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Oscuros negocios inmobiliarios en el paraíso | Especulación y loteos privados en la cordillerana patagónica



El reciente conflicto institucional acontecido en la localidad de El Hoyo, donde el Concejo Deliberante de ese municipio suspendió por 40 días al intendente, vuelve a poner en discusión un viejo problema de la cordillerana patagónica: los negocios inmobiliarios y los loteos privados.

Pol Huisman, intendente de la localidad de El Hoyo difundió un comunicado por las redes sociales mencionando y vinculando su desplazamiento momentáneo con oscuros intereses inmobiliarios, un hecho recurrente y de larga data en la región.

Desde hace décadas la cordillera chubutense atrajo la atención de personas dispuestas a pagar un precio muy alto por cumplir el sueño de tener una porción en ese paraíso de bosques, montañas y lagos. Es por ello que el mercado inmobiliario monopolizó ese capital paisajístico con el fin de ofrecer cierta exclusividad y distinción en acceder a lugares con características únicas.

El problema de las tierras en la cordillera patagónica chubutense no es nada nuevo. Si hacemos un poco de historia, a inicios del siglo XX en lo que fue Territorio Nacional de Chubut, la Compañía de Tierras del Sur Argentino era la encargada de regularizar las tierras fiscales de las colonias mixtas que se encontraban en los actuales municipios de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y Cholila. 

Sin embargo, desde sus inicios se plantearon criterios para el otorgamiento de las tierras basados en evaluaciones arbitrarias y negociaciones entre los particulares y las agencias estatales, consolidando con ello prácticas inequitativas de acceso a la tierra que luego se trasformaría en una práctica recurrente.

Luego del golpe de Estado de 1955, con el cambio del status de Territorios Nacionales a provincias y la derogación de la Ley de Tierras del peronismo, se produjo una enajenación compulsiva de tierras públicas en la cordillera chubutense. Ello permitió que la oligarquía terrateniente local, identificada con la “Revolución Libertadora”, se adjudicara tierras a partir de las negociaciones establecidas entre las Sociedades Rurales y el nuevo Estado provincial.

La historia de la adjudicación, apropiación y acceso a las tierras no presentó grandes cambios hasta inicios de la década de 1990, cuando el gobierno provincial redefinió los límites de los municipios a partir de del criterio de ejidos colindantes

De esta manera, una gran extensión de tierras fiscales y la jurisdicción sobre las costas de ríos y lagos pasaron a ser patrimonio de los gobiernos locales. Ello generó que muchos municipios encontraran en ese hecho la oportunidad de acelerar el proceso de enajenación de esas tierras fiscales con la idea de generar un aumento de la recaudación tributaria, mejorar sus finanzas y en muchos casos otorgar beneficios a algunos particulares asociados al poder. 

Por otro lado, en esa misma época, los gobiernos locales comenzaron a diseñar sus códigos de ordenamiento territorial con el fin de zonificar los usos del suelo y estipular un Factor de Ocupación del Suelo (FOS) que establece el porcentaje máximo de constructibilidad en cada zona.

De esta manera el proceso de acaparamiento de tierras productivas, los vacíos y contradicciones legales existentes, la precaria situación de tenencia de los antiguos pobladores, las necesidades fiscales de los municipios como así también las garantías y protecciones políticas, despertaron el interés de inversiones inmobiliarias a bajo riesgo

Pero el problema comenzó a incrementarse aún más a principios de la década del 2000, con las migraciones provenientes de los principales centros urbanos del país que generaron un aumento en la demanda de tierras. Ello generó que muchos propietarios y productores optaran por la alta rentabilidad de negocio inmobiliario que pudo desarrollarse casi sin obstáculos a partir que los Concejos Deliberantes comenzaran a otorgar la “vía de excepción al FOS”, lo que se transformó en un recurso recurrente en este negocio millonario.

Estos acontecimientos y dinámicas locales, dejan de manifiesto la incapacidad o la lentitud de repensar un ordenamiento territorial que implique rever la relación entre las zonificaciones y los impuestos municipales, la ejecución de multas y sanciones, la posibilidad de estipular gravámenes de contribución por mejora o recupero de plusvalía urbana, algo que ya se está implementado en municipios como Bariloche, Trenque Lauquen o CABA. Por otro lado, tampoco existe la voluntad política de efectivizar el cobro de impuestos a tierras ociosas con el fin de desalentar las tenencias de tierras improductivas como forma de especulación inmobiliaria.

Esta realidad instaurada desde hace años en los diferentes municipios, generó un caos en el ordenamiento territorial: proliferación de loteos casi sin control, instalación de aserraderos e industrias en zonificaciones comerciales o urbanas, excepcionalidades al porcentaje del FOS, fragmentación de lotes en zonificaciones en donde no pueden existir subdivisiones menores a 4 hectáreas, inconvenientes en los suministros de agua, tensión eléctrica, disposición final de los residuos, deshechos cloacales, extracción ilegal desmesurada de áridos y maderas para la construcción entre otros.

No es de extrañar entonces que cualquier política que en el futuro quiera o intente mínimamente desmembrar este statu quo territorial construido a partir de turbias adjudicaciones de tierras e intereses inmobiliarios especulativos, genere fuertes controversias y conflictos de intereses entre actores locales y deje de manifiesto las debilidades institucionales y el poder manifiesto de los grupos económicos del espacio local. A veces los paraísos viven sus propios infiernos.

* Adrián Monteleone es profesor en Geografía y Magister en Ciencias Sociales y Humanidades (UNQ)

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Todas las razones por las que los supermillonarios quieren pagar más impuestos | Entrevista a Morris Pearl, director de “Patriotic Millonaires” de Estados Unidos



En medio del debate global sobre el financiamiento de la actual crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia, un grupo de millonarios de todo el mundo tiene una solución a mano: que les cobren más impuestos.

La propuesta de Millonaires for Humanity a los ministros de finanzas del G20 que se reunieron el 18 y el 19 de julio en Arabia Saudita es, como repiten tres veces al final de su misiva, “tax us, tax us, tax us”. 

Los 83 supermillonarios que firmaron la carta consideran que la única vía para lidiar con la actual devastación económica es revertir el sistema tributario regresivo que se impuso en los ’80 con la revolución conservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. 

Cash dialogó con uno de los signatarios de la carta, Morris Pearl, director del grupo madre de esta iniciativa, los Patriotic Millonaires de Estados Unidos.

-En su carta al G20, Millonaires for Humanity es muy claro sobre el camino que deben tomar los gobiernos: cobrarles más impuestos a los millonarios. La reunión del G20 fue el 18 y el 19 de julio pasado. ¿Hubo alguna respuesta oficial del G20?
-No hemos tenido todavía una respuesta del G20. Pero está claro que los gobiernos van a tener que actuar porque la creciente desigualdad que estamos viendo no es sostenible. Esta desigualdad precede a la pandemia. De hecho el grupo que dirijo en Estados Unidos, los Patriotic Millonaires, fue fundado en 2010: hace diez años que empezamos con este mensaje. 

-¿La pandemia profundizó la desigualdad?
Con la pandemia esta situación se ha hecho más urgente, más impostergable. Hay una minoría que se está enriqueciendo cada vez más, mientras que la mayoría se empobrece. Esto no funcionó en Sudáfrica en los ’70 y ’80. No funcionó ni para el país ni para los ricos y la élites. Y no va a funcionar hoy para el mundo. El impacto de esta crisis va a durar mucho tiempo. Puede hundir a 500 millones de personas en la pobreza.

-Además existe el riesgo de la pérdida de millones de puestos de trabajo.
-Cientos de millones van a perder sus trabajos por el cierre de empresas que en muchos casos será permanente. La falta de camas hospitalarias, de mascarillas y ventiladores es una clara muestra de la inadecuada inversión en la salud pública en todo el mundo. La única manera de solucionar esto es con más inversión y para eso se necesitan más recursos presupuestarios. 

-¿Qué tienen que hacer los gobiernos?
-El ministro de finanzas de Alemania dijo que había que hacer algo sobre las multinacionales y los paraísos fiscales. Estamos de acuerdo, pero no resuelve todo el problema. Suspender el pago de la deuda de los países más pobres es un pequeño paso en la dirección correcta, pero hay que ir mucho más allá. Los ricos tienen que pagar más impuestos y los que menos tienen, pagar menos.

