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El fantasma del ajuste | Medidas específicas y cifras del presupuesto desmienten la idea de contracción del gasto público y del sistema jubilatorio



Las condiciones sociales y laborales son muy malas y las perspectivas de recuperación no serán inmediatas. Es una evaluación que no alcanza sólo para la situación argentina sino que es a nivel global, coinciden economistas internacionales y organismos multilaterales.

La mayor o menor capacidad de los países de alcanzar el mismo nivel de bienestar general prepandemia depende de la fortaleza económica y financiera previa. La economía argentina no cuenta con ese activo. Por el contrario, arrastra la crisis macrista que el coronavirus profundizó.

Tal es la magnitud del desastre acumulado que el objetivo de regresar a principios de diciembre es ambicioso. Se sabe que la herencia del último ciclo neoliberal no se puede reparar en un año y mucho menos cuando es uno de pandemia.

La tarea por delante entonces es más compleja. Esto no debería ser motivo de grandes debates teniendo en cuenta que todavía se sigue padeciendo la desestructuración productiva en los años de la dictadura cívico-militar y la privatización de servicios públicos básicos durante la década del noventa. Los experimentos neoliberales dejan una estela de larga duración.

Pero el inmenso dispositivo de derecha lo ignora con una impunidad asombrosa. Sus análisis y reclamos se despliegan como si no hubiese existido el fiasco económico del gobierno de Cambiemos y como si en el 2020 la devastación del coronavirus hubiese sido un invento de infectólogos.

La mentira del ajuste

El endeudamiento desaforado y el reingreso del FMI en la economía local serán una carga pesada que la condicionará en los próximos años. Deducir de esta situación dramática que las medidas de reparación, que resulta evidente que son insuficientes para una inmediata recomposición, son parte de un plan de ajuste es otra muestra más de la persistente estrategia de confusión deliberada.

El artículo del domingo pasado La mentira del ajuste generó bastante incomodidad, lo que se reflejó en reacciones más crispadas que las habituales. En general suelen suceder esas respuestas cuando el deseo o preconceptos ignoran, además de los contextos local y externo, las cifras. En definitiva, cuando el objetivo es rebatir fantasmas de otros.

Decir que no hay un ajuste en marcha no significa desconocer que el cuadro social y laboral sea pésimo, además de identificar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica. Estos exigen amigarse con una cuota de rigurosidad analítica y saber discriminar la orientación de las políticas.

La evidencia histórica revela que las experiencias neoliberales son partidarias del ajuste, mientras que gobiernos nacionales y populares, que la vulgata denomina despectivamente “populistas”, impulsan políticas expansivas. El debate podría ser cuál es la intensidad y velocidad de aplicación, pero ha quedado demostrado que eluden el ajuste como columna vertebral de la gestión.

Esto muestra la historia reciente, sin embargo algunos piensan que cualquier medida siempre será un ajuste –no una revolución- permanente. Diferente es la derecha y sus voceros que tienen como política central el ajuste permanente y ahora hablan de un ajuste cuando no lo es.

Los primeros forman parte de una opción política invariable, en cambio los segundos exhiben un grado de impunidad máximo.

Reconstrucción

En ese sentido, uno de los principales escenarios de disputa es el régimen jubilatorio.

El largo proceso de reconstrucción del sistema previsional desde el 2003 fue demolido en cuatro años de macrismo. Ocultarlo en la actual situación de crisis no colabora para la comprensión del sendero necesario para recuperarlo.

En forma breve, en poco tiempo la alianza Cambiemos debilitó la estructura del PAMI, redujo las prestaciones médicas y de medicamentos a los jubilados, endeudó a los jubilados a tasas elevadas, licuó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“la plata de los jubilados”), debilitó la solvencia del sistema con la denominada “Reparación histórica” (medida que sólo benefició un poco a haberes medios para arriba) y modificó la movilidad para deprimir los ingresos de los jubilados.

En estos meses, antes de la presentación de la nueva movilidad, el gobierno de Alberto Fernández impulsó medidas iniciales de reparación del ecosistema previsional. Entre ellas, se destacan que el PAMI volvió a cubrir el ciento por ciento de medicamentos y reincorporó prestaciones médicas, los jubilados recibieron bonos para mejorar un poco sus ingresos y aumentos por decretos que en el caso de las mínima superan en total a la inflación acumulada, y se suspendió el pago de intereses y se redujo la tasa de interés de los créditos Argenta.

