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Alberto Fernández en Lomas de Zamora:  “Debemos celebrar la democracia todos los días” | Hoy se cumplen 37 años de las primeras elecciones libres tras la última dictadura 



En el día en que se cumplen 37 años de las primeras elecciones libres en la Argentina tras el último golpe de Estado militar, el presidente Alberto Fernández llamó a “reivindicar el estado de derecho” vigente en la Argentina y “celebrar la democracia todos los días”.

“Tenemos que reivindicar el estado de derecho en este día de la democracia”, dijo el primer mandatario y recordó la figura del ex presidente Raúl Alfonsín, quien fue electo en los comicios del 30 de octubre de 1983.

El homenaje del Presidente fue hecho durante la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad, lanzado en la provincia de Buenos Aires y que es parte de la respuesta de los gobiernos nacional y bonaerense a las demandas policiales hechas hace dos meses, con movilizaciones en distintos puntos de la provincia por los bajos salarios.

El plan contempló la entrega de patrulleros, bonos que se suman a los salarios de las y los policías y el anuncio de la construcción de nuevas penitenciarías para descomprimir la superpoblación en las comisarías bonaerenses.

“Los móviles que vos prometiste, Alberto, ya son una realidad en la provincia”, elogió el gobernador Axel Kicillof, a la vez que agradeció al mandatario “el gesto que tuviste de devolvernos aquello de lo que se nos había privado en coparticipación”.

“Me voy a tomar dos licencias –aclaró el Presidente-. Primero, recordar que hoy cumple años Diego (Maradona), así que lo saludo a la distancia. Y segundo, recordar que un día como hoy recuperamos la democracia.”

Recuperar la democracia es algo que debemos celebrar todos los días, sobre todo quienes vivimos en la dictadura, aunque hay algunos que la sufrieron más que yo”, destacó Alberto Fernández

La necesidad de “entender la seguridad como parte del estado de derecho”

En su discurso, el Presidente consideró que “celebrar el día de la democracia nos impone entender la seguridad como parte de un estado de derecho”, porque “las primeras víctima de la delincuencia son los ciudadanos más humildes” que “necesitan imperiosamente subir a un tren colectivo caminar por calle”, explicó.

Por eso, añadió “que estos móviles empiecen a circular es un mecanismo de prevención” para “advertirle al que quiere delinquir, que el estado de derecho los está vigilando”.

También consideró que “en un estado de derecho” la justicia debe “ser rápida” en dictar las penas y que quienes cometieron delitos “deben cumplir el castigo que le corresponda”, para luego “tener una oportunidad de reinsertarse” en la sociedad.

Más plazas carcelarias contra la superpoblación

Durante el acto que tuvo lugar en el Parque Eva Perón, de Lomas de Zamora, se firmó el convenio que a través del cual se construirá una penitenciaría en Lomas de Zamora y se descompriman los calabozos superpoblados de diez comisarías de ese distrito.

La de Lomas será la primera penitenciaría que se construirán con 5 mil plazas en distintos partidos de la provincia. El objetivo es que “los reclusos puedan cumplir sus condenas dentro de sus distritos”, según explicó el intendente Martín Insaurralde.

También se entregaron los bonos con sumas fijas para los salarios que fueron recibidos por dos mujeres policías y un policía varón de manos del Presidente, del gobernador y de Insaurralde. Estuvieron también la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En su discurso, Kicillof criticó también que de la gestión de María Eugenia Vidal “no recibimos un parque de patrullero sino un depósito de chatarras”. “Hace mucho que no se renovaban” los vehículos para las policías provinciales y locales. “Recibimos tierra arrasada en el terreno salarial” y sobre todo en el de los integrantes de la fuerzas de seguridad, que “tenían el mayor de los retrasos”. 



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 Volkswagen indemniza a sus empleados perseguidos durante la dictadura brasileña | El acuerdo es por U$S 6,4 millones y abre la puerta para demandar a otras empresas



Un acuerdo inédito, arrancado a la filial brasileña de Volkswagen por sus ex trabajadores – víctimas de la dictadura y de la propia empresa entre 1964 y 1985 – descoloca al presidente Jair Bolsonaro que reivindica desde siempre al régimen militar. La automotriz admitió su complicidad en la persecución, secuestro y torturas a empleados de su planta en São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo y firmó un acuerdo para indemnizarlos por 36 millones de reales (unos 6,4 millones de dólares). El hecho adquirió un peso simbólico muy fuerte en el país de la región que menos progresó en políticas de memoria, verdad y justicia. La razón es obvia: sigue vigente la Ley de Amnistía de 1979 que impide juzgar a los responsables del Terrorismo de Estado. El convenio tiene su contraparte para la multinacional alemana. Se cerrarán tres demandas civiles contra ella y cualquier eventual juicio que se le entablara en el futuro no prosperaría. La medida que tomó la compañía puede ser un precedente para que otras empresas involucradas en el golpe de Estado de hace 56 años – la Comisión de la Verdad de 2014 estableció que hubo unas 53 – sean llevadas a la Justicia también.

