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Entre Ríos dio media sanción al cupo laboral travesti-trans | La iniciativa contó con la aprobación de la Cámara de Senadores



La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto que actualiza artículos de la Ley de Violencia Laboral (N° 9.671) y garantiza derechos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero. A la iniciativa, autoría de la diputada provincial Emilse Pross, se le incorporaron modificaciones, por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados para ser convertida en ley.

El proyecto establece que al menos un 1% del personal del Estado provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado deberá estar ocupado por “personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo”.

Además, propone un principio de “no discriminación”, donde “toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias, protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.

En la iniciativa también se incluye la creación de un “Registro Único de Aspirantes” para “facilitar la incorporación laboral” de las personas trans y se fija un “régimen de Incentivo fiscal” para los empleadores del sector privado que contraten a personas travestis, transexuales y transgénero.

“Destaco el consenso logrado porque en nuestra sociedad existe un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a estas personas a una cadena de exclusiones y discriminación que obstaculiza sus recorridos educativos y laborales”, afirmó la vicegobernadora de Entre Ríos y presidenta de la Cámara de Senadores provincial, Laura Stratta, luego de la 11º Sesión Ordinaria que se llevó a cabo este jueves de forma virtual.

La actualización de la Ley de Violencia Laboral, festejó, no solo incorpora el cupo laboral travesti-trans sino que también fija capacitaciones como herramientas para la prevención. “Es rol del Estado garantizar derechos, por eso avanzar en una agenda de género y diversidades es avanzar en la construcción de una Entre Ríos más justa e igualitaria”, celebró Stratta.

La senadora por Diamante Claudia Gieco (PJ), por su parte, aseguró que el proyecto “se trabajó con mucha responsabilidad y respeto, coincidiendo que las personas trans continúan con dificultades en los derechos a la salud y educación”. Esos “obstáculos estructurales”, señaló, complican su “acceso al trabajo formal”. 

Con esta iniciativa se “da respuesta a esta realidad como un compromiso asumido por los derechos a las diversidades frente a las formas de discriminación y violencias en pos de una sociedad más justa”, consideró Gieco, quien destacó que la misma “va en consonancia” con las políticas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.





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Detuvieron a un armero que llevaba en el baúl a un paramilitar ucraniano que entró ilegalmente al país | El empresario intentó pasar el control diciendo que llevaba “un ciervo”



Juan Manuel Clucellas, uno de los dueños de la armería “La Escondida”, intentó pasar un control policial con un soldado paramilitar ucraniano de 46 años escondido dentro del baúl de su auto, bajo la excusa de que llevaba “un ciervo”. El extranjero había ingresado al país de forma ilegal al cruzar la frontera con Paraguay y el empresario lo había levantado cuando “hacía dedo”, según confirmó. Ambos fueron demorados en la ruta 12, Entre Ríos, por haber violado la cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus.

La detención se produjo en Paso Telégrafo, un puesto caminero situado a cuatro kilómetros del límite con Corrientes, donde la policía entrerriana le requirió al conductor del Chevrolet Corsa la documentación del auto y el permiso de circulación.

Cuando los agentes le preguntaron qué llevaba en el baúl, Clucellas, de 46 años, respondió: “Si vos conocés, llevo un ciervo axis”. Sin embargo, al momento de registrar el compartimento trasero los oficiales se encontraron con un hombre con las piernas flexionadas de 1,90 metros de altura y más de 100 kilos. Según su documentación, se llama Viktor Melnyk, es ucraniano, tiene 47 años y reside en Marbella, provincia de Málaga, España.

Melnyk poseía además una credencial como “teniente” de Reales Tercios, una organización paramilitar en la que se encuadran todos aquellos que juran mantener “fidelidad absoluta a la Corona”, según sus principios.

El hombre admitió que había ingresado a la Argentina ilegalmente desde Paraguay, por lo que se sospecha que también llegó a este último país de forma clandestina desde Brasil. En un claro español, le explicó a los agentes que iba a Rosario para asistir al parto de su esposa, quien llegó desde España antes que él.

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, decidió imputarle a Melnyk la violación de la cuarentena y lo dejó demorado en una comisaría de la capital entrerriana, hasta que cumpla los 14 días de aislamiento.

En tanto, Clucellas declaró que vio a Melnyk hacer dedo en la ruta y lo levantó. Según su relato, había ido a pescar a Itá Ibaté, Corrientes, en su camioneta, pero se volvió en el Corsa, prestado por un amigo, para decirle a su esposa que se había roto su vehículo y que debería volver a buscarlo. “Para no venir solo, yo venía en el Corsita, le dije (a Melnyk) que suba”, agregó.

Clucellas, que ahora se encuentra en libertad, recibió la imputación por la violación de la cuarentena y otra por facilitar la entrada o traslado de un extranjero que ha ingresado ilegalmente, pena que implica de 1 a 6 años de cárcel.