Gran parte de los jubilados forma parte de uno de los sectores más castigados. La clave pasa entonces por distinguir entre políticas que buscan mejorar su situación relativa o las que pretenden reducir el gasto previsional.

La evidencia en cifras y en medidas revela que los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y el actual de Alberto Fernández tratan de recuperar la capacidad de compra de los jubilados. Es obvio que es insuficiente por la brutalidad del ajuste macrista pero igualar ambos senderos solo colabora a la confusión general.

Movilidad

El más reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA se refiere a la propuesta de recuperar el esquema de la fórmula de movilidad de los gobiernos de CFK.

Con ajustes semestrales y con rezagos acotados en las variables, se basa en un 50 por ciento en la variación de los salarios registrados (Ripte) y en otro 50 por ciento en la variación de la recaudación tributaria de la Anses dividida por la cantidad de beneficios. A su vez, se establece un tope a los incrementos, que no podrán superar en más de 3 por ciento la variación de la recaudación total de la Anses por beneficio en los últimos 12 meses.

El reporte analiza la evolución de la jubilación mínima desde la crisis final de la convertibilidad en 2001-2002, destacando que el período de fuerte recuperación del poder adquisitivo fue consecuencia de sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo, con anterioridad a la vigencia de una ley de movilidad automática.

Tras la ley sancionada a fines de 2008 las jubilaciones tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3 por ciento en términos reales entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos modificó la fórmula.

Apunta que en esa oportunidad se argumentó que el cambio favorecería el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones pero la práctica demostró que no fue así. Por el contrario, se perdió un 14,5 por ciento en términos reales en la jubilación mínima mientras esa fórmula basada en el IPC y los salarios estuvo vigente.

El informe Cifra-CTA precisa que en 2020, con la movilidad automática suspendida y con incrementos definidos por el Poder Ejecutivo, logró aumentarse levemente el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. Hasta septiembre, antes del último aumento informado que será del 5 por ciento, el acumulado del año era de 5,4 por ciento.

Propuesta

Los economistas de Cifra-CTA explican que el cambio propuesto permitirá que las jubilaciones avancen siempre y cuando mejoren los salarios y la recaudación de la seguridad social, que en definitiva depende de la evolución de las remuneraciones y el crecimiento de los puestos registrados.

Advierten que el contexto de mejora económica y del mercado laboral es condición necesaria para que las jubilaciones se recuperen de modo sustentable, para proponer que “sería deseable complementar la propuesta con un piso que limite las posibles caídas de poder adquisitivo en los haberes en momentos recesivos”.

A la vez, señalan que las jubilaciones vienen siendo golpeadas en los últimos años, estimando que en octubre de este año el poder adquisitivo del haber mínimo quedó 18,8 por ciento por debajo del previo al gobierno de Cambiemos. Con esa base, sugieren que “sería deseable que se incrementen los haberes en forma previa a la aplicación de la fórmula propuesta“. 

O sea, cualquier análisis riguroso reconoce que la fórmula de movilidad propuesta puede mejorar el haber por encima de la inflación, siendo superior que la de Macri. La clave es cómo recuperar la pérdida acumulada durante el macrismo. Es probable que sea en algunos años, con crecimiento económico, pero las necesidades inmediatas demandan una recomposición más rápida, que además actuaría como factor de fortalecimiento de la demanda interna. De ese modo se aceleraría el crecimiento en un círculo virtuoso de mejora de los ingresos de un sector castigado.

Cifras vs. “ajuste”

Un ajuste sería que las jubilaciones mínimas no empaten la tasa de inflación de este año y, con el último aumento anunciado del 5 por ciento, lo más probable es que pueda estar uno o dos puntos por encima o equilibradas, dependiendo de la evolución de los precios en el último bimestre. Un bono de fin de año brindaría un poco de alivio. Esta eventual medida como otras ya anunciadas debería haber sido detallada en el momento que se informó la discontinuidad del IFE.

