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“Todos los poderes hacen capacitaciones que la Corte no hace” | Gómez Alcorta reclamó el cumplimiento de la Ley Micaela



La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reclamó hoy a la Corte Suprema que aplique la Ley Micaela, que obliga a capacitar a los tres poderes del Estado respecto de la violencia de género. “La Corte no cumple el artículo 6 de la ley”, dijo en AM750.

Ayer, en la presentación del Plan Acompañar, para víctimas de violencia de género, el  presidente Alberto Fernández expresó su “preocupación” por la falta de implementación integral de la norma en el Poder Judicial y criticó al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por haber hecho “silencio” frente a la demanda que al respecto le había hecho el Gobierno. Luego, la Corte difundió un comunicado en el que afirma que lidera desde 2010 “la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial” con un proyecto “inédito” en el mundo, reconocido por Naciones Unidas.

Gómez Alcorta recordó que la Ley Micaela está vigente desde enero de 2019 y que el macrismo había comenzado la capacitación por los empleados. “El presidente Alberto Fernández cambió todo al decidir que hay que dar el ejemplo desde la cabeza de cada poder”, expresó en torno a la capacitación que hizo el titular del Poder Ejecutivo en enero, algo que luego imitaron en Diputados y Senadores.

“Hubo una comunicación informal con la Corte para que el Ministerio hiciera la capacitación, y el 23 de junio le escribí a su presidente. Le dije que había que coordinar y le recordé que el Poder Judicial estaba en falta respecto de los otros dos poderes.” Rosenkrantz no respondió la misiva. En el comunicado que emitió, el máximo tribunal recuerda que hay políticas de género en su órbita, como la Oficina de la Mujer, que creara la fallecida jueza Carmen Argibay.

“No discutimos eso, de hecho la Oficina de la Mujer hace un buen trabajo, y la Corte lleva el registro de femicidios y travesticidios”, sostuvo la ministra, que volvió a pedir el cumplimiento del artículo 6 de la Ley Micaela. “Se precisa una reforma en la Justicia sobre temas de género, es muy difícil acceder allí para mujeres y personas del colectivo LGBTI”, continuó. “Todos los poderes hacen capacitaciones que no hace la Corte, y debería hacerlas, porque lo dice la ley y porque debe dar el ejemplo como cabeza del Poder Judicial”, añadió.

Plan Acompañar

En otro orden, Gómez Alcorta, se refirió al Plan Acompañar. “Firmamos con Buenos Aires, Río Negro, Chaco y Sante Fe, y pronto lo haremos con las otras provincias”, detalló sobre la iniciativa que brinda una ayuda económica (equivalente a un salario mínimo, vital y móvil) a mujeres que transiten situaciones de violencia de género. La ayuda estatal se extiende en cada caso por seis meses con un presupuesto de 4 mil millones de pesos. 

Justificó la ayuda en el hecho de que “hay muchas situaciones que derivan en femicidios o travesticidios, y hay dependencia económica hacia el agresor, lo cual dificulta salir de la situación”. 

El Plan se lleva adelante en conjunto con provincias y municipios, que hacen la asistencia integral. “Hay mucha subregistración de casos, el 80 por ciento de las víctimas fatales no hace denuncia. No hace falta la denuncia para acceder a esta ayuda”, explicó Gómez Alcorta. “Solamente basta con la acreditación de un informe del municipio y la provincia que acredita la situación”, agregó. Ahora, de manera fehaciente, el Estado va a poder tener un registro de casos de violencia de género. 

Será la primera ve que habrá datos duros en el país. Siempre se habla de encuestas de victimización. Los registros están lejos de indicar cómo es el fenómeno en tiempos reales“, dijo la ministra en ese sentido. “Es un paso fundamental, en el presupuesto nacional tiene un peso enorme. Y apostamos a que sea una de las mayores políticas para bajar los índices de femicidios y travesticidios en el país.”

