y como si en el 2020 la devastación del coronavirus hubiese sido un invento de infectólogos.

La mentira del ajuste

El endeudamiento desaforado y el reingreso del FMI en la economía local serán una carga pesada que la condicionará en los próximos años. Deducir de esta situación dramática que las medidas de reparación, que resulta evidente que son insuficientes para una inmediata recomposición, son parte de un plan de ajuste es otra muestra más de la persistente estrategia de confusión deliberada.

El artículo del domingo pasado La mentira del ajuste generó bastante incomodidad, lo que se reflejó en reacciones más crispadas que las habituales. En general suelen suceder esas respuestas cuando el deseo o preconceptos ignoran, además de los contextos local y externo, las cifras. En definitiva, cuando el objetivo es rebatir fantasmas de otros.

Decir que no hay un ajuste en marcha no significa desconocer que el cuadro social y laboral sea pésimo, además de identificar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica. Estos exigen amigarse con una cuota de rigurosidad analítica y saber discriminar la orientación de las políticas.

La evidencia histórica revela que las experiencias neoliberales son partidarias del ajuste, mientras que gobiernos nacionales y populares, que la vulgata denomina despectivamente “populistas”, impulsan políticas expansivas. El debate podría ser cuál es la intensidad y velocidad de aplicación, pero ha quedado demostrado que eluden el ajuste como columna vertebral de la gestión.

Esto muestra la historia reciente, sin embargo algunos piensan que cualquier medida siempre será un ajuste –no una revolución- permanente. Diferente es la derecha y sus voceros que tienen como política central el ajuste permanente y ahora hablan de un ajuste cuando no lo es.

Los primeros forman parte de una opción política invariable, en cambio los segundos exhiben un grado de impunidad máximo.

Reconstrucción

En ese sentido, uno de los principales escenarios de disputa es el régimen jubilatorio.

El largo proceso de reconstrucción del sistema previsional desde el 2003 fue demolido en cuatro años de macrismo. Ocultarlo en la actual situación de crisis no colabora para la comprensión del sendero necesario para recuperarlo.

En forma breve, en poco tiempo la alianza Cambiemos debilitó la estructura del PAMI, redujo las prestaciones médicas y de medicamentos a los jubilados, endeudó a los jubilados a tasas elevadas, licuó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“la plata de los jubilados”), debilitó la solvencia del sistema con la denominada “Reparación histórica” (medida que sólo benefició un poco a haberes medios para arriba) y modificó la movilidad para deprimir los ingresos de los jubilados.

En estos meses, antes de la presentación de la nueva movilidad, el gobierno de Alberto Fernández impulsó medidas iniciales de reparación del ecosistema previsional. Entre ellas, se destacan que el PAMI volvió a cubrir el ciento por ciento de medicamentos y reincorporó prestaciones médicas, los jubilados recibieron bonos para mejorar un poco sus ingresos y aumentos por decretos que en el caso de las mínima superan en total a la inflación acumulada, y se suspendió el pago de intereses y se redujo la tasa de interés de los créditos Argenta.

Gran parte de los jubilados forma parte de uno de los sectores más castigados. La clave pasa entonces por distinguir entre políticas que buscan mejorar su situación relativa o las que pretenden reducir el gasto previsional.

La evidencia en cifras y en medidas revela que los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y el actual de Alberto Fernández tratan de recuperar la capacidad de compra de los jubilados. Es obvio que es insuficiente por la brutalidad del ajuste macrista pero igualar ambos senderos solo colabora a la confusión general.

Movilidad

El más reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA se refiere a la propuesta de recuperar el esquema de la fórmula de movilidad de los gobiernos de CFK.

Con ajustes semestrales y con rezagos acotados en las variables, se basa en un 50 por ciento en la variación de los salarios registrados (Ripte) y en otro 50 por ciento en la variación de la recaudación tributaria de la Anses dividida por la cantidad de beneficios. A su vez, se establece un tope a los incrementos, que no podrán superar en más de 3 por ciento la variación de la recaudación total de la Anses por beneficio en los últimos 12 meses.

El reporte analiza la evolución de la jubilación mínima desde la crisis final de la convertibilidad en 2001-2002, destacando que el período de fuerte recuperación del poder adquisitivo fue consecuencia de sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo, con anterioridad a la vigencia de una ley de movilidad automática.