Fue un error no forzado del Gobierno, que en los días siguiente corrigió. Error incomprensible teniendo en cuenta que en este año implementó una serie de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de los hogares y los sectores productivos más afectados.

Se dispusieron medidas sociales específicas para la atención de la emergencia que resultaron de excepción, pero también se reforzaron y adecuaron programas sociales ya existentes. El presupuesto estimado de este año para la atención de gastos primarios de la Administración Pública Nacional registró un incremento real de 19,7 por ciento respecto al monto ejecutado en 2019.

En términos de participación sobre PIB, el gasto primario estimado para 2020 representa un 23,9 por ciento del Producto, un aumento de 6,0 puntos porcentuales respecto de 2019. Por su parte, el gasto primario del proyecto de Presupuesto 2021 evidencia una variación interanual real del 7,6 por ciento con respecto al Presupuesto estimado para 2020 (neto de gastos covid) y del 8,4 por ciento respecto de 2019.

El incremento de esa participación resulta más que significativo puesto que se realiza sobre una previsión de crecimiento real del Producto para el próximo año de 5,5 por ciento.

Red de emergencia

El gobierno desplegó a lo largo de este año una amplia red de emergencia y tiene previsto continuarla con adaptaciones el año próximo. Entre las principales medidas se destacan:

* Las Asignaciones Familiares y las Asignaciones Universales para Protección Social (AUH y AUE) representan en 2020 un gasto total de 395.000 millones de pesos (1,5 por ciento del PIB) y alcanzan a cubrir a más de 8,8 millones de niños y niñas. Los beneficiaros de la AUH recibieron un bono extraordinario en abril de 3100 pesos. Se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 niños y niñas a la AUH, alcanzando una cobertura total de más de 9,5 millones. Para 2021 el presupuesto contempla para estas asignaciones un monto de 485.000 millones de pesos.

* En este año se destinaron 270.000 millones de pesos (1 por ciento del PIB) al pago del IFE, alcanzando una cobertura de casi 9 millones de personas.

* Entre abril y octubre, se destinó cerca de 220.000 millones de pesos (0,8 por ciento del PIB) al pago de salarios del sector privado vía ATP. Ya se habilitó la inscripción para el programa de este mes. Las empresas de sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia podrán recibir créditos a tasa subsidiada con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas para su devolución.

* Se otorgaron 565.200 créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, entre abril y octubre, por un monto total de 61.498 millones de pesos.

* Se entregaron 107.000 créditos para pymes a una tasa subsidiada del 24 por ciento por un total de 486.115 millones de pesos.

* A través del ATP también se redujeron o postergaron las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de ingresos de las empresas y el aumento del desempleo, y se fortalecieron las asignaciones para el gasto por prestaciones del seguro de desempleo, que se elevó a un mínimo de 6000 pesos y un máximo de 10.000 pesos, alcanzando a cerca de 120.000 personas desocupadas sin ningún beneficio previsional o prestación no contributiva. Estas medidas tuvieron un costo fiscal estimado para 2020 de 88.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB). Para el año próximo se prevé una asignación para el seguro de desempleo de 15.200 millones de pesos.

* A través de la Tarjeta AlimentAR se brinda asistencia a más de 1,5 millones de familias que perciben la AUH/AUE con hijos e hijas de 6 años en situación de vulnerabilidad o discapacitados sin límite de edad, alcanzando una cobertura aproximada de 2,9 millones de niñas y niños. Además, se brinda asistencia alimentaria a través del complemento alimentario y la asistencia de cerca de 22.500 comedores escolares y comunitarios. Para este año, el presupuesto prevé 136.000 millones de pesos para la atención de la política alimentaria en su conjunto (0,5 por ciento del PIB). Para 2021 se prevén partidas por 114.250 millones pesos.

* El otorgamiento de subsidios a los servicios públicos de energía y gas, y transporte público de pasajeros son políticas que incrementan el ingreso disponible de las familias. En 2020 el monto para la atención de subsidios a la demanda de estos servicios alcanza los 418.000 millones de pesos y para 2021 se prevé 575.000 millones, manteniendo en ambos años una participación del 1,5 por ciento sobre el PIB

* En 2020 se unificaron los planes sociales Hacemos Futuro y Salarios Social Complementario bajo el programa Potenciar Trabajo y se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad, previéndose una cobertura que supere los 650.000 beneficiarios durante este año.

