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Elizabeth Gómez Alcorta: “Hoy hicimos historia” | Primeras declaraciones de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad



Esta mañana, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación junto con el proyecto de Ley de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La iniciativa fue sancionada con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. Muy emocionada, desde la Cámara Alta, desde donde siguió la sesión minuto a minuto, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta aseguró que “este es un gran triunfo del movimiento de mujeres y de la diversidad que vienen luchando por esta ley desde hace décadas, que se conjugó con la la decisión política de un Gobierno que llegó para ampliar derechos. Hoy tenemos una Argentina más justa”.

“La conquista de este derecho es un hecho histórico. Hoy tenemos un Estado presente, que deja de ser indiferente a un problema de salud pública y de justicia social. Un Estado que se pone al frente, que asume con responsabilidad las demandas históricas del movimiento de mujeres y LGBTI+ y que no actúa con hipocresía sino que decide acompañar, a todas las personas, sea cual sea la decisión que tomen y los proyectos de vida que tengan. Esto no hubiera sido posible sin el compromiso y el trabajo mancomunado de legisladores y lesgisladoras de distintos espacios políticos. Cuando se trata de ampliar derechos, los consensos trascienden las pertenencias partidarias”, señaló.

A su vez, Gómez Alcorta indicó que ahora comienza una nueva etapa en la que trabajarán, tal como lo hicieron hasta ahora, junto a la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Salud en la reglamentación y en la implementación de la ley en todo el país.Por otra parte afirmó que “también sabemos que toda nuestra querida región nos está mirando, y no tengo dudas que toda Latinoamérica avanza junto a las mujeres argentinas”.

“Terminamos este año tan difícil, con una pandemia que alteró todos los planes que teníamos no sólo los argentinos y argentinas, sino los que habían en el mundo entero, cumpliendo una promesa de campaña y ampliando derechos. Esto es producto de la lucha colectiva, del trabajo comprometido por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que hoy demuestran que están a la altura de las circunstancias”.



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“No hay ninguna posibilidad de que si se sanciona esta ley se pueda judicializar la práctica” | Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación



“Hemos trabajado y lo seguiremos haciendo para que el proyecto se convierta en ley.” Con estas palabras la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, reafirma el gran paso que dio el presidente Alberto Fernández esta semana al presentar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En esta entrevista habla de la “férrea voluntad” de que este proyecto sea ley en breve, aclara los artículos que generan dudas y plantea, en consonancia con las organizaciones feministas, que la sociedad está lista para que esta práctica tenga el marco legal que las mujeres y las niñas se merecen.

El Poder Ejecutivo envió esta semana los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia al Congreso de la Nación. Gómez Alcorta explicó que era importante que fueran juntos para acompañar a las mujeres en cualquier situación ligada a su salud sexual y reproductiva: “Frente a la realidad de abortos clandestinos que hay en nuestro país y la evidente ausencia de prevención de las normas que las criminalizan, hay que acompañar centralmente para salvar vidas y cuidar la salud y la integridad física de las mujeres. También, en ese mismo sentido, deseamos que ninguna mujer tenga que tomar la decisión de interrumpir su embarazo por su estado de vulnerabilidad, por lo tanto, también acompañar durante el embarazo y los primeros tres años de vida de esos niños y esas niñas forma parte de este Estado presente”.

–Enviar el proyecto de IVE es un paso importante, pero ¿qué van a hacer para que el proyecto finalmente sea ley?

–Es un primer paso pero no es cualquier primer paso, muestra una voluntad de un Poder Ejecutivo que no solamente ha sostenido durante la campaña electoral sino que muestra la férrea la voluntad de que el proyecto sea ley. Eso es una diferencia sustantiva, de hecho, es algo histórico porque antes de esta ocasión no había sucedido y también se vinieron trabajando a lo largo de los meses y se seguirá trabajando para conseguir los consensos necesarios para obtener los votos que hagan posible que el proyecto se convierta en ley.

–Más allá de lograr los consensos político-parlamentarios, ¿cómo ven el tema en la sociedad?

–Entendemos que estamos en otro momento a pesar del corto plazo entre el 2018 y la actualidad, en términos del debate social que hay sobre la interrupción legal del embarazo. Centralmente, además del largo recorrido del movimiento de mujeres y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, la principal diferencia es que el debate del 2018 no se dio a puertas adentro del Congreso, sino que inundó toda la sociedad. No hubo espacio, familiar, educativo, laboral, institucional en donde no llegara información, discusión, debate.

