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Jujuy: impidieron la ILE a una niña de 12 años | Estaba embarazada de gemelos



En la provincia de Jujuy se privó de una Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años y se la sometió a una microcesárea estando en su segundo trimestre de embarazo de gemelos. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir expresó su preocupación por el estado de salud de la nena, que fue obligada a cursar el embarazo consecuencia de una violación a pesar de que solicitó la interrupción desde que ingresó al sistema de salud público. 

La trabajadora social Marina Ariza, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy, dijo a Salta/12 que tomaron conocimiento del caso la semana pasada y que el hecho les remitió a lo ya sucedido con una niña de la ciudad de San Pedro, que tuvo que padecer una situación similar en enero de 2019. 

“No podíamos creer que se tratase de una situación similar”, dado que en la provincia existen efectores de salud garantes del acceso a la ILE y que podrían haber dado una respuesta inmediata a la situación, dijo. La nena es oriunda del departamento El Carmen, a unos 37 kilómetros de San Salvador de Jujuy

De acuerdo a la información a la que pudieron acceder las integrantes de la Red de Profesionales, la niña ingresó al Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la capital jujeña al menos hace una semana y ya cursando un embarazo avanzado en su segundo trimestre.

Ariza contó que la nena “desde el minuto cero solicita la ILE”, por lo que “sentimos que hubo una vulneración espantosa por parte del Estado”. “Efectivamente, había solicitado la ILE en sus términos y desde la Provincia se dilató la resolución del caso para lograr una maduración fetal”, reiteró. 

En el comunicado que difundió la Red de Profesionales se indicó que la Dirección Nacional de Salud Sexual ofreció resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña. Entre las alternativas estuvo trasladarla a otra provincia para practicar la interrupción.

No obstante, las autoridades a cargo del Ministerio de Salud de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizar el derecho a la ILE. Este medio intentó contactarse con la principal autoridad de la cartera, Gustavo Bouhid, y con el secretario de Salud, Pablo Jure, pero no obtuvo respuestas.

Tras esta decisión por parte de las autoridades jujeñas, se programó una microcesárea, que se realizó el domingo pasado. “No fue una ILE, sino fue una cesárea post maduración fetal con la única intención que esos fetos tengan posibilidades de vida, desestimando la salud física y emocional de la niña“, cuestionó la trabajadora social. 

Ariza señaló que la mayoría de los trabajadores del Hospital Materno son objetores de consciencia y que por ese motivo siempre se convocaba a la Red. Sin embargo, “en este caso nunca nos convocaron y lo que decidieron hacer es dilatar los tiempos y obstaculizaron el acceso a la ILE”, denunció la profesional.

La Red afirmó que si se tiene en cuenta “el altísimo riesgo obstétrico y vital que corre una niña embarazada siendo menor de 13 años” sumado a las consecuencias psicoemocionales que podrían generarle “el dar a luz algo que ha sido impuesto violentamente sobre su cuerpo y su vida, reafirmamos cuánto hay de cierto cuando hablamos de maternidades forzadas”.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, la niña de El Carmen no cuenta con adultos que la acompañen, dado que existe una situación judicial entre sus progenitores. Actualmente está bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores, por lo que el Estado “resulta su adulto referente”, manifestó Ariza. 

Sin embargo, “es el mismo Estado que vulnera la vida de esta niña”, que con la cesárea dilató la resolución del caso. La profesional explicó que extender el embarazo una semana representa un “montón” porque desde el segundo trimestre, el crecimiento fetal es de 200 gramos por día. “Cada día se hace la diferencia y acá no se llamó al equipo garante ni bien se tomó conocimiento del caso y se puso en peligro la vida de la niña”, cuestionó. 

La Red repudió que no se contemplen “los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas también desde el Estado”. E instó a que se respeten los derechos vigentes en el Código Penal, los protocolos ILE y los convenios a favor de una vida libre de violencias para niños, niñas y adolescentes.

Sin decisión política

Jujuy está adherida al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y además, desarrolló un protocolo específico junto a Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñes y adolescentes menores de 15 años.

Para Ariza, la Provincia no respetó los compromisos asumidos en la confección de este último protocolo. “Se hubiese podido realizar la ILE si hubiese habido decisión política”, repudió.

