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Marcela Losardo, sobre el escrache macrista a los jueces de la Corte: “Se está atentando contra el orden democrático” | La ministra de Justicia alertó sobre una “escalada de violencia”



La ministra de Justicia, Marcela Losardo, denunció que el “escrache” que sufrió el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en su casa de Rafaela forma parte de “un plan sistemático” con el que “se está generando violencia y atentando contra el sistema democrático”.

En una entrevista con C5N, la ministra contó que se comunicó con Lorenzetti para solidarizarse ante lo ocurrido el fin de semana e indicó que “pareciera ser que los manifestantes están identificados” y “eran del partido de Cambiemos”, según le señaló el magistrado.

“Me dijeron que es gente del macrismo, del PRO, aunque, si no fuera así, también es lamentable, porque se está generando violencia y se está atentando contra el orden democrático“, aseveró Losardo. Agregó que, en su opinión, se trata de “una cuestión armada” como parte de “un plan sistemático que está haciendo parte de la oposición“.

“Cada vez que hacemos algo que empieza a poner a la Argentina dentro de la institucionalidad, corrigiendo errores, se produce esto”, reflexionó la ministra, y afirmó que estas prácticas son “imposibles de tolerar, sobre todo en el momento que estamos viviendo”.

Al referirse a la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y Germán Castelli, cuyos traslados fueron rechazados por el Senado, Losardo dijo que “esto es corregir lo que se hizo de manera incorrecta”.

“¿Vamos a empezar con la Argentina del escrache? La gente tiene que entender que el Senado no se puede ignorar en la designación de un juez. Si el Senado dice no, no se puede. Ignorar el valor del Senado y desmerecer lo que representa es algo ilógico”, subrayó.

Sobre la decisión de la Corte Suprema, que este martes debe definir si autoriza el per saltum solicitado por los magistrados para que se resuelva su situación, la funcionaria dijo que le “gustaría” que en el máximo tribunal “decidan con tranquilidad y sin presión, al revés de lo que están viviendo” a causa del reclamo de los “opositores”.

Tras reconocer que durante los últimos días le “costó pensar cómo puede ser que estemos hablando de estas cosas tan obvias”, Losardo sintetizó: “Nosotros no tenemos ni mesa judicial, ni operadores judiciales, ni vamos a hablar de que las cosas salgan de determinada manera; lo que queremos es que se respete la Constitución, que tengamos jueces probos y justos”.

Finalmente, la ministra de Justicia se refirió al posteo de Macri, quien el domingo por Twitter repudió el bocinazo en el domicilio particular de Lorenzetti, y consideró que “no sirve de nada solidarizarse en las redes”, sino que “tienen que decir ‘esto no pasa más'”.



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Amy Coney Barret impregnará el sello conservador en la Corte Suprema |  Es el momento que el Partido Republicano espera hace décadas



“Mi deseo más ferviente es que no sea reemplazada hasta que asuma un nuevo presidente”, le dijo Ruth Bader Ginsburg a su nieta antes de morir. La jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un ícono para el feminismo y el progresismo del país norteamericano, falleció el 18 de septiembre pasado, a un mes y medio de las elecciones y todo indica que el Senado no respetará esa última voluntad.

Este es el momento que la Sociedad Federalista, la organización de abogados conservadores más influyente de Estados Unidos, lleva décadas esperando. Es el que quería también Donald Trump, quien ya nombró dos magistrados en la Corte Suprema y casi 200 jueces federales a lo largo de su mandato. Una oportunidad única para el Partido Republicano para definir la dirección del máximo tribunal del país por lo menos por una generación.

Para Amy Coney Barrett, la jueza elegida por Trump para reemplazar a Ginsburg, también es el momento para el que se preparó toda su vida. Egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame, Barrett es jueza del Séptimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, que cubre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin. Allí también llegó nombrada por el magnate.

Al presentarla el sábado pasado como su candidata a la Corte, Trump la denominó “una de las mentes más brillantes y legalmente dotadas” de la nación. Barrett tiene 48 años, se graduó como la mejor de su clase y ya había integrado la lista de posibles nombres para el máximo tribunal en 2018, cuando finalmente quedó nominado Brett Kavanaugh.

Integrante de la Sociedad Federalista, su visión para las leyes está marcada por el “originalismo”, un conjunto de teorías que interpreta la Constitución según la intención con la que fue escrita. Con un perfil opuesto al de Ginsburg, Barrett es en realidad la heredera natural de Anthonin Scalia, el conservador juez de la Corte que falleció en 2016, nueve meses antes de la elección que convirtió a Trump en presidente de Estados Unidos.

En aquel momento, el Senado se negó a votar el reemplazo propuesto por Barack Obama, cuando el líder del bloque republicano, Mitch McConnell, consideró que había que esperar la asunción de un nuevo mandatario. Todo lo contrario a lo que sucederá este año.

No hay todavía un anuncio oficial, pero un cronograma tentativo que dio a conocer Associated Press a partir de fuentes en la Cámara alta muestra que los republicanos se preparan para comenzar las audiencias a mediados de octubre, para lograr una votación a fines de ese mes. Es decir, apenas unos días antes de la elección presidencial del 3 de noviembre, sobre cuyo resultado tal vez el tribunal tenga que fallar.

“Yo creo que esto va a terminar en la Corte Suprema”, dijo Trump recientemente. Convencido de que si pierde es por el fraude, el republicano cree que “es muy importante” que haya nueve jueces en el tribunal, en el caso de que la pelea por el resultado de la elección llegue a ese nivel.

Actualmente, la Corte Suprema cuenta con cuatro votos conservadores seguros, tres progresistas y uno de desempate. La confirmación de Barrett hará que el tribunal se incline hacia el lado conservador, incluso si Trump pierde y el demócrata Joe Biden se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos.

El futuro del Obamacare

De ser confirmada, la primera muestra de la nueva conformación del tribunal se dará en noviembre, cuando la Corte tenga que fallar sobre el futuro del “Obamacare”, la reforma sanitaria que introdujo Obama durante su primera presidencia. Si actualmente los votos se calculan en un empate 4-4, con la presencia de Barrett, la reforma pasaría a ser inconstitucional. Unas 20 millones de personas, que obtuvieron cobertura médica a través de esa ley, dejarían de tenerla.

Pero lo que más preocupa a los progresistas tal vez sea el futuro del acceso al aborto en Estados Unidos. Actualmente, lo que garantiza este derecho en el país norteamericano es un fallo de la Corte, Roe v. Wade. Católica, madre de siete hijos, Barrett aparece como la candidata ideal para Trump, quien se ha comprometido a nombrar solamente jueces que se opongan a este tema.

La nominación de la jueza provocó que los medios estadounidenses le prestaran una atención repentina a la organización People of Praise (gente de alabanza, en inglés), un grupo cristiano con el que se la asocia. Sin embargo, ella insiste en que sus creencias religiosas no influencian sus decisiones.

Hasta ahora, Barrett ha evitado estratégicamente fuertes definiciones sobre Roe v. Wade y no se conoce su opinión sobre el fallo que garantiza el aborto, pero se sabe que piensa que los jueces pueden intentar anular precedentes, por más arraigados que estos se encuentren.

