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El mito del equilibrio fiscal para crecer | La ortodoxia económica impone el criterio Economía o Salud



Es una superstición que el presupuesto público debe estar siempre equilibrado… una de las funciones de las religiones es la de asustar a la gente mediante mitos, para que se comporte de la manera deseada”, Premio Nobel de Economía Paul Samuelson

El posicionamiento político del economista Paul Samuelson no se caracterizaba por ser  progresista. Sin embargo, reconocía que el presupuesto público equilibrado – ingresos públicos menos gasto público- es un mito. En otros términos, una construcción justificante del disciplinamiento de la relación laboral -construida como religión- con el objetivo de salarios de subsistencia, beneficios máximos e impuestos mínimos.

En época de pandemia, la aparente contradicción entre vida y economía se sintetiza si consideramos que “la economía debe servir al bienestar social”, es decir, a la sociedad. Ésta es el seno de génesis y desarrollo de la vida. Por ende, la economía debe estar al servicio de la vida. El déficit fiscal, en economía cumple esa función.

Para que la economía sirva a la vida resulta imprescindible la intervención del Estado -que respalda a la sociedad-, a través del presupuesto público que – eficitario- lima las inequidades sociales que la economía privada naturalmente genera. 

Los sectores dominantes de la economía se oponen ferozmente a que el Estado auxilie a los sectores vulnerables porque mitiga necesidades y esto limita en -lugar de acentuar- la explotación laboral, que es el objetivo central buscado.

Emisión monetaria

En otros términos, la emisión de dinero por parte del Banco Central en función de la política económica –déficit público-, para solucionar problemas sociales con o sin pandemia, no generan perjuicios para la economía, para el Estado y menos para la sociedad. 

Es decir, el Estado puede emitir y generar déficit en moneda estatal sin que esto genere inflación que no se controle ni endeudamiento que no se pague.

La inflación puede darse en situación de pleno empleo o –lo fáctico actual- que empresarios aumenten precios sin relación con sus costos y luego exijan o busquen dólares para fugarlos. En el primer caso se controla con la emisión de bonos de deuda en moneda nacional, que regula la demanda. En el segundo caso, con control de precios y cambiarios para evitar la fuga de divisas.

Tampoco el déficit primario puede ser generador de deuda pública impagable.

El Estado tiene la soberanía de emitir y pagar con la misma moneda en la que se endeuda, que recuperará a través del crecimiento económico que el propio déficit genera, sin cobrar nuevos impuestos pero sí mayor recaudación.

Por ende, lo incontrolable y grave en política económica es el endeudamiento externo que pude derivar, escalando, en hiperinflación y, por último, en default

Falacias

La ortodoxia económica, sin fundamento y menos constatación con la realidad, se opone al déficit primario. Exigiendo bregar por el equilibrio fiscal con la justificación de que el “Estado es igual a una familia, que si le ingresa menos dinero de lo que gasta concluirá en quiebra”. Es una falacia. Al menos en relación al Estado que tiene la potestad, que no tiene ninguna familia, de emitir moneda. 

Esta frase la repetía el ex presidente Mauricio Macri tratando de justificar la barbarie neoliberal que puso en práctica y llevó a la economía al default, producto de endeudarse en moneda extranjera para saldar el déficit primario que se computa en pesos. 

Si se trata de competir por la mayor aberración política y lograr beneficios espurios para una elite, recibió el primer premio. Es decir, endeudarse en dólares para pagar saldo en pesos. Toda esta irracionalidad,  supuestamente para combatir la inflación, terminó de la única manera posible: 300 por ciento de inflación en sus cuatro años de gobierno y caída del PIB. 

El déficit público potencia el crecimiento económico o salida de la recesión. Esto es así ya que los sectores vulnerables deben satisfacer necesidades postergadas, y por ende gastarán en consumo el ciento por ciento de lo que les ingrese. Y éste significa más del 70 por ciento de la demanda agregada. 

Déficit

En otros términos, el aporte del Estado con dinero emitido como déficit primario, subsidiando sectores vulnerables y empresariales (pymes) -generadoras de empleo- no es solo una acción socialmente solidaria sino económicamente eficaz, dado que beneficia a la sociedad en su conjunto.

Como fundamento matemático-contable de lo expuesto, debe considerarse que en la economía de un país existen tres sectores inseparables

1. Público.

2. Privado.

3. Externo

En términos de ecuación, la suma de los tres sectores da cero. Quiere decir, que si un sector tiene déficit -ingresos inferiores a gastos- uno de los restantes o los dos a la vez, tendrán superávit. Por tanto, cuánto mayor sea el déficit público mayor será el superávit privado y externo, que traducido significa crecimiento con inclusión y saldo positivo de la balanza comercial, que permitirá saldar la deuda en dólares que el neoliberalismo ha legado. Es la única fuente de divisas genuina.

Bajo hipótesis de superávit público, significa una pérdida de riqueza social, expresado en saldo negativo del sector privado y externo. Es decir, mayor niveles de inflación, pobreza y deuda externa.

Inflación

Merece un párrafo aparte el tema de la inflación. Infinidad de creyentes religiosos opinan que su causa es el déficit público y su correspondiente emisión.

Sin embargo, la inflación es un fenómeno de índole más político que económico. Tiene como explicación determinante la dolarización de la economía y el mercado oligopólico

El mercado oligopolizado implica que reducidos oferentes concentrados de gran poder económico establecen acuerdos explícitos o implícitos para imponer precios -industriales y comerciales- en moneda nacional, pero referenciados al dólar

La rutina será entonces: precios dolarizados siempre en alza derivado de la fuga de divisas, salarios pesificados y no-intervención del Estado (presupuesto equilibrado) para maximizar beneficios, que nuevamente serán fugados.

Empresarios

Un representante emblemático del poder económico es Paolo Rocca, propietario de la empresa Techint. Algunos antecedentes políticos de esta empresa se remontan a los años de la última dictadura cívico-militar. El 5 de mayo de 1977 desaparecía hasta hoy, Enrique Ingenieros y su mujer Irma M. Pompa embarazada de tres meses y una hija de dos años -María G. Ingenieros-, que sobrevivió a la tragedia. El 13 de diciembre de 1977 fue detenido-desaparecido de su domicilio en Campana, el operario de Siderca-Techint Armando Rodi. El día 30 de marzo de 2020 en plena pandemia y fase de cuarentena obligatoria, se concreto el despido de 1450 trabajadores de la empresa Techint, con el objetivo de extorsionar al gobierno. 

Para el poder económico concentrado agrupado en AEA, la contradicción economía o vida carece de síntesis. En otros términos, significa maximizar beneficios a cualquier costo forzando precios y desempleo y suspensiones para reducir salarios, sin importar la vida ni el bienestar general de la sociedad.

* Docente. Economista. Contador público. Integrante del Club Argentino Arturo Jauretche.

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Pandemia: una crisis global que se extiende más de lo previsto | Sin cooperación ni coordinación internacional los costos sanitarios y económicos son más elevados



Las percepciones y la forma de pensar las tendencias del mundo se alteraron en unos pocos meses. Las distintas disciplinas que pretenden explicar el comportamiento de las sociedades necesitaron reordenar sus ideas con el estallido de la pandemia.

Las lecturas de los economistas -como ocurre en cada una de las crisis mundiales- buscan adaptarse para intentar interpretar cómo reaccionarán los mercados una vez superado el coronavirus. La tarea es compleja pero algunas dinámicas son evidentes.

Las consecuencias de la crisis sanitaria no son iguales para todos los países. Entre las dos potencias mundiales es sencillo entenderlo. China este año crecerá 4 por ciento. Estados Unidos caerá 4 por ciento. Las bondades de la planificación muestran un claro ganador. La idolatría del individualismo muestra un claro perdedor.

Las secuelas tampoco pueden ser iguales en países desarrollados y emergentes. Las regiones como la Zona Euro registran una nueva ola de contagios junto a una fuerte caída de la actividad pero tienen condiciones sanitarias y capital suficiente para garantizar la recuperación. La contracara son las regiones como Latinoamérica con una infraestructura de salud limitada y un número impactante de la población viviendo en condiciones de pobreza.

La realidad para estos países será compleja en los próximos años. En 2020 la Argentina caerá 11 por ciento, México, 10 y Brasil, 6. En 2021 el rebote será a medias tintas: el crecimiento será del 5, 4 y 3 por ciento, respectivamente. Estas estimaciones de la consultora española Focus Economics muestran una parte del problema.

La principal conclusión es que Latinoamérica cuenta cada vez con menos recursos para mejorar las condiciones de bienestar de la población. El problema excede los pronósticos.

Cooperación internacional

La posibilidad de revertir esta situación no puede llegar por respuestas individuales de los países y grandes ideas de sus hacedores de política económica. En algunos casos puede permitir una mejora puntual pero no un cambio de tendencia estructural. La lectura es que el mundo necesita repensar su estrategia de cooperación internacional. Esta idea que hace pocos meses estaba en un segundo plano en la agenda de debate global ahora empieza a ser un leit motiv.