También resaltó el hecho de que el presupuesto nacional tenga perspectiva de género, así como el aumento en las partidas. “Vamos a tener fondos por 6200 millones de pesos, lo que representa 22 veces el presupuesto de hace un año del Instituto Nacional de las Mujeres”. 

En 2019 hubo 24 partidas etiquetadas con perspectiva de género, ahora son 51. hay muchas áreas donde hacía falta esto, como la Tarjeta Alimentar, asignada sobre todo a mujeres; o la moratoria de Anses que alcanza a un 75 por ciento de mujeres que son amas de casa.”

El escándalo de Ameri

Finalmente, en el programa Toma y Daca, la funcionaria habló del caso del ya exdiputado Juan Emilio Ameri, al que definió como “un hecho vergonzoso” y “una falta de respeto a las instituciones de la República“. Consideró que “la virtualidad no quita la investidura, el hecho habla por sí solo”, y llamó a las fuerzas políticas, “sin distinciones”, para “un control estricto de quienes integran las listas“, dado que Ameri tenía denuncias previas. 

“Con el Ministerio del Interior convocamos a una reunión hace un mes a 43 partidos nacionales, vinieron 40 para pensar transformaciones de género. Hay problemas y el trabajo está dentro de los partidos políticos”, afirmó en etse sentido. “Hay una agenda y pasaremos a trabajar con los partidos provinciales. Lo del jueves fue un hecho triste y terminó rápido, es un dato de que hay cosas que no se toleran”, cerró.



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Pautas para la igualdad de género | El gobierno nacional fijó lineamientos para las empresas públicas



El gobierno nacional amplió los lineamientos para alcanzar la Igualdad de Género en la gestión de empresas y sociedades del Estado. Se trata de una serie de pautas específicas para reparar diferencias y lograr estándares de igualdad de género en la organización interna de las empresas y sociedades con participación estatal. Son sugerencias de políticas destinadas a eliminar las brechas salariales, fomentar composición paritaria en los directorios, desarrollar políticas para equilibrar la vida laboral y personal a través de políticas de cuidado, erradicar el acoso sexual y la violencia. 

La medida fue impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), y oficializada mediante una resolución por Jefatura de Gabinete de Ministros. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta, explicó que la desigual participación de las mujeres y Lgbti+ en el mundo laboral se asienta en estereotipos de género, y por eso “es fundamental avanzar en políticas que reviertan las brechas existentes. Es necesario abordar específicamente las violencias y el acoso por motivos de género en el mundo laboral. Para alcanzar la igualdad en este ámbito también es indispensable abordar la inequitativa distribución de las tareas de cuidado, que son uno de los factores estructurales a la hora de analizar las desigualdades en el mundo del trabajo entre varones, mujeres y Lgbti+”.

Lineamientos para la igualdad

Áreas de género: sugiere la generación de espacios institucionales para incorporar la perspectiva de género y diversidad a las políticas de la empresa a través de la creación de áreas de género, realización de capacitaciones para trabajadores y directivos de la empresa, desarrollo de un sistema de comunicación institucional interno de información y sensibilización sobre la igualdad de género. 

Tareas de cuidado: promover licencias que contribuyan a la igualdad en la distribución de tareas de cuidado; licencia por enfermedades de hijas e hijos o personas a cargo, adaptación escolar, lactancia y gestación; brindar un espacio de cuidado para las trabajadoras y trabajadores o, de no existir estos, abonar plus por guardería; 

Inclusión: adoptar políticas de promoción para la inclusión de mujeres y Lgtbi+, fomentando la paridad de género en la composición del directorio y en todas las áreas de la empresa; realizar relevamientos de cantidad de mujeres y Lgbti+ por área, las que ocupan puestos de jerarquía en la empresa y las que fueron ascendidas durante los últimos cuatro años; impulsar la participación de personas lgbti+ en los espacios de toma de decisión y en puestos de jerarquía.

Prevención de violencias por razones de género: creación y/o adecuación de protocolos para prevenir y erradicar la violencia, el acoso y maltrato por razones de género; generación de mecanismos de acceso efectivo a la presentación de quejas y denuncias para las víctimas de violencia laboral por razones de género; procurar acciones de concientización, prevención y formación de violencias.

