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Miguel Ángel Pichetto comparó la cuarentena con la dictadura

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El Gobierno denunció “clima destituyente” por la polémica marcha opositora del 9 de julio

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Alberto Fernández analizó el efecto cuarentena junto a Horacio Rodríguez Larreta

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Alberto Fernández suspendió su viaje a Chaco

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Argentina Política

Avanzan los impuestos a las grandes fortunas mientras se acerca el horizonte de la post–pandemia

A medida que pasan las semanas y el escenario deja claro que la pandemia tardará en irse y dejará tierra arrasada, el debate acerca de cómo costear la salida de la crisis se vuelve urgente. Ya explorados los límites del endeudamiento, durante el gobierno anterior, y de la emisión, desde que comenzó la pandemia, la única alternativa a no hacer nada es incrementar la recaudación. Esa necesidad se corrobora en todos los niveles de gestión, nacional, provincial y municipal; también en administraciones de diferente color y origen político, lo que pone en evidencia que no se trata de ideología sino de mero pragmatismo. Tanto es así que la iniciativa se repite en otros países del mundo, incluso con menos urgencias que en la Argentina.

EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA

El viernes pasado, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció un proyecto para financiar a la provincia con aportes de los grandes latifundios, el sector financiero, el sector farmacológico y los funcionarios con sueldos mayores a 75 mil pesos en el marco de una declaración de “emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional”. No es el primero. En mayo, el pampeano Sergio Ziliotto ya había impulsado un gravamen extraordinario a los bancos, subiendo la alícuota de Ingresos Brutos del 9 al 14 por ciento, con la misma premisa: “Son momentos de solidaridad. Quienes más ganaron, más tienen que aportar”. En Buenos Aires, Axel Kicillof acaba de reenviar un proyecto a la legislatura para subirle esa carga a bancos, agroquímicas y empresas de internet.

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A nivel municipal, la primera experiencia del país fue en Castelli, provincia de Buenos Aires, donde el intendente Francisco Echarren fue el primero en implementar un impuesto que apuntaba a algo más de quinientos productores rurales y que pudo recaudar el equivalente a un mes del presupuesto del distrito, volcado finalmente a reforzar la infraestructura hospitalaria. Pero no son iniciativas que sólo adopten los gobiernos peronistas. En General Lavalle, el intendente de Juntos por el Cambio, José Rodríguez Ponte, impuso una contribución extraordinaria para los principales aportantes del distrito, casi todos dueños de campos o de empresas pesqueras. En Hurlingham, Juan Zabaleta también decidió aumentar la tasa que pagan los bancos de ese municipio.

Sirve entender el contexto de estas decisiones. El viernes, tras anunciar la medida de emergencia, Bordet dio una entrevista donde explicó el origen de la cuestión de manera gráfica: “El principal problema del desfinanciamiento que hemos tenido las provincias empezó en agosto de 2019. Después de las primarias se desplomó toda la previsibilidad que tenía el país, el presidente Macri en ese momento tomó medidas para de algún modo intentar dar vuelta los resultados electorales. Esas medidas que se tomaron para Entre Ríos a valor histórico, a dinero de hoy, implicó cerca de 4.000 millones de pesos menos nada más en seis meses”. El mismo agujero fiscal había en el resto de las provincias, en el Estado nacional y en los municipios, incluso antes de que comenzara la pandemia.

En ese contexto, en la Casa Rosada aseguran que ahora sí se avanzará con el proyecto para una contribución extraordinaria de las 10 mil familias más ricas del país, con el que esperan recaudar 3 mil millones de dólares que se dedicarán a reactivar la economía, financiando la integración de villas, préstamos blandos para PyMEs e inversiones en el sector energético. Será el prólogo de una reforma tributaria de fondo, que el presidente Alberto Fernández espera que funcione como piedra basal para la construcción de una nueva estructura económica del país. Ningún país saldrá intacto de esta crisis: depende de lo que se haga en los próximos meses que se profundice la desigualdad o se abra un camino hacia el desarrollo. Pero no hay proyecto posible sin un reparto adecuado de las cargas.

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Los detalles del decreto de la nueva cuarentena | La actividades esenciales y las exceptuadas



El gobierno nacional oficializó la prórroga del 1 al 17 de julio del aislamiento social obligatorio anunciado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández, así como también la continuidad del distanciamiento social y las 37 actividades esenciales y servicios que quedarán exceptuadas del endurecimiento de la cuarentena por coronavirus.

Las medidas de aislamiento regirán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la provincia del Chaco, el departamento de General Roca de Río Negro y la ciudad de Neuquén, que son los distritos más afectados por el fuerte incremento de contagios de la pandemia.

Las disposiciones que establecen las restricciones a la circulación para frenar el avance de la covid-19 fueron oficializadas en sendos decretos publicados hoy en el Boletín Oficial. El que lleva el número 576/2020 indica la prohibición del dictado de clases presenciales en todos los niveles educativos, así como también los eventos sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y cualquier que impliquen aglomeraciones.