Trump asegura que no le preguntó por su posición sobre el tema, pero está confiado en que, de llegar el caso, votará como él quiere. “Puedo decir esto: ella ciertamente es conservadora en su mirada y en sus fallos. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Yo creo que se resolverá”, le dijo este domingo a Fox News.



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Ricardo Lorenzetti sufrió un escrache de la oposición | El macrismo intentó ejercer presión sobre el Supremo



En la antesala del fallo que se dará a conocer este martes sobre la causa por la anulación de los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, manifestantes antigobierno realizaron una protesta frente a la casa de Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte Suprema, en la localidad santafesina de Rafaela.

Con bocinazos, banderas argentinas y diversos carteles, una caravana de autos se acercó en la tarde del sábado hasta la casa donde el magistrado suele pasar sus fines de semana. La protesta fue repudiada por distintos funcionarios de peso del Gobierno nacional.

Los vehículos llevaban pegados carteles contra el Frente de Todos. “Señores jueces, dejen de violar la Constitución”, “Alberto y Cristina, fuera de la Argentina” y “Despierten argentinos, no a la impunidad K”, rezaban algunas de las pancartas.

Tras la difusión de los hechos, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, repudió lo sucedido y se solidarizó con Lorenzetti. “Mi solidaridad y profundo repudio a los hechos ocurridos contra el Ministro Ricardo Lorenzetti y reafirmo el compromiso por una justicia independiente”, expresó la funcionaria a través de su cuenta de Twitter.

Los argentinos y las argentinas necesitamos que las instituciones de la democracia trabajen libres de presiones. Expresamos nuestra preocupación ante el escrache que sufrió en su domicilio el Ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti”, expresó Santiago Cafiero vía redes sociales.

La protesta se produjo 72 horas antes de que el máximo tribunal decida si da lugar a los recursos presentados por los tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado.

Días atrás, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, había convocado a un “acuerdo extraordinario” para este martes, con el propósito de que el máximo tribunal se expida si concede el pedido de “per saltum” de los tres magistrados para que se resuelva la cuestión de fondo, respecto de si sus respectivos traslados por decreto durante el anterior Gobierno del expresidente Mauricio Macri se ajustaron o no al trámite de designación previsto en la Constitución.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo: “Tenemos que poner un límite; el respeto a la convivencia democrática y sus instituciones. Todos los sectores democráticos de nuestra sociedad deben acompañar este límite. La manifestación merece un unánime y contundente repudio“. “Hay momentos donde todos debemos poner un límite: el respeto a la convivencia democrática y sus instituciones. La protesta en la vivienda particular de un ministro de la Corte Suprema, donde vive con su familia, motorizada por el macrismo, es un hecho de extrema gravedad”, expresó el titular de Interior en su cuenta de Twitter.

En ese marco, agregó: “espero que todos los sectores democráticos de nuestra sociedad acompañen ese límite, y se pronuncien ante este hecho que merece un unánime”.

Por su parte, el secretario de Justicia Juan Martín Mena sostuvo que “la marcha al domicilio de Ricardo Lorenzetti constituye un hecho de enorme gravedad. Son inadmisibles los escraches, aprietes e intimidaciones que viene sufriendo el máximo tribunal en las últimas semanas. Lamentablemente, es una práctica a la que nos quieren acostumbrar desde que en este país gobernó Mauricio Macri. Que el PRO y el ex presidente salgan a dar la cara. No podemos tolerar estas prácticas, de enorme gravedad institucional, y que buscan generar hechos de violencia”, dijo.

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino”, Navarro, planteó desde Twitter que “aquellos dirigentes del macrismo que buscan hacer política enfureciendo a la gente lo que logran es destruir la verdad y pueden destruir las instituciones”.

Por redes sociales, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y jefe del PJ, José Luis Gioja, se sumó a los mensajes de “solidaridad” y abogó por una “Justicia independiente, regida por la ley y no a la merced de los aprietes promovidos por algunos inescrupulosos”.

Victoria Donda, titular del INADI, se expresó en la misma sintonía: “La oposición debería contribuir a un debate serio sobre la situación del poder Judicial en lugar de darle impulso a estas consignas que de republicanas no tienen nada”. Victoria Tolosa Paz advirtió: “Es una vergüenza que quienes recorren los medios diciendo que está en riesgo la República sean los que promueven un escrache a Lorenzetti, miembro de la Suprema Corte de Justicia, en su casa. ¿Pretenden que fallos sean en función de los aprietes y no de los hechos y la ley?”, se preguntó.



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La Corte Suprema y el juego de intereses por los jueces trasladados a dedo | ¿Qué hará el máximo tribunal con el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli?



Alberto Fernández decidió poner en primer plano el conflicto con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien desató en las últimas dos semanas una sucesión de jugadas para presionar a sus colegas cortesanos en la discusión por los jueces designados por traslado en cargos claves de Comodoro Py durante el macrismo: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La última y crucial iniciativa fue anunciar en forma unilateral, pero sin recibir resistencia, que el acuerdo del tribunal del próximo martes será “extraordinario”. El tema central será el pedido de per saltum de los tres jueces, que no quieren a volver a sus cargos de origen como les ordenaron el Senado, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Casación. Con su urgencia e imposición, Rosenkrantz dejaba a la vista que sus propias acciones exceden esa discusión por los nombramientos y que estaría actuando como defensor de intereses corporativos, de la oposición política, de grupos económicos y medios afines, en particular el Grupo Clarín que les dedicó varias tapas y páginas a los jueces trasladados. “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando”, se preguntó públicamente el Presidente, como para dejar al cortesano al desnudo.

Hasta la semana pasada, la Corte mantenía la política de esquivar o posponer el per saltum planteado por los tres jueces atrincherados. Lo que pretenden es que la Corte valide sus nombramientos a dedo durante el gobierno de Macri, sin concurso ni acuerdo del Senado. Bruglia y Bertuzzi pasaron de un tribunal oral a la Cámara Federal, y Castelli pasó de un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7. A la primera presentación de esas características los supremos respondieron “téngase presente”, que equivale a un desaire, y avisaron que tendrían la última palabra. Pero pronto Rosenkrantz asomó y abandonó su habitual bajo perfil con declaraciones sobre el tema en los medios. No en cualquiera, sino en Clarín y La Nación. Intentaba decir, contra lo que se veía, que la Corte trataría el pedido de saltear instancias. Tanto en el tribunal como en el Gobierno, nadie cree que Rosenkrantz, designado en la Corte inicialmente por decreto de Macri, actúe sólo por convicción. A la presión de los medios se sumó hasta un proyecto de resolución del interbloque Cambiemos para “exhortar” a la Corte a pronunciarse, como si el tema Bruglia-Bertuzzi-Castelli (BBC) fuera de vida o muerte.

Desde el punto de vista jurídico, una mayoría en la Corte manejaba un criterio que les parecía obvio: el trío BBC había iniciado acciones judiciales en el fuero contencioso administrativo que tarde o temprano llegarán a los despachos o computadoras del alto tribunal. Hasta ahora los jueces trasladados sólo obtuvieron rechazos a medidas cautelares y al amparo por parte de la jueza María Alejandra Biotti, que ahora está en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Desde la Corte miran con atención los movimientos de este tribunal porque si llegara a tomar una decisión antes del martes, algo no tan probable, el per saltum podría quedar abstracto. 