“Estamos celebrando este acuerdo porque cambia una página importante de la historia y se da en un momento político de tinieblas por el que pasa Brasil”, señaló Tarcisio Tadeu García Pereira, presidente de la Asociación Heinrich Plagge en diálogo con Efe. Esa organización que representa a las víctimas de la dictadura y de la propia Volkswagen recibirá 3 millones de dólares del total de la indemnización. Lleva ese nombre por un ex trabajador que falleció el 7 de marzo de 2018. Activista sindical y profesional técnico con doce años en VW, terminó en las salas de tortura del DOPS (Departamento de Orden Político y Social). “Alrededor de las dos de la tarde del 8 de agosto de 1972, Plagge fue llamado a la oficina del director Ruy Luiz Giometti, donde dos desconocidos ya lo esperaban para ser arrestado. Lo llevaron al DOPS, donde fue torturado durante treinta días y luego trasladado a la prisión de Tiradentes”, se explica su historia en el libro Empresas alemanas en Brasil: el 7 × 1 en la economía, del periodista germano Christian Russau. Una investigación sobre las relaciones comerciales entre los dos paises.

Además del dinero que cobrará la Heinrich Plagge, dos millones de dólares se destinarán a reforzar las políticas de Justicia Transicional, con proyectos para preservar la memoria de las víctimas y el resto – 1,6 millones de dólares – lo percibirá el llamado Fondo Federal y Estatal para la Defensa y Reparación de Derechos Difusos (FDD). Crítico del convenio porque sostiene que es limitado y beneficioso para la empresa, Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, le dijo a Página/12: “El acuerdo firmado se queda corto con lo negociado en los últimos cinco años. Corre el riesgo de rebajar el nivel de reparaciones que se requerirán en nuevas iniciativas para responsabilizar a las empresas por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”.

Entre las compañías denunciadas están, además de Volkswagen, Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz. La automotriz alemana tiene una larga historia de imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde el nazismo hasta hoy. Sobrevivientes del holocausto la demandaron en 1998 junto a miles de empresas alemanas y austríacas por trabajos forzados y sometimiento a la esclavitud en sus diferentes plantas de Europa. En el libro Volkswagen y sus trabajadores durante el Tercer Reich, se publicaron fotos de jóvenes mujeres, sobre todo de la ex Unión Soviética y Polonia, realizando sus tareas descalzas en pleno invierno. En ese trabajo se denunció que hubo unos 16 mil prisioneros de guerra que se desempeñaron en condiciones infrahumanas en VW, fundada en 1937 durante el Tercer Reich e instalada en Brasil el 23 de marzo de 1953.

La multinacional se refirió al acuerdo conseguido la semana pasada y del que participaron la Fiscalía federal y estatal y el Ministerio de Trabajo. Hiltrud Werner, una ejecutiva de VW, comentó: “Lamentamos los atropellos contra los derechos humanos del pasado. Para Volkswagen es importante asumir la responsabilidad de ese capítulo negativo en la historia de Brasil y promover la transparencia”. Lo que firmó la empresa se conoce jurídicamente como Término de Ajuste de Conducta (TAC) y la obliga además a publicar una solicitada en los medios. Ahora falta que lo ratifique la Procuraduría General de la República (PGR). Sobre el procedimiento, los fiscales dijeron en un comunicado de prensa que “es inédito en la historia de Brasil” y agregaron que se trata de un hecho que “tiene una importancia enorme para la promoción de la Justicia de la transición en Brasil y el mundo”.

También es inusual la investigación que le encargó la propia compañía al historiador alemán Christopher Kopper, un profesor de la Universidad de Bielefeld. Cuando se divulgó su trabajo hace tres años, un dato clave que arrojó fue cómo VW colaboró con la DOPS y puso su personal de Seguridad a perseguir trabajadores como Heinrich Plagge entre 1969 y 1979. Estos últimos habían iniciado la demanda en 2015 que motivó la contratación de Kopper por la automotriz para que hiciera su informe de 126 páginas en una replica muy rápida a las denuncias que recibía.

Krischke señala que “quienes acompañaron la investigación, presentaron la documentación, reunieron testigos y lucharon por el desarrollo del caso no fueron escuchados. Esto fue posible por el producto de la enorme presión de muchas personas y el trabajo continuo de años. Además se impuso la confidencialidad sobre los términos del acuerdo. Ni siquiera se les informó de la fecha en que se firmaría el TAC”.

