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El Gobierno derogó el decreto de intervención de Vicentin

El presidente Alberto Fernández derogó hoy el decreto del Gobierno por el que había ordenado la intervención de la empresa Vicentín durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan “dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado” por los créditos que se le dieron a la firma.

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Alberto Fernández anunció que el Gobierno dejó sin efecto el DNU 522/2020, decreto que intervenía la pseudo quebrada empresa Vicentin.

A través de su cuenta de Twitter citada por Télam, Fernández anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera “conocer cuál es el pasivo real de la compañía” por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

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“El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, argumentó el Presidente, al realizar el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, el Presidente anunció que había dado “instrucciones” a los organismos públicos involucrados en el tema para que “realicen las acciones civiles, comerciales y penales” que “permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo” y otorgados durante el Gobierno anterior y “dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.

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El Estado se ahorra $ 23.700 millones por la anulación del DNU de Macri para las empresas de gas  | Dolarización de tarifas



El Estado nacional se ahorrará $ 23.700 millones que el gobierno de Mauricio Macri había comprometido como compensación a las empresas distribuidoras de gas en noviembre de 2019, a días de terminar su mandato presidencial. En medio de la pandemia del coronavirus, las arcas del Estado recuperarán esa suma tras la derogación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del macrismo, que anoche obtuvo la media sanción en el Senado. Ahora solo resta su ratificación de la Cámara de Diputados.

Si bien el DNU 1053
salió el 16 de noviembre de 2018, recién un año más tarde se determinó el monto a pagar por las compensaciones por las variaciones del tipo de cambio. Se estableció que en total serían $ 24.524,71 millones, de los cuales $ 817,49 millones fueron abonados el 6 de diciembre en concepto de la primera cuota, cuatro días antes de que iniciara el gobierno de Alberto Fernández. 

Mezclado entre un compendio de modificaciones presupuestarias, en su artículo 7 el DNU estableció que el Estado nacional asumía “el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio”.

Un año más tarde, el 14 de noviembre de 2019, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) emitió la resolución 735, en la cual determinó que el Estado nacional debía abonar $ 24.524.715.128,43 a las prestadoras por las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) mensualmente entre el valor del gas comprado y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

El DNU 1053 fue el camino que eligió Macri para amortiguar los efectos del escándalo que desató el acuerdo alcanzado por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y las gasíferas
para dolarizar las tarifas del gas
, a principios de 2018. Previo al decreto, el macrismo determinó a comienzos de octubre de 2018, y tras la devaluación de más del 100% del peso frente al dólar acumulada en el año, hacerle pagar a los usuarios las diferencias del tipo de cambio.

La resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, que en ese momento conducía Javier Iguacel, autorizó a las empresas distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe extra, que significaba un ajuste del 35% promedio, en 24 cuotas, para compensar el impacto de la devaluación, a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.

Las quejas de los usuarios, un frente interno en el Gobierno, y la denuncia penal del fiscal federal Guillermo Marijuan a Iguacel, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, echaron atrás la medida.

Aunque finalmente la deuda la absorbió el Estado a través del DNU 1053, que en los últimos meses de este año fue cuestionado por una larga lista de organizaciones multisectoriales, sindicales y de defensa de los consumidores, quienes pidieron su derogación, la cual está próxima a efectivizarse.

En paralelo, el interventor del Enargas, Federico Bernal, denunció penalmente a fines de junio último al exministro de Energía, Juan José Aranguren, precisamente por aquel acuerdo de dolarización de las tarifas de 2018.

Y el mismo Marijuan fue quien el martes último imputó Aranguren por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles”, en relación con los contratos que fijaron el precio del gas en 2018.

La imputación recayó también sobre el expresidente del Enargas Ezequiel Roitman, el exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía Marcos Pourteau, la exgerente de Legales del Ente Marcela Valdez, y el resto del directorio del organismo regulador.

“Debido al escándalo que en su momento se produjo por la fuerte devaluación de octubre del 2018, el gobierno de Macri decidió trasladar el costo de la devaluación, US$ 393 millones, a todos los contribuyentes mediante afectación del Presupuesto Nacional, a través del Artículo 7 del Decreto 1053/2018”, recordó al respecto la actual conducción del Enargas.



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El 94% de los decretos que firmó Macri podrían ser declarados inválidos: los casos paradigmáticos

El 94% de los decretos que firmó Macri podrían ser inválidos

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Argentina Economía

El Gobierno planteó extender los aumentos por decreto a jubilados hasta fin de año

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