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Exigen que se revierta la falta de mérito para los cómplices civiles de la dictadura en Tucumán | Empresarios fueron considerados víctimas



Organismos de derechos humanos y vinculadas a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en el Noroeste argentino denunciaron que la justicia tucumana le da la espalda a la complicidad civil en los crímenes de la última dictadura. La Fiscalía federal de Tucumán y la agrupación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) exigieron que la Cámara Federal de Casación Penal revierta la falta de mérito que tanto en primera instancia como en la etapa de apelaciones recibieron cuatro empresarios del ingenio azucarero La Fronterita por su participación en el secuestro de trabajadores de esa compañía en un centro clandestino de detención que funcionó en sus instalaciones durante la última dictadura cívico militar. Algunos de ellos continúan desaparecidos. La Fiscalía había exigido la indagatoria y detención de los empresarios por considerarlos cómplices de los crímenes
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“La justicia federal tucumana busca darle impunidad a los cómplices civiles de los crímenes contra la humanidad” cometidos en la provincia, advirtieron Andhes, H.I.J.O.S. Tucumán, Fundación Memorias e Identidades y otras agrupaciones vinculadas a la lucha contra el olvido de los crímenes del terrorismo de Estado en un comunicado que denuncia las novedades en la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos sufridas por trabajadores, familiares y personas cercanas al ingenio azucarero La Fronterita en años de genocidio.

Falta de mérito para los civiles

El 7 de julio pasado supieron que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el fallo del juez de primera instancia Daniel Bejas, quien consideró que Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, administradores e integrantes del consejo directivo del ingenio, habían sido tan víctimas de los militares como los trabajadores secuestrados, torturados y, algunos, desaparecidos y les dictó la falta de mérito “tergiversando las pruebas y los testimonios de los sobrevivientes y los familiares de desaparecidos”, apuntaron las organizaciones denunciantes.

Bejas los indagó por pedido de la Fiscalía, a cargo de Pablo Camuña. Tanto el fiscal como Andhes –querellante en representación de la familia de Fidel Ortiz, uno de los delegados secuestrado y desaparecido– entendían y entienden que son cómplices de los delitos de privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, aplicación agravada de torturas, violación de domicilio, desaparición forzada de personas, entre otros. Numerosos testimonios que figuran en el expediente los señalaron como “entregadores” de obreros. Ni hablar del hecho de que dentro del ingenio funcionó un centro clandestino de detención, por donde pasaron todas las víctimas de la causa.

Pues, claro, en sus indagatorias, los empresarios se ubicaron donde finalmente el juez y la Cámara Federal de Apelaciones tucumana los fijó: en el lugar de víctimas. Además presentaron balances de la empresa para “demostrar” que la dictadura los había perjudicado.

Para Andhes y el resto de los organismos aquello es imposible. Remarcaron desde la agrupación de abogades: “El Ingenio Fronterita, a través de sus administradores y su consejo directivo, hizo aportes sustantivos y sustanciales para que se implemente el terrorismo de estado en el sur tucumano. Sin estos aportes los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese momento y en ese lugar no se hubiesen realizado de la forma e intensidad que sucedieron”.

Cómplices de secuestros y torturas

Tras el fallo confirmatorio de la Cámara tucumana, les abogades y la Fiscalía presentaron un recurso de Casación para que el expediente llegue a la Casación Penal. Consideran que el aparato del ingenio “cumplió un rol fundamental” en la “implementación del terrorismo de Estado en la provincia” al haber “cedido los espacios y laas instalaciones para que se efectivice un centro clandestino y una base militar”. Además, “que hayan prestado vehículos, que haya dado información de los trabajadores y que haya dado autorización para que los militares entren a las casas de los trabajadores fueron acciones que permitieron establecer un aparato del terror que terminó en la desaparición, tortura y violación de todo tipo de derechos humanos en esa zona. Muchos de estos hechos quedaron probados durante el juicio del Operativo Independencia”, postularon desde Andhes.

De la investigación fiscal surge que, entre 1975 y 1977, al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, o que vivían en sus colonias, pasaron por el centro clandestino que funcionó dentro del ingenio. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy, desaparecidas, entre ellas Ortiz. “Nuestra investigación indica que los propietarios y administradores del Ingenio Fronterita compartían con las autoridades militares un interés común: disciplinar a los trabajadores para acumular la máxima ganancia posible. Para eso fue necesario actuar contra los dirigentes sindicales y las bases obreras combativas, que son las verdaderas víctimas de esta causa y fueron quienes sufrieron los secuestros, las torturas y en muchos casos la muerte y la desaparición”, apuntaron desde la agrupación letrada. 