El investigador sudafricano Ian Goldin fue uno de los que mejor explicó la necesidad de una respuesta colectiva y cooperativa: “la devastación causada por el coronavirus nos obliga a redoblar los esfuerzos para crear un mundo más justo e inclusivo”. El profesor de la universidad de Oxford no dijo estas palabras en un seminario de algún centro educativo de Inglaterra. Lo planteo en el artículo central de la revista de septiembre de Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional.

El investigador mencionó que deberían hacer las sociedades frente a las amenazas que exacerban la desigualdad, la pobreza y el cambio climático. “La cooperación internacional es vital entre los gobiernos pero también en la sociedad civil, las empresas y los profesionales”.

Criticó la falta de coherencia y coordinación global con la que se elaboran los presupuestos de los gobiernos nacionales. “En el mundo se asigna en promedio 6 por ciento de gastos a las fuerzas militares, pero menos de una centésima parte de esa cifra a prevenir pandemias, que entrañan para la población una amenaza mucho mayor que la guerra” .

Planteó que construir un futuro resiliente y sostenible exige que países y comunidades  actúen en forma colectiva desde el nivel personal hasta el mundial. “Los problemas interconectados de nuestro tiempo se prestan a soluciones interconectadas. Debemos usar esta crisis para construir lazos nuevos y más sólidos, en nuestras comunidades, en nuestros países y en el mundo”, aseguró.

Salida colectiva

La idea de impulsar una salida colectiva a la crisis global empieza a ser debatida por otros referentes del establishment financiero internacional. La semana pasada uno de los que la expuso fue el asesor jefe de PIMCO Mohamed El Erian. “El desafío ahora es actuar juntos para poder transformar un período de profunda adversidad en uno de bienestar compartido para nosotros y para las generaciones futuras”.

El ex presidente del consejo de desarrollo global de Obama aseguró que “la pandemia ha durado mucho más de lo que muchos esperaban y sigue dejando tragedia y destrucción a su paso. No se trata de descartar la gravedad del impacto y la incertidumbre que viene enfrentando la mayoría de la población mundial, sino de aprovechar al máximo nuestra respuesta colectiva”. 



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El falso postulado de igualdad entre salario y productividad laboral | Baja tasa de sindicalización y hegemonía del pensamiento neoliberal



No me importa quien escribe las leyes de una Nación si puedo escribir sus libros de economía”, Paul Samuelson (1915-2009).

Uno de los permanentes argumentos que se utilizan por parte de las organizaciones empresarias es atar los incrementos salariares a la productividad laboral. Una mayoría de medios de comunicación, nacionales e internacionales, suelen dar cobertura a estas posiciones. 

Así, por ejemplo, se puede leer

* “La política pública debe cuidar que los aumentos salariales sean congruentes con la productividad, como lo recomienda la teoría y la práctica económica general y que los costos laborales no resten competitividad a la industria”, en Infobae, 22 de diciembre de 2019.

* “El camino correcto es, subir simultáneamente el salario y la productividad, el empresario el primero y el trabajador el segundo, el salario depende de la productividad. Fórmula mágica, con la que los dos actores quedan contentos y reman en la misma dirección”, en El Comercio, Ecuador, 5 de enero de 2020.

* “Cuanto más aumenten los salarios, porque la productividad crece en la misma proporción, mejor para los trabajadores, y la sociedad en su conjunto”, en El Mundo, España, 21 de octubre de 2019. 

A lo anterior se podría agregarle el contenido de ciertos programas electorales, en donde la relación entre salario y productividad aparece de forma explícita aún en espacios que se presentan a sí mismos como alternativos a las políticas neoliberales. 

Por caso, dentro de las prioridades económicas que defendía Roberto Lavagna en su candidatura presidencial de 2019 figuraba que “(para las paritarias) la clave está en el aumento de la productividad… Puede haber perfectamente paritarias pero paritarias enmarcadas en un programa, en ciertos límites, con el compromiso del aumento de la productividad”.

Fundamentos teóricos

Tanta unanimidad en estos análisis obligan a pensar cuáles son los fundamentos teóricos para este tipo de opiniones que se presentan al gran público sin la aridez técnica de la jerga que manejan a diario los economistas del sistema. 

John Bates Clark (1847-1938) fue el primer economista neoclásico estadounidense que dedicó una parte importante de sus investigaciones a estudiar la relación entre productividad y salarios. En su libro “La distribución de la riqueza” sostenía que su principal tarea era poder demostrar que existía una ley natural que regulaba la distribución de los ingresos económicos de una sociedad

Esta ley, análoga al tipo de leyes que rigen en la Física, le daría a cada agente de producción un ingreso que coincidiría exactamente con la cantidad de riqueza que dicho agente creaba en el proceso de producción. El interés de Clark por esta cuestión excedía el marco estrictamente técnico de la disciplina económica, pues lo animaba una particular inquietud: si no hay una garantía explícita y demostrable, en el sentido de que los trabajadores puedan ser retribuidos en equivalencia a su aporte al proceso productivo, la paz social en el capitalismo no podrá ser garantizada

La preservación del sistema en su conjunto –que Clark suponía amenazado por maquinaciones comunistas- requería demostrar analíticamente que cada factor productivo (capital y trabajo) percibía su parte de todo lo producido a tono con sus productividades

Para ello, ideó un argumento teórico que le permitía demostrar que los salarios y las ganancias eran exactamente iguales a la productividad marginal del ingreso de cada factor productivo, siendo esta última la razón entre la variación en el ingreso respecto de la variación en el factor productivo. 

Clark consideró este resultado un verdadero acto de justicia retributiva pues así ningún agente económico cobraría más ni menos que el correspondiente a su aporte específico. Este resultado se llama “teorema de agotamiento del producto” ya que con las retribuciones a los factores productivos (salario al factor trabajo, ganancia al capital) era posible adquirir la totalidad de lo producido.

Teorema

El entusiasmo de Clark por la aparente justicia social inherente del capitalismo dependía de un hecho que él desconocía en su momento: que el argumento elegido por él para su demostración era una consecuencia de un teorema formulado en el siglo XVIII por el matemático suizo Leonard Euler.

El teorema en cuestión describe el comportamiento de tipo particular de relación entre variables: las funciones homogéneas. ¿Por qué esto es importante? Porque en la matematizada teoría de la producción neoclásica utilizada en la actualidad las funciones que aparecen con mayor frecuencia en los modelos cumplen las condiciones establecidas por el teorema de Euler, en particular las llamadas funciones de Cobb-Douglas

Estas funciones relacionan el volumen de producción expresado en unidades monetarias (ingreso, Y) con las variables capital (K) y trabajo (L), teniendo ellas importantes propiedades a la hora de diseñar los modelos teóricos. 

Un ejemplo de tales propiedades se encuentran al analizar las denominadas escalas de producción. Si tanto K como L aumentan en una misma proporción Y podrá crecer en una proporción mayor (rendimiento de escala creciente), menor (decreciente) o igual (rendimiento de escala constante) que la de los factores productivos. Esta última es la más frecuentemente utilizada y solo para este caso es válido el “teorema de agotamiento del producto”. 

Beneficio

Esta supuesta justicia retributiva puede alcanzarse dejando jirones conceptuales en el camino. ¿Por qué? Porque el beneficio económico de la empresa, es decir la diferencia entre ingresos y costos totales, es nulo. Esto contradice el objetivo primordial de los modelos neoclásicos: que el beneficio sea máximo

¿Cómo superar esta instancia? N. Gregory Mankiw, economista estadounidense, ex asesor de la Casa Blanca en tiempos de George Bush (h) y un reconocido y prolífero autor de textos económicos, ofrece una solución a este embrollo conceptual. ¿Cómo hace? Mankiw adopta un punto de vista marxista, pero no el de Karl sino el de Groucho: “tengo mis principios pero si no les gustan tengo otros”. 

La solución consiste en modificar la definición de beneficio. Por ello, Mankiw en su “Macroeconomía” (edición de 2014) puede afirmar en estado de éxtasis que “Los economistas estudian desde hace mucho tiempo para la distribución de la renta. Por ejemplo, Karl Marx, el destacado economista del siglo XIX, se dedicó durante mucho tiempo a tratar de explicar las rentas del capital y del trabajo. La filosofía política del comunismo se basa, en parte, en la teoría de Marx, hoy desacreditada… La demanda de cada factor de producción depende de la productividad marginal de ese factor. Esta teoría, llamada teoría neoclásica de la distribución, es aceptada hoy por la mayoría de los economistas…”. 

Paul Samuelson, Premio Nobel y autor de un muy difundido y popular libro de texto, sostiene este mismo punto de vista ya que “La teoría de la productividad marginal es un gran salto adelante para entender el manejo de precios de diferentes insumos… En mercados competitivos, la demanda de insumos está determinada por el producto marginal de los factores… Esto distribuye 100% del producto, no más y no menos, entre todos los factores de la producción”.