Los supremos y la suprema se reunieron por Zoom el martes último. El encuentro empezó tenso porque Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pasaron facturas por notas periodísticas. El encono entre ambos se remonta al 11 de septiembre de 2018, cuando el primero desbancó al segundo, que llevaba más de una década en la conducción del tribunal, en un golpe palaciego del que participaron todos menos Juan Carlos Maqueda. Esta vez el presidente supremo se quejó por una nota en Infobae que decía que la Corte no tiene conducción y por ende el Poder Judicial está acéfalo. Lorenzetti reprochó las apariciones mediáticas de Rosenkrantz tratando de imponer la idea de que el tribunal resolvería el per saltum. El presidente de la Corte es, objetivamente, un juez con poco margen de acción porque sus colegas en una acordada le recortaron hace dos años la posibilidad de tomar decisiones individuales. Casi todo requiere tres firmas

Poder en juego 

Para hacer una demostración de que conserva poder, Rosenkrantz usó una de las pocas posibilidades que tiene de resolver algo de manera unilateral: anunció en el acuerdo remoto que el próximo será “extraordinario”, aunque es un día de plenario habitual, y se tratará el recurso del trío BBC para saltear instancias. Nadie le dijo que no, incluso Rosatti, Maqueda y Lorenzetti dieron señales de aceptarlo. El ofreció una razón curiosa: dijo que había que apurarse porque está en juego el prestigio de la Corte, y en su caso personal su “capital reputacional”. El argumento de que la Corte no hace nada, elude y posterga es el que intenta utilizar la oposición respecto de los jueces atrincherados. Pero desde el Gobierno, e incluso el presidente Fernández, intentan mostrar que la pasividad más preocupante del tribunal atañe a otros asuntos. Tardaron dos años en resolver, por ejemplo, los recursos de los imputados por tragedia de Once, y lo hicieron con el artículo “280” del Código Procesal Civil y Comercial, que los exime de fundamentar y analizar el caso. Sólo usan la palabra “improcedente”. Alberto Fernández les recriminó también que son el único poder del Estado que hasta ahora no aplicó las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela (en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres), pese a que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta envió una nota a Rosenkrantz en junio. El supremo se anticipa ahora a otro tema en la misma línea y convocaría a la llamada “comisión interpoderes”, que no se reúne desde 2016, por los juicios de lesa humanidad. 

Cuando Rosenkrantz habla de su “reputación” e intenta arrastrar con él a los demás, en realidad parece aludir al respaldo de medios y corporaciones. Su vinculación con Clarín es de larga data, no sólo porque su estudio representó al grupo empresario en el pleito por la Ley de Medios, sino por su vínculo con el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que incluso publicó un libro sobre el tema en medio de las audiencias en la Corte. “Pepín” fue uno de los hombres de la mesa chica de Macri. A Alberto Fernández le llegó la versión de que Rosenkrantz había tenido un encuentro reservado con Macri a cuento de la polémica por los traslados. El supremo, informaron sus colaboradores, le hizo llegar un mensaje este sábado desmintiendo tal situación. Lo que parece impresionante es el cúmulo de intereses que parecen moverse detrás de la iniciativa y el apuro por el asunto de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Por empezar, la exhibición de poder guarda lo lógica de la famosa frase que Héctor Magnetto, el CEO de Clarín, le dijo a Carlos Menem sobre quién manda verdaderamente el país: “el presidente ocupa un puesto menor”. Luego hay temas puntuales: intereses de este grupo empresario que tocó el Gobierno al declarar esenciales tres negocios que son medulares para él como la televisión por cable, Internet y la telefonía celular. Otras dos cuestiones latentes: que se reflote la Ley de Medios, lo que limitaría las propiedades de medios del grupo Clarín (casi única en el mundo), y la posibildad de que se revise la compra de Telecom. 

Escenarios en puerta

La Corte es hoy una especie de serpentario donde prevalece la desconfianza mutua entre la mayoría de sus integrantes desde hace más de cuatro años. Las relaciones están marcadas por las pujas de poder y con la mira puesta ya en el año que viene, cuando a Rosenkrantz se le termine la presidencia, lugar al que Lorenzetti ansía volver y que Rosatti también mira con cariño, y algo de cautela. Sobre la cuestión de los jueces trasladados sólo el presidente supremo es el que ha mostrado algunas de sus cartas y sincerado su postura de darles un aval e incluso abrir el per saltum. Los demás mantienen reserva y en los Zoom no adelantan demasiado. Lorenzetti se ha mostrado sinuoso, necesita mantener sus buenos vículos con Comodoro Py, pero cuida su vínculo con el Gobierno y el mundo empresario. Al trío BBC le hizo llegar en algún momento, que estaba de su lado, pero no es lo que manifestó puertas adentro de la Corte. 

En el Gobierno creen que es muy poco probable que la Corte decida abrir el recurso para saltear instancias y también confían en que los traslados no sean avalados. A la vez sospechan de la habilidad de los supremos para hacer gestos hacia la propia corporación judicial. En el alto tribunal contaron a Página/12 que la semana pasada hubo secretarios consultando juriprudencia específica: casos donde tal vez se hayan rechazado recursos pero el tribunal haya “exhortado” a otros jueces a resolver ciertas cuestiones. Una posibilidad, en ese sentido, sería que ignoren o rechacen el per saltum pero hagan una llamado, por caso, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. También tienen pendiente resolver los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi, que pidieron primero una licencia extraordinaria y luego vacaciones trabajadas. Casación insistió en que deben resolverlo los supremos. Castelli consiguió licencia en el tribunal de San Martín pero sus dos colegas están en el limbo, porque no quieren convalidar el regreso a sus cargos de origen. Una licencia no es algo imposible y podría “preservarlos” hasta que llegue una definición judicial sobre la validez de sus traslados. 

Fernández advirtió algo que la Corte analiza: “¿Qué pasaría si yo hoy para el juzgado de Claudio Bonadio, que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? ¿Qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal buscara a cuatro jueces que me caen simpáticos dentro de los Tribunales Orales y los hago camaristas por un decreto? (…) Sería un escándalo. Eso es lo que hicieron”. 

Los jueces y la jueza de la Corte tienen la posibilidad de asistir al acuerdo especial citado por Rosenkrantz sin ninguna propuesta y negarse a resolver. No parece lo más rendidor para ellos al estar en el centro de la escena con otro tema pendiente: la cautelar de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación. Es una Corte que teme a los escraches, por experiencia. No es claro aún lo que puede pasar y hay que ver qué hace la Cámara en lo Contencioso. La oposición y los medios afines han apostado a instalar que al trío BBC se lo desplazó porque se busca la impunidad de Cristina Fernández de Kircher, cuando está claro que la mayoría de ellos ya fallaron en su contra y hay juicios en marcha o en camino. El oficialismo insiste que más bien el macrismo está interesado en sostener jueces aliados. Puede haber algo de esto, pero una maquinaria mucho más poderosa parece moverse por debajo. 