Tras la ley sancionada a fines de 2008 las jubilaciones tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3 por ciento en términos reales entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos modificó la fórmula.

Apunta que en esa oportunidad se argumentó que el cambio favorecería el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones pero la práctica demostró que no fue así. Por el contrario, se perdió un 14,5 por ciento en términos reales en la jubilación mínima mientras esa fórmula basada en el IPC y los salarios estuvo vigente.

El informe Cifra-CTA precisa que en 2020, con la movilidad automática suspendida y con incrementos definidos por el Poder Ejecutivo, logró aumentarse levemente el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. Hasta septiembre, antes del último aumento informado que será del 5 por ciento, el acumulado del año era de 5,4 por ciento.

Propuesta

Los economistas de Cifra-CTA explican que el cambio propuesto permitirá que las jubilaciones avancen siempre y cuando mejoren los salarios y la recaudación de la seguridad social, que en definitiva depende de la evolución de las remuneraciones y el crecimiento de los puestos registrados.

Advierten que el contexto de mejora económica y del mercado laboral es condición necesaria para que las jubilaciones se recuperen de modo sustentable, para proponer que “sería deseable complementar la propuesta con un piso que limite las posibles caídas de poder adquisitivo en los haberes en momentos recesivos”.

A la vez, señalan que las jubilaciones vienen siendo golpeadas en los últimos años, estimando que en octubre de este año el poder adquisitivo del haber mínimo quedó 18,8 por ciento por debajo del previo al gobierno de Cambiemos. Con esa base, sugieren que “sería deseable que se incrementen los haberes en forma previa a la aplicación de la fórmula propuesta“. 

O sea, cualquier análisis riguroso reconoce que la fórmula de movilidad propuesta puede mejorar el haber por encima de la inflación, siendo superior que la de Macri. La clave es cómo recuperar la pérdida acumulada durante el macrismo. Es probable que sea en algunos años, con crecimiento económico, pero las necesidades inmediatas demandan una recomposición más rápida, que además actuaría como factor de fortalecimiento de la demanda interna. De ese modo se aceleraría el crecimiento en un círculo virtuoso de mejora de los ingresos de un sector castigado.

Cifras vs. “ajuste”

Un ajuste sería que las jubilaciones mínimas no empaten la tasa de inflación de este año y, con el último aumento anunciado del 5 por ciento, lo más probable es que pueda estar uno o dos puntos por encima o equilibradas, dependiendo de la evolución de los precios en el último bimestre. Un bono de fin de año brindaría un poco de alivio. Esta eventual medida como otras ya anunciadas debería haber sido detallada en el momento que se informó la discontinuidad del IFE.

Fue un error no forzado del Gobierno, que en los días siguiente corrigió. Error incomprensible teniendo en cuenta que en este año implementó una serie de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de los hogares y los sectores productivos más afectados.

Se dispusieron medidas sociales específicas para la atención de la emergencia que resultaron de excepción, pero también se reforzaron y adecuaron programas sociales ya existentes. El presupuesto estimado de este año para la atención de gastos primarios de la Administración Pública Nacional registró un incremento real de 19,7 por ciento respecto al monto ejecutado en 2019.

En términos de participación sobre PIB, el gasto primario estimado para 2020 representa un 23,9 por ciento del Producto, un aumento de 6,0 puntos porcentuales respecto de 2019. Por su parte, el gasto primario del proyecto de Presupuesto 2021 evidencia una variación interanual real del 7,6 por ciento con respecto al Presupuesto estimado para 2020 (neto de gastos covid) y del 8,4 por ciento respecto de 2019.

El incremento de esa participación resulta más que significativo puesto que se realiza sobre una previsión de crecimiento real del Producto para el próximo año de 5,5 por ciento.

Red de emergencia

El gobierno desplegó a lo largo de este año una amplia red de emergencia y tiene previsto continuarla con adaptaciones el año próximo. Entre las principales medidas se destacan:

* Las Asignaciones Familiares y las Asignaciones Universales para Protección Social (AUH y AUE) representan en 2020 un gasto total de 395.000 millones de pesos (1,5 por ciento del PIB) y alcanzan a cubrir a más de 8,8 millones de niños y niñas. Los beneficiaros de la AUH recibieron un bono extraordinario en abril de 3100 pesos. Se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 niños y niñas a la AUH, alcanzando una cobertura total de más de 9,5 millones. Para 2021 el presupuesto contempla para estas asignaciones un monto de 485.000 millones de pesos.