Se espera que las empresas y sociedades del Estado avancen de manera gradual con la implementación de los lineamientos. “La definición y cumplimiento de estos lineamientos refuerza el rol del Estado como regulador de los servicios prestados por las empresas con participación estatal y, fundamentalmente, reafirma su posición de garante de los derechos humanos e impulsor de la igualdad de género. Por eso, trabajaremos de manera articulada con todas estas empresas para avanzar en este sentido y poder cumplir con estos lineamientos”, sostuvo la ministra.

Contexto

La participación de las mujeres y Lgbti+ en el mundo del trabajo es más limitada que la de los varones. Además de las brechas en los niveles de ingresos, existen barreras para su participación en determinados empleos y para el acceso a puestos jerárquicos. Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, mientras el 8,5 por ciento de los varones ocupados tiene puestos de jefatura o dirección, sólo el 4,7 por ciento de las mujeres alcanza ese nivel jerárquico. La proporción de mujeres en los directorios de las empresas con participación estatal alcanzaba un 8,4 por ciento a mayo de 2019 según datos de la CIPPEC. La proporción de mujeres en directorios de empresas que operan bajo el régimen de oferta pública según información de la CNV a 2017 era apenas de un 8,8 por ciento. Por último, los indicadores laborales básicos en Argentina son construidos a partir de una variable de sexo binaria, de modo que no reflejan en toda su dimensión la situación laboral de quienes no se encuentran representados por estas categorías.



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Alberto Fernández presentó el Programa Acompañar para víctimas de violencia de género | Junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta



El presidente Alberto Fernández expresó su “preocupación” por la falta de implementación integral de la Ley Micaela en el Poder Judicial y criticó al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por haber hecho “silencio” frente a la demanda que al respecto le hizo el gobierno nacional.

“Veo con preocupación de que dos de los tres poderes (de la República) han avanzado en implementar esa ley” que busca “generar conciencia de la igualdad de derechos” por la mujer y por la participación equitativa entre los miembros de los géneros en las instituciones del Estado. Pero “esta rémora lamentablemente la tenemos en el Poder Judicial”, cuestionó el mandatario.

“Le hemos pedidos al presidente de la Corte que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”, lamentó y llamó al resto de los integrantes de la Justicia a no “hacerse los distraídos” con ese tema.

Durante la firma con cuatro provincias del programa Acompañar, que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el jefe de Estado remarcó la importancia de que los jueces se instruyan en esa ley “porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios” de casos de violencia de género.

“Sin en el siglo XXI no entienden” la importancia de esa norma “y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un verdadero problema”, dijo y remarcó que al respecto “no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos” frente a la desigualdad.

De la misma manera, insistió en que tampoco es posible permitir que “esa desigualdad se manifieste en gestos de humillación y de violencia”. “Nadie tolera que una mujer muera por el hecho de ser mujer pero que tampoco padezca violencia, infamia, difamación y maltrato psicológico por el solo hecho de ser mujer”, sentenció.

La ley establece la formación y capacitación obligatoria anual en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública y de todos los poderes del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El incumplimiento de la capacitación es pasible de ser considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

Alberto Fernández ambién consideró que el drama de la violencia machista tiene dos vías con principios de solución. Uno de ellos es “la prevención”, que en parte se solucionaría con la aplicación de la Ley Micaela. Y la otra es “ocuparnos del victimario”, y “para esto, la Justicia tiene que hacer la parte que le corresponde”.

Por otra parte, el Presidente recordó aquella confusión o lapsus que tuvo en su discurso del día de su asunción, en Plaza de Mayo, cuando quiso decir “vamos a volver para ser mejores” y dijo “vamos a volver para ser mujeres”.