Camino

-En su carta al G20 ustedes dicen que un cambio estructural impositivo global es el “único camino para cambiar la actual situación”. Sorprende la vehemencia de este diagnóstico. ¿Es así? ¿El único camino?
-Sí. Estamos viendo la concentración de la riqueza más grande de toda la historia. La gente solía decir que Rockefeller o JP Morgan eran ricos, pero eso no es nada comparado con el porcentaje de riqueza que manejan hoy Marck Zuckerberg o Jeff Bezos. Y lo que está bien claro es que esta fórmula no está dando resultado.

-En el contexto de la pandemia ha habido muchas propuestas para cobrar un impuesto especial para los ricos por única vez. Pero en su carta, ustedes van más allá de esto. Hablan de un aumento permanente del impuesto a los más ricos. Esta propuesta va en la dirección contraria a la que se ha movido el mundo en los últimos 40 años.
Es cierto. No hay ninguna razón que justifique que en términos proporcionales yo esté pagando muchos menos impuestos que el encargado de mi edificio. El resultado es que yo me estoy enriqueciendo cada vez más cada año. Y mis hijos se están enriqueciendo porque yo me estoy enriqueciendo. No hay mérito individual alguno en esto. Y hay una consecuencia muy clara: el encargado de mi edificio es cada vez más pobre. Es lo que ha venido sucediendo en los últimos 40 años. 

-¿Qué proponen?
-Me parece bien tener un impuesto especial a los más ricos relacionado con la crisis del coronavirus, pero lo que se necesita es un cambio estructural en que los ricos paguen más impuestos de forma permanente como parte de su contribución a que funcionen mejor la salud, la educación y la seguridad y que haya menos desigualdad. 

-¿Sería una respuesta a un reclamo social de mayor igualdad?
-En estos días hubo una marcha de miles de personas aquí en Nueva York, gente que portaba horcas simbólicas, protestando por estos problemas. Si no cambiamos, ése es nuestro destino más seguro. Es necesario que la gente tenga una razón para participar en la sociedad.

Impuesto

-En América latina ha habido muchas propuestas de partidos opositores para un impuesto especial a los ricos. La más importante del gobierno argentino con el impuesto por una vez a las grandes fortunas. Afecta a una porción ínfima de la población, unas 12 mil personas, pero al Gobierno lo están acusando de comunista y totalitario. Está claro que iniciativas como las que ustedes proponen van a encontrar fortísimas resistencias políticas.
Es cierto. Estuve de vacaciones en Argentina hace unos años y me dio la impresión de que mucha gente tenía miedo. Cuando hay miedo la gente puede moverse en cualquier dirección en términos políticos. Y lo que pasa es que, por el poder que tienen, los ricos muchas veces terminan convenciendo a la gente de que lo que se necesita es un sistema más autoritario con más desigualdad y con mayor poder para las élites. 

-Aparece en el debate público que esas ideas son “comunistas”.
La realidad es que la actual situación ni siquiera funciona para los ricos. Nosotros queremos un sistema con mayor igualdad. El socialismo no es una mala palabra. Hay muchas cosas en Estados Unidos que son muy populares como la seguridad social o Medicare o la educación pública, y hay alguna gente que dice ¡oh, eso es comunista! Absurdo. Los ricos deberían entenderlo. Es en su propio interés. Es parte de la sociedad en la que viven y de los consumidores que necesitan para sus inversiones.

-El argumento que se impuso desde los ’80 para bajar impuestos fue exactamente el contrario. El llamado trickle down, es decir que si se reducen los impuestos a los más ricos se estimula la inversión y que con más inversión se genera más empleo y de esa manera la riqueza se derrama por el resto de la sociedad.
Una falacia. No existe este trickle down. El impacto es exactamente el contrario al que se pregonaba; es decir, las reducción de los impuestos a los más ricos genera una desigualdad cada vez mayor y una economía que no se beneficia de este tipo de políticas salvo para unos pocos. Si adoptamos el camino inverso, cambia el panorama. 

-¿Cuál sería?
-Aumentar el salario y así aumentamos el consumo y con esto se incrementan las ganancias, lo que a su vez va a generar más inversión. Pero para esto es fundamental hacer un cambio estructural en el sistema impositivo.

Guaridas fiscales

-El problema del sistema impositivo no se arregla solo con un aumento de las alícuotas. La evasión y elusión fiscal a través de guaridas fiscales es central en el actual régimen regresivo que desfinancia la inversión pública y profundiza la desigualdad. ¿Cómo se puede lidiar con este problema?
-No soy un experto en este área, pero está claro que se necesita cooperación internacional. No sirve la carrera a la baja en la que los países tratan de atraer inversiones bajando más impuestos corporativos que sus vecinos. La gente no invierte en Nueva York donde yo vivo porque la alícuota impositiva a las corporaciones sea baja, sino por lo que ofrece en términos de oportunidades de negocios y de servicios, sea educación, carreteras o seguridad. 

-No parece que haya voluntad de los países centrales en cooperar para limitar o eliminar las guaridas fiscales.
-Se necesita una cooperación internacional para que el dinero que se hace en un lugar no termine transferido a las islas Caimán o alguna otra guarida fiscal. No es algo que veo posible con este gobierno (administración Trump). Pero creo que si en las elecciones de noviembre ganan los demócratas hay posibilidades de un cambio de esta política.

-La carta que Millonaires for Humanity envió al G220 tenía dos destinatarios: los gobiernos y millonarios como ustedes en el resto del mundo. Usted es el CEO de Patriotic Millonaires, una organización estadounidense fundada hace diez años que tiene el mismo mensaje que Millonaires for Humanity. ¿Consiguieron convencer a muchos en estos años o sigue siendo una iniciativa minoritaria?
-Cientos de personas se han incorporado a Patriotic Millonaires. En especial en los últimos dos años ha habido mucho progreso en este sentido. Cuando empezamos estas ideas no estaban sobre la mesa. Hace unos meses durante un debate de los demócratas, todos estaban a favor de una política tributaria progresista. Incluso con Millonaires for Humanity mucha gente se ha mostrado interesada y se ha sumado a los 83 signatarios originales de la carta. Creo que la gente está empezando a entender que estamos del lado de la marcha de la historia, que no hay otro camino si queremos salir de esta crisis. 



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La pelea por el BID tiene de víctima a Latinoamérica | Decisión geopolítica del gobierno de Donald Trump por la disputa hegemónica con China 



Cuenta Jorge Taiana que cuando murió el ALCA, hace 15 años en Mar del Plata, él como vicecanciller y armador de la cumbre captó la razón clave del empuje, sin éxito, que hacía George Bush en pro del acuerdo: la “amenaza china”. La actual ofensiva de Estados Unidos para arrebatar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, históricamente ocupado por un país latinoamericano, sigue esa lógica.

Un anticipo de esta disputa se vio en 2019 cuando se preparaba la reunión anual del BID en China, socio extrarregional del banco, como otros países asiáticos o europeos. El BID cumplía 60 años y la Casa Blanca hizo caer la cita para desaire de China, que la preparaba hasta en los detalles más finos. Usó como caballo de Troya el rechazo chino a la visa para una delegación venezolana al gusto del “presidente” inventado Juan Guaidó, pues Beijing reconoce, como la mayoría del mundo, a Nicolás Maduro.

Aun antes de jugar con esa marioneta, Washington ya buscaba bajarle precio a la cita del BID. En esos días, funcionarios de la Casa Rosada le dijeron a este cronista que Estados Unidos los presionaba para que no viajara el ministro Nicolás Dujovne a China, sino funcionarios de más bajo rango, y Macri lo había aceptado. A fines de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le escribió al titular del BID, el colombiano Luis Moreno, sobre sus “serias reservas” acerca de que China fuera sede de la asamblea de gobernadores. Moreno, exministro de Desarrollo, es el cuarto -ahora saliente- titular del BID, tras –los también exministros– el chileno socialista Felipe Herrera (con el presidente Ibáñez del Campo), el desarrollista mexicano Antonio Ortiz Mena y el excanciller uruguayo Enrique Iglesias.

