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Impuesto permanente a las grandes fortunas | El gobierno de Bolivia promulgó la ley votada por el Congreso



“Para la redistribución de la riqueza en Bolivia promulgamos la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, que se aplicará a quienes poseen un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos. El impuesto alcanzará apenas a 152 personas. El beneficio llegará a miles de familias bolivianas”. De esta manera comunicaba Luis Arce, presidente de Bolivia, la promulgación de la norma que había votado una semana antes el Congreso. El impuesto será anual y permanente para residentes en Bolivia, incluso extranjeros, con bienes, depósitos y valores que tengan en el país y en el exterior superiores a los 4,3 millones de dólares al 31 de diciembre del 2020. 

La norma fija un tributo variable con alícuotas inferiores a las aplicadas en el aporte por única vez que deberán realizar los millonarios en Argentina (de entre 2 y 3,5 por ciento dependiendo el patrimonio). El Estado boliviano cobrará 1,4 por ciento para personas con riquezas de entre 30 y 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares), 1,9 por ciento a aquellos que posean un patrimonio de entre 40 y 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4 por ciento  para fortunas mayores.  Apunta a constituir un sistema de impuestos progresivo en el que “los que tienen más tributan más y los que tienen menos tributan menos”, explicó Arce. 

Uno de los puntos que el Ejecutivo tomó de los futuros millonarios tributados fue respetar que el mismo sea de carácter confidencial. El Ministerio de Economía de Bolivia calculó que se recaudarán alrededor de 110 millones de bolivianos, más de 14,5 millones de dólares.

Durante la misma jornada, Arce promulgó también la Ley del Presupuesto General del Estado 2021, que proyecta un crecimiento de la economía de 4,8 por ciento, y el Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA, una ley que dispone la devolución del 5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los contribuyentes que perciban un salario menor a los 1.293 dólares mensuales. Durante el acto en el que comunicó las firmas, señaló que las tres leyes tienen el objetivo de “consolidar nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, por una parte; y contribuir al desmontaje del modelo neoliberal que se intentó durante once meses en nuestro país”. 

El proyecto impulsado por el flamante presidente forma parte de una de sus promesas electorales más inmediatas: entregar una ayuda estatal a más de un tercio de la población (el Bono contra el Hambre), implantar un impuesto a las grandes fortunas y comenzar la investigación y sanción de los supuestos delitos represivos del gobierno interino de Jeanine Áñez.

De esta manera, Bolivia se convierte en el segundo país de América latina (después de Argentina) en sancionar este aporte. Dentro de las propuestas extraordinarias que están en discusión se destacan las de Brasil, Perú, Chile y Ecuador. En Brasil hay cuatro proyectos presentados en el Senado; uno de la oposición plantea tributar con una alícuota de 2,5 por ciento a patrimonios por encima de los 50 millones de reales. En Perú un partido con presencia en el Congreso propuso que las personas físicas y jurídicas que facturen más de un millón de soles por año paguen un impuesto solidario de 1 por ciento y que ascienda hasta 3 por ciento cuando se superen los 50 millones de solas. En Chile la diputada Camila Vallejo presentará en el Congreso una propuesta realizada por el Partido Comunista. Consistirá en un impuesto a la riqueza dirigido al 1 por ciento más rico del país, con una tasa anual del 2 por ciento, que se cobrará hasta que la distribución de la riqueza sea, medida por el Gini, del 0,25, dado que estiman que el 1 por ciento de la población concentra el 30 por ciento de la riqueza. En Ecuador el sector alineado a Rafael Correa empuja la iniciativa, aunque en este país la única persona que tiene atribución legislativa para definir en cuestiones tributarias es el presidente, en este caso Lenín Moreno.

Del otro lado del Atlántico también hay multiplicidad de proyectos en distintos países y al menos tres que cobran un tributo. Alemania cobra el “impuesto solidario” que tributa una sobretasa de 5,5 por ciento a los mayores patrimonios; España el impuesto a las grandes fortunas y Francia  un “impuesto excepcional” con alícuotas entre 3 y 4 por ciento a patrimonios de más de 250.000 euros.





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Impulsan la creación de un impuesto permanente a las grandes fortunas en América Latina

https://www.tiempoar.com.ar/nota/impulsan-la-creacion-de-un-impuesto-permanente-a-las-grandes-fortunas-en-america-latina

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El año de la peste y las perspectivas para el que viene | Desde el remoto inicio del Gobierno hasta las proyecciones para 2021



Este viernes el Senado aprobó el Aporte Solidario (alias impuesto a las grandes fortunas). El jueves 10, cuando el presidente Alberto Fernández cumpla un año de mandato, se debatirá en Diputados la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con miras darle media sanción. Las dos normas sintetizan a su modo, el periplo del Gobierno. Por un lado, un tributo equitativo para aminorar los daños de la pandemia, el hecho maldito del 2020 distópico. Por otro, una bandera de campaña reafirmada en los discursos inaugurales del Presidente en el Congreso (asunción y apertura de sesiones ordinarias).

Ambas llegan con delay, otra característica recurrente de la etapa, notoria en los Zoom, en los medios audiovisuales, con frecuencia en la gestión oficial.

El inicio queda remoto, desdibujado tras un año que pareció un lustro. AF brillando en la oratoria, proponiendo medidas reparadoras en lo social, cauto en la administración de los equilibrios fiscales, con ampliaciones de derechos progresistas. Tres meses y un cachito duró dicho tramo, dominado por el propósito de cerrar el canje de deuda con los acreedores privados con una quita importante y un plazo sin pagos por varios años. El objetivo se consiguió, “comprando” tiempo que equivale a gobernabilidad. Alto logro del Gobierno, obtenido pese al apoyo descarado del establishment argentino a los bonistas y el desprecio mediático al ministro de Economía, Martín Guzmán. Las tratativas se prolongaron por un período mayor al imaginado doce meses atrás.