La multinacional que a nivel regional conduce el argentino Pablo Di Si, un ex futbolista de Huracán que se formó en Estados Unidos – es graduado de Harvard Business School- intenta este enjabonado y lavado de imagen mientras en Brasil despide trabajadores. “Tenemos una excedencia que corresponde a un turno en cada fábrica. Son medidas muy duras, que van a impactar directamente en nuestra fuerza de trabajo, en todas las localidades”, explicó el CEO en una comunicación interna que publicó hace unos días el diario Ambito Financiero. En el país vecino, VW tiene unos diez mil empleados distribuidos en cuatro plantas. Es el mismo Brasil que en 2016, cuando la empresa le encargaba la investigación al profesor Kopper, tenía un diputado que decía: “El error de la dictadura fue torturar y no matar”. Hoy es el presidente de la república y sigue justificando al terrorismo de Estado que con la colaboración de Wolkswagen Brasil persiguió, torturó y encarceló a sus trabajadores.

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Comienza un juicio de dos causas unificadas por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de la ciudad de Córdoba pondrá en marcha este miércoles el proceso de enjuiciamiento de dos causas unificadas por delitos de lesa humanidad cometidos entre marzo y septiembre de 1976 por la dictadura cívico-militar en la provincia.

En la sumatoria de las causas “Diedrichs Luis Gustavo” y “Herrera José Hugo” son 18 los imputados que deberán responder por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia.

En tanto, de las 43 víctimas, 9 sobrevivieron, mientras que las restantes fueron asesinadas o aún permanecen desaparecidas.

El tribunal de enjuiciamiento está integrado por Carolina Prado (presidente); Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier (vocales); y Noel Costa (Jueza Sustituta), en tanto el fiscal Maximiliano Hairabedian estará a cargo de sostener las acusaciones de los imputados.

Las audiencias se realizarán los miércoles con la modalidad semipresencial y, según el acuerdo preliminar entre las partes, son 38 los testigos previstos durante el proceso de debate que se adecuará a las exigencias establecidas por los protocolos sanitarios, en el marco del coronavirus.

En ese contexto, en la sala estarán presentes solamente los miembros del tribunal, los defensores, querellantes, el fiscal y los testigos, mientras que los imputados lo harán mediante videoconferencia.

La prensa podrá seguir las instancias por el canal de YouTube del TOF1, en el link bit.ly/VivoJuicioDiedrichsHerrera.

Este será el duodécimo juicio por delitos de lesa humanidad que, desde 2008, se realiza en Córdoba en el marco del terrorismo de Estado.

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Argentina Política

Reparan legajo de detenido desparecido que trabajaba en el Renaper

El Gobierno nacional ordenó este miércoles la “reparación” del legajo de un extrabajador del Estado detenido desaparecido, cuya desvinculación laboral figuraba como consecuencia de una renuncia, pese a haber integrado las listas de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Se trata de Rodolfo Casares, DNI 10.217.441, quien se desempeñaba como agente del Registro Nacional de las Personas, dependiente entonces del Ministerio de Defensa, actualmente en la órbita del Ministerio del Interior.

La Resolución Conjunta 3/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, establece la “reparación del legajo” y precisa que debe contener la siguiente leyenda: “La verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.

La norma también ordena al Registro Nacional de las Personas a “efectuar la revocatoria de la Resolución N° 1205 del 7 de mayo de 1975, mediante la cual se aceptó la renuncia del señor Rodolfo Casares a partir del 20 de marzo de 1975”.

Entre los considerandos, la resolución conjunta destaca que la Secretaría de DDHH “ha acreditado que el señor Casares se encuentra registrado en el legajo N° 3236 del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Conadep”.

Asimismo, la documentación acompañada por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad acredita que Casares prestó servicios en el Renaper desde el 25 de enero de 1972 hasta el día 20 de marzo de 1975, fecha en la que fue dejado cesante por “renuncia”, según constaba en el legajo reparado desde este miércoles.

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Tras la confesión de un represor, el Frente Amplio buscará avanzar con el desafuero de Manini Ríos | Repercusiones de la declaración del coronel retirado Gilberto Vázquez en Uruguay



El oscuro pasado de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) sigue saliendo a la luz. El coronel retirado Gilberto Vázquez admitió haber matado y torturado, y confirmó su participación en dos vuelos clandestinos con detenidos desparecidos trasladados desde Argentina a Uruguay. Lo hizo ante un Tribunal de Honor del Ejército en 2006 cuyas actas se conocieron el viernes pasado. Para la dirigencia del Frente Amplio, estas revelaciones tienen que ayudar a que el Senado vote el desafuero del excomandante en Jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, acusado de ocultar información sobre anteriores confesiones en tribunales de Honor. Por su parte, la senadora Lucía Topolansky mandó a la vicepresidenta Beatriz Argimón a “informarse”, luego de que ésta afirmara que solicitudes de acceso habían sido negadas o en otros casos se había brindado información parcial durante los distintos gobiernos frenteamplistas (2005-2020).

“Me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento”, aseguró el militar retirado Gilberto Vázquez, condenado en 2006 por los homicidios de 28 uruguayos capturados en 1976 en Argentina. “Nosotros ejecutamos, no asesinamos, son cosas diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad”, confesó. 