Estadísticas

Sea cual sea el relato que se adopte (Clark, Mankiw, Samuelson), está claro que la relación directa entre salarios y productividad se ha difundido “urbi et orbi en la academia, los medios de comunicación y forma parte hoy de un extendido sentido común social, en particular en variadas expresiones del arco político. Pero como decía un recordado expresidente argentino “la única verdad es la realidad”.

Si se analizan estadísticas de diversas fuentes, nacionales o extranjeras, lo que se observa es que la tan citada igualdad entre salario y productividad marginal no aparece.  Es pertinente aclarar que no se mide directamente la productividad marginal, sino la productividad media, siendo ambas proporcionales entre sí. 

El “Informe Mundial sobre Salarios 2018/19”, de la Organización Mundial del Trabajo, muestra que la productividad laboral ha aumentado más rápidamente que los salarios reales promedio, a partir de los datos obtenidos de 52 países de ingresos altos en el período 1999-2017. 

La no equivalencia entre salarios y productividad laboral puede explicar porqué la participación del factor trabajo sigue estando considerablemente por debajo de los valores registrados a principios del decenio de 1990, concluye su análisis de la OIT. Más aún, en los Estados Unidos los salarios semanales promedios, ajustados por inflación, se han mantenido virtualmente constantes desde 1980 a la actualidad, pese a que la productividad laboral creciera de manera sostenida. En contraste, las ganancias corporativas se han más que triplicado en este período.

Limitaciones

Estas situaciones desnudan las limitaciones de los enfoques neoclásicos sostenidos a partir del uso de esquemas deductivos, formales y con un abundante ropaje matemático que les otorga un supuesto carácter de cientificidad a sus modelos. Por el contrario, la baja tasa de sindicalización y la hegemonía del pensamiento neoliberal son dos de los posibles factores explicativos dejados de lado por los defensores de la teoría de la productividad marginal: la pérdida de poder de negociación de las organizaciones de los trabajadores, en el primer caso, y las decisiones de política económica de los gobiernos, en el segundo. 

El olvido de estas cuestiones –y muchas otras- marcan las diferencias entre el mundo platónico de las ideas y conceptos abstractos y la realidad efectiva.

La búsqueda de demostraciones rigurosas que den cuenta de la supremacía del capitalismo por sobre cualquier otro sistema económico y social, no ha sido dejada de lado ni es una lejana curiosidad histórica de principios del siglo XX. 

Gérard Debreu, premio Nobel de Economía en 1983 y toda una autoridad en la teoría neoclásica del Equilibrio General, afirmaba que “La superioridad de la economía liberal es innegable y matemáticamente demostrable… Es la economía de mercado, es decir la libertad de producir y comerciar la que, en cualquier caso, conduce a los mejores resultados matemáticos. Por el contrario, yo puedo demostrar con la misma ciencia que la intervención estatal interrumpe el mercado o perjudica el crecimiento”, en Le Figaro Magazine, 10 de marzo de 1984. 

La disputa por el sentido común de la sociedad es tarea de todos los días. Parte importante de esa disputa consiste en desenmascarar aquellas ideas que, justificadas por pomposos rigores matemáticos, solo buscan mantener las condiciones de pobreza y desigualdad a la amplia mayoría de la población. 

* Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue.



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Coparticipación: el laberinto de cómo distribuir la recaudación de impuestos | Disputa por recursos tributarios entre la Nación, CABA y la provincia de Buenos Aires



Un fantasma recorre las finanzas públicas: el de la coparticipación. Cada tanto, regresa a la agenda pública para reeditar viejos conflictos pendientes entre el gobierno nacional y las provincias. La reciente decisión presidencial de reducir la participación de la CABA en el sistema de reparto de los impuestos federales resolvió de manera intempestiva una disputa que venía arrastrando el actual gobierno nacional desde su asunción. 

Con el recorte anunciado -del 3,50 por ciento actual a 2,32 por ciento- las finanzas porteñas contabilizarán una merma de 35.000 millones de pesos; un poco más del 7 por ciento de la recaudación total proyectada para este año.

Economistas y juristas ya han escrito sobre cómo debería ser el modelo de federalismo fiscal óptimo para la Argentina y, por estos días, este debate se ha intensificado. Sin embargo, la cuestión no se resuelve mediante modelos teóricos perfectos, sino comprendiendo cuáles son las limitaciones que impone el actual contexto político.

Los arreglos financieros entre la Nación y las provincias exceden las preocupaciones académicas. Son el resultado de las diferentes ecuaciones de poder de cada época y desde los tiempos de la organización nacional a la fecha -a veces negociando “mano a mano” y otras veces recurriendo a la lógica de “látigo y chequera”-se fue construyendo entre ambas partes un sistema de vínculos ya conocido pero capaz de generar, cada tanto, alguna inesperada novedad.

El sistema vigente

Sancionada en enero de 1988, la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) ha logrado sobrevivir por los sucesivos pactos fiscales que la fueron actualizando. El último tuvo lugar en noviembre de 2017 -pocos días después de las últimas elecciones de medio término- y mantuvo su vigencia hasta diciembre pasado, cuando el presidente Alberto Fernández y el pleno de los gobernadores resolvieron suspender su aplicación.

La reforma constituyente de 1994 obligaba al Congreso a sancionar una nueva CFI antes de que finalizara 1996. Razones políticas y fiscales impidieron que se cumpliera ese mandato, pese a la intención de algunos gobiernos de avanzar con ello en los últimos 25 años.

Algunas voces hoy se preguntan si no ha llegado la hora de discutir un nuevo sistema de reparto. Aun si hubiese un clima político favorable para ello -no lo hay, sin dudas- las dificultades para sancionar una futura CFI serán las mismas que operaron en el pasado.

La primera dificultad, la más evidente, es que la CFI implica una compleja negociación que involucra simultáneamente a muchos actores: el Estado nacional, las 23 provincias y la CABA

La segunda dificultad hace a la propia naturaleza de la negociación -la distribución de recursos escasos-, lo que incentiva a esos mismos actores a competir antes que a cooperar

El tercer problema es que, en este tipo de negociaciones, prevalece la creencia de que “quien cede primero, pierde”, con lo cual estimula la ralentización de los posibles acuerdos.

Existe una cuarta y última dificultad, que no es menor, surge de conferirle al régimen de coparticipación una naturaleza jurídica especial: es una ley convenio. Esto significa que, para que la norma tenga efectiva entrada en vigor, deberá ser previamente ratificada por todas las legislaturas de las provincias y la Ciudad: esto es lo que se ha dado en llamar la “regla de la unanimidad”.

Mitología

Planteado el problema en estos términos, las posibilidades aritméticas de instrumentar una nueva ley de coparticipación se reducen a casi cero y desincentivan toda discusión. 

La condición de unanimidad surge de una interpretación errónea de la ley vigente, que ha inducido a pensar que todo nuevo sistema de reparto solo podría regir desde el momento en que fuera ratificado por todas las legislaturas locales. 

En realidad, esta restricción legal no existe sino en la mitología política, ya que el artículo 16 de la ley 23.548 señala que cada provincia que decida participar del sistema deberá comunicarlo al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía. Pero aclara -y he aquí lo importante- que, si luego de 180 días de promulgada la ley, una provincia no adhiriera al nuevo régimen, los fondos que le hubiesen correspondido se distribuirían entre las provincias restantes

Este artículo expone el verdadero límite al concepto de “unanimidad” requerida a esta ley convenio y la interpretación errónea que aun hoy subsiste proviene de la opaca redacción del artículo 75, punto 2, párrafo 4 que fue introducida en el texto de la Constitución por la reforma de 1994. 

Salir de esta trampa conceptual allanaría, y mucho, todo debate futuro sobre un nuevo régimen de reparto.

Mecanismo complejo

Una futura ley de CFI debe resolver con éxito tres etapas de negociación eslabonadas

1. La negociación inicial sirve para definir el tamaño de la masa coparticipable. Esto es, qué impuestos y en qué proporción se afectarán al reparto. En la actualidad son nueve, entre ellos el Impuesto a las Ganancias y el IVA, los dos más importantes del universo fiscal.

2. La distribución primaria sirve para determinar qué porción de la masa coparticipable les corresponderá al Estado nacional, por un lado, y a las provincias y CABA, por el otro. Hoy la Nación recibe el 42,34 por ciento y las provincias el 54,66 por ciento. El 3 por ciento restante se destina a otros fines, entre ellos a financiar los ATN que administra el Ministerio del Interior.

3. Queda por resolver la más compleja de las etapas de negociación: la distribución secundaria, que fijará el porcentual específico que recibirá cada provincia y CABA de la porción previamente asignada por la distribución primaria.