Establece el cierre de comercios que no estén vinculados a servicios esenciales y de abastecimiento, prohíbe el transporte interjurisdiccional y limita su uso al personal de actividades esenciales.

Paralelamente fueron detalladas las 37 actividades esenciales y servicios que quedarán exceptuadas de cumplir el aislamiento obligatorio.  Quienes desempeñan tareas esenciales son los únicos autorizados para utilizar el transporte púbico, para lo cual deberán generar el nuevo permiso de circulación. A los trabajadores de las actividades exceptuadas deberán garantizarles el traslado las empresas en las que desarrollan su actividad

Cuáles son las actividades esenciales y exceptuadas

* Personal de salud, fuerzas de seguridad, actividad migratoria, servicio meteorológico, bomberos y control de tráfico aéreo.

* Autoridades de Estado, de servicios de justicia de turno, personal diplomático, de organismos internacionales, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

* Quienes asistan a personas con discapacidad, que necesiten asistencia, adultos mayores, niños, niñas o adolescentes.

* Personas con razones de fuerza mayor y las afectadas a servicios funerarios (no se autorizan reuniones).

* Quienes atiendan comedores, trabajen en obras públicas y en servicios o medios de comunicación.

* Supermercados y comercios de proximidad de alimentos, higiene, limpieza, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas.

* Industrias de alimentación, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

* Producción, distribución y comercialización agropecuaria.

* Actividades de telecomunicaciones, internet y servicios digitales.

* Actividades impostergables de comercio exterior y recolección de residuos.

* Mantenimiento de servicios básicos y emergencias.

* Transporte público de pasajeros y distribución de combustibles.

* Reparto a domicilio de alimentos e insumos de necesidad, lavandería, postales, vigilancia, personal de yacimientos de petróleo y gas, distribución de energía eléctrica y combustibles, y operación de centrales nucleares.

* Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos y transporte de caudales, personal bancario para atención con turnos previos.

* Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria, operación de aeropuertos, garajes, restaurantes y locales de comidas preparadas.

* Documentación de personas, circulación de personas con discapacidades, cobro de impuestos y tasas.

* Atención de personas víctimas de violencia de género y personal de Anses.

* Atención médica y odontológica programada, laboratorios, diagnóstico por imagen y ópticas con turno previo.

* Traslado de niños, niñas y adolescentes de padres y madres separadas.

* Trabajadores a los que los empleadores garanticen traslado y en industrias con procesos continuos, venta de insumos y materiales de construcción, forestal, minera, curtiembres, colchones, fumigación, maquinaria vial, exploración y combustible nuclear.

* Reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, y venta de repuestos y fabricación de neumáticos.

* Actividad en Parques Industriales.

* Producción para la exportación, actividad de demolición y excavación por emergencias.

* Práctica deportiva de atletas clasificados para los XXXII Juegos Olímpicos.



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Argentina Política

El AMBA como desafío a la política pública

¿Por qué algunas políticas públicas tienen más éxito en sus objetivos que otras? Las razones pueden ser múltiples: problemas de diseño, no acompañamiento de la población, de implementación, de financiamiento, de falta de respaldo institucional…la lista es larga. Cada vez más los estudios sobre políticas públicas intentan comprender las causas acerca de cómo se desarrollan las políticas para mitigar errores y fracasos. Pero para los que implementan las políticas, es decir los funcionarios, esas huellas las suelen conocer en el mientras tanto, en el presente mismo en que las implementan.

EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA

El anuncio de la implementación de un asilamiento de carácter más restrictivo anunciado el jueves por el Presidente de la Nación en compañía del Jefe de Gobierno de la Ciudad y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, refleja algo de esta cuestión. Si bien la pandemia es sufrida en distintos puntos del país el AMBA, junto a la Provincia del Chaco y algunas ciudades de otras provincias, está en una situación notablemente más grave. Volver a una cuarentena más estricta es cierto que colisiona con dos certezas: es una medida reiterada, pero no existe otro recurso más eficaz. Planteada así es una situación compleja de resolver porque implica que los recursos son escasos, así como en otras situaciones esa falta se expresa en presupuesto, en esta lo es en alternativas sanitarias. Pero a esa realidad se le superpone otra dada por la existencia de ese espacio que denominamos el área metropolitana Buenos Aires que abarca a la Capital Federal y a un conjunto de 24 partidos, municipios, que forman parte de la Provincia. Tenemos entonces que entre Presidente, gobernador, Jefe de Gobierno e intendentes sumamos 27 autoridades políticas con sus correspondientes cuerpos legislativos, mas los poderes judiciales. El territorio es uno, pero la institucionalidad y el sistema político de toma de decisiones, muchos.