La trabajadora social dijo que la nena “físicamente está bien” después de la intervención quirúrgica, pero cuestionó que si se entiende a la salud desde una perspectiva integral y no sólo física, “sabemos que su estado es complejo”. “No sólo por sus condiciones de vida, en donde existe abandono, sino por la suerte de vulneraciones que se dieron en estos días”, argumentó. 

La Red de Profesionales dijo que lo sucedido representa una anulación de los derechos de la niña, negando el riesgo integral para su vida. “Avasallar la subjetividad, convertirla en una incubadora y realizarle una cesárea, no es garantizar su salud integral”, expresó. También sostuvo que “realizar una cesárea que implica una inscripción y una cicatriz indeleble en el cuerpo de una niña, es condenarla a recordar una maternidad forzada e impuesta para siempre”.

Cuando se conoció el caso de la niña de San Pedro, la Red realizó una propuesta a las autoridades del Ministerio de Salud de Jujuy “para dar respuesta a estas situaciones donde las niñas entran en un gris complicado debido a que no llegan, en general, (al sistema de salud) durante el primer trimestre”, dijo la trabajadora social. 

La razón se debe a que los casos son consecuencia de violaciones y se demora en lograr la visibilización. Esto lleva a que las instituciones públicas tomen conocimiento generalmente ya comenzada la semana 13, es decir, con el segundo trimestre en curso. Pero las autoridades sanitarias no tuvieron en cuenta la propuesta elaborada por las profesionales.

Ariza añadió al reclamo que se haya “filtrado” en distintos medios la situación de la nena, impidiendo que se preserve su confidencialidad como paciente. Y recordó que las redes sociales de la Red de Profesionales de Jujuy, tanto de Facebook como de Instagram, están abiertas a consultas y acompañamientos a quienes deseen interrumpir sus embarazos no deseados. 



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Lanzan la investigación federal “Los derechos no se aíslan” | 24 historias sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en pandemia



La ONG Chicas Poderosas Argentina lanzó su investigación “Los derechos no se aíslan”, un conjunto de historias contadas en diversos formatos sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de coronavirus en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación tuvo como objetivo conocer cómo las mujeres y las personas LGBTIQ+ del territorio argentino accedieron a sus derechos de salud sexual y reproductiva, es decir, la interrupción legal del embarazo (ILE), la anticoncepción y la educación sexual integral (ESI) en el marco de la pandemia”, explicó Nicole Martin, directora de proyecto.

“Los derechos no se aíslan” está compuesta de 24 crónicas, de videos, podcasts, infografías, visualizaciones de datos e ilustraciones disponibles en el sitio web www.losderechosnoseaislan.com. Las protagonistas de las historias cuentan la dificultad que tuvieron para acceder a sus derechos ya sea durante el parto, en contextos de encierro, siendo mujeres indígenas o personas que debían conseguir su medicación para el VIH, entre otras cosas.

“Los principales obstáculos a los que se enfrentaron les protagonistas de nuestras historias tuvieron que ver con circunstancias de la pandemia, pero también con violencias y vulneraciones desde hace mucho tiempo. La pandemia sumó barreras a un sistema que ya estaba lejos de facilitar el pleno ejercicio de derechos”, sostuvo Martin.

La coordinadora del proyecto, además, señaló que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio “aumentaron las ILE en aquellas provincias que adhirieron al protocolo de 2019”, pero que incluso en esas jurisdicciones se siguen registrando muertes de mujeres por abortos clandestinos. “En la Ciudad de Buenos Aires se registraron dos muertes por abortos inseguros”, lamentó.

Asimismo, destacó que la investigación comprobó que aumentó la distribución estatal de misoprostol, pero que de todas formas “el movimiento feminista sigue siendo el garante del acceso a la ILE” porque la agrupación Socorristas en Red sigue acompañando a aquellas personas que interrumpen sus embarazos.

“Los derechos no se aíslan” fue realizada con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental (IPPFRHO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina (UNFPA Argentina) y contó con la participación de 45 periodistas de todas las provincias del país. 