El candidato que propone ahora Donald Trump es ajeno a la tradición del BID, no solo por nacionalidad. Mauricio Claver-Carone es un cubanoamericano (el dato no es menor, puede devolverle favores electorales a Trump en Florida), asesor de seguridad y exdirector del FMI por Estados Unidos. Es un halcón de derecha, vino a la Argentina para la jura de Alberto Fernández y montó un mini show al irse “ofendido” por la presencia de la misión venezolana y del ecuatoriano Rafael Correa.

Trump abre de ese modo otra saga de su pelea con China con el BID como botín, pues entiende que la presencia de inversiones chinas en América latina es una amenaza y el Banco, dirigido por Estados Unidos, podría contenerla.

La pelea con China es global y juega fichas en la región. En 2017, una nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos definió como rivales a confrontar a China y Rusia. Desde entonces, cada vez que un agente de Washington patrulla lo que considera su “patrio trasero” blande la amenaza oriental y llama a enfrentarla.

Prestamista

Principal prestamista de América latina, China supera los créditos que otorgaron estos años, sumados, el BID y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Los países que más dinero recibieron son: Venezuela, 67 mil millones de dólares (el más endeudado con China, a la que paga con petróleo); Brasil, 29 mil millones; y Ecuador y Argentina, 18 mil millones cada uno.

Un estudio de Oscar Ugarteche y Carlos de León para la Universidad Nacional Autónoma de México señala que existen dos tipos de financiamiento chino para la región: banca comercial y de desarrollo. Esta última, en 2005/2018 prestó por 141 mil millones de dólares a través de Exim Bank y Banco de Desarrollo de China (CDB). El ciclo comenzó en Jamaica en 2005 para la construcción de un estadio y tuvo pico en 2010 cuando se destacó, entre otros, un préstamo para trenes de Argentina, el que más inversiones en obras de infraestructura recibió de China en el período, según un informe de la Red ALC-China, que dirige el mexicano Enrique Dussel Peters. Los fondos son en su mayoría para energía (69 por ciento), como represas en Ecuador, parque solar en Jujuy y producción petrolera en Brasil y Venezuela.

Además de esos créditos, se suman swaps entre bancos centrales para reforzar reservas y la presencia de varios bancos como ICBC (en Argentina, México, Perú, Brasil y Centroamérica), Bank of China en Panamá y otros países como Argentina, donde llegó en 2018, Banco de Construcción de China (en Chile, donde desde 2016 se encarga de ofrecer el clearing en yuanes en Latinoamérica), los ya citados CDB y Exim Bank sobre todo en Centroamérica o el Haitong Bank en Brasil, entre otros.

Debe incluirse, además, la perspectiva del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (BAII), cuyo presidente Jin Liqun dijo hace unos días: “Nos unimos a un buen número de países sudamericanos, y será muy bueno para nosotros financiar algunos proyectos de ingresos medios uniendo a América del Sur y Asia, reduciendo los costos de transacción y envío entre Asia y el Sur América”.

Votos y veto

El BID es un banco regional de desarrollo que nació en 1959, tiene sede en Washington para que no queden dudas y tuvo un rol relevante en la región, en especial en Centroamérica, con créditos concesionales, a tasas bajas y poca condicionalidad, para vivienda, sanidad y educación, agua potable y redes cloacales y también sectores productivos, documenta un libro que escribió la socióloga y economista Diana Tussie.

Estados Unidos lo domina con 30 por ciento de sus votos, le siguen Argentina y Brasil con casi 11 por ciento cada uno, México con siete, Venezuela con seis, y va bajando la capacidad de voto del resto de los países según su dimensión económica. Son 48 socios en total, de los cuales los 26 latinoamericanos son prestatarios con 50,02 por ciento de los votos, una leve mayoría, y los otros 22 prestamistas (Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea y China, Japón e Israel de Asia).

Tussie, directora de la maestría de Relaciones Internacionales de Flacso, recordó en diálogo con Cash que cuando gobernaba Ronald Reagan hubo una situación similar a la actual.  Explicó que “parece haber un intento de asalto a los organismos multilaterales o regionales si Estados Unidos cree que no son útiles a sus fines. Entonces era la deuda latinoamericana y se discutía una ampliación de capital del BID. Estados Unidos logró subir su poder de voto y bajar el de América latina. Hubo más capital para la región, pero con más condicionalidad cruzada con el Banco Mundial, que ejerció un tipo de padrinazgo del BID, en el marco de los acuerdos de ajuste estructural”.

Tussie indicó que “el vice presidente Mike Pence reflotó la Doctrina Monroe buscando colocar por primera vez que el presidente del directorio del BID sea de Estados Unidos, para que éste sea un pivote de la región contra China y un contrapeso a la posible presencia próxima del BAII”. Pese a ello, para Tussie “ya con la vicepresidencia y su poder de voto y veto, Estados Unidos puede influir en el BID. Quien tiene la palabra es el directorio, que en general actúa por consenso. Nadie quiere pelearse con el BID por su sistema cooperativo, y nada se hace sin el aval de (o contra de) Estados Unidos. Pero ahora Trump busca directamente presidirlo. Curioso accionar: lo vemos siempre como anti multilateralista, pero eso es así donde no controla. En cambio, aquí muestra gran interés en dirigir el banco de la región”.

Según la investigadora, “también debe considerarse, en el juego para contener a China, que Estados Unidos acaba de vetar una ampliación de los Derechos Especiales de Giro del FMI y habilitó una baja de la tasa de interés. Es decir, quiere jugar de nuevo un rol en los créditos a América latina” para limitar el poder chino.

Con todo, la jugada no es del todo segura. El BID se reunirá en septiembre en Colombia, pero dado el contexto pandémico, la inminente elección presidencial estadounidense en la que Trump se juega su reelección y los ruidos que generó la decisión de Estados Unidos acerca del BID podrían derivar en una postergación.

Apoyos y resistencias

Desde Washington, el profesor Gonzalo Paz, de Georgetown University, dijo a Cash que “la decisión fue sorpresiva pero se alinea con la estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Y es un retroceso para las políticas exteriores de los grandes países latinoamericanos. Era tradición que así como al Banco Mundial lo presidiera un estadounidense y al FMI un europeo, al BID fuera un latinoamericano. Pero Trump busca recuperar iniciativa para las empresas de su país en la región y cerrársela rápidamente a China”. Para Paz, “desde ahora nuestros gobiernos tienen menos margen de maniobra y sube el costo de cada decisión geopolítica que tomen”.

Para elegir un nuevo jefe del BID se necesitan apoyos de países según su cuota y voto. Estados Unidos los tiene porque lo apoyan grandes como Brasil. Este país primero promovió una candidata propia, la extitular del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Maria Silvia Bastos Marques, pero al final Jair Bolsonaro se alineó a Trump. También tiene el acompañamiento de Chile, Colombia, Ecuador y algunos  países centroamericanos, que se caracterizan de ser gobiernos vaciadores de la Unasur y el integracionismo regional. 

Antes de la jugada de Trump, los candidatos favoritos eran Laura Chinchilla de Costa Rica y Gustavo Béliz de Argentina. “Lo que harán los países extraregionales del BID puede influir, lo mismo que Canadá y México”, advirtió Tussie, para quien aún no está todo dicho.

Cuando China ingresó al BID, Moreno dio “la bienvenida a China a la familia del BID”. Aseguró que de eser modo se “fortalecerá” la institución “en un momento crítico para la economía mundial”. El embajador chino en Estados Unidos, Zhou Wenzhing, agregó: “Es un día emocionante: tras 15 años de esfuerzos, China es un nuevo miembro”. Cambiaron los tiempos y, según Paz, “entramos a mundo en feroz competencia, con cierto déjà vu de la guerra fría”.

Varios expresidentes latinoamericanos, de diversas corrientes políticas, aún de derecha, cuestionan la movida de Trump. En Argentina se dio el rarísimo caso de una queja conjunta firmada por los excancilleres de todos los gobiernos democráticos recientes, peronistas, radicales y liberales.



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¿El fin del reinado del dólar? | El oro en valores históricos elevados y la irrupción de monedas digitales no estatales 



El oro superó los 1900 dólares por onza la semana pasada. Se trata de niveles que no se veían desde 2011. La cotización de este metal alcanzó nuevamente picos históricos. El precio del oro -usado a lo largo de los siglos como un resguardo de valor- se aceleró en los últimos meses y en el año acumula una ganancia del 25 por ciento.