Por efecto cascada, cada etapa de negociación influirá en la resolución de la siguiente. Si, por ejemplo, el gobierno nacional se reservara para sí demasiados tributos, la masa coparticipable sería más pequeña que la esperada por las provincias, con lo cual las negociaciones por las distribuciones primaria y secundaria serían más ásperas. 

A su vez, si el estatus fiscal de la CABA fuera, a futuro, plenamente equiparado al de las provincias, la Nación se ahorraría el actual problema de cederle parte de sus recursos, pero la disputa por la distribución secundaria sería más intensa, dado que habría que repartir el pastel entre 24 provincias, en vez de las 23 actuales

La coparticipación implica siempre “una de cal y una de arena”.

Devolución o solidaridad

Otro aspecto que agrega mayor complejidad al conflicto es que la distribución secundaria debe satisfacer dos criterios

1. El devolutivo, que apunta a que una parte de los impuestos recaudados retorne al territorio donde se originaron.

2. El distributivo, para que el reparto contribuya a reducir las brechas de desigualdad existentes entre provincias “ricas” y “pobres”.

¿Cómo armonizar ambos criterios? 

El problema es complejo porque, si en el reparto general predominara el criterio devolutivo, las provincias con mayor desarrollo económico (como Buenos Aires y CABA) obtendrían una porción más grande del pastel y si, por el contrario, se priorizara el criterio distributivo, el mayor caudal del reparto se volcaría hacia las provincias más “pobres” en detrimento de las “ricas”, como ocurre en la actualidad.

Sobre esta cuestión gira, precisamente, el reciente conflicto entre la Nación y la Ciudad por la reducción de su porcentual en el reparto, cuyos antecedentes más cercanos vale la pena recordar.

Por decreto

En enero de 2016, a un mes de asumir la presidencia, Mauricio Macri aumentó por decreto la participación de la Ciudad en el reparto de 1,40 a 3,75 por ciento, para que el gobierno porteño financiara con esa diferencia los servicios de seguridad transferidos.

Muchos gobernadores plantearon su disconformidad, por entender que ese aumento era desproporcionado respecto del costo real de las nuevas obligaciones que la Ciudad asumía. En el texto del último pacto fiscal se acordó una reducción al 3,5 por ciento, implementada mediante otro decreto firmado por Macri en marzo de 2018.

Ante la grave situación fiscal heredada, el actual gobierno nacional comenzó conversaciones con las autoridades porteñas para reducir esa alícuota al menos en un punto porcentual. La reciente crisis policial bonaerense solo aceleró los tiempos de una decisión que ya estaba tomada.

Como era de esperar, el decreto 735/20 que redujo la coparticipación de la Ciudad en 1,18 puntos (de 3,5 a 2,32 por ciento) recibió fuertes críticas por parte de la oposición de Juntos por el Cambio y de ciertos medios de comunicación que rápidamente se alinearon detrás de esta especie de “cruzada fiscal”. 

Algunas de esas críticas apuntan al efecto negativo que la quita tendrá sobre las capacidades de la Ciudad para atender servicios esenciales; otras, acusan al gobierno nacional de discriminación política. Sin embargo, el común denominador que subyace en todas ellas es la idea de que “los porteños aportan al sistema mucho más de lo que reciben”, algo que nadie puede poner en duda pero que no hace al núcleo duro del problema: la provincia de Buenos Aires también hace un aporte mucho mayor a lo que finalmente recibe.

Desde la vereda opuesta, los intendentes peronistas del Conurbano salieron a apoyar al gobierno nacional y provincial y defendieron la medida adoptada como un acto concreto de solidaridad ante la grave situación económica y social bonaerense. Ofrecen, para ello, sus propias cifras de pobreza, desempleo y hambre que, a cotidiano, deben atender en sus distritos y los contrastan con las opulentas estadísticas porteñas.

Más allá de cómo se resuelva el conflicto, es evidente que se ha reinstalado un dilema largamente conocido y que reflota cada vez que se renueva el debate sobre la coparticipación federal: si los ingresos fiscales deben en su mayor parte devolverse a los que efectivamente los generan o si, por el contrario, deben distribuirse para ayudar a los que menos posibilidades tienen de generarlos. 

El dilema resume, en definitiva, dos interpretaciones divergentes sobre el significado de la equidad fiscal.

 

* Politólogo (UBA), director de Tramas & Tendencias.  [email protected]



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Dólar: 10 preguntas y repuestas | Para entender por qué un desdoblamiento cambiario es una pésima idea



Resulta importante explicar por qué un desdoblamiento cambiario de jure es una mala idea.

1. ¿Qué es un desdoblamiento cambiario?

– Llamamos desdoblamiento cambiario al surgimiento de uno o más mercados paralelos del dólar, de carácter legal, como resultado de la implementación de algún tipo de esquema de control de cambios.

2. ¿Qué tipos de desdoblamientos cambiarios existen?

– Para nuestra coyuntura, lo importante es comprender la diferencia entre un desdoblamiento de facto y un desdoblamiento de jure, es decir, un desdoblamiento por ley o normativa de la autoridad monetaria. Actualmente el mercado cambiario está desdoblado de facto, debido al control de cambios implementado sobre el final del gobierno de Cambiemos, siendo el mercado paralelo más importante el mercado del Contado con Liquidación (CCL). De hecho, para enfatizar que este desdoblamiento es de facto, el Banco Central implementó la Comunicación 7030 en la cual intenta separar los dos mercados, impidiendo que aquellas compañías o personas que acceden al mercado de CCL accedan al mercado oficial (MULC).

A partir de una nota publicada en Ámbito Financiero, se comenzó a discutir la posibilidad de un desdoblamiento de jure, es decir, desdoblar de manera formal el tipo de cambio, permitiendo que un conjunto de compañías/personas puedan acceder a un tipo de mercado y otro conjunto diferente de compañías/personas al otro.

3. ¿Para qué serviría un desdoblamiento de jure?

– En principio, la idea original del desdoblamiento cambiario tomó color en Argentina a partir de los pensadores estructuralistas de la vieja Cepal, a lo largo de los ‘50, ‘60 y ‘70. En ese momento, el desdoblamiento se pensaba como una solución a la “Enfermedad Holandesa” o a la denominada Tesis Prebisch-Singer. Muy esquemáticamente, Argentina tenía un problema de dólar relativamente barato producto del potencial exportador de su sector primario. La afluencia de dólares resultante de la dinámica exportadora imponía un tipo de cambio tan bajo que la industria se veía impedida de exportar y perdía competitividad contra las importaciones. 

La solución pasaba entonces por desdoblar el tipo de cambio, estableciendo un tipo de cambio exportador “bajo”, dado que eso no afectaría al sector primario exportador por su alta productividad y, además, garantizaría un bajo costo interno de los alimentos; y, por otro lado, estableciendo un tipo de cambio “alto” para la importación de bienes que compitieran con la industria local y al tiempo, fuera el tipo de cambio que recibiría el exportador de manufacturas.

Como se observa, la solución del desdoblamiento de jure era pensada para solucionar un problema de la cuenta comercial, caracterizado por la abundancia de dólares.

4. ¿Para qué serviría un desdoblamiento de jure?

– Actualmente el problema que enfrenta Argentina es diametralmente opuesto a la “Enfermedad Holandesa”. Hoy no tiene un problema con su cuenta comercial, ni siquiera con su cuenta corriente. El problema actual tiene que ver con su cuenta capital. Es decir, el país no tiene un problema comercial o de competitividad, sino uno de carácter financiero. De hecho, es la demanda de dólar-ahorro la que habría llevado al Gobierno a evaluar un posible desdoblamiento.

5. ¿Cómo funcionaría un desdoblamiento de jure?

– Dado que el problema sería que la demanda de dólar-ahorro genera una caída de reservas internacionales, el desdoblamiento de jure sería una manera de evitar esa caída. Este punto es muy importante: desdoblar el mercado de jure sería una forma de evitar la caída de reservas. ¿Cómo se lograría eso? Sencillo: mientras que el control de cambios intenta evitar la caída de reservas controlando la cantidad de dólares que vende el Banco Central, el desdoblamiento de jure intentaría evitar la caída de reservas por medio del precio del dólar, es decir, por medio del tipo de cambio que, en un hipotético desdoblamiento, podríamos denominar un tipo de cambio financiero, suba de precio hasta que se vuelva “caro”.

El desdoblamiento de jure con un tipo de cambio comercial y uno financiero sería entonces una alternativa para evitar prohibir el dólar-ahorro y, al mismo tiempo, evitar que la demanda de dólar-ahorro vaya contra las reservas del banco central. La forma entonces de desestimular la demanda de dólar-ahorro con un desdoblamiento de jure es, sencillamente, dejar flotar libremente el tipo de cambio financiero, de manera tal que esa devaluación del dólar financiero en algún momento reduzca la demanda.