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ILE: Recurso ante Casación para dejar sin efecto el fallo que llamó “sicarios” a los médicos  | La UFEM y la Fiscalía General presentaron el reclamo y cuestionaron a los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi



El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso ante la Cámara de Casación para deje sin efecto lo ordenado por los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, que habían denunciado a funcionarios y organismos que garantizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña abusada sexualmente. El organismo consideró que el fallo de los jueces desconoce la letra del Código Penal y criminaliza a quienes intervinieron en la atención, y además revictimiza a la niña: “la pretensión de investigar el homicidio o aborto prenatal en función de la interrupción legal del embarazo no solo constituye un ejercicio irracional y abusivo de la jurisdicción, sino que implica una nueva revictimización para la niña que permanecería ligada al sistema penal, en el mejor de los casos, como testigo”. Los argumentos invocados por los jueces fueron considerados irracionales y arbitrarios; constituyen “violencia institucional contra la víctima del delito” y suponen un acto de “gravedad institucional” por sus efectos en otros casos ya que intenta obstruir el acceso a una práctica autorizada por la ley.

El recurso fue presentado ayer por María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General Nº30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM)

Este lunes Página/12 reveló que Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos. Los jueces no solo cuestionaron la “interrupción legal del embarazo” (ILE) sino que llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos.

“La decisión cuestionada criminaliza las conductas de todas aquellas personas que hayan intervenido en la práctica realizada a una víctima de un grave delito de abuso sexual, menor de edad. Entre ellas, a la propia víctima y a su familia, a los efectores de salud, operadores y operadoras judiciales, personal de agencias interdisciplinarias del Poder Ejecutivo, entre otras. Y se formaliza la criminalización aun cuando esa conducta está expresamente permitida por el artículo 86, inciso 2, del Código Penal que establece una autorización legal para interrumpir un embarazo cuando éste sea consecuencia de una violación sexual”, plantearon las fiscales.

El recurso encontró evidente que los jueces del Tribunal interpretaron la ley “de modo contrario a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina al suscribir tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas” y a la interpretación que le diera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL. El voto cuestionado “desconoce la letra del Código Penal, en tanto, aun dando por probada la violación sexual a la niña (a tal punto de imponer una condena al acusado por ello), de todos modos, afirma que en el caso no se debe aplicar la autorización del artículo 86 para interrumpir un embarazo producido por esa violación”.

Consideraron además que hay “manifiesta arbitrariedad” en los argumentos invocados. Y que el razonamiento usado por Anzoátegui y Rizzi desconoce no solo el modo en que se encuentra regulado el aborto sino, por otro lado, “que conforme a las reglas generales establecidas en el artículo 34 del Código Penal, no toda afectación al bien jurídico “vida” es sancionada penalmente y el Estado debe renunciar a la aplicación de una pena cuando se den los presupuestos para considerar que una conducta no es típica, o cuando se encuentra justificada, o cuando la persona acusada no sea culpable o incluso por razones de política criminal”. Por todo esto, dicen las fiscales, “resulta irrazonable la pretensión de incriminar a quienes hayan intervenido en su realización, debido a que su participación en la realización de un aborto no punible, en todo caso, se impone como un mandato legal que no pueden ni deben omitir”.

Luego, el recurso se detiene en lo que llama un caso sin precedentes de violencia institucional y de revictimización. Esto partiendo del hecho de que la sentencia que dio por probada la violación por la que se produjo el embarazo interrumpido pretende al mismo tiempo “someter nuevamente a la niña y a quienes la acompañaron en el proceso de interrupción legal del embarazo, a un nuevo proceso judicial, pero esta vez transformando a la víctima en potencial acusada y pretendiendo criminalizar las acciones de asistencia judicial y médica que se desplegaron para asistir a esa niña”.

Por último, plantearon que el voto de estos jueces constituye un caso de gravedad institucional. La obstaculización del derecho a la ILE “puede acarrear responsabilidad internacional del Estado argentino, por encontrarse involucrado el adecuado cumplimiento del deber estatal de protección de toda víctima de esta clase de hechos en cuanto obliga a brindarle atención médica integral, tanto de emergencia como de forma continuada”, señalaron. Además lo consideraron así por el impacto negativo que pueden tener este tipo de fallos para otros casos en que se acceda a la interrupción legal del embarazo, tanto para las víctimas que requieran de la práctica, como para quienes tengan que garantizarla.

Las reacciones al voto antiderechos de estos jueces se sucedieron también por parte de organizaciones de la sociedad civil, del movimiento de mujeres y judiciales. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad expresó ayer que “la Justicia no puede amedrentar a los efectores de la salud que cumplen con la obligación de garantizar el acceso a este derecho, y debe incorporar la perspectiva de género en su accionar y garantizar los derechos que establece la Constitución”. Por otro lado, se siguen sumando rechazos, entre ellos, una declaración impulsada desde dentro del Poder Judicial -a la que se sumaron abogadas de la Asociación de Abogados/as Laboralistas- que rechazó el fallo al considerarlo plagado de “ideología machista” y que “retrograda de manera inaceptable los derechos de las mujeres (negados durante siglos)”, y reclamó a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura de la Nación que insten a estos jueces al cumplimiento de la capacitación instituida por la ley Nº 27.499 (Ley Micaela).