* La Anses suspendió el cobro de los créditos otorgados por la gestión anterior, lo que implicó un esfuerzo fiscal de 80.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB).

* El Pami recuperó la política de medicamentos gratuitos alcanzando a 2,3 millones de jubiladas y jubilados, a quienes les significa un ahorro promedio mensual de entre 1000 y 3200 pesos.

Estas cifras son públicas. Ahora que comience el debate sobre el fantasma del ajuste.

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Presupuesto 2021: claves para volver a crecer | El proyecto de gastos y recursos del Estado nacional para el año próximo



El proyecto de Presupuesto 2021 contempla un crecimiento de la economía del 5 por ciento, lo que permitiría revertir parcialmente la caída esperada para este año, del 12 por ciento. También estipula que habrá un déficit fiscal del 4,5 por ciento, una inflación del 29 por ciento y una reducción de la carga de las partidas dirigidas al pago de la deuda pública, gracias al impacto positivo de la reestructuración de la deuda. Hay aumento del gasto público en obra pública e infraestructura.

El proyecto prevé que el consumo privado mejore en un 5,5 por ciento el año que viene, luego de la merma del 13,6 de 2020, mientras que el consumo público lo haría en un 5,5 (frente a la caída de 2,1 por ciento proyectada para este año). En tanto, la inversión repuntaría en un 18,1 por ciento, para recuperar en parte la caída del 25,6 de este año. Se espera que las exportaciones mejoren en un 10,2 por ciento y las importaciones lo hagan en un 16,3 por ciento, lo cual arrojaría un superávit comercial de 15.087 millones de dólares.

Prioridades

Entre los gastos del Estado nacional, el 65 por ciento se destinará al pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios y de economía social. Los gastos de capital duplicarán su peso en el Presupuesto y pasarán a explicar un 2,2 por ciento del total, con especial presencia de las obras de saneamiento y cloacas.

Las partidas vinculadas al apoyo a la industria aumentarán un 117 por ciento en relación al Presupuesto 2019, gracias a las mejoras en gasto en capital, programas de crédito a pymes para inversiones, desarrollo de proveedores y parques industriales.

Las partidas que maneja el titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se elevarán en un 85 por ciento con respecto al año anterior. “Más del 50 por ciento de la obra pública estará orientada a la generación de mano de obra intensiva”, detalló el ex intendente de San Martín. 

En el caso de Desarrollo Social, la asignación de partidas subirá un 200 por ciento (sin contar la ampliación presupuestaria de este año), con un presupuesto total de 252 mil millones de pesos. Se dividirá en partes iguales entre asistencia alimentaria y planes de empleo. Para asistencia alimentaria habrá 115 mil millones de pesos. En tanto, el programa de empleo Potenciar Trabajo pasará de 57 mil millones de pesos a 113 mil millones, con la expectativa de crear 300 mil puestos de trabajo en el sector informal. Al presupuesto de Desarrollo Social también se le sumarán otros 6600 millones, debido al traspaso de la secretaría de integración sociourbana, que salió de la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial. Buscarán urbanizar 400 barrios por año, de los 4400 asentamientos que hay en el país, donde viven 4 millones de personas.

Agregados y cambios

El proyecto oficial sufrió una serie de agregados. El primero es la creación de un área aduanera especial para la provincia de Misiones, que gozará de exención impositiva. El segundo es el restablecimiento del artículo 77, que había sido enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo, que luego fue eliminado, y que finalmente estará en el número 131. El artículo plantea que las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral se regirán por normas y principios del derecho privado, “sin perjuicio del control que corresponde al Congreso, a Auditoría General de la Nación y a la sindicatura de la Nación”.

El tercer agregado es el artículo 87, que establece un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica que tuvieran deudas “razonables” con Cammesa o con el mercado eléctrico mayorista.

Entre los cambios, se destaca el agregado de 7 mil millones de pesos en subsidios para el transporte por fuera del área metropolitana, por lo que en el interior la partida ascenderá a 20 mil millones de pesos. Otro de los cambios fue el aumento del impuesto a las apuestas o juegos de azar, efectuados a través de cualquier plataforma digital. El tributo será del 5 por ciento sobre el valor bruto de cada apuesta. También se incorporó el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), con 230 millones de pesos. Además, se crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMES Tecnológicas (PyME-Tech).