* En este año se destinaron 270.000 millones de pesos (1 por ciento del PIB) al pago del IFE, alcanzando una cobertura de casi 9 millones de personas.

* Entre abril y octubre, se destinó cerca de 220.000 millones de pesos (0,8 por ciento del PIB) al pago de salarios del sector privado vía ATP. Ya se habilitó la inscripción para el programa de este mes. Las empresas de sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia podrán recibir créditos a tasa subsidiada con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas para su devolución.

* Se otorgaron 565.200 créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, entre abril y octubre, por un monto total de 61.498 millones de pesos.

* Se entregaron 107.000 créditos para pymes a una tasa subsidiada del 24 por ciento por un total de 486.115 millones de pesos.

* A través del ATP también se redujeron o postergaron las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de ingresos de las empresas y el aumento del desempleo, y se fortalecieron las asignaciones para el gasto por prestaciones del seguro de desempleo, que se elevó a un mínimo de 6000 pesos y un máximo de 10.000 pesos, alcanzando a cerca de 120.000 personas desocupadas sin ningún beneficio previsional o prestación no contributiva. Estas medidas tuvieron un costo fiscal estimado para 2020 de 88.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB). Para el año próximo se prevé una asignación para el seguro de desempleo de 15.200 millones de pesos.

* A través de la Tarjeta AlimentAR se brinda asistencia a más de 1,5 millones de familias que perciben la AUH/AUE con hijos e hijas de 6 años en situación de vulnerabilidad o discapacitados sin límite de edad, alcanzando una cobertura aproximada de 2,9 millones de niñas y niños. Además, se brinda asistencia alimentaria a través del complemento alimentario y la asistencia de cerca de 22.500 comedores escolares y comunitarios. Para este año, el presupuesto prevé 136.000 millones de pesos para la atención de la política alimentaria en su conjunto (0,5 por ciento del PIB). Para 2021 se prevén partidas por 114.250 millones pesos.

* El otorgamiento de subsidios a los servicios públicos de energía y gas, y transporte público de pasajeros son políticas que incrementan el ingreso disponible de las familias. En 2020 el monto para la atención de subsidios a la demanda de estos servicios alcanza los 418.000 millones de pesos y para 2021 se prevé 575.000 millones, manteniendo en ambos años una participación del 1,5 por ciento sobre el PIB

* En 2020 se unificaron los planes sociales Hacemos Futuro y Salarios Social Complementario bajo el programa Potenciar Trabajo y se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad, previéndose una cobertura que supere los 650.000 beneficiarios durante este año.

* La Anses suspendió el cobro de los créditos otorgados por la gestión anterior, lo que implicó un esfuerzo fiscal de 80.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB).

* El Pami recuperó la política de medicamentos gratuitos alcanzando a 2,3 millones de jubiladas y jubilados, a quienes les significa un ahorro promedio mensual de entre 1000 y 3200 pesos.

Estas cifras son públicas. Ahora que comience el debate sobre el fantasma del ajuste.

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Lozano vs Arias: La fórmula de movilidad jubilatoria en debate | El cruce de argumentos entre dos economistas del elenco oficial



Dos economistas del Frente de Todos se cruzaron por la ley de movilidad que el Gobierno enviará al Congreso para actualizar las jubilaciones. El director del Banco Nación Claudio Lozano escribió en su cuenta de twitter que le resulta “insólito” cómo en una economía inflacionaria como la argentina, no se incluye en la fórmula el aumento de precios. Además, la calificó de haber sido formulada “en clave del FMI”. Mediante la misma red social, le contestó Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, que dijo que existían “varias inexactitudes” en la argumentación, en la que no coincide “en nada”.

“Es más que evidente que en un sistema previsional que paga 18.129 pesos como haber mínimo, frente a una canasta de bienes y servicios para la tercera edad que se ubicó en octubre en 49.614 pesos, el objetivo de la fórmula de movilidad debe ser (por lo menos) mantener el poder adquisitivo de los haberes”, escribió Lozano. La ley de movilidad del macrismo actualizaba en un 70 por ciento por inflación, mientras que la que promueve el Gobierno lo hará por la variación de los salarios y la recaudación.

