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Un lock out que expuso al campo ultra | Trastienda del levantamiento de la restricción a exportar maíz



Hay que destruir al Consejo Agroindustrial, nos está haciendo ruido”. El mensaje al que accedió PáginaI12 es uno de los tantos que se colaron en los chats de productores agropecuarios, unas horas después de que una negociación entre esa entidad y el Gobierno Nacional terminara por reabrir las exportaciones de maíz, forzando al campo más ultra a levantar la medida o quedar expuestos sosteniendo un lock out de corte económico y político-ideológico

Es que la interlocución entre la agroindustria y los ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo, que ya se venía trabajando desde que se creó el CAA y hubo fotos con el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández, es vista por el campo primario, los autoconvocados y una parte de la Mesa de Enlace como un problema serio para su representación y su poder de lobby contra lo que consideran un modelo económico que hay que combatir. 

En su dinámica sinuosa y con idas vueltas en un conflicto menor en el que entró solo y del que le costó salir, el Gobierno consiguió que el Consejo sea un aliado que, inclusive, soporta alguna traición menor, como el cupo de 30 mil toneladas para exportar justo cuando se había hablado de que habría una apertura total de las ventas externas. El CAA es un socio nada despreciable para el Ejecutivo, dado que nuclea a los grandes exportadores de granos, las Bolsas de cereales de todo el país, tres patas de la Mesa de Enlace y casi todas las economías regionales. Un polo que le permitió además abrir una grieta en el campo y exponer a los que decidieron jugar a la política partidaria. 

En este contexto, con dos entidades de las Mesa de Enlace lanzadas a la guerra ideológica, como Confederaciones Rural y la Sociedad Rural, la interlocución con la agroindustria será clave para sostener un sujeto central del anuncio que hizo el ministro de Agro, Luis Basterra: el fideicomiso que busca desacoplar del valor internacional el precio local del maíz, en una especie de “barril criollo” del grano que garantice la exportación y la provisión al mercado interno. Este punto es el más resistido por los sectores que se niegan a sentarse a la mesa de la política. 

Detrás de la fachada del reclamo económico, el affaire del maíz expuso más claramente la existencia de dos campos: uno dispuesto a salir de los conflictos con el Gobierno de forma negociada; y otro que iría a la guerra ante cualquier decisión que no guste. En esta dinámica se inscribe la relación del Gobierno con uno de los sectores del establishment que no esconde sus preferencias políticas. 



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Qué hay detrás de las nuevas medidas económicas: un premio de 6000 millones de dólares | La verdadera apuesta de Martín Guzmán



La liquidación de exportaciones del sector rural en el último trimestre de 2019 ascendió a 6.386 millones de dólares. Fue una marca histórica en un año record, el mejor desde 2002. En el último trimestre de 2018 la liquidación de divisas había sido menos de la mitad: 3034 millones. Los datos figuran en los registros del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), responsables del 45 por ciento de las ventas al exterior que realiza la Argentina. Esas entidades fueron quienes negociaron con el Gobierno la baja de retenciones hasta fin de año para todo el complejo sojero. La expectativa de las autoridades es que a partir de ese arreglo los exportadores liquiden no menos de 6000 millones de dólares en el trimestre en curso, para pasar de los 15.134 millones computados hasta fin de septiembre, uno de los registros más bajos de la última década, a más de 21.000 millones.

En todo 2019 la liquidación de exportaciones rurales había sido de 23.719 millones de dólares. Y en 2018, de 20.219 millones. El menor nivel de aquel año se explica por la sequía que bajó la producción y por el estallido del plan económico de Cambiemos, que había endeudado al país en 100 mil millones de dólares los dos años anteriores hasta que agotó las fuentes de crédito en los mercados voluntarios. La sucesión de devaluaciones y el agravamiento de la crisis a partir de entonces llevaron a que el último trimestre de 2018 se registrara aquella marca exigua de 3.034 millones de liquidación de divisas. La incertidumbre era total y tanto los productores como las grandes empresas exportadoras retenían las cosechas ante la perspectiva de una escalada del dólar, como finalmente ocurrió.