A su vez, el excoronel aclaró hechos negados por altos mandos militares, como el Plan Cóndor, en el que las dictaduras sudamericanas trabajaron conjuntamente para intercambiarse detenidos y colaborar en la desaparición de personas, y confesó su participación en un vuelo militar para trasladar a uruguayos, hoy desaparecidos. “Tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá”, declaró.

El coronel retirado compareció ante el Tribunal de Honor Militar en 2006, luego de haberse escapado del hospital militar tras fingir una enfermedad para salir del cuartel donde estaba detenido. Permanecía a la espera de una posible extradición a Argentina para ser juzgado por crímenes durante la dictadura. Vázquez integró el grupo de seis exrepresores procesados en 2006, que incluía a José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Ricardo Arab y Ricardo Medina.

Las actas que incriminan a Vázquez se conocen a días de que se someta a votación el pedido de desafuero contra el senador y militar retirado Guido Manini Ríos por lo acontecido en un Tribunal de Honor en 2018. En esa instancia, el teniente coronel retirado José Gavazzo confesó el asesinato de un militante de izquierda en 1973. Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército en 2018, es cuestionado por no haber denunciado esas declaraciones. 

“Todo el apoyo a Familiares de Desaparecidos, integrantes de los Tribunales de Honor que no informaron a la Justicia deben responder ante la misma”, señaló el dirigente del Frente Amplio, Pablo Ferreri. “No vale escudarse en fueros, sería una pésima señal del sistema político permitirlo”, señaló el candidato suplente de Daniel Martínez en las elecciones departamentales de Montevideo. Por su parte el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, indicó al diario La República que las actas “revelan cosas horribles que mil veces se negaron pero que ya sabíamos y otras que no, también terribles, sobre las que se debió actuar”. 

En tanto, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, mandó a “informarse” a la vicepresidenta Beatriz Argimón sobre la ley de Acceso a la Información Pública que impulsó el Frente Amplio en 2008 para develar situaciones como la confesión de Gilberto Vázquez. Argimón había señalado que varias solicitudes de acceso habían sido en algunos casos negadas y en otros resueltas de manera parcial. Consultada al respecto, Lucía Topolansky respondió: “La ley de Acceso a la Información, se tiene que informar bien la señora Argimón, tiene por norma qué se debe informar y qué no. Hay áreas reservadas porque pueden ser datos personales. Eso está normativizado en la ley”. 

Respecto a las actas reveladas en los últimos días, la exvicepresidenta de Uruguay dijo que no le sorprenden las palabras de Gilberto Vázquez. “La dictadura la viví y todas esas cosas se sabía que pasaban. Así que lo que declaró no me llama la atención, esas cosas pasaron y está bien que se sepan”, aseguró Topolansky, exguerrillera tupamara y esposa de José “Pepe” Mujica.





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El mensaje golpista de Duhalde contra el gobierno nacional

Triste, solitario y final. El título de la célebre novela de Osvaldo Soriano es la referencia inmediata que aparece al ver (y, sobre todo, escuchar) lo que fue la participación de Eduardo Duhalde en la emisión del lunes por la noche del programa Animales Sueltos, que con suerte dispar transcurre en la pantalla de América.

Duhalde: “El año que viene no va haber elecciones”

En una emisión que buscaba ponerle pimienta a un debate que flotaba en el mar del tedio, el expresidente interino de la nación y hasta ahora hombre de consulta del Peronismo disparó desde el sillón que le había tocado en suerte: “Es ridículo que piensen que va a haber elecciones”.

Luego del bombazo vino la obligada pregunta sobre el porqué de semejante declaración. La argumentación del invitado no se quedó atrás. Entre aseveraciones balbuceantes y un hilo narrativo que habrá preocupado a Hilda “Chiche”, que lo miraba por tevé, el mandamás bonaerense de los años 90 fue por más:

“¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord… un récord… que ahí primero nosotros… La gente no sabe, o no lo lee.. .o no se olvida (sic). Hemos… entre el 30 y el 83… catorce dictaduras militares… catorce… presidentes militares”.El silencio del conductor y la mesa dejó espacio para otra parrafada.”Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América es porque no conoce lo que está pasando… ¿O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, no sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia?”, se preguntó para después arrojar una teoría algo insustancial sobre el país trasandino: “Sabemos que Chile… no sabemos quien… porque son las redes y los movimientos han puesto de espaldas al Gobierno y queda nada más que como factor de poder los Carabineros como antes y el Ejército…. en todas partes, entonces… ¡No va a haber elecciones! No va a haber elecciones porque la… porque no se puede seguir así, es una barbar… para que haya elecciones tiene que haber unas elecciones consensuadas, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos…”, agregó en una parrafada ridículamente épica.