Sobre el punto de la inflación como parámetro para mantener el poder adquisitivo, Arias contestó: “Ese no es nuestro objetivo, queremos mejorar el poder adquisitivo, y por eso se incluye el salario y la recaudación en la fórmula (y no la inflación)”. Arias recordó que con la fórmula que impulsa el gobierno, similar a la que estuvo vigente entre 2008 y 2017, los haberes reales mejoraron en un 25,6 por ciento en ese período. “Lozano propone que mejoren 1 por ciento más que la inflación, eso hubiera mejorado en el mismo plazo un 9 por ciento”, refutó.

Otro de los cruces tuvo que ver con el objetivo de la nueva ley de movilidad. Lozano aseguró que “privilegia el sostenimiento de las cuentas fiscales antes que el sostener el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios”. Y agregó que esto ocurre porque está pensada “en clave del FMI, antes que en función de las necesidades que hoy exhiben la mayoría de nuestros jubilados”.

“Falso”, contestó Arias, quien es el funcionario que designó el Ministerio de Economía para seguir el tema de cerca. Por el contrario, sobre el objetivo del proyecto de ley, contestó: “Lo que busca la fórmula es mejorar el poder adquisitivo de forma sostenible. Privilegiar lo fiscal es algo muy diferente”, escribió. “Esta fórmula genera aumentos en términos reales de los haberes cuando hay mayor actividad, empleo y salarios. Si fuese una fórmula fiscalista, en tal situación los aumentos serían menores, por ejemplo, atados a la inflación”, enfatizó.

Por otro lado, Arias calificó a la fórmula como “sostenible”, porque “mejora el haber real en los momentos buenos del ciclo”. Y citó a Miguel Fernández Pastor, abogado especializado en seguridad social: “Como dice Fernández Pastor, no hay jubilados ricos en una sociedad pobre, pero puede haber jubilados pobres en una sociedad rica”. Sobre el carácter procíclico de la movilidad propuesta, Lozano afirmó: “En contextos de recesión y caída de la recaudación, los haberes jubilatorios perderían, al tiempo que su deterioro no haría más que profundizar la recesión”.

El tercer elemento de discusión fue el tope que propone la fórmula que impulsa el Gobierno, basado en la recaudación total de la Anses, y que es el mismo que estuvo vigente con la fórmula de Cristina Kirchner. Lozano escribió: “La fórmula establece que si los salarios crecen más que la recaudación, esa mejora no va a los jubilados, y si la recaudación sube más que los salarios, tampoco se les traslada a los jubilados ese plus recaudatorio”. 

“Esto es falso”, contestó nuevamente Arias. “Es la mayor ventaja que tiene la fórmula: si la recaudación crece, esa mejora se distribuye a jubilados y pensionados. Crecimiento compartido”, indicó. “Dice también Lozano que si los salarios crecen más que la recaudación, eso no llevará mejora a los jubilados. Eso tampoco es así. El tope de 1.03 funciona a partir de los “recursos totales” de ANSES, con lo cual si aumentan los salarios es obvio que aumentarán esos recursos”, agregó.

De cara al debate que se dará las próximas semanas en el Congreso, Lozano aseguró que es “imprescindible” sumar modificaciones, como incorporar una clausula que estableza un piso equivalete al aumento de los precios. Además, dijo que mientras que la inflación siga siendo alta, no debería volverse a aumentos semestrales, sino mantener la actualización trimestral. Y pidió que se discuta la relación entre los salarios y el haber, el financiamiento del sistema y cómo se van a recuperar los 20 puntos perdidos “en el período de Macri”. 





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“No hay ningún ajuste para los jubilados” | Raverta anticipó que los haberes le ganarán a la inflación en 2021



La directora de Anses, Fernanda Raverta, explicó por qué la propuesta de movilidad que llevará el Gobierno al Congreso no contempla a la inflación como uno de los parámetros para realizar las actualizaciones. “Si atas la movilidad a la inflación, siempre le empatas. Nuestro objetivo es que los jubilados le ganen, para que vivan mejor, no igual”, aseguró durante una conferencia de prensa realizada en la sede del organismo. “No va a haber ningún ajuste para los jubilados”, enfatizó.