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La política y los Juegos Olímpicos | Opinión



A través de La Carta Olímpica, los humanistas impulsores de los Juegos Olímpicos modernos intentaron establecer la idea de que los Juegos debían servir para inspirar a la humanidad en su lucha por superar las diferencias políticas, económicas, de género, raciales y religiosas. Más allá de esas buenas intenciones, lo cierto es que a lo largo de la historia hubo varios acontecimientos que echaron tierra sobre ese idealismo romántico que buscaba poner al deporte al “servicio del desarrollo armónico de los hombres”. En 1936, los nazis utilizaron los Juegos de Berlín para propagar la idea de la superioridad de la raza aria; en 1968, en México, el Black Power aprovechó para visibilizar su lucha contra el racismo en Estados Unidos cuando los ganadores de los 200 metros, los estadounidense Tommie Smith y John Carlos, levantaron sus puños durante la ceremonia de premiación. Apenas cuatro años después, en los Juegos de Munich, el grupo comando palestino Septiembre Negro, secuestró a la delegación de deportistas israelíes para negociar la liberación de 230 palestinos presos en Israel. El desenlace fue trágico: once deportistas israelíes y un policía alemán muertos. Alemania y el COI demoraron 45 años la reconciliación con las familias de las víctimas, que nunca aceptaron la decisión del movimiento olímpico de que no se hubieran supendido los juegos. La política continuó metiendo sus narices en los Juegos, como quedó demostrado en el boicot de Estados Unidos contra los Juegos de Moscú de 1980, en el contexto de la Guerra Fría, y la consecuente respuesta de los rusos, quienes cuatro años más tarde promovieron otro boicot, aunque de menor envergadura, contra los Juegos de Los Angeles.

Se cumplen este domingo 40 años del inicio de los Juegos Olímpicos de Moscú, de los que la Argentina no participó junto a otros medio centenar de países que se sumaron a la iniciativa de Estados Unidos, que buscaba de esta manera condenar la invasión militar de la Unión Soviética sobre el territorio de Afganistán, ocurrida en diciembre de 1979 y cuyo objetivo fue derrocar al presidente afgano Hafizullah Amin, quien en su propio juego político había decidido cambiar de equipo y jugar para la Casa Blanca, que gobernaba el demócrata Jimmy Carter. En ese contexto de la Guerra Fría, EE.UU. lanzó una brutal campaña contra Moscú 80 y contra las autoridades del COI, que no veían factible un cambio repentino de sede y que argumentaban que los juegos podían acaso servir para bajar las tensiones existentes. “Ir a los Juegos Olímpicos de Moscú sería como poner un sello de aprobación a la política exterior de la URSS”, expresó Carter. Caídos los plazos impuestos por EE.UU. para que Rusia abandonara Afganistán, el 24 de abril de 1980 el Comité Olímpico Estadounidense (USOC) anunció su no participación en los Juegos. y prohibió a los deportistas estadounidenses participar de la cita olímpica. Los intentos del COI por destrabar el conflicto fracasaron. “O retiran las tropas… o retiro a los atletas”, volvió a insistir Carter en mayo, cuando en un último intento el COI lo sentó frente a jefe de estado soviético Leonid Breznhev.

La página de El Gráfico apoyando el boicot de los EE.UU.

Entre las presiones de Estados Unidos y las presiones de la Unión Soviética, comenzó a abrirse para algunos países la posibilidad de quedar alineados políticamente y obtener, a cambio del apoyo en esta cruzada, algún beneficio propio. Ese fue el caso de la Argentina, gobernada por la Dictadura Militar, que tras la visita a Washington del entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz se sumó a Canadá, Alemania Occidental, Japón, Noruega, Israel, Chile y Turquía, entre los 50 países que (de un total de 66 ausentes, algunos de estos por sus propias razones, como fue el caso de China) apoyaron el plan de Carter.

El entonces presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), el coronel Antonio Rodríguez no había apoyado desde el inicio el boicot. “No podemos frustrar el esfuerzo de nuestros jóvenes atletas. Los intereses políticos no pueden prevalecer sobre los deportivos. La Argentina participará en los Juegos”, llegó a decir. Sin embargo, el hombre que se mantuvo como titular del COA hasta 2005 terminó acatando la decisión del gobierno de Jorge Rafael Videla. Los diarios de la época dan cuenta de que la visita de Martínez de Hoz a los Estados Unidos, donde se reunió con distintos funcionarios de alto rango y cercanía con Carter para hablar de cuestiones económicas y de política internacional, que también incluyó el tema Malvinas.