–¿Cuánto se conoce acerca de cómo se practica una ILE?

–Nos damos cuenta que efectivamente hay falta de información bastante generalizada sobre cuáles son los métodos con los que hoy se llevan adelante las interrupciones legales del embarazo. En la inmensa mayoría de los casos, las interrupciones legales, como establece el proyecto de ley, se llevan adelante por métodos farmacológicos, medicamentosos, centralmente en argentina con Misoprostol. Son medicamentos esenciales según la Organización Mundial de La Salud, que también entiende que los otros métodos son obsoletos. Por lo tanto, la referencia a que la práctica de la interrupción del embarazo se hace por medios ambulatorios en el marco de la toma de unas pastillas, que no requiere la utilización de camas ni de intervención alguna, también sirve para entender que efectivamente su legalización va a desestresar el sistema de salud, por un lado, y no implica más costos para el Estado.

–El proyecto incorpora la objeción de conciencia, algo que no estaba en el de la Campaña y no prohíbe explícitamente la objeción institucional ¿por qué?

–Efectivamente el proyecto de ley establece el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia que, si bien no lo establece el proyecto de la Campaña, lo cierto es que sí lo establecía el dictamen de consenso del 2018. Sobre esto hay que ser claro, se trata de un derecho que está amparado en la Constitución Nacional, implica que nadie puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones. Se trata de un derecho personal, pero es un derecho que tiene limitaciones. Si el ejercicio de ese derecho perjudica a otras personas, o en el caso en particular del aborto pone en riesgo la vida o la salud de una persona, el ejercicio de ese derecho se ve limitado. El proyecto solamente establece la objeción de conciencia para quien tiene que intervenir de manera directa la interrupción del embarazo. Además, regula: no solo pone el límite cuando está en juego la vida, sino que la objetora o el objetor de conciencia debe mantener su decisión en todos los ámbitos donde ejerza su profesión, si trabaja en el sector privado y en el público no puede ser objetor en uno y en otro no, pero a la vez establece una derivación a esa paciente que requiere ser atendida, y que esa derivación sea en forma oportuna, eficiente, sin dilaciones y pone en cabeza de esa persona el adoptar todas las medidas que hagan posible garantizar el acceso a la práctica. No prohíbe porque la objeción de conciencia es un derecho personal. Conciencia solamente pueden tenerla las personas humanas, no puede ser invocada por instituciones de salud porque no es un derecho amparado para las personas jurídicas. Por eso no es necesario prohibirlas, jurídicamente no corresponde jamás a una institución.

–¿Pero en la práctica puede la sumatoria de objeciones individuales resultar en una especie de objeción institucional?

–En el artículo 6 dice que el establecimiento de salud –se piensa en el sistema tripartito: obras sociales, prepagas y públicos– tiene que poner a disposición de las personas gestantes la atención integral a lo largo de todo el proceso que establece la ley. Entonces hay una obligación a prestar la asistencia integral. Por otro lado, lo que establece el proyecto de ley es que las prestaciones de interrupción legal de embarazo quedan comprendidas en el Plan Médico Obligatorio con cobertura total en los tres subsectores del sistema. Por lo tanto, no sería posible. Por otro lado, entendemos ese temor. También hay que decir que algunas de las posiciones que toman profesionales en relación a ILE en la actualidad suceden en general en algunas provincias donde no hay protocolos para ILE. En ese caso el protocolo le da un marco de legalidad jurídica al profesional. Existiendo una ley que legalice las prácticas hasta la semana catorce, va a haber posiciones distintas porque va a haber un marco absolutamente diferente al respecto.