“Eso fue anticipo de lo que teníamos que hacer: ponernos en lugar de las mujeres”, recalcó. Luego ponderó las políticas que pone en marcha la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta y destacó que una sociedad más justa “se construye si todos los días inyectamos igualdad y nos obligamos a dar derechos a los que hoy carecen de esos derechos”.

“Volvimos para ser mejores y volvimos para ponernos en el lugar de la mujer. Volvimos para ser mujeres y entender lo que le pasa a las mujeres”, concluyó.

El jefe de Estado encabezó junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la firma de convenios con distintas provincias para adherir al Programa Acompañar, que hace un aporte para la autonomía económica de las víctimas de violencia de género y que forma parte del plan nacional que esa cartera puso en marcha para el período 2020-2022.

Participaron también Fernanda Raverta, titular de la Anses, el organismo que encargado del parte del financiamiento del programa. Los mandatarios provinciales que firmaron fueron la gobernadora Arabela Carreras, de Río Negro, y los gobernadores Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Jorge Capitanich, de Chaco; y Omar Perotti, de Santa Fe.

El Programa Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, que “se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias”, y contempla “impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo”.

Será implementado en articulación con Anses y a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios, quienes se constituirán en Unidades de Acompañamiento.

El Programa está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo, y que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias.

Las acciones que comprende el programa son un apoyo económico, equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo; y un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales.



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“Tenemos la obligación de reducir las desigualdades de género en el mundo laboral” | Publicaron en el Boletín Oficial las pautas delineadas por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad



El Ministerio nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) definió una serie de pautas específicas para asegurar la igualdad de género en empresas y sociedades del Estado argentino. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, apunta a “reducir las desigualdades en el acceso y permanencia en el mundo laboral por parte de mujeres y LGBTI+, tanto en el ámbito público como privado”. Elizabeth Gómez Alcorta, a cargo del MMGyD, afirmó que “es fundamental avanzar en políticas que reviertan las brechas existentes”. 

“Tenemos la obligación como Estado de reducir las desigualdades de género en el mundo laboral”, señaló la Ministra. Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, mientras el 8,5% de los varones ocupados tiene puestos de jefatura o dirección, sólo el 4,7% de las mujeres alcanza ese nivel jerárquico. En las empresas con participación estatal, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en mayo de 2019 la proporción de mujeres en los directorios alcanzaba un 8,4%. Estas estadísticas, como todos los indicadores laborales básicos en Argentina, son construidos a partir de una variable de género binaria, y no representan a quienes no se identifican dentro de las categorías de hombre y mujer.

Los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional promueven la adopción de políticas para garantizar la igualdad de oportunidades, prevenir y erradicar todo tipo de violencia por motivos de género en el ámbito laboral, y toda acción u omisión que pueda implicar una situación de discriminación por motivos de género. En este sentido, Gómez Alcorta señaló que la decisión del Gobierno de fomentar a las empresas y sociedades del Estado a revisar la composición y organización interna “reafirma su posición de garante de los derechos humanos e impulsor de la igualdad de género”.

Una de las acciones sugeridas en los lineamientos es la creación de áreas institucionales de género y diversidad para incorporar esta perspectiva a las políticas de la empresa. El espacio tendrá a su cargo la tarea de garantizar capacitaciones, difusión de información y sensibilización sobre la igualdad de género, y realizar un monitoreo para dar cuenta de los avances. También prevé que las empresas y sociedades del Estado adopten políticas de promoción para la inclusión de mujeres y LGTBI+, y medidas que apunten a prevenir y erradicar las violencias por razones de género dentro del ámbito laboral. “Es necesario abordar específicamente las violencias y el acoso por motivos de género en el mundo laboral”, afirmó la Ministra.