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Alberto Fernández sobre Rosenkrantz, el dólar, Ameri, CFK y la pandemia | Definiciones presidenciales



El presidente Alberto Fernández se pronunció en duros términos sobre los traslados irregulares de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli durante el gobierno de Mauricio Macri. “Cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”, y se preguntó “qué está buscando el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz”.

“Lo único que estamos haciendo nosotros es establecer un orden perdido en el gobierno anterior. Lo que hizo Cambiemos con la designación de jueces fue escandaloso. Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y ahora ven que no van a poder hacerlo”, expresó el mandatario en diálogo con Radio 10.

Además subrayó que “no hay un solo juez removido, no se le saca causas a ningún juez, se respetó el principio de juez natural a rajatabla” y agregó que con la reforma judicial “lo único que se hace es crear nuevos juzgados, que tendrán que recibir nuevas causas en un futuro”.

“¿Me pueden explicar de qué me están hablando cuando dicen que esto es un sistema de impunidad?”, cuestionó.

El jefe de Estado remarcó que revisar los traslados garantiza que él no pueda designar jueces según su interés: “¿Qué pasaría si yo buscara un juez que me cae simpático y lo pongo en el juzgado vacante de Bonadio? Si para las cuatro vacantes en la Cámara Federal hiciera lo mismo, ¿qué diría la gente?”.

Y añadió: “Eso sería un escándalo. Quiero decir que eso es lo que hicieron. Como están las cosas, yo legítimamente podría hacerlo. Eso está mal hecho. ¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”.

Por último, destacó: “si fuera un canalla me haría el distraído y todas las vacantes las llenaría con aquellos simpáticos para mí, pero no es lo que hay que hacer. Hay que poner jueces probos y capaces. Legítimamente podría buscar un juez de esos que llaman ‘jueces k’, pero eso está mal”.

Dólar

“No estamos vislumbrando nada de eso ni creo en eso (corralito), como tampoco creo en el cepo, que lo heredé, no lo dispuse yo. Ganamos en agosto las PASO y al día siguiente el que era presidente salió enfurecido a echarle la culpa a los argentinos”, enfatizó Fernández sobre la respuesta de Mauricio Macri a su derrota.

Sobre este punto, manifestó que “a partir de ahí hizo un festival de dispendio de reservas que costó 23 mil millones de dólares a Argentina y nos dejó en el Banco Central alrededor de 10 mil millones de dólares. Nos dejó en default, en deuda con organismos internacionales”.

“Venimos haciendo frente a todo, pagamos a los organismos, logramos acuerdo con los acreedores, pero nos agarró la pandemia en el medio, la economía se deprimió para todo el mundo y la acumulación de dólares fue virtualmente nula”, declaró.

El Presidente resaltó que es necesario “entender que este no es momento para especular”, y reveló: “Que me acusen de kirchnerista es una acusación que celebro, estoy orgulloso de serlo. Ya nadie quiere hacerse cargo de Macri”.

Pandemia y apertura de actividades

En relación a la situación epidemiológica, insistió en que “tenemos que esperar para salir porque este no es el momento, el riesgo es muy grande. Lo que más necesitamos es ayudar a los médicos, enfermeros, terapistas, kinesiólogos, que están tratando de recuperar vidas todo el día”.

También criticó la aglomeración de gente: “Cuando nosotros nos amontonamos en una cervecería o en una marcha, el riesgo es muy grande. El sistema de Salud resiste pero el personal está con un nivel de crisis y agotamiento que hay que tener en cuenta”

“Nosotros somos distintos a los que marchan, somos solidarios. Luego habrá tiempo para que salgamos”, opinó sobre los que acuden a las manifestaciones anticuarentena.

El caso del diputado Juan Ameri

El Presidente dio su punto de vista sobre la renuncia del diputado oficialista por Salta, Juan Emilio Ameri: “La política se degrada con estos personajes, ese es el peor defecto. Sergio me contó lo que pensaba hacer y le pedí por favor que lo hiciera rápido. Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto”.

La relación con Cristina Kirchner

En otra parte de la entrevista, habló de su vínculo con la vicepresidenta de la Nación: “Cristina no hace nada de lo que dicen que hace, las contradicciones con Cristina no son terminales. Puede haber matices sobre medidas económicas pero no hay discusión sobre cuáles son los objetivos”.

Y enfatizó: “¿Cómo no voy a hablar con Cristina? Eso del doble comando existió siempre, no es de ahora. Pasó con Néstor y con Cristina. Hay que reconocerles un don para la novela a todos los que inventan”.

Diálogo con la oposición

Por último, hablo de la importancia de mantener el diálogo con la oposición en medio de la pandemia: “Quienes quieran que deje el diálogo para tomar medidas, que no insistan, nunca voy a dejar de hablar con (Horacio) Rodríguez Larreta. Estamos en el AMBA con una situación mejorada pero no controlada. El plan ha salido (bien) pero debemos cuidar que siga así”.



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Una marcha con pocas “antorchas” a favor de los jueces nombrados a dedo por Macri | Escasa convocatoria frente a Tribunales


Con la consigna “una luz por la república” y los discursos que desde 2008 son marca registrada en las marchas opositoras en CABA, algunos cientos de personas, mujeres de edad en su mayoría, se congregaron con velas frente al Palacio de Tribunales. La marcha de las antorchas, como se la convocó desde el anonimato en las redes sociales, se enmarca en las presiones de la prensa republicana a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre los traslados irregulares de jueces durante el gobierno de Cambiemos, que el Senado acaba de rechazar porque se hicieron sin su acuerdo, que exige la Constitución. A las siete de la tarde, hora de la cita, la bancada de diputados de Juntos por el Cambio difundió un comunicado exhortando a los cortesanos a pronunciarse para que Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli sigan en los puestos donde los ubicó Mauricio Macri por decreto.

La concentración en plena pandemia se inscribe en la larga secuencia de banderazos y cacerolazos con los que el núcleo duro de Cambiemos aspira a recuperar protagonismo. La prensa amiga adjudicó la convocatoria a “colegios de abogados de todo el país” pese a que ni siquiera llamó a marchar el de calle Montevideo, que la semana pasada se pronunció contra la “inadmisible remoción” de jueces. “A título personal iré a acompañar entendiendo que hay que pedirle a la Justicia frente a una cuestión institucional de la envergadura del caso de los tres jueces”, aclaró su titular, Máximo Fonrouge, miembro del directorio del diario La Nación. Tampoco convocó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. “Con la marcha no nos metemos y no hemos opinado, tiene todo el mundo que integra la asociación la libertad de sumarse o no, eso lo decide cada uno”, dijo su presidente Marcelo Gallo Tagle.

Juzgar a la señora

A minutos de la hora de la cita hay apenas medio centenar de personas sobre la vereda de Plaza Lavalle. “Exigimos justicia, basta de impunidad”, señala una larga bandera que sostienen mujeres mayores. El palacio de tribunales está protegido por un vallado del que cuelgan frascos con velas que se encenderán más tarde. Se ven pancartas con leyendas como “La Corte: salven a la República, aprueben el per saltum”, “Juntos por la democracia y la República”, “No a la reforma. Bruglia, Bertuzi y Castelli, el pueblo los apoya”, o “Cristina déspota. ¿Ya amenazaste a los ministros con juicios políticos?”