La tarjeta alimentaria lanzada casi después de jurar por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consagró la primera medida social vasta, estable, para conjurar el desolador legado del presidente Mauricio Macri. Racional en la inversión y buen refuerzo para las jefas de hogar.

Los remedios gratis suministrados por el PAMI a los jubilados, proveen un alivio institucionalizado no sujeto a discrecionalidad de los funcionarios.

El primer episodio del mandato duró un suspiro, no volverá.

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Abril y después: La cuarentena nacional resuelta en marzo, la adopción de medidas urgentes capitalizando la ventaja de observar qué pasaba en los países centrales construyeron el peor trance de la economía y el mejor del liderazgo presidencial. Decisionista y articulador al mismo tiempo, Alberto Fernández buscó asesoramiento de científicos, dialogó con gobernadores e intendentes. Concibió escenografías y comunicación minuto a minuto con los mandatarios provinciales, mecanismo sin antecedentes, virtuoso federalismo de emergencia.

El Presidente y el ministro de Salud, Ginés González García, evitaron el colapso hospitalario, temido al principio. Se mejoró la infraestructura en tiempo récord. Se atendió de modo universal, no abandonando a los pobres ni discriminando entre subsistemas público, privado o de Obras Sociales. Se nacionalizó el fragmentado sistema federal de salud.

La legitimidad pública de Fernández trepó exponencialmente. En subibaja, la actividad económica cayó a pique: abril arrojó las peores cifras de un pésimo año.

Con arcas fiscales exhaustas (Macri y su equipazo lo hicieron) se concibieron medidas paliativas audaces, tendientes a evitar cierres de empresas, despidos. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), atado con alambre en un suspiro, registró y ayudó a 9 millones de personas. Surtida extracción social, con anclaje en informales, desocupados, cuentapropistas de todo el país. Pobres heredados, nuevos empobrecidos por el parate económico. El reparo priorizó a las provincias más humildes, a jóvenes sin primer empleo, a mujeres. Un mapa de la desigualdad dentro de la desigualdad. El salvavidas que se concibió para una vez y se reimplantó dos veces más. El IFE 4, necesario acaso, se suspendió.

La prohibición de los despidos sin causa, la doble indemnización acentuaron al protección legal a los trabajadores formales, quienes junto a los empleados públicos sufrieron menos que sus compañeros de clase. Sufrieron menos, se subraya: padecieron también, en promedio.

El Programa de Asistencia el Trabajo y la Producción (ATP) casi literalmente les salvó la vida a numerosas empresas que pudieron pagar salarios. El gran capital zafó del naufragio gracias al Gobierno. Las grandes corporaciones callaron sus críticas a los subsidios, los embolsaron con alegría e ingratitud. Apostrofan contra los 164 impuestos que ningún contribuyente paga, no contabilizan las fortunas a fondo perdido que el Estado les facilitó.

Es verosímil, lindante con lo seguro, que muchos grandes capitales “hicieron diferencia”, ahorraron ATP y los usaron para especular contra el peso, hacer subir la cotización del dólar en el mercado ilegal, apostar a la devaluación. La maniobra enturbió el período sin pagos a acreedores externos que el Gobierno había logrado remando en dulce de leche.

Paradojas te da la vida, piensa uno: el salvataje expandido era imprescindible. Al mismo tiempo, se acentuó la desigualdad preexistente.

Se robusteció el paquete de crisis mediante el congelamientos de tarifas de servicios públicos, moratorias amplias. Como en todos los órdenes, se evitaron tragedias pero no se pudo parar la caída de la economía.

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El fin del intervalo: En el intervalo de gran prestigio y poder AF era valorado por amplios sectores de la opinión pública. Mantenía trato amable y cotidiano con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Macri había pasado a la clandestinidad, sumido en silencio. La gente común acataba masivamente las reglas de cuidado, no salía de sus casas. Se aplaudía al personal de salud, cada noche. Ahora se nota que fallaron previsiones referidas a la pandemia. Se supuso que el “pico” y el subsiguiente descenso llegarían en invierno. Luego no se previó que el gran foco de contagio en el AMBA se mudaría a casi todas las demás provincias. El autor de esta nota no califica para saber si esas circunstancias podían ser conocidas de antemano. Se circunscribe a señalar que se tomaron decisiones en base a proyecciones equivocadas.

AF discontinuó las negociaciones con Larreta sobre la restitución de parte de los fondos nacionales que Macri le concedió con excesiva munificencia. Por ahí, era momento de apurar un acuerdo consensuado, por una cifra menor a la que ahora se legisla. Pero pactada, quién le dice pagada desde hace meses, sin conflicto, ni judicializaciones, ni intervención de la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo Económico Social no se legisló, una oportunidad perdida que ahora se quiere reflotar.

El Gobierno se obstinó en sostener la Reforma Judicial, una movida intrincada, ajena a la sensibilidad y al interés de gente común agobiada por la salud y la economía personales o familiares.

El oficialismo perdió el manejo de la agenda pública a mano de una oposición salvaje dotada de rotundos fierros mediáticos.

Muchas personas se cansaron, la paciencia colectiva disminuyó. La prolongación del encierro, no laburar, la recesión agravada, los chicos sin asistir a la escuela… Las carencias acuciantes de millones de argentinos se tradujeron en malestar, desobediencias y demandas.

