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Plan Gas: incentivar la producción | Temas de debate. Las claves del nuevo programa que lanzó el gobierno



Producción: Javier Lewkowicz

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Garantizar el abastecimiento

Por Francisco Nercesian *

El jueves pasado la Secretaría de Energía concretó con éxito la apertura de sobres con las ofertas de gas realizadas por las 16 empresas petroleras que decidieron participar del Plan Gas 2020-2024 (Plan Gas.Ar). Los principales productores del fluido se sumaron a la iniciativa y se logró conseguir 67,85 millones de metros cúbicos diarios de gas incremental (casi la totalidad de los 70 millones buscados por el gobierno).

El programa establece un precio diferencial para el gas adicional extraído con el objeto de sustituir importaciones de 30.804 millones de metros cúbicos. El costo fiscal será de 5.062 millones de dólares por ese precio adicional a remunerar mientras que se generará un ahorro de divisas por unos 9.274 millones de dólares, dejando como saldo un ahorro total de 2.574 millones de dólares hasta 2024. Además de los beneficios en términos fiscales y de divisas, el proyecto incorpora aspectos importantes en lo referente a la generación de empleo. En las presentaciones de las empresas deberá reflejarse el aumento en las contrataciones de pymes locales, regionales y nacionales, cuyo incremento a lo largo del programa tiene que ser de entre 30 y 40 por ciento.

A raíz de la trascendencia de este programa surge el interrogante de por qué es necesario incentivar la producción local de gas natural. El principal problema que enfrentó el país en términos energéticos durante los últimos años estuvo relacionado con la caída en la producción de gas natural debido al agotamiento de los yacimientos convencionales, lo que obligó a incrementar las importaciones. Así, a partir de 2011 comenzó a generarse un saldo negativo en la balanza comercial energética que coadyuvó a la irrupción de la restricción externa en la economía argentina.

La solución a este problema se basó en tres hechos/decisiones fundamentales: En primer lugar, la aparición de la factibilidad técnica de la extracción de hidrocarburos acumulados en formaciones no convencionales (Sahle) permitió pensar en la viabilidad de Vaca Muerta como sustituto de los yacimientos maduros. En segundo lugar, la estatización parcial de YPF, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández en 2012, permitió dar los primeros pasos en el shale que, por ese entonces, representaba un riesgo que los actores privados no estaban dispuestas a asumir. En tercer lugar, y como condición necesaria para la viabilidad de la explotación en este tipo de yacimientos shale, se necesitó de estímulos a la inversión debido a la complejidad tecnológica que implica (perforación hasta los 3000 metros, geonavegación de la roca, fracturas hidráulicas masivas y materiales especiales entre otros aspectos).

Así surgieron los planes de estímulo Plan Gas I y II que comenzaron en 2013 con el objeto de revertir la caída de la producción que se venía manifestando desde 2004. Tras su finalización a fines de 2017 el gobierno de Macri instrumentó un nuevo programa de incentivos focalizado en la producción no convencional de la cuenca Neuquina y Austral (Resolución N°46/2017). En términos de los resultados obtenidos, estos sucesivos programas de incentivo tuvieron su correlato en el incremento de la producción. A partir de 2013 se detuvo la declinación y, entre 2014 y 2019, el volumen de gas extraído pasó de 114 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d) a 135 Mm3/d promedio en 2019.

A partir de agosto del año pasado, el cambio en las condiciones de la Resolución Nº 46 por parte de la administración Cambiemos y luego los efectos de la pandemia hicieron que las operadoras interrumpieron las inversiones provocando la caída en la producción de gas que será crítica para el próximo período invernal si no se revierte la tendencia (el mes de agosto cerró con una producción de 122 Mm3/d). En este contexto es que surge la necesidad y la urgencia de la implementación del Plan Gas.Ar.

Lo que queda por definir es cómo se distribuirá el costo inicial del programa entre el Estado y los usuarios. Lo que surge como certeza es la necesidad de que el Estado implemente este tipo de políticas para garantizar el abastecimiento de gas nacional a costo razonable en un país cuya matriz energética primaria es dependiente en más del 50 por ciento de esta fuente.

*Ingeniero Industrial. CEPA.

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Herramienta muy valiosa

Por Víctor Bronstein **

En nuestro país, decir petróleo es decir Mosconi, el general ingeniero impulsor de la creación de YPF y de la defensa de nuestros recursos. Sin embargo, hoy nuestra fuente principal de energía es el gas natural, y aunque la historia del gas en Argentina no tuvo la épica de YPF, fue producto también de una visión estratégica de país. El impulsor de la industria del gas en Argentina fue el ingeniero Julio Canessa, nombrado por Perón en 1946 como el primer Director General de Gas del Estado que llevó a cabo la construcción del gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Llavallol en la provincia de Buenos Aires para reemplazar la importación de hulla y aprovechar el gas que se venteaba. Con una extensión de 1605 km fue en su momento el segundo más largo del mundo y posicionó a nuestro país como uno de los países con mejor infraestructura gasífera y mayor consumo de gas por habitante.