La policía se encuentra investigando la identidad de Melnyk y una de las hipótesis que se maneja es que podría tratarse de un sicario. En este sentido, los investigadores solicitaron la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones para conocer los antecedentes del extranjero, aunque en principio no tendría pedido de captura de Interpol.



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Gualeguaychú entra en aislamiento | El departamento entrerriano tiene 213 casos activos de coronavirus



El Gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el departamento de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. La decisión fue tomada en conjunto con el gobernador Gustavo Bordet debido al aumento exponencial de casos que hubo en Gualeguaychú: hasta el miércoles se registraron 213 casos activos, casi el 60 por ciento de ellos sin nexo confirmado.

Mediante el decreto 700/2020 se estableció que “el departamento de Gualeguaychú, de la Provincia de Entre Ríos, se encontrará alcanzado por las disposiciones del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’”. La medida durará hasta el 30 de agosto, inclusive.

Según el texto, Bordet solicitó que se incluya a la ciudad de Gualeguaychú entre los lugares alcanzados por el aislamiento “sustentando su petición en los resultados de la evaluación epidemiológica realizada por la autoridad sanitaria provincial, que da cuenta de la transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 en la referida localidad”.

El Ministerio de Salud de la provincia presentó un informe a la autoridad sanitaria nacional y, de acuerdo al decreto, “el informe presentado por la provincia es coincidente con la evaluación realizada por este ministerio, da cuenta del agravamiento de la situación epidemiológica y la tensión que esta situación genera en el sistema de atención local”. Según los últimos datos, el departamento de Gualeguaychú suma un total de 466 casos acumulados.



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Rosario: un reclamo para frenar el ecocidio | Cortan el puente Rosario-Victoria por los incendios



Desde Rosario

Lluvia de cenizas sobre Rosario, humo y un piquete en la cabecera del puente Rosario Victoria fueron las postales de la jornada: como ya había ocurrido el domingo, ayer la circulación sobre la traza hacia y desde Entre Rios quedé anulada, por la imposibilidad de circular ante la falta de visibilidad y por la protesta de sectores autoconvocados. Justamente, uno de ellos cuestionó “el régimen de propiedad de la tierra, particularmente del humedal, que con toda la función biológica que tiene no puede estar en manos privadas, sufriendo una explotación a gran escala. Esos espacios naturales tienen que ser preservados para la flora, la fauna y toda la gente que ahí vive y trabaja”.

A media tarde, cientos de vehículos quedaron embotellados sobre el inicio de la ruta 174 en la mano a Entre Ríos porque Gendarmería dispuso cortar el tránsito ante la casi nula visibilidad.

Más tarde, se inició un operativo de paso asistido en la mano hacia Rosario, pero no hacia Victoria porque allí estaban apostados grupos ambientalistas y autoconvocados que reclaman una ley de humedales y mayor asistencia del Estado en el combate contra el fuego. No obstante, el tráfico acumulado en sentido a Entre Ríos comenzó a descongestionarse también pero con la única opción de retornar en el peaje.

Cerca de las 17.30 se llevaba a cabo una asamblea donde los manifestantes iban a debatir la continuidad de la protesta, que podría definir un piquete semipermanente sobre la traza. “Tenemos los incendios y el ecocidio por un lado, y la manifestación ciudadana por otro. Lo que prima es un sentimiento de bronca y desprotección”, dijo desde el puente uno de los autoconvocados en contacto con el móvil de Radio 2.

Se quejó porque “en la primera línea, combatiendo el fuego hay vecinos, gente común, y no el Estado con sus recursos y personal capacitado”, una situación que se dio durante todo el fin de semana en las islas La Deseada y Destilería, y sectores como Boca de la Milonga, donde el incendio arrasó incluso algunos ranchos.

El panorama no es nuevo: hace meses que las islas del delta del Paraná arden y el resultado no es sólo un aire cargado de componentes contaminantes que afectan a la salud de la población, sino la destrucción casi total de la flora y la fauna del humedal y el peligro que el fuego significa para aquellas personas que habitan en las islas.

En los últimos días, los habitantes de la Boca de la Milonga, zona isleña que se encuentra frente a las localidades de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, debieron combatir el fuego en primera persona, ya que las llamas se acercaban a sus viviendas.

La situación despertó alarmas en muchos sectores, ya que los bomberos de la región se encontraban combatiendo otros focos de incendio y, según explicaron los vecinos, “tanto Defensa civil como Prefectura, estaban avisados de la situación pero nadie llegó para dar ayuda en esta emergencia”, por lo que debieron ser los habitantes –sin formación para combatir el fuego– quienes pusieran el cuerpo para aminorar las llamas, que se encontraban a metros de sus hogares.

Esta situación llevó a que en la tarde del lunes vecinos autoconvocados de Rosario realizaran un corte en el puente Rosario-Victoria para exigir respuestas concretas ante la quema del humedal.