“Somos activistas por la justicia independiente y contra la corrupción”, se presenta una mujer que intenta conducir al resto con su megáfono. “Estamos viniendo desde la semana pasada, los días que se reúne la Corte, martes y jueves de 11 a 13, y el martes vamos a estar desde las diez, para pedir que reflexionen, que toda la gente pide República”, explica. “Estoy con ella”, la apoya una amiga, mientras circula el rumor de que llegaría el cómico Alfredo Casero.

“Vinimos en grupo porque somos ciudadanas que queremos que nos escuchen y queremos que la Corte se pronuncie rápido, porque si no no va a tener valor lo que está pasando. Que piense en la responsabilidad que tiene. Lamentablemente va a tener que ser árbitro, y lo va a tener que hacer rápido porque si no la Magistratura va a nombrar a otros jueces y es un desastre”, alerta otra mujer con vaso y vela en mano.

“Somos autoconvocados, au-to-con-vo-ca-dos”, levanta la voz y el dedo una acompañante. “Venimos espontáneamente”, destaca. De fondo corean “Argentina, Argentina”, que algunos reformulan “Argentina, sin Cristina”. Otros cartones plantean “Mafia o República, vos elegís. Seamos libres”, o “Argentina quiero verte feliz”.

“La Justicia tiene un rol que cumplir, que es juzgar a la señora vicepresidente, que cometió crímenes contra el pueblo argentino”, explica con convicción otra señora. Su barbijo lleva la frase “qué gobierno de mierda”. “La señora se cree la reina de la Argentina y es una simple delincuente”, insiste, y aclara que “el Presidente es un títere, a ver si nos damos cuenta”.

“Están robando mucho”, dice un muchacho con un cartel con el dibujo de CFK y la frase “45 millones de pobres” sobre una cruz esvástica. ¿Cómo la explica? “Esto es fascismo, se han robado todo, es un genocidio de pobreza”, se explaya. Otro hombre con la linterna del celular prendida se presenta como venezolano radicado en la Argentina y dice que “la Justicia se tiene que respetar”. “Estoy acá porque aprendí que la Corte Suprema es el resguardo de los ciudadanos cuando quienes gobiernan avasallan el poder. Venimos a decirle a los jueces que para eso se formaron”, apunta un tercero.

“La Corte es cómplice de la corrupción K. Dictadura K, basta”, escribió un señor en un cartón que muestra con orgullo. “Estoy anonadado con el tema de la Justicia, dolorido en el corazón, nunca pensé que estas cosas sucedieran en este país, que los jueces no tomen medidas”, dice. “Ellos hicieron un pato con el pueblo, con Dios y con la justicia, que iban a tomar la justicia en sus manos a favor de la gente y la patria, y hacen todo lo contrario”, se indigna. A pocos menos, una señora disfrazada de presa, con traje a rayas y barbijo de “qué gobierno de mierda”, se toma selfies junto a las vallas, donde minutos después una veintena de mujeres entonarán “No tenemos miedo, no tenemos miedo…”

Una de las quejas que circulan en voz baja es por la ausencia de dirigentes políticos. Las excepciones son los diputados macristas Enríquez y Waldo Wolff. Casero nunca llegó pero sí está el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, vela en mano, con corbata y saco almidonado.

“Queremos que se termine esta farsa, que los jueces actúen libremente”, fundamenta su presencia un hombre calvo. “El pueblo antiperonista estamos (sic) todos juntos contra esta runfla canallezca”, explica otro señor que admite ser “gorila de alma”.

–¿Por qué califica de esa manera?

–Porque se me da la gana y tengo 66 años –responde.

–¿Qué las trajo hasta aquí? –le preguntan a una dama con vela. 

–Nadie nos trajo –se pone a la defensiva. 

–¿Qué tema las trajo? 

–La república.

–¿Está en peligro la república?

–Totalmente.

–¿Por qué?

–No hay división de poderes, no se respeta a la Justicia.

–Nadie nos trajo, vinimos so-li-tas, caminando –aclara su amiga.

De fondo, una bandera negra con letras blancas: “Todos somos Nisman. Equipo Republicano”.

Fotos: Leandro Teysseire

          



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Rosenkrantz se sumó a las presiones políticas y mediáticas sobre la Corte Suprema | Se puso al frente de la campaña para “salvar” a los jueces trasladados a dedo por el macrismo.



El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, sigue en campaña para salvar a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que deben dejar sus cargos en Comodoro Py y volver a sus puestos de origen por decisión del Senado, del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Casación Penal. Este martes decidió convocar por su cuenta a un acuerdo extraordinario para dentro de una semana para tratar el per saltum presentado por los jueces atrincherados donde piden que el alto tribunal decida sobre la validez de los “traslados” con que el gobierno de Mauricio Macri los nombró sin concurso ni acuerdo del Senado. Los supremos también deben analizar las licencias pedidas por ellos. Hasta ahora no se pusieron de acuerdo en nada, por eso Rosenkrantz insiste con esta forma de presionar a sus colegas, que complementa con declaraciones en los diarios Clarín y La Nación que le hacen el juego en esta ofensiva.

La iniciativa de Rosenkrantz se debe a que los integrantes del máximo tribunal hasta ahora no se pusieron de acuerdo en nada. Sólo parecía haber coincidencia en que una mayoría se inclinaba por dejar pasar el per saltum (no resolverlo), que es una salto de instancias ante una situación de “gravedad institucional”, porque les parecía lógico esperar a que falle sobre la discusión de fondo acerca de la legalidad de los traslados la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese tribunal, los jueces Guillermo Treacy y Guillermo Alemany ya rechazaron una medida cautelar de los Bruglia y Bertuzzi, pero todavía deben pronunciarse sobre el amparo. Aún esperan que el Senado les mande la versión taquigráfica de la sesión en que el oficialismo rechazó los traslados. La jueza de primera instancia, María Alejandra Biotti, no hizo lugar a la cautelar y en el amparo cuestionó los nombramientos y habilitó que el Senado los tratara. Bruglia y Bertuzzi habían sido trasladados por el macrismo a la Cámara Federal y deben volver al Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de Comodoro Py y al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de La Plata respectivamente. Castelli había sido designado en el TOF7, que tiene la causa de los cuadernos, y debería volver al TOF3 de San Martín, donde pidió licencia y se la dieron hasta el 6 de octubre.

Lo que quedó claro en la reunión por Zoom de este martes entre los supremos es que Rosenkrantz no conseguía los tres votos que necesitaba para declarar la “admisibilidad” del per saltum y empezar a tratarlo. Por eso en plena reunión remota les anunció a sus colegas que convocaría de manera extraordinaria a tratar ese tema puntual el martes próximo. “Es un poco absurdo, porque todo los martes tenemos acuerdo”, dijo un miembro de la Corte ante la consulta de este diario. Al formularlo como convocatoria especial intenta forzar a los demás a que presenten un voto. Lo que puede llegar a pasar es que nadie o una mayoría no presente nada, pero tampoco está tan claro porque los vientos y la dinámica pueden cambiar con facilidad en el tribunal. De todos modos, no cayó bien la decisión unilateral del presidente, que tras el encuentro les llegó a todos formalizada en un correo electrónico.

