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Un dictamen a pedir de Carlos Stornelli, el fiscal acusado de espiar y extorsionar | Caso D’Alessio: la fiscalía solicitó que parte de la causa pase a Comodoro Py



El fiscal Carlos Stornelli, procesado en diciembre por su presunta participación en las extorsiones y operaciones ilícitas de espionaje de la banda que tiene como cara visible a Marcelo D’Alessio, no pierde la esperanza de que la investigación de su caso pase a Comodoro Py. El fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, dictaminó una vez más a favor de que la Cámara Federal de Mar del Plata le quite el expediente al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y lo ponga en manos del porteño Julián Ercolini, que instruye una causa iniciada por una denuncia del propio Stornelli contra el espía con quien gestionaba la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. La decisión quedó en manos de los camaristas Alejandro Tazza y Pablo Jiménez.

Stornelli, que sigue en funciones y fue apenas apercibido por el procurador interino Eduardo Casal por demorar nueve meses en presentarse a indagatoria, está procesado por asociación ilícita, violación de la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de deberes de funcionario público. Ramos Padilla consideró probado que “se valió de ‘espías’ con quienes intercambiaba información sobre supuestas líneas de investigación, pero promoviendo denuncias asentadas en esa ilegalidad; buscando disuadir a abogados molestos”, como José Manuel Ubeira, defensor del arrepentido Leonardo Fariña, “al tiempo que usaba esa relación y los métodos ilegales para cuestiones personales”, tal el caso de Jorge Castañón, ex marido de su actual pareja. El juez de Dolores dejó constancia que debía dictarle la prisión preventiva por los meses en rebeldía y porque su libertad entraña riesgos procesales pero no pudo hacerlo porque tiene inmunidad como fiscal.

Mientras la Cámara marplatense analiza la apelación al procesamiento, Pettigiani dictaminó a favor de quitarle a Ramos Padilla la parte de la investigación que se refiere al fiscal. La maniobra para lograrlo la inició Stornelli en febrero de 2019, días después de que estallara la noticia de la extorsión al empresario Pedro Etchebest, cuando denunció a su viejo conocido D’Alessio por invocarlo para consumar delitos por los que ya tiene procesamiento firme.

Ramos Padilla, a quien el gobierno de Cambiemos intentó destituir luego de que describiera en el Congreso los vínculos de la banda con la AFI, el Poder Judicial y la prensa, le pidió a Ercolini que se inhibiera y le enviara esa causa. Argumentó que los hechos están comprendidos en su investigación, que es anterior, investiga delitos más graves y está en una etapa más avanzada. “La única nota distintiva” es la situación procesal de Stornelli, a quien Ercolini confirió el rol del querellante y damnificado mientras Ramos Padilla investigó como imputado, aunque no descartaba –al momento de pedir la inhibición– que D’Alessio “haya utilizado la figura del fiscal federal”. Señaló también que la causa paralela afecta el principio de igualdad y le permite a D’Alessio sustraerse de su juez natural.

Ercolini, que el mes pasado indagó a D’Alessio a pedido de la fiscal Alejandra Mangano, se resiste a desprenderse de la causa con los argumentos de Stornelli: que los primeros contactos entre extorsionador y extorsionado fueron en Buenos Aires. Pettigiani, citado a dictaminar por la misma Cámara que el año pasado confirmó a Ramos Padilla al frente de la investigación, insiste también en la competencia porteña. En su escrito admite que ambos investigan el mismo hecho pero minimiza el encuentro de Stornelli con D’Alessio en Pinamar, que el extorsionador llevó a presenciar a su víctima y que derivó en la denuncia de Etchebest en esa jurisdicción. Sostiene además que la Cámara, cuando en 2019 se pronunció a favor de la competencia de Ramos Padilla, fundó su posición en la imposibilidad de determinar dónde habían ocurrido los hechos, pero que esa “provisoriedad” ya “ha quedado zanjada” desde que el juez dispuso en enero que podía elevarse a juicio.



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Las pruebas del espionaje ilegal : pinchaduras, micrófonos, seguimientos, celulares clonados | Cómo se escuchaba y grababa a los ex funcionarios presos, paso por paso



Parte del espionaje ilegal funcionaba así. Al llamado rey de la efedrina, Mario Segovia, le armaron una causa porque supuestamente quería mandar un libro-bomba. Con esa excusa ordenaron intervenir los cuatro teléfonos del Pabellón I del Módulo 1 del penal de Ezeiza, además de instalar micrófonos en las áreas comunes y en la celda de Segovia. Cuando llevaron a Ezeiza a Amado Boudou, lo mandaron al pabellón C del módulo 6. A los pocos días, enviaron hacía ahí a Segovia, con todos los artefactos de espionaje. No sólo eso: usaron argumentos delirantes para espiar también a los visitantes, a quienes se les copiaba el contenido de sus celulares cuando los dejaban antes de entrar al penal. Cuando Boudou fue excarcelado, lo seguían y fotografiaban en actos. Nuevamente encarcelado en Ezeiza, fue otra vez al pabellón C. Sin embargo había también ex funcionarios en el D. Como Segovia jugaba al ajedrez con un narco de Los Monos, Juan Granelli, ordenaron escuchas en el D. Con esa metodología tenían pinchados nueve teléfonos públicos y todos los espacios comunes de tres pabellones. En toda la causa contra Segovia no fue incorporada ni una frase del narco ni una sola escucha. Y las transcripciones, todas de ex funcionarios o empresarios, se hicieron  en la Agencia Federal de Inteligencia, pero no en Contrainteligencia o Terrorismo (por el libro-bomba), sino en el área de Jurídicas. El espionaje político se usó para armar causas judiciales y pasárselas a los programas amigos.

Los datos surgen de una investigación presentada el viernes ante el juzgado de Juan Pablo Auge por el abogado Alejandro Rúa, que defiende a Boudou, a Roberto Baratta y a otros imputados que estuvieron en el penal de Ezeiza. Rúa pide ser querellante en el expediente por espionaje ilegal y trabajó en base a los datos de la causa y las declaraciones que hicieron los agentes y directores de la AFI, tanto en el juzgado de Lomas como en la Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia.

La mano (derecha) de Bullrich en el espionaje

Para espiar a los ex funcionarios y empresarios se empezó por armar una causa contra Segovia. La denuncia la hizo Pablo Nocetti, mano derecha de Patricia Bullrich, y protagonista del caso del asesinato de Santiago Maldonado. Se involucró a Segovia en el supuesto armado de un libro-bomba en Paraguay. De esa manera, Contrainteligencia de la AFI, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema, y el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, libraron una orden de “seguimiento a través de video-vigilancia, la utilización de elementos ocultos de filmación, la intrusión técnica del mismo en la celda así como en ámbitos de usos comunes”. De esa manera, por orden del jefe de Inteligencia penitenciaria, Cristian Suriano, se intervinieron los tres teléfonos públicos de su pabellón, se detectó que tenía un celular y una tablet, y también las intervinieron.

En la famosa detención del ex vicepresidente, fotografiado en pijama, lo llevaron al pabellón C del módulo 6 de Ezeiza, el 3 de noviembre de 2017. Pocos días después, el 10 de noviembre, trasladaron a Segovia al mismo pabellón, junto con todos los aparatos de espionaje en las celdas, los lugares comunes y los teléfonos públicos. Allí funcionaba el programa conocido como IRIC, de “reducción de la corruptibilidad”, donde estaban los ex funcionarios y empresarios. En el argot penitenciario les decían “los mediáticos”.

Trasladando a Segovia, entre la AFI, la Dajudeco y el SPF tenían pinchados ya siete teléfonos públicos y todos los lugares de reunión de los detenidos con sus abogados. Y a la causa judicial del libro-bomba enviaban la siguiente frase: “No surgen de las tareas realizadas elementos concordantes con la carátula de la causa”Pero, además, empezaron a transcribir diálogos del vicepresidente basándose en que Segovia -el objetivo de la investigación- dijo en una conversación: “Ayer estuve con Boudou, se caga de risa, entrena”.

Tres pabellones y nueve teléfonos públicos

En enero de 2018, Boudou fue excarcelado por la Cámara Federal y, tras el fallo de la causa Ciccone, volvió a Ezeiza en agosto, en tiempos en que Claudio Bonadio ordenó la detención de numerosos empresarios –Fabián De Sousa, Cristóbal López- y ex funcionarios –Roberto Baratta, Carlos Kirchner–, todos en el pabellón C del módulo 6. También hubo detenidos en el pabellón D, como Lázaro Báez, Rafael Llorens, Jorge Chueco y otros. 

En ese momento, se argumentó que Segovia jugaba al ajedrez y estaba mucho tiempo con un integrante de Los Monos, Juan Granelli. De esa manera se justificó la intervención de los dos pabellones, el C y el D. A esa altura el SPF tenía “cableado” los pabellones A, C y D, nueve teléfonos públicos, todos los lugares comunes y numerosas celdas.

En septiembre de 2018, el SPF y la AFI informan al juez que “no hay conversaciones de interés, pero resulta conveniente mantener la vigilancia”. A la causa no se agregó una sola frase de todo el espionaje, pero cuando apareció el expediente de Dolores, con el falso abogado Marcelo D’Alessio como protagonista, utilizaron las escuchas ilegales para sostener que todo fue producto de un complot de los detenidos en Ezeiza: lo que se conoció como Operación puf puf, que no revelaba ninguna conspiración. La jugarreta evidenció que, por ejemplo, grababan y transcribían llamadas entre Baratta y su hijito, entre Báez y su abogada, entre Schiavi y su amigo Eduardo Valdéz

En su escrito, Rúa hace un resumen de las investigaciones realizadas en Lomas de Zamora y de las declaraciones de los agentes de inteligencia y directores de la AFI ante la Bicameral. Entre otras cosas queda acreditado que “en una unidad del SPF situada en la calle Varela había pantallas para monitorear los pabellones C y D del módulo 6 donde estaban los presos kirchneristas”. En la acusación formulada en Lomas dice también que “entre los celadores hay quienes reportan información, infiltrados entre los detenidos y presos que aportan datos a cambio de beneficios”.

