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Mal día para las acciones | Los papeles de YPF volvieron a caer



Las acciones de YPF registraron una fuerte caída en Wall Street este jueves. Se trata de un retroceso del 9,9 por ciento, el cual se suma a la baja de casi 6 por ciento del miércoles. En lo que va de enero la firma perdió 30 por ciento. Analistas del mercado plantean que la ola de ventas de activos de YPF fue exagerada y no se condice con la capacidad productiva de la compañía. “Hay una idea equivocada sobre el rumbo de la compañía en Nueva York. Por poco más piensan que YPF puede transformarse en PDVSA en cómodas cuotas, un error de diagnóstico absoluto”, aseguró un operador local que sigue de cerca el mercado energético.

La compañía tiene dificultades financieras por delante, las cuales se concentran principalmente en los más de 6000 millones de dólares que se encuentra reestructurando con acreedores locales e internacionales. También se mueve en un mercado en el que el precio del crudo es cercano a los 50 dólares, un valor que es la mitad respecto del precio de referencia de la década pasada.

Sin embargo la compañía tiene entre sus activos potenciales uno de los principales yacimientos de gas no convencional del mundo, en Vaca Muerta, y una estructura preparada para acelerar el ritmo de la inversión productiva necesaria para explotar estos recursos. 

El resto de las acciones argentinas también tuvo una mala jornada este jueves, al bajar un 3,5 por ciento en la bolsa porteña. Se destacaron los retrocesos del 9,0 por ciento de Cresud y del 5 de Pampa Energía.



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La logia primarizante en acción | Pulseada por el maíz



La LOPA (Logia Primarizante Argentina) es un término que acuñó el economista agrario Gabriel Delgado para referirse a la trama de intereses económicos, políticos, mediáticos y gremiales que protege al negocio de exportar granos sin industrializar. Esta activó sus tres ramas operativas en el conflicto maicero: la mediática, una gran mayoría del periodismo agrario “bebe” de sus fuentes, la gremial con la Mesa de Enlace como infantería combativa y la de negocios con la Cadena Agroindustrial que conduce la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Ciara-CEC. 

Las tres partes juegan en el mismo equipo, que en política conduce el PRO. Creer que retozan por separado es una ingenuidad. La LOPA es a Cambiemos lo que la CGT es al peronismo.

En el último conflicto agrario les fue muy bien, se llevaron lo que querían que era seguir exportando maíz sin limitaciones y sin procesar para que sus balances sigan fluyendo al compás de la inflación. Que exportamos alimentos para 400 millones de personas es un mito que le inoculó esta triada al conjunto de la sociedad. 

La Argentina exporta forrajes para animales como lo son el maíz, la soja y el trigo sin industrializar. La aduana del “volumen” a granel de la Argentina es la tercera del mundo en la cantidad de carga, en cambio debe estar en el puesto 100 de embarques de alimentos para humanos. 

Debemos empezar a dedicarnos a exportar comida para personas si queremos generar divisas, trabajo y arraigo. El modelo agroexportador sólo genera marginación.

Lo que está en debate en el conflicto agrario es qué hacer con el remanente de maíz para exportar en “bruto”. Según los cálculos del gobierno había 4.270.000 toneladas y la LOPA, como por arte de magia, hizo aparecer 9 millones. Da para pensar mal, ¿no?

Como parte de la campaña de beatificación del modelo agrario sojero, sin agricultores, con concentración de tierras y rentas se batió el parche que por primera vez en los últimos 20 años se produjo más maíz que soja: 50,0 millones de toneladas de maíz contra 49,6 millones de toneladas de soja. Pero eso no significa que se haya sembrado menos soja que maíz, como nos quieren hacer creer. El rinde promedio del maíz fue de 81,7 quintales por hectárea y el de la soja fue la mitad: 40 quintales. Se implantaron 17,2 millones de hectáreas de soja y 9,0 millones de hectáreas de maíz.

El consumo interno de maíz es de sólo 13 a 14 millones de toneladas. Una cifra irrisoriamente baja para un país que necesita generar empleo y divisas para lo cual debe imperiosamente industrializar su ruralidad. 

No se debería exportar ni un grano de maíz sin procesar. Las 37 millones de toneladas de granos en crudo son una “papa” sabrosa para Ciara, que la “pesa” como quiere y la factura “cuanto” quiere. ¿Miren si van a querer alguna regulación o control estatal? Allí esta el nudo del conflicto.

El maíz, la soja y el feedlot son las distintas caras del mismo modelo de agriculturización y concentración de tierras y rentas en pocas manos que destruyó el entramado productivo social y económico de la pampa húmeda, llevándose puesta más de 250.000 chacras mixtas.

La Argentina debe cambiar su modelo de producción de alimentos. ¡No es fácil! No se hace apretando un botón o en un zoom. Pero es urgente salir de esta extorsión permanente de los monopolios agroalimentarios integrados verticalmente que se devoran salarios y gobernabilidad. 