La fórmula de movilidad que impulsa el Poder Ejecutivo es similar a la que estuvo vigente entre 2009 y 2017: actualiza mitad por variación salarial y mitad por la recaudación de la Anses. A diferencia de la fórmula que aprobó el macrismo a fines de 2017, no contiene a la inflación en su cálculo. Este es el punto central de las críticas que llegaron desde sectores como la Defensoría de la Tercera Edad o del economista Claudio Lozano, miembro del Frente de Todos y director del Banco Nación.

“El año que viene esta fórmula va a generar aumentos por encima de la inflación”, anticipó Raverta. Aclaró que los cálculos de la Anses se realizaron en base a los supuestos que plantea el presupuesto 2021, con una inflación del 29 por ciento, por debajo del 38 por ciento que estiman las consultoras. De cumplirse los supuestos, los haberes aumentarán alrededor de 4 puntos por encima de la inflación.

La fórmula de movilidad que propone el Gobierno ya estuvo vigente durante casi una década. En todo el período, los jubilados le ganaron a la inflación en 26 puntos. Desglosado por año, perdieron en 2 de los 9 años, en 2014 y 2016, años recesivos con aceleración de la inflación. Por eso, el cuestionamiento es qué ocurrirá el año que viene si continúa la recesión, no mejora la recaudación ni los salarios, tal como viene ocurriendo desde 2018.

“Si cae todo es porque estamos fracasando en la política económica, quiere decir que vamos a estar todos mal, activos, pasivos, chicos y empresarios. Nuestra responsabilidad es que no caiga todo, por eso la fórmula está atada a un modelo económico que tiene como objetivo el crecimiento, con una economía que genere trabajo y consumo”, indicó Raverta.

En caso de que no se cumplan los supuestos del presupuesto, que plantea un aumento del PBI del 5 por ciento, y por el contrario la economía vuelva a caer por cuarto año consecutivo, Raverta anticipó: “Siempre está la facultad del presidente de instrumentar por decreto un bono, en el momento que crea oportuno si la economía anda mal”.

La directora de Anses estuvo acompañada por dos economistas de su equipo técnico. Alejandro Calabria explicó que de todas formas la inflación se encuentra “implícita” en la fórmula, debido a que los recursos tributarios “están compuestos en un 90 por ciento por variables que se ajustan por inflación”, como son el IVA. Sobre el tope a los aumentos, Calabria detalló que es el mismo que estuvo vigente en la movilidad del 2008, y que en esos 9 años sólo se aplicó tres veces. “En 2 de esas 3 veces que se aplicó el tope, las jubilaciones igual le ganaron a la inflación”, recordó.

FMI y Congreso

Raverta fue consultada acerca de por qué el proyecto de movilidad se presentó la noche anterior a la llegada de la misión del FMI al país. “Esta fórmula estuvo vigente en años que no estaba el FMI en Argentina. En un comunicado hace unos años decían que la fórmula de 2008 hacía crecer demasiado el haber de los jubilados, por lo que entiendo que es una buena fórmula”.

El Gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para sancionar una nueva ley de movilidad. “Se va a aprobar. Sería contradictorio que los diputados de la oposición no permitan que los jubilados tengan su movilidad”, indicó. La principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, ya anticipó su rechazo. “Entiendo perfectamente que no tengan una formula mejor, por eso no la proponen”, concluyó Raverta. 

Todavía resta definirse el aumento de los haberes de diciembre y cómo será el empalme entre las dos fórmulas, dado que una actualiza de manera semestral y la otra trimestral. Además, también queda pendiente la letra chica de la cláusula de “legislación constante”. “Lo que hace la cláusula es evitar que varían las movilidades de acuerdo a políticas tributarias coyunturales”, explicó el economista de Anses Ignacio Amigorena. 