El aumento del precio del oro desde enero no es una tendencia aislada. La evolución de la cotización en los últimos 20 años es sorprendente. La onza de oro tenía un valor de 300 dólares a inicios del 2000; o sea, subió más de 6 veces en 20 años.

La interpretación de estos movimientos –al igual que ocurre con gran parte de los fenómenos de la economía- requiere pensar en múltiples causas. Lo más simple es relacionar la fuerte emisión de la Reserva Federal con la intención de los inversores de protegerse en oro.

Pero existen otros argumentos que plantean que los movimientos de precios de este metal se adelantan a cambios estructurales de la economía global. Se trata de transformaciones profundas que implican el reemplazo del dólar como la moneda global.

El investigador de Princeton Harold James escribió la semana pasada algunos puntos interesantes para pensar el final del dólar como moneda hegemónica. Su artículo en Project Syndicate plantea en forma intuitiva los factores que aceleran la caída de la divisa norteamericana. 

Fin del reinado

James sentencia que “el largo reinado del dólar en el sistema financiero internacional dependía de que Estados Unidos permaneciera económicamente estable, financieramente creíble y culturalmente abierto. Ahora que los problemas del sistema quedaron al descubierto, el resto del mundo comienza a cuestionar su competencia básica”. Es una predicción arriesgada que despierta puja de intereses y respuestas de distintos sectores del establishment. El investigador aprovechó la oportunidad para criticar a los economistas que aseguran que su lectura es contraintuitiva.

“Cuando el sistema soviético colapsó, muy pocos pensaron que realmente podría suceder. Al evaluar el estado del sistema estadounidense, es importante recordar que los economistas no son muy buenos para predecir”, dijo. La crítica contra la profesión económica fue todavía más ácida y planteó que no abrirse a la posibilidad de la caída del dólar es suponer un mundo estático.

Apuntó que “los economistas a menudo emulan a los teólogos medievales vistiendo sus pronósticos en lenguaje arcaico o complejo. Pero no se necesita saber latín para invocar ceteris paribus (“con todo lo demás constante”) como premisa de sus pronósticos”.

Catalizadores

Entre los elementos políticos que plantea James que están acelerando la pérdida de centralidad del dólar se encuentra la agenda internacional de Donad Trump. “Las sanciones financieras contra Irán, Rusia y las empresas chinas han resultado contraproducente. No solo Rusia y China sino también Europa han tomado rápidamente medidas para desarrollar mecanismos alternativos para pagos y liquidaciones internacionales.”

James menciona que el principal factor se vincula con los cambios de la tecnología. “Los sistemas de pagos digitales no estatales están experimentando un rápido desarrollo en lugares donde existe un Estado débil, que genera desconfía o carece de credibilidad”, indicó. Es una tendencia que se potencia por efecto de la pandemia. Concluyó con que “la centralidad de larga data del dólar reflejó la demanda global de un activo líquido y confiable. La condición desaparece en la medida que aparecen activos alternativos seguros (gracias a las innovaciones de la tecnología en pagos digitales), los que pueden estar respaldados por proveedores no estatales”.

* Analista financiero.



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Moratoria: una extensión necesaria | Medida para enfrentar las múltiples consecuencias de la pandemia



El proyecto de ampliación de la moratoria enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo forma parte de un esquema integral que está llevando a cabo el gobierno para enfrentar las múltiples consecuencias de la pandemia. Un enfoque que busca proteger la salud y a la vez intenta morigerar sus inevitables impactos sociales y económicos.

No obstante, los diferentes resultados a nivel global en materia sanitaria, en la actividad productiva y en el empleo, son inmensos y se ven en todas las economías. Lo que también se observa es un rol activo de los gobiernos con políticas fiscales y monetarias, aunque mucho depende del margen de acción del que se dispone. Por eso es mucho más valorable lo que se hace en nuestro país, que ya arrastraba una situación de emergencias desde antes que irrumpiera la pandemia sanitaria. Todo esto da marco al proyecto de extensión de moratoria que se comenzó a tratar esta semana.

En virtud de las consecuencias que está generando la pandemia, la propuesta para ampliar la moratoria es otra forma de mitigar los daños sobre el tejido productivo y el empleo, que son muchos y que, por caso, se expresan en un muy fuerte aumento de la deuda tributaria del conjunto de los contribuyentes. El proyecto del Ejecutivo viene a fortalecer los objetivos que ya perseguía la Ley  de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que se aprobó casi por unanimidad el año pasado. Se otorga, así, un estímulo más para que la producción y el consumo transiten más desahogados este período de restricciones, y generar las condiciones para que, a medida que se resuelve la pandemia, la economía vuelva a crecer.

Se plantea “extender el ámbito temporal de las obligaciones tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras previsto por dicho régimen, a aquellas vencidas al 30 de junio de 2020, inclusive”. Se incluyen tanto deudas por falta de pago de obligaciones corrientes, como también por la caída de planes de facilidades de pago que estaban en vigencia.

Además, se amplía el universo a la totalidad de contribuyentes, incluyendo a personas humanas y empresas que no habían sido contempladas en la norma de diciembre. Más allá de algunas especulaciones mediáticas intencionadas, se trata de una medida de carácter general, es decir, no ideada para empresas específicas, que está en absoluta sintonía con la gravedad de la crisis.

Si bien se decidió incluir a las grandes empresas, se contempla una diferenciación que favorece a las MiPyMEs, entidades sin fines de lucro y personas humanas consideradas pequeños y pequeñas contribuyentes, otorgándoles beneficios por sobre el resto, por ejemplo, en materia de plazo máximo de las cuotas.

Un aspecto a destacar es que las grandes empresas que adhieran no podrán distribuir dividendos o utilidades hasta 24 meses después de acceder al régimen. Tampoco podrán acceder al mercado de cambios para realizar pagos de beneficios netos a sujetos vinculados del exterior (por ejemplo por servicios de consultoría y asistencia técnica), ni para realizar operaciones como las de contado con liquidación o las de “dólar MEP”. La idea es incluir distintas medidas que son absolutamente necesarias para evitar el desvío en el uso de los fondos públicos, y que lleguen a quienes lo necesitan, grandes o chicas, pero evitando comportamientos especulativos.

Incluso en países como Estados Unidos estos aspectos se contemplan. Allí se implementó un programa destinado a la industria de la aviación, por más de 50 mil millones de dólares, bajo la forma de préstamos y de subsidios destinados al pago de salarios. A cambio de ese apoyo, las empresas beneficiarias no podrán recomprar acciones ni pagar dividendos y se establecen límites a la compensación de los ejecutivos, entre otras restricciones. En otros países desarrollados hay medidas similares.

 

En definitiva, con el proyecto de ampliación de la moratoria se está tratando de contar con una herramienta para hacerle frente a los problemas actuales y que ayude a la recuperación en la pospandemia. Forma parte de un arsenal de medidas que el Estado Nacional está implementando y hay motivos de sobra para que sea tratado y aprobado en el Congreso. 

* Diputado Nacional Frente de Todos.

Presidente Partido Solidario.



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El mito de los superávits gemelos | El objetivo de conseguir saldos positivos en la balanza comercial y en las cuentas fiscales refleja debilidad más que fortaleza 



Argentina, como casi todos los países del capitalismo moderno, es una economía endeudada con el resto del mundo. Pero, a diferencia de la mayoría de los demás países, no logra dar señales de solvencia externa en las últimas décadas y termina en recurrentes episodios de insolvencia y renegociación compulsiva de sus compromisos, cuando no directamente en default.

La pregunta básica a responder es qué señal de solvencia tendría que dar para no caer en estas situaciones de desconfianza que desencadenan la fuga de capitales y las crisis cambiarias, con los efectos recesivos e inflacionarios a la vez (estanflación) que ya se conocen.

Hay quienes creen que esa señal de solvencia debería ser la de alcanzar de manera permanente un superávit comercial externo, que equivalga por lo menos a los intereses de la deuda externa y que, para que ese superávit no genere un desequilibrio entre oferta y demanda interna, el Estado también tendría que generar un superávit fiscal equivalente. 