Tanto Rizzi como Anzoátegui habían sido recusados este año por transfóbicos y machistas en una causa en la que estaba imputada una mujer trans. 



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Aborto: una chica cuenta el trato cruel que sufrió en el hospital  | “No quiero que ninguna otra persona pase por lo mismo”, dijo la joven a Página/12



V. tiene 19 años y es estudiante en un instituto terciario en Villa María, provincia de Córdoba. A principios de setiembre fue derivada desde el 0800 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable al Hospital Materno Neonatal Ramon Carrillo, ubicado en la ciudad de Córdoba, para someterse a una interrupción legal de embarazo (ILE). Se la hicieron con medicamentos, aunque ella pidió expresamente que le practicaran un legrado porque ya había hecho tres intentos, sin éxito, con pastillas, con el acompañamiento de una socorrista. “Si es necesario que esté tres semanas internada usando la medicación, te quedarás tres semanas”, la respondió con mal tono una médica ginecóloga, el jueves 3 de setiembre, antes de suministrarle el tratamiento, según contó la adolescente a Página/12. A la madrugada siguiente, finalmente, pudo interrumpir la gestación. “Cuando me senté en las silla de ruedas para ir al quirófano donde me harían un legrado (para terminar el procedimiento), me pusieron en la falda una bandeja con un frasco que contenía el producto del aborto conservado en formol. Mientras íbamos al quirófano me dijeron que iban a llevar al feto a análisis patológicos y que podía pedir los informes en 15 días, incluso para conocer el sexo”, relató a este diario. “No bajé la cabeza nunca más. No podía verlo. Por más que yo haya decidido abortar, no tenían que obligarme a eso: lo cuento porque no quiero que ninguna otra persona pase por lo mismo. Fue muy violento el trato que recibí durante toda la atención”, contó V.

Esta semana, V. con el asesoramiento de una abogada feminista, presentará una nota con el relato de los hechos ante el hospital, que depende de la provincia de Córdoba, y en las áreas de Salud Sexual y Reproductiva de Córdoba y de Nación. Página/12 intentó consultar sobre el caso al ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, pero una de las encargadas de prensa del área respondió que “estaba complicado de agenda”.

Hacía tiempo que no escuchaba un relato cargado de tanta crueldad. Lo que vivió V. es violencia institucional, trato deshumanizado y cruel”, consideró en diálogo con este diario Ruth Zurbriggen, feminista de Neuquén, e integrante de Socorristas en Red, una colectiva que acompañan a mujeres y personas con capacidad de gestar en situación de aborto en todo el país. “No queremos que quienes garantizan una interrupción legal del embarazo lo hagan a cualquier precio. Y con el plan siniestro de dejar las marcas del maltrato tatuada en los cuerpos. Porque no es ingenuo lo que hicieron. Es parte intencional. Hay ahí una pedagogía y puede que se asiente en “hago lo que quiero porque no rindo cuentas””, cuestionó Zurbrieggen.

V. contó a este diario que tuvo tres intentos de abortar con pastillas que no funcionaron, siempre con el acompañamiento de Cecilia Rivera, socorrista de Villa María, donde ella vive. El primero lo hizo cuando llevaba unas siete semanas de gestación. Al no poder interrumpir el embarazo, a pesar de seguir el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud con medicamentos, a fines de agosto decidieron llamar al 0800-222-3444 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ya estaba de 13 semanas. La derivaron entonces al Hospital Materno Neonatal, de la ciudad de Córdoba, donde realizan ILE durante el segundo semestre de embarazo. “Nunca tuve dudas de que quería abortar”, dice la joven. La socorrista viajó con ella el miércoles 2 de setiembre desde Villa María a la capital provincial y la acompañó hasta el Hospital. V ingresó por el área de Trabajo Social, donde tuvo la primera entrevista para iniciar la solicitud de ILE con una trabajadora social y luego con una psicóloga. “Hasta ahí todo resultó bien”, contó Rivera.