*Movimiento Arraigo. Ex dirigente de FAA.



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Aduanas: Detectan operaciones de contrabando por u$s 330 millones | Subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones a lo largo de 2020



Investigaciones realizadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) permitieron identificar y denunciar más de 2800 maniobras abusivas en operaciones de comercio exterior durante 2020. Las irregularidades detectadas superan los 330 millones de dólares en concepto de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. La detección de las irregularidades fue realizada por un área de la DGA que, tras ser desarticulada durante el gobierno anterior, se restableció para fortalecer los controles en la materia.

Se trata de 1609 operaciones subdeclaradas, con un monto de subfacturación de 238,4 millones de dólares, y de 1203 casos de importaciones en las que se sobrefacturaron casi 99 millones de dólares.

Este tipo de maniobras fraudulentas, categorizadas entre las diversas formas de contrabando, es sospechado de ser uno de los mecanismos usuales para la fuga ilegal de divisas. Es decir, se declara exportar menos de lo efectivamente vendido, para no ingresar la diferencia en dólares por el mercado único de cambios y, muchas veces, dejarlos en el exterior. O se declaran importaciones por encima del valor real de la operación, para poder comprar dólares al tipo de cambio oficial mayorista y transferirlos al exterior sin las restricciones vigentes para una operación financiera.

“Implementamos un control inteligente de las operaciones de comercio exterior para evitar maniobras ilegales, proteger la industria nacional, el empleo y fomentar la exportación y la generación de valor agregado”, resaltó la titular de la Aduana, Silvia Traverso. Las maniobras denunciadas por la DGA no sólo erosionan los ingresos tributarios sino que suman tensiones sobre el mercado cambiario. Los productos involucrados incluyen materias primas, motocicletas y otros vehículos, principalmente. 

Los cruces de información realizados por la DGA detectaron 2812 casos de intentos de exportar productos por debajo de su valor o importar mercaderías por arriba de su precio. Los datos de la DGA muestran que el año pasado hubo en importaciones 1203 casos con sobrefacturación por US$ 98,76 millones. A su vez, en las exportaciones el total de casos alcanzaron los 1609 por un monto de US$ 238,42 millones de subfacturación.

Estos casos son los que terminaron con denuncias judiciales hechas desde la Aduana o con multas que deben pagar las empresas involucradas para regularizar su situación.



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País productor, alimentos caros | Opinión. Temas de Debate. El desenganche de los precios locales de las cotizaciones internacionales. ¿Necesidad o utopía?



Título Nota 1: El rulo infinito

La discusión en torno al desenganche de los precios internos con los internacionales tiene en Argentina una larga trayectoria que genera severo impacto en la variación de los precios minoristas. Hay en esto algunas inercias y naturalización de derechos adquiridos. Las miradas críticas se dirigen sólo a una de las varias aristas que contiene el prisma que componela estructura de costos de aquello que venden las empresas al mercado externo y al mercado interno. 

Hay una pequeña localidad en el sur santafesino llamada Acebal. La especialización industrial acuñada en años lo es en torno de la fabricación de calzado, golpeada por cuanta crisis existió en el país. Si bien parte de la producción tiene como destino el mercado exterior, es la demanda interna su columna vertebral. Aunque alguien podría considerar legítima la aspiración a vender al precio al cual se lo comercializa en el mercado estadounidense o europeo, es claro que el poder de compra de quienes habitamos este suelo no permite atender esa insostenible pretensión.

En ese caso, ese universo de pequeñxs empresarixs no opta por acumular producto terminados parq venderlos en la próxima temporada o en la subsiguiente a la espera de la convergencia del precio local al internacional o la devaluación de nuestra moneda. La razón es muy sencilla: debieran tener una tasa de rentabilidad lo suficientemente alta y líquida que les permitiese no vender, no otorgarle el diploma de mercancía al trabajo acumulado, lo cual va en sentido estrictamente contrario a la naturaleza del sistema social en el cual vivimos.

No vender apoyado en algún razonamiento especulativo coyuntural pódría ser comprensible, no necesariamente admisible, y sólo viable –año tras año– en el caso antes apuntado: la acumulación de fondos líquidos derivada de la existencia permanente de ganancias extraordinarias que permitan caminar contra la corriente natural del capitalismo tal como lo conocemos. Esto es, producir para no vender.

En la zona de Pergamino o Venado Tuerto. los rindes por hectárea suelen exhibir récprds difícilmente alcanzables en otros territorios destinados al cultivo de cereales y oleaginosas. Allí hay productorxs agropecuarixs de distinto tamaño, cadx unx sujetx a condiciones generales y particulares de producción. Tienen en común que los precios de los insumos de mercado: semillas, plaguicidas, herbicidas, soluciones nitrogenadas, fertilizantes, inoculantes, equipamiento agrícola, construcciones, fletes, dólar, tasas de interés, etc, son fijadxs por otrxs. 