Además de los micrófonos, seguimientos

En diciembre de 2018, Boudou volvió a recuperar la libertad y entró en acción el grupo Super Mario Bros, liderado por el director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz. Del teléfono de uno de los agentes, Leandro Araque, se recuperaron mensajes dando cuenta que el ex vicepresidente ya salía y realizando un seguimiento casi permanente. Boudou es registrado, por ejemplo, en un acto en San Martín, por el lanzamiento de la candidatura de Hernán Lechter y las fotos fueron tomadas por una integrante de Super Mario, Mercedes Funes. La instrucción a todos los agentes consta en un mensaje enviado por Jorge Sáez y Martin Terra, los que impartían las órdenes: “sigamos monitoreando esto, por favor”.

La Cámara de Casación ordenó una nueva detención de Boudou en febrero de 2019. Lo que surge de la causa de Lomas es que en ese momento los penitenciarios, siguiendo instrucciones de la AFI y de Inteligencia del SPF, debían seguir un protocolo de información respecto de todos los ex funcionarios y empresarios presos. Entre otras cosas, había que consignar con quién se juntaban dentro de las cárceles, si había quiebres en sus parejas o en sus familias, si había discrepancias en sus empresas, cuáles eran sus vínculos políticos, con quién compartían abogados. Se trató de un protocolo de espionaje político puro y duro.

No fue únicamente llenar papeles, también hubo seguimientos a familiares, abogados y socios, a lo que se agregó la maniobra grotesca de clonar los celulares de las personas que iban de visita y dejaban sus aparatos en la custodia al entrar a la cárcel. “Vamos a armar un equipo técnico, lo vamos a poner a Joni con el gordo, para hacerle forensia a todos los celulares que pasan por ahí”, es el texto de un mensaje. Hacerle forensia a un celular es aplicarle un software forense para extraer todos los datos, desde los contactos hasta los mensajes de whatsapp.

Con todos esos datos, Rúa le pidió al juez Augé ser tenido como querellante, en representación de Boudou, Baratta y otros. El objetivo del letrado es, además, constatar la existencia de espionaje ilegal en otros penales, como el de Marcos Paz. Lo que expresa en forma nítida cuáles fueron los objetivos fue el crecimiento descomunal del área de Jurídicas de la AFI, que empezó a incluir hasta grupos operativos. En la causa original, la de Segovia, no se reflejó ni una letra de la montaña de escuchas e imágenes, pero Jurídicas y la conducción de la AFI y el SPF usaron la excusa del rey de la efedrina y otros narcos para quedarse con las transcripciones de las escuchas, sin una orden judicial auténtica, y para usar el material contra los opositores. Todo se volcó en causas judiciales armadas y en los programas de los periodistas amigos. 

Facsimil de la presentación del abogado Alejandro Rúa



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Espionaje ilegal: Los seguimientos que ordenaban Arribas y Mauricio Macri | El agente Martín Coste dio detalles detalles del seguimiento a Cristina Kirchner y el Instituto Patria



El agente de inteligencia Martín Coste aseguró que las operaciones de espionaje que se hicieron sobre el Instituto Patria en 2018 respondían a órdenes ya sea de la cúpula de la AFI o “directamente del ex presidente de la Nación”. A su entender sería “inaudito” que “un agente de operaciones realizara una tarea semejante por sí solo, sin conocimiento de las máximas autoridades de la institución”, lo que no quita –sostuvo– que el exespía Alan Ruiz haya impartido instrucciones para concretar las tareas de inteligencia ilegales. Así lo afirmó ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en la ampliación de su declaración indagatoria y se convirtió en el primer personaje de esta trama en introducir de manera taxativa el nombre de Mauricio Macri, que ya aparecía salpicado por otras sospechas y ex funcionarios cercanos involucrados en distintas maniobras.

Coste fue indagado como sospechoso el viernes último en la causa sobre las tareas de espionaje en el Instituto Patria y en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en 2018. En agosto de ese año acababa de asumir como jefe de Contrainteligencia del organismos que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A su área pertenecían los vehículos enviados a ambos lugares. El recién llegaba de vacaciones y asegura que fue una actividad que se ordenó en su ausencia y que supo por los noticieros. Se le imputa no haber “hecho cesar” las acciones ilegales. Su relato tuvo varias aristas reveladoras, algunas ya anticipadas ante la Bicameral de inteligencia: dijo que fueron actividades sin sustento legal y que se intentó usar como argumento para justificarlas la existencia una supuesta amenaza de grupos “antisistémicos”, anarquistas, contra la expresidenta, que no era real. Aseguró, además, que por indicación de la señora 8 participó de la confección de documentos para dar aspecto de legalidad al espionaje.

En la elaboración de esa ingeniería documental reveló que tuvo un papel central la Dirección de Asuntos Jurídicos, que estaba a cargo de Sebastián De Stéfano, que dependía de Arribas, el “señor 5”, y que controlaba causas judiciales. En ella, una de las personas que incidía era Bernardo Miguens, un ex secretario del fallecido juez Claudio Bonadio. Cuando le dieron las primeras indicaciones, contó, estaban también Hernán Martiré, de Jurídicos, y Ruiz, quien había firmado documentos internos como Augusto Rovero.

La relevancia de “Jurídicos” fue señalada también esta semana en la Bicameral por otro hombre de Contrainteligencia, Andrés Bertolini, quien la describió como una “agencia dentro de la agencia”, a favor de la cual se habían desplazado funciones que no le pertenecían, operativas y de recepción y transcripción de escuchas. Bertolini de hecho confirmó que por allí pasaron las que se hicieron en el penal de Ezeiza. Coste y Bertolini coincidieron en que la AFI de Cambiemos estuvo marcada por el desembarco masivo de policías federales y de la Ciudad, que fueron desplazando a los agentes de carrera (como ellos), sin experiencia en “inteligencia”, y el viraje hacia la investigación criminal. El ex titular de Jurídicos, De Stéfano, fue citado por la bicameral para este jueves pero avisó que solo piensa hablar en tribunales, si lo convocan.

Después de la indagatoria de Coste, comenzó a correr el plazo de diez días para definir su situación procesal.

Coste declaró que supo por su superior, Juan Hernández, que la operación en el Patria la había puesto en marcha Ruiz. Y que ante un pedido de explicaciones se amparaban en que eran disposiciones en una causa penal del juzgado de Federico Villena. Era un expediente abierto por pedido de la propia AFI y que, según la fiscalía, habría sido usado para hacer seguimientos ilegales. Pero a Coste y a una abogada que trabajaba con él, y que declaró en la bicameral, les encomendaron “fabricar” el “circuito interno” de documentación para luego sostener presentaciones judiciales.

El primero, y más escueto, fue entrado por los jefes de la AFI ante la Bicameral de inteligencia apenas se armó el revuelo por la aparición de los autos del organismo en la puerta del think tank de CFK. Decía que nadie había espiado sino que los vehículos estaban allí por una orden judicial. Luego le pidieron a Coste que respondieran al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tenía una causa abierta contra los jefes de la AFI por esos seguimientos (donde fueron desvinculados) y también que se confeccionaran dos presentaciones para el juzgado de Villena. En estas últimas se afirmaba que desde fines de julio la AFI tenía advertencias de que, en el contexto del G-20, podía haber ataques de grupos anarquistas contra Cristina Kirchner. Coste explicó que se agregaron descripciones similares sobre otros políticos como el propio Macri, Waldo Wolff, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Graciela Ocaña, para disimular lo que se decía sobre la expresidenta, aunque en algunos casos también habría habido seguimientos.

“En contra de mi voluntad, debí firmar esos documentos para proteger a los agentes. Los informes elevados a Villena y la respuesta al oficio de Martínez Di Giorgi fueron confeccionados por el área de Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (…) la inclusión de distintas personalidades puede venir a colación de querer tener cobertura de actividades ilegales ya realizadas sobre ellos”, declaró Coste. A la vez, marcó que el informe elevado a Villena se había generado en la Dirección de Eventos Especiales, que dirigía Carlos Tonelli –entonces cuñado de la exvicepresidenta Gabriela Michetti– y que a la vez dependía de Terrorismo, que dirigía Darío Biorci.

El agente indagado precisó que si hubiera existido un peligro real de seguridad se debía “trasladar la amenaza o conocimiento de riesgo, hacia el Ministerio de Seguridad” y también a la supuesta víctima, lo que no ocurrió. Para describir la ilegalidad, Coste dijo que no había relación con un problema de seguridad: “el objetivo era ver si sacaban bolsos o documentación del Instituto Patria y de la casa de CFK”. Enumeró que los “falsos” se llamaban “Atómica”, “Rojo”, “Avanti” y “Waffle”, y que antes del final de la gestión armó “biblioratos” a modo de “contrainteligencia institucional” para poder “demostrar todo aquello que estoy relatando”.

“La Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos dependía directamente de Arribas” y fue la que armó la justificación legal, aseguró Coste. Luego contó que sabía de la relación directa de Arribas con Mauricio Macri y que “poseían un teléfono encriptado, especialmente diseñado para ellos dos, realizado por el área de ciberinteligencia de la agencia sin el consentimiento, hasta donde yo puedo afirmar, de Contrainteligencia”. “Los lineamientos generales que debía cumplir la agencia –describió Coste– provenían de presidencia de la Nación”. Y luego fue más lejos: Dijo que las tareas en el Instituto Patria se hicieron por orden ya sea de los jefes de la AFI “o directamente del presidente del la Nación, ya que es inaudito que un agente de operaciones realice una tarea semejante por sí solo sin conocimiento de las máximas autoridades de la institución”.