Por último, las recomendaciones, oficializadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministras, instan a las empresas a “adoptar medidas destinadas a la promoción de la corresponsabilidad de les trabajadores para el cuidado de personas dependientes a su cargo”, entre ellas, la adopción de licencias igualitarias para la maternidad y paternidad en los casos de nacimiento, adopción, parto múltiple y técnicas de reproducción humana asistida, o bien las licencias por enfermedades de hijas e hijos o personas a cargo. También incluye la creación de lactarios dentro de los espacios de trabajo, y la posibilidad de contar con un espacio de cuidado compartido o propio, o de lo contrario abonar un plus por guardería. Según Gómez Alcorta, la inequidad en la distribución de las tareas de cuidado es “uno de los factores estructurales a la hora de analizar las desigualdades en el mundo del trabajo entre varones, mujeres y LGBTI+”.



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El Estado asistirá económicamente a las mujeres y personas LGBTI en situación de violencia de género

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Elizabeth Gómez Alcorta: “La emoción de Cocó le da sentido a nuestro trabajo cotidiano” | El video de una niña trans de 13 años agradecida por el decreto de Cupo Laboral 



Entre las repercusiones que tuvo el decreto de Cupo Laboral Trans, Travesti y Transgénero, firmado en la noche del jueves por el presidente Alberto Fernández, generó especial atención la de Cocó, una niña de 13 años de Villa Nueva, Córdoba, que decidió filmar un video para compartir la emoción que sintió al conocer la noticia. Conmovida, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, compartió su experiencia en Twitter. 

“Hola, soy Constanza Chiozo y soy orgullosamente una nena trans”, se presenta ante la cámara la pequeña de 13 años, en un video que compartió el portal web La Marea Noticias.

Según relató la niña, su mamá la “despertó con una maravillosa noticia”: el Presidente había establecido, por decreto (721/2020), que el sector público deberá contar con un 1% de representación trans, travesti y transgénero.

Estoy súper feliz porque sé que en el futuro voy a poder tener un trabajo digno sin ser juzgada por mi género. Y estoy muy emocionada porque voy a poder cumplir mi sueño de ser abogada sin importar mi genitalidad, sino mi capacidad“, expresó, agradecida porque “muches niñes y adolescentes vamos a poder ser lo que soñamos en un futuro”. 

Este domingo, tras conocer el relato de la niña, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, decidió compartir el video a través de su cuenta de Twitter. “La emoción de Cocó le da sentido a nuestro trabajo cotidiano”, escribió. 

Nos mueven las fuerzas de que las decisiones que tomamos se traduzcan en historias de oportunidades, libertades y reconocimiento de derechos. Me conmueve su relato y me dan ganas de abrazarla muy fuerte”, agregó Gómez Alcorta.

Ley de Cupo Laboral Trans

El jueves pasado jueves, en una decisión histórica, el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, firmaron el decreto 721/2020 que establece que el sector público deberá contar con un 1 por ciento de representación trans, travesti y transgénero.

“Establécese que, en el Sector Público Nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se apunta en el Decreto, que fue publicado el viernes. 

Para garantizar que el cupo se cumpla “se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero”.

Según se precisa, la medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. Ellas tendrán derechos a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión.





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Cupo laboral trans: las repercusiones tras el decreto | Activistas, funcionarias y legisladoras destacaron el avance que significa la medida



“Siento una alegría enorme, una felicidad muy profunda”, señaló a Página/12 Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Las voces de quienes desde hace años militan por los derechos de las personas travestis y trans se multiplican desde este viernes a la madrugada, cuando a las cero de la madrugada el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 721/2020, que establece el 1 por ciento de representación trans, travesti y transgénero en el sector público nacional. “Estamos tan acostumbrades a las malas noticias, que todavía no puedo creer que el sueño de Diana esté siendo una realidad”, afirmó Say Sacayán, hermano de Diana Sacayán, quien impulsó el reclamo por el cupo laboral trans. 