Hoy, el gas natural es fundamental para Argentina ya que el 50 por ciento de la energía que consumimos proviene del gas y más del 60 por ciento de la electricidad es generada por centrales térmicas que utilizan el gas como combustible. Debemos destacar que nuestra dependencia del gas es hoy un elemento positivo desde el punto ambiental. En el mundo, el 38 por ciento de la electricidad se genera a partir del carbón como fuente primaria. Alemania, por ejemplo, que promueve de manera agresiva la transición hacia energías renovables a partir de importantes subsidios (alrededor de 30 mil millones de euros anuales), obtiene el 40 por ciento de su electricidad a partir de centrales que funcionan con carbón.

En este contexto, el Plan Gas.Ar es una herramienta de política energética muy valiosa, tal vez la más importante en muchos años, ya que apunta a detener la declinación y aumentar la producción de gas en un marco de precios competitivos. Como se plantea en el proyecto, la implementación del plan permitirá ahorrar dólares por el gas que se deja de importar, pero también hay que destacar que fue producto del consenso entre el Estado, YPF y los productores privados para garantizar las inversiones necesarias con un horizonte de cuatro años, sentando así las bases, en una primera etapa, para lograr el autoabastecimiento de gas en el invierno y tener excedentes de exportación en verano.

Por otra parte, el plan apunta a cumplir con los dos pilares fundamentales de una política energética nacional:

Seguridad energética. La energía es la base del funcionamiento de las sociedades y debe asegurarse su disponibilidad ininterrumpida a un precio asequible para productores y consumidores.

Accesibilidad. La energía en las sociedades modernas es un derecho social, el que debe asegurarse a todos los habitantes, lo cual plantea una tensión esencial entre el valor redituable al inversor y el precio accesible al consumidor.

Estos dos principios se traducen en tensiones entre los productores y los consumidores, donde el Estado es el mediador ineludible ya que si los costos de producción no hacen posible el acceso a la energía de toda la población, debe implementarse un sistema de subsidios para que las tarifas sí sean accesibles. En nuestro país, además, hay un factor que complica las negociaciones que está relacionado con nuestra economía bimonetaria. Este plan ha reconocido con la cuota de pragmatismo necesaria esta situación, fijando valores en dólares para los productores, aceptando implícitamente que es muy difícil hoy desdolarizar las tarifas.

Si bien sería deseable contar con tarifas que no dependan del valor del dólar, y poder fijarlas en pesos conforme al poder adquisitivo y nivel de ingreso locales, debemos reconocer que el valor del gas, que son la base de nuestra matriz energética, se comercializan internacionalmente en dólares, con independencia de los costos en cada país productor

Las tarifas de gas dependen mayoritariamente del valor del gas en boca de pozo, un precio que no tenemos manera de pesificar, o dicho de otro modo, cualquier valor fijado en pesos en un nivel inferior al equivalente internacional no atraería las inversiones que se requieren para explotar los recursos disponibles. Este “dilema de las tarifas”, es decir, la necesidad de pesificar en la punta del consumidor pero mantener dolarizada la del productor, implica implementar políticas de subsidios. En el caso argentino, además, las tarifas eléctricas también dependen en gran medida del valor del gas. Es en este punto donde el desarrollo de Vaca Muerta muestra una vez más toda su importancia. Nos permitirá llegar al autoabastecimiento, nos traerá dólares y nos permitirá en unos años bajar las tarifas energéticas. El plan gas es el primer para lograr este objetivo.

**Director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad.



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Petroleras ganan la pulseada y se aseguran un subsidio a la producción del gas

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Arce renegociará los contratos de venta de gas firmados por la presidenta de facto de Bolivia y Bolsonaro

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Gas: avanza un plan que impulsa la producción pero podría elevar su precio

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Avanza en el Congreso la derogación del DNU que estatizó la deuda del gas

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Proponen derogar el decreto de Macri que estatizó las deudas de petroleras y distribuidoras de gas

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Juntos por el vuelto: Aranguren imputado por las tarifas del gas

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este martes al exministro de Energía y Minería del macrismo Juan José Aranguren, al expresidente del Enargas Ezequiel Roitman y exdirectores del organismo en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la fijación de tarifas de gas.

Marijuán impulsó la investigación y dispuso medidas de prueba, según el dictamen al que accedió la agencia de noticias Télam.

Además, el fiscal imputó al exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, Marcos Pourteau y a la exgerente de Legales del Enargas, Marcela Valdez.