Esta idea de los superávits gemelos, derivada del esquema conocido como modelo de las tres brechas en el análisis macroeconómico, adolece de algunas inconsistencias e inconveniencias.

Primero conviene explicar en qué consiste la lógica macroeconómica de los superávits gemelos

El superávit comercial con el resto del mundo implica que una parte de lo que se produce no queda disponible para la demanda interna ya que se exporta por encima de lo que se importa. Si no se quiere que esa menor disponibilidad de bienes sea demandada en el mercado interno, porque ya no estará disponible, habrá que neutralizar una parte equivalente de los ingresos que se generaron en el proceso productivo mismo, y para eso hay dos opciones: se ahorra (las personas) más de lo que se invierte (las empresas) o el Estado tiene que recaudar más de lo que devuelve a la demanda final como gasto público.

En cualquiera de estas dos opciones, la mirada estática del equilibrio macroeconómico llevaría a la conclusión de que cualquier país endeudado con el resto del mundo estaría condenado a no disponer en el mercado interno de la totalidad de lo que produce y, por lo tanto, tener un nivel de vida inferior a lo que es capaz de producir.

Si se le agrega que la economía argentina en lugar de superávits tiene normalmente déficits gemelos, de comercio exterior y fiscal, de esta forma se esta poniendo una vara tan alta que parece inalcanzable. Lo interesante es saber que esta meta no es necesaria, aunque la más lógica de sólo equilibrar el balance comercial externo también sea difícil de alcanzar.

Deuda/PIB

Los países, como las empresa, no tienen como objetivo cancelar o reducir necesariamente su nivel de endeudamiento. Una señal de solvencia que conformaría a sus acreedores es que su nivel de endeudamiento no crezca como proporción (porcentaje) de su volumen de negocios, en el caso de las empresas, o de su nivel de actividad económica, medida por el Producto Interno Bruto, en el caso de los países. 

Si, tanto las empresas como los países, van aumentando su endeudamiento en valor absoluto, pero sin incrementar el porcentaje de esa deuda con respecto a su volumen de negocios o de actividad, no habría motivos para que los acreedores se pongan nerviosos.

Más aún, hasta podría ser que los oferentes de fondos estuvieran dispuestos a admitir un incremento transitorio de la ratio de endeudamiento si es para financiar proyectos que aumenten a futuro las ganancias de las empresas o la tasa de crecimiento de un país.

¿Qué se deduce de este razonamiento? 

Si un país puede mostrar una tasa de crecimiento equivalente al porcentaje de los servicios (intereses) de su deuda no es necesario que tenga un superávit comercial externo equivalente a esos servicios porque, capitalizándolos en renovaciones sucesivas, mantendría el mismo porcentaje de endeudamiento con relación a su PIB. Y no habría razón para que los acreedores tuvieran dudas sobre su solvencia futura, sobre todo porque los oferentes de fondos no quieren recuperarlos sino mantenerlos siempre colocados para obtener más ganancias.

Algunas cifras sirven para entender este razonamiento conceptual. En el cuarto trimestre de 2019, últimos datos disponibles del Indec, el stock total de deuda externa, pública y privada era de 282.000 millones de dólares, de los cuales 212.800 millones correspondían a deuda financiera y el resto a inversiones directas de empresas extranjeras.

Sobre un PIB estimado para ese período en 427 mil millones de dólares, el porcentaje de endeudamiento externo total era del 66 por ciento y el de endeudamiento sólo financiero de casi el 50. Por su parte, los servicios de la deuda financiera sumaron en ese lapso 16.998 millones de dólares, lo que significa una carga anual del 8 por ciento sobre el stock de deuda financiera.

Si se lograra crecer a un ritmo promedio del 4 por ciento anual durante diez años, el PIB se incrementaría en ese lapso 48 por ciento. Y si en ese período se refinanciara los intereses de la deuda externa financiera al 8 por ciento anual promedio, capitalizándolos en esa deuda, la misma crecería en el mismo lapso 116 por ciento, con lo cual pasaría a representar casi el 73 por ciento del PIB en vez del 50 por ciento original. Mucho antes de que eso sucediera habría acreedores que retirarían sus colocaciones por el riesgo de insolvencia que implicaría.

En este caso, la única señal de solvencia externa sería la de lograr un superávit comercial externo y su correlato fiscal de al menos el 4 por ciento del PIB anual para poder mantener el mismo ratio de endeudamiento externo. Este sacrificio innecesario se evitaría con servicios de la deuda externa que no superaran la tasa de crecimiento del PIB.

La cuestión de fondo

De todos modos, una cosa es no necesitar superávit comercial externo y otra es tener déficit cada vez que se reactiva la economía para alcanzar el pleno empleo

Este problema, derivado de lo que Marcelo Diamand caracterizó como Estructura Productiva Desequilibrada (EPD), que lleva a que las importaciones crezcan a mayor ritmo que las exportaciones cuando la economía se acerca al pleno empleo, es el problema de la restricción externa.

Entonces, para dar señales de solvencia externa no tienen que suceder al menos dos cosas: 

1. Aumentar el endeudamiento como consecuencia de déficits comerciales recurrentes y permanentes.

2.  Con equilibrio sostenible del comercio exterior, el porcentaje de servicios (intereses) de la deuda no supere la tasa de crecimiento de la economía en pleno empleo.

Así se llega entonces al planteo que exponen los economistas sobre la condición necesaria y la suficiente para lograr alguna meta

La condición necesaria para dar señales de solvencia externa es resolver la restricción externa por la variante positiva, es decir logrando que las exportaciones crezcan como para poder tener equilibrio comercial externo con pleno empleo de capacidad productiva y mano de obra y sostener el equilibrio cuando esa capacidad crezca, lo que implica que las importaciones no deben crecer a mayor ritmo que las exportaciones en esa situación.

La condición suficiente es que los intereses de la deuda externa sean iguales o menores en porcentaje a la tasa de crecimiento de la economía, para lo cual resulta crucial el logro de esa meta en la renegociación de la deuda que está llevando a cabo el gobierno de Alberto Fernández, en la cual se plantea precisamente tasas de interés a largo plazo por debajo del 4 por ciento. 

Esta estrategia no es entonces una estrategia de coyuntura, sino la condición suficiente para no necesitar a futuro sacrificar una parte de lo que se produce para pagar intereses exagerados. 

Sin alguna de esas dos condiciones no hay posibilidades de dar señales adecuadas de sostenibilidad del endeudamiento externo y la economía estaría condenada a seguir como hasta ahora: pare y arranque (stop and go) en la actividad económica y crisis recurrentes de financiamiento con riesgos periódicos de default.

Cumpliendo con estos objetivos estratégicos en la renegociación de la deuda no se necesitan ni son convenientes los superávits gemelos porque, lejos de ser una señal de solvencia, son no sólo un sacrificio económico inútil para la sociedad, sino que además no dejan de ser una señal de debilidad: la de un país que necesita sobreactuar para que le crean que podrá pagar.

* Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, subcoordinador de la carrera de Economía.



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La ilusión de un Plan Marshall para la Argentina pospandemia | Análisis histórico de un programa financiero que consolidó la expansión imperial de Estados Unidos



Algunos analistas proponen para el país un nuevo plan Marshall. Es como pensar que la doctrina Monroe se llama en verdad Scalabrini Ortiz. Además de no saber bien que país podría implementar tal cosa (China podría ser uno o el único pero existen serios problemas estratégicos para que eso sea posible, además de no saber si una solución similar es de su interés), muchos desconocen que significaba estratégicamente y piensan que los países europeos no pusieron su granito de arena. 

El plan Marshall ayudó a los países occidentales de Europa con propósitos definidos y estos pudieron reconstruirse y crear en parte los Estados de Bienestar, pero no siguieron ciegamente el modelo estadounidense.

No se entiende como una potencia donde predominaba una mentalidad liberal y empresaria permitió que Europa se expandiera, además de la ayuda, al ritmo de la planificación y la participación estatal. Se deja de lado en el análisis el ejemplo exitoso del New Deal, que mientras Franklin Delano Roosevelt vivía quería aplicarlo al mundo y vio allí la posibilidad de colocar los excedentes de posguerra. Henry Morgenthau Jr, su secretario del Tesoro, decía abiertamente que era necesario un New Deal internacional para evitar otra depresión

Roosevelt iba además hacia un mundo único que incluía a los soviéticos y este curso de acción podía ser protagonizado por los nuevos organismos internacionales creados en Bretton Woods, y por las Naciones Unidas. Esas instituciones económicas y políticas serían como “dos hojas de una misma tijera”, garantes de la paz y la economía internacional.