De ese modo, en un desdoblamiento de jure existiría un mercado en el cual se determinaría el tipo de cambio financiero en el cual los argentinos podrían comprar libremente dólares ¿Quiénes podrían vender? Si es un tipo de cambio financiero, los que podrían vender serían los tenedores de dólares financieros, es decir, lo que tuvieran plazos fijos en dólares, dólares “en el colchón” o dólares en cuentas en el exterior. Además, cualquier nuevo financiamiento con el exterior debería ingresar al país por el tipo de cambio financiero (por ejemplo, un préstamo de un banco del exterior a una compañía local) y se repagaría en el futuro por ese mismo tipo de cambio financiero. Las deudas preexistentes, en principio, deberían poder pagarse por el tipo de cambio comercial, aunque esto sería discutible.

Para el resto de las operaciones que tienen que ver con el dólar (exportaciones, importaciones) estaría el tipo de cambio comercial.

6. ¿Cuál podría ser el valor de ese tipo de cambio financiero?

– En principio, en el actual desdoblamiento de facto existe una demanda de dólares que llevó los tipos de cambio paralelos a máximos de 125 pesos. En el supuesto de que existiera un tipo de cambio financiero, a esa demanda del CCL que ahora aparecería en este nuevo mercado habría que sumarle la demanda del dólar-ahorro. Por tanto, el precio de demanda sería mayor a 125 pesos, ya que los demandantes de dólar-ahorro solo pueden comprar hasta 200 dólares y ahora podrían comprar sin límite en el nuevo tipo de cambio financiero

¿Qué pasaría por el lado de la oferta? Para que el tipo de cambio financiero bajara, la oferta debería superar a la demanda. Es claro que, por el momento, el tipo de cambio de CCL no ha tenido oferta que permita que ese precio baje a los niveles del dólar-solidario. Y no hay demasiadas razones para suponer que esta situación podría modificarse ante un desdoblamiento de jure, máxime si se toma en cuenta que a la demanda del CCL le estaríamos agregando la demanda del dólar-ahorro. Sin embargo, resulta obvio que existe algún nivel del tipo de cambio financiero que incrementaría la oferta de dólares financieros. Por eso se debe comprender que esa oferta solo podría ser de dólares, repetimos, financieros. Esto quiere decir que, por ejemplo, por más que el tipo de cambio financiero llegara a, digamos, 200 pesos, los exportadores de cereales no podrían incrementar sus liquidaciones en ese mercado y de esa manera ponerle un techo al dólar paralelo.

7. Dado el punto de partida, ¿sería sostenible un desdoblamiento de jure?

– En principio, un desdoblamiento podría implicar un costo político no menor para el gobierno: las tapas de los diarios ya no hablarían del dólar paralelo o ilegal, sino del dólar oficial. Por lo tanto, un aumento del tipo de cambio financiero podría transformarse en un problema para el Gobierno, por diversos motivos, entre los cuales podemos señalar:

* La dinámica que suele tener la demanda de dólares en Argentina: cuanto más alto el precio, más demanda, fenómeno que se vería reforzado si el Gobierno justamente aplica este tipo de esquema para no tener que vender reservas, es decir, si dijera explícitamente que dentro de sus objetivos no figura ponerle un techo al dólar financiero.

* Las presiones por parte de los sectores exportadores para exportar a ese dólar, y no al dólar oficial menos las retenciones. Si el Gobierno cediera ante estas presiones, en el límite, no solo que el dólar financiero comenzaría a ser una referencia para los precios internos sino que, además, el propio esquema carecería de sentido.

Como resulta obvio entonces, existiría algún nivel del tipo de cambio financiero en el cual la autoridad monetaria podría sentirse incómoda. Ante esto ¿qué podría hacer? Intervenir ¿Y cómo se intervendría en el dólar financiero para reducir su valor? Vendiendo reservas, lo cual deja claro la inconsistencia de esta “solución”: si el desdoblamiento de jure se toma para evitar perder reservas, entonces la autoridad monetaria debe estar dispuesta a soportar cualquier nivel del tipo de cambio financiero. Un desdoblamiento de jure cuida las reservas, pero apostando a que exista algún nivel del tipo de cambio financiero que desestimule la demanda de dólares.

8. Entonces, ¿es mejor un desdoblamiento de jure o un desdoblamiento de facto?

– Para contestar esa pregunta, es necesario partir de ciertas consideraciones básicas:

a. Bajo cualquiera de los dos esquemas, si la diferencia entre los dos tipos de cambios es grande, los incentivos a arbitrar esa brecha pueden resultar negativos para la economía en su conjunto.

b. Un desdoblamiento de jure por un problema financiero puede llevar a una situación en la que el dólar-financiero no tenga techo, vulnerando el punto 1.

Por tanto, lo principal que se debe entender es que en Argentina la libre flotación cambiaria es una pésima idea, tanto en el tipo de cambio oficial, en el tipo de cambio paralelo de facto y/o en el tipo de cambio paralelo de jure. Si eso es así, la autoridad monetaria debe asumir como propio cualquier tipo de mercado paralelo, ya sea de jure o de facto y administrarlo.

9. ¿Cómo se administra un tipo de cambio paralelo de jure?

– Vendiendo dólares, que es justamente lo que se quiere evitar.

10. ¿Cómo se administra un tipo de cambio paralelo de facto?

Vendiendo bonos, que no son dólares hoy, es decir, reservas, sino en el futuro. En las actuales condiciones, esa es la opción por la cual debería optar la autoridad monetaria, al tiempo que apuntalar la demanda de pesos incrementando no solo la tasa de interés, sino el tipo de instrumentos disponibles para compañías y personas.

* Economista. @pxqconsultora.



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La marcha “Audi para todos” | ¿A qué le apuestan los que apuestan por los autos importados?



Una de las postales de la marcha opositora del pasado 17 de agosto, fue la presencia de un gran número de autos importados, al punto que una de las postales de la manifestación fue la de la manifestante María Gloria Estévez Craig, quien sostenía una bandera nacional desde lo alto de una camioneta Audi Q5. Fuera de ese detalle menor, valdría analizar la frase que lanzó a los medios “Ojalá todos tuviesen un Audi en el país, lo deseo con el corazón”.

Sucede que lejos de ser una manifestación individual, la concepción de apostar a la industria extranjera está ampliamente extendida en parte de la sociedad, no solo en las clases acomodadas. 

Recientemente, el empresario y militante gremial Pyme del ENAC Roberto Villarruel, señaló en este suplemento que “hasta la dictadura militar de 1976 y la imposición del neoliberalismo, la mayoría de la sociedad argentina sentía orgullo de sus industriales. Hombres, mujeres, niños y niñas vestían prendas de textiles argentinos, se alimentaban con productos elaborados en el país, jugaban con juguetes argentinos, equipaban sus casas con muebles, enseres y electrodomésticos nacionales y se movían en bicicletas, motos o autos de producción mayormente argentina”.

Fue importante la incidencia del neoliberalismo local y de la globalización en esta tendencia, pero lo cierto es que el consumo de productos, insumos y bienes de capital fabricados en el exterior ha significado el talón de Aquiles de la economía local. Es decir, la denominada restricción externa, que no es otra cosa que la carencia de divisas, lo que ha llevado a recurrentes crisis por el estrangulamiento del sector externo, agravada por la tendencia hacia los dólares como ahorro.

Los dos caminos por los que se han optado frente a esta restricción fueron los de regular la adquisición de dólares o bien endeudar al país, para cumplir con el deseo del dueño de autos de alta gama. 

En el caso puntual de la industria automotriz, a solo quince días de su asunción, el macrismo redujo del 30 al 10 por ciento la tasa de impuestos para autos de alta gama, mayormente importados, y de 50 a 20 por ciento la de los premium, en su totalidad importados. Fue en un contexto de liberalización cambiaria y apertura importadora. Esto contribuyó a que durante ese gobierno se experimente el mayor déficit de la balanza comercial desde 1994: 8471 millones de dólares, y el semestre más deficitario de la historia, el primero de 2018, con 5101 millones de dólares.

En tanto, el actual gobierno modificó el esquema impositivo para los autos de alta gama: no solo aumentaron las alícuotas, sino que los impuestos se actualizarán en relación a la inflación trimestral. Esto significa, en los hechos, que esos vehículos tributarán la segunda escala del impuesto, fijada ahora en 35 por ciento. Se estima que esa medida reducirá su demanda, que muchos incluso utilizaban como vía indirecta de conversión de sus pesos a bienes dolarizados, como sucedió en otras etapas con restricciones a la compra de divisas.

Aún así, la restricción a la erogación de divisas que suponen los autos importados de alta gama lejos está de solucionar el problema. La producción nacional de autos, que se compone en un 70 por ciento de autopartes importados, explicó gran parte de la restricción externa a entre 2010 y 2017, pues en aquellos años, según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, produjeron un déficit de 6000 a 8000 millones de dólares anuales.