–Otras inquietudes las genera el hecho de que a partir de la semana catorce fuera de las causales las mujeres pueden ser criminalizadas y que establece un plazo de diez días para la garantía de la práctica, mientras el de la Campaña decía cinco…

–El plazo de diez días para garantizar esta práctica permite que en algunas situaciones en las que se requiera hacer una derivación oportuna estén dadas las condiciones en el marco de lo que dice la ley. Sobre todo cuando hay dilación u obstaculización de la práctica por parte de alguno de los profesionales que interviene, lo prevé como una conducta delictiva. En ese sentido, hay que poner un plazo que sea razonable para no generar una catarata de criminalizaciones a profesionales. Efectivamente se trata de una legalización en todos los casos hasta la semana catorce y posteriormente exclusivamente cuando se encuentran previstas las mismas causales que están previstas hoy, es decir hace cien años en nuestro Código Penal. En cuanto a la penalidad tanto para quien ejerce el aborto como el auto aborto en el caso de la mujer, establece penas bastante bajas para las penales previstas en el Código Penal, de tres meses a un año. Explícitamente establece que no va a ser penada la tentativa y por otro lado, establece la posibilidad de que en ciertas circunstancias que sean atendibles se pueda directamente eximir esa penalidad.

–¿Con este proyecto de ley se podrán evitar judicializaciones como las que ocurren actualmente en relación a las ILE?

–Efectivamente, no hay ninguna posibilidad de que si se sanciona esta ley se pueda judicializar, sobre todo las prácticas hasta la semana catorce inclusive. En ese sentido, el serio problema que tenemos hoy está vinculado a aquellos lugares en los que no existiendo protocolo de interrupción legal del embarazo, el marco que da el fallo FAL desde 2012 y el Código Penal, deja en algunas situaciones de desamparo a algunos profesionales para sus intervenciones, por eso se terminan requiriendo exigencias que no están previstas en la ley y la Corte Suprema ha dicho que de ningún modo eran necesarias. 



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El mundo Internacional

Marisa Herrera, candidata para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU

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Argentina El país

“Todos los poderes hacen capacitaciones que la Corte no hace” | Gómez Alcorta reclamó el cumplimiento de la Ley Micaela



La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reclamó hoy a la Corte Suprema que aplique la Ley Micaela, que obliga a capacitar a los tres poderes del Estado respecto de la violencia de género. “La Corte no cumple el artículo 6 de la ley”, dijo en AM750.

Ayer, en la presentación del Plan Acompañar, para víctimas de violencia de género, el  presidente Alberto Fernández expresó su “preocupación” por la falta de implementación integral de la norma en el Poder Judicial y criticó al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por haber hecho “silencio” frente a la demanda que al respecto le había hecho el Gobierno. Luego, la Corte difundió un comunicado en el que afirma que lidera desde 2010 “la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial” con un proyecto “inédito” en el mundo, reconocido por Naciones Unidas.

Gómez Alcorta recordó que la Ley Micaela está vigente desde enero de 2019 y que el macrismo había comenzado la capacitación por los empleados. “El presidente Alberto Fernández cambió todo al decidir que hay que dar el ejemplo desde la cabeza de cada poder”, expresó en torno a la capacitación que hizo el titular del Poder Ejecutivo en enero, algo que luego imitaron en Diputados y Senadores.

“Hubo una comunicación informal con la Corte para que el Ministerio hiciera la capacitación, y el 23 de junio le escribí a su presidente. Le dije que había que coordinar y le recordé que el Poder Judicial estaba en falta respecto de los otros dos poderes.” Rosenkrantz no respondió la misiva. En el comunicado que emitió, el máximo tribunal recuerda que hay políticas de género en su órbita, como la Oficina de la Mujer, que creara la fallecida jueza Carmen Argibay.

“No discutimos eso, de hecho la Oficina de la Mujer hace un buen trabajo, y la Corte lleva el registro de femicidios y travesticidios”, sostuvo la ministra, que volvió a pedir el cumplimiento del artículo 6 de la Ley Micaela. “Se precisa una reforma en la Justicia sobre temas de género, es muy difícil acceder allí para mujeres y personas del colectivo LGBTI”, continuó. “Todos los poderes hacen capacitaciones que no hace la Corte, y debería hacerlas, porque lo dice la ley y porque debe dar el ejemplo como cabeza del Poder Judicial”, añadió.

Plan Acompañar

En otro orden, Gómez Alcorta, se refirió al Plan Acompañar. “Firmamos con Buenos Aires, Río Negro, Chaco y Sante Fe, y pronto lo haremos con las otras provincias”, detalló sobre la iniciativa que brinda una ayuda económica (equivalente a un salario mínimo, vital y móvil) a mujeres que transiten situaciones de violencia de género. La ayuda estatal se extiende en cada caso por seis meses con un presupuesto de 4 mil millones de pesos. 