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Espionaje ilegal: Así espiaban a los presos de Ezeiza | Aparecieron las fotos del “alambrado” de cámaras en la cárcel



Una nueva denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas muestra las imágenes de los seguimientos a los presos que se realizaba desde el programa para la “recuperación de corruptos” que había creado por el gobierno de Mauricio Macri con el nombre de “Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad”. Con el amparo de una causa judicial que investigaba al narco Mario Segovia, se intalaron dispositivos para filmar y fotografiar a los detenidos en tres pabellones del módulo 6 de la cárcel de Ezeiza. 

El abogado del exvicepresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, amplió una presentación que había realizado ante el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, por el espionaje ilegal a los detenidos durante el macrismo. 

El nuevo escrito adjunta dos fotos que dan cuenta de cómo se espiaban a las personas privadas de su libertad. Según el texto –basado en parte del contenido del expediente de Lomas de Zamora donde se investiga a los “Super Mario Bros”– “la inteligencia penitenciaria utilizó elementos ocultos de filmación o toma de imágenes para la vigilancia electrónica por medios fílmicos con audio en ese penal (incluso en el interior de las celdas de alojamiento” o “en forma encubierta” hasta “en el salón de visitas)”.

En una de las fotos está Segovia escribiendo, precisamente en la sala de visitas. En la otra imagen, se ve cómo la cámara captó con zoom qué era lo que el “Rey de la Efedrina” había volcado al papel. La tercera fotografía, que ya está en manos del relator de la ONU, fue captada en uno de los espacios comunes, donde se puede ver a varios de los detenidos. “La naturaleza de las imágenes obtenidas ilustra la gravedad de cuanto se denuncia y el tenor de “las actividades de inteligencia y/o espionaje que habrían llevado a cabo, principalmente, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y del Servicio Penitenciario Federal, en violación a la Ley Nacional 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”, afirma la denuncia. 

En rigor, las fotos fueron tomadas en forma legal, es decir, con una orden del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien investigaba en aque momento si Segovia seguía manejando los hilos del narcotráfico desde la cárcel y si tenía un plan de fuga. Sin embargo, bajo ese paraguas legal se espió a la mayoría de los exfuncionarios “k” y empresarios que, sorpresivamente, empezaron a tener a varios narcos de compañeros de pabellón

Además del “alambrado“, los nueve teléfonos públicos de los pabellones donde funcionaba el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) habían sido intervenidos. Luego de eso, algunas de las conversaciones de los detenidos con sus familiares y con sus abogados fueron filtradas a los medios de comunicación y se escucharon en forma indiscriminada y durante varios meses todas las llamadas, lo que es totalmente violatorio del derecho a la intimidad y a la defensa. “Tamaña afectación a la tarea de los abogados no
tienen precedentes en la historia de nuestro país desde la restauración democrática”
, sostiene la denuncia ante García Sayán. 

Con el respaldo de la contundencia de las imágenes, Rúa le solicitó nuevamente la intervención a la Relatoría de la ONU “para que reclame del Estado
argentino toda la información necesaria”, que se ordene “la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas
por la confidencialidad” y que “se promueva y respalde la investigación para dar con los responsables”. 

En paralelo, Rúa –quien es representante legal del exvicepresidente Amado Boudou; el exsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta y el exintendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad Terán– reclamó ante el juzgado de Juan Pablo Augé el acceso a todas las actuaciones del expediente por el espionaje ilegal que estén relacionadas a los seguimientos clandestinos dentro de la cárcel. Todo indicaría que también fueron víctimas de las maniobras de la –en palabras de la Justicia– “organización criminal enquistada en el Estado” durante el gobierno de Macri. 



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Una ex agente contó cómo la AFI espiaba a Cristina Kirchner  | Sorprendentes declaraciones ante la bicameral de Inteligencia



Una ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que trabajaba en “Asuntos Jurídicos” contó con lujo de detalles ante la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades del organismo cómo se armaron informes truchos para dar aspecto de legalidad al espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria. Uno de los datos que más sorprendió a los diputados y senadores que la escuchaban fue que contó que ella misma tuvo que confeccionar esa documentación falsa con el contenido que le indicaba un ex secretario del fallecido Claudio Bonadio, a quien el juez federal habría mandado a trabajar a la central de espías en 2016. 

La mujer dejó mal parada a la ex cúpula de la AFI, al ex jefe de operaciones Alan Ruiz, y a los jefes del área legal, entre ellos Juan Sebastián De Stéfano. También dijo que fueron espiados abogados de las querellas del D’Alessio Gate y que hubo un intento que no prosperó de seguir al diputado Rodolfo Tailhade.

La ex espía es abogada y trabajó en la AFI hasta el 30 de mayo último, según pudo saber Página/12 a través de funcionarios de la investigación sobre el espionaje ilegal. Desde 2016 se desempeñó en los sectores especializados en asuntos jurídicos de las direcciones de Terrorismo y Contrainteligencia. Una de las personas con las que trabajó fue Martín Coste, que estuvo en ambas dependencias. Coste hizo un relato en la Bicameral días atrás en la misma dirección: describió el armado de una ingeniería jurídica sobre los seguimientos en el Patria y en la casa de Recoleta de CFK. Este viernes responderá preguntas en la causa judicial ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

La descripción de la mujer, cuyo nombre aún se mantiene en reserva, confirmó un encuentro que describió Coste donde dijo que él fue enviado por la entonces segunda de la AFI, Silvia Majdalani, a hablar con el ex jefe de jurídicos, De Stéfano, que lo esperaba con Ruiz y que ahí le dijeron que tenían que armar más documentos para justificar el espionaje ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que había abierto una causa penal ante la denuncia de Oscar Parrilli a comienzos de agosto de 2018. La respuesta a ese juez se entregó dos meses después: decía que no hubo espionaje ilegal sino que se intentaba resguardar a la ex presidenta de una alerta de seguridad de grupos anarquistas en el contexto de una causa sobre la organización de la cumbre de G-20. La supuesta advertencia terrorista también llegó tardíamente a esa causa, que instruía Federico Villena.

La abogada y ex espía relató que fue ella la encargada de redactar el informe y que el funcionario que indicaba el contenido era Bernardo Miguens, un ex secretario de Bonadio asignado a la AFI en 2016. Dijo que ocurrió en septiembre de 2018 y que le era imposible negarse porque no tenía ante quién denunciar la situación. Uno de los detalles que dio es que incorporaron algunos nombre de personas “amenazadas” solo para disimular el ensañamiento con CFK, entre los que señaló a Graciela Ocaña y Waldo Wolff.

También dijo que la organización de base anarquista ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje), sobre la que había en teoría alertas de otros servicios de inteligencia, nunca fue investigada realmente. ITS había cometido ataques reales en Chile. A la ex presidenta nadie le notificó amenaza alguna.

Ante la bicameral la ex agente mostró un organigrama de cómo funcionaban sectores claves de la AFI y explicó que las transcripciones de escuchas telefónicas históricamente se hacían en Contrainteligencia pero que, a comienzos de 2018, pasaron a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que también montó una oficina que hacía operaciones de espionaje en la calle, algo atípico en ese sector. Un dato que agregó es que quien hacía transcripciones era la hermana de la jueza federal María Eugenia Cauchetti. De Stefano, jefe de Jurídicos, fue uno de los denunciados el año pasado por el juez Luis Carzoglio como uno de los que le llevaron la orden de detención redactada para Hugo y Pablo Moyano. Otro hombre que daba instrucciones ahí, dijo la ex espía, era Hernán Martiré.

También contó algunos otros episodios de los que supo, como que se intentó espiar al diputado Tailhade, algo a lo que según su versión se habría negado Coste, y que se investigó a un grupo de abogados ligados a las querellas del D’Alessiogate, donde el denunciante Pedro Etchebest dio pie a la mesa investigación sobre una trama de espionaje paraestatal a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Un punto de contacto con el juzgado de Bonadio es que allí se intentaba investigar a los letrados en la causa del llamado “operación puff”, que era un expediente usado para atacar y debilitar al que instruía Ramos Padilla.

El nombre de Bonadio ya había aparecido en la causa en una presentación del abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, quien entregó actas que muestran que dos ex espías habían participado de allanamientos del caso Hotesur cuando se desempeñaban en la Policía de la Ciudad, fuerza que intervenía de manera atípica por pedido expreso del juez fallecido. 



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Espionaje ilegal: Gustavo Arribas dijo que supo por la TV que sus agentes seguían a CFK | El ex titular de la AFI macrista fue indagado por la Justicia



“Me enteré por televisión”, declaró Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al referirse a las tareas de espionaje que el organismo mandó a hacer sobre el Instituto Patria a mediados de 2018 y que los fiscales de la causa, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, consideran ilegales. El ex funcionario amigo del ex presidente Mauricio Macri, empresario del fútbol, prestó declaración indagatoria y sostuvo que, más allá de que él no dio órdenes, las actividades de inteligencia fueron dispuestas de manera legal en el contexto de una causa en la que la propia AFI había denunciado riesgos para la seguridad ante la organización de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio y luego la del G-20. Los investigadores sostienen que es un argumento falso, y que ese expediente se utilizó para justificar seguimientos ilegales que tuvieron muchas otras víctimas. De hecho tanto a Arribas como al resto de la conducción de la AFI macrista les imputan la violación a la Ley de Inteligencia, pero también el armado de documentos para darle aspecto de legalidad con posterioridad.