Cuando Martínez de Hoz regresó a la Argentina, la decisión no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú era un hecho. La decisión no se impuso como orden, sino como “sugerencia”, de la que los medios de comunicación se hicieron rápidamente eco. Entre ellos, la revista El Gráfico, que ni siquiera consignó en su tapa el inicio de los Juegos de Moscú y, en una página interna, en una editorial sin firma, explicó así su ferviente apoyo al gobierno militar: “La decisión evaluada y meditada con profundidad obedece a intereses superiores que nos ponen del lado al que pertenecemos, del lado del mundo libre, Occidental y cristiano (…) Ir sería presentarnos a compartir una fiesta que pretende organizar un país que ha vulnerado los verdaderos principios de paz y confraternidad. Significa darle la espalda a esa falsedad y responder a nuestra autentica forma de vida”. En contrapartida, la revista Goles Match decidió cubrir los juegos de Moscú con un enviado a Rusia, Roberto Fernández, el único periodista argentino acreditado para esos Juegos y testigo presencial de un acontecimiento histórico por el que -salvando las distancias, y como hicieron los alemanes por Munich-, la Argentina al menos debería disculparse con los rusos y con toda una generación de deportistas nacionales que hubieran podido brillar en Moscú. 



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El relato de Luque, cuando fue secuestrado y robado por militares: “No me mataron de milagro”

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Homenaje a los niños víctimas del Chile de Pinochet | El libro ilustrado “Niños” recuerda a los menores ejecutados que figuran como nombres en los fríos informes  



Desde Santiago de Chile

Treinta y dos niños, entre un mes y trece años fueron ejecutados por la dictadura de Pinochet. Uno continúa siendo detenido desaparecido. Y otro, Pablo Athanasius, fue parte de esta terrible lista hasta 2013, cuando las Abuelas de la Plaza de Mayo lo contactaron y aceptó hacerse el examen inmunogenético que demostró ser el hijo de los chilenos desaparecidos Frida Lashan y Miguel Athanasiu, estudiantes pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se exiliaron en Buenos Aires en 1974. Nacido dos años después, fue secuestrado junto a sus padres cuando tenía apenas seis meses por agentes de la dictadura argentina y dados en adopción ilegal por una pareja vinculada al régimen de Videla. A él justamente, el nieto 109, fallecido en 2015, está dedicado el libro Niños de María José Ferrada e ilustrado por María Elena Vásquez.

El tema es uno de los tabúes de un régimen que aún hoy —en medio del estallido social de octubre y el errático manejo de la pandemia— cuenta con personeros y entusiastas defensores en el gobierno del derechista Sebastián Piñera. Tampoco la Concertación de Partidos por la Democracia que asumió el poder en 1990 hizo mucho por poner en discusión el tema, más allá de la enumeración de casos en el informe de la Comisión Rettig (1991) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992).

Aunque una primera versión de Niños apareció en 2013, las cosas no han cambiado mucho según Ferrada. Aunque están disponibles sus historias y muchos de sus rostros, el Estado chileno no ha hecho demasiados esfuerzos por enfrentar este aspecto brutal. “Creo que ese olvido sigue existiendo. Es bien impresionante que esos niños no tengan un memorial, por ejemplo. Es para que la sociedad entera se paralizara y dijera que eso no puede ser, que no lo vamos a permitir. Pero el tema ni siquiera tuvo un gran espacio en los noticieros. No hay un parque donde otros niños pudieran recordarlos, no hay un memorial. No hay nada.”.

El horror

Las historias que relatan estos informes van desde la asfixia por gas lacrimógeno que mató en 1984 a Luz Marina Paineman (6 meses) o el disparo en la cara de agentes civiles recibido por Marcela Marchant (8 años) en 1983 ambos durante las grandes jornadas nacionales de protesta hasta el dramático caso de Carlos Fariña Oyarce (13 años) detenido en 1973, tras la denuncia de una vecina de la Población La Pincoya de Santiago. Le había disparado a su hijo accidentalmente con un arma entregada por un delincuente habitual del lugar, que temía que los militares la encontraran. Y aunque fue sin mayores consecuencias, su madre —viuda y enferma de cáncer— lo entregó a un Tribunal de Menores que terminó derivándolo a un centro de menores donde fue abusado sexualmente. Fue justo cuando regresó a su casa, un mes después, cuando la mujer del hijo baleado dio aviso a los militares que estaban allanando una vez más la población. Su cuerpo fue encontrado el año 2000 quemado y con heridas de bala.