Justificó la ayuda en el hecho de que “hay muchas situaciones que derivan en femicidios o travesticidios, y hay dependencia económica hacia el agresor, lo cual dificulta salir de la situación”. 

El Plan se lleva adelante en conjunto con provincias y municipios, que hacen la asistencia integral. “Hay mucha subregistración de casos, el 80 por ciento de las víctimas fatales no hace denuncia. No hace falta la denuncia para acceder a esta ayuda”, explicó Gómez Alcorta. “Solamente basta con la acreditación de un informe del municipio y la provincia que acredita la situación”, agregó. Ahora, de manera fehaciente, el Estado va a poder tener un registro de casos de violencia de género. 

Será la primera ve que habrá datos duros en el país. Siempre se habla de encuestas de victimización. Los registros están lejos de indicar cómo es el fenómeno en tiempos reales“, dijo la ministra en ese sentido. “Es un paso fundamental, en el presupuesto nacional tiene un peso enorme. Y apostamos a que sea una de las mayores políticas para bajar los índices de femicidios y travesticidios en el país.”

También resaltó el hecho de que el presupuesto nacional tenga perspectiva de género, así como el aumento en las partidas. “Vamos a tener fondos por 6200 millones de pesos, lo que representa 22 veces el presupuesto de hace un año del Instituto Nacional de las Mujeres”. 

En 2019 hubo 24 partidas etiquetadas con perspectiva de género, ahora son 51. hay muchas áreas donde hacía falta esto, como la Tarjeta Alimentar, asignada sobre todo a mujeres; o la moratoria de Anses que alcanza a un 75 por ciento de mujeres que son amas de casa.”

El escándalo de Ameri

Finalmente, en el programa Toma y Daca, la funcionaria habló del caso del ya exdiputado Juan Emilio Ameri, al que definió como “un hecho vergonzoso” y “una falta de respeto a las instituciones de la República“. Consideró que “la virtualidad no quita la investidura, el hecho habla por sí solo”, y llamó a las fuerzas políticas, “sin distinciones”, para “un control estricto de quienes integran las listas“, dado que Ameri tenía denuncias previas. 

“Con el Ministerio del Interior convocamos a una reunión hace un mes a 43 partidos nacionales, vinieron 40 para pensar transformaciones de género. Hay problemas y el trabajo está dentro de los partidos políticos”, afirmó en etse sentido. “Hay una agenda y pasaremos a trabajar con los partidos provinciales. Lo del jueves fue un hecho triste y terminó rápido, es un dato de que hay cosas que no se toleran”, cerró.



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Argentina Economía

Pautas para la igualdad de género | El gobierno nacional fijó lineamientos para las empresas públicas



El gobierno nacional amplió los lineamientos para alcanzar la Igualdad de Género en la gestión de empresas y sociedades del Estado. Se trata de una serie de pautas específicas para reparar diferencias y lograr estándares de igualdad de género en la organización interna de las empresas y sociedades con participación estatal. Son sugerencias de políticas destinadas a eliminar las brechas salariales, fomentar composición paritaria en los directorios, desarrollar políticas para equilibrar la vida laboral y personal a través de políticas de cuidado, erradicar el acoso sexual y la violencia. 

La medida fue impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), y oficializada mediante una resolución por Jefatura de Gabinete de Ministros. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta, explicó que la desigual participación de las mujeres y Lgbti+ en el mundo laboral se asienta en estereotipos de género, y por eso “es fundamental avanzar en políticas que reviertan las brechas existentes. Es necesario abordar específicamente las violencias y el acoso por motivos de género en el mundo laboral. Para alcanzar la igualdad en este ámbito también es indispensable abordar la inequitativa distribución de las tareas de cuidado, que son uno de los factores estructurales a la hora de analizar las desigualdades en el mundo del trabajo entre varones, mujeres y Lgbti+”.

Lineamientos para la igualdad

Áreas de género: sugiere la generación de espacios institucionales para incorporar la perspectiva de género y diversidad a las políticas de la empresa a través de la creación de áreas de género, realización de capacitaciones para trabajadores y directivos de la empresa, desarrollo de un sistema de comunicación institucional interno de información y sensibilización sobre la igualdad de género. 