La producción automotriz, con casas matrices en el extranjero, fue un emblema del desarrollismo, aquella política económica impulsada por el presidente Arturo Frondizi con el fin de alentar las inversiones extranjeras. 

Respecto a ese modelo, en 1973 la CGE, entidad que agrupaba a los empresarios nacionales, sostenía que implicaba una “distorsión de la estructura productiva, generando desempleo, agravando los problemas de vulnerabilidad del sector externo, y aumentando la dependencia económica y tecnológica”. Señalaba que, con una nueva exigencia de importaciones, “se agravó la situación de pagos internacionales, donde se perdía una parte sustancial del control autónomo de las decisiones económicas”. Ponía de ejemplo a la industria automotriz, al indicar que “a pesar de que no teníamos caminos, las fábricas automotrices seguían saturando de unidades el mercado interno”. Es, con todo, producción nacional al fin, a diferencia de aquellos productos netamente importados, que además son habitualmente suntuarios, es decir con un lujo que no aporta nada al desarrollo del país.

La idea de Audi para todos, junto las otras expresadas en la marcha, tal vez merecerían una reflexión mayor.  

@JBlejmar



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Las reglas de Joseph Stiglitz para la economía pos coronavirus | Las lecciones que ya dejó la pandemia. 



La Covid-19 no ha sido un virus de igualdad de oportunidades: persigue a las personas con mala salud y aquellas cuya vida diaria las expone a un mayor contacto con los demás. Esto significa que persigue desproporcionadamente a los pobres, especialmente en países pobres y en economías avanzadas como Estados Unidos, donde el acceso a la atención médica no está garantizado. 

Una de las razones por las que Estados Unidos se ha visto afectado por el mayor número de casos y muertes (al menos en el momento de esta publicación) es porque tiene uno de los estándares de salud promedio más pobres de las principales economías desarrolladas, ejemplificado por la baja esperanza de vida (más baja ahora incluso que hace siete años) y los niveles más altos de disparidades en salud.

En todo el mundo existen marcadas diferencias en la forma en que se ha gestionado la pandemia, tanto en lo que respecta al éxito de los países en el mantenimiento de la salud de sus ciudadanos y la economía como en la magnitud de las desigualdades que se muestran. 

Hay muchas razones para estas diferencias: el estado preexistente de la atención médica y las desigualdades en salud; la preparación de un país y la resistencia de la economía; la calidad de la respuesta pública, incluida la confianza en la ciencia y la experiencia; la confianza de los ciudadanos en la orientación del gobierno; y cómo los ciudadanos equilibraron sus “libertades” individuales para hacer lo que quisieran con su respeto por los demás, reconociendo que sus acciones generaban externalidades. Los investigadores pasarán años analizando la importancia de estos varios efectos.

Lecciones

Dos países ilustran las posibles lecciones que surgirán. Si Estados Unidos representa un extremo, quizás Nueva Zelanda represente el otro. Es un país en el que un gobierno competente se basó en la ciencia y la experiencia para tomar decisiones, un país donde existe un alto nivel de solidaridad social (los ciudadanos reconocen que su comportamiento afecta a los demás) y confianza, incluida la confianza en el gobierno. 

Nueva Zelanda ha logrado controlar la enfermedad y está trabajando para reasignar algunos recursos infrautilizados para construir el tipo de economía que debería marcar el mundo pospandémico: una que sea más verde y más basada en el conocimiento, con mayor igualdad, confianza y solidaridad

Desafortunadamente, por muy mala que haya sido la desigualdad antes de la pandemia, y como con tanta fuerza la pandemia ha expuesto las desigualdades en nuestra sociedad, el mundo pospandémico podría experimentar desigualdades aún mayores a menos que los gobiernos hagan algo

La razón es simple: la covid-19 no desaparecerá rápidamente. Y el miedo a otra pandemia persistirá. Ahora es más probable que tanto el sector público como el privado se tomen los riesgos en serio. Y eso significa que ciertas actividades, ciertos bienes y servicios y ciertos procesos de producción se considerarán más riesgosos y costosos. 

Si bien los robots contraen virus, son más fáciles de administrar. Por lo tanto, es probable que los robots, cuando sea posible, al menos al margen, reemplazarán a los humanos. El “zoom” sustituirá, al menos en el margen, a los viajes en avión. 

La pandemia amplía la amenaza de la automatización de los trabajadores de servicios de persona a persona poco calificados que, hasta ahora, la literatura ha considerado menos afectados, por ejemplo, en educación y salud. Todo esto hará que disminuya la demanda de determinados tipos de mano de obra. Es casi seguro que este cambio aumentará la desigualdad, acelerando, de alguna manera, las tendencias ya vigentes.

Nueva economía, nuevas reglas

La respuesta fácil es acelerar la mejora de las competencias y la formación junto con el cambiante mercado laboral. Pero hay buenas razones para creer que estos pasos por sí solos no serán suficientes. Será necesario un programa integral para reducir la desigualdad de ingresos

El programa debe reconocer primero que el modelo de equilibrio competitivo (mediante el cual los productores maximizan las ganancias, los consumidores maximizan la utilidad y los precios se determinan en mercados competitivos que igualan la oferta y la demanda) que ha dominado el pensamiento de los economistas durante más de un siglo, no proporciona un buen resultado

Esta es la imagen de la economía actual, especialmente cuando se trata de comprender el crecimiento de la desigualdad. Tenemos una economía plagada de poder de mercado y explotación

Debilitamiento de las limitaciones del poder empresarial; minimizar el poder de negociación de los trabajadores; y la erosión de las reglas que gobiernan la explotación de consumidores, prestatarios, estudiantes y trabajadores han sumado juntos para crear una economía de peor desempeño caracterizada por una mayor búsqueda de rentas y una mayor desigualdad.

Necesitamos una reescritura integral de las reglas de la economía

Por ejemplo, necesitamos políticas monetarias que se centren más en garantizar el pleno empleo de todos los grupos y no solo en la inflación; leyes sobre quiebras que estén mejor equilibradas, reemplazando aquellas que se volvieron demasiado favorables a los acreedores y proporcionaron muy poca responsabilidad a los banqueros que participaron en préstamos predatorios; y leyes de gobierno corporativo que reconocen la importancia de todas las partes interesadas, no solo de los accionistas. 

Las reglas que gobiernan la globalización deben hacer algo más que servir a los intereses corporativos; los trabajadores y el medio ambiente deben estar protegidos. La legislación laboral debe mejorar la protección de los trabajadores y brindar un mayor margen para la acción colectiva.

Pero todo esto no creará, al menos a corto plazo, la igualdad y la solidaridad que necesitamos. Tendremos que mejorar no solo la distribución de ingresos en el mercado, sino también la forma en que los redistribuimos. De manera perversa, algunos países con el mayor grado de desigualdad de ingresos del mercado, como Estados Unidos, tienen sistemas tributarios regresivos en los que los que más ganan pagan una proporción menor de sus ingresos en impuestos que los trabajadores que se encuentran más abajo en la escala.

Igualdad

Durante la última década, el FMI ha reconocido la importancia de la igualdad para promover un buen desempeño económico (incluido el crecimiento y la estabilidad). Los mercados por sí mismos no prestan atención a los impactos más amplios que surgen de las decisiones descentralizadas que conducen a un endeudamiento excesivo en moneda extranjera o a una desigualdad excesiva. 

Durante el reinado del neoliberalismo no se prestó atención a cómo las políticas (como la liberalización del mercado de capitales y financieros) contribuyeron a una mayor volatilidad y desigualdad.  O cómo hubo políticas como la jubilación con beneficios definidos, o de pensiones públicas a privadas que llevaron a una mayor inseguridad individual, así como a una mayor volatilidad macroeconómica, al debilitar los estabilizadores automáticos de la economía.

En algunos países, esas reglas alentaron la miopía y las desigualdades, dos características de las sociedades que no han manejado bien la Covid-19. Esos países no estaban adecuadamente preparados para la pandemia: construyeron cadenas de suministro globales que no eran lo suficientemente resistentes. Cuando llegó la covid-19, por ejemplo, las empresas estadounidenses ni siquiera pudieron proporcionar suficientes suministros de cosas simples como máscaras y guantes, y mucho menos productos más complicados como test y respiradores.

Dimensión internacional

La covid-19 ha expuesto y exacerbado las desigualdades entre países al igual que lo ha hecho dentro de los países. Las economías menos desarrolladas tienen peores condiciones de salud, sistemas de salud menos preparados para enfrentar la pandemia y personas que viven en condiciones que las hacen más vulnerables al contagio, y simplemente no tienen los recursos que las economías avanzadas tienen para responder a las consecuencias económicas.

La pandemia no se controlará hasta que se controle en todas partes, y la recesión económica no se dominará hasta que haya una sólida recuperación mundial. Por eso es una cuestión de interés propio, así como una preocupación humanitaria, que las economías desarrolladas proporcionen la asistencia que necesitan las economías en desarrollo y los mercados emergentes. Sin esa asistencia la pandemia mundial persistirá más de lo que lo haría de otro modo, entonces las desigualdades mundiales aumentarán y habrá divergencia mundial.