Patricio Atkinson, referente autoconvocado, explicó: “Se trata de una situación que no es nueva, pero este año se ha intensificado y vemos con mucha preocupación cómo compañeros y compañeras que están del otro lado del puente, asistiendo a isleños, están completamente desamparados”.

“Hacemos este corte para visibilizar y hacer responsable a los gobiernos municipales de Rosario y de Victoria, a los provinciales tanto de Santa Fe y Entre Ríos y al nacional por la seguridad y porque necesitamos un cese inmediato de las quemas y que se tomen represalias reales contra los responsables de este ecocidio”, agregó Atkinson.



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Controlan los incendios en las islas del delta en Entre Ríos

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Con tratamiento exprés, Bordet logró la emergencia económica en Entre Ríos

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Bordet busca la emergencia económica: los gremios se oponen y hay rechazos en el PJ

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Avanzan los impuestos a las grandes fortunas mientras se acerca el horizonte de la post–pandemia

A medida que pasan las semanas y el escenario deja claro que la pandemia tardará en irse y dejará tierra arrasada, el debate acerca de cómo costear la salida de la crisis se vuelve urgente. Ya explorados los límites del endeudamiento, durante el gobierno anterior, y de la emisión, desde que comenzó la pandemia, la única alternativa a no hacer nada es incrementar la recaudación. Esa necesidad se corrobora en todos los niveles de gestión, nacional, provincial y municipal; también en administraciones de diferente color y origen político, lo que pone en evidencia que no se trata de ideología sino de mero pragmatismo. Tanto es así que la iniciativa se repite en otros países del mundo, incluso con menos urgencias que en la Argentina.

EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA

El viernes pasado, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció un proyecto para financiar a la provincia con aportes de los grandes latifundios, el sector financiero, el sector farmacológico y los funcionarios con sueldos mayores a 75 mil pesos en el marco de una declaración de “emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional”. No es el primero. En mayo, el pampeano Sergio Ziliotto ya había impulsado un gravamen extraordinario a los bancos, subiendo la alícuota de Ingresos Brutos del 9 al 14 por ciento, con la misma premisa: “Son momentos de solidaridad. Quienes más ganaron, más tienen que aportar”. En Buenos Aires, Axel Kicillof acaba de reenviar un proyecto a la legislatura para subirle esa carga a bancos, agroquímicas y empresas de internet.

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A nivel municipal, la primera experiencia del país fue en Castelli, provincia de Buenos Aires, donde el intendente Francisco Echarren fue el primero en implementar un impuesto que apuntaba a algo más de quinientos productores rurales y que pudo recaudar el equivalente a un mes del presupuesto del distrito, volcado finalmente a reforzar la infraestructura hospitalaria. Pero no son iniciativas que sólo adopten los gobiernos peronistas. En General Lavalle, el intendente de Juntos por el Cambio, José Rodríguez Ponte, impuso una contribución extraordinaria para los principales aportantes del distrito, casi todos dueños de campos o de empresas pesqueras. En Hurlingham, Juan Zabaleta también decidió aumentar la tasa que pagan los bancos de ese municipio.

Sirve entender el contexto de estas decisiones. El viernes, tras anunciar la medida de emergencia, Bordet dio una entrevista donde explicó el origen de la cuestión de manera gráfica: “El principal problema del desfinanciamiento que hemos tenido las provincias empezó en agosto de 2019. Después de las primarias se desplomó toda la previsibilidad que tenía el país, el presidente Macri en ese momento tomó medidas para de algún modo intentar dar vuelta los resultados electorales. Esas medidas que se tomaron para Entre Ríos a valor histórico, a dinero de hoy, implicó cerca de 4.000 millones de pesos menos nada más en seis meses”. El mismo agujero fiscal había en el resto de las provincias, en el Estado nacional y en los municipios, incluso antes de que comenzara la pandemia.

En ese contexto, en la Casa Rosada aseguran que ahora sí se avanzará con el proyecto para una contribución extraordinaria de las 10 mil familias más ricas del país, con el que esperan recaudar 3 mil millones de dólares que se dedicarán a reactivar la economía, financiando la integración de villas, préstamos blandos para PyMEs e inversiones en el sector energético. Será el prólogo de una reforma tributaria de fondo, que el presidente Alberto Fernández espera que funcione como piedra basal para la construcción de una nueva estructura económica del país. Ningún país saldrá intacto de esta crisis: depende de lo que se haga en los próximos meses que se profundice la desigualdad o se abra un camino hacia el desarrollo. Pero no hay proyecto posible sin un reparto adecuado de las cargas.

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Incendios en el Paraná: Entre Ríos demandó a productores

Incendios en el Paraná: Entre Ríos demandó a productores

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Leticia Angerosa, la entrerriana espiada por la AFI macrista: “Me sentí perseguida”

Leticia Angerosa, espiada por la AFI: ” “Me sentí perseguida”

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