Arribas llegó cerca de las 9 de la mañana a Lomas de Zamora junto con su defensor Alejandro Pérez Chada –histórico abogado de Macri– y, al igual que su ex número dos en la Agencia, Silvia Majdalani, anunció que haría una exposición pero no respondería preguntas. Ambos tratan de desconocer la competencia del juez y los fiscales de Lomas de Zamora, con una apuesta a que la causa pase a Comodoro Py, donde especulan que les irá mejor. Arribas, en su monólogo, contó qué hizo para que la AFI funcionara, según su parecer, con “estándares internacionales” y cómo encaró su gestión. Con la explicación de que la actividad operativa y vinculada al despliegue de inteligencia estaba a cargo de la “Señora 8”, se desligó casi por completo de cualquier responsabilidad en los seguimientos. Cuidó no comprometer de lleno a su ex compañera, pero dejó claro que no era él quien daba las órdenes y pidió incorporar un organigrama a la causa, donde se reflejaría que sus responsabilidades eran solo administrativas. Tampoco abundó sobre el ex jefe de Operaciones, Alan Ruiz, ya procesado.

Cuestionó de manera directa, en cambio, a quien fue director de Contrainteligencia, Martín Coste, un agente que ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia, dejó a ambos ex directores de la AFI muy mal parados al decir que el espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner y el Patria no tuvo sustento legal y que a él mismo lo habían mandado a confeccionar un informe trucho para justificarlo ante una causa judicial que se había abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien de hecho se apoyó en ese documento para sobreseerlos. Coste ratificó este relato el viernes último, y el resto de lo que había contado ante los diputados y senadores a quienes les describió que la AFI funcionaba como “una empresa” y que “todo era irregular”. Volverá a declarar como sospechoso el viernes de esta semana.

Según la explicación de Arribas, desde las áreas de Asuntos Jurídicos y de Contrainteligencia le explicaron a él que las “observaciones” –como llama a las operaciones de inteligencia– al Instituto Patria estaban relacionadas con la llamada “causa del G-20”, que tenía a cargo otro juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, apartado recientemente de la investigación más grande sobre espionaje por haber sido quien autorizó algunas de las actividades de inteligencia cuestionadas. Eso, dijo, fue lo que informó a la Bicameral en el momento que se detectó el espionaje allí.

Aquel expediente al que aludió se había abierto en octubre de 2017 cuando la AFI se presentó ante Villena y planteó que tenía indicios a través de información de otros servicios de inteligencia de que podía haber atentados en la Argentina, e incluso señalaban a una organización de raíz anarquista llamada ITS (Individualistas Tendientes a lo Salvaje), que habría protagonizado ataques en otros países, como Chile, y estaban preocupados por todos los incidentes que habían ocurrido en la Cumbre del G-20 en Hamburgo ese año.

Respecto de la operación de espionaje en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, Arribas no dijo nada ni aceptó preguntas. En la investigación declararon tres testigos de identidad reservada, agentes de carrera que participaron de los seguimientos a la vivienda de la ex presidenta y al Patria, y revelaron que a ellos no les pedían preservar a nadie de ningún ataque terrorista, algo que en cualquier caso se le debería avisar a la víctima y no sucedió, sino que detectaran si había movimientos de bolsos, mochilas, bolsas, cajas, documentación o algo similar. Por eso, sostienen los fiscales, todo hace suponer que el espionaje obedecía a razones políticas, lo que viola la ley de inteligencia.

La explicación documentada de que supuestamente había un peligro para CFK apareció cerca de 75 días después de que los integrantes del Instituto Patria, con Oscar Parrilli a la cabeza, denunciaran públicamente y en tribunales la presencia de dos autos sospechosos en la entrada de la entidad. Eran, en efecto, autos de la AFI. Es lo que Arribas dice que vio por televisión. Recién tiempo después, y cuando la AFI debió dar una explicación ante el juez de la causa, entregaron un informe que decía que al 30 de julio habían tenido un alerta específica sobre CFK. También sobre otros políticos, como María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Graciela Camaño, todos también considerados víctimas de espionaje. 

El agente Coste contó en la Bicameral que él armó toda la documentación para respaldar esas operaciones, sabiendo que eran mentira los fundamentos. Parte fue para uso interno y otro tanto para darle a Martínez de Giorgi, como prueba a favor de las autoridades de la AFI. Precisamente porque gracias a eso fueron desvinculados, ahora dicen que ya fueron juzgados. Pero Incardona y Eyherabide sostienen que hubo hechos no juzgados, como el espionaje a la casa de CFK, y por mucho tiempo más que el que consideró el juez porteño. Es más, sospechan que pudieron haber sido meses de espionaje.

En la batalla por dónde y a cargo de quién tramitará la causa, la fiscal Incardona rechazó la recusación que planteada en su contra. El juez Juan Pablo Augé había rechazado un planteo de incompetencia planteado por el ex espía Ruiz, que ahora revisa la Cámara de La Plata. Desde Comodoro Py, y a pedido de Arribas, la jueza María Eugenia Capuchetti pidió certificar el expediente de Lomas para definir si podría reclamarlo.

Lo que agregó Alan Ruiz

Alan Ruiz, ex director de Operaciones de la AFI y único procesado hasta ahora por el espionaje a CFK y al Instituto Patria, presentó una ampliación de su última declaración indagatoria en la causa más grande sobre espionaje en la que puso énfasis en que “no tenía trato directo” con la ex número dos de la Agencia y que las órdenes las recibía a través del ex director de Contrainteligencia Martín Coste. Está en línea con lo que dijo la ex funcionaria. Además, Ruiz intentó desacreditar a los testigos de identidad reservada que complicaron su situación y la de la cúpula de la AFI, y sugirió que estuvieron preparados o fueron presionados. “Si bien la conocí a ella personalmente y participé en reuniones en donde estaba, siempre lo hice a instancias de Coste y en su presencia”, dijo en una presentación por escrito. Coste es el agente que ante la Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia comprometió a la cúpula de la AFI y dijo que lo mandaron a hacer informes falsos para justificar el espionaje ilegal. 

Ruiz contó que ingresó al organismo en 2018 de la mano de Diego Dalmau Pereyra, luego reemplazado por Coste, y que aquel le había alertado sobre situaciones de peligro de seguridad o contra el orden constitucional en el contexto del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud, eventos ambos usados para hacer espionaje masivo desde la AFI, según denunció la interventora Cristina Caamaño.

Ruiz habló específicamente de la misma organización de base anarquista que mencionó la Señora 8 a la que estaban atentos, ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje), como  justificación de las operaciones que pedían en una causa judicial que tenía a cargo el juez Federico Villena. También dijo que la supuesta amenaza contra la ex presidenta CFK surgió de una reunión de un grupo anarquista y que Coste les ordenó poner una suerte de guardia en los lugares que ella frecuentaba. Sostuvo que eran tareas de “vigilancia y observación”. Volvió a cuestionar al grupo de agentes que integraban la banda Super Mario Bros (Leandro Araque, Facundo Melo, Jorge Sáez, entre otros). “Querían seguir con sus cosas y sobre todo sin control”, dijo. 



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El juego del gran bonete en el espionaje ilegal | La estrategia de la cúpula de la AFI macrista ante las indagatorias



¿Yo señor? No señor ¿Pues entonces quien tiene la culpa? Cerrando el círculo del viejo juego del Gran Bonete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) este lunes declarará por el espionaje político ilegal la exjefa operativa de la central de espías, Silvia Majdalani, mientras que el martes lo hará el llamado Señor 5, Gustavo Arribas, extitular de la AFI. Hasta ahora, los espías de calle que siguieron, escucharon y fotografiaron políticos sostuvieron que recibieron órdenes del jefe de Operaciones Especiales, Alan Ruíz, y que las instrucciones parecían venir de más arriba, de Majadalani. Ruiz –ya procesado– declaró que esos espías eran un delincuentes, que los quiso echar, pero que de todas maneras se hicieron las operaciones de espionaje por el peligro de atentados terroristas. El exdirector de Contrainteligencia, Martín Coste, afirmó que él no tuvo nada que ver porque en la AFI el macrismo montó una estructura paralela, con Alan Ruiz y expolicías de la Ciudad que no cumplían con la cadena de mandos, sino que directamente reportaban a Majdalani. Y lo más probable es que Majdalani le eche la culpa al juez Federico Villena diciendo que ella actuó en base a una autorización del magistrado ante el peligro de que en el marco del G-20 se pudieran producir acciones terroristas. Además dirá que esto ocurrió en CABA y que ya fue evaluado por otro juez en Comodoro Py y tanto ella como Arribas fueron sobreseídos.

Difícil

La exseñora 8, Majdalani, llegará este lunes al juzgado de Lomas de Zamora de Juan Pablo Augé, con pocas expectativas. Sucede que el magistrado junto con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide desnudaron gran parte de las maniobras y desmantelaron los argumentos de todos los que intervinieron. Surge así, por ejemplo, del procesamiento de Alan Ruíz.

Augé sostuvo en ese texto que si había alguna amenaza contra Cristina Fernández de Kirchner debía advertirse a la exmandataria y a su custodia de la Policía Federal. Y, además, semejante peligro ameritaba una denuncia específica y una causa judicial propia, algo que no se hizo.

Para colmo, las instrucciones que tenían los espías no eran vigilar si alguien estaba a punto de dejar un paquete explosivo en el Instituto Patria o en el domicilio de CFK, sino que debían informar quién entraba y quién salía, si se mudaban o si sacaban bolsos. Esto último también era una maniobra: como se recordará el domicilio de la expresidenta fue allanado en su momento y no se encontró nada de nada. La realidad es que querían espiar con quién se reunía la entonces senadora y cuál el armado político que preparaba CFK de cara a las elecciones 2019. Es lo que explica que también se espió a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo y otras figuras de Cambiemos que en algún momento barajaron el Plan B, que la candidata presidencial fuera Vidal y no Macri.

Todo ese panorama de evidencias presagia que Majdalani terminará procesada y lo mismo podría ocurrir con Arribas que argumentará que él no estaba a cargo de las operaciones.