Lxs productorxs, desde este punto de vista, tomadores de precios que fijan otrxs, si bien aquéllos de mayor porte tienen alguna capacidad de negociación. En general, no se escucha de ellxs cuestionamientos sobre la fijación unilateral de los precios de esos insumos ejemplificados en aquella lista incompleta.

Sin embargo, nace la furia cuando se trata de otros dos precios no presentes en ella: lo salarios y los gravámenes tales como impuestos, derechos, contribuciones, tasas, etc. Los proveedorxs de insumos específicos tendrían una especie de derecho natural adquirido incuestionable, reconocido por lxs productorxs. En cambio, las pretensiones de trabajadorxs y el Estado serían algo así como el preanuncio del diluvio universal.

El desenganche de los precios internos de los internacionales es necesario y es posible. Necesario para permitir la reproducción del ciclo económico, dado que dos tercios del producto bruto interno se apoyan en la demanda del mercado interno. Posible porque hay una batería de herramientas disponibles o a construir para tal fin. El uso de instrumentos fiscales como los derechos de exportación, sin dejar de ser una opción legítima, es claramente acotado porque no tiene la misma eficacia para cualquier tipo de situaciones. 

Una política de mayor profundidad debiera ingresar en otros territorios. Entre ellos un trabajo de arqueología imprescindible, la construcción de la estructura de costos de producción y una necesidad emergente, intervenir en la alteración de ella en pos de un horizonte de sustentabilidad en su amplio sentido.

MATE – Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía



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A quién representa y a qué juega la Mesa de Enlace | La pulseada de la Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria contra el gobierno



¿A quién representa la Mesa de Enlace? Mientras el gobierno lograba juntar a la más amplia representación del complejo agroindustrial en la denominada Mesa Sectorial de Maíz (una iniciativa privada para buscar concertar con las autoridades políticas para el consumo interno y la exportación), tres de las cuatro entidades rurales de renombre iban a un cese de comercialización de tres días. “Una medida banal, sin efectos en la práctica”, señalaron en el sector, teniendo en cuenta que el cierre de registros de exportación de maíz se planteaba en un momento con muy poco movimiento en materia de nuevas solicitudes de embarque. “Sólo los mueve el interés de mostrarse como opositores”, apuntaron también algunos sectores de la actividad. Los por qué de la medida quizás haya que buscarla en la composición actual de cada una de las entidades que fueron al lockout: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria. La cuarta, Coninagro, desistió de acompañar la medida de fuerza y terminó sumándose al debate de la Mesa Sectorial. 

Sociedad Rural Argentina

Históricamente, representó a los grandes hacendados, primeros dueños de grandes extensiones de tierras en el país, Llegó a tener más de mil socios, siempre fue una entidad muy exclusiva. Pero hoy tiene nada más que 800 socios y, de ellos, más de la mitad no tiene ni dirige ninguna actividad agropecuaria. Eso sí: conservan apellidos ilustres.

Entre los menos de 400 que siguen en alguna actividad, gran parte son cabañeros. Es decir, se dedican a la cría de animales de raza, que una vez al año se lucen y buscan premios en la exposición tradicional (Angus, Hereford, Brahman, Brangus, etc). Otra parte importante, a las razas caballares. Ni uno ni otro tiene mucho que ver con las oscilaciones de los precios del mercado, financiación para capital de trabajo o traslado de hacienda a frigoríficos. 

Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural desde que reemplazó a Miguel Etchvehere, cuando Macri lo convocó para su gabinete, no es productor. Es lo que se diría un “funcionario de línea” de SRA, entidad a la que se vinculó de muy joven participando de las actividades de El Ateneo, más tarde condujo la escuela de formación de posgrado de la SRA (en el barrio porteño de Belgrano) y se ubicó finalmente como secretario general de la entidad, un puesto administrativo desde donde cautivó la atención de Etchevehere. Poco afecto a mover papeles, lo consideró el candidato ideal para acompañarlo como vice. Luego, con su salto al gobierno, lo convirtió en presidente.

Lejos de subirse a un tractor, la gente de prosapia de la Rural tiene otros menesteres: recaudar lo que le rinde el alquiler de un espacio de entretenimientos en un lugar exclusivísimo del barrio de Palermo (gracias a una cuestionada concesión del Estado) y manejar el Registro Genealógico de los cabañeros. En definitiva, características que lo asemejan más a un club social exclusivo donde expresar su más rancio conservadurismo,  que a una entidad gremial empresaria.

Federación Agraria

Con una rica historia de luchas agrarias y defensa del pequeño productor, hoy la Federación se convirtió en un instrumento muy util a intereses políticos muy ajenos a su identidad. Carlos Achettoni, su actual titular, fue destacado al asumir como “el primer presidente de la entidad con origen en economías regionales”. Efectivamente, su origen geográfico es la localidad de Bowen, departamento General Alvear de Mendoza. Allí tiene una pequeña finca, herencia familiar, de unas ocho hectáreas, de escasa producción y que “luce abandonada”, según descripción de vecinos. 