“Usted está usando una metáfora…”, atinó a decir Novaresio, pero Duhalde insistió: “Una convicción”.

Luego, ante la pregunta de una periodista del programa sobre por qué no habría elecciones, el exvicepresidente de Carlos Menem sonrió de forma sobradora y contestó que “porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares”.

“¿Pero Alberto Fernández va a sufrir un golpe?”, se insistió.

“Alberto Fernández… no personalicemos”, intentó correrse Duhalde en un rapto de lucidez. Y agregó: “Argentina corre ese riesgo porque la verdad es que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar con esto. Se va a generar un clima…”

“¿Un que se vayan todos”, echó nafta Novaresio en un esfuerzo de voluntad para sacar adelante un bochorno histórico del programa y del hombre que llevaron como Estadista y se reveló como probable paciente de alguna institución privada especializada en gerontología.

Por supuesto, Duhalde redobló la apuesta y cerró paso a la pregunta del animador: “Mucho peor”, dijo, quizá habiéndole cerrado para siempre la puerta a su ya desvencijada carrera política.

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Exigen que se revierta la falta de mérito para los cómplices civiles de la dictadura en Tucumán | Empresarios fueron considerados víctimas



Organismos de derechos humanos y vinculadas a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en el Noroeste argentino denunciaron que la justicia tucumana le da la espalda a la complicidad civil en los crímenes de la última dictadura. La Fiscalía federal de Tucumán y la agrupación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) exigieron que la Cámara Federal de Casación Penal revierta la falta de mérito que tanto en primera instancia como en la etapa de apelaciones recibieron cuatro empresarios del ingenio azucarero La Fronterita por su participación en el secuestro de trabajadores de esa compañía en un centro clandestino de detención que funcionó en sus instalaciones durante la última dictadura cívico militar. Algunos de ellos continúan desaparecidos. La Fiscalía había exigido la indagatoria y detención de los empresarios por considerarlos cómplices de los crímenes
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“La justicia federal tucumana busca darle impunidad a los cómplices civiles de los crímenes contra la humanidad” cometidos en la provincia, advirtieron Andhes, H.I.J.O.S. Tucumán, Fundación Memorias e Identidades y otras agrupaciones vinculadas a la lucha contra el olvido de los crímenes del terrorismo de Estado en un comunicado que denuncia las novedades en la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos sufridas por trabajadores, familiares y personas cercanas al ingenio azucarero La Fronterita en años de genocidio.

Falta de mérito para los civiles

El 7 de julio pasado supieron que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el fallo del juez de primera instancia Daniel Bejas, quien consideró que Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, administradores e integrantes del consejo directivo del ingenio, habían sido tan víctimas de los militares como los trabajadores secuestrados, torturados y, algunos, desaparecidos y les dictó la falta de mérito “tergiversando las pruebas y los testimonios de los sobrevivientes y los familiares de desaparecidos”, apuntaron las organizaciones denunciantes.

Bejas los indagó por pedido de la Fiscalía, a cargo de Pablo Camuña. Tanto el fiscal como Andhes –querellante en representación de la familia de Fidel Ortiz, uno de los delegados secuestrado y desaparecido– entendían y entienden que son cómplices de los delitos de privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, aplicación agravada de torturas, violación de domicilio, desaparición forzada de personas, entre otros. Numerosos testimonios que figuran en el expediente los señalaron como “entregadores” de obreros. Ni hablar del hecho de que dentro del ingenio funcionó un centro clandestino de detención, por donde pasaron todas las víctimas de la causa.

Pues, claro, en sus indagatorias, los empresarios se ubicaron donde finalmente el juez y la Cámara Federal de Apelaciones tucumana los fijó: en el lugar de víctimas. Además presentaron balances de la empresa para “demostrar” que la dictadura los había perjudicado.

Para Andhes y el resto de los organismos aquello es imposible. Remarcaron desde la agrupación de abogades: “El Ingenio Fronterita, a través de sus administradores y su consejo directivo, hizo aportes sustantivos y sustanciales para que se implemente el terrorismo de estado en el sur tucumano. Sin estos aportes los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese momento y en ese lugar no se hubiesen realizado de la forma e intensidad que sucedieron”.

Cómplices de secuestros y torturas

Tras el fallo confirmatorio de la Cámara tucumana, les abogades y la Fiscalía presentaron un recurso de Casación para que el expediente llegue a la Casación Penal. Consideran que el aparato del ingenio “cumplió un rol fundamental” en la “implementación del terrorismo de Estado en la provincia” al haber “cedido los espacios y laas instalaciones para que se efectivice un centro clandestino y una base militar”. Además, “que hayan prestado vehículos, que haya dado información de los trabajadores y que haya dado autorización para que los militares entren a las casas de los trabajadores fueron acciones que permitieron establecer un aparato del terror que terminó en la desaparición, tortura y violación de todo tipo de derechos humanos en esa zona. Muchos de estos hechos quedaron probados durante el juicio del Operativo Independencia”, postularon desde Andhes.