Policías

Más allá de que en Lomas se instruyen dos causas, ahora ambas en manos de Augé, Incardona y Eyherabide, una parte importante de las evidencias fueron recogidas de las declaraciones y de los celulares de los espías que integraron el grupo Super Mario Bros, unos 18 agentes, en buena parte provenientes de la Policía de la Ciudad. Como señaló un referente de Cambiemos: “no tenemos muchas excusas. Era gente de nuestra policía que llevamos a nuestra AFI y que además entraban a nuestra Casa Rosada”.

Las pruebas son sólidas: fotografías de gran cantidad de protagonistas de la realidad política, en sus casas, en reuniones, con sus familias. Y el listado, por ejemplo, incluyó al obispo Jorge Lugones, de relación con el Papa Francisco, porque querían saber si el pontífice estaba concretando algún armado político en el país. En la misma línea, se hacían informes sobre las organizaciones sociales y las marchas que realizaban. El espionaje llegó hasta Florencia Macri y su pareja, a quienes les sacaron fotos desde una obra en construcción vecina a su domicilio, tal vez por un conflicto económico dentro de la familia Macri.

En el caso del Patria, el propio personal del instituto se dio cuenta de que había un vehículo estacionado cerca de la sede central y desde la cual espiaban quién entraba y quién salía. La Policía de la Ciudad los identificó como de la AFI lo que produjo un enorme escándalo, por supuesto tapado por los grandes medios.

En todos los casos, los espías dijeron que lo que hicieron fue por orden de Alan Ruíz, pero presentaron algunas evidencias de que las directivas venían de más arriba, de Majdalani.

Sucios

En su defensa, Ruiz argumentó que Super Mario Bros era un grupo operativo que él no formó, sino que se lo encontró ya formado y trabajando en una base de afuera de la AFI.

El director de Operaciones Especiales sostiene que Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez vivían haciendo negocios oscuros –extorsionar a quienes compraban dólares en el mercado negro–, operaban para que el Estado le pagara a alguna empresa o jugaban a favor de una fracción de la barra brava de Boca Juniors contra otra fracción. Ruiz sugiere que eran autónomos, pero hay audios que lo dejan en evidencia, aunque él niega que la voz sea la suya.

De todas maneras, en el organigrama no existe la Dirección de Operaciones Especiales lo que juega en contra del propio Ruiz y de Majadalani, porque el juez dice que esa es una demostración de que había un visto bueno de arriba.

Explícito

En el texto del procesamiento a Ruiz, el juez Augé reveló que tiene cuatro testigos de identidad reservada, todos hombres de carrera de la AFI, que contaron la política de macrismo explícito que hubo en la central de espías: llenaron el organismo de policías y funcionarios del área de Seguridad, sin formación en inteligencia, aliados políticos que no respetaron ninguna estructura y que violaron la ley a cada paso. Para colmo, los policías no tienen la costumbre de guardar un secreto, de manera que las operaciones se comentaban entre todos, se recurrió a narcos y otros buchones y las lealtades fueron inexistentes al punto que los agentes grababan lo que decían sus jefes y hasta llegaron a contarle a Santilli que lo estaban siguiendo.

La declaración del director de Contrainteligencia, en teoría el superior de Ruiz, fue lapidaria. Martín Coste contó con pelos y señales que toda la estructura macrista funcionaba sin control, por fuera del organigrama. Se ordenó espiar el Instituto Patria y al domicilio de CFK y luego, cuando eso salió a la luz, fraguaron documentación sobre terrorismo, poniéndole fecha anterior, para justificar el espionaje ilegal. Coste sostiene que Majdalani ordenó personalmente esa maniobra.

Política

Majdalani y Arribas ya hicieron intentos por frenar la causa de Lomas argumentando que debía instruirse en Comodoro Py y que ya hubo un fallo de Marcelo Martínez de Giorgi absolviendo al dúo porque contaron con una orden judicial de Villena a raíz del G-20. Ya hay prueba más que suficiente que la reunión de presidentes fue sólo una excusa para concretar el espionaje a oficialistas y opositores.

Pero, además, una mirada menos estrecha permite ver que el falso abogado Marcelo D’Alessio reportaba a dos comisarios que, a su vez, recibían instrucciones de la AFI, tal como descubrió el juez Alejo Ramos Padilla. En paralelo, dos altísimos cargos de la central de espías fueron a apretar al juez Luis Carzoglio para que ordenara la detención de Pablo y Hugo Moyano, al punto que le llevaron el escrito para que solo tuviera que firmarlo. Por su parte, el área 50 del Servicio Penitenciario Federal espiaba a los ex funcionarios y empresarios detenidos en el penal de Ezeiza y, de inmediato, también informaba a la AFI, por lo que hacían informes sobre las visitas y conflictos en las familias, parejas o empresas.

Como se ve, había una única partitura, una política de espionaje contra la oposición, incluyendo cierta oposición dentro de Cambiemos, dentro de la iglesia, las organizaciones sociales y hasta en la familia Macri. Es seguro que ni Majdalani ni Arribas se defenderán apuntándole al expresidente, pero será difícil encontrarle explicación a un espionaje tan amplio que abarcó desde CFK a Rodríguez Larreta, la causa de Gas Licuado, los Moyano, Vidal, el obispo Lugones y Florencia, la hermana de Mauricio. 



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Espionaje ilegal: Otro espía apuntó contra la cúpula de la AFI macrista | La ronda de declaraciones indagatorias continuará el lunes



El día que fue a declarar ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia, Martín Coste dejó perplejos a los diputados y senadores presentes, cuando contó la historia detrás del espionaje ilegal al Instituto Patria y confesó que él mismo había elaborado un informe falso para justificar esos seguimientos ante el requerimiento el juez que comenzó a investigarlos, Marcelo Martínez de Giorgi. Contó que lo había hecho bajo indicación de la ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, y con la letra que le daba el entonces titular de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, mientras estaba sentado al lado de Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones especiales, quien según relató fue el organizador de las actividades de inteligencia en cuestión. 

Coste fue director de Contrainteligencia del organismo y está imputado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y en la sede del Patria. Se presentó este viernes a la indagatoria y dijo que antes de declarar quería conocer la causa, pero les anticipó al juez Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide una frase contundente: “ratifico todo lo que dije ante la Comisión Bicameral”. Fue enfático en anticipar que asumirá la confección del material trucho utilizados para justificar operaciones fuera de la ley, incluso sobre otros políticos, como Graciela Caamaño, Graciela Ocaña y Waldo Wolff. Para contestar preguntas pidió tiempo, y le dieron hasta el viernes próximo.

Cuando fue por la mañana a los tribunales de Lomas de Zamora, Coste intentó primero postergar la indagatoria. Al final acordó comenzarla, invocando solo lo que había dicho ante la Bicameral el 26 de junio último, y continuarla la semana próxima. El material recopilado por el Congreso, con los testimonios de varios ex espías involucrados en la trama, se encuentra incorporado a la causa judicial. No tiene el mismo valor de una declaración, pero es clave y lo que hizo este espía que integra la AFI desde 2002 –que no es más director pero sigue en funciones— fue asegurar que sostendrá lo mismo que explicó ante los diputados y senadores. Para los ex directores de la agencia, Majdalani y, por encima, Gustavo Arribas, citados a indagatoria para lunes y martes próximos, es una mala noticia, porque su relato los compromete. También va contra lo que declaró Ruiz, que dijo que todo tenía amparo legal. En el Congreso Coste contó que le dijo al ex director de Jurídicos: “esto es ilegal”. “Fue en contra de mi voluntad total. Era muy difícil denunciar o ir en contra de una estructura política partidaria en más de un 70 por ciento de la agencia”, dijo entonces. “Todo era irregular en la agencia”, se despachó en otro tramo de aquella exposición y describió a la AFI como “una empresa”. La clave para la causa es que lo que dijo ese día coincide con la hipótesis de los fiscales y sus imputaciones: que se violó la Ley de Inteligencia y que luego se generaron documentos falsos para darle apariencia de legalidad y dejar el asunto impune.

Coste contó que Majdalani le ofreció el cargo de director operacional de Contrainteligencia cuando Diego Dalmau Pereira dejó ese lugar para ir a trabajar a Chile, a mediados de 2018. Aceptó, pero puso como condición tomarse vacaciones pendientes. Ruiz había entrado a la AFI hacía poco. Venía de trabajar en el Ministerio de Seguridad. Coste, según relato, le planteó a la “señora 8” dudas sobre Ruiz. Ella respondió: “Lo veo como una persona súper capacitada. Me costó un montón sacárselo a Patricia Bullrich”.

El 3 de agosto Coste volvió de vacaciones. Unos días después, se enteró del espionaje al Instituto Patria por la televisión. “¿Ese auto es tuyo?”, dijo que le preguntó un colega cuando estaba en la oficina. Miró bien y vio uno de los Volkswagen de la AFI. Llamó a Juan Hernández, otro director, que empezó a preguntar a otros espías de la “base 95”. Le dijeron que “lo había ordenado el señor Alan Ruiz hacía aproximadamente 15 días y que decía que era una orden que venía de ‘la ocho’”. Luego Ruiz le diría lo mismo.

No tardó en llegar un oficio del juzgado de Martínez de Giorgi, donde se había denunciado el espionaje al Instituto Patria. Pedía que informaran si habían existido tareas de inteligencia allí y qué agentes participaron. Con ese papel Coste fue a ver a Majdalani, que lo mandó a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Al llegar encontró a su titular, De Stéfano, que llevaba un buen rato armando la estrategia con Ruiz. “Ahí es cuando me di cuenta o tomo conocimiento de alguna manera de que parece que no había una causa que ordenara esa situación”, dijo.