También está Elizabeth del Carmen Venegas Muñoz (13) que dos días después del Golpe de 1973 estaba haciendo fila para comprar el pan en la Población José María Caro de Santiago. Debido a la tensión de los vecinos por la demora y el toque de queda que se avecinaba, un grupo de militares y carabineros fue al lugar y comenzó a disparar. Ella fue una de las muertas por una bala alojada en el área abdominal. El gatillo fácil de los militares era evidente en esa época: hay dos casos de chicos que jugaban a la pelota, en distintos lugares —Enrique Gonzalez Yañez (8) y Samuel Castro (13)— y que fueron ejecutados por militares sin ninguna razón aparente, pero también está el caso Sergio Gómez Arriagada (11) que estaba comprando pan en la zona de San Joaquín el mismo día del Golpe y como no regresaba su madre fue a buscarlo hasta la morgue donde encontró una gran cantidad de cuerpos mutilados y su padre, desesperado, fue detenido tras discutir con unos violentos carabineros. Hasta ahora sigue desaparecido.

Quedar asociados a informes

Pero Niños, más que detallar estos casos con el lenguaje frío y formal de este tipo documentos prefiere ilustrar los rostros de todos estos niños víctimas de la violencia que atravesó Chile y que sigue haciéndolo. Con cuidadas ilustraciones las autoras se proponen la tarea de imaginarles una vida, un destino. Como a Elizabeth que “hoy sería profesora y haría preguntas a sus alumnos: un oso de peluche y una muñeca”. O Carlos que cada vez que mira la luz de la lámpara “se pregunta si su luz hablará en el mismo idioma que el de las estrellas de dos millones de años”.

“Esa forma tiene que ver con el relato al cual los nombres de esos niños quedaron asociados en los informes. Condiciones, fecha y lugar en que se encontró el cuerpo. Es terrible que un nombre, cualquier nombre, pase a estar registrado en la historia con un relato de ese tipo”, dice Ferrada que asegura no haber un caso que le haya impactado más que otros, porque todos son inaceptables.

El lenguaje de los informes, al ser preciso y de alguna manera técnico, es necesario, pero es de una frialdad que te desarma. Esa no debería ser la historia de ningún niño. No puede serlo. Así que en el libro los niños están paseando a su mascota, hablando con su amigo imaginario o escuchando la voz de la madre, que es lo que me parece que un niño debería hacer”.

María Elena Valdez logró dar con un tipo de ilustración sutil, donde a pesar de dominar los tonos oscuros propios del olvido, emergen pequeñas hojas brillantes, océanos en movimiento, puertas y vestidos claros. Era una ternura que necesitaban estos niños y sus historias. Todo esto, coordinado con la editora Mónica Bergna, nos lleva a preguntarnos lo mismo que el texto final: “Treinta y cuatro niños. ¿Era eso posible? ¿Podía haber ocurrido algo semejante?”. Pero también a tener claro que esto no es algo que no pueda volver a ocurrir, como dice otro párrafo: “Este libro es también un recordatorio, una alarma, pues contamos su historia sabiendo que son muchos los niños que en este mismo momento sienten miedo, sufren o pierden la vida como consecuencia de la violencia política”.

El libro que en México es editado por Alboroto Ediciones para ser usado como herramienta de reflexión sobre la violencia política y la infancia más allá del contexto chileno. También habrá edición en portugués, inglés e italiano. Aunque de momento no hay edición argentina, es posible consultar sobre el libro en la editorial y distribuidora chilena Liberalia .

—¿De qué forma crees que dialoga este libro con el Chile de la pandemia y el estallido social?

–Hace pocas semanas salió un informe de la Cepal que habla del impacto que tendrá la pandemia en el trabajo infantil en América latina y el Caribe que dice que se estima en 300.000 la cantidad de niños que se verán obligados a trabajar, sumándose a los 10,5 millones que ya trabajan actualmente. Es como para que el continente entero se paralizara y dijera que eso no puede ser. Ni siquiera salió en los noticieros, por lo menos no en los chilenos. Eso demuestra la indefensión y la precariedad en que está este grupo. El silencio de nosotros, los adultos, en este caso específico, se traduce en la violación del derecho que tienen los niños a ser protegidos de la explotación económica. Los Estados han firmado convenciones donde se comprometen a ser garantes de estos derechos. Cuando eso no se cumple es responsabilidad de nosotros, los adultos, hacer sonar las alarmas ahora y no cuando ya sea muy tarde, porque es aquí y ahora, frente a nuestros ojos, donde está pasando. No hay que olvidar que el trabajo infantil impacta otros derechos relacionados con la educación, la salud y la posibilidad de crecer sanos física y mentalmente que tienen no solo algunos, sino que todos los niños.



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