Tareas de cuidado: promover licencias que contribuyan a la igualdad en la distribución de tareas de cuidado; licencia por enfermedades de hijas e hijos o personas a cargo, adaptación escolar, lactancia y gestación; brindar un espacio de cuidado para las trabajadoras y trabajadores o, de no existir estos, abonar plus por guardería; 

Inclusión: adoptar políticas de promoción para la inclusión de mujeres y Lgtbi+, fomentando la paridad de género en la composición del directorio y en todas las áreas de la empresa; realizar relevamientos de cantidad de mujeres y Lgbti+ por área, las que ocupan puestos de jerarquía en la empresa y las que fueron ascendidas durante los últimos cuatro años; impulsar la participación de personas lgbti+ en los espacios de toma de decisión y en puestos de jerarquía.

Prevención de violencias por razones de género: creación y/o adecuación de protocolos para prevenir y erradicar la violencia, el acoso y maltrato por razones de género; generación de mecanismos de acceso efectivo a la presentación de quejas y denuncias para las víctimas de violencia laboral por razones de género; procurar acciones de concientización, prevención y formación de violencias.

Se espera que las empresas y sociedades del Estado avancen de manera gradual con la implementación de los lineamientos. “La definición y cumplimiento de estos lineamientos refuerza el rol del Estado como regulador de los servicios prestados por las empresas con participación estatal y, fundamentalmente, reafirma su posición de garante de los derechos humanos e impulsor de la igualdad de género. Por eso, trabajaremos de manera articulada con todas estas empresas para avanzar en este sentido y poder cumplir con estos lineamientos”, sostuvo la ministra.

Contexto

La participación de las mujeres y Lgbti+ en el mundo del trabajo es más limitada que la de los varones. Además de las brechas en los niveles de ingresos, existen barreras para su participación en determinados empleos y para el acceso a puestos jerárquicos. Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, mientras el 8,5 por ciento de los varones ocupados tiene puestos de jefatura o dirección, sólo el 4,7 por ciento de las mujeres alcanza ese nivel jerárquico. La proporción de mujeres en los directorios de las empresas con participación estatal alcanzaba un 8,4 por ciento a mayo de 2019 según datos de la CIPPEC. La proporción de mujeres en directorios de empresas que operan bajo el régimen de oferta pública según información de la CNV a 2017 era apenas de un 8,8 por ciento. Por último, los indicadores laborales básicos en Argentina son construidos a partir de una variable de sexo binaria, de modo que no reflejan en toda su dimensión la situación laboral de quienes no se encuentran representados por estas categorías.



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Argentina El país

Alberto Fernández presentó el Programa Acompañar para víctimas de violencia de género | Junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta



El presidente Alberto Fernández expresó su “preocupación” por la falta de implementación integral de la Ley Micaela en el Poder Judicial y criticó al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por haber hecho “silencio” frente a la demanda que al respecto le hizo el gobierno nacional.

“Veo con preocupación de que dos de los tres poderes (de la República) han avanzado en implementar esa ley” que busca “generar conciencia de la igualdad de derechos” por la mujer y por la participación equitativa entre los miembros de los géneros en las instituciones del Estado. Pero “esta rémora lamentablemente la tenemos en el Poder Judicial”, cuestionó el mandatario.

“Le hemos pedidos al presidente de la Corte que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”, lamentó y llamó al resto de los integrantes de la Justicia a no “hacerse los distraídos” con ese tema.

Durante la firma con cuatro provincias del programa Acompañar, que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el jefe de Estado remarcó la importancia de que los jueces se instruyan en esa ley “porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios” de casos de violencia de género.

“Sin en el siglo XXI no entienden” la importancia de esa norma “y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un verdadero problema”, dijo y remarcó que al respecto “no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos” frente a la desigualdad.

De la misma manera, insistió en que tampoco es posible permitir que “esa desigualdad se manifieste en gestos de humillación y de violencia”. “Nadie tolera que una mujer muera por el hecho de ser mujer pero que tampoco padezca violencia, infamia, difamación y maltrato psicológico por el solo hecho de ser mujer”, sentenció.

La ley establece la formación y capacitación obligatoria anual en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública y de todos los poderes del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El incumplimiento de la capacitación es pasible de ser considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

Alberto Fernández ambién consideró que el drama de la violencia machista tiene dos vías con principios de solución. Uno de ellos es “la prevención”, que en parte se solucionaría con la aplicación de la Ley Micaela. Y la otra es “ocuparnos del victimario”, y “para esto, la Justicia tiene que hacer la parte que le corresponde”.