El proyecto prevé también aumentar la cantidad de dinero destinado al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, en el marco de los incendios en varios distritos del país. Para ese fin, se establece una contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros, excepto las de vida, a cargo de las aseguradoras.



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Las recetas de los economistas mediáticos para el dólar: Mentiras, confusiones y fantasías | Las falsas políticas que prometen resolver la inestabilidad del mercado cambiario



Resolver la crisis cambiaria es muy sencilla. La receta está al alcance de la mano y es ofrecida por economistas todos los días. En una muestra de atraso ideológico y de debilidad de gestión, el gobierno de Alberto Fernández se niega a llevarla a la práctica. Son líneas de acción tan fáciles de comprender que sólo dogmáticos no las quieren aceptar. Son las siguientes:

1. Bajar el déficit fiscal (de 8,0 al 4,5 por ciento del PIB definido en el Presupuesto 2021 es insuficiente) y para lograrlo se debe reducir el gasto público.

2. Disminuir la emisión monetaria y frenar el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional.

3. Reducir impuestos y, en esa línea, bajar las retenciones, además de no cobrar impuestos a los muy ricos.

4. Diseñar una reforma laboral.

5. Emitir señales promercado y proinversión privada porque los empresarios salvan a la economía.

Estos puntos se pueden resumir en “Plan económico con consistencia fiscal y monetaria”, el cual generará un shock de confianza en los hombres de negocios, solucionará los problemas económicos y, por supuesto, tranquilizará el mercado cambiario.

Ese plan de shock debe estar acompañado con una devaluación para reducir la brecha cambiaria.

Pequeño detalle

Es tan básica y contundente la propuesta que invade con obscenidad el sentido común hasta convertirla en concepción fundamental de la acción de sindicalistas y empresarios.

Existe un pequeño detalle que no es mencionado por esos economistas e ignorado por sus habituales interlocutores que actúan de amplificadores de esas ideas en ámbitos políticos, mediáticos y corporativos: ese plan económico fue desplegado en varias ocasiones con saldo desastroso. Precipitó crisis económicas, sociales, laborales y políticas inmensas.

No han sido los supuestos 70 años de populismo lo que arrojó a la economía al estancamiento y al deterioro sociolaboral, sino esa receta de concentración y generadora de pobres.

Ese plan es un fiasco descomunal en términos teóricos, en la práctica y, en pandemia, un desquicio político.

No es necesario remontarse a la traumática experiencia de la dictadura cívico-militar, con José Alfredo Martínez de Hoz, ni a la de la convertibilidad, con Domingo Cavallo, para encontrar el desastre que genera el plan económico que hoy reclama el establishment.

Es suficiente con un mínimo esfuerzo de memoria de corto plazo para toparse con la catástrofe económica del gobierno de Mauricio Macri aplicando, precisamente, el ajuste fiscal y monetario que un coro de economistas hoy le reclama a Alberto Fernández.

Otro detalle que pasa desapercibido en el debate sobre el dólar es que esos economistas o sus herederos de la city, que tienen la fórmula para enfrentar la crisis, son los mismos que, algunos en la función pública y otros siendo fervientes defensores de esas gestiones y promotores del ajuste, fueron protagonistas de esos tres fracasos estrepitosos en términos del bienestar general y estabilidad macroeconómica.

Vulgar

La tarea que debe enfrentar Alberto Fernández es doble: no sólo debe reparar daños profundos de la herencia macrista, sino que tiene que eludir las fantasías que venden esos economistas, incluso algunos que se promocionan en el interior de la coalición de gobierno.

El desafío no es sencillo puesto que se requiere de firmes convicciones políticas para frenar la embestida del poder económico y sus voceros, que detrás del pedido de un “plan” buscan una devaluación brusca, que sería regresiva por el impacto inflacionario devastador en los ingresos de la población.

El análisis económico local es tan vulgar que ignora por completo que el 90 por ciento de la economía mundial está en recesión. Las políticas fiscal y monetaria expansivas han sido fundamentales para evitar una crisis todavía de mayor envergadura.