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La fórmula que permite ganarle a la inflación | Con la nueva ley de movilidad los jubilados podrán recuperar poder adquisitivo



La “gran virtud” de la ley de movilidad que impulsa el Gobierno es que las jubilaciones pueden ganarle a la inflación, como ocurrió en el período 2009-2017 cuando estuvo en vigencia. “Esto, que parece tan sencillo, no lo permite la fórmula que se aplicó en 2018 y 2019, dado que al atarse a la inflación los jubilados solo podían aspirar a equipar ese valor”, describe el Centro de Economía Política (Cepa), en su último informe titulado “La propuesta de una nueva movilidad: ¿Ajuste o beneficio para las personas mayores?”.

La fórmula que impulsa actualmente la Anses y el Ministerio de Economía es similar a la que funcionó entre 2009 y 2017, con actualizaciones semestrales (marzo y septiembre), basada en la variación salarial y de los recursos tributarios. Durante ese período, se produjeron 18 actualizaciones: en 13 de ellas los jubilados le ganaron a la inflación, mientras que, en 5 de esos aumentos, perdieron.

Si se considera la evolución en términos reales de la jubilación mínima, por cada 100 pesos de septiembre de 2008, ese valor alcanzó el equivalente a 137 pesos en septiembre de 2015, y en septiembre de 2017, sumaba el equivalente a 127 pesos.

“La actualización presenta un comportamiento cíclico: los períodos de crecimiento permiten sensibles incrementos de los valores, mientras que si cae el PBI, suele suceder que impacta negativamente sobre el indicador”, destaca el documento, elaborado por el centro de estudios que dirige el analista económico Hernán Letcher.

En tanto, en 2014 y 2016 se produjeron caídas, a la par de la retracción económica. Sin embargo, la movilidad tuvo un comportamiento contracíclico en 2012, cuando el PBI cayó. “Ese año la actualización logró crecer en términos reales, proceso que en buena parte se explica por el incremento de salarios a contramano de la retracción del PBI”, indica el informe.

En tanto, la ley de movilidad que impulsó Cambiemos llevó a una caída del poder adquisitivo de los jubilados durante 2018 y 2019 de casi el 20 por ciento. 

Esto ocurrió porque la fórmula actualizaba por inflación, pero el valor de la variación de precios se daba con un desfasaje de 6 meses. Entonces por más que actualizaba cada 3 meses (4 ajustes anuales), el rezago en los dos años de inflación récord llevó a las pérdidas. Si bien esta ley fue suspendida en diciembre de 2019, este año los jubilados hubieran recuperado algunos puntos perdidos, dado que los aumentos de marzo y junio iban a contener la inflación del segundo semestre de 2019, año con la inflación más alta desde 1991.

De este modo, desde Cepa consideran que el “principal inconveniente” de la movilidad impulsada por el macrismo fue no poder aspirar a alcanzar los niveles jubilatorios de finales de 2017, ya que a lo sumo podía incrementarse por el valor de la variación de precios.

El otro problema que resalta el centro de investigaciones es el financiero. En escenarios de inflación in crescendo, las jubilaciones se pagan sin demasiada dificultad porque actualizan con inflación menor, mientras que, como resultado de dicha inflación, la recaudación tiende a aumentar. Pero cuando sucede lo contrario, como desde diciembre de 2019, al reducirse la inflación, la recaudación tiende a ser menor, pero las arcas deben afrontar aumentos crecientes de jubilaciones.

Por otro lado, el informe del Cepa recoge el debate público que se dio sobre el tema. En cuanto a la crítica sobre el límite total de la recaudación del 3 por ciento, el documento recuerda que el tope ya estaba vigente en la ley anterior del kirchnerismo. “Ese límite no resultó un impedimento en la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones”, dice.

En tanto, en la ley impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, para la variación salarial se utilizaba el Ripte o el índice del Indec, de los dos el que fuera mayor, mientras que la propuesta actual sólo considerará el Ripte, de ser aprobada por el Congreso. De las 18 mediciones entre el 2009 y el 2007, en 6 casos el Ripte quedó por dejabo de la variación del Indec, en 3 casos fueron iguales y en 9 oportunidades el Ripte fue superior. Desde Cepa consideran que el Ripte es más preciso porque se comporta con el resultado de declaraciones juradas, no de encuestas. 



