Categorías
Argentina El país

Carlos Rosenkrantz se quedó solo en su  apoyo a los jueces trasladados a dedo  | Los argumentos del presidente de la Corte Suprema



Hace tiempo que el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, anunció su posición favorable al reclamo del trío de jueces trasladados, que pedían quedarse para siempre en los cargos que les dio Mauricio Macri. Lo hizo desde que llegó el per saltum de los magistrados cuando, contra su costumbre, habló públicamente y deslizó que la Corte lo trataría. Lo hizo a través de los medios más afines a la oposición y alimentó el cariz político de la discusión. Luego impuso el tema en un acuerdo extraordinario, haciendo uso de una de las pocas facultades que tiene para resolver algo solo, y cuando se decidió abrir el salto de instancia ya señalaba que el Consejo de la Magistratura no debió revisar en forma retroactiva los traslados resueltos por una integración anterior del organismo. Otra vez, como en la mayoría de las sentencias, el presidente del tribunal quedó solo con un voto en disidencia, que reconoce la designación por traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara Federal como definitiva y advierte que el Consejo no debe activar ningún procedimiento –como el concurso que propone la mayoría suprema– que implique su retirada.

Para Rosenkrantz los traslados de jueces forman parte de una práctica arraigada que se usa para cubrir cargos vacantes. “Es una práctica institucional de más de siete décadas validada por esta Corte”, sostiene. También entiende que, más allá de las variaciones del régimen de traslados en el tiempo, “es indiscutible que cuando un juez es trasladado con sujeción a las pautas constitucionales y reglamentarias vigentes al momento de su traslado tiene la garantía de inamovilidad establecida por el artículo 110 de la Constitución Nacional”. Para él, incluso, tal como ya había dicho, el Consejo de la Magistratura no podía cuestionar los traslados que implicaban derechos adquiridos. “Los jueces están entonces amparados por la garantía analizada tanto si se encuentran ocupando el cargo para el cual concursaron como si se desempeñan en un nuevo cargo al que fueron trasladados”, afirma.

Lo que desliza es que, a raíz de lo resuelto por ese organismo, luego el Poder Ejecutivo y el Senado vulneraron derechos. Dice que el único órgano que puede revisar traslados es el propio Poder Judicial. En ciertos aspectos la decisión de Ronsenkrantz tiene puntos de contacto con la mayoría: por ejemplo, en invalidar la resolución 183 del Consejo de la Magistratura que fue la que cuestionó una decena de traslados porque no se había completado el procedimiento de designación constitucional. Pero el presidente supremo hace su propio razonamiento y se focaliza en que los consejeros no debieron revisar un traslado ya realizado y que además lo hicieron con criterios que no existían con anterioridad.

De todos modos, se para en un ángulo bien distinto: a su entender la inamovilidad de jueces y juezas que llegaron a cargos por traslados, sin concurso ni acuerdo, asegura la independencia judicial. Dice Rosenkrantz: “La inamovilidad es, desde el punto de vista institucional, una inmunidad indispensable para asegurar que el Poder Judicial pueda funcionar con independencia de las otras dos ramas del gobierno nacional, el Ejecutivo y el Legislativo”. 

Para el voto de mayoría de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, es exactamente lo contrario: considerar que los jueces y juezas pueden ser nombrados por traslados a un cargo permanente es lo que pone en peligro la independencia, porque libera la injerencia política para ponerlos y sacarlos a piacere. El voto mayoritario dice: “Tal como están concebidos, los traslados de magistrados de forma definitiva no cumplen con los recaudos constitucionales para la designación de magistrados y por ello socavan el pilar fundamental de la independencia judicial y los derechos de los justiciables”.