Intendentes exigen quitarle la concesión a Edesur

Se trata de una denuncia presentada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal. En el dictamen, Marijuán apuntó a un “presunto desvío funcional” por parte de los imputados, quienes “persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.

Según la denuncia, en noviembre de 2017 el entonces Ministro de Energía convocó a productores y distribuidores de gas” para establecer bases y condiciones en la comercialización de Gas en PITS (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) fijando por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas”.

Esta circunstancia, según la denuncia, “iba por fuera de las pautas de libre competencia- y contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.

“Según sostiene el denunciante la presunta maniobra desplegada habría tenido su corolario en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, cuando se pretendió que la variación del valor de cambio fuera afrontado por los usuarios, en cuotas y frente a los reclamos efectuados, aquella diferencia traducida en una suma dineraria fue absorbida por el Estado Nacional”, explicó el fiscal en su dictamen.

Marijuán dispuso medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un “detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente” en el tema.

Al organismo también se le pidió “un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS” desde el año 2016.

Además la fiscalía requiró al Ministerio de Desarrollo Productivo el envío de documentación.

Por último el fiscal requirió una copia del Decreto 1053/18 de Modificación del Presupuesto General para la Administración Nacional.

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El coronavirus retrasa el acceso de una empresa israelí al petróleo de Malvinas

El coronavirus retrasa el acceso de una empresa israelí al petróleo de Malvinas

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Quiénes pueden acceder a la suspensión del pago de servicios

Quiénes pueden acceder a la suspensión del pago de servicios

El decreto 311 prohibió  las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones el corte del suministro por 180 días. Para quiénes está enfocado.

26 de Marzo de 2020

A través del decreto 311, el gobierno nacional prohibió a las empresas que prestas servicios públicos y de telecomunicaciones cortar el servicio por falta de pago durante 3 meses (marzo, abril y mayo).

Los servicios incluidos en el texto oficial son energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital. 

A quiénes abarca:

  • Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
  • Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
  • Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.
  • Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
  • Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (33.750 pesos).
  • Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.
  • Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.
  • Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).
  • Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

El decreto también incluye a quienes tengan algunos de estos servicios de manera prepaga: en el caso de las empresas prestadoras de energía eléctrica, deberán brindar el servicio de manera normal por 3 meses a quienes no abonen la recarga. En el caso de las empresas de telefonía movil e internet, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad.

PyMes e instituciones de salud. Además, la medida fue pensada también para pequeñas y medianas empresas y para instituciones públicas que estén prestando servicio durante la emergencia sanitaria.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

Las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES afectadas en la emergencia

Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación

Las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Cómo pagar la deuda. En el decreto se establece la obligatoriedad a las emresas de crear planes de facilidades de pago para cancelar la deuda generada durante estos 3 meses. 

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Se prohibieron los cortes de servicios por falta de pago a usuarios vulnerables

Se prohibieron los cortes de servicios por falta de pago a usuarios vulnerables

La medida es por 180 días e incluye luz, gas, telefonía, TV e internet hasta tres facturas consecutivas. Las empresas proveedoras deberán otorgar a los usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen.

25 de Marzo de 2020

Las empresas prestadoras de electricidad, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, no podrán disponer el corte de sus servicios a los usuarios que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas.

Así se dispuso mediante un decreto de necesidad y urgencia que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial en el marco de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente desde el viernes, y las obligaciones para las empresas se mantendrán por el plazo de 180 días corridos desde la vigencia de la medida.

Las empresas “prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas”, según el artículo 1 del decreto al que accedió Télam.

Esta medida alcanza a las facturaciones con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020, y además “quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

“Si se tratare de servicios de telefonía fija o móvil, internet, y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación” y sólo quedarán exceptuados “aquellos cortes o suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de seguridad”.

El artículo 2 del decreto con la firma del presidente Fernández aborda la situación de los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de energía eléctrica, a quienes -en caso de que no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo-, “las empresas prestadoras deberán brindar el servicio de manera normal y habitual durante el plazo de 180 días”.

“Si los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet, no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, según lo establezca la reglamentación”, agrega la norma.

Los alcances del decreto serán de aplicación respecto de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

También contempla a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Finalmente, estarán contemplados los usuarios que perciben seguro de desempleo; electrodependientes, beneficiarios de la Ley N°27.351, usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (26.844); y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

En cuanto a los usuarios no residenciales, las medidas serán de aplicación respecto de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES).

También las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

En todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios detallados por el decreto deberán otorgar a los usuarios, “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores, o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios”.

El decreto también aborda los precios máximos de referencia para la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en las garrafas, cilindros o granel con destino a consumo del mercado interno, los que “continuarán con los valores vigentes a la fecha de publicación de la medida, durante 180 días”.

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