Si bien el Grupo de los Veinte anunció que utilizaría todos los instrumentos disponibles para brindar este tipo de ayuda, ésta hasta ahora ha sido insuficiente. En particular, no se ha empleado un instrumento utilizado en 2009 y fácilmente disponible: una emisión de 500.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG)

Hasta ahora, no se ha podido superar la falta de entusiasmo de Estados Unidos o India. La provisión de DEG sería de enorme ayuda para las economías en desarrollo y los mercados emergentes, sin costo o con un costo mínimo para los contribuyentes de las economías desarrolladas. Sería incluso mejor si esas economías contribuyesen con sus DEG a un fondo fiduciario que las economías en desarrollo utilizarían para hacer frente a las exigencias de la pandemia.

Las reglas del juego afectan no solo el desempeño económico y las desigualdades dentro de los países, sino también entre países, y en este campo las reglas y normas que gobiernan la globalización son centrales. Algunos países parecen estar comprometidos con el “nacionalismo de las vacunas”. Otros, como Costa Rica, están haciendo todo lo posible para garantizar que todo el conocimiento relevante para abordar la covid-19 se utilice para todo el mundo, de manera análoga a cómo se actualiza la vacuna contra la influenza cada año.

Deuda

Es probable que la pandemia provoque una serie de crisis de deuda. Varios países tienen más deuda de la que pueden pagar dada la magnitud de la recesión inducida por la pandemia. Los acreedores internacionales, especialmente los acreedores privados, ya deberían saber que no se podrá sacar agua de la piedra. Habrá una reestructuración de la deuda. La única pregunta es si será ordenada o desordenada.

Si bien la pandemia ha revelado las enormes divisiones entre los países del mundo, es probable que la propia pandemia aumente las disparidades dejando cicatrices duraderas, a menos que haya una mayor demostración de solidaridad mundial y nacional

Las instituciones internacionales, como el FMI, han proporcionado un liderazgo global, actuando de manera ejemplar. 

En algunos países también ha habido un liderazgo que les ha permitido abordar la pandemia y sus consecuencias económicas, incluidas las desigualdades que de otro modo habrían surgido. 

Pero por dramáticos que hayan sido los éxitos en algunos lugares, igualmente dramáticos son los fracasos en otros lugares. Y aquellos gobiernos que han fallado internamente han obstaculizado la respuesta global necesaria. 

A medida que la evidencia de los resultados dispares se vuelve clara, ojalá haya un cambio de rumbo

Es probable que la pandemia nos acompañe durante un tiempo y sus secuelas económicas durante mucho más tiempo. Todavía no es demasiado tarde para un cambio de rumbo, por supuesto.

* Profesor en la Universidad de Columbia y premio Nobel de Ciencias Económicas.  Este artículo apareció en la edición de septiembre de la revista Finanzas&Desarrollo del Fondo Monetario Internacional.



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Domingo Cavallo y el mito del dólar libre | Inestabilidad en el mercado cambiario



Domingo Cavallo sugirió una serie de modificaciones en el régimen cambiario. El creador y destructor de la convertibilidad propone que el mercado oficial se limite a las “transacciones comerciales con bienes” y que el resto de las operaciones “financieras y de servicios, incluidas las compras y ventas de dólares para atesoramiento y turismo, se lleven a cabo legalmente y sin ninguna restricción en un mercado cambiario libre”. 

La recomendación no deja de tener sus razones, ya que de esa manera se simplifica la administración del control de cambios que queda reducido a las operaciones comerciales. Es más, el mercado oficial se podría reducir a sólo una serie de productos de exportación (10 rubros concentran el 80-90 por ciento del ingreso de las divisas comerciales) y una serie de importaciones de insumos y maquinarias de sectores que se buscan promocionar.

La propuesta de dejar “libre” el mercado del dólar financiero donde se realizan el resto de las transacciones puede traer una grave incertidumbre económica

El mercado de cambio, como todo mercado financiero, tiende a ser inestable, amplificando subas de la mano de corridas con escaso fundamento. La fracasada experiencia de dólar libre impuesta por el FMI a la administración Macri debe ser una enseñanza al respecto. 

Más prudente que dejar el dólar financiero a la buena del dios mercado es que el Banco Central intervenga orientando su cotización a partir de un objetivo de brecha cambiaria. El dólar MEP-Contado con liqui puede ir absorbiendo las operaciones que se limiten en el oficial, convirtiéndose en el mercado donde se establece el dólar financiero.

El Banco Central puede influir en su cotización comprando y vendiendo bonos para mantener a raya la brecha cambiaria. Luego, si se alinea el Impuesto País con la brecha se eliminan los incentivos a comprar dólar ahorro que liman las reservas y se facilita el desarme de ciertas regulaciones (parking a la venta) que reducen la oferta de divisas.

Por otro lado, la imposición de una serie de restricciones a operaciones en el dólar Mep-Contado con liqui las termina empujando al mercado paralelo ilegal donde se fija el blue. Paradójicamente, la “mano dura” cambiaria que inspira dichas regulaciones termina haciendo realidad la propuesta de Cavallo, ya que genera un mercado de dólar paralelo “libre” de toda intervención. Los ya mencionados riesgos de inestabilidad de un mercado de cambios “libre” se amplifican en el blue, dado su escaso tamaño y la opacidad de las operaciones que permite su ilegalidad. La experiencia venezolana de mala praxis cambiaria es el peor ejemplo de adónde se puede llegar por ese camino.

Por último, el Banco Central viene devaluando el dólar oficial a un mayor ritmo que la suba de los precios poniendo en riesgo la la oportunidad de estabilizar las tasas de inflación logradas durante la cuarentena. A su vez, la devaluación por encima de la tasa de interés genera incentivos a stockear exportaciones y adelantar los pagos de importaciones mermando el ingreso de divisas por el mercado oficial.

@AndresAsiain



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Vidal destruyó la caja de jubilaciones de la Provincia de Buenos Aires | Las cuentas del Instituto de Previsión Social 2015-2019 



En los últimos meses volvió a circular el rumor acerca de la posibilidad (ya desmentida) de que el organismo de previsión social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) cambiara su régimen armonizándolo con el de la Anses, en razón de que éste tuvo que socorrerlo financieramente. Para aquellos que no lo saben, el sistema jubilatorio de la provincia es sumamente ventajoso respecto del nacional, en gran medida porque el haber está atado al valor del salario del personal en actividad.

La pregunta es por qué surgió el rumor. Esto fue porque la ayuda nacional fue necesaria debido a que el Instituto de Previsión Social presentaba un déficit muy considerable y en ascenso: en 2019 fue de 20 mil millones de pesos y eso arrastraría a 2020 a unos 30 mil.

Se podría pensar que este problema es de larga data, pero no es así: el IPS llevaba más de 25 años de superávit continuo salvo un par de años puntuales hasta que en la gestión de María Eugenia Vidal se lo convirtió en una máquina de dar pérdidas. Su último superávit fue en 2016, y a partir de allí el déficit se incrementó constantemente: mil millones en 2017, doce mil en 2018 y veinte mil en 2019.

Para determinar cómo estaba el IPS hasta 2015, vale la pena hacer un poco de historia.

Entre 1968 y 1997, primero se permitió por ley que el Estado se quedara con parte de las contribuciones que debían ser enviadas al IPS. Posteriormente los aportes previsionales no transferidos fueron desafectados en las leyes presupuestarias, es decir que dejaron de ser obligaciones a pagar para el gobierno. Por lo tanto, resulta difícil determinar si la caja era deficitaria, aunque no parecería ser la situación ya que se sustentaba sin problemas y tenía excedentes que prestaba a la provincia.

A partir de 1998, por medio de la ley 12.150 el gobierno provincial comienza a entregar Letras de Tesorería a cambio de los excedentes del IPS (la posibilidad de emitir Letras Previsionales existía desde 1980). El funcionamiento era el siguiente: durante el ejercicio, la Tesorería General le iba enviando los fondos que el IPS necesitaba para su funcionamiento. Al cierre, se determinaba el resultado del organismo. Por los excedentes no entregados hasta ese momento la provincia otorgaba Letras Previsionales.

Según la ley, dichas letras devengaban un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publicaba el Banco Central o a la remuneración que recibían los depósitos de la provincia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la que sea mayor. En la práctica, surgieron dificultades con la forma de calcular esa tasa promedio que pagaba la provincia.

Los saldos de las Letras Previsionales, salvo un par de años, se fueron incrementando hasta llegar a 2017, segundo año del gobierno de María Eugenia Vidal, cuando comenzaron a achicarse para hacer frente al déficit que comenzaba a presentar el IPS. Trasladado a números: si la Letra a un determinado año era, por ejemplo, de 10.000 millones de pesos y ese año se generaba un superávit de 2000 millones, la Letra pasaba a ser de 12.000 milllones de pesos. Al dar déficit ocurriría lo contrario y el saldo de las Letras se fue consumiendo hasta quedar extinguido.