Existe un factor central en esta crisis que es ocultado hasta el absurdo: la pandemia. El coronavirus ha desmoronado a casi todas las economías; sólo China crecería este año apenas el 1 por ciento, la variación positiva más baja en los últimos 40 años para la potencia asiática.

No sólo se esconden los impactos negativos de la pandemia, sino que la economía argentina está en una situación relativa peor. La mayoría de los países puede emitir deuda para financiar los paquetes de emergencia para atender empresas, trabajadores y sectores vulnerados. Debido al pesado legado de la administración macrista, el Gobierno no sólo no pudo emitir deuda para financiarse, sino que tuvo que encarar un desgastante proceso de reestructuración de la deuda en default virtual con los más poderosos grupos financieros del mundo.

Anticuarentena = antiemisión monetaria

En el terreno del relato sobre qué hacer en esta crisis, liderado por una fuerza de derecha política y mediática abrumadora, la disputa sobre cómo influir en las expectativas sociales y económicas se encuentra desequilibrada.

La mayoría de los países, además de deuda, pudo emitir su propia moneda sin muchas restricciones. En cambio, la economía argentina lo pudo hacer pero con una intensidad menor, a un ritmo por debajo del promedio de la región y muchísimo menos en relación a países desarrollados.

Pese a ello, las críticas a la expansión monetaria han sido persistentes y la forma de debilitar esa casi exclusiva vía de financiamiento fue señalar que la suba de los dólares Bolsa y blue estuvo motorizada por esa emisión, sin ninguna prueba concluyente que permita respaldar esa sentencia.

Durante meses estuvieron asustando con el fantasma del desborde de precios y hasta de la hiperinflación por la emisión monetaria, situaciones que no se verificaron. Por el contrario, ha habido una caída de 20 puntos de la tasa de inflación interanual con una efectiva administración de precios y además con el control de precios clave: tipo de cambio oficial, tarifas y salarios.

La emisión monetaria fue el salvavidas para empresas, trabajadores y grupos sociales vulnerados.

Cuestionar la expansión monetaria y la consiguiente ampliación del gasto público tiene la misma lógica de quienes han fomentado con éxito la anticuarentena: que se mueran quienes se tengan que morir.

O sea, cuestionar la emisión monetaria que financió los programas IFE y ATP significa en los hechos desproteger económicamente a la mayoría de la población. Esto hubiera significado, en línea con la premisa anticuarentena, que se caigan del sistema quienes se tengan que caer.

A la derecha del FMI

No pocos pueden caer en la tentación de afirmar que pese a la red de emergencia la pobreza aumentó, la desocupación creció y la economía se desmoronó. Las últimas cifras oficiales de esos indicadores reflejan ese deterioro. Ese derrumbe fue provocado por la pandemia. Lo que no se menciona es que el dispositivo de auxilio, diseñado y aplicado en tiempo record, evitó que la caída sea todavía peor.

Quienes minimizan ese efecto amortiguador utilizan el mismo argumento perverso de los anticuarentena, que militaron las flexibilizaciones mintiendo que Argentina tenía la “cuarentena más larga del mundo”, y ahora, conseguido el objetivo de la apertura con los consiguientes registros dramáticos de contagios y muertes en el ranking mundial, critican la política sanitaria y de cuidado y dicen que la cuarentena fracasó.

La red de emergencia no pudieron desarticularla pese a que lo han intentado con la prédica contra el gasto público y la emisión monetaria.

Tan a la derecha ha quedado ese discurso económico dominante que el Fondo Monetario Internacional, emblema de la ortodoxia económica, ha quedado a su izquierda. Es una situación impactante teniendo en cuenta la historia del FMI con Argentina. 

El Fondo sigue en el mismo lugar de siempre, defendiendo intereses de las potencias y de sus multinacionales (empresas y bancos), y en el caso específico de Argentina con el objetivo principal de garantizar el repago del inmenso préstamo entregado al gobierno de Macri. Pero en esta crisis global propone líneas de acción en materia fiscal y monetaria que desafía los análisis ramplones de economistas locales.