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

La Corte Suprema demora la definición de los jueces trasladados a dedo por el macrismo | No se resolvió la situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli



La Corte Suprema no parece tener el mismo el apuro que les impuso al Consejo de la Magistratura y a la Procuración (a quienes les dio un plazo de 48 horas) para tomar una decisión sobre la validez de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli, nombrados a dedo por el macrismo en cargos en Comodoro Py. Los supremos tuvieron este martes su reunión de acuerdo por Zoom pero no definieron el esperado fallo que tanto el Gobierno como la oposición aguardan con ansias ante las implicancias políticas que los medios afines a ésta última lograron instalar. Al momento del encuentro remoto ya habían pasado 21 días desde que el tribunal aceptó el per saltum en un plenario extraordinario en el que su presidente, Carlos Rosenkrantz, impuso el tratamiento del tema. Para ese entonces ya había pasado más de un mes desde que el trío BBC hizo su pedido de socorro.

El clima de desconfianza recíproca que reina en la Corte se exacerba cuando las reuniones son por videoconferencia. Nadie sabe a ciencia cierta quién más puede estar escuchando. Los grandes temas se plantean, pero nadie profundiza demasiado. La cuestión de los traslados tuvo un lugar estelar en la agenda –aunque también se habló del pedido de aumento salarial que realizan los judiciales– pero los integrantes del tribunal no cantaron sus votos en el momento. Habría más de un borrador en proceso de redacción. Igual que en 2018, cuando se planteó la discusión por los nombramientos por el mecanismo de traslado de un cargo a otro de jueces y juezas que implementaba el gobierno de Cambiemos, hay un intercambio más fluido por fuera del plenario oficial entre Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Es el mismo trío al que el exministro Germán Garavano bautizó de manera peyorativa como “mayoría peronista”, porque no le había gustado lo que decía la acordada 4, firmada en aquel entonces: que a los jueces se los elige con las reglas del procedimiento constitucional, que establece la intervención del Consejo de la Magistratura, que sustancia los concursos y vota las ternas, el Poder Ejecutivo, y el Senado, que debe prestar acuerdo.

En ese momento el disparador de la discusión fue que por una ley impulsada por el macrismo se convertían tribunales ordinarios (que juzgan delitos comunes) en federales. Así se intentó armar el Tribunal Oral Federal 9, para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero la Corte puso freno y el intento no prosperó. Ahí fue cuando comenzaron otros nombramientos por traslado, en juzgados, cámaras y tribunales orales, entre los cuales figuran los de Bruglia y Bertuzzi, que pasaron a la Cámara Federal desde el Tribunal oral federal 4, y el de Castelli, que pasó de un tribunal en San Martín, al Tribunal Oral Federal 7 en Comodoro Py. Ninguno concursó para esos cargos ni obtuvo acuerdo del Senado. En plena polémica sobre traslado de Bruglia –cuyo decreto Mauricio Macri firmó el 9 de abril de 2018– la Corte firmó una segunda acordada con los votos del mismo tridente, que decía que cuando el traslado era a un cargo en distinta jurisdicción, competencia o jerarquía, debía haber acuerdo del Senado. Ese pronunciamiento supremo fue dos días después.

Hoy cada quien hace la lectura que mejor le sienta sobre aquellas acordadas, que son eje de deliberación en relación a los traslados. Los medios afines a la oposición anuncian un fallo favorable a los jueces porque interpretan que las acordadas los benefician. El oficialismo hace la lectura contraria. La Corte evalúa matices, según lo poco que hasta ahora deja trascender: tanto en lo que se refiere al alcance del fallo (si será solo para los casos concretos, si será igual para los tres demandantes, si tendrá criterios generales) como a quién podría favorecer. Desde hace tiempo, en los virtuales pasillos tribunalicios circula una opción salomónica, al estilo Lorenzetti, que les permita a los BBC quedarse en los cargos donde fueron trasladados hasta que termine el concurso para esas vacantes, que por cierto estaba en desarrollo, algo que hizo notar oportunamente la Cámara Federal.

