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“El usurpador es él, además de corrupto, evasor y violento” | El ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere atacó pública y legalmente a los integrantes del Proyecto Artigas



El ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere atacó pública y legalmente a los integrantes del Proyecto Artigas: “Un grupo armado, liderado por Facundo Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas SA en nombre de Juan Grabois. Se denunció el hecho en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Dr. Óscar Sobko”, denunció en su Twitter haciendo caso omiso a que dentro de ese “grupo armado” se encuentra su hermana Dolores Etchevehere, heredera natural de la tierra. 

Sin embargo, el propio fiscal Sobko, que se presentó en el campo tras la denuncia, desmintió las acusaciones del ex presidente de la Sociedad Rural: “Es verdad que había aproximadamente unas 40 personas, en apariencia no tenían tareas allí. El ingreso no fue violento. Lo que tenían en sus manos eran cámaras filmadoras último modelo, con micrófonos”, indicó. Además, mantuvieron un diálogo “en buenos términos, tanto con Dolores Etchevehere como con Facundo Taboada”, agregó para concluir que “no se puede mantener esto de que haya sido con violencia ni con daños en las cosas, ni con violencia física o amenazas”.

Al calor de una fuerte disputa de una de las familias más poderosas de Entre Ríos, Dolores Etchevehere cedió el 40 por ciento de su herencia al “Proyecto Artigas”, una red integrada por movimientos sociales, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente que montaron en una de las propiedades de la familia un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, completamente en las antípodas al que representa su familia: “Es una reparación histórica para los dañados por los Etchevehere corruptos”. 

“Etchevehere no necesita presentar un escrito, tiene a la mitad del Poder Judicial a sueldo, y la otra parte aterrorizada”, denunció Grabois en declaraciones radiales. Para agregar: “La toma se hizo de manera legal y pacífica. Dolores entró como en su casa con las personas del proyecto Artigas, incluso hay videos del momento. El usurpador es él, además de corrupto, evasor y violento”. 

Juan Grabois es el abogado de Dolores, quién lleva adelante todas las acciones legales donde están iniciadas las causas del caso Etchevehere: vaciamiento de empresas familiares, estafa al Estado por la utilización de líneas de crédito subsidiadas para fines personales, evasión fiscal por cuentas en el exterior no declaradas, violencia económica, trabajo esclavo en sus campos, falsificación de firmas, extorsión, abuso de poder, amenazas y usurpación de tierras por métodos violentos. 

Uno de los campos que integran la denuncia de usurpación es “Casa Nueva”, donde se lleva a cabo el Proyecto Artigas. Los hermanos Etchevehere obtuvieron 370 hectáreas de estas tierras a solo un 10 por ciento de su valor, gracias a contactos políticos y judiciales, y desalojaron a los arrendatarios a punta de escopeta por un grupo armado con Juan Diego Etchevehere a la cabeza.

En un comunicado, Las Margaritas SA precisó que “un grupo de 40 desconocidos en una decena de autos, liderados por Facundo Taboada, ingresaron por la fuerza, con armas en su poder, al establecimiento rural “Casa Nueva”, propiedad de Las Margaritas SA, ubicado en el Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos”. Luego agregó que “las autoridades de la empresa, frente a la violación de la propiedad privada, radicaron la denuncia por usurpación en la fiscalía de La Paz a cargo del Dr Oscar Sobko y pusieron en conocimiento de los hechos a las mas altas autoridades del ejecutivo provincial y a la Policía de Entre Ríos”. 

“Con la bandera de la propiedad privada privan de su propiedad privada a otros: pequeños campesinos, arrendatarios, a su propia familia. Con el argumento del librecambismo y la libertad de empresa han construido fortunas sobre la base de la apropiación de bienes públicos“, sentencia Grabois.

