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Recrudece la protesta contra la violencia policial en Colombia | En lo que va del año murieron 230 personas en 56 masacres en todo el país



Desde Medellín.Cuando bajaba de un bus, en medio de las fuertes protestas que desató el asesinato de Javier Ordóñez a manos de policías en Bogotá, Jennifer recibió un disparó. Murió. Gabriel, Julián y en total 13 personas también. El dolor y la rabia son incontenibles: la masacre número 56 del año en Colombia indignó aún más a los jóvenes y ciudadanos que exigen al Estado protección a sus vidas en vez de ser acribillados mientras reclaman sus derechos. En medio del confinamiento, el pueblo colombiano venía condenando virtualmente el asesinato de 230 personasen lo que va del año, según Indepaz. La indignación por el homicidio de Ordóñez que quedó registrado en video mientras suplicaba “por favor” llevó la gente a las calles. El doloroso 2020 ha incluido, además del horrible record del regreso de las masacres, el desplazamiento forzado masivo de comunidades rurales, la amenaza constante por parte de paramilitares, y el creciente asesinato de líderes sociales y defensores humanos, y de los ex guerrilleros de Farc.

Además, las organizaciones campesinas, indígenas y afros han vivido el exterminio con más fuerza durante la cuarentena, y el hostigamiento no solo de grupos al margen de la ley que se disputan sus territorios tras la salida de la ex guerrilla y del Estado mismo de l zona ha venido en aumento. Los operativos armados por la erradicación de la coca se llevan por delante a quienes se empeñan a defender el programa de sustitución voluntaria acordado en La Habana, que les llevó a erradicar las matas, pero no al pago prometido por parte de gobierno. Varios campesinos han sido asesinados en diversos puntos recónditos de la geografía colombiana. Al cierre de esta edición, la Organización Zonal Indígena del Putumayo dio a conocer que en medio de confrontaciones entre Policía y campesinos que se oponen a la erradicación un indígena menor de edad fue herido con un arma de fuego.

Para Jose Quiroga, activista de Medellín conocido como Aquinoticias, “hay un malestar general en la sociedad colombiana que viene creciendo y que se ha manifestado en los últimos diez años con movilizaciones en los sectores indígenas y campesinos. En el sector urbano, los últimos tres años se ha tenido una fuerte movilización; luego vino el Paro Nacional del año pasado que se vio interrumpido por la pandemia; y ahora la gente volvió a las calles tras el asesinato de Ordónez”.

Para Jose, quien también es abogado e influencer, lo que se expresa hoy en las calles de Colombia es la respuesta a la exclusión social y política, el malestar que tiene el pueblo por las pruebas de la relación entre el narcotráfico y el equipo del actual gobierno de Iván Duque y, en los últimos días y marchas consecutivas, el dolor por la violencia policial que le arrebata la vida a los más jóvenes y el rechazo generlizado al abuso de la Fuerza Pública que, el año pasado, terminó con la vida de Dylan Cruz alcanzado por armas de la policía en la capital, y que está levantando todo tipo de denuncias: abuso sexual, obstrucción a la labor informativa, detenciones irreguales, y hasta detenciones en centros clandestinos como se evidenció en videos donde, además, se prueba cómo los agentes de policía se intercambian armas con hombres de civil, disparan en equipo, y además apuntan directamente al cuerpo de los manifestantes y los golpean en estado de indefensión.

Los hombres y mujeres que perdieron la vida por los disparos indiscriminados de los agentes eran todos jóvenes y algunos, como Jennifer, ni participaban de la protesta. También es este el caso de Angie, que recibió una bala y fue encontrada herida y agonizando por su familia. Por eso y por el exceso de la fuerza que la alcaldesa de la capital, Claudia López, no ha podido detener alegando insubordinación en la Policía, los movimientos estudiantiles, organizaciones y ciudadanos sin filiación alguna están manifestándose a diario. Los videos muestra cómo, además, los policías atacaron casas en barrios periféricos, amenazaban a los vecinos en los balcones, y dispararon contra conjuntos residenciales. Además, atacan a transeúntes desprevenidos y les propinan golpizas. Desde la noche del 9 de septiembre cuando iniciaron las movilizaciones y disturbios, ongs como Temblores y Campaña Defender la LIbertad reportan casi un centenar de heridos. La mayoría son civiles, y un porcentaje mínimo son agentes. En algunos casos, como lo asegura el padre Alejandro Angulo del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, en Colombia las protestas suelen ser infiltradas por agitadores profesionales. En las redes sociales, muchos afirman que quienes destruyen el comercio podrían ser policías o vándalos pagados por policías para generar caos y deslegitimar la protesta. Por su lado, el gobierno y el empresariado acusan a guerrillas urbana de los desórdenes.