Por otra parte, el Presidente recordó aquella confusión o lapsus que tuvo en su discurso del día de su asunción, en Plaza de Mayo, cuando quiso decir “vamos a volver para ser mejores” y dijo “vamos a volver para ser mujeres”.

“Eso fue anticipo de lo que teníamos que hacer: ponernos en lugar de las mujeres”, recalcó. Luego ponderó las políticas que pone en marcha la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta y destacó que una sociedad más justa “se construye si todos los días inyectamos igualdad y nos obligamos a dar derechos a los que hoy carecen de esos derechos”.

“Volvimos para ser mejores y volvimos para ponernos en el lugar de la mujer. Volvimos para ser mujeres y entender lo que le pasa a las mujeres”, concluyó.

El jefe de Estado encabezó junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la firma de convenios con distintas provincias para adherir al Programa Acompañar, que hace un aporte para la autonomía económica de las víctimas de violencia de género y que forma parte del plan nacional que esa cartera puso en marcha para el período 2020-2022.

Participaron también Fernanda Raverta, titular de la Anses, el organismo que encargado del parte del financiamiento del programa. Los mandatarios provinciales que firmaron fueron la gobernadora Arabela Carreras, de Río Negro, y los gobernadores Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Jorge Capitanich, de Chaco; y Omar Perotti, de Santa Fe.

El Programa Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, que “se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias”, y contempla “impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo”.

Será implementado en articulación con Anses y a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios, quienes se constituirán en Unidades de Acompañamiento.

El Programa está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo, y que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias.

Las acciones que comprende el programa son un apoyo económico, equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo; y un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales.



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“Tenemos la obligación de reducir las desigualdades de género en el mundo laboral” | Publicaron en el Boletín Oficial las pautas delineadas por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad



El Ministerio nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) definió una serie de pautas específicas para asegurar la igualdad de género en empresas y sociedades del Estado argentino. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, apunta a “reducir las desigualdades en el acceso y permanencia en el mundo laboral por parte de mujeres y LGBTI+, tanto en el ámbito público como privado”. Elizabeth Gómez Alcorta, a cargo del MMGyD, afirmó que “es fundamental avanzar en políticas que reviertan las brechas existentes”. 

“Tenemos la obligación como Estado de reducir las desigualdades de género en el mundo laboral”, señaló la Ministra. Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, mientras el 8,5% de los varones ocupados tiene puestos de jefatura o dirección, sólo el 4,7% de las mujeres alcanza ese nivel jerárquico. En las empresas con participación estatal, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en mayo de 2019 la proporción de mujeres en los directorios alcanzaba un 8,4%. Estas estadísticas, como todos los indicadores laborales básicos en Argentina, son construidos a partir de una variable de género binaria, y no representan a quienes no se identifican dentro de las categorías de hombre y mujer.

Los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional promueven la adopción de políticas para garantizar la igualdad de oportunidades, prevenir y erradicar todo tipo de violencia por motivos de género en el ámbito laboral, y toda acción u omisión que pueda implicar una situación de discriminación por motivos de género. En este sentido, Gómez Alcorta señaló que la decisión del Gobierno de fomentar a las empresas y sociedades del Estado a revisar la composición y organización interna “reafirma su posición de garante de los derechos humanos e impulsor de la igualdad de género”.

Una de las acciones sugeridas en los lineamientos es la creación de áreas institucionales de género y diversidad para incorporar esta perspectiva a las políticas de la empresa. El espacio tendrá a su cargo la tarea de garantizar capacitaciones, difusión de información y sensibilización sobre la igualdad de género, y realizar un monitoreo para dar cuenta de los avances. También prevé que las empresas y sociedades del Estado adopten políticas de promoción para la inclusión de mujeres y LGTBI+, y medidas que apunten a prevenir y erradicar las violencias por razones de género dentro del ámbito laboral. “Es necesario abordar específicamente las violencias y el acoso por motivos de género en el mundo laboral”, afirmó la Ministra.