¿Usted presume, o tiene la certeza, de que en ese momento, en esa reunión con De Stéfano, estaban tratando de fabricar una causa que no existía?—le preguntó, sorprendido, el diputado Leopoldo Moreau.

–Si—respondió el espía.

En realidad, aclaró, la causa “existía”, estaba a cargo de Federico Villena (el juez que tuvo la causa grande del espionaje y fue desplazado), “el tema es que yo entiendo que se usó” y que era “mentira” el argumento para espiar. Aquel expediente, recordó, era viejo y estaba relacionado con la organización del G-20 y la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Se había iniciado en octubre de 2017. Había estado a cargo de Dalmau Pereyra y Eventos Especiales, y luego pasó al área de Terrorismo, a cargo de Darío Biorci, cuñado de Majdalani.

La respuesta fue enviada a Martínez de Giorgi dos meses después. Coste confesó que él mismo la escribió, con instrucciones de De Stéfano y Ruiz. “Asumieron que el oficio lo tenía que contestar yo. Como el equipo era mío, en la práctica era gente de carrera, los autos y todo era mío, el problema lo tenía yo (aunque él había estado de vacaciones sin asumir ese cargo) (…) me dijeron que conteste que se estaban realizando las tareas en el marco de una causa del señor Villena, del G-20 (…) yo en ese momento sabía que era mentira. Mi problema ahí era que no sabía cuál era mi forma de poder llevar esta a una denuncia”. Quiso renunciar y Majdalani, en sus palabras, lo trató de “idiota”. También hubo un informe posterior de Ruiz, directo para Majdalani.

Pero el oficio para Martínez de Giorgi, con el que sobreseyó a Arribas y Majdalani, no fue todo lo que le pidieron a Coste. Armó “un circuito de documentación” a pedido del “área de jurídicos, con Silvia Majdalani de por medio”. Era “una estructura de análisis y operaciones en contrainteligencia con informes relacionados a ciertos personajes políticos”. Mencionó a Wolff, Camaño, CFK y Ocaña. Los tres primeros declararon como víctimas en la causa más grande. “le respondí: esto es ilegal ¿qué es lo que tenemos que hacer, señor director?”, contó Coste. Los informes, precisó, “los habrán elevado al señor Villena”, y que decían “que había una amenaza anarquista si mal no recuerdo, sobre personajes políticos. A mí me consta que era mentira”.

El material lo dejó, refirió, en la oficina que usó hasta 2019. Se los dejó a la interventora Cristina Caamaño diciéndole ‘estos son los informes de consumo interno que tuve que hacer en esta causa’. Primero sobrevivimos y, después, vimos la verdad. No teníamos chance”.

Majdalani hizo dos presentaciones ante Augé, diciendo que había planteado ante Martínez de Giorgi que ya fue juzgada y sobreseída. El juez, que a tono con los fiscales cree que esta vez se la investiga por más hechos y por otro tramo temporal, la intimó a que vaya el lunes a la indagatoria.



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Espionaje ilegal: lo que admitió Alan Ruiz, un hombre clave del caso | La declaración del ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI macrista



El ex jefe de Operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Alan Ruiz debe ser uno de los nombres más mencionados en la megacausa sobre el espionaje ilegal desplegado durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo nombran otros ex espías, testigos de identidad reservada y aparece en grabaciones y mensajes del grupo llamado “Super Mario Bros”. Ruiz, que ya está procesado por las actividades de inteligencia fuera de la ley contra Cristina Kirchner, fue indagado esta vez por otros múltiples seguimientos con un papel central en la trama, y describió que tenía una relación directa con la número dos del organismo, Silvia Majdalani o “señora 8”, quien le iba pidiendo “adelantos de lo que se estaba produciendo”. También recibía de ella instrucciones y pedidos. Entre ellos, reconoció que le encomendó la instalación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero. Estuvo, contó, en el penal de Ezeiza, haciendo un recorrido con el jefe del Area 50 del Servicio Penitenciario Federal, Cristian Suriano, pero negó haber ordenado espionaje allí. Admitió también que fueron seguidas organizaciones sociales y que le tuvo que explicar en una reunión a Gustavo Arribas, el ex jefe de inteligencia, cómo funcionaban.

De chef a espía

Mientras Ruiz declaraba el miércoles ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, se entregó en el lugar el único “rebelde” que tuvo la causa, el chef Martín Terra, amigo de Arribas –quien contó que lo hizo entrar a la AFI cuando estaba mal de trabajo– al que había conocido por la relación entre su ex esposa, la modelo Analía Maiorana, y la esposa del ex jefe de los espías. Maiorana es la actual pareja del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, uno de los políticos espiados por el propio gobierno con el cual estaba alineado. 

Pese a haber estado prófugo y no pasar ni un día detenido, Terra pudo volver tranquilo a su casa en Nordelta, de donde el juez le prohibió ausentarse más de 24 horas. Fue después de prestar declaración indagatoria y ofrecer un relato donde no sólo se desligó del espionaje ilegal, y con especial énfasis del de Santilli, sino que buscó dejar la impresión de que era prácticamente un “ñoqui” en la AFI. Contó que se dedicó un largo tiempo a hacer cursos, primero en la Escuela Nacional de Inteligencia, también con expertos de otros países (por ejemplo, en “infiltración”), hasta en el FBI, y que quiso especializarse en narcotráfico, y en particular en drogas de diseño. Terra había llegado sin conocimientos sobre inteligencia a la AFI: además de ser cocinero, trabajó en una empresa de pisos industriales y luego en la compra y venta de jugadores por el mundo con Arribas. Dijo no tener relación con la mayoría de los Super Mario Bros, contó que fue a la visita al penal de Ezeiza y minimizó su papel en seguimientos al camarista Martín Irurzun (que mencionó otra ex espía imputada, Dominique Lasaigues).

Las palabras de Ruiz

Ruiz había sido policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego trabajó en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, y pasó a la AFI de la mano del ex jefe de Contrainteligencia, también imputado, Diego Dalmau Pereyra. Se habían conocido cuando Ruiz todavía estaba en Seguridad, a cuento del G-20 y la cumbre de la OMC, eventos usados como excusa para hacer espionaje sobre políticos, periodistas y organizaciones. Cuando Dalmau se fue a Chile a trabajar, quedó bajo órdenes de Martín Coste. A este último, no lo dejó bien parado. Aunque no siempre reportaba a él, según su relato, y mantenía un vínculo directo con Majdalani, a veces las reuniones eran en trío con Coste. Con ella dijo que a veces se reunía cinco veces por semana, hablaba por teléfono, que le hacía llegar los informes, pero que ella requería adelantos: cuestiones sobre barrabravas, movilizaciones y subrayó su interés por eventos vinculados con “grupos anarquistas”. Esto último fue el artilugio que se utilizó, según los fiscales y el juez, para espiar a CFK y al Instituto Patria, por lo que Ruiz ya fue procesado. Sobre los adelantos que la vicedirectora pedía, dijo que eran “muchos” y no recordaba los temas.

En un tramo de su declaración, a la que accedió PáginaI12, reconoció que se espiaba a organizaciones sociales, sindicales y políticas que participaban de movilizaciones. Un día, dijo, le tuvo que explicar personalmente a Arribas, en forma didáctica, “cómo funcionaban los grupos que se movían a la plaza a las manifestaciones. Hice una exposición detallada de cada grupo y el grado de peligro que representaba a partir del contexto social”.

¿Conoce a Federico Villena? –le preguntaron a Ruiz, y se hizo un silencio en la sala, porque es el juez que tuvo la causa de espionaje hasta la semana pasada, apartado por haber ordenado o avalado tareas de inteligencia dudosa.

–Sí, estuve en dos reuniones en su despacho, con el jefe de Delitos Financieros, Fernando Di Pasquale, con un sudirector de jurídicos que no recuerdo el nombre y con Martí Coste. Creo que fue en 2019. Lo conocí por una causa de lavado con posible vinculación con el narcotráfico.

Luego recordó el nombre que le faltaba: José Padilla, que es quien firmó los informes que decían que había un alerta de seguridad o terrorista respecto de CFK, que se usó para justificar judicialmente el espionaje, y que los investigadores consideran falsos. Ruiz explicó que no podían reunirse con jueces, pero lo hacían con autorización. Di Pasquale es uno de los dos nombres que, en su momento, el juez Luis Carzoglio señaló entre quienes lo fueron a presionar con una orden de detención escrita contra Hugo y Pablo Moyano. El otro era Juan Sebastián De Stéfano, jefe del área de Jurídicos, también mencionado en tramos por Ruiz. Son dos nombres que empiezan a descollar en la causa.

A Ruiz le hicieron escuchar una grabación donde alguien habla del “cableado” con micrófonos y cámaras en la cárcel de Ezeiza. Varios imputados y testigos dijeron que era él, pero lo desconoció. Relató, sin embargo que sí participó del “cableado” o “alambrado” en el penal de Melchor Romero, y que había sido por indicación de Majdalani. Allí, dijo, se instalaron “equipos de videovigilancia en un sector, creo que es un alacaidía, que estaba completamente vacío. Nos habían pedido colaboración para asegurar, a partir de la posibilidad del traslado de Los Monos durante el juicio (que al final no se produjo). Lo coordinamos con el subsecreario de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos aires, Juan José Baric”, relató. Aclaró que estaban al tanto Arribas, Majdalani y ex titular de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.

A Ezeiza dijo que fue invitado por Suriano, jefe de inteligencia, con Terra, Dominique Lasaigues y Funes. Lo describió como si fuera una visita guiada que derivó en conversaciones sobre posibles “eventos” a prevenir, vinculados con detenidos narco, aunque también visitó el pabellón de los ex funcionarios y empresarios detenidos por corrupción, que en la causa son considerados víctimas de espionaje y aprietes. La indagatoria no terminó, continuará el 16 de julio.