Desde que se dedicó a la política, “anda poco” por la zona. De hecho, sus vecinos lo acusan de no haberse hecho cargo de la desaparición de decenas de fincas en la zona a manos de la política de destrucción masiva de Macri, sin hacer una sola convocatoria a una protesta en cuatro años. La extinción de pequeños productores jugó a favor de la concentración de la tierra. Pero Achettoni ya en 2016/19 era un referente importante de Cambiemos, a través de la UCR a la cual pertenece, como “puntero” de la zona de la ex ministra de Julio Cobos, Laura Montero. 

Para muchos observadores, Federación Agraria dilapidó su capital político acumulado en un siglo para convertirse en un instrumento de los sectores más conservadores rurales, habiendo abandonado a los pequeños agricultores para otorgarle una pátina de “amplitud” a la Mesa de Enlace.

Confederaciones Rurales

Es, entre las tres, la más representativa. Con sus organizaciones de segundo grado (Carbap, Cartez, Carclo, etc), abarca la representación de unos 30 mil medianos y grandes productores en todo el país, principalmente en la “zona núcleo”, la más rica en la pampa húmeda. 

Su actual presidente, Jorge Chemes, reemplazó a Dardo Chiesa en la titularidad de CRA dos días después de la asunción de Alberto Fernández. Chemes, tambero mediano de Entre Ríos, surge como referente del sector en las luchas contra la Resolución 125 de 2008, de la mano de Alfredo De Angelis. Le tomó el gusto a la política, se convirtió en diputado nacional por UCR-Cambiemos, pero volvió a la actividad gremial empresaria “frustrado” (dicen allegados suyos) en el ejercicio de la actividad legislativa.

Quienes lo conocen le critican “la falta de criterio político propio”, que sí reconocen en su antecesor, Chiesa. Los mismos conocedores del paño señalan los nombres de dos dirigentes de fuerte influencia sobre Chemes: Matías de Velazco (titular de Carbap) y Santiago del Solar (ex jefe de gabinete de Etchevehere en el Ministerio). Son “la línea dura” del ruralismo, los dirigentes más afines al macrismo. Los que sostienen la línea de que no hay nada para negociar con el gobierno: lo suyo es oponerse y que se escuche. 

Chemes es considerado un rehén, aunque voluntario, de estos sectores. Bajo la batuta de los conductores en las sombras de CRA (de Velazco y Del Solar), siempre llevarán la posición de la Mesa de Enlace al punto más extremo. Y si le provoca un daño político al gobierno, mejor. No todos son lo mismo en la Mesa de Enlace, pero los que conducen detrás de bambalinas, tienen color político, ideología y métodos que los identifican. 



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El giro heterodoxo, en el espejo del establishment | El Gobierno reordena prioridades económicas en un año electoral



Hay algunas señales de un giro circunstancial en la consideración del Gobierno Nacional respecto a la política económica que empiezan a ser visibles. La más elocuente, una reacción del establishment ante lo que cree es un viraje heterodoxo, con más controles del Estado sobre variables y el ojo puesto en amortiguar los impactos negativos en sectores medios y bajos, más que en cuidar la caja. Si para el Gobierno de Alberto Fernández el 2020 permitió centrarse en la normalización de algunos costos y ordenar el escenario macro, esta primera parte del 2021 lo tendrá ocupado en una economía real dañada por la herencia y la pandemia, justo en un año electoral clave para que el oficialismo recupere el terreno parlamentario perdido y para que, según se explica en Casa Rosada, no queden truncas reformas de fondo que vendrían más adelante.

Naturalmente, en el frente interno también hubo cambios de visión. Cuentan en los ministerios económicos que aquel llamado de atención de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre un proceso de crecimiento con puja distributiva que no debería dejar algunos pocos ganadores, pasó de ser un punto disruptivo a un sujeto aglutinador de una idea. Los movimientos en las carteras y algunas decisiones lo dejan de manifiesto. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, un heterodoxo fiscalista que cree en la política, parece ser uno de los mejores intérpretes de que la nueva etapa del país -con perspectivas de crecimiento, pero luces amarillas en el frente inflacionario, de los salarios y el empleo-, necesita intensificar las vinculaciones políticas y reforzar la mirada mercado internista, agregada a la ya presente idea de un modelo exportador.

Tarifas

Hace unos días, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), que nuclea a firmas como Edesur y Edenor, despertó de un largo letargo comunicacional con un texto que alerta sobre los efectos negativos que el congelamiento tarifario podría tener en la prestación del servicio. Desechando la posibilidad de que los ceos de la luz cuenten con poderes adivinatorios, ese lobby refleja que el sector pasó de pensar, en base a las señales que le dio el gobierno, que habría una recomposición tarifaria acorde a sus necesidades, para entender ahora que la nueva etapa tendrá una reducción de subsidios más moderada y una segmentación tarifaria quirúrgica. Las eléctricas, que ya llevan dos años sin subir pero que en la era Cambiemos aumentaron más de 2000 por ciento, serán parte de las presiones más fuertes.