Por último, las recomendaciones, oficializadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministras, instan a las empresas a “adoptar medidas destinadas a la promoción de la corresponsabilidad de les trabajadores para el cuidado de personas dependientes a su cargo”, entre ellas, la adopción de licencias igualitarias para la maternidad y paternidad en los casos de nacimiento, adopción, parto múltiple y técnicas de reproducción humana asistida, o bien las licencias por enfermedades de hijas e hijos o personas a cargo. También incluye la creación de lactarios dentro de los espacios de trabajo, y la posibilidad de contar con un espacio de cuidado compartido o propio, o de lo contrario abonar un plus por guardería. Según Gómez Alcorta, la inequidad en la distribución de las tareas de cuidado es “uno de los factores estructurales a la hora de analizar las desigualdades en el mundo del trabajo entre varones, mujeres y LGBTI+”.



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El Estado asistirá económicamente a las mujeres y personas LGBTI en situación de violencia de género

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Elizabeth Gómez Alcorta: “La emoción de Cocó le da sentido a nuestro trabajo cotidiano” | El video de una niña trans de 13 años agradecida por el decreto de Cupo Laboral 



Entre las repercusiones que tuvo el decreto de Cupo Laboral Trans, Travesti y Transgénero, firmado en la noche del jueves por el presidente Alberto Fernández, generó especial atención la de Cocó, una niña de 13 años de Villa Nueva, Córdoba, que decidió filmar un video para compartir la emoción que sintió al conocer la noticia. Conmovida, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, compartió su experiencia en Twitter. 

“Hola, soy Constanza Chiozo y soy orgullosamente una nena trans”, se presenta ante la cámara la pequeña de 13 años, en un video que compartió el portal web La Marea Noticias.

Según relató la niña, su mamá la “despertó con una maravillosa noticia”: el Presidente había establecido, por decreto (721/2020), que el sector público deberá contar con un 1% de representación trans, travesti y transgénero.

Estoy súper feliz porque sé que en el futuro voy a poder tener un trabajo digno sin ser juzgada por mi género. Y estoy muy emocionada porque voy a poder cumplir mi sueño de ser abogada sin importar mi genitalidad, sino mi capacidad“, expresó, agradecida porque “muches niñes y adolescentes vamos a poder ser lo que soñamos en un futuro”. 

Este domingo, tras conocer el relato de la niña, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, decidió compartir el video a través de su cuenta de Twitter. “La emoción de Cocó le da sentido a nuestro trabajo cotidiano”, escribió. 

Nos mueven las fuerzas de que las decisiones que tomamos se traduzcan en historias de oportunidades, libertades y reconocimiento de derechos. Me conmueve su relato y me dan ganas de abrazarla muy fuerte”, agregó Gómez Alcorta.

Ley de Cupo Laboral Trans

El jueves pasado jueves, en una decisión histórica, el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, firmaron el decreto 721/2020 que establece que el sector público deberá contar con un 1 por ciento de representación trans, travesti y transgénero.

“Establécese que, en el Sector Público Nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se apunta en el Decreto, que fue publicado el viernes. 

Para garantizar que el cupo se cumpla “se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero”.

Según se precisa, la medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. Ellas tendrán derechos a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión.





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Argentina normal

Cupo laboral trans: las repercusiones tras el decreto | Activistas, funcionarias y legisladoras destacaron el avance que significa la medida



“Siento una alegría enorme, una felicidad muy profunda”, señaló a Página/12 Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Las voces de quienes desde hace años militan por los derechos de las personas travestis y trans se multiplican desde este viernes a la madrugada, cuando a las cero de la madrugada el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 721/2020, que establece el 1 por ciento de representación trans, travesti y transgénero en el sector público nacional. “Estamos tan acostumbrades a las malas noticias, que todavía no puedo creer que el sueño de Diana esté siendo una realidad”, afirmó Say Sacayán, hermano de Diana Sacayán, quien impulsó el reclamo por el cupo laboral trans. 

El decreto aplica a toda la administración pública nacional, que según el artículo 8 de la Ley 24.156 incluye a la administración central y los organismos descentralizados, la Jefatura de Gabinete, los distintos Ministerios, y a todas las empresas y sociedades del Estado, así como a los entes públicos que dependen del Estado nacional. “En junio, durante una reunión, hablamos con el Presidente de que, más allá de lo que suceda con los proyectos de Ley, le parecía bien crear un cupo en la administración publica nacional”, relató a Página/12 Elizabeth Gómez Acorta, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad. “Significa un compromiso profundo, una dimensión nueva que va a cambiar la expectativa de vida en la población travesti y trans y a romper con la cadena de expulsión que nos ha tocado recorrer a muchas de nosotras”, advirtió Rueda y detalló que esa cadena “abarca desde la falta de oportunidades hasta los malos tratos, el mal pago, la discriminación o la expulsión de los espacios de trabajo”.