El decreto aplica a toda la administración pública nacional, que según el artículo 8 de la Ley 24.156 incluye a la administración central y los organismos descentralizados, la Jefatura de Gabinete, los distintos Ministerios, y a todas las empresas y sociedades del Estado, así como a los entes públicos que dependen del Estado nacional. “En junio, durante una reunión, hablamos con el Presidente de que, más allá de lo que suceda con los proyectos de Ley, le parecía bien crear un cupo en la administración publica nacional”, relató a Página/12 Elizabeth Gómez Acorta, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad. “Significa un compromiso profundo, una dimensión nueva que va a cambiar la expectativa de vida en la población travesti y trans y a romper con la cadena de expulsión que nos ha tocado recorrer a muchas de nosotras”, advirtió Rueda y detalló que esa cadena “abarca desde la falta de oportunidades hasta los malos tratos, el mal pago, la discriminación o la expulsión de los espacios de trabajo”.

Alba Rueda comenzó a trabajar en el Inadi en 2006, cuando todavía faltaban seis años para la sanción de la Ley de Identidad de Género, y allí tuvo que luchar para que le sea reconocida su identidad autopercibida en el recibo de sueldo. Con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad asumió como subsecretaria de Políticas de Diversidad. “Poder acceder al trabajo formal implica tener derechos, un sueldo, una obra social, vacaciones, cosas que en la vida miles de personas trans no hemos tenido. Es un cambio sustantivo en la sociedad, reconocer que existe una desigualdad estructural que hay que transformar”, explicó Rueda.

Uno de los ejes más novedosos del proyecto es que contempla no sólo el acceso a puestos de trabajo, sino la posibilidad de continuar, en paralelo con el trabajo, la formación educativa obligatoria o bien otras capacitaciones que apunten a cumplir con los requisitos del puesto. “Es imposible levantarse a estudiar si estuviste toda la noche trabajando y expuesta a situaciones de violencia. Diana entendía esto y por eso luchaba por el empleo, porque el trabajo modifica todos los aspectos de una vida. Te convierte en ciudadana o ciudadano”, señaló a Página/12 Say Sacayán y remarcó que “el acompañamiento psicológico, los espacios de expresión, la cuestión de la educación y la flexibilidad de la idoneidad es fundamental al momento de ingresar a un trabajo”. 

Para él es central que figure la palabra “cupo” porque así lo nombró su hermana, Diana Sacayán, impulsora del reclamo por la inclusión laboral para la población travesti y trans. En la provincia de Buenos Aires la norma que establece el cupo, vigente desde 2015, lleva el nombre de Diana como homenaje de su militancia. “Hay algo histórico que no tiene reparo, que son las que ya no están. Ahora estamos hablando de construir una vida vivible para quienes existimos, y también para las generaciones del futuro”, señaló Sacayán.

El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, encargado de la reglamentación del decreto, llevará un registro de los puestos de trabajo vacantes, las ofertas disponibles y la cantidad de cargos cubiertos en el marco de la normativa. Además, abrirá un “Registro de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero” aspirantes a los puestos de trabajo, que será voluntario y no será requisito para el ingreso a ningún empleo. 

El cupo laboral es el paso que le seguía a la Ley de Identidad de Género. Es una forma de reparación hacia un colectivo que lleva muchos años de lucha esperando una respuesta política”, señaló Gabriela Estévez, diputada del bloque Frente de Todos y autora de uno de los proyectos de Ley que están en debate en el Congreso Nacional, y agregó que “el decreto adelanta los tiempos, ahora hay que tejer un solo cuerpo legal que contemple todos los derechos”.

Próximo paso: que el cupo sea Ley

“Esperamos que se apruebe una ley, para que se garantice una protección sustancial y se incluya a todos los poderes del Estado”, aclaró Rueda. En la comisión de Mujeres y Géneros de la Cámara de Diputados hay 12 proyectos en debate, que apuntan a garantizar la inclusión laboral de la población travesti y trans. “Hay un abanico de proyectos que abarcan las distintas dimensiones, ahora el trabajo es unificar y debatir si se trabaja en un paquete de leyes o en una sola”, explicó a este diario Mónica Macha, quien preside la comisión, y advirtió que “el decreto asegura que el cupo ya se empiece a implementar. Lo que sigue, la ley, es para darle estabilidad a esta política”.