Las recidivas de contagios en el Interior, consecuencia en parte de relajamientos ciudadanos, configuraron el escenario invernal.

La reapertura de la economía no generó reactivación generalizada. La actividad mejora de modo heterogéneo, paulatino, muy dispar entre distintas ramas de la producción.

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Vicentin, una clave: En esta reseña la fallida expropiación de Vicentin funciona como símbolo y como ejemplo. Sucesión de errores no forzados del Gobierno, un proyecto ambicioso que se cayó tras zigzagueos, imprevisiones, fallas de cálculo. Hace sistema con el velatorio de Diego Armando Maradona que (claro) debió resolverse en pocas horas. De nuevo, faltó organización, cálculo, un equipo que tuviera en cuenta la situación única, el tiempo disponible, la pasión popular, la posición de la familia. El voluntarismo primó sobre un análisis de situación.

El desenlace fue turbulento, medió violencia de la Policía porteña sin ser la causa exclusiva del desmadre. La templanza de la multitud adolorida fue clave para evitar una tragedia. La gente dio el ejemplo, de pacifismo y unción.

En el Senado se reparó otro error reciente del Gobierno, un potencial perjuicio para los jubilados. El mecanismo previsto para armonizar la fórmula de actualización de las jubilaciones con el aumento de diciembre era manifiestamente injusto. Considerarlo pago a cuenta afectaba los intereses de los jubilados. La actualización semestral del coeficiente también los damnificada. Las críticas de dirigentes del oficialismo, de periodistas afines u opositores, de los senadores del Frente de Todos motivaron una corrección. Cuadros y funcionarios kirchneristas se atribuyen la iniciativa, en la Rosada replican que el propio Presidente enmendó el proyecto que había firmado unos días antes.

Este cronista piensa que la bancada oficialista, conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desempeñó un rol protagónico en la corrección. Algo similar sucedió con el impuesto a las grandes fortunas que motorizó el bloque de Diputados sin contar durante meses con el aval del equipo económico.

El modo de zanjar esas divergencias, cabe acotar, no fue una guerra como imagina la oposición sino un debate interno sobre decisiones políticas. Una secuencia lógica, deseable en estos casos, en una coalición de gobierno.

En casi un año, el antagonismo entre “Cristina y Alberto” tan narrado por el establishment y sus medios, no hizo llegar la sangre al río. Las divergencias, existentes e inevitables, se tramitan de modo razonable. Menudo desafío conciliar una fórmula presidencial que no reconoce precedentes en la historia argentina por el peso específico de Cristina Kirchner, sideralmente superior al de cualquier otro vice.

En las semanas recientes, el diálogo mermó, los protagonistas conocerán los motivos.

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El anuncio de la vacuna: Esta síntesis no se ciñe a la cronología pero la toma en cuenta. El Gobierno recobró bríos y preeminencia al anunciar la vacunación. Se enredó fijando plazos para un acontecimiento de fecha incierta, reincidiendo en las fallas de comunicación.

La mejor agenda en medio de la pandemia es la que apunta a las principales preocupaciones ciudadanas. Enfilan hacia ese rumbo la vacuna, la posibilidad de reanudar clases en las escuelas, los refuerzos económicos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), al importe de la tarjeta alimentaria, la canasta navideña si se instrumenta. La suba a los jubilados siempre ayuda algo, aunque es necesario discutir si alcanza.

La inflación de fin de año desnuda un flanco débil de la acción económica: siguió muy alta pese a la merma de la demanda y a congelamientos varios.

La recaudación impositiva creció durante tres meses consecutivos, lo que indica actividad. Se anotaron más de 600 mil contribuyentes en la moratoria impositiva 2020 cuyo plazo de inscripción fue prorrogado. La oposición denunciaba que es un traje a medida para el empresario Cristóbal López. No está solo, caramba. Hay cientos de miles de personas humanas o empresas dispuestos a acogerse a un plan de pagos generoso… nadie se inscribe sin pensar que le conviene seguir funcionando.

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Un atisbo de oportunidad: Según información de organismos públicos, el empleo registrado en la industria superó los niveles pre pandemia. Buena nueva que no da para extasiarse por dos motivos. Para empezar, el exiguo nivel posterior al industricidio macrista. Para añadir: las ramas de servicios muestran un panorama distinto, siguen deprimidas.

Los indicadores de empleo, nivel adquisitivo del salario y baja del PBI iluminan la floja y capciosa discusión sobre el ajuste 2021. Si “ajuste” conlleva despidos en sector privado y público, caída del Producto, cierres de empresas, concursos, quiebras, malaria entre los autónomos… el ajuste ocurrió y viene ocurriendo. A paso redoblado desde 2018 por lo menos. Dos años de política macrista y uno de pandemia seguidos.

En el reportaje publicado en Página/12 hace una semana, Martín Guzmán estimó un crecimiento de 5,5 puntos del PBI y del nivel de ocupación. El rebote no empardaría ni ahí la debacle de este año pero puede cambiar las proyecciones, las expectativas. Alberto Fernández imagina crecimientos mayores, son estimaciones en ambos casos.

La vacunación eficaz valdrá para catalizar el proceso, sin garantizarlo. El resto precisará intensa acción estatal para aprovechar si, efectivamente, cambia el viento. Una revisión autocrítica, no flagelante, del año impiadoso debería motivar al Gobierno a seguir remozando el Gabinete, para relanzarse.