Según Angulo, el uso de armas de fuego es inaceptable en las protestas. La fuerza policial se hizo para cuidar.  “El poder político y la fuerza deberían ser neutrales, servir a toda la población en vez de estar del lado de los ricos,” señala. El investigador contribuye con el Banco de Datos de DD.HH .y Violencia Política.  En su Revista Noche y Niebla ha dado conocer que los mayores violadores de derechos humanos en Colombia en 2019 fueron los paramilitares y la policía. Según el informe del banco ciado en la revista, en 2019 se presentaron 411 hechos de violación a los dd.hh. por parte de policías en todo el país, mientras los de “paras” fueron 461.

Son ya siete días continuos de protestas no solo en las plazas y avenidas, sino también en la virtualidad, donde crece el llamado a la renuncia del Ministro de Defensa de Iván Duque, Carlos Holmes, y a la reforma estructural al cuerpo policial.  “La ciudadanía está exigiendo una reestructuración profunda de la Policía. Que pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Que la doctrina cambie, que supere la doctrina del enemigo interno, que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que se judicialice a los policías y políticos responsables,” explica el activista José Quiroga a Página/12.  Afirma que es inadmisible que la sociedad se preocupe más por las paredes dañadas que por los cuerpos de sus conciudadanos abatidos por quienes deberían cuidarles. En los puestos de policía que fueron incendiados y dañados durante las protestas, grupos culturales y vecinos instauraron bibliotecas y llevan a cabo veladas musicales donde invitan a educar la rebeldía y cesar la violencia. Todos están de acuerdo en que hoy día en Colombia la Policía no nos cuida. ¡Nos están matando¡ gritan también los muros de las capitales graffiteados en formatos gigantezcos durante el fin de semana pasado.



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Las matanzas en Colombia llevan el sello de Álvaro Uribe

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Nueve masacres en las últimas dos semanas: la violencia sacude a Colombia | A cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz



Colombia vive una de sus etapas más violentas y oscuras desde la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Estado y las FARC. Las masacres resurgieron con fuerza en el país, y sólo en las últimas dos semanas dejaron un saldo de 45 muertos. Grupos armados que buscan controlar el negocio del narcotráfico y otras actividades ilegales recurren a las matanzas de campesinos e indígenas para amedrentar y obligar a las poblaciones, a punta de fusil, a un desplazamiento forzado. “Los sitios donde están ocurriendo las masacres son, paradójicamente, aquellos donde se registra mayor presencia de fuerzas públicas”, asegura Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz

El gobierno de Iván Duque se encierra en debates retóricos (el presidente elige hablar de “homicidios colectivos” en lugar de masacres), critica gestiones anteriores e insiste en la respuesta militar como única salida. En 2017, según la ONU, se registraron 11 matanzas. En 2018 fueron 29 y el año pasado, 36. Los primeros ocho meses de 2020 revelan que el aumento es aún más pronunciado: las masacres ascienden a 46. La novena matanza en dos semanas tuvo lugar el jueves por la noche en una finca de Bajo Cañaveral, en el departamento de Antioquia, donde fueron acribilladas tres personas, entre ellas un niño de 14 años. No es casualidad, ya que entre las víctimas de esta nueva oleada de violencia hay varios jóvenes y menores de edad.

Las masacres habían caído considerablemente en Colombia con la desmovilización de las FARC y los paramilitares. “Pero a partir de la firma de los acuerdos de paz, otros grupos se interesaron en puntos estratégicos del país para adueñarse de esos territorios. En la medida en que hay varios grupos con el mismo interés y no existe la posibilidad de alianzas sino de disputa territorial, se generan estas formas de violencia”, advierte Yesid Zapata en diálogo con Página/12. Hoy operan en Colombia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, formado a partir de un remanente de paramilitares, y disidencias de las FARC. Entre los tres grupos suman unos 7.600 miembros que actúan en 240 de los 1.100 municipios del país.