En el “mientras tanto”, Rosenkrantz recurrió a La Nación y Clarín —ambos subidos a la campaña a favor del trío de jueces– para mostrar y justificar su iniciativa. A ambos les dijo: “La atribución de realizar una convocatoria extraordinaria es una facultad que, como presidente del Tribunal, me confiere el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional y que ha sido empleada en algunas ocasiones”, fue una de sus frases. “La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre, a la ciudadanía sobre el trámite que impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado.”

No parece que haya una mayoría suprema inclinada por acelerar los tiempos de este debate. La dinámica actual de la Corte, por una acordada de fines de 2018, le impide al presidente del tribunal tomar decisiones incluso administrativas por sí mismo. Siempre necesita tres votos. Esta vez quiso hacer una especie de demostración de poder frente a los demás.

Una gran paradoja es que los medios que difunden sus dichos también dan por hecho que dos acordadas que firmó la Corte entre marzo y abril de 2018 son las que habilitaron los traslados como los de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El Consejo de la Magistratura no hizo en absoluto esa interpretación, que divide aguas. Para la mayoría de ese organismo, que resolvió que fueron designaciones irregulares, la Corte lo que dijo es que el mecanismo constitucional indica que deben intervenir el propio Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado. Lo paradójico es que aquellas acordadas, que la oposición interpreta a favor de los tres jueces atrincherados, fue firmada en disidencia por Rosenkrantz y por Highton de Nolasco.

Lo que podría llegar a tratar antes la Corte –quizá esta semana– son los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi. Primero habían pedido licencia extraordinaria y luego pidieron una compensación de vacaciones, como para hacer tiempo sin legitimar el regreso a sus cargos de origen hasta que se resuelva la cuestión judicial de fondo. El tribunal de superintendencia de la Cámara de Casación le devolvió otra vez ese asunto a la Corte. Escribió “téngase presente”, con la firma de la presidenta Angela Ledesma, y que resuelva el máximo tribunal. Luego por unanimidad también los casadores de superintendencia resolvieron que se hará un sorteo para definir cuál de los jueces subrogantes del TOF1 de la Plata, donde debe volver Bertuzzi, es el que le dejará el lugar. En ese tribunal hay tres jueces transitorios (Ricardo Basílico, Nicolás Toselli y Roberto Lemos Arias) pero ninguno en particular ocupa ese cargo. Es un modo de confirmar, también, que Bertuzzi debe volver ahí.

Así las cosas, a Rosenkrantz se lo ve lanzado contra lo que hasta ahora resolvieron, Casación, el Senado, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y una jueza en lo contencioso administrativo, que cuestionaron los nombramientos por traslado. Lo hace en sintonía con la presión mediática-política de la oposición

 

 

 

 



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Qué patrimonios declararon los jueces de la Corte  | Obligados a presentar declaraciones de bienes, los supremos dieron datos globales



Los jueces y la jueza de la Corte Suprema aceptaron mostrar sus últimas declaraciones juradas de bienes ante reiterados pedidos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pero la mayoría volvió a hacerlo con datos globales que impiden saber por qué y cómo aumentaron sus fortunas. El tribunal, además, sigue sin dar a conocer el patrimonio de sus integrantes de manera sistemática y “proactiva” a través de su “página oficial”, como exige la Ley de Acceso a la Información Pública. El más rico de todos los supremos sigue siendo su presidente, Carlos Rosenkrantz, con bienes por 65.878.717 pesos en Argentina y el exterior, aunque la que más incrementó su riqueza fue Elena Highton de Nolasco, un 124,36 por ciento si se comparan sus últimas declaraciones, que son las de 2017 y 2018. Los únicos que entregaron formularios más detallados que el resto Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

“La dificultad para acceder a la información patrimonial de los integrantes de la Corte se mantiene y es muy complicado efectuar un control desde la ciudadanía que debería tener acceso a esta información pública. El pedido que nos responden ahora lo hicimos el año pasado y sigue incompleta la respuesta”, dice a Página/12 Clara Lucarella, abogada del Programa de Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ. 

Desde el año 2014, por disposición de la propia Corte, la información patrimonial que presentan los supremos es la misma que entregan a la AFIP. Con anterioridad, hacían presentaciones más detalladas. Se toma como referencia las declaraciones de bienes personales. Los nuevos datos entregados a ACIJ son las declaraciones patrimoniales de 2018. Si se las compara con el año anterior, los números son los siguientes:

* Rosenkrantz pasó de tener bienes por 39.501.972 pesos a 65.878.717, lo que implica un aumento del 66,77 por ciento.  

* Ricardo Lorenzetti pasó de 25.720.397 pesos a 43.633.897 pesos, es decir, un incremento del 69,65 por ciento.

* Elena Highton de Nolasco saltó de 13.215.094 pesos a 29.648.851, o sea que se dispararon sus bienes 124,36 por ciento. No declara bienes en el exterior.

* Horacio Rosatti declaraba 6.985.504 pesos y luego 9.935.572 pesos, es decir un aumento del 42,23 por ciento, sin bienes en el exterior. 

* Juan Carlos Maqueda, que sigue siendo el más austero, pasó de 6.717.140 a 8.293.723 pesos, lo que implica un incremento del 23,47por ciento y tampoco declara bienes en otro país.

Lucarella explica que hubo dos reclamos no contestados por miembros de la Corte: Lorenzetti sigue sin presentar sus declaraciones juradas previas a 2014, lo que impide ver la totalidad de su evolución patrimonial desde que entró a la Corte, en diciembre de 2004. “No podemos saber si se enriqueció”, dice la experta. En el caso de Highton, un comunicado de la ONG señala que sus declaraciones también anteriores a 2014, son “formularios que no se corresponden con los que debía presentar en esos años, y que debían contener información con niveles de detalle significativamente superiores”. Aun así, es la primera vez que se conoce algo más completo sobre sus bienes en sus 18 años en la Corte. La abogada señala la gran paradoja de que la reiteración del pedido de esta información la debe evaluar quien controla la cuestión de las declaraciones juradas en la Corte, que es el propio presidente supremo, Rosenkrantz: “es decir que quien ejerce el control es una de las personas a las que se debe controlar”.

“En síntesis –señala Lucarella–, cuestionamos el sistema de acceso porque cualquier ciudadano debería poder ingresar a la web de la Corte y descargar las declaraciones con facilidad, porque lo establece la ley. Criticamos la información proporcionada, porque los formularios de AFIP hacen imposible establecer los bienes de los jueces y juezas y su enriquecimiento. Más la problemática de que el control es de uno de los controlados”. 