El piso de derechos sociales y económicos que dejaron los tres gobiernos kirchneristas sobrevivió al tsunami macrista. Jubilaciones universales, AUH, convenciones colectivas, derechos laborales, programas Progresar y Potenciar jóvenes, entre otros. Las políticas sociales novedosas tienen que construirse sobre esa base institucional.

Nada llegará sin acción política eficaz, incentivo a la demanda, protagonismo estatal, control a las apetencias de los sectores de privilegio.

Se insinúa la posibilidad de imaginar un futuro menos asfixiante, más parecido al que se pensaba en diciembre de 2019. Arrancando desde el subsuelo, apuntando hacia arriba, empezando a dejar atrás el año de la peste.

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Para qué es necesario el aporte de los multimillonarios | El destino de la contribución solidaria de las grandes fortunas



Esta semana el Senado convirtió en ley el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, y en las redes sociales se recuperó el posteo de Diego Armando Maradona a principios de septiembre: “Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos“.

La ley, que la AFIP estimó inicialmente alcanzaría a 9.298 contribuyentes con patrimonios superiores a 200 millones de pesos, permitiría recaudar 307 mil millones de pesos, alrededor de un punto porcentual del PBI. “El volumen de recaudación es importante, porque la Argentina va a terminar cayendo entre 9 y 10 puntos este año; estamos hablando de un nivel de recursos que va a amortiguar en un punto de esa caída, que no es poco. Este proyecto tracciona la velocidad de crecimiento y recuperación del país”, explica el diputado Itai Hagman, uno de los creadores de esta ley.

“Esa riqueza, sustraída del circuito productivo, que es la antítesis de la inversión productiva, es, indudablemente, dañina para la economía y para la sustentabilidad de nuestro desarrollo”, agrega la diputada Fernanda Vallejos, otra de las colaboradoras en la redacción de la ley.

Lo recaudado significa también una cuarta parte del gasto público convertido en el paquete de medidas destinadas a mitigar los efectos económicos y sociales negativos de la pandemia: ese es uno de los objetivos centrales del aporte; lo dice en el propio título del proyecto (“aporte solidario para que los más ricos ayuden a morigerar los efectos de la pandemia”), pero también se expresa sobre todo en el uso específico que se le dará al dinero recaudado: educación, empleo, vivienda, salud e inversión.

“Algunas de las asignaciones están vinculadas a gastos y necesidades producto de la pandemia, otras para la reactivación productiva y recuperación de la actividad económica; y hay un tercer grupo con eje en atender la emergencia social. Se analizó la situación de los sectores que identificamos que necesitan más recursos y tratamos de no centralizar la recaudación en una necesidad, sino repartirla entre la social, la productivay la provocada específicamente por la pandemia”, explica Hagman.

Educación

Otro veinte por ciento será destinado al programa integral de becas Progresar, que permitirá reforzar el acompañamiento a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

Uno de los efectos de la pandemia fue que muchos sectores quedaron excluidos del sistema educativo: por factores estrictamente económicos y por las dificultades por la conectividad. De acuerdo a un relevamiento publicado por Cippec, al 15 de marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales, había 10 millones de estudiantes en el sistema educativo de los cuales el 53 por ciento de los alumnos era pobre, un 5,8 por ciento de los menores de 18 años vivía en hogares hacinados y 56,1 por ciento de los hogares tenia internet fijo.

El informe reveló que la posesión de Internet en la vivienda para los niños de estratos socio económicos más bajos llegaba al 37,5 por ciento de los que asisten a escuelas primarias y 54,5 por ciento en secundario; frente a un 99,5 por ciento en los niveles económicos más altos. La brecha se agranda cuando se sondea la posesión de una computadora en el hogar: apenas el 29 por ciento de alumnos de primaria y 55 por ciento de secundaria de sectores con menos ingresos frente al 99 por ciento para los sectores con más ingresos.

“Era una preocupación del Ministerio de Educación, cómo hacer para que los sectores populares no abandonen al sistema educativo en el marco de la pandemia: así como hay muchos que se van a poder reincorporar rápidamente, otros van a necesitar incentivos para hacerlo, porque en el medio perdieron un laburo o sus ingresos”, expresa Hagman.

Empleo

Otro veinte por ciento será destinado a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”, especifica la ley. Itai Hagman agrega que “ahora estamos en una política de recuperación económica, así que esta inyección serviría para alentar y dinamizar esa recuperación“. Las pymes argentinas venían de una situación muy delicada desde antes de la pandemia (en la Argentina quebraron alrededor de 25 mil pymes en los últimos cuatro años previo al 2020), así que la recuperación de la actividad económica debe estar acompañada por un refuerzo financiero para reactivar.

En este sentido, más allá de que el programa ATP financió más de 100 mil pymes y el Estado le pagó el sueldo a la mitad de los trabajadores del sector privado, la CAME estima que alrededor de unas 60 mil pymes podrían haber cerrado este año, producto de una pandemia que las agarró en un momento de mucha debilidad luego de cuatro años de políticas económicas que dificultaban mucho el escenario para la producción por las altas tasas de interés, devaluaciones bruscas y una inflación descontrolada.

Urbanización

Un quince por ciento será transferido al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado en diciembre de 2019, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones de vivienda de los habitantes de los barrios populares. Actualmente, el FISU se financia de manera regular con el Impuesto País, y el aporte extraordinario le significará una importante inyección de recursos (aproximadamente cuatro veces más que lo que se recaudó por Impuesto País en todo el año). El plan prevé ejecutar obras para urbanizar los más de 4.400 barrios populares que hay en la Argentina en los próximos diez años.