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AUH, jubilados y pensionados: el calendario completo de pagos de la ANSES en noviembre 2020 | Informaron las fechas de cobro



Como todos los meses, la ANSES confirmó hoy el calendario de pagos para noviembre 2020 de jubilaciones y pensiones, Pensiones no contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

El primer pago será el de las Pensiones No Contributivas (NPC) que se comenzarán a abonar el 2 de noviembre, en tanto que las AUH, AUE y SUAF se comenzarán a pagar el martes 10 de noviembre. Ese mismo día está previsto también el comienzo del pago para Jubilados y Pensionados.

El calendario completo de pago de la ANSES



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Aumentos a Jubilados: la fórmula de movilidad previsional que viene | Raverta anticipó en qué esquema trabajan



Fernanda Raverta, titular de Anses, afirmó cómo será la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. “Estamos pensando en consensuar con el resto de los ministerios una fórmula que tenga en cuenta la evolución de los salarios y los ingresos totales de la Anses, y la recaudación tributaria“, aseguró en una entrevista con Télam. Tal como anticipó PáginaI12, el Gobierno buscará volver a un esquema similar al de 2009-2017.

Luego, la movilidad fue modificada a fines de 2017. Durante los dos años en los que rigió, los jubilados perdieron 15 por ciento de poder adquisitivo, debido a que actualizaba por inflación de manera rezagada, en dos años donde la inflación fue la más alta de los últimos 30 años. En diciembre 2019 la ley de movilidad fue suspendida, y los aumentos se realizaron por decreto en marzo, junio y septiebre.

En los últimos meses se conformó una comisión previsional en el Congreso, con diputados y senadores del oficialismo y la oposición y miembros del Poder Ejecutivo. Disertaron 27 expertos durante 16 encuentros. “Mientras tanto vamos trabajando una fórmula de movilidad que vamos a consensuar con el resto de ministerios para presentar desde el Ejecutivo”, explicó Raverta. Luego, deberá ser aprobada por el Congreso. “Para diciembre tenemos que tener una fórmula de movilidad previsional discutida y sancionada”, anticipó.

“Nuestro objetivo es que los jubilados y pensionados tengan un haber justo, y que su fórmula de ajuste sea fruto del aporte y discusión de los distintos bloques políticos, sindicatos, especialistas y organizaciones que defienden los intereses de los jubilados”, afirmó la titular de Anses. La idea de Anses cuenta con el visto bueno del Ministerio de Economía y de abogados expertos en seguridad social, como Miguel Fernández Pastor y Guillermo Jauregui.

Según pudo saber este diario, los objetivos a corto plazo de Anses serán primero definir la continuidad o no del IFE 4, o su transformación en un plan de estímulo al empleo. Luego, la aprobación de la ley que blinda el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los primeros días de octubre. Luego, presentarán la ley de movilidad jubilatoria. Y para el año que viene quedará el análisis de una moratoria previsional. “Hoy hay una moratoria vigente que tiene un tope en el 2003, por lo tanto no es que hay que pensar una nueva moratoria, sino pensar cómo esa realidad que viven argentinos y argentinas que empiezan a no tener años aportados como para jubilarse se resuelva”, aseguró Raverta en la entrevista con la agencia oficial Télam. 



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Muy pocas personas podrían jubilarse sin una moratoria | 1 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse tiene entre los 55-59 años más de 20 años de aportes



La Anses evalúa en avanzar en una nueva moratoria previsional para las personas que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los 30 años de aportes que demanda la ley. PáginaI12 consultó a tres expertos en seguridad social, que con distintos matices, se mostraron a favor de una medida de este tipo, debido a que amplía la cobertura previsional. Pero además, porque son muy pocas las personas que podrían jubilarse sin una moratoria. Sólo 1 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse tiene entre los 55-59 años más de 20 años de aportes. En los varones, sólo 2 de cada 10 entre 60-65 años cuentan con más de 20 años de aportes, según el boletín estadístico de la seguridad social de diciembre 2019.

Andrea Falcone afirmó que las moratorias “son siempre una buena medida”. Recordó que en el 2015 sólo 5 de cada 10 personas que llegaban a los 65 años tenían los años necesarios de aportes. “Ahora estamos peor por el crecimiento del trabajo informal”, explicó. Además, dijo que este tipo de mecanismos permiten ampliar la cobertura. En el último dato de la EPH, la cobertura previsional de personas de 65 años alcanzó el valor más alto de la historia: 94 por ciento (95,7 por ciento en mujeres y 91,6 por ciento en hombres), según el primer trimestre 2020.