En el escrito presentado ante la fiscalía por la familia del ex presidente de la Sociedad Rural, se denuncia a Facundo Taboada por los presuntos delitos de acción pública y contra los que participaron o hayan formado parte “en la comisión de hechos antijurídicos que, en aproximación típica, precipitaron en el delito de usurpación”. Además, se solicitó una orden de desalojo a la Procuración General de Entre Ríos. El documento está firmado por Leonor Beatriz de Etchevehere y Rubén Pagliotto, abogado de la familia.

Dados los antecedentes que otorgaron la impunidad de delitos y estafas económicas  y jurídicas, en el video en el que difundió el Proyecto, la única heredera Etchevehere mujer se anticipó a posibles ataques en respuesta a sus denuncias: “Hago responsable al gobierno provincial y al gobierno nacional por mi seguridad y la de los trabajadores que forman parte del Proyecto Artigas. Vamos a trabajar la tierra cuidándola y también vamos a desenmascarar las tramas del poder y mostrar lo que realmente pasa en una parte del campo argentino. Quiero decirles a todas las mujeres, a todos los despojados: no tengamos miedo; recuperemos lo nuestro, recuperémoslo para construir una Argentina humana y digna“.



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Protestas y denuncias por la muerte de una vendedora ambulante

Protestas y denuncias por la muerte de una vendedora ambulante

Beatriz Flores, de 75 años, fue atropellada cuando escapaba de un operativo de la Policía de la Ciudad contra manteros.

(Foto: Telam)
Por Federico Trofelli
@FedeTrofelli

22 de Marzo de 2020

El líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, fue detenido el jueves junto a otras 25 personas, tras haber realizado una protesta en las puertas de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), en Juan Domingo Perón 2941, por la muerte de Beatriz Flores, de 75 años, una jubilada que fue atropellada por una moto cuando intentaba escapar de un operativo montado por ese organismo y la Policía de la Ciudad para desalojar a vendedores ambulantes.

Los militantes de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) habían convocado a manifestarse a las inmediaciones de la Comisaría 3° de la Policía porteña, donde se presumía que trasladarían a los detenidos, pero finalmente, tras cuatro horas de permanecer en los patrulleros, fueron liberados.

“Los abogados de la organización trabajaron mucho para que no fueran trasladados, porque en la comisaría la situación se iba a poner más espesa”, explicaron a Tiempo desde la CTEP, y agregaron que “el operativo de seguridad de la Policía de la Ciudad se transformó en una gran cacería por las calles de Once”.

A muy pocos metros de la sede de la AGC, Beatriz, oriunda de Perú, vendía habitualmente medias en la esquina de la avenida Pueyrredón y Sarmiento, donde el viernes 13 se llevó adelante el procedimiento por parte del gobierno porteño. “Para ese día las medidas por el coronavirus aún no eran tan restrictivas, aunque se sabía que se venía un mayor control, por eso Beatriz salió a trabajar, porque los vendedores ambulantes viven el día a día y no sabía cuando iba a poder volver a salir”, argumentó la fuente consultada.

Pero el procedimiento terminó de la peor manera: “Beatriz escapó desesperada para que la policía no le robara la mercadería y fue atropellada por una moto”, continuaron las fuentes. La jubilada sufrió múltiples fracturas y, tras agonizar varios días en el Hospital Ramos Mejía, el martes murió.

Tanto los allegados y familiares de la víctima como los integrantes de diferentes agrupaciones que nuclean a los trabajadores informales apuntaron sus críticas al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, a quien consideraron el responsable político del hostigamiento que reciben a diario los vendedores ambulantes por parte de la policía. Además, los militantes apuntaron contra Matías Lanusse, el actual director ejecutivo de la AGC, y su mano derecha, Alejandro Cohen. Lanusse supo coordinar la temida Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que se caracterizó por correr por la fuerza a las personas en situación de calle, siendo la fuerza predilecta del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando aún no había sido creada la Policía Metropolitana, la antecesora de la Policía de la Ciudad.

Así las cosas, los 26 militantes del MTE fueron acusados de atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Interviene la Fiscalía Contravencional 14 de la Ciudad, la misma que actúa en el caso de Beatriz.

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