¿Por qué se produjo ese déficit? Por la combinación de dos componentes: disminución de la cantidad de aportantes y suba de beneficiarios de la jubilación.

Como el gobierno de Cambiemos quería mostrar que bajaba la cantidad de empleados públicos, se recurrió sistemáticamente a incorporar personal contratado bajo la figura de locación de obras o servicios. Así, si bien la cifra de empleados crecía, podían decir que había menor cantidad porque los números que presentaban eran los de planta. Pero las características de esta modalidad de contratación, además de significar la precarización de los trabajadores, implicaba que los aportes no iban al IPS, sino a la Anses por ser monotributistas. Justo es decir que esta es una práctica que ya venía de gobiernos anteriores pero que con el de Vidal se amplificó.

Por otra parte, también para bajar las cifras de personal se alentaron las jubilaciones, en algunos casos anticipadas. “Como si eso fuera poco, se hizo circular un proyecto de reforma de la ley del IPS que hacía perder a los trabajadores sus conquistas, generando una avalancha de jubilaciones frente al pánico de perder esos derechos”, manifestó Eduardo Santín, actual titular del IPS. La consecuencia fue que bajó la masa salarial pero subieron los pagos del IPS.

Por todo esto, la relación entre activos y pasivos es en la actualidad 2,55. En 2015 era 3,47 y más atrás en el tiempo llegó a ser 4,00. Según el IPS, una relación adecuada debería ser de 3,6.

Ahora queda por delante la titánica tarea de revertir esta situación. Ya se dio el primer paso, con el anuncio del pase a planta de una importante cantidad de personal contratado. Por el bien de la caja previsional de la Provincia de Buenos Aires se debe continaur por este camino iniciado.

* Rubén Telechea es docente UNLZ y UNQ.

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Javier Milei: el profeta del caos que no se cumple | Economista mediático con discurso violento y autoritario acumula record de pronósticos fallidos



Sobre fines de la década de 1980 Javier Milei desarrolló su carrera profesional como arquero en el club de fútbol Chacarita Juniors. Sin embargo decidió cambiar de rubro, abandonar el deporte y abrazar la economía. A partir de allí, como economista ya no atajó un solo pronóstico más

En los últimos años, cuando su perfil mediático comenzó a crecer, sus vaticinios sobre el futuro del país se han ido radicalizando, augurando catástrofes cada vez más drásticas pero que nunca se cumplen. Vale revisar su jugoso historial para entender cómo operan los defensores del terraplanismo económico de la ortodoxia.

En octubre de 2016, durante el macrismo, cuando empezó a ser conocido, anunció que el escenario fiscal presagiaba un Rodrigazo (Cronista 26/10/2016). Dos meses después, insistió con lo mismo aunque agradecía que la política monetarista de Federico Sturzenegger con las tristemente celebres Lebacs (esas que después explotarían en corridas cambiarias contra el dólar) nos habían salvado de caer en una hiperinflación (Urgente24 20/12/2016). 

De hecho, ya en 2017, para defender la política monetarista del macrismo, llegó a decir que el “kirchnerismo dejó planteada una hiperinflación” (Noticias & Protagonistas 08/02/2017). 

En 2018 empezó acelerar su tono apocalíptico: en mayo de ese año, cuando comenzaron las corridas del dólar, justamente por la bola de Lebacs de Sturzenegger y el sobreendeudamiento macrista, dijo que el gobierno estaba “chocando la calesita” y que podría venir una híper (El Comodorense 21/05/2018). Aunque el riesgo, o más bien la certeza, de que irrumpiría una hiperinflación ya la pasó a sostenerlo durante todo ese año y desde ahí prácticamente siempre estuvo presente en su discurso (ver por ejemplo, Panam Post 19/07/2018 y CienRadios 31/08/2018).

En octubre prometió que “Vamos a un default: si no es en 2020 será en 2021”. Casualmente, el default ocurrió en 2019 cuando el macrismo reperfiló su deuda y fue en 2020 cuando se salió del default tras el arreglo kirchnerista. Para coronar el 2018, vaticinó desde su cuenta de tuiter: “Si llega a ganar Cristina habrá una hiperinflación tremenda” (04/12/2018).

Como no podía ser de otra manera, durante 2019 continuó con la misma línea. Ahora en marzo advirtió: “Si hubiese ballotage, se dispara una hiperinflación” (La Brujula24 01/03/2019). Luego dijo que si Cristina Kirchner lanzaba su candidatura habría una inflación de más de 500 por ciento (Perfil 20/03/2019). Un mes después dijo que ya estábamos “al borde de una hiperinflación” (Agena4P 11/04/2019). Y cuatro meses lo mismo: “Estamos en las puertas de una hiperinflación” (Telemax 14/08/2019). 

Cuando parecía inminente el triunfo electoral del Frente de Todos, su augurio ya pasó para el 2020, diciendo que vendría una dolarización, una híper y la peor crisis de toda la historia (El Economista 22/09/2019).

Este año, cuando se impuso la cuarentena producto del coronavirus en marzo, vaticinó otra vez una hiperinflación, un default y la peor crisis sanitaria de la historia (Infobae 30/03/2020). En julio dijo que había “alto riesgo de hiperinflación” (iProfesional 26/07/2020), mientras que en paralelo anunciaba que la pobreza subiría al 75 por ciento y que ya “la híper estaba cantada” (Cronista 06/07/2020). 

Otra vez, cada vez daba con mayor certeza la llegada de una híper, justo en un momento que se desacelera la inflación y ésta proyecta ser la más baja en los últimos años. Los detalles de esas intervenciones se puede encontrar aquí
.

Como se ve, Milei suele confundir permanentemente sus deseos con la realidad. Y toda desviación de sus premisas como un camino a la catástrofe, dada su inflexibilidad intelectual, que lo vuelven muchas veces un prepotente o un autoritario muy violento.

Con todo, a pesar de hacer vaticinios cada vez más duros, y que nunca se cumplen, igualmente su figura ha crecido a paso firme. Por lo que está claro que su presencia en los medios no se debe a su talento profesional, sino a su histrionismo y exuberancia, volviéndose un personaje mediático que entretiene más que a su capacidad analítica como economista.

Debe reconocerse, igualmente, que figuras así cumplen un rol en la construcción del sentido común dominante, porque al ganar visibilidad y mostrarse como extremistas terminan por convertir a otros representantes de la derecha liberal argentina, como Macri o Larreta, en moderados y por ende en menos temibles para los votantes.

Es curioso que Milei, a pesar combatir al Estado con su discurso, parece depender de él. Durante años fue ayudante de una cátedra de la UBA, en la que no cobraba pero daba clases allí, según él, por el prestigio que tenía esa Universidad pública. Actualmente trabaja en una empresa concesionaria del Estado. Y lo que es más llamativo, hace poco trascendió que pudo seguir cobrando su salario gracias a la ayuda que dio el Gobierno a esa empresa privada con los ATP.

Milei es el líder y gurú del libertarianismo, y le resulta atractivo a los jóvenes sub-30 ya que se presenta como una suerte de rebelde, con un discurso provocador y antipolítica, diciendo que “todos los políticos son chorros”. Lo curioso es que él sostiene que el mejor Presidente de la historia fue Carlos Menem, un peronista que por antonomasia está ligado a la corrupción, se embandera defendiendo al poco exitoso Sturzenegger y asegura que su ídolo argentino es Domingo Cavallo. Todos representantes de las políticas de ajuste, que favorecen la exclusión, el desempleo, la desigualdad y el empobrecimiento generalizado.

Como cantan Los Redondos “nuestro amo juega al esclavo”, porque detrás de esa supuesta irreverencia se esconde una subordinación a las formas de pensar la economía totalmente favorable al poder concentrado, al cual jamás discute. Los poderosos en su discurso nunca son cuestionados

No es casual, finalmente, que los referentes intelectuales de Milei sean los de la escuela austriaca, Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises: dos autores que eran parte de la élite aristocrática, de estatus nobiliario, que con marcado desprecio clasista, desarrollaron ideas para combatir a los sindicatos, el socialismo y la izquierda. Ya que nada les parecía más detestable que la igualdad o la intervención del Estado para distribuir la riqueza y que hubiera mejoras sociales. 

Tal vez por eso desde el mundo empresarial permitan crecer a figuras como las de Milei, dado que gracias a él tendrán un profeta que promueva las políticas de exclusión y flexibilización laboral, de un Estado mínimo, y que tanto les favorece.

* Economista. Doctor en Ciencias Sociales (UBA/UNDAV/Conicet). Autor del libro Las crisis económicas argentinas. De Mitre a Macri.





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