La oficina de escuchas

Integrantes de la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades de inteligencia, y que encabeza Leopoldo Moreau, irán este viernes a las oficina de escuchas de la Corte Suprema (técnicamente llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), a reunirse con su director, Juan Rodríguez Ponte. Es el primer acercamiento tras la decisión de hacer operativo un convenio, de 2016, que establece que la comisión en cuestión controle, audite y supervise a la dependencia tan cuestionada durante los años de macrismo, en que se produjeron gran cantidad de filtraciones de escuchas. El alto tribunal maneja la interceptación de comunicaciones por un decreto de Mauricio Macri, que le quitó esa facultad a la Procuración General. 



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Lenguas en movimiento hacia una nueva independencia: Argentina en común | El segundo documento de Comuna Argentina



Las lenguas de la emancipación

La memoria del 9 de julio sigue siendo portadora de una fuerza fundamental en la historia de nuestros pueblos. Es el momento de la Declaración de Independencia, cuando nuestro país define formalmente la ruptura de los vínculos de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la corona española. Ese gesto, que se aloja en la tradición revolucionaria, es de una magnitud política mayor; implicó la emancipación del orden colonial, su profundo sentido cultural se expresó en el carácter plurilingüe de la Declaración, redactada originalmente en castellano, quechua y aimara. Este 9 de julio de 2020 es momento de avanzar hacia una nueva Independencia. Una nueva Independencia que pueda liberar a los pueblos ya no de las viejas monarquías sino de las nuevas formas neocoloniales de dominación contemporáneas -financieras, comunicacionales, judiciales- que son todas ellas modos de dominio sobre los cuerpos y las lenguas. Esta segunda Independencia encuentra al campo popular en una situación compleja y delicada. En este instante de torbellino pandémico, en el cual una porción ampliamente mayoritaria del pueblo argentino ha hecho propia la defensa de la vida sintetizada en la cuarentena, la puesta de cuerpos militantes en la calle sería una imprudencia vital. Por eso es necesaria la recreación de la idea de movilización social bajo formas de cuidado. Cuando los cuerpos están recluidos, deberán ser nuestras lenguas las que se pongan en movimiento vibrante, militante, enérgicas, festivas, y puedan declarar firmemente la necesidad de una Argentina popular, igualitaria, plebeya, asentada sobre un sistema de bienes comunes y de justicia social, soberana, emancipada, antipatriarcal y feminista, de identidades complejas, múltiples y abiertas. Una Argentina en común.

La pandemia y los nombres

El modo de producción y consumo dominante tal como lo conocemos ha producido la crisis del coronavirus. La pandemia mostró el tamaño de la desigualdad entre los Estados, la extensión de la precariedad laboral y la existencia de un conglomerado –político, empresarial, judicial y comunicacional– que construye la vida de vastos sectores sociales como vida descartable. Por otra parte, ha arrojado luz sobre la importancia de los Estados en tanto garantes de los bienes públicos, al mismo tiempo que ha dado cuenta de su precariedad, en parte como causa de las políticas neoliberales que los han vaciado de recursos y de legitimidad para avanzar en las grandes transformaciones colectivas que la sociedad necesita. En la actualidad nos encontramos extendiendo los límites de una soberanía bajo las formas en que es requerida como instrumento emancipatorio en el orden de lo alimentario, lo sanitario y del conocimiento; pero, a la vez, como apuesta por una economía igualitaria en un sistema de bienes comunes, que desborde la lógica en la que el neoliberalismo sopesa el trazado de las nuevas divisorias sociales de las vidas sacrificables.

Argentina está atravesada por una disputa política, que es siempre una disputa por los nombres: “Vicentin”, “expropiación”, “propiedad privada”, “soberanía alimentaria”, “alimentación como derecho humano”, “libertad”, “república”, “democracia”. Las cuestiones nominales y políticas en el fondo significan una disputa por la renta, por el sentido de lo común y por los significados que le damos a la palabra igualdad. Vicentin es el nombre infausto de la hora actual del país en un conflicto que vuelve a poner a los sectores dominantes de la Argentina en contra del pueblo. La iniciativa original del gobierno de presentar ante la Asamblea Nacional Legislativa un proyecto de expropiación de la empresa Vicentin ha tocado uno de los nervios más sensibles de la estructura económica y social argentina. Su historia es larga y compleja y por lo tanto urge indagar en sus capas más profundas.

Vicentin: una genealogía del capital agroexportador

La historia de Vicentin es la historia del gran capital nacional en la Argentina. Fundada en 1929, poco antes del inicio de la “década infame”, en pleno crack del capitalismo, en los comienzos de la Gran depresión económica mundial, se radicó en Avellaneda, norte de la provincia de Santa Fe, como un comercio modesto de acopio y ramos generales. Se desarrolló con el esfuerzo de pequeños productores nucleados en cooperativas que depositaron en la empresa la confianza para la comercialización de granos. La destrucción del modelo productivo orientado al mercado interno de un Estado de bienestar comenzado en 1946, fue horadando las bases productivas de la empresa hasta que en 1982 Cavallo estatizó la deuda privada y 2 millones de dólares de deuda de Vicentin pasaron a ser deuda del Estado. Durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica la historia política de Vicentin muestra su costado más oscuro por la desaparición de 22 trabajadores, 14 de ellos delegados gremiales, difícil de consumar sin la participación o el conocimiento de los directivos de la empresa.

A lo largo del siglo XX y los inicios del XXI Vicentin pluralizó y diversificó sus rubros: en el desmonte del algodón, en la molienda de lino, maní, soja, girasol, maíz, sorgo, en la producción y manufacturado de aceites, harinas, pellets, en hilandería y tejeduría, como distribuidora de carne y productora de biodiesel y bioetanol. Desde mitad de la década de 1980 posee una terminal de embarque propia (no es la única) en San Lorenzo, a orillas del río Paraná, eje fluvial y mercantil vertebrador de la Argentina, pieza relevante de cultura como ilustra la Oda al majestuoso río Paraná de Manuel de Lavardén, en la que se prefigura el propio nombre de la Argentina. Y más cerca nuestro, sin dudas, en la poesía de Juan L. Ortiz que evoca el nombre de los Tupac, palabra de origen incaico que aloja, en la profundidad de las aguas del río, la pluralidad y diversidad de las lenguas que necesita la Argentina para ser nombrada. Trazada esta genealogía, también Vicentin forma parte de la historia de nuestro país, del río y en lo que concierne a su historia política, está ensamblada con aquella de los grandes capitales nacionales, construidos a expensas de recursos públicos mientras se articula un mecanismo de evasión y ocultamiento de ganancias. Vicentin condensa nudos históricos que van desde la fundación de Avellaneda en 1879, las políticas migratorias que en esa región se conocen bajo el nombre de “pampa gringa”, las de reparto de la propiedad de la tierra, el exterminio y subordinación de las comunidades indígenas y la colocación de Argentina en los mercados internacionales, hasta la alianza de las oligarquías locales con el capital financiero y los ecos pasados y recientes del golpismo agroexportador.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el patrimonio de Vicentin creció exponencialmente. El Banco de la Nación Argentina, presidido por Javier González Fraga, sólo a lo largo de 2019, le otorgó 24 créditos y 39 préstamos; ya para junio de 2019 era la séptima empresa con mayor facturación en el país. Sin embargo, el destino de esa cuantiosa asistencia pública no fue destinada ni a la inversión productiva ni a la mejora de las condiciones de lxs trabajadorxs, sino a la volarización del capital, el vaciamiento programado en complejas operaciones especulativas y triangulaciones internacionales en las que Vicentin se constituyó en un actor financiero destinado a la fuga de capitales. Una súbita declaración de cesación de pagos que deja a la empresa inviable para recomenzar su actividad cuando salta a la luz una estrategia de ocultamiento de activos y disminución de su patrimonio, a la par de un proceso de extranjerización de la compañía que extrema el predominio del capital transnacional en un mercado fuertemente concentrado.

Expropiación: fronteras entre capitalismo, democracia, Estado y nación

Las décadas de tartamudeo masivo de consignas neoliberales nos han inducido a una asociación inmediata entre corrupción y política, entre estafa y Estado. Es una urgente tarea política encontrar las palabras justas para nombrar la corrupción estructural privada, que no es tan solo un delito contra la propiedad sino contra los bienes públicos que sostienen la vida digna de millones de compatriotas. En este sentido, Vicentin también representa un símbolo inquietante del canibalismo del capital en su fase financiera-especulativa: la degradación de la fertilidad de la tierra por el monocultivo, la destrucción del medioambiente por la utilización intensiva de agroquímicos, la precarización del trabajo agropecuario por el sojuzgamiento gremial a manos del gran capital y, en un último gesto, la malversación del crédito productivo en maniobras especulativas. Decimos “canibalismo” porque las últimas décadas de Vicentin representan la voracidad del gran capital especulativo, financiero y concentrado respecto de los propios medios de producción que cualquier capitalismo requiere para su expansión productiva: tierra, ambiente, trabajo y crédito. Por eso creemos que es momento de recuperar la capacidad regulatoria pública en las actividades vinculadas al complejo agroindustrial. En definitiva, el nombre Vicentin es una pregunta urgente por el modelo de desarrollo, más aún en el contexto de descalabro económico y social producido por la pandemia.