Imperialismo

Desde un ángulo donde se resucitaba el viejo imperialismo americano, Henry Luce dueño de las influyentes revistas Life y Time, publicó antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, a principios de 1941, un editorial titulado “The American Century”, en el cual luego de criticar a los británicos, acantonados en su Commonwealth, y a los gobiernos norteamericanos pasados o en curso, republicanos, como Herbert Hoover o Calvin Coolidge, o demócratas como Roosevelt, por sus políticas aislacionistas, daba su propia opinión: 

“Considere el siglo XX. Es nuestro no solo porque tenemos la suerte de vivir en él…es también la primera centuria americana que nos encuentra como un poder dominante en el mundo…En lo económico América sola debe determinar si un sistema de libre empresa -un orden económico compatible con la libertad y el progreso-, puede o no prevalecer en la centuria. Es en este espíritu que todos nosotros somos llamados…a crear la primera gran American Century”.

Las dos perspectivas internacionalistas partían de puntos de vista opuestos y se proyectaban al mundo de manera diferente: 

* El New Deal era una experiencia de planificación nacional e intervención del Estado.

* La proclama de Luce se basaba en privilegiar la libre empresa. 

Ambos tenían, sin embargo, en cuenta que para evitar otra crisis como la del treinta los mercados del mundo tenían que abrirse a los productos norteamericanos

El destino jugó también su carta, la muerte de Roosevelt al fin de la guerra y su reemplazo por Harry Truman, y las propias actitudes de los rusos que a toda costa defendieron sus nuevas posesiones en Europa Oriental, originaron la política de contención del comunismo y la Guerra Fría

Superpotencias

El mundo único se dividía ahora entre las dos superpotencias. La recuperación de Europa Occidental se hacía indispensable para Washington, incluyendo a la vencida Alemania nazi. Pero el mundo no siguió tampoco el camino pregonado por Henry Luce.

Por un lado, la Unión Soviética que los hombres de Roosevelt veían en un principio integrando también ese mundo, salió de la guerra como “un vencedor derrotado”. Los costos habían sido para ella altísimos: perdió un 18 por ciento de sus activos humanos y la tasa destrucción de sus activos físicos llegó a más del 25 por ciento de los que poseía. 

Por otro, con Truman en el gobierno ya se afirmaba que Estados Unidos y su poder económico constituirían el “centro vital” vinculado a la definición que hacía Washington de la “estabilidad política y social”.

Por otra parte, estaba el problema mismo de Alemania. Roosevet y su gente querían mantener la alianza de posguerra y desmitalizarla. La amenaza principal del capitalismo había sido en el pasado la revolución rusa, pero la Unión Soviética había sido un aliado. Alemania, por el contrario, provocó las dos guerras mundiales y el horror del holocausto de los judíos y otras poblaciones. Se tenía muy presente que entre las causas principales que llevaron a la aparición del nazismo estaban la imposibilidad del pago de las deudas y reparaciones originadas por aquel primer conflicto bélico y alimentadas luego por empréstitos norteamericanos. Esto era un resultado del Tratado de Versalles, a quien se hacía responsable en parte de la nueva industrialización y rearmamento de la Alemania nazi. En cambio, la Unión Soviética, desangrada por la guerra podría ser un importante mercado para los productos americanos. “El Presidente creía que la paz dependía de mantener y desarrollar la unidad entre las tres grandes potencias”, dijo en su análisis de la Conferencia de Yalta el ex secretario de Estado, Edward Stettinius.

La cuestión sobre el destino de Alemania, tuvo que ver con el plan de desarme y castigo luego de la guerra que presentó el secretario Henry Morgenthau Jr, profundamente antinazi, como lo muestra en sus diarios personales: “Hay un grupo considerable de ricos de este país que harían la paz con Hitler mañana”. Esos ricos que mencionaba Morgenthau eran varios, como Prescott Bush, padre y abuelo de futuros presidentes; el padre de los Kennedy entonces embajador en Londres; Henry Ford, conocido antisemita; y varias grandes compañías norteamericanas que tenían negocios en Alemania, como General Motors. Pero el curso de los acontecimientos siguió un camino diferente.

Reconstrucción

El nuevo presidente Harry Truman, que sucedió a Roosevelt tras su fallecimiento en abril de 1945, era profundamente anticomunista y temía la presencia rusa en Europa Oriental. Inició así la política de contención del comunismo y la llamada Guerra Fría. Tendió, por el contrario, con la formulacion del Plan Marshall en 1947 a la reconstrucción de los devastados países amigos de Europa, incluida Alemania, que debían convertise en bastiones contra la penetración comunista

Pero los nuevos dirigentes norteamericanos se encontraron con un problema para sacar a Europa del marasmo en que el estaba: la influencia cada vez más grande de los partidos comunistas occidentales y el ejemplo de la planificación soviética que ahora parecía positivo. No podían recurrir simple y llamamente a la introducción de un esquema netamente liberal en el viejo continente.

El líder francés Jean Monnet no era adversario a la idea del desarme de Alemania, tesis similar a la de Roosevelt. La unidad europea que propugnaba era imaginada como un respuesta mejor al peligro aleman que las que proponían los americanos: una división política, la amputación o la ocupación permanente de Alemania. El general De Gaulle concordó con esta idea en un discurso en Argelia en 1944 y tuvo la esperanza de constituir una unión europea económica, en alianza con los soviéticos y los americanos. No iba a ser ese el curso de la historia.

Con Truman la política norteamericana se endureció también con respecto al otro aliado en la guerra: se cortaron los desembolsos correspondientes al acuerdo de Préstamos y Arriendos con el Reino Unido, contrariamente al compromiso asumido por Roosevelt. Esta situación puso a los norteamericanos en una posición de ventaja para negociar con los ingleses un nuevo préstamo. 

John Maynard Keynes fue el encargado de representar al gobierno de Londres, y mientras que el economista británico procuraba la obtención de un crédito sustancial a un bajo costo, los representantes estadounidenses pretendían que Gran Bretaña eliminara sus restricciones sobre el comercio, liberara los saldos bloqueados, volviera a la convertibilidad de la libra y eliminara los controles sobre las transacciones en dólares. Sin saldos bloqueados y con la posibilidad de cambiar libras por dólares, los países acreedores de Gran Bretaña podrían comprar libremente los productos norteamericanos. Por tal razón, este fue el punto más difícil en la negociación.

El préstamo fue aprobado por un monto inferior a lo solicitado por Keynes. Un parlamentario británico, criticando a los norteamericanos, que querían volver ahora a los perimidos principios del laissez-faire que tanto habían denostado, intentó levantar el orgullo nacional: “No debemos vender el Imperio Británico por un paquete de cigarrillos.” En todo caso era demasiado tarde. Las políticas tienen mucho más que ver con las realidades e intereses de cada país que con los fundamentos de las teorías económicas.

Impulsada por Washington, la vuelta a la convertibilidad de la libra por parte de Gran Bretaña el 15 de julio de 1947 tuvo consecuencias desastrosas. En pocas semanas se evaporó el remanente de los dólares que quedaban del gran préstamo norteamericano. El Reino Unido se encontraba al borde de la cesación de pagos y la amenaza de tener que utilizar sus reservas de oro. Así, el 20 de agosto de ese año debió decretar nuevamente la inconvertibilidad de la libra. Pero económicamente quedó atrapado por los Estados Unidos y el dólar. Esto perjudicó notablemente la relación de Gran Bretaña con otros países, como la Argentina, y reforzó el dominio norteamericano en el mundo. El objetivo de Washington de desmembrar el imperio británico se vió coronado por la independencia de la India y de otras colonias.