Después la derivaron a la guardia ginecológica. “Sin recibir ningún tipo de consejería sobre las posibilidades de llevar adelante el aborto, me mandaron a la parte de internaciones. Me informaron que tenía que hacerme un hisopado de covid-19 y que ese resultado podía demorar entre 24 y 36 horas, que mientras tanto debía permanecer en aislamiento preventivo. Ese primer día las violencias fueron desde no explicarme por qué la opción con pastillas era la adecuada hasta no darme agua por más de 10 horas, ni permitir que se me enviara desde afuera del hospital nada a la habitación, ni comida ni agua. Me empezaron a aplicar misoprostol, una pastilla vía vaginal y otra vía sublingual, cada 3 a 6 horas”, contó V.

Al día siguiente, el jueves 3 de septiembre “una ginecóloga se presentó en mi habitación diciendo que la única opción que tenía para abortar era con misoprostol y que si era necesario que –y cito textual– ‘estés 3 semanas internada usando la medicación, te quedarás tres semanas’ . A través del 0800 y de la Red de Socorristas se hicieron reclamos y como respuesta me informaron que me iban a hacer una microcesárea al día siguiente, obviamente sin detenerse un segundo a explicarme de qué se trataba esa intervención, qué cicatrices me podía dejar, qué cantidad de días me llevaría reponerme. No me dieron ninguna información clara y precisa”, señaló V.
Ya en la madrugada del viernes se produjo el aborto con las pastillas. “Como nadie del hospital respondía a mi llamado, me comuniqué con Ceci (la socorrista) para contarle, intercambiamos un par de mensajes y me quedé tranquila porque todo indicaba que ya había abortado”, sigue el relato de la adolescente.

Demoraron en comprobar la interrupción del embarazo, a pesar de sus insistentes llamados desde la habitación, dice V. Finalmente la llevaron a realizar una ecografía que confirmó el procedimiento, pero debían finalizarlo con un legrado. “A las 22 del viernes me llevaron al quirófano para realizarme un legrado. Cuando me senté en las silla de ruedas me pusieron en la falda una bandeja con un frasquito que contenía el producto del aborto conservado en formol. Me dijeron que iban a llevar al feto a análisis patológicos y que podía pedir los informes en 15 días, incluso para conocer el sexo”.
El sábado el resultado del hisopado realizado el miércoles continuaba sin llegar. “El domingo por la mañana la enfermera que estaba a cargo del sector de aislamiento vino a decirme que las enfermeras estaban a favor de la vida y que no estaban de acuerdo con lo que había hecho, me dijo que había quitado una vida, que había un corazón latiendo y que eran tantas semanas que ya se podía identificar, que debería haber desistido de la decisión de abortar y que seguramente el hisopado se estaba demorando porque nadie estaba de acuerdo con lo que ‘había hecho’, que ‘quitar una vida’ no estaba bien”.

A la noche del domingo, alrededor de las 21.30, “me dijeron que había llegado el resultado del hisopado –habíamos reclamado en el COE a la tarde– y que era negativo, que por fin el lunes por la mañana me darían el alta”. Al rato la buscaron para trasladarla a una habitación: para terminar de violentarla, la hicieron pasar la última noche con una mujer que acaba de parir y su bebé. En total, estuvo cinco días internada, sola. 

“Vamos a acompañar el reclamo administrativo de V. porque no queremos que nadie más tenga que pasar por esto. Cuántas mujeres habrán pasado lo de ella y ni siquiera han tenido la posibilidad de la queja, del reclamo. Asusta pensarlo”, dice Ruth Zurbriggen, de Socorristas en Red. 



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Aborto: la Legislatura aprobó la adhesión al protocolo ILE | Derogado durante el macrismo, fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019



La Legislatura porteña aprobó este jueves la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y diputadas.

“La adhesión (al protocolo ILE) es un paso más en la Ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres”, dijo la diputada Patricia Vischi, de UCR-Evolución, quien fue la primera oradora del debate y es presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura. Vischi también destacó que el proyecto de ley tuvo el apoyo “transversal de todas las fuerzas políticas” y que la decisión fue tomada “en articulación con la sociedad civil”.

El proyecto para la adhesión al protocolo ILE fue presentado en febrero último por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60.

Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos presentes en la Legislatura porteña: Vamos Juntos (VJ), Frente de todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.

Sin embargo, la postura de cada bloque no fue unánime y, entre los diputados que no apoyaron la adhesión se encuentra Guillermo González Heredia (VJ), quien se definió como “el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste”. “¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo”, sostuvo.