“La política tributaria es un instrumento privilegiado a la hora de pensar en una distribución más justa del ingreso”, amplía la diputada del Frente de Todos.

Salud

La ley establece que un 20 por ciento de lo recaudado por el aporte será aplicado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Cuando se planteó el proyecto de ley hace seis meses, los creadores del proyectos lo redactaron con la intención de destinar a otros insumos, pero “con la vacuna en puerta sería razonable que una parte se destine a ese fin. De cualquier forma, es una decisión que ya no depende del Congreso porque es responsabilidad del Ejecutivo”, reflexiona el diputado del Frente de Todos.

Gas Natural

Un veinticinco por ciento se destinará a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, “actividad que resulta de interés público nacional”, explica el proyecto. El mismo deberá realizarse a través de Integración Energética Argentina S.A., empresa que viabilizará los proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución. Además, agrega que Integración Energética tiene la obligación de reinvertir las utilidades provenientes de estos en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años.

“El concepto es que la producción envasada de gas natural es una necesidad transversal a los sectores: tanto para las familias, porque impacta en el precio de las garrafas y energía; y también en la producción porque el gas es un insumo fundamental para la actividad productiva”, aclara Hagman. “Apunta a generar condiciones para el crecimiento y la inversión”, reflexiona Vallejos.

Patria o patrimonio

Detrás de cada una de las asignaciones específicas, la ley se celebra porque significa una transferencia de ingresos que contradice la ruta habitual de ese dinero: la fuga de capitales. La radiografía que realizó la Afip sobre quienes podrían estar afectados por el impuesto, resultó en que apenas 440 personas poseen entre el 6,5 y el 9 por ciento del patrimonio del país; y el 83 por ciento de esos bienes los tienen en el exterior.

“La brecha de desigualdad entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre trepó de 16 a 21 veces en los últimos cuatro años”, explica Vallejos. Y se profundizó en pandemia. Detrás del verdadero impacto del proyecto, que se entiende que no resolverá la situación de desigualdad estructural de la Argentina, está su significante: a partir de hoy el país es un poquito menos injusto.



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El aporte solidario está listo para ser ley | El Senado dio dictamen al proyecto sobre las grandes fortunas



El aporte extraordinario a las grandes fortunas obtuvo dictamen en el Senado y está listo para ser debatido en el recinto. Ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP, precisó que el impuesto finalmente alcanzará a 12 mil personas. Además, desmintió a los empresarios agropecuarios y aseguró que “no será necesario que vendan inmuebles rurales para pagar el aporte”.

El dictamen fue firmado por los senadores del Frente de Todos en la comisión que preside el oficialista Carlos Caserio. No tuvo ninguna modificación respecto a lo aprobado en Diputados. La semana que viene podría convertirse en ley debido a que cuenta con los votos necesarios. Resta definirse si se tratará en la primera sesión extraordinaria, según lo que defina el Ejecutivo, informaron fuentes parlamentarias.

El aporte finalmente alcanzará a 11.855 personas, y no a 9300 como había indicado anteriormente la AFIP. Esto se debe a la “composición de las carteras de los contribuyentes” y a la evolución de la cotización del dólar. “Es más que lo que estábamos estimando hace un par de meses, pero está en línea con lo que había sido la discusión original cuando se empezó a analizar el tema”, indicó Marcó del Pont, sobre las estimaciones que se realizan en base a las declaraciones juradas.

La funcionaria se refirió a la crítica que se realiza desde sectores del empresariado y de Juntos por el Cambio acerca de la doble imposición entre el aporte extraordinario y el impuesto a los bienes personales. “El proyecto grava al 1,2 por ciento del total de los contribuyentes de bienes personales”, aseguró. 

Además, desmintió los argumentos que surgen de las cámaras empresarias. “Estamos gravando patrimonios, no el capital de trabajo de las empresas. Desde el sector agropecuario habían planteado que tendrían que vender sus campos para poder pagar el 2 por ciento de alícuota que plantea el proyecto. Marcó del Pont respondió con datos. Entre quienes hacen declaración de bienes personales, sólo el 17 por ciento tiene inmuebles rurales, que representan, en promedio, el 2,4 por ciento del patrimonio. “Para poner en su verdadera dimensión el alcance, hicimos el ejercicio de qué disponibilidad en promedio tienen esos sectores que declaran inmuebles rurales. Tienen excedentes líquidos financieros que representan 25 veces más el aporte que tienen que realizar”, precisó.

También se refirió a las críticas del establishment y de la oposición acerca de que el Gobierno tiene un sesgo “anti inversión”. Sobre ese punto, resaltó el esfuerzo fiscal del Estado en el pago de salarios con ATP, que lleva siete meses consecutivos. Pero también se refirió a la moratoria, donde ingresaron 500 mil planes de pago por 290 mil millones de pesos. Comparada a la moratoria que había sido aprobada inicialmente en diciembre de 2019, implicó un esfuerzo fiscal extra de 80 mil millones de pesos.

Por el contrario, reiteró que el objetivo del aporte extraordinario es “ofrecer recursos para enfrentar un escenario de emergencia sanitaria, económica y social”. Y destacó la progresividad del aporte, dado que el 55 por ciento de la recaudación total, estimada en 300 mil millones de pesos, será realizada por el 3,2 por ciento de los contribuyentes alcanzados. Se trata de 380 personas que declaran bienes por más de 3000 millones de pesos.