El Foro de Convergencia Empresarial, que nació en 2014 cuando la interlocución empresaria con CFK se había complicado, salió también al cruce del congelamiento a las tarifas de medicina prepaga y los aumentos autorizados por el Gobierno a telefonía e Internet. Es uno de los polos del establishment que juega a la política partidaria, tras el ostracismo de cuatro años sin actividad más que protocolar en la era Macri. Esos dos servicios tendrán subas, pero sólo justificadas en esquemas de mayores costos, lo que altera los nervios de más de un ceo. 

La tercera señal de resistencia del establishment contra un viraje provino del campo. El caso de la intervención, desordenada y luego corregida, en el asunto de los precios del maíz terminó con un lock out patronal de los sectores ultra, que pujan por mercados liberados. En el Gobierno aseguran que la exportación, de diferentes rubros, es central para su modelo, pero que la idea es descalzar los precios locales de todos los derivados de los commodities de los valores internacionales. Por eso, luego de las negociaciones que se siguen dando en ese sentido con la Mesa del Maíz y el Consejo Agroindustrial, seguirá el Gobierno con los precios de la carne, producto que en un año tuvo un alza de 75 por ciento y de 20 por ciento sólo en diciembre, distorsionando el IPC del INDEC de cierre del año. En esa línea está, también, el no descongelamiento total de Precios Máximos, que debía vencer el 31 de enero pero que seguirá en una especie de fin paulatino con muchos productos pasando a la esfera de Precios Cuidados. 

Frente interno

“Estamos ordenando la economía real más que con heterodoxia, con pragmatismo”, contó una fuente oficial a Página I12. Es que en el Gobierno entienden que la anormalidad de la pandemia obliga a zigzaguear en soluciones dinámicas, no absolutas. Así, el crecimiento con la menor inflación posible y, a la vez, estabilidad cambiaria, es la meta uno. Viendo la interna oficial, hay en los equipos de Guzmán movimientos en este sentido. El más fuerte, la salida de Haroldo Montagu de la Secretaría de Política Económica, reemplazado por Fernando Morra. Compañero de Guzmán en la Universidad de La Plata, es experto en procesos de desinflación y los que lo trataron aseguran que fue horneado en el mismo molde que el ministro: pocas palabras, cautela, ejecución y escasos gestos a la prensa. Asume en el lugar más incómodo, el frente indomable de los precios, que vienen de dos recesiones en alza: una sin pandemia epidemiológica y otra con la COVID 19. 

También cree Morra que la política es central para la supervivencia. En ese terreno se asienta Guzmán para edificar poder de fuego en la interna y hacia afuera. Los ministros de las áreas económicas, en charlas que han tenido en los últimos días, comparten que el crecimiento se logrará en base a consensos, pero que hay sectores como los antes mencionados, que lo que quieren es disputar poder, pesar en las decisiones. Lo graficó en un comunicado posterior al paro Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales (CRA), reclamando que antes de que el Estado decida, debe consultar a los privados. Meses atrás, lo admitió el propio ceo de Clarín, Héctor Magnetto, ante un Guzmán que debió ponerle freno.

En este escenario el jefe de Economía salió y saldrá a la ruta con diferentes padrinos políticos, llevando al interior un evangelio con algunas ideas fuerza. El capítulo más reciente, la visita a Entre Ríos con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. Allí, les dijo a los empresarios que el BCRA está en un proceso de recuperación de reservas, que habrá crecimiento pero que se necesita el apoyo de todos para salir de la volatilidad cambiaria. También señaló algo clave: bancó la reestructuración de deuda de la provincia que comanda Gustavo Bordet y alineó esas negociaciones a la nacional deslizando que los dólares están todos en una sola caja. Hará lo propio la semana próxima en Chilecito y días más tarde en el Chaco.

El Fondo a la derecha

Días después de que Ford anunciara que dejó de producir vehículos en Brasil, el mercado más grande la región, el titular de la compañía para Argentina se reunió en Casa Rosada con el Presidente Fernández. Le garantizó la inversión y le dijo que quieren que el país sea un polo de relevancia. El secretario de Industria, Ariel Schale, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le acercaron al mandatario números impactantes de producción de vehículos, que reflejan alzas superiores al 100 por ciento. 

Todos los papeles que estos funcionarios tienen sobre su escritorio reflejan, como los datos de la UIA, que la industria parece caminar en terreno firme no sólo en actividad sino en empleo. El crecimiento de la capacidad instalada fabril del 60,7 a 63,3 interanual en noviembre, es leído por el Estado y los privados como el inicio de la incorporación de personal.

Si bien hay otros rubros en alza, como la construcción, en el Gobierno toman como indicador principal el de la recaudación de la AFIP, que ya tiene 5 alzas al hilo, cuando el Estado tuvo meses de caída, producto de menores tributo por pandemia. En esta línea, el Gobierno también marcará la cancha, en cada partido, respecto a las presiones de bajas de impuestos.