Miguel Fernández Pastor, abogado especializado en seguridad social, calificó a una medida de este tipo como “muy positiva y necesaria”, aunque propone cambios. Por un lado, dijo que los beneficiarios de la pensión para el adulto mayor (Puam), que equivale al 80 por ciento de una jubilación mínima, deberían poder acceder a esta moratoria. Además, estima que en los últimos cuatro años “280 mil personas se quedaron afuera del sistema por no haber podido utilizar ninguna moratoria”.

Esto ocurre porque el período de corte continúa en el año 2003, pese a que con la ley de reparación histórica se extendió el plazo para acogerse. Una mujer que hoy tiene 60 años, cumplió 18 en 1978, por lo que hasta el 2003 puede sumar 25 años de servicio por una moratoria, y necesita otros 5 de aportes efectivos luego de 2003. En tanto, en el caso de los hombres, permite regularizar aportes hasta 1993. Un hombre de 65 años, nacido en 1955, cumplió 18 años en 1973, por lo que hasta 1993 puede obtener 20 años de servicio por moratoria, y así necesita otros 10 años de aportes efectivos luego de 1993 para jubilarse.

Una modificación que le haría Fernández Pastor es eliminar la presentación del “certificado de pobreza”. Surgió tras las críticas de que a la moratoria accedieron personas de alto poder adquisitivo y desincentivó aportes al sistema. “Nadie planifica una vida sin aportes, es un absurdo suponer que alguien no va a trabajar”, justificó.

Carlos Martínez, economista e investigador de la Universidad General Sarmiento (Ungs), aseguró que se debería buscar una solución de fondo. “La ventana se va cerrando año a año, cada vez necesitas más años de aporte efectivo, entonces cada varios años necesitas estirar los plazos, pero vas a volver a tener el mismo problema”, explicó. “Desde el punto de vista social, el efecto es bueno, pero no hay sostenibilidad institucional, se ayuda a una generación, ¿pero la siguiente?”, se preguntó. Sobre este punto, la abogada Falcone opinó que una ampliación del plazo debe acompañarse de políticas de mayor blanqueo laboral.

Además, Martínez opinó que la Puam no funcionó, no sólo porque el 80 por ciento de la mínima es un monto muy bajo, sino porque después de cuatro años sólo se generaron 170 mil beneficios de este tipo. “Aunque es universal, la gente no accede, la cantidad de gente que cumple los requisitos es mucho más que eso”, aseguró. Según los últimos datos de Anses de mayo de 2020, de las las mujeres de 55-59 años que aportan al Sipa (634.319), el 60 por ciento tienen menos de 5 años de aporte. En el caso de los hombres de entre 60-64 años (674.687), casi el 70 por ciento tiene menos de 20 años de aportes, y el 30 por ciento tiene menos de 5 años de aportes.



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Corrió “como Naruto”: el curioso festejo de una diputada chilena | Tras la aprobación de la reforma a las pensiones privadas 



La diputada chilena Pamela Jiles realizó una particular celebración este miércoles en la Cámara de Diputados de Chile tras la aprobación del proyecto de retiro del 10% de fondos de las AFP
(Administradoras de Fondos de Pensión), uno de los sistemas estrella del modelo económico instaurado por la dictadura de Pinochet.

A pesar de que tenía una lesión en la pierna izquierda, la legisladora perteneciente al Partido Humanista corrió por todo el recinto con una capa rosada y “al estilo de Naruto”, el personaje principal de un reconocido animé del mismo nombre.

“Como se los prometí Nietitos GANAMOS #Retiro10% y corrí como Naruto, con plumas y pashhhhmina arriba de los ministros Blumel, Alvarado, Briones y Monckeberg y les zapatié y les bailé nuestro triunfo en sus caras”, escribió Jiles en Twitter luego de que las imágenes se volvieran virales en las redes sociales.

La diputada ya había mostrado su fanatismo por Naruto hace unos meses, cuando estallaron las masivas protestas en Chile. En aquel momento, Pamela Jiles escribió diferentes tuits en los que hizo referencia a los personajes de la Aldea de Konoha, así como también se autoproclamó la “Abuela Tsunade”. 





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