En la composición de los patrimonios alcanzados por el tributo, el 40 por ciento está en moneda extranjera, y de ese monto, el 93 por ciento está fuera de la Argentina. Allí la alícuota será 50 por ciento mayor. “Los tramos en el exterior son más exigentes. Es parte de la naturaleza de este proyecto político, de tratar que esa riqueza que se dolarizó y salió de las fronteras vuelva en parte o haga un aporte mayor a los que tienen su riqueza localizada en nuestro país”, justificó Marcó del Pont.

Por otro lado, la titular de AFIP anticipó que el próximo paso será una reforma tributaria. Recordó que en los últimos 4 años la presión tributaria cayó 3 por ciento. “En simultáneo se dio un proceso de desindustrialización, destrucción del empleo y cierre de empresas”, aseguró. Impuestos progresivos, como bienes personales, pasaron de representar 0,4 por ciento del PBI en 2015 a 0,2 por ciento en 2019, y la intención del Gobierno es que alcancen el 0,7 por ciento del PBI. “Esto no es para la discusión puntual de hoy, pero si la que nos debemos hacia adelante. Lo dejo picando porque en un tiempito nos reencontraremos”, anticipó. 



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Cómo serán las caravanas del Día de la Militancia | Habrá tres movilizaciones en apoyo al impuesto a las grandes fortunas 



Este martes, en homenaje al Día de la Militancia, numerosas organizaciones sociales, agrupaciones políticas y sindicatos marcharán en caravana hacia el Congreso y el Obelisco en apoyo al gobierno nacional y, más específicamente, en apoyo al proyecto de ley de Aporte Social Extraordinario a las Grandes Fortunas que se debatirá ese día en la Cámara de Diputados. Sin un acto unificado, la celebración se dividirá en tres movilizaciones diferentes que tendrán como epicentro en el centro porteño, aunque se espera que la convocatoria también se repita en las principales ciudades del país. 

El 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia en recuerdo al regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras 18 años de exilio en España. La semana pasada el Frente de Todos solicitó una sesión especial para esta misma fecha para tratar el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas, y las manifestaciones de apoyo militante se sumarán a una gran cantidad de voces a favor del proyecto. 

Las movilizaciones previas –del 17 de octubre por el Día de la Lealtad y la del 27 de octubre por el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner– ya habían representado una inyección de energía para el gobierno nacional, tras numerosas marchas opositoras en plena pandemia durante varios meses. El oficialismo buscará repetir el martes esa demostración de fuerza en el espacio que siempre le fue propio: la calle

Con consignas  como “Caravana de las militancias”, “Caravana Federal por el Día de la Militancia” y “Caravanazo al Obelisco”, agrupaciones políticas, sociales y sindicales convocaron en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de respaldar al gobierno de Alberto Fernández, en un contexto signado por la crisis social y económica que agravó la pandemia. 

“Caravana de las militancias”

La Cámpora y el Frente de Todos convocan a las 18 en el Congreso, en apoyo a “las tres leyes muy importantes” que se tratarán a la tarde en Diputados. “Aporte Extraordinario, para que los más ricos ayuden mucho aportando muy poco; Ley de Fuego, para terminar con los incendios provocados por la especulación inmobiliaria y financiera; Ley Yolanda, para capacitar a los funcionarios públicos en el cuidado del ambiente”, detalló La Cámpora en sus redes. 

Para ponerle un poco de condimento, vienen anunciando la fecha como un “Supermartes”, un término que alude a las primarias en los Estados Unidos y que en este caso funciona como guiño a la propia interna dentro del oficialismo (el proyecto del Aporte Solidario fue redactado por Carlos Heller y Máximo Kirchner, pero se le atribuye a Sergio Massa haberlo planchado en los últimos meses).

“Caravana Federal por el Día de la Militancia”

El Movimiento Evita y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones populares, concentran a las 16 en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, para luego marchar también hacia el Congreso. El objetivo es “acompañar la iniciativa del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas”, precisó el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Menéndez. 

La marcha había sido pensada inicialmente como de respaldo al gobierno y con destino a Plaza de Mayo, pero cambió cuando se fijó la sesión especial de Diputados. “Un acto de justicia: que los muy ricos ayuden a les más pobres, que tan mal la están pasando”, publicó el presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini.

“Caravanazo al Obelisco”

El Frente Sindical para el Modelo Nacional, liderado por el sindicalista camionero Hugo Moyano, realizará a las 17 un “Caravanazo al Obelisco”, donde también se espera que participen La Multisectorial 21F y regionales sindicales de la CGT. 

“El martes hay que salir a bancar al proyecto de impuesto a las grandes fortunas y a este gobierno que es el único que puede darle soluciones a los trabajadores”, sostuvo Pablo Moyano en declaraciones radiales.



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Economía y políticas sociales: IFE, novedades en la AUH, aporte de las grandes fortunas  |  La agenda del Gobierno para el fin de año



Se acerca el final del año. Llegan las fiestas, el verano, las vacaciones o lo que se pueda hacer. Acaso luego empiece el regreso a las escuelas en varias provincias. Nada es seguro mientras persista la pandemia, incerteza que incluye cuándo podrá comenzar la vacunación.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recorre despachos con una agenda no del todo convencional, con pinceladas de cotilleo político. Los emisarios partirán para comer pavo en sus hogares, el día de Acción de Gracias.

El Congreso trabaja a todo vapor, dejemos de lado por delicadeza la comparación con la Corte Suprema de Justicia.

  * El presupuesto 2021 aterrizó en el Senado flojito de papeles. Le faltaban planillas anexas con detalle de las inversiones pactadas con las provincias. Tales aportes se negocian a último momento, contrarreloj. Canjes de aprobación por beneficios a los territorios, lícitos y propios del sistema federal. Se repara la torpeza, la ley de leyes seguirá su ruta.