“El avance de la expansión paramilitar refleja no sólo el fracaso de los procesos de justicia y paz, sino la falta de voluntad del actual gobierno por desmontar las estructuras paramilitares, quienes tienen connivencia con agentes del Estado en diferentes regiones del país”, sostiene Camila Galindo, abogada asistente del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. “El partido del gobierno y su grupo político han evidenciado estar comprometidos con la reactivación de la guerra”, agrega Galindo

Las víctimas de las recientes matanzas son en su mayoría jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendientes. La primera masacre sacudió al país en las últimas semanas fue la de cinco menores de entre 14 y 15 años cuyos cadáveres fueron encontrados en el barrio del Llano Verde, en el departamento del Valle del Cauca. Según el fiscal general, Francisco Barbosa, las víctimas iban con frecuencia a comer caña de azúcar de una plantación y el día de la tragedia, “los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del cañaduzal observaron a los cinco menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron”.

“Además del disciplinamiento, estos grupos quieren imponer una cultura, una estrategia política, incluso estrategias de desarrollo y lo van a hacer a cualquier costo. Quieren imponer la ley a través de la fuerza de las armas”, afirma Zapata. Así como las masacres aumentan de manera vertiginosa, el desplazamiento forzado, que es otro de los indicadores de las disputas por el control territorial, está creciendo en el país y constituye otra señal de alerta. 

Acuerdo sin paz

Los organismos de derechos humanos coinciden en que se ha avanzado muy poco tras el acuerdo firmado en 2016 durante la presidencia de Juan Manuel Santos. “Esa lentitud se evidencia en el tema de las tierras, que es el punto principal del acuerdo: devolverle tierras y brindarle posibilidades a campesinos, campesinas e incluso excombatientes para que accedan a la tenencia”, sostiene Zapata desde la Fundación Sumapaz. 

Con base en el Censo Nacional Agropecuario, la organización internacional Oxfam realizó el informe “Radiografía de la Desigualdad”. Del análisis se desprende que Colombia es el país de Latinoamérica con mayor concentración en la tenencia de tierra. El uno por ciento de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 por ciento de la tierra colombiana. Otra de las conclusiones es aún más potente: un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca.

En cuanto a la prometida participación política, el gobierno de Iván Duque le está cerrando las puertas a la presencia de sectores distintos al oficialismo. “Aquí lamentablemente pensar distinto sigue siendo un delito y esto evidencia que no se ha avanzado en este punto”, dice Zapata y agrega que “las defensoras y defensores de derechos humanos que queremos elevar un grito y denunciar lo que está sucediendo en nuestro territorio, no solo estamos siendo estigmatizados sino que estamos siendo amenazados, agredidos, y asesinados”.

Tampoco se está cumpliendo con la salida política a la siembra de cultivos de uso ilícito. Muchos campesinos que apostaron a dejar los cultivos tienen que volver a la siembra de coca como medio de subsistencia, ante la inacción del gobierno. “Colombia tenía una oportunidad a través del proceso de paz, había unos leños prendidos que son el ELN y el Clan del Golfo, y este gobierno tenía dos opciones: echarle agua a través de la implementación del acuerdo de paz o echarle combustible, que es lo que ha venido haciendo, desconociendo los puntos neurálgicos del acuerdo”, resume Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación.

El relato del presidente

Iván Duque prometió justicia frente a las masacres. Pero ya casi nadie le cree a un presidente que ante las dificultades siempre elige excusarse en la herencia del gobierno anterior. En una reciente visita a la localidad de Samaniego, escenario de una de las últimas matanzas, el mandatario sostuvo que, en lugar de masacres, había que hablar de homicidios colectivos. “A través de una narrativa propia, el gobierno intenta reducir el impacto de la violencia ante la opinión pública. Masacre no es una figura que esté contemplada en el derecho internacional humanitario o en la legislación colombiana, pero se ha utilizado desde la academia, la ONU y distintas organizaciones sociales para tener una lectura de la intensidad de la violencia y la degradación de la guerra y las disputas”, explica Restrepo.

Pero además, la policía y algunos funcionarios del gobierno buscan señalar a las victimas de estas masacres de pertenecer o tener relaciones con el narcotráfico y grupos armados sin ninguna prueba. “Esto nos recuerda a algo que ya hemos vivido en Colombia, y es una frase del expresidente Álvaro Uribe sobre el escándalo de los ‘falsos positivos’, eufemismo con el que se denominó a las ejecuciones extrajudiciales  que eran presentadas como bajas en combate por el Ejército. En aquel entonces dijo: ‘No estarían recogiendo café’. Bueno, esta idea se traslada al contexto actual. Se intenta revictimizar a las víctimas de estas masacres”, afirma el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. 





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Colombia: el oficialismo ataca a la Corte y pretende reformar la Constitución para defender a Álvaro Uribe, preso con domicilaria

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En Europa resurgen brotes y países como España vuelven a confinamientos focalizados

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