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La Corte Suprema desairó a los jueces Bruglia y Bertuzzi | No hubo per saltum y deberán enfrentar la resolución del Senado



La Corte Suprema les dio una pésima noticia a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: en una resolución de cinco líneas les dijo que no opinará por ahora sobre su situación, lo que implica que el tribunal dejará que el Senado avance con la decisión, prevista para hoy, de rechazar sus designaciones por el mecanismo que utilizó el gobierno de Mauricio Macri para trasladarlos desde el Tribunal Oral Federal 4 a la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py sin que pasaran por un concurso ni por el Congreso para obtener el “acuerdo” que prevé la Constitución. 

Bruglia y Bertuzzi habían presentado un “per saltum” en un intento de obtener el respaldo supremo para frenar la revisión de sus nombramientos, y el lunes por la noche le pidieron a la Corte su “inmediata intervención”. La respuesta fue “téngase presente”, algo que en la jerga judicial se traduce como un desaire que, además, significa que los supremos avisan que se quedarán con la última palabra sobre esta polémica que envuelve a los nombramientos de jueces a dedo.

“A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine. Notifíquese”. Ese es el texto que firmó en forma remota, de manera digital el tribunal en pleno: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Los cortesanos podrían no haber dicho nada, pero eligieron decir algo y mandar un mensaje. Como queda a la vista, no aceptaron ni rechazaron el “per saltum” de los camaristas atrincherados pero dejan entrever que tendrían la posibilidad de expedirse por otro camino: el amparo de Bruglia y Bertuzzia que la Cámara en lo Contencioso Administrativo no resolvió, y la cuestión de fondo que llegaría al máximo tribunal por un recurso extraordinario en las próximos diez días.

Hasta ahora ambos camaristas cosecharon todas sentencias en contra, en primera instancia la jueza Ana María Biotti les rechazó el amparo y la Cámara les negó un pedido de medida cautelar para frenar el procedimiento del Senado. Por la misma senda va el juez Germán Castelli, trasladado desde un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los cuadernos: la jueza Macarena Marra Giménez rechazó una medida cautelar para impedir la revisión de su nombramiento. “Si me quieren sacar, que me saquen a los empujones”, estalló Castelli por televisión.

Para la Corte es una jugada política mostrar que se queda con un as en la manga en momentos en que una comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo debate su posible reforma, ya sea de composición o mecanismos. El asunto de los traslados de jueces les otorga una herramienta de negociación. En la noche del lunes, Bruglia y Bertuzzi hicieron una nueva presentación ante los supremos para plantear un “nuevo hecho”: que el Senado había convocado a sesión para este miércoles y que el orden del día incluye la votación de un dictamen de la comisión de Acuerdos que propuso rechazar sus traslados, al igual que el de Castelli, después de que se ausentaran a la audiencia pública a la que habían sido convocados el viernes 4 de septiembre. Ese faltazo les jugó en contra y fue uno de los argumentos que dio sostén a la propuesta de dejar sus traslados sin efecto y que deban volver a sus cargos de origen. Tampoco los benefició que otros siete jueces y juezas cuyos traslados están bajo revisión, fueron a la audiencia a responder preguntas, que es un modo de validar el proceso. Pero el dúo de camaristas insistió en implorar a la Corte “su inmediata intervención”, que no obtuvieron. Hasta unos días antes conservaban interlocutores del cuarto piso (ahora algo virtual) del Palacio de Justicia, pero ya esta semana nadie les respondía.

Los traslados a dedo

El mecanismo de trasladar jueces o juezas de un cargo a otro existe pero tiene ciertos requisitos. La discusión sobre cómo utilizó esa herramienta el gobierno de Macri se remonta a los inicios de esa gestión y generó peleas dentro del Consejo de la Magistratura, donde la mayoría de Cambiemos lo facilitaba. Este año, a raíz de un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, el plenario del Consejo resolvió por mayoría, después de analizar 38 traslados, que 10 de ellos habían sido irregulares o ilegales porque debieron haber pasado por el acuerdo del Senado. ¿La razón? Se trataba de traslados que implicaban cambio de competencia, jurisdicción o jerarquía, lo que consideraron contradictorio con dos acordadas de la propia Corte, la 4 y la 7, de marzo y abril de 2018. Dos de ellos eran Bruglia y Bertuzzi, que habían sido movidos del TOF4 a la Cámara Federal, en marzo y septiembre de aquel mismo año respectivamente. Otro era Castelli, que pasó de San Martín a Comodoro Py. Funcionarios supremos que trabajaron en esos textos aseguran ante la consulta de Página/12 que esas disposiciones son clara y que los tres jueces en cuestión debieron pasar por el Senado. En aquel entonces, por ejemplo, Carlos Mahiques, exministro de justicia de María Eugenia Vidal, que se había movido de la Cámara de Casación ordinaria a la Federal, asumió el trámite de obtener el acuerdo del Senado. La Corte señaló, como base de todo, que los traslados sólo podían ser “excepcionales” y que el mecanismo constitucional previsto en el artículo 99 inciso 4, dice que la designación de jueces/zas incluye “la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante el acuerdo del Senado” en una sesión pública.

La disposición del Consejo que objetaba diez traslados fue notificada al Ejecutivo y también a la Corte. El primero envió todos los nombres y pliegos al Senado con la idea de que fueran revisados y en los casos que el cuerpo considerara se completara el trámite de designación para los traslados definitivos. Fue ahí que la Comisión de Acuerdos convocó a audiencia pública a las personas cuestionadas. La oposición intentó centrar la discusión en la teoría de que el oficialismo quiere cargos en la Cámara Federal para beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner, cuando es sabido que sus causas ya pasaron por ese tribunal (con muchos resultados adversos durante el macrismo) y que ahora, al revés, la preocupación está puesta en las causas de corrupción del gobierno de Macri.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli consideran que ellos ya tienen un derecho adquirido, que no hacía falta el acuerdo del Senado, que sus nombramientos están firmes y consentidos. Por eso iniciaron causas judiciales y se negaron a ir al Senado, cuya convocatoria tildaron de ilegal. En la comisión de Acuerdos, la oposición se ausentó utilizando los mismos argumentos de los magistrados cuestionados. Pero el oficialismo tiene mayoría y dictaminó por enviar rechazos a sus traslados al recinto.

De vuelta a casa

Diga lo que diga la Corte en un futuro, los tres jueces atornillados no consiguieron parar el proceso del Senado con una medida judicial. Una mayoría simple, con la que el oficialismo cuenta, bastará para que sus traslados sean rechazados y deban volver a sus puestos originales. Lo más probable es que ese procedimiento se complete con un decreto del Poder Ejecutivo y, discuten los expertos, si debe pedirles que se retiren alguien más, ya sea el Consejo o el tribunal que tiene superintendencia sobre ellos, que sería la Cámara de Casación Penal Federal. Los medios alineados con la oposición interpretan este hecho como una ofensiva kirchnerista para desplazar jueces. Lo cierto es que la historia deja en claro que en un comienzo lo que hubo fue una ingeniería macrista para tener bajo control cargos claves.