Guerra Fría

En 1948 se produjo otro episodio clave de la Guerra Fría, confirmando el dominio norteamericano, ahora respecto al ex aliado ruso. Las fuerzas armadas norteamericanas habían llevado con ellas en la ocupación de Alemania, reichsmarks impresos en los Estados Unidos. A la Unión Sociética también se les habían dado placas para imprimir esa moneda con lo que pudieron extraer, en cuestión de semanas, varios cientos de millones de dólares en bienes de las zonas de ocupación estadounidense y británica. El reichsmark soviético fue declarado inaceptable en las zonas del oeste, el pago de tropas fue descontinuado, y los cigarrillos se convirtieron en el medio de intercambio en Alemania Occidental. Se planificó entonces en Washington una reforma monetaria bajo el nombre de Operation Bird Dogque implicó la sustitución de los antiguos reichsmarks por nuevos deutshemarks impresos en Washington.

Esta moneda sería legal en las zonas occidentales y su suministro estaría fuera del control soviético. Con el apoyo del plan Marshall, la economía de Berlín oeste era más floreciente que la del este, y ahora su moneda que valdría mucho más la hacía inaccesible para sus vecinos orientales. La Unión Soviética veía esto como parte de un plan general estadounidense para establecer un gobierno en el oeste de Alemania opuesto ideológicamente a los soviéticos. Entonces el ejército soviético bloqueó la ciudad impidiendo la entrada en ella desde el oeste. Mientras parecía que podía estallar otra guerra y la cuestión se discutía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidido en ese momento por el canciller argentino Juan Atilio Bramuglia que actuó brilllantemente como mediador, el traslado a las zonas occidentales y su abastecimiento se hizo por vía aérea. Este episodio dio lugar a la creación de las dos repúblicas alemanas: la Federal y la Democrática, la primera dentro de la alianza con las potencias occidentales, la segunda como parte del bloque soviético. La frontera berlinesa que separaba las dos Alemanias inspiró la novela más famosa de John Le Carre, El espía que vino del frío.

Objetivos

El plan Marshall tenía tres propósitos, que se terminaron de concretar:

1. Debilitar a Gran Bretaña.

2. Hundir económicamente a la Unión Soviética.

3. Defender el predominio de Alemania en el continente. 

América latina sólo servía para como patrio trasero aliado seguro, pero no para levantarla económicamente. “Así paga el diablo”, dijo Perón. Quienes añoran el plan Marshall y quieren aplicar uno en Argentina tienen que cambiarle de nombre y recordar siempre, no importa las formas, que benefició en primer lugar a los mismos norteamericanos y que estaba enmarcado en una estuctura estratégica propia.

* Profesor emérito de la UBA y del ISEN.



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El juego secreto en el canje de la deuda  | El objetivo de BlackRock, la pelea por el contrato de los nuevos bonos y las próximas elecciones de Estados Unidos



BlackRock no es simplemente una compañía privada. Es prácticamente una empresa estatal en los Estados Unidos. Está alineada con el Tesoro de los Estados Unidos y con la Reserva Federal. Maneja 7 billones de dólares en activos. Es una parte importante del sistema norteamericano”. Estas palabras del economista  Jeffrey Sachs las pronunció la semana pasada y pueden ser estratégicas para la Argentina.

La negociación de la reestructuración de la deuda lleva apenas medio año. La idea original era tener el canje cerrado en el segundo trimestre. Las expectativas económicas de los bonistas extranjeros como del equipo económico se alinearon para que eso ocurra. El valor de recupero del 53 por ciento propuesto hace unos pocos días no difiere prácticamente de lo que pretende cobrar en promedio el conjunto de los grupos de acreedores.

El problema es que este acuerdo monetario no es suficiente para tener una reestructuración exitosa. Las partes tienen miradas distintas acerca de cómo estructurar los contratos del canje. En el Palacio de Hacienda decidieron respetar las formas recomendadas por el FMI y la asociación internacional de mercado de capitales. Los acreedores más agresivos liderados por BlackRock quieren volver a cláusulas de la década pasada que aumentan la cobertura legal para los inversores.

Precedente

En este punto la negociación parece haber ingresado en un terreno de decisiones que excede la lógica financiera y la interpretación más sencilla sería que la disputa es simplemente por un punto y coma en la letra chica de los contratos. Pero lo que se encuentra en juego es más que eso: en esta restructuración argentina se marca un precedente para la renegociación de la deuda global ante el impacto de la crisis sanitaria en el mundo emergente.

El gobierno de Alberto Fernández considera que respetando la esencia de las cláusulas de acción colectiva single limb no sólo se cuida a sí mismo sino que cuida el futuro de los canjes de los países no desarrollados. Pretende defender su estrategia contractual y el criterio de sustentabilidad como las reglas básicas (universales) de la reestructuración de cualquier bono soberano. 

Caso testigo

Pero del otro lado de la mesa de negociaciones también se pretende imponer el criterio básico de las próximas reestructuraciones a escala mundial. BlackRock no está especialmente preocupado por los pocos miles de millones de dólares que tiene colocados en bonos argentinos. No llegan a representar ni el 0,1 por ciento de su cartera global. La negociación con Argentina es un caso testigo: la manera de aprovecharlo es mostrando agresividad.

Este fondo de inversiones a cargo de Larry Fink -el más grande del mundo- sabe que más temprano que tarde deberá aceptar un canje pero aprovecha su capacidad de veto para marcar los tiempos. Los datos de mercado indican que entre el grupo de bonistas Ad Hoc y Exchange se concentra casi uno de cada tres dólares de la deuda de los bonos Globales, Discount y Par.

Pista

Esta disputa de intereses entre el Gobierno y acreedores no deja margen para lograr una salida rápida a la reestructuración. Por ello las palabras de Jeffrey Sachs son la pista para empezar a repensar distintas estrategias para la Argentina.

En noviembre hay elecciones en Estados Unidos. ¿Qué pasa si ganan los demócratas a través de la candidatura de Joe Biden? Se puede especular con que la postura del Departamento del Tesoro sería más flexible con los países emergentes. En otras palabras: los fondos acreedores estarían más presionados para firmar un acuerdo. 

Los dueños de BlackRock –más allá de sus influencias en la eventual administración demócrata- deberán responder a una agenda geopolítica distinta. Algunos se preguntan entonces si no llegó el momento de esperar antes de firmar apurados.



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Vicentin viola la propiedad privada | No paga salarios, incumple con proveedores y se declaró insolvente para hacer frente a deudas con la banca pública



El salario del trabajador es también propiedad privada ¿Y por qué no se respeta? Es muy sencillo, porque las leyes y Constituciones en todos los países del mundo protegen la propiedad privada de la clase capitalista no la propiedad privada de la clase trabajadora.

Tan así es que la Constitución Nacional argentina en su redacción del artículo Nº 17 dice que: La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”

Da por sentado que se trata de la propiedad empresarial por eso no hace aclaración alguna, por ejemplo, como que la inviolabilidad se refiere a la “propiedad del capital”, de los “medios de producción”, o de los “activos físicos y financiero-monetarios”. No lo específica porque ya se sabe. Redacción que refuerza con que “no puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

La clase asalariada, pues, no es tenida en cuenta porque se da como un supuesto natural que carece de propiedad privada y, sobre todo, menos que deba ser protegida por leyes y hasta por la propia Constitución al igual que la propiedad de los capitalistas.

Fuerza de trabajo 

La pregunta que surge sería: ¿qué propiedad privada tiene el trabajador que deba ser reconocida, respetada y protegida por leyes y por textos constitucionales? 

Si tuviera patrimonio dinerario para invertir, medios de producción o activos reales no sería trabajador, sino que debería ubicarse en la clase no-trabajadora pero sí propietaria. Como trabajador, sin embargo, es un no-propietario razón por la cual el texto constitucional y las leyes no le alcanzan.

A dirigentes políticos, economistas, juristas, instituciones universitarias y de investigación parece que se le haya ocurrido examinar que, si bien el trabajador es un no-propietario, lo es por no poseer patrimonio dinerario, medio de producción o activo real, pero sí es propietario de su salario dinerario. 

El salario como pago por su trabajo es de su propiedad, es la forma dineraria de su “fuerza de trabajo”, es su propiedad privada. 

¿Cómo que el salario es “propiedad privada”? Así es en los hechos aunque las leyes y la Constitución no lo reconozcan económicamente ni jurídicamente, porque se basa en una relación social asimétrica por la cual la clase asalariada al carecer de medios de producción propios debe ofrecer su fuerza de trabajo a quien los posee pero no trabaja aun teniendo capacidad para hacerlo.