Ante los empresarios de Entre Ríos, Guzmán contó una anécdota vinculada al tema. Se enteró de que en cada reunión que la misión del FMI tuvo con empresarios, les dijeron que había que bajar impuestos, pero mantener las políticas de salvataje a empresas en pandemia. “Así no cierra, ¿se dan cuenta?”, expresó.

De este modo, la pregunta que queda en el aire ante este giro menos conservador del Gobierno es cómo repercutirá eso en la negociación por la deuda con el Fondo Monetario. Cuando se les pregunta a los funcionarios locales y operadores internacionales sobre el asunto, advierten que, quizás, esto no afecte directamente pero sí juegue en los plazos. Ese acuerdo que se pensaban más para marzo o abri,l podría extenderse hacia adelante, aun cuando deba empezar la negociación con el Club de París. 



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Las opciones para que no falte gas en invierno | Por el rebote económico, habrá que cubrir un exceso de demanda industrial



El gobierno analiza las opciones disponibles para abordar la escasez en la oferta de gas que, con certeza, el país enfrentará en el próximo invierno. Las dificultades en la provisión en relación a la demanda esperada se explican por el parate de la actividad en los últimos dos años que sólo parcialmente moderó el Plan Gas.Ar, la reducción de la entrega del gas proveniente de Bolivia y el rebote económico esperado, que incrementa la necesidad de gas. Si bien el gobierno todavía no comunicó un plan para gestionar la escasez, luce probable la confección de un esquema que incluye el retorno del buque regasificador al puerto de Bahía Blanca, una nueva licitación de producción nacional para el invierno, mayores importaciones de combustibles líquidos y la importación de gas desde Chile. Más allá del set de alternativas que se utilice, el mayor desbalance en el invierno es un dato negativo para la balanza comercial y para las cuentas del fisco.

El secretario de Energía, Darío Martínez, admitió este viernes que la baja en la entrega de gas de Bolivia complica los planes nacionales. De 20 millones de metros cúbicos diarios inyectados en 2020, el país vecino solo comprometió 14 millones para este 2021, a raíz del propio declino en su producción.

“Estamos analizando todas las variantes que podemos tener para resolver ese declino. El barco regasificador de Bahía Blanca es una de las opciones aunque no es el momento, porque el invierno europeo hace que hoy esté más caro. Otra de las opciones es Chile, pero hay que ver si es mayor o menor al precio del barco. También estamos pensando cómo exportarle gas en el verano. Ahí está trabajando el embajador Rafael Bielsa”, agregó Martínez.

Los números del gas

Fuentes del sector plantean que en los tres meses del invierno – el momento de mayor consumo en el año– va a faltar entre 10 y 14 millones de metros cúbicos diarios para abastecer a la demanda, que va a registrar un aumento en relación a 2020 a causa del rebote económico y se ubicaría en niveles similares a 2019. Si el invierno es particularmente frío, habrá mayor consumo de gas y viceversa.

Por el lado de la oferta, la producción nacional de gas comprometida dentro del Plan Gas.Ar que rige desde el 1 de enero pasado, es de 67,8 millones de metros cúbicos diarios. A eso habría que sumar el 30 por ciento extra para el invierno que las autoridades pusieron como exigencia a las empresas que reciben el subsidio y otros 3,6 millones licitados adicionalmente para afrontar la etapa de mayor consumo. Serían unos 100 millones de m3/ del Plan Gas.Ar aunque la producción total se podría expandir hasta unos 110 millones de m3/d.

Se calcula que el pico de demanda de gas se ubicaría en unos 170 millones de m3/d en los días más fríos del próximo invierno.

El gas importado de Bolivia agregaría 14 millones de m3/d para el invierno y 24 millones adicionales provendrían de la inyección del buque regasificador instalado en Escobar, a través del cual el país importa GNL. La regasificación en Escobar tiene en contra una medida cautelar de la Justicia por un amparo ambiental, que el gobierno espera poder resolver antes del invierno. Según confirmó Martínez, también está en carpeta la importación de gas desde Chile, por un volumen de unos 3 a 4 millones de m3/d.

Para paliar el déficit, una opción que especialistas del sector advierten como muy probable es el regreso del segundo buque regasificador al puerto de Bahía Blanca, que permitiría inyectar otros 17 millones de m3/d. Es una opción eficiente en cuanto a precios. Si bien los valores actuales del GNL están por las nubes por la demanda de Asia, se calcula un costo de entre 6 y 6,5 dólares el millón de BTU para el próximo invierno, muy por debajo del costo de importación de los combustibles líquidos. Sin embargo, implica un fuerte incremento en relación a los precios pagados en 2020, por debajo de los 3 dólares. El barco de Bahía Blanca había sido despedido con bombos y platillos en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri y su secretario Javier Iguacel, luego de estar anclado en el puerto desde 2008. 