Salvataje

El último reporte “Perspectivas Económicas. Las Américas. La persistencia de la pandemia nubla la recuperación” del FMI muestra el nivel ridículo del debate que ofrece la mayoría de esos economistas.

Considera que fue fundamental la expansión monetaria y fiscal para salvar a las economías de la región de un derrumbe aún mayor. La caída del PIB latinoamericano se estima en -8,1 por ciento para este año, y en ese ranking Argentina retrocede 11,8 por ciento.

Los técnicos del FMI ofrecen un argumento irrefutable: el efecto macroeconómico de las medidas fiscales en América Latina y el Caribe evitó una caída adicional de 6-7 por ciento en promedio. O sea, sin la expansión monetaria y fiscal, el PIB de la región hubiera retrocedido 14-15 por ciento, y la economía argentina,18-19 por ciento con la consiguiente explosión sociolaboral.

El cuadro adjunto muestra que el gobierno de Alberto Fernández ha destinado recursos equivalentes a 6,73 por ciento del PIB en diferentes programas de asistencia.

Un ejercicio contrafáctico, teniendo en cuenta el impacto dramático que ha tenido la pandemia en términos económicos, sociales y laborales, sería determinar cuál hubiese sido el cuadro general sin esa emisión monetaria para financiar el gasto público de esos programas.

De acuerdo a un trabajo conjunto realizado por los ministerios de Desarrollo Productivo, Economía y de Trabajo, el IFE evitó que entre 2,7 y 4,6 millones cayeran en la pobreza y la indigencia.

El programa ATP, en tanto, fue fundamental para morigerar la reducción del empleo asalariado formal, que cayó 2,7 por ciento entre febrero y junio, muy por debajo del 10,3 por ciento registrado en Brasil y del 15,0 por ciento en Chile en el mismo período para la misma categoría ocupacional.

El informe del FMI afirma que “los países de América Latina y el Caribe desplegaron medidas en varios frentes para mitigar las secuelas inmediatas de la covid-19 en la salud y en el ámbito socioeconómico. Anunciaron un apoyo fiscal equivalente a aproximadamente 8 por ciento del PIB, en promedio”.

Para concluir que esas medidas excepcionales fueron “cruciales para apoyar la actividad económica a fin de evitar desaceleraciones económicas aún más fuertes y repercusiones sociales más severas“.

El debate económico local se orienta a cuestionar esas políticas expansivas culpándolas de la inestabilidad cambiaria.

Inconsistencia

El fiscalismo extremo de gran parte de los economistas del establishment es patético porque no pueden mostrar evidencia empírica del beneficio económico de esa obsesión. Aseguran que las crisis locales tienen origen en el desequilibrio fiscal, cuando la dinámica de las debacles exhibe en forma contundente que ha sido por la fragilidad del sector externo.

Otra vez no hay que remontarse a crisis lejanas; la macrista es una muestra traslúcida de esos disparates fiscalistas. En 2018 y 2019, a partir de un recorte brutal del gasto público, en especial en obras públicas y en áreas sensibles como Educación y Salud, el déficit fiscal primario (que no incluye el financiero) se redujo sustancialmente.

¿Qué pasó con la paridad cambiaria en esos años?

La devaluación fue brutal porque el problema no era fiscal, sino del sector externo por la desregulación absoluta de la cuenta capital y el déficit creciente del balance comercial por la apertura importadora.

El monetarismo fanático repite la misma inconsistencia. En esos últimos dos años del gobierno de Macri, el ajuste monetario fue salvaje con el objetivo de cumplir con el mandato “Base monetaria cero”. El saldo de ese desvarío teórico y práctico fue desastroso: no sólo no bajó la inflación, sino que la tasa de variación de los precios trepó al 53,8 por ciento en 2019, el índice más elevado desde el estallido de la convertibilidad.

¿Qué pasó con la paridad cambiaria?

El tipo de cambio oficial registró una fortísima suba.

La secta de economistas experta en pronósticos fallidos reclama sin fundamentos el ajuste fiscal y monetario para controlar el dólar. Pero el estrangulamiento fiscal y la política monetaria contractiva no explican lo que pasa en el mercado cambiario, y no lo explicaron ni antes ni ahora.

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Guzmán aseguró que el plan para la recuperación económica será sin ajuste ni reforma laboral

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