De la investigación fiscal surge que, entre 1975 y 1977, al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, o que vivían en sus colonias, pasaron por el centro clandestino que funcionó dentro del ingenio. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy, desaparecidas, entre ellas Ortiz. “Nuestra investigación indica que los propietarios y administradores del Ingenio Fronterita compartían con las autoridades militares un interés común: disciplinar a los trabajadores para acumular la máxima ganancia posible. Para eso fue necesario actuar contra los dirigentes sindicales y las bases obreras combativas, que son las verdaderas víctimas de esta causa y fueron quienes sufrieron los secuestros, las torturas y en muchos casos la muerte y la desaparición”, apuntaron desde la agrupación letrada. 



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La política y los Juegos Olímpicos | Opinión



A través de La Carta Olímpica, los humanistas impulsores de los Juegos Olímpicos modernos intentaron establecer la idea de que los Juegos debían servir para inspirar a la humanidad en su lucha por superar las diferencias políticas, económicas, de género, raciales y religiosas. Más allá de esas buenas intenciones, lo cierto es que a lo largo de la historia hubo varios acontecimientos que echaron tierra sobre ese idealismo romántico que buscaba poner al deporte al “servicio del desarrollo armónico de los hombres”. En 1936, los nazis utilizaron los Juegos de Berlín para propagar la idea de la superioridad de la raza aria; en 1968, en México, el Black Power aprovechó para visibilizar su lucha contra el racismo en Estados Unidos cuando los ganadores de los 200 metros, los estadounidense Tommie Smith y John Carlos, levantaron sus puños durante la ceremonia de premiación. Apenas cuatro años después, en los Juegos de Munich, el grupo comando palestino Septiembre Negro, secuestró a la delegación de deportistas israelíes para negociar la liberación de 230 palestinos presos en Israel. El desenlace fue trágico: once deportistas israelíes y un policía alemán muertos. Alemania y el COI demoraron 45 años la reconciliación con las familias de las víctimas, que nunca aceptaron la decisión del movimiento olímpico de que no se hubieran supendido los juegos. La política continuó metiendo sus narices en los Juegos, como quedó demostrado en el boicot de Estados Unidos contra los Juegos de Moscú de 1980, en el contexto de la Guerra Fría, y la consecuente respuesta de los rusos, quienes cuatro años más tarde promovieron otro boicot, aunque de menor envergadura, contra los Juegos de Los Angeles.

Se cumplen este domingo 40 años del inicio de los Juegos Olímpicos de Moscú, de los que la Argentina no participó junto a otros medio centenar de países que se sumaron a la iniciativa de Estados Unidos, que buscaba de esta manera condenar la invasión militar de la Unión Soviética sobre el territorio de Afganistán, ocurrida en diciembre de 1979 y cuyo objetivo fue derrocar al presidente afgano Hafizullah Amin, quien en su propio juego político había decidido cambiar de equipo y jugar para la Casa Blanca, que gobernaba el demócrata Jimmy Carter. En ese contexto de la Guerra Fría, EE.UU. lanzó una brutal campaña contra Moscú 80 y contra las autoridades del COI, que no veían factible un cambio repentino de sede y que argumentaban que los juegos podían acaso servir para bajar las tensiones existentes. “Ir a los Juegos Olímpicos de Moscú sería como poner un sello de aprobación a la política exterior de la URSS”, expresó Carter. Caídos los plazos impuestos por EE.UU. para que Rusia abandonara Afganistán, el 24 de abril de 1980 el Comité Olímpico Estadounidense (USOC) anunció su no participación en los Juegos. y prohibió a los deportistas estadounidenses participar de la cita olímpica. Los intentos del COI por destrabar el conflicto fracasaron. “O retiran las tropas… o retiro a los atletas”, volvió a insistir Carter en mayo, cuando en un último intento el COI lo sentó frente a jefe de estado soviético Leonid Breznhev.

La página de El Gráfico apoyando el boicot de los EE.UU.

Entre las presiones de Estados Unidos y las presiones de la Unión Soviética, comenzó a abrirse para algunos países la posibilidad de quedar alineados políticamente y obtener, a cambio del apoyo en esta cruzada, algún beneficio propio. Ese fue el caso de la Argentina, gobernada por la Dictadura Militar, que tras la visita a Washington del entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz se sumó a Canadá, Alemania Occidental, Japón, Noruega, Israel, Chile y Turquía, entre los 50 países que (de un total de 66 ausentes, algunos de estos por sus propias razones, como fue el caso de China) apoyaron el plan de Carter.