* El aporte solidario extraordinario, alias “impuesto a las grandes fortunas”, llegará por fin al recinto de Diputados el martes. Un tiro para el lado de la justicia. El gravamen lo pagan menos de diez mil multimillonarios, es redistributivo, todo indica que será ley. La derecha autóctona lo resiste distorsionando datos por doquier.

* La fórmula de actualización de las jubilaciones motiva otro debate. El macrismo acusa al Gobierno de ajustar a los jubilados, olvidando sus propios desempeños desde 2008 hasta 2019. El oficialismo regresa al esquema originario de aquel entonces pero retocándolo a la baja, en varios aspectos. La discusión parlamentaria puede mejorar la propuesta. Esta columna roza apenas la cuestión, abordada ayer por David Cufré y hoy por Alfredo Zaiat en este diario. Será objeto de futuras notas, que se nutrirán del debate público.

Se deja sin efecto el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4). También cesaron los subsidios ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) inviables en mediano plazo. Los reemplaza. de modo incompleto, el programa REPRO 2.

El ministro de Economía Martín Guzmán reconoce las necesidades de los perceptores del IFE pero privilegia “mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país”. Asegura que se atenderá a los argentinos necesitados pensando en políticas focalizadas.

En el ínterin se amplía la masa de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se discurre sobre un plus para fin de año. También se aumenta temporariamente la mensualidad de la tarjeta Alimentar.

Vayamos por partes, como proponía el metodólogo don Jack.

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De la anormalidad al futuro impreciso: El Presupuesto prevé crecimiento del PBI y reducción del déficit fiscal. El equipo económico piensa que es irrepetible el esquema de gasto público y emisión del 2020. El incremento de la demanda y la actividad privada, afirman sus funcionarios, suplirán en parte el aporte estatal. El objetivo es razonable o hasta indiscutible en términos generales. Más allá de ortodoxias o heterodoxias es imposible pensar en la emisión monetaria como recurso inacabable y sin contrapartidas. No obstante, aunque se coincidiera con el rumbo. queda en discusión la velocidad elegida. Sin reactivación y crecimiento no hay salida futura de la crisis, vale. Pero en el presente, opina este cronista, disminuir la cobertura social crea el riesgo de desamparar a millones de argentinos porque el crecimiento de los últimos meses es módico, lento y heterogéneo. Queda mucha más gente afuera que en la desoladora situación legada por el macrismo.

Como su nombre lo indica, el IFE es una herramienta de emergencia, rústica si se quiere. En el mediano plazo debe cesar… parece prematuro hacerlo tan pronto, justo a fin de año. La masa de desocupados y pobres se amplió exponencialmente, recorriendo una amplia escala de clases. Las reaperturas no traen recuperación inmediata del nivel de ingresos. El Gobierno observa que aminora la cantidad de pedidos de ayuda alimentaria. La referencia, muy básica, no implica que todos los ex titulares del IFE ya tienen cómo parar la olla. Una preciosa nota de Cristian Navarrete en el portal Panamá cuenta como dos personas crearon sus mini empresas valiéndose de los 10.000 pesos del IFE y de otra plata que tenían o inventaron. “Emprendedurismo pulenta” lo apoda y cuestiona que ahora se los deje colgados del pincel. 

Sin el auxilio del IFE, agregamos, muchedumbres padecerán el final del año, el inicio de 2021.

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Universal is beautiful: A partir de un certero relevamiento estatal se amplió el número de pibas y pibes que reciben la AUH. Este derecho es conceptualmente superior al IFE. Un derecho y no un programa temporario. Universal lo que pone coto a la discrecionalidad o arbitrariedad del estado o de funcionarios.

El alto piso de protección social construido por los gobiernos kirchneristas consagró derechos universales o de un amplísimo nivel de cobertura. Las jubilaciones entre ellos. Se consiguen con trámites gratuitos, en base a requisitos objetivos de sencilla corroboración.
Los beneficios universales añaden otra virtud respecto de los focalizados. Tal vez pecan por “exceso de inclusión”: acogen personas que no lo precisan, siempre en porcentajes bajos… La clásica gente bienuda de la Recoleta que se jubila para indignación de ciertas almas bellas. Puede pasar pero en materia social es peor el “defecto de exclusión”; dejar ciudadanos necesitados a la intemperie. He ahí un flanco débil de las políticas focalizadas.

Otra dificultad imaginable es la demora en implementar las prestaciones. El programa Potenciar Jóvenes –anunciado por el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo– fomenta proyectos productivos de personas de 18 a 29 años. La iniciativa, que fija pagos para un año, es más refinada que la IFE, con objetivos deseables y precisos. El punto es cuánto tardarán en juntarse los beneficiarios con las becas.

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¿Habemus Estado? Abrimos paraguas aunque quizás no llueva: esta nota no propugna la universalidad de todas las políticas sociales. En este plano también deben germinar cien flores, focalizadas entre tantas.

Eso asumido, señalemos otro escollo para instrumentar nuevas o mejorar las existentes. No es usual argumentarlo pero la inscripción en políticas universales en general es comparativamente sencilla. En cambio, la reglamentación, el empadronamiento, el control, el seguimiento de programas focalizados exigen elevado nivel de experticia y capacidades. Justo en un momento de extrema debilidad estatal, por la herencia macrista, por carencias presupuestarias, por la cantidad de personal licenciado, por el funcionamiento en modo remoto y varios etcéteras más. Cualquier medida novedosa (urgente por definición) pondrá a prueba a un Estado desguarnecido.