Los ejes que se agregan en los proyectos de ley que debaten en Diputados, complementarios al decreto, tienen que ver con el fomento del cupo en el ámbito privado, la inclusión de las provincias –algunas, como Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe, ya tienen su propia normativa– y la ampliación a los poderes judiciales y legislativos. En la Cámara de Diputados, el 26 de agosto se aprobó el Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Travestis y Trans, que apunta a la inclusión laboral de esta población, aunque no establece un cupo determinado.

“Las voluntades políticas parciales son fundamentales para quienes están en cada municipio, en cada provincia, pero necesitamos que haya una instancia para que, quien no ha pensado en estas políticas, comience a incorporarlas”, señaló Macha. 

Informe: Lorena Bermejo



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Qué es y cómo funcionará el cupo laboral trans

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El gobierno nacional creó el cupo laboral trans en el sector público

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Campaña contra la violencia de género en los trenes | Les ministres Elizabeth Gómez Alcorta y Mario Meoni presentaron la Línea 144



La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, presentaron este martes la Campaña de Difusión de la Línea 144 que se realizará a través de más de 150 formaciones de trenes en todo el país y coincidieron en que “construir una sociedad libre de violencias es un compromiso de todo el Estado nacional”.

El lanzamiento se realizó en un acto en el que se firmó un convenio a través del cual desde ambos ministerios se comprometieron a implementar de manera conjunta acciones para concientizar sobre los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, así como también a promover otras políticas para prevenir, asistir y atender a personas en situación de violencia por motivos de género. 

A su vez, acordaron generar, a través de ambas carteras, mecanismos para facilitar el traslado de personas en situación de violencia de género y de su círculo íntimo o personas allegadas, entre otras medidas. De esta manera se avanza en la transversalización de las políticas de género para prevenir y abordar las violencias de manera integral con el compromiso de los distintos organismos del Estado nacional.

La campaña de difusión de la Línea 144 en el sistema ferroviario forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género presentado hace un mes junto al presidente Alberto Fernández.  “El Plan es una hoja de ruta que se puso este gobierno. No es un plan del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación sino que es un plan del Poder Ejecutivo Nacional con 144 compromisos y acciones que asumimos de manera colectiva los 20 ministerios de Nación y 26 organismos descentralizados, entre los que está también AySA”, expresó Gómez Alcorta. 

Sobre la Línea 144 destacó: “del otro lado las 24 horas del día, los 365 días del año hay equipos de profesionales de la psicología, de la salud, trabajadores y trabajadoras sociales y profesionales del derecho que están ahí para ayudar, orientar y acompañar a quienes están en situación de violencia por motivos de género. Es una política transversal que necesitamos que llegue a cada rincón del país”.

De la actividad también participaron la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci; el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vispo; Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género del MMGyD; y el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, entre otros y otras.

Por su parte, el ministro Meoni agregó: “Es un placer poder estar presentando estos vagones de carga y coches de pasajeros, algunos de los muchos que recorrerán la Argentina. Hoy contamos con estos vagones de carga que cubren más del 75% del recorrido que hacen nuestro trenes en el territorio argentino, llevando un teléfono y una política pública que muestra que el Estado se está haciendo cargo de llevar las cuestiones de género a la práctica. Es grato poder avanzar en erradicar la violencia de género tantas veces invisibilizada.”

Previo a la firma del acuerdo, Meoni y Gómez Alcorta recorrieron un coche de pasajeros de la línea San Martín y dos vagones de cargas ploteados con los datos de la Línea 144 que formarán parte de la campaña de difusión que se realizará a través de Trenes Argentinos para dar a conocer este dispositivo destinado a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género en todo el país. La iniciativa es parte del Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género 2020-2022.

Como parte de esta campaña, se plotearán, además, formaciones de trenes de pasajeros de la Línea Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Roca en la región AMBA y en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy se difundirá el dispositivo de la Línea 144 a través de los vagones del tren de Cargas, así como también de los Ferrocarriles de Larga Distancia de Pasajeros que cubren alrededor del 75% del territorio nacional.



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