Patrimonio dinerario

Si a algún empresario dueño de un patrimonio dinerario se le inhibiera la administración del mismo por parte de una decisión jurídico-política estatal, ¿qué argumentaría como defensa de su patrimonio?  Primero que “se violan las leyes de la propiedad privada y de su efectivo ejercicio”, que es exactamente lo que arguyen los dueños de Vicentin. 

¿Y por qué cuando sucede lo mismo con el “patrimonio dinerario” del trabajador, que eso es su salario, no se denuncia, ni hay alteración en contra de tal violación? En los casos diarios y permanentes de despido, individual o masivo, el empresariado se arroga, además, la decisión (no el derecho) de no pagar de inmediato y obligar a que los trabajadores hagan juicio laboral para acceder a su “propiedad”, porque tal circunstancia llevará años y eso le dará tiempo suficiente para dilatar el pago (retener la propiedad-dineraria del trabajador) y pagar con moneda desvalorizada, cuando no sucede que el trabajador es obligado a aceptar montos indemnizatorios mucho menores para contar con el mismo pues de lo contrario no podría dar de comer a su familia en lo inmediato, a costa de renunciar al juicio y a los importes que por ley se le adeudan.

En estos casos, es evidente que la clase propietaria que pide y exige respeto por su propiedad y, efectivamente, toda la legislación y la Constitución están de su lado, sin embargo no respeta la propiedad privada salarial del trabajador. Se apoya y argumenta en la legislación vigente y en usos y costumbres seculares para violar tal propiedad

El 14 bis

Si se trata de defender la legalidad, por qué no se respeta el texto constitucional cuando en su artículo 14 bis dice “igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. La ley y su promulgación están ausentes para dar cumplimiento a lo que exige este artículo lo cual es una flagrante violación por parte del Estado y de las propias empresas.

Así por las condiciones de contratación imperantes, el trabajador primero trabaja y cobra semanas aposteriori, de manera que quien vende (trabajador) no cobra de inmediato lo que vende, y quien compra (capitalista) dispone inmediatamente de lo que compra y paga después de su uso-consumo. 

Situación de compraventa que no se da en ninguna de las otras transacciones en la que quien vende cobra y luego entrega la que vende (fábricas, comercios, negocios, kioscos). De este modo la clase que trabaja concede un crédito a la clase que no trabaja. O sea, la parte débil sostiene a la parte fuerte, pero además cobra con retraso y el trabajador no percibe un resarcimiento por tal situación de demora en el pago como si lo hacen los bancos cuando entregan un crédito. 

El capital una vez en poder de lo producido lo comercializa, recuperando el valor invertido que incluye una porción (importe salarial) que no es de su propiedad, pero que retiene hasta el momento en que debe entregarlo a su legítimo dueño. Esta es la forma en que la clase asalariada se paga a sí misma pero que es presentada y defendida como que la empresa desembolsa de su propio fondo el monto salarial. Lo evidente es que  crédito del trabajador-deuda empresarial se vuelve invisible por el discurso justificatorio y la práctica diaria, que convierte en sentido común lo opuesto (la empresa sostiene y paga el costo salarial desde el inicio).

Confiscación encubierta

Es evidente en el caso de Vicentin los despidos sin pagos de los salarios ni de las indemnizaciones correspondientes, el incumplimiento con los proveedoreslas deudas en mora con la banca pública. Son todas formas en que la propiedad privada Vicentin atropella, viola y defrauda la propiedad privada de trabajadores, de productores independientes y la propiedad estatal (Banco Nación y Banco Provincia).

De hecho, en principio, no es otra cosa que una apropiación-retención de los salarios, una expropiación de los productores y una estafa al erario público, todos procedimientos delictivos que significan en definitiva una confiscación encubierta de los activos de aquellos propietarios presentada como decisión preventiva de quiebra. 

El capital infringe las leyes (vale recordar la confiscación de las cuentas de los ahorristas del corralito de Cavallo en el 2001) y se permite impunidad. Pero vocifera cuando debe rendir cuentas ante la Justicia y la sociedad de que se está violando la propiedd privada y las leyes. Los partidos populares, los movimientos sociales, los sindicatos de trabajadores de la CGT, tienen la obligación política de movilizarse para exigir a los legisladores del Congreso Nacional que aprueben leyes que modernicen las relaciones laborales y las pongan a tono con lo que demanda la sociedad en términos de simetría y equidad social, y lo deben hacer aún dentro de esta sociedad de la desigualdad.

* Fernando Hugo Azcurra: Economista. 



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La doble pandemia chilena | Colapso sanitario con miles de muertes y un modelo sociolaboral estallado



El tridente Trump-Johnson-Bolsonaro minimizó la peligrosidad del coronavirus desde el comienzo de la pandemia. El primer ministro inglés reformateó ese discurso negador luego de ser internado por covid-19. Por el contrario, Trump y Bolsonaro insistieron en su tesitura. Sin llegar al extremo del presidente brasileño, las autoridades chilenas y mexicanas también adoptaron una estrategia sanitaria muy laxa.

Un informe de la consultora PxQ, dirigida por el economista Emmanuel Álvarez Agis, explica que “mientras que Argentina implementó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el 20 de marzo con 30 casos diarios, Brasil restringió la circulación entrado el mes de abril cuando ya estaba cerca de los 1000 casos diarios y aun cuando se aceleraron los contagios nunca llegó a ser un aislamiento total. En Chile y México sucedió algo similar, con una cuarentena “light” que se endureció cuando los casos comenzaron a acelerarse”.

El caso chileno fue muy particular porque recién el 16 de mayo se decretó una cuarentena obligatoria en la región metropolitana de Santiago. Hasta entonces, los únicos que habían implementado restricciones aisladas fueron algunas comunas y municipios. El resultado de esa estrategia del gobierno de Sebastián Piñera fue un rotundo fracaso. La nación trasandina encabeza el ranking de decesos por millón de habitantes en América latina. 

El colapso del sistema sanitario obligó a la renuncia del ministro de Salud, mientras que el diputado oficialista Andrés Celis Montt propuso el traslado de pacientes chilenos a Buenos Aires o Mendoza en aviones Hércules de la Fuerza Aérea. La economía también está crujiendo: el Índice Mensual de Actividad Económica cayó 14,1 y 15,3 por ciento interanual en abril y mayo, respectivamente. A mediados de mayo, Piñera solicitó al FMI un préstamo flexible por 23.930 millones de dólares. La petición fue aprobada un par de semanas más tarde.

En el artículo “Chile frente a la pandemia neoliberal”, el profesor José Salvador Cárcamo destaca la observación del académico de la Universidad de Chile Ernesto Águila: el país vive “una crisis masiva e inédita, con una abrupta paralización de la economía en el marco de una sociedad caracterizada por la precariedad de las condiciones de vida y del trabajo, donde casi la mitad de los asalariados trabaja sin contrato, a honorarios o con “contratos basura”, donde la pandemia ha dejado al descubierto las injusticias, abusos e irracionalidades de nuestro modelo de vida y económico”.

En ese convulsionado contexto, la sociedad chilena reaccionó con mucha bronca cuando se filtraron detalles de una licitación para la compra de artículos gourmet (caviar, mousse de pato, paté de jabalí u muzzarella de búfala) destinados al comedor de la Casa de la Moneda. El gobierno dio marcha atrás y aclaró que los productos no llegaron a ser comprados.

En el newsletter de Cenital, el politólogo Tomas Aguerre apunta que “la noticia en sí no es tan relevante pero sí la reacción en redes sociales: en Chile fue tendencia el nombre María Antonieta. Fascinante. María Antonieta quedó como símbolo de despilfarro en un momento de crisis económica que terminó en la Revolución Francesa y con su cuerpo separado de su cabeza. La famosa frase “si no hay pan que coman pasteles” se le atribuyó apócrifamente para pintar al personaje”. 

Los últimos sondeos de opinión revelan que más del 70 por ciento de los chilenos desaprueba la gestión Piñera. El niño mimado de la derecha latinoamericana no la tiene nada fácil.

@diegorubinzal

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