Hay sectores de la sociedad que han salido a boicotear la cuarentena y a defender la empresa ante el temor al fantasma del comunismo o del populismo, sin reconocer que su expropiación beneficiará los intereses y deseos colectivos. Estas acciones nos obligan a pensar la naturaleza de las contradicciones. Sin dudas, la cuestión acerca de por qué hay dominación y no más bien libertad constituye el “núcleo duro” de la política que no debemos dejar de desentrañar. ¿Cuáles son las fuerzas que nos pueden movilizar a identificarnos con ciertas demandas que podrían ir en perjuicio de nuestras vidas? Es aquí donde el viejo enigma de la servidumbre voluntaria -¿por qué muchas veces se lucha por el sometimiento como si se estuviese luchando por la libertad?- debe complementarse con una interrogación sobre los procesos de sujeción y subjetivación. Porque siempre hay posibilidad para la política. Hay política y no simple dominación cada vez que logramos interrogarnos por la posibilidad de un orden social más justo y hacemos de ello una lucha por lo común. La colonización del Estado por las grandes corporaciones económicas tiene un correlato en la colonización de los sentidos y las conciencias por un individualismo posesivo en el que emerge la falsa discusión en torno a la propiedad privada. ¿Acaso no ha sido la misma Vicentin la que ha puesto en cuestión la propiedad de los pequeños productores, cooperativas, trabajadores, bancos públicos?

Somos conscientes de la deslegitimación que ha sufrido el Estado en estas décadas de monolingüismo neoliberal, resistido por cierto por la unidad de la clase trabajadora y los distintos movimientos y organizaciones del campo popular. Somos conscientes también de las propias dificultades de gestión de un Estado desfinanciado en un marco de ineficacia legal, afectado por los efectos de la prédica neoliberal y del desmantelamiento que en su nombre se le perpetró. Pero el Estado es también campo de lucha por el sentido común. Por eso acompañamos la idea de expropiación como una forma de impulsar lo público, esto es, de volver a vincular a los productores cooperativos con la tierra y los productos de su trabajo; como una oportunidad de rediscutir la relación entre exportación de materias primas, agroindustria, sustentabilidad ambiental y modelo de desarrollo nacional. Expropiar no es poner un bien a disposición de una corporación sino al servicio de una comunidad de productorxs y ciudadanxs. No de élites y burocracias.

La intervención de Vicentin y su constitución en una institución público-estatal a través de su posterior expropiación abre una discusión acerca de los sentidos de la democracia. Permitiría que el Estado pueda intervenir en un mercado tan concentrado y sensible como el de la producción de alimentos, promoviendo el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Posibilitaría tener un mayor control fiscal tributario sobre las divisas y sobre los puertos, esto es, sobre la riqueza que entra y sale de la Argentina. Inauguraría una interesantísima y postergada discusión acerca del modelo dominante del agronegocio; importante no solo para la Argentina sino para el mundo. A la inversa, si Vicentin no se transforma en patrimonio común y no se avanza en la dirección de un mayor control público de los grandes capitales que expolian la renta nacional, el Estado –fragilizado por el macrismo– quedará, entre otras consideraciones, con menos recursos para avanzar hacia una mayor distribución de la riqueza. En este sentido, expropiar Vicentin implicaría un movimiento, hacia la igualdad y la justicia social. Un leve pero fundamental movimiento hacia lo que toda “gran tradición” de pensamiento político democrático, nacional, popular y republicano concibió como fundamento de toda comunidad organizada: el cuidado de la cosa pública, de la riqueza comunal que produce y de la cual depende. Expropiar tiene el sentido de un paso inicial hacia una ciudadanía que garantice la participación en la herencia común para todxs, de manera de reconocernos lxs unxs a lxs otrxs en nuestras diferencias indeclinables como vidas dignas de ser vividas, en lugar de temernos como amenazas; para poder quebrar esa obsesión por el miedo al otrx que la derecha ha cultivado desde siempre.

Cuidar la democracia entre todxs

Entre las reacciones a la propuesta del gobierno preocupa la bravata secesionista proferida por un alto dirigente opositor y ex gobernador de Mendoza. La declaración es funcional a un capitalismo contemporáneo arrasador de la soberanía a través de políticas que vinculan economías de enclave o regiones pasibles de extracción intensiva de recursos naturales con el gran capital financiero global. Esa operación suprime de hecho la regulación legal que el Estado de Derecho impone para representar la soberanía popular y garantizar los derechos de lxs ciudadanxs. La “gran prensa” calibró las declaraciones del ex gobernador de una manera curiosa. Se intentó auscultar en el reclamo un efecto demostrativo -en las élites locales- de los procesos separatistas en la Comunidad Europea, desde los movimientos autonomistas en España hasta el Brexit. Esa perspectiva resuena en los discursos que se escucharon en las movilizaciones de Avellaneda en defensa de Vicentin, en la construcción mediática del “cordobecismo” y en esta suerte de “MendoExit” que pone en cuestión la propia integración nacional. Contrariamente a este imaginario globalizador antiestatista, en nuestra región los espasmos autonomistas vienen indefectiblemente a detener los procesos democráticos populares legítimos. Un caso emblemático en este sentido es el de la insurrección de “la media luna” en Bolivia.

Bajo el nombre de macrismo se indica una identidad política capaz de activar –incluso hoy– un conjunto de aparatos biopolíticos, tecnológicos, jurídicos, financieros y comunicacionales que son de orden nacional y global. En el vecino Brasil –laboratorio social y político de características fascistas y ultraneoliberales– el macrismo pasa a llamarse bolsonarización de la vida. La destrucción política, cultural, económica que el macrismo ha llevado a cabo en cuatro años no tiene antecedentes en la historia de la posdictadura. Ese conjunto de aparatos hoy (ab)usa la cuestión Vicentin para ocultar una trama desatada durante su gobierno. Se trata de las escuchas (i)legales cambiemitas, activadas contra opositores políticos, científicxs, académicxs, intelectualxs, obispos, que auscultaban también a cuadros políticos propios y propagandistas ideológicos regimentados en su matriz de poder. Las escuchas activadas por la AFI y aquellas llevadas a cabo para sobrevigilar a presos políticos y empresarios son escuchas (i)legales. Ilegales porque responden a la lógica de la inteligencia interior con fines privados –en beneficio de una facción política–, perpetradas por agentes al servicio del Estado nacional. Esa forma de acción que se sitúa en un umbral de indistinción entre lo legal y lo ilegal responde a la lógica de un orden mafioso. En efecto, estamos frente a una manifestación mafiosa del doble Estado oculto enquistado en las fisuras del Estado de derecho. Ese doble Estado oculto es una suerte de conjura secreta que cuando se anuda con los tejidos vivos y activos de la legalidad institucional crea fricciones con el poder constituido y genera para-estatalidad, para-economía, para-legalidad. Usar bienes del Estado en beneficio particular -a disposición de una facción política- es un delito que debe ser perseguido por el Estado de derecho, atacado en su justa iniciativa por la intervención y eventual expropiación de Vicentin. Es imperiosa la existencia de una oposición responsable y democrática, que aun con diferencias sustanciales, prevalezca frente a los sectores más reaccionarios.

Hacia una nueva Independencia: Argentina en común

La cultura dominante, sobre todo en contextos de pretendido monolingüismo global, oscurece y abandona a su suerte la riqueza, la diversidad y complejidad de las lenguas, tanto en lo que atañe a las variedades de nuestro español, sus rasgos regionales, inmigratorios, de mixtura y frontera latinoamericana, como a la presencia viva de las lenguas de pueblos y comunidades indígenas. Las lenguas quechuas, las tupí-guaraníes, las mapuche, el aimara, las mataco, el wichi, el qom, el mocoví forman conjuntos de una economía lingüística en la que se inscriben tradiciones, miradas y legados culturales de extraordinaria significación. Se hablan en el país más de 15 lenguas, tanto en territorios específicos como en grandes conglomerados y periferias urbanas; excepto por las provincias de Corrientes, que en 2004 estableció la cooficialidad del guaraní, el Chaco, que dio rango oficial al qom, el wichi y el mocoví en 2010, y Santiago del Estero, que incorporó en su Constitución provincial, en 2005, un artículo en defensa y cuidado del quichua, sigue pendiente en Argentina la discusión sobre el carácter multicultural y plurilingüístico de su composición nacional. Esas lenguas, iluminadas en los procesos independentistas, quedaron sin embargo sepultadas en los enfrentamientos que dieron lugar a la construcción liberal del Estado, y más tarde en la genealogía y las prácticas de los saberes y disciplinas etnográficas de corte europeísta que las concibieron como parte de un mundo muerto. Un gobierno como el del Frente de Todxs, que vuelve a asumir una interrogación por lo nacional, por la convergencia y unidad latinoamericana, está en condiciones de abrir una crucial deliberación democrática acerca de lo que en esas lenguas, y con ellas, se expresa como causa histórica, de afirmación de identidades complejas, múltiples y abiertas.

Las sociedades latinoamericanas comenzaron el siglo XXI con una fuerte impugnación del modelo neoliberal y con una rediscusión del espacio de experiencias y el horizonte de esperanzas. Este proceso político latinoamericano de gobiernos populares y democratización social, interrumpido por el giro a la derecha de los últimos años que incluyó seis golpes de Estado, ha ido en sentido contrario al separatismo y la fragmentación regional; y deberá encarar el problema central en la construcción de la unidad de un pluralismo de lenguas e identidades teniendo en cuenta las relaciones de poder que atraviesan las cuestiones de género, clase y raza. La interseccionalidad democrática resulta impensable sin Estado de derecho y comunidad política nacional.

Hay un nervio democrático que vincula la expropiación de Vicentin con el problema urgente de cumplir con la política sanitaria del gobierno frente a la pandemia. En condiciones donde la vida está en juego, cuidar las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, como así también las condiciones que hacen posible la cuarentena, se ha vuelto una cuestión política de primerísimo orden. Entendemos que la expropiación de Vicentin junto con una gran discusión sobre el impuesto a las grandes riquezas, la soberanía alimentaria y la renta básica universal, constituyen algunos de los instrumentos que permitirían la sostenibilidad de millones de vidas. Lxs argentinxs sabemos por nuestra historia reciente qué significa vivir en democracia: principio ineludible de preservación de la vida de todxs en condiciones de libertad, igualdad y respeto de la soberanía popular.

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