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La crítica situación que plantea la pandemia ha llevado a estas autoridades a desarrollar una política de articulación sostenida en el diálogo, que se ve reflejado en las conferencias ofrecidas desde el inicio de la política de aislamiento y en las decisiones. Pero no es una tarea sencilla porque la institucionalidad está diseñada de acuerdo a la división política ya mencionada. A ello debemos sumarle otra situación si nos referimos al ámbito de la salud, pues en nuestro sistema conviven diversas formas de atención: el sistema público (que a su vez puede ser nacional, provincial o municipal) las obras sociales de base sindical y el sistema de salud privado, conocido bajo el sistema de las “prepagas”. Otra dispersión notable que demanda la necesidad de generar en esta instancia mecanismos de articulación y regulación sobre el sector privado, quizás no tan dispuesto a ello (esta semana el presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró que iba a expropiar clínicas privadas si se negaban a atender pacientes con COVID-19). Estas múltiples realidades, son probablemente la explicación de algunos problemas en el funcionamiento y eficacia de ciertas políticas.

La cuestión entonces es cómo lograr que estas políticas alcancen sus objetivos. La respuesta no es unívoca y tampoco es sencilla. La inmediata refiere a tener en cuenta esta realidad a la hora de definir acciones estatales, y por lo tanto saber que necesariamente intervendrán diferentes poderes institucionales; la ley establece a cada nivel estatal diversos atributos regulaciones y jurisdicciones; es imprescindible tenerlas en cuenta a la hora de decidir. Una segunda respuesta es la de la articulación: buscar el mayor nivel de diálogo y consenso posible entre quienes inciden. Esta pandemia ha mostrado que ciertos niveles de acuerdo son posibles, aun entre líderes de distintos partidos políticos (como por otra parte ha sucedido en otros momentos de la historia reciente); pero desde luego las disidencias son absolutamente razonables en cuanto a cual es la mejor medida para enfrentar un problema de esta envergadura; los consensos son deseables pero no siempre son posibles y en ocasiones alcanzarlos consume un bien escaso en una crisis: tiempo.

Con todo, en la actual situación no deberíamos imputarles falta de diálogo a los líderes funcionarios. De hecho, como ya ha sido señalado, nos marca una diferenciación de otro tipo que la partidaria: políticos que gobiernan y que deben asumir responsabilidades y políticas que no, y por tanto no deben dar cuenta de una gestión; desde allí se comprenden las palabras de algunos opositores sin responsabilidades ejecutivas, en estos días.

Pero existe otra dimensión de respuesta más relevante, que quizás brindaría recursos más eficaces para actuar pero, siempre hay uno, es mucho más compleja de implementar: implicaría brindar de una nueva institucionalidad al AMBA. Como decía, hoy concurren allí diversas autoridades políticas que comparte esta área metropolitana ¿es posible pensar en la creación de otra fuente de autoridad que no las reemplace pero contenga a esta geografía? Desde hace algunos años la literatura especializada ha avanzado en pensar lo metropolitano como objeto de políticas no segmentadas. También hay quienes proponen soluciones del siglo XIX alimentando la idea de dividir a la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo partiendo el conurbano; pero esa propuesta en nada soluciona los problemas de coordinación de políticas, por el contrario le introduce nuevos decisorios a un mapa ya complejo: tendríamos 2 o 3 gobernadores más en la mesa. Por eso varios autores han señalado la importancia de pensar lo metropolitano a sabiendas de esas limitaciones y los casos van en señalar esos problemas.

En la actualidad existen dos instituciones efectivas que abarcan lo metropolitano y llevan adelante políticas públicas: el CEAMSE (Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado) que procesa los residuos del AMBA y el ACUMAR (Autoridad de la Cuenca del Matanza Riachuelo) que trabaja por la descontaminación de esas cuencas. Ambos organismos reúnen a las autoridades estatales de la zona de influencia y ejemplifican dos casos exitosos de coordinación institucionalizada de políticas. Sin embargo, hay un detalle nada menor, pues el primero fue creado por la dictadura militar y el segundo surgió por presión de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el conocido como fallo Mendoza. Esto es, no fueron frutos de consensos sino de imposiciones externas al sistema político en modo estricto. Lo que nos dice que formular políticas institucionalizadas es un proceso complejo que no depende sólo de la voluntad de los intervinientes, pero es necesario. De la traumática experiencia que como sociedad estamos viviendo, quizás podamos sacar algunos aprendizajes, como que la coordinación de políticas es posible, y que las innovaciones institucionales son necesarias.

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Argentina Economía

Pandemia, crisis económica y oposición irresponsable: llegó el invierno

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Argentina Política

Coronavirus en Argentina: Así será la cuarentena estricta en la provincia de Buenos Aires

Así será la cuarentena estricta en la Provincia

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Argentina Política

Trabajadores esenciales en AMBA: quiénes son los que podrán circular desde el lunes

¿Qué trabajadores podrán circular por Buenos Aires?

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