De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, “se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección”. En cambio, las niñas menores de 13 años “podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado”.

Al respecto, Manuela Thourte (UCR-Evolución), apuntó que “el 90% de los casos de abuso sexual contra niñas son por parte de alguien del entorno familiar, por lo que mal podrían ir a acceder a una ILE con sus padres”.

El protocolo ILE establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 –y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012–, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

En este sentido, Laura Velasco (FdT) afirmó en la sesión, durante el debate, que en Argentina “cada tres horas una menor es madre” y que en la mayoría de los casos, son niñas y adolescentes que sufren situaciones de “violencia intrafamiliar”. Y luego agregó: “Vamos por la soberanía sobre nuestros cuerpos, sabiendo que son las más pobres y las más jóvenes quienes mueren por aborto clandestino”.

Lucía Romano (VJ), por su parte, mencionó que en el caso de los embarazos que son resultado de una violación, para acceder a la ILE “no hace falta hacer denuncia penal, alcanza con una declaración jurada”. Y, respecto a las adolescentes de entre 13 y 16 años, Romano mencionó que el Código Civil de la Nación, reformado en 2015, “reconoce su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo”.

Entre las voces que se opusieron al protocolo ILE también se encontró la de Carolina Estebarena (VJ), quien consideró que “se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar y para eso hay que dar educación y contención”, y pidió al Estado “considerar esa tarea y no dejarla solo en manos de las ONG”.

En este sentido, el protocolo establece que el acceso a la ILE “implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la persona titular del derecho”, a quien “el equipo de salud debe brindarle la información necesaria, en lenguaje claro, no sesgada y accesible”. El resultado de ese “proceso de consentimiento informado –agrega– es el documento por el cual, luego de recibir la información pertinente, la persona manifiesta haber decidido en forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos”.

También participó del debate Ofelia Fernández (FdT), quien afirmó que “en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y parir”, y agregó que “la ILE ya es un derecho y este protocolo viene a terminar con las restricciones” que impiden acceder a esta práctica.

El protocolo nacional al que adhirió este jueves la Ciudad fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019, ya que había sido derogado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo. Como consecuencia, regía en la Ciudad un protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ana María Bou Pérez (VJ) fue una de las últimas oradoras, y afirmó que “mas allá de las diferencia, el Estado tiene que estar siempre presente en cuestiones de salud”.

Actualmente, las provincias de San Juan, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes no tienen protocolo propio ni adhesión al que rige desde 2019, según un relevamiento de la Campaña.



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Aborto: La Legislatura vota en estos momentos la adhesión al protocolo ILE | La Campaña Nacional convoca a un tuitazo



La Legislatura Porteña se dispone en este momento a votar la normativa que adoptará frente al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) aprobado en diciembre del año pasado por el Ministerio nacional de Salud. “Es una de las pocas ciudades que no tiene un protocolo afín al fallo FAL”, advirtió Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El debate comenzó a principios de junio
, cuando la Legislatura realizó una reunión informativa respecto de la normativa. Ese día, agrupaciones anti derechos se manifestaron frente al edificio de Perú 160 para reclamar por el tratamiento del tema. Sin embargo, la sesión pudo llevarse a cabo, y este jueves continúa el debate en la sesión virtual de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La Campaña convocó un “tuitazo” a partir de las 11 de la mañana para exigir la “adherencia de la Ciudad de Buenos Aires al Protocolo de Aborto de Nación, sin modificaciones restrictivas”. En este sentido, Schvartzman señaló que “la sesión de hoy es fundamental para garantizar una práctica que es legal desde 1921” y aclaró que “esto no es una deuda sino una práctica que ya se está llevando a cabo, la deuda es la Ley de interrupción voluntaria del embarazo”. Según la referente de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la manifestación en redes es una forma de “aportar fuerza y energía para presionar porque no podemos estar en la calle”.

El protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo a nivel nacional fue emitido en diciembre pasado por la cartera sanitaria a poco de asumir el ministro Ginés González García, como eje de “una política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva”.

“Se trata de reafirmar un marco legal existente”, afirmó Schvartzman, y a su vez de que “los y las profesionales que llevan a cabo las prácticas puedan trabajar con más tranquilidad, así como que haya políticas públicas que sostengan este derecho”.

Informe: Lorena Bermejo.



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