En el último trimestre del año pasado, en cambio, la aceleración record de liquidación de exportaciones fue para anticiparse a una eventual suba de las retenciones con el gobierno del Frente de Todos. Ese comportamiento y la mayor disponibilidad de divisas del campo no lograron que el gobierno de Mauricio Macri estabilizara la situación, y finalmente se retiró con el dólar por las nubes y la caja raleada para la siguiente administración.

El gobierno de Alberto Fernández tuvo un intento fallido por asegurarse un ritmo sostenido de liquidación de exportaciones y control sobre el sector con el proyecto de rescate de Vicentin mediante la intervención y expropiación de la empresa. CEC y Ciara, que ahora son protagonistas centrales del acuerdo de disminución de retenciones a la soja y sus derivados hasta fin de año, se opusieron firmemente a esa iniciativa. Rechazaban la creación de una empresa testigo en manos del Estado que pusiera la lupa sobre sus negocios. La necesidad de negociar ahora con esos grandes exportadores para acelerar la entrega de divisas, en un contexto delicado por las fuertes tensiones en el mercado cambiario, evidencia las limitaciones estructurales que enfrenta la economía argentina.

El Gobierno tiene que lidiar con esa debilidad en medio de una pandemia y con sectores del poder económico, mediático y de la oposición política que buscan desestabilizarlo. Todas esas circunstancias lo ponen a la defensiva. La decisión estratégica es evitar una devaluación descontrolada que agravaría los problemas, empezando por el de la inflación y la pobreza.

Dentro del espacio oficialista se escuchan reclamos de un endurecimiento de la posición del Ejecutivo con aquellos poderes concentrados. La relación de fuerzas no parece permitirlo en este momento. De hecho, si no se avanzó con el proyecto de expropiación de Vicentin fue porque el Frente de Todos no podía asegurar alianzas con otras fuerzas e incluso algunos votos propios para imponerse en el Congreso.

El Gobierno mantiene el objetivo de priorizar a los sectores más castigados por la crisis sanitaria y económica, impulsa el cobro de un aporte extraordinario a las grandes fortunas, trabaja en una reforma tributaria que ayude a configurar otro escenario de distribución del ingreso y lanza incentivos para apuntalar a los sectores productivos.

Los anuncios del gabinete económico de esta semana, presentados por el ministro Martín Guzmán, reafirman la voluntad de consolidar un modelo basado en la producción y el avance exportador. Se intenta recuperar el crecimiento, en un proceso de estabilización macroeconómica. El acuerdo con los acreedores y las negociaciones con el FMI forman parte de ese plan. También las señales hacia la industria, la construcción, la minería y la agroindustria que se presentaron en el paquete de medidas.

Las urgencias cambiarias, sin embargo, dominan el panorama e impiden regenerar las expectativas. La respuesta oficial desde mediados del mes pasado transita por frenar el drenaje de reservas del Banco Central, con la imposición de restricciones para la compra de divisas, de modo de acotar la demanda, y ahora también procura elevar la oferta. La búsqueda de 6000 millones de liquidación de exportaciones es la gran apuesta en este sentido. El costo fiscal de la baja transitoria de retenciones a la soja y derivados será de unos 150 millones de dólares, a lo que se agregan otros 150 millones en devolución de retenciones a 45 mil pequeños productores.

La respuesta de la Mesa de Enlace, incluida la Federación Agraria, que preside Carlos Achetoni, un dirigente mendocino que responde al titular de la UCR y ex gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo, expone que ese sector solo apuesta al modelo de valorización financiera y exportación de materias primas.

La convocatoria al Consejo Agroindustrial, donde CEC y Ciara son actores centrales, pero en el que también participan numerosas cámaras de producciones regionales, es una búsqueda del Gobierno por neutralizar a la Mesa de Enlace. La primera prueba de si ese plan tiene éxito se verá en los próximos tres meses, con la liquidación de exportaciones: 6000 millones de dólares y la estabilización del mercado cambiario son los parámetros que están en juego. 



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