La semana pasada el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, hizo declaraciones en La Nación en las que deslizó que el tribunal trataría el per saltum y que tendría la palabra final. Luego el diario Clarín interpretó que abriría el per saltum de Bruglia y Bertuzzi, que es un salto de instancias ante una situación de gravedad institucional. Rosenkrantz, el supremo más afín a Juntos por el Cambio, no cosechó aliados para abrir esa instancia extraordinaria y se impuso al postura, como anticipó este diario, de dejar hacer al Senado y guardarse una carta, ya que llegará el recurso extraordinario o los mismos jueces podrán iniciar otras acciones o denunciar hechos nuevos tras la decisión del Senado. 

Hubiera sido además escandaloso que la Corte aceptar el per saltum sin dar intervención a la Procuración, que es lo que se prevé en estos casos. Hay quienes vaticinan un conflicto de poderes porque no descartan que la Corte finalmente falle en defensa de los trasladados. No hay muchos datos a la vista para arribar a esa conclusión. Pero no hay dudas de que el tribunal en lugar de guardar silencio antes de la Sesión del Senado, eligió consignar cinco renglones para dejar una advertencia para dejar un mensaje y marcar la cancha.





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Mucho se debe discutir sobre la Corte | Más allá del número de jueces



La oposición política y mediática le baja el precio a la Reforma Judicial anunciada por el presidente Alberto Fernández. En particular desacredita con saña al Consejo Consultivo  (“el Consejo” en adelante). Sin embargo, la agenda del Consejo abarca una cantidad de temas relevantes y necesarios.

Contra lo que vocifera la Vulgata, el número de integrantes de la Corte Suprema no es el único ítem ni el principal. Solo para empezar, los juristas deberán expedirse sobre el Consejo de la Magistratura, la quinta rueda del carro que jamás funcionó bien. Sobre el Ministerio Público. Sobre el juicio por jurados, institución democrática establecida en la Constitución de 1853. Todavía no se puso en práctica en la Nación aunque hay experiencias interesantes en muchas provincias.

Proponer mejoras sobre esos temas es factible. Tal vez relativamente sencillo porque actualmente dejan mucho que desear.

La Corte Suprema necesita aggiornarse. Interviene en demasiados pleitos,  tarda horrores en dictar sentencias. No hay ninguna norma que determine un plazo máximo para que se pronuncie. Para sacarse juicios de encima rechaza una cantidad pasmosa sin fundamentos. Dichas carencias son reconocidas hasta por los propios cortesanos.

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Una ley con telarañas: Carradas de litigios llegan a la Corte por vía del recurso extraordinario regulado por la ley 48 del año 1863. Una ley puede ser modificada por otra, esta antigualla clama por pasar a archivo. La vetusta la ley 48 fue objeto de sucesivas interpretaciones. Una tendencia irrefrenable amplió la posibilidad de llegar al Máximo tribunal invocando arbitrariedad de sentencias o de decisiones definitivas. Se considera arbitraria, definamos mal y pronto, aquella resolución que es producto solo del capricho del sentenciante y no derivación razonada del derecho vigente. A fuer de irrazonable se torna inconstitucional. Las partes lo plantean, la Corte tiene resolverlo.

La cifra de expedientes que llegan por esa vía aumenta exponencialmente según pasan los años. Ni los actuales cinco Supremos ni siete ni nueve da(ría)n abasto para estudiar y resolver todos en un tiempo sensato. . . Reescribamos el proverbio jurídico: la Corte lenta no es justicia o no la imparte.

¿Cuál sería un término razonable para expedirse? No está escrito en ninguna norma. A diferencia de lo que ocurre con todos los magistrados de la Argentina para los cortesanos no hay ley que determine un plazo en el que deben pronunciarse.

El juez supremo Horacio Rosatti se autoimpuso preparar sus votos en un lapso máximo de noventa días hábiles. Dice cumplirlos pero su ejemplo no cunde. Su criterio, elogiable, vale solo como imperativo kantiano individual que no obliga a nadie legalmente… ni siquiera al doctor Rosatti.

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El nefasto 280: La laxitud con que se conceden recursos extraordinarios hace llegar a la Corte reclamos poco serios, de modo torrencial. Una de las labores cotidianas del tribunal es desembarazarse de la sobrecarga. A menudo lo hace de un modo drástico, infundado, inconstitucional si se lo mira con severidad. Rechaza expedientes invocando el artículo 280 del Código Procesal. Estas decisiones no se fundamentan: apenas se expresa en cuatro renglones que el recurso no reúne los requisitos exigidos por la ley. En jerga, se apoda “plancha” (sinónimo de “sello de goma”) a ese modo de terminar el proceso.

La Corte incurre diariamente en una violación del derecho de defensa en juicio.

Entre los motivos más absurdos para descartar recursos está exceder la extensión máxima de los escritos, usar (u omitir) determinado tamaño de la letra. También el tipo de papel que usó el abogado puede tronchar la suerte de un recurso.

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Don Kafka, lo están llamando: En el afán imposible de frenar la avalancha de expedientes la Corte determinó límites. Sin sentencia definitiva, en general, no procede el recurso extraordinario.

Surge un problema de segunda generación, producto de la astucia de los litigantes conjurado con la transigencia de jueces y camaristas. O de complicidades lisas y llanas. Una medida cautelar es provisoria… en principio. Pero si se eterniza causa efectos tan duraderos o graves como una sentencia. Clarín consiguió con ese mecanismo paralizar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSdCA).

Las prisiones preventivas son las cautelares más célebres y preocupantes. Según la ley son admisibles para plazos breves, acotados cuanto menos. Se las prolonga convirtiéndolas en condenas anticipadas.

No hace falta referirse a presos famosos, personajes públicos. Hace unos años llegó a conocimiento del Corte el expediente de Jorge González Nieva. Un hombre común acusado de un homicidio que pasó entre rejas durante doce años sin condena. Tribunales inferiores jalonaron esa enormidad. La Corte sumó su cuota; estuvo más de tres años sin dignarse resolver. La pena mínima por homicidio son ocho años, González Nieva ya la tenía padecida con creces sin haber sido declarado culpable. El ejemplo es uno, desconocido… representa una regla.

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Para seguir charlando: Ojo con la reformas, arguye la oposición real. Pueden venir con el cuchillo bajo el poncho. Vale la pena ser precavido, claro. También intervenir en los debates, confiar en el diálogo democrático.

Las contradicciones desnudan al discurso de la opo. Se fascinaron cuando se coló en el sistema penal la figura del “arrepentido”, mal seudónimo de “delincuente delator premiado”. Ante la perspectiva de trabajar una reforma general de un Poder estatal que funciona pésimo gritan para aturdir.

Las personas designadas son prestigiosas. Cualquier lista de ese tipo es controvertible. Por ejemplo quien firma esta nota deplora que no haya abogados laboralistas ni especialistas en derecho previsional. Muchos litigantes lo son, muchos lo serán en los próximos años de malaria. El derecho penal centraliza demasiadas miradas, en los medios y en los decisores.

El Consejo es consultivo, no decidirá nada ni suplirá a otros poderes. La polémica comienza, una oportunidad para quien quiera emprenderla de buena fe. En su momento, dentro de varios meses, quizás el año próximo, el material que produzca el Consejo llegará al Congreso. Un trayecto racional, no atolondrado, no asfixiante. Quien quiera oír que oiga y quien quiera aullar que aúlle,

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