Alba Rueda comenzó a trabajar en el Inadi en 2006, cuando todavía faltaban seis años para la sanción de la Ley de Identidad de Género, y allí tuvo que luchar para que le sea reconocida su identidad autopercibida en el recibo de sueldo. Con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad asumió como subsecretaria de Políticas de Diversidad. “Poder acceder al trabajo formal implica tener derechos, un sueldo, una obra social, vacaciones, cosas que en la vida miles de personas trans no hemos tenido. Es un cambio sustantivo en la sociedad, reconocer que existe una desigualdad estructural que hay que transformar”, explicó Rueda.

Uno de los ejes más novedosos del proyecto es que contempla no sólo el acceso a puestos de trabajo, sino la posibilidad de continuar, en paralelo con el trabajo, la formación educativa obligatoria o bien otras capacitaciones que apunten a cumplir con los requisitos del puesto. “Es imposible levantarse a estudiar si estuviste toda la noche trabajando y expuesta a situaciones de violencia. Diana entendía esto y por eso luchaba por el empleo, porque el trabajo modifica todos los aspectos de una vida. Te convierte en ciudadana o ciudadano”, señaló a Página/12 Say Sacayán y remarcó que “el acompañamiento psicológico, los espacios de expresión, la cuestión de la educación y la flexibilidad de la idoneidad es fundamental al momento de ingresar a un trabajo”. 

Para él es central que figure la palabra “cupo” porque así lo nombró su hermana, Diana Sacayán, impulsora del reclamo por la inclusión laboral para la población travesti y trans. En la provincia de Buenos Aires la norma que establece el cupo, vigente desde 2015, lleva el nombre de Diana como homenaje de su militancia. “Hay algo histórico que no tiene reparo, que son las que ya no están. Ahora estamos hablando de construir una vida vivible para quienes existimos, y también para las generaciones del futuro”, señaló Sacayán.

El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, encargado de la reglamentación del decreto, llevará un registro de los puestos de trabajo vacantes, las ofertas disponibles y la cantidad de cargos cubiertos en el marco de la normativa. Además, abrirá un “Registro de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero” aspirantes a los puestos de trabajo, que será voluntario y no será requisito para el ingreso a ningún empleo. 

El cupo laboral es el paso que le seguía a la Ley de Identidad de Género. Es una forma de reparación hacia un colectivo que lleva muchos años de lucha esperando una respuesta política”, señaló Gabriela Estévez, diputada del bloque Frente de Todos y autora de uno de los proyectos de Ley que están en debate en el Congreso Nacional, y agregó que “el decreto adelanta los tiempos, ahora hay que tejer un solo cuerpo legal que contemple todos los derechos”.

Próximo paso: que el cupo sea Ley

“Esperamos que se apruebe una ley, para que se garantice una protección sustancial y se incluya a todos los poderes del Estado”, aclaró Rueda. En la comisión de Mujeres y Géneros de la Cámara de Diputados hay 12 proyectos en debate, que apuntan a garantizar la inclusión laboral de la población travesti y trans. “Hay un abanico de proyectos que abarcan las distintas dimensiones, ahora el trabajo es unificar y debatir si se trabaja en un paquete de leyes o en una sola”, explicó a este diario Mónica Macha, quien preside la comisión, y advirtió que “el decreto asegura que el cupo ya se empiece a implementar. Lo que sigue, la ley, es para darle estabilidad a esta política”.

Los ejes que se agregan en los proyectos de ley que debaten en Diputados, complementarios al decreto, tienen que ver con el fomento del cupo en el ámbito privado, la inclusión de las provincias –algunas, como Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe, ya tienen su propia normativa– y la ampliación a los poderes judiciales y legislativos. En la Cámara de Diputados, el 26 de agosto se aprobó el Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Travestis y Trans, que apunta a la inclusión laboral de esta población, aunque no establece un cupo determinado.

“Las voluntades políticas parciales son fundamentales para quienes están en cada municipio, en cada provincia, pero necesitamos que haya una instancia para que, quien no ha pensado en estas políticas, comience a incorporarlas”, señaló Macha. 

Informe: Lorena Bermejo



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