Otra opción que no se descarta es lanzar una licitación específica del Plan Gas para este invierno. La última bala es aplicar cortes de suministro en los momentos de pico de demanda sobre el GNC que consumen vehículos y también sobre grandes usuarios.



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La carne, a punto del bolsillo | Cómo es el plan para ampliar la oferta a precio bajo



Desde fines del año pasado y con mayor intensidad en la última semana, el Gobierno empezó a ponerse serio para resolver uno de los problemas actuales del consumo y los precios: la disparada en los valores de la carne y la accesibilidad a productos a un costo razonable. Según supo Página I12, los ministerios de Agricultura, Desarrollo Productivo y Economía charlaron con el consorcio cárnico ABC para encarar un plan que tenga más cortes a disposición del público. 

En los últimos días, la Bolsa de Rosario dio a conocer un trabajo en el que consignó que la carne subió casi un 20 por ciento en diciembre y arriba del 75 por ciento en solo en un año, todo con niveles aceptables de faena y un precio internacional a la baja. Toda esta dinámica apuró los planes del Gobierno. Ya a fines del año pasado el presidente Alberto Fernández le había pedido al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ampliar a entre 12 y 20 la cantidad de cortes de carne a precios racionales. Fue luego de que la Secretaría de Comercio cerrara precios económicos de vacío, asado y matambre para el período de fiestas. 

Información a la que tuvo acceso este diario refleja que los tres ministerios están charlando con exportadores “un acuerdo inmediato” para sumar a los cortes navideños otras variantes de parrilla, milanesas y carnes para guisar. En paralelo, anunciarán que esos cortes podrán comparse en grandes supermercados en días de oferta que se están definiendo. También buscan que algunas carnicerías que dependen directamente del consorcio ABC, a cargo de Mario Ravettino, uno de los interlocutores del Gobierno que integra el Consejo Agroindustrial, también puedan ofrecer el producto. 

En paralelo, se debate cuál será el volúmen de producto disponible. Se especula con con que los frigoríficos habían dispuesto para los cortes de Navidad unas 1500 toneladas, por lo que el Gobierno pretende ahora duplicar e iniciar la venta con 3000 toneladas disponibles. La iniciativa oficial busca marcar referencia de precios y hacer accesible un producto que en la Argentina es esencial en la mesa y que por sus precios empezó a restringir mucho su consumo. 

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió la preocupación oficial por el asunto, y anticipó que “estamos trabajando en eso, en el corto plazo vamos a tener resultados positivos”. “Hubo una primera experiencia sobre Navidad y Año Nuevo que nos está alentando para que trabajemos férreamente, a fin de generar accesibilidad de la población para el consumo de carne bovina”, señaló en declaraciones a radio El Destape. Y añadió que “el Presidente ha sido muy firme al decir que no puede faltar carne vacuna en la mesa de los argentinos”.

Basterra sostuvo que “estamos trabajando en forma permanente todos, articulando con los Ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo, porque es un problema complejo y con inteligencia tenemos que dar instrumentos de mediano y largo plazo para evitar marchas y contramarchas”. Según el ministro, “ya hay criterios consistentes en los fideicomisos de girasol y maíz, y estamos trabajando con trigo y para la carne: queremos reglas claras que pueden sostenerse en el tiempo; sólo una salida estructural nos permitirá seguir creciendo”.



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El Central sigue juntando divisas | La autoridad monetaria compró otros 50 millones



El Banco Central volvió a comprar 50 millones de dólares en el mercado de cambios este martes. En la jornada previa había adquirido 190 millones, la cifra más elevada desde el 29 de mayo del 2020. Estos datos estimados por el mercado reflejan el retroceso de las expectativas de devaluación, un mayor ingreso de divisas y la posibilidad de recuperar reservas.

El dólar paralelo, en tanto, se ubicó en 159 pesos, sin modificaciones respecto del lunes, cuando había bajado 2 pesos. La cotización del tipo de cambio ilegal se mantiene más de 35 pesos por abajo del pico alcanzado a finales de octubre, cuando el equipo económico lanzó una batería de medidas para contener la brecha cambiaria y reducir las presiones financieras.

Entre las medidas adoptadas se incrementó la colocación de deuda en pesos para limitar las necesidades de financiamiento con emisión del Banco Central, se comenzó a intervenir en el mercado de bonos para moderar la volatilidad del contado con liquidación y se flexibilizaron las operaciones en ese mercado. La CNV esta semana volvió a relajar los plazos para operar la compra de dólares en el mercado bursátil bajando el plazo de espera de dos a un día.

Por el lado de los bonos soberanos se registraron nuevas caídas en títulos como el Bonar 2035, que cerró con una merma del 0,5 por ciento. El riesgo país aumentó hasta los 1415 puntos, con un alza de 1,4 por ciento. Principalmente por las bajas en el valor de los bonos del lunes.