El entonces presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), el coronel Antonio Rodríguez no había apoyado desde el inicio el boicot. “No podemos frustrar el esfuerzo de nuestros jóvenes atletas. Los intereses políticos no pueden prevalecer sobre los deportivos. La Argentina participará en los Juegos”, llegó a decir. Sin embargo, el hombre que se mantuvo como titular del COA hasta 2005 terminó acatando la decisión del gobierno de Jorge Rafael Videla. Los diarios de la época dan cuenta de que la visita de Martínez de Hoz a los Estados Unidos, donde se reunió con distintos funcionarios de alto rango y cercanía con Carter para hablar de cuestiones económicas y de política internacional, que también incluyó el tema Malvinas.

Cuando Martínez de Hoz regresó a la Argentina, la decisión no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú era un hecho. La decisión no se impuso como orden, sino como “sugerencia”, de la que los medios de comunicación se hicieron rápidamente eco. Entre ellos, la revista El Gráfico, que ni siquiera consignó en su tapa el inicio de los Juegos de Moscú y, en una página interna, en una editorial sin firma, explicó así su ferviente apoyo al gobierno militar: “La decisión evaluada y meditada con profundidad obedece a intereses superiores que nos ponen del lado al que pertenecemos, del lado del mundo libre, Occidental y cristiano (…) Ir sería presentarnos a compartir una fiesta que pretende organizar un país que ha vulnerado los verdaderos principios de paz y confraternidad. Significa darle la espalda a esa falsedad y responder a nuestra autentica forma de vida”. En contrapartida, la revista Goles Match decidió cubrir los juegos de Moscú con un enviado a Rusia, Roberto Fernández, el único periodista argentino acreditado para esos Juegos y testigo presencial de un acontecimiento histórico por el que -salvando las distancias, y como hicieron los alemanes por Munich-, la Argentina al menos debería disculparse con los rusos y con toda una generación de deportistas nacionales que hubieran podido brillar en Moscú. 



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El relato de Luque, cuando fue secuestrado y robado por militares: “No me mataron de milagro”

El relato de Luque, cuando fue secuestrado y robado por militares: “No me mataron de milagro”

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Homenaje a los niños víctimas del Chile de Pinochet | El libro ilustrado “Niños” recuerda a los menores ejecutados que figuran como nombres en los fríos informes  



Desde Santiago de Chile

Treinta y dos niños, entre un mes y trece años fueron ejecutados por la dictadura de Pinochet. Uno continúa siendo detenido desaparecido. Y otro, Pablo Athanasius, fue parte de esta terrible lista hasta 2013, cuando las Abuelas de la Plaza de Mayo lo contactaron y aceptó hacerse el examen inmunogenético que demostró ser el hijo de los chilenos desaparecidos Frida Lashan y Miguel Athanasiu, estudiantes pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se exiliaron en Buenos Aires en 1974. Nacido dos años después, fue secuestrado junto a sus padres cuando tenía apenas seis meses por agentes de la dictadura argentina y dados en adopción ilegal por una pareja vinculada al régimen de Videla. A él justamente, el nieto 109, fallecido en 2015, está dedicado el libro Niños de María José Ferrada e ilustrado por María Elena Vásquez.

El tema es uno de los tabúes de un régimen que aún hoy —en medio del estallido social de octubre y el errático manejo de la pandemia— cuenta con personeros y entusiastas defensores en el gobierno del derechista Sebastián Piñera. Tampoco la Concertación de Partidos por la Democracia que asumió el poder en 1990 hizo mucho por poner en discusión el tema, más allá de la enumeración de casos en el informe de la Comisión Rettig (1991) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992).

Aunque una primera versión de Niños apareció en 2013, las cosas no han cambiado mucho según Ferrada. Aunque están disponibles sus historias y muchos de sus rostros, el Estado chileno no ha hecho demasiados esfuerzos por enfrentar este aspecto brutal. “Creo que ese olvido sigue existiendo. Es bien impresionante que esos niños no tengan un memorial, por ejemplo. Es para que la sociedad entera se paralizara y dijera que eso no puede ser, que no lo vamos a permitir. Pero el tema ni siquiera tuvo un gran espacio en los noticieros. No hay un parque donde otros niños pudieran recordarlos, no hay un memorial. No hay nada.”.

El horror

Las historias que relatan estos informes van desde la asfixia por gas lacrimógeno que mató en 1984 a Luz Marina Paineman (6 meses) o el disparo en la cara de agentes civiles recibido por Marcela Marchant (8 años) en 1983 ambos durante las grandes jornadas nacionales de protesta hasta el dramático caso de Carlos Fariña Oyarce (13 años) detenido en 1973, tras la denuncia de una vecina de la Población La Pincoya de Santiago. Le había disparado a su hijo accidentalmente con un arma entregada por un delincuente habitual del lugar, que temía que los militares la encontraran. Y aunque fue sin mayores consecuencias, su madre —viuda y enferma de cáncer— lo entregó a un Tribunal de Menores que terminó derivándolo a un centro de menores donde fue abusado sexualmente. Fue justo cuando regresó a su casa, un mes después, cuando la mujer del hijo baleado dio aviso a los militares que estaban allanando una vez más la población. Su cuerpo fue encontrado el año 2000 quemado y con heridas de bala.