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Recalculando: Repasemos aunque pueda ser repetitivo. La ampliación del número de titulares de la AUH es un logro, que perdurará. Un reconocimiento de derechos, hasta la mayoría de edad.

Un eventual bono de refuerzo en diciembre atenderá a la carencia, un bienvenido paliativo temporal.
La duplicación de la mensualidad de la tarjeta Alimentar ayudará a las familias a pasar mejor el mes de diciembre. Las madres son sabias administradoras, está comprobado. Corren con desventaja contra la inflación de los alimentos que sigue escalando. Un desafío que el oficialismo no ha conseguido responder debidamente.

El Gobierno analiza aumentar la mensualidad de la tarjeta a partir de enero, para sucesivas mensualidades. Así lo propone Arroyo. La decisión se estudia.

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Cambios para relanzar: Los cambios de funcionarios se niegan hasta que ocurren. Hasta noviembre se habían producidos relevos importantes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la secretaría de Energía, la viceministra de Educación. Le tocó a María Eugenia Bielsa ser la primer ministra a la que se pidió la renuncia. “Pensé que ibas a ser la estrella del Gabinete” le había espetado-advertido el presidente meses atrás. La ex titular de Desarrollo Territorial y Hábitat se estrelló, describen en Olivos y en la Casa Rosada, porque subejecutó los fondos de su cartera, demoró largos meses en completar su propio equipo. No pudo o no supo establecer buenos vínculos con interlocutores imprescindibles: gobernadores, intendentes, sindicalistas vinculados a la construcción. Le faltaron dinamismo, destreza o cintura para dialogar, le reprochan. Y “territorialidad”, un semi neologismo muy en boga en el elenco oficial.

La suplirá Jorge Ferraresi, un intendente revalidado en las urnas. El perfil del alcalde, comentan allegados a Alberto Fernández es similar al de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. La intendencia, agrega este escriba, es un primer mostrador del Estado, formatea para la acción. Katopodis era y es señalado como un funcionario dinámico, siempre dispuesto para atender, ejecutivo. Se lo solía contraponer a Bielsa.

Cerca de Bielsa y en la oposición se chimenta que la ex funcionaria se llevaba mal con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras Ferraresi es uno de sus dirigentes predilectos.

Tal vez las dos versiones converjan o puedan coexistir. Se irá viendo. La construcción y la obra pública con claves en el diseño económico para 2021. Un dinamizador de libro, como preconizaba John Domingo Keynes.

En los mentideros, los cafés y los quinchos se cruzan apuestas sobre futuros cambios en el gabinete. Sin ánimo de entrar en la timba, este cronista supone que los habrá, antes del final del verano. La “territorialidad”, el cambio de escenario y las hiper exigencias que genera la peste catalizan la necesidad y la urgencia.

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Protestas, retos y legitimidades: Por si éramos pocos, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un documento, crítico hacia las recientes medidas del Gobierno. Se combinan recriminaciones específicas con advertencias acerca de posibles derrapes de políticas sociales y laborales. El oficialismo prefirió no responder frontalmente aunque considera que los reproches son entre injustos e inexplicables.

El alerta sobre la doble indemnización y la prohibición de los despidos es ocioso, aseguran en Trabajo porque estaba decidida su prolongación. “Mientras sea necesario” subrayan y acotan: “jamás lo discontinuaríamos en diciembre”. El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) se publicará en el Boletín Oficial la semana próxima.

La advertencia sobre posibles cobros de las vacunas a las Obras Sociales suscitó mayores broncas. En Salud, en Trabajo y en Olivos subrayan que la gratuidad abarca a todos los ciudadanos. Es universal…

Los cuestionamientos a la fórmula de actualización jubilatoria se contestan apuntando que la CGT jamás se interesó en esa agenda ni preparó alguna propuesta.

El Gobierno, repasamos, tiene razón en esas réplicas. Es también cierto que muchos dirigentes cegetistas (no todos) carecen de legitimación y vivieron en letargo demasiado tiempo.

Todo esto asumido, las advertencias generales son válidas. El Gobierno puede caer en la tentación de suponer que cualquier crítica pierde vigor si es cuestionable quien la formula. Un sofisma comunicacional, una tentación simplista.

Empero, las advertencias sobre el recorte del presupuesto, la supresión del IFE, las concesiones a los especuladores de la City, son tan pertinentes como el aval al impuesto a las grandes fortunas o a la ampliación de la AUH.

Se consumó una caída anual record del PBI, que ya tenía dimensión bonsai. Se multiplicaron pobreza y desempleo. Mermó el valor adquisitivo del salario. La catástrofe es planetaria, la Argentina no hace excepción.

 La primera línea del gobierno, presidente incluido, imaginan un crecimiento con forma de V, acelerado desde el punto más bajo. Como canta el enorme Litto Nebbia: ojalá que eso pronto suceda. Pero en el entre tanto es forzoso mantener las ayudas sociales, sostener el consumo popular, poner plata en el bolsillo de los más necesitados. Que a esta altura son más de la mitad de los argentinos porque la reapertura no llegó a transformarse en recuperación.

Desde luego, las perspectivas mejorarían si aminora la pandemia, si llega pronto la vacuna, si comienza a vislumbrarse alguna luz en el horizonte. Nada es seguro en tiempos de peste.

El Gobierno confía en llegar a un buen acuerdo con el FMI mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump comienza a despedirse de la Casa Blanca. Las concesiones que haga o rehúse la Argentina signarán el porvenir. Las recetas de ajuste han sido letales durante décadas, nada indica que eso haya cambiado.

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