En las acciones hubo una suba del 0,5 por ciento del Merval porteño y algunas empresas como Cresud dieron saltos de precios (avanzó 17 por ciento en la jornada). Entre las firmas argentinas que cotizan en Nueva York se observó un rebote. Banco Francés fue una de las que más avanzó al subir 6 por ciento. YPF volvió a caer un 5,4 por ciento y acumula una baja de 10,6 en el año. 

En el mercado aseguraron que los activos argentinos se encuentran en valores muy bajos y que los fondos de inversión internacionales se encuentran a la espera de dos acontecimientos para decidir oportunidades de compra. El primero es la resolución del acuerdo de la deuda con el FMI. El segundo es la reestructuración de las deudas externas provinciales.



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Las claves del acuerdo para que no falte maíz | Nueva ronda de negociaciones con exportadores y productores



El gobierno busca que la mesa de diálogo con la cadena del maíz empiece a dar frutos concretos en base a las siguientes herramientas: 1) un fideicomiso para que los exportadores subsidien una pequeña parte del precio que paga la industria que transforma el maíz en proteína animal; 2) un sistema de garantías para que la industria local pueda competir por la compra del maíz en mejores condiciones frente a los exportadores y 3) el compromiso de los acopios de exportadores de no vender al exterior más de 30 mil toneladas diarias hasta que se estabilice la provisión en el mercado interno. Mientras tanto, la política y las viejas enemistades juegan y así la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria se posan sobre el grupo más duro de productores para amenazar con profundizar el lockout.

A última hora del domingo, el Ministerio de Agricultura anunció un acuerdo entre exportadores de cereales y productores avícolas, entre otros, para “garantizar el abastecimiento del grano al mercado interno, por lo cual resolvió dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de exportaciones”. En realidad, el gobierno fijó un límite de registro de 30 mil toneladas por día, “a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna” y abrió el juego para comenzar una agenda de trabajo, volviendo parcialmente sobre sus pasos que marcaron el cierre de la exportación hasta marzo. 

La Mesa de Enlace rechazó la medida porque el límite de 30 mil toneladas diarias “presupone un buque de los chicos por día y con el agravante de que no sabemos cuál es la duración de esta medida”, dijo Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria.

“Se dialoga con los que dialogan. Hay una señal del gobierno hacia la mesa de negociación y va quedando claro que a la Mesa de Enlace no le interesa el diálogo sino únicamente que atendamos sus proclamas”, dicen cerca del ministro de Agricultura, Luis Basterra. 

La agenda

El gobierno negocia con la cadena del maíz que políticamente está encuadrada en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). En la mesa están sentados los productores de maíz representados por Maizar, los exportadores de Ciara, los acopios y la industria transformadora, en donde el sector aviar tiene el mayor protagonismo. Este martes volverán a encontrarse en una mesa de negociación, bajo la dirección del Gobierno.

Estos actores están ideando un fideicomiso similar al que se acordó para el caso del aceite. La intención es que los exportadores aporten un determinado porcentaje de la venta externa del maíz y que ese valor permita subsidiar la compra de maíz en el mercado interno por parte de la industria que lo utiliza como insumo, particularmente, para la industria del pollo y de los huevos de gallina. El esquema se completa con los Precios Cuidados, que ponen un límite a la venta en las góndolas.

El subsidio cruzado, que deriva de un acuerdo entre privados, tiene la ventaja para el gobierno de que no necesita utilizar fondos públicos. Si eso no funciona, advierte, se pueden tocar las retenciones y con ese dinero sostener los precios internos. El principal argumento oficial radica en que a partir del dólar caro y de los altos precios de los commodities, el agro está en una posición muchísimo más fuerte que la mayor parte de la sociedad, que pena por la falta de trabajo en medio de la crisis.

Desde el agro advierten que el peso del maíz en el precio final del kilo de pollo es como mucho un 20 por ciento. Con lo cual un cambio en unos puntos porcentuales del precio del maíz tiene un efecto concreto muy bajo sobre los valores de góndola. Sin embargo, en el gobierno consideran que se trata de señales importantes en la formación de los precios que permiten un control de precios en los eslabones siguientes.

Otra herramienta que se discute es potenciar el sistema de garantías públicas en favor de los productores avícolas, para que reduzcan su riesgo ante los proveedores (acopios y celealeras) y mejoren las condiciones de compra para ser más competitivos frente a la demanda de maíz para la exportación. El reflejo de esa falta de competitividad se ve en los precios que venía enfrentando el mercado interno, muchas veces de 20 o 21 mil pesos a 60 o 90 días frente a los 19 mil pesos a los que compraba la exportación.

Por otro lado, hay un compromiso de parte de acopios y cerealeras de no exportar más de 30 mil toneladas diarias hasta tanto se pueda recomponer la oferta para la demanda interna. Estos puntos se podrían traducir en las próximas horas en un acuerdo firmado con el CAA, lo cual dejaría expuesto el diálogo con un sector muy amplio del agro y, por el contrario, la autoexclusión de la Mesa de Enlace (sin Coninagro) en las discusiones.



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