También está Elizabeth del Carmen Venegas Muñoz (13) que dos días después del Golpe de 1973 estaba haciendo fila para comprar el pan en la Población José María Caro de Santiago. Debido a la tensión de los vecinos por la demora y el toque de queda que se avecinaba, un grupo de militares y carabineros fue al lugar y comenzó a disparar. Ella fue una de las muertas por una bala alojada en el área abdominal. El gatillo fácil de los militares era evidente en esa época: hay dos casos de chicos que jugaban a la pelota, en distintos lugares —Enrique Gonzalez Yañez (8) y Samuel Castro (13)— y que fueron ejecutados por militares sin ninguna razón aparente, pero también está el caso Sergio Gómez Arriagada (11) que estaba comprando pan en la zona de San Joaquín el mismo día del Golpe y como no regresaba su madre fue a buscarlo hasta la morgue donde encontró una gran cantidad de cuerpos mutilados y su padre, desesperado, fue detenido tras discutir con unos violentos carabineros. Hasta ahora sigue desaparecido.

Quedar asociados a informes

Pero Niños, más que detallar estos casos con el lenguaje frío y formal de este tipo documentos prefiere ilustrar los rostros de todos estos niños víctimas de la violencia que atravesó Chile y que sigue haciéndolo. Con cuidadas ilustraciones las autoras se proponen la tarea de imaginarles una vida, un destino. Como a Elizabeth que “hoy sería profesora y haría preguntas a sus alumnos: un oso de peluche y una muñeca”. O Carlos que cada vez que mira la luz de la lámpara “se pregunta si su luz hablará en el mismo idioma que el de las estrellas de dos millones de años”.

“Esa forma tiene que ver con el relato al cual los nombres de esos niños quedaron asociados en los informes. Condiciones, fecha y lugar en que se encontró el cuerpo. Es terrible que un nombre, cualquier nombre, pase a estar registrado en la historia con un relato de ese tipo”, dice Ferrada que asegura no haber un caso que le haya impactado más que otros, porque todos son inaceptables.

El lenguaje de los informes, al ser preciso y de alguna manera técnico, es necesario, pero es de una frialdad que te desarma. Esa no debería ser la historia de ningún niño. No puede serlo. Así que en el libro los niños están paseando a su mascota, hablando con su amigo imaginario o escuchando la voz de la madre, que es lo que me parece que un niño debería hacer”.

María Elena Valdez logró dar con un tipo de ilustración sutil, donde a pesar de dominar los tonos oscuros propios del olvido, emergen pequeñas hojas brillantes, océanos en movimiento, puertas y vestidos claros. Era una ternura que necesitaban estos niños y sus historias. Todo esto, coordinado con la editora Mónica Bergna, nos lleva a preguntarnos lo mismo que el texto final: “Treinta y cuatro niños. ¿Era eso posible? ¿Podía haber ocurrido algo semejante?”. Pero también a tener claro que esto no es algo que no pueda volver a ocurrir, como dice otro párrafo: “Este libro es también un recordatorio, una alarma, pues contamos su historia sabiendo que son muchos los niños que en este mismo momento sienten miedo, sufren o pierden la vida como consecuencia de la violencia política”.

El libro que en México es editado por Alboroto Ediciones para ser usado como herramienta de reflexión sobre la violencia política y la infancia más allá del contexto chileno. También habrá edición en portugués, inglés e italiano. Aunque de momento no hay edición argentina, es posible consultar sobre el libro en la editorial y distribuidora chilena Liberalia .

—¿De qué forma crees que dialoga este libro con el Chile de la pandemia y el estallido social?

–Hace pocas semanas salió un informe de la Cepal que habla del impacto que tendrá la pandemia en el trabajo infantil en América latina y el Caribe que dice que se estima en 300.000 la cantidad de niños que se verán obligados a trabajar, sumándose a los 10,5 millones que ya trabajan actualmente. Es como para que el continente entero se paralizara y dijera que eso no puede ser. Ni siquiera salió en los noticieros, por lo menos no en los chilenos. Eso demuestra la indefensión y la precariedad en que está este grupo. El silencio de nosotros, los adultos, en este caso específico, se traduce en la violación del derecho que tienen los niños a ser protegidos de la explotación económica. Los Estados han firmado convenciones donde se comprometen a ser garantes de estos derechos. Cuando eso no se cumple es responsabilidad de nosotros, los adultos, hacer sonar las alarmas ahora y no cuando ya sea muy tarde, porque es aquí y ahora, frente a nuestros ojos, donde está pasando. No hay que olvidar que el trabajo infantil impacta otros derechos relacionados con la educación, la salud y la posibilidad de crecer sanos física y mentalmente que tienen no solo algunos, sino que todos los niños.



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