Una de las muestras de que el macrismo tenía noción de la discusión y las objeciones en puerta, fue que apenas después de la acordada 4 de la Corte Suprema, que señalaba el proceso complejo y completo de designación, los diputados Pablo Tonelli y Mario Negri presentaron un proyecto de ley para hacer nombramientos de jueces sin pasar por el Senado. No tuvieron éxito, pero avanzaron los traslados igual.

Hay dos datos que sugieren que el fallo supremo no debería demorarse mucho más. Por un lado, las licencias extraordinarias de Bruglia y Bertuzzi vencieron el 18 de octubre y aún no fueron renovadas. Castelli pidió la suya días atrás, y tampoco tuvo respuesta. En los hechos, están en un limbo. Por otro lado, es muy infrecuente que un per saltum demore tanto tiempo. El llamado caso “Rizzo”, que fue el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la reforma judicial que impulsó CFK en 2013, se resolvió en pocos días. Desde que la Corte abrió el recurso del Colegio de Abogados hasta que resolvió el fondo, pasaron cinco días. Todos los supremos menos Raúl Zaffaroni voltearon aquella reforma de un plumazo.

Tanto el Consejo como la Procuración cumplieron con el plazo de 48 horas que impuso la Corte apenas abrió el per saltum de los BBC. El Consejo defendió la resolución en la que cuestionó los traslados de ellos y otros siete jueces. La diferencia fue que éstos últimos aceptaron pasar por el Senado, para conseguir el acuerdo, y ellos faltaron a la audiencia pública, lo que derivó en que una mayoría de 41 senadores votara desechar sus traslados, lo que luego hizo también Poder Ejecutivo, y convalidó la Cámara de Casación. El Procurador interino, Eduardo Casal, al revés, hizo una defensa corporativa de los jueces y sus nombramientos a dedo. Dijo que habían sido “removidos” y que el Consejo no podía actuar de manera retroactiva y revisar lo que el mismo cuerpo había decidido antes, con otra composición, al aprobar los traslados.

La Corte parece encaminada a poner algún plus a su resolución, pero no está claro cuál. Sólo Rosenkrantz expuso públicamente su postura a favor de los jueces atrincherados. El resto es especulación de la alianza político-mediática que encuentra su tercera pata en el sistema judicial. 



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

Ley Micaela: La Corte dice que se autocapacita, si quiere y cuando quiera | Los supremos no quieren que Gómez Alcorta los forme en cuestiones de género



Después de que el presidente Alberto Fernández apuntara a la demora en la formación por parte de la Corte Suprema en materia de género, el alto tribunal contestó ayer con un desplante a la invitación de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a cumplir con la capacitación obligatoria que establece la Ley Micaela para quienes integran los poderes del Estado. La ministra no retrocedió ni un milímetro. Casi inmediatamente le mandó una carta al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, diciéndole que seguía esperando coordinar la fecha para impartir la capacitación, dado que la Corte no podía abstraerse de los alcances de la ley.

Los cinco integrantes de la Corte firmaron una resolución que agradece al Ministerio la invitación cursada y le hace saber que las actividades de “sensibilización y capacitación” en relación a la Ley Micaela se hacen a través de la Oficina de la Mujer, una dependencia creada en 2009 – que inicialmente estuvo en manos de Carmen Argibay y que, después de su muerte en 2014, dirige Elena Highton de Nolasco.

“Se advierte la conveniencia de emplear las estructuras e instrumentos existentes, diseñados específicamente para el Poder Judicial, para desarrollar las actividades de capacitación previstas por la ley 27.499; de manera de propender a la mayor eficacia de los objetivos propuestos a la par del mejor aprovechamiento y racionalización de los recursos con los que cuenta el Tribunal”, escribieron los supremos.

La Corte busca un artilugio para quedar fuera de los alcances de la Ley Micaela, que se aprobó después del femicidio de Micaela García, una joven militante del Movimiento Evita, y que establece una formación obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias estatales. Cuando se promulgó la ley en enero del año pasado, su autoridad de aplicación era el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Pero, en un acto en la Corte, el 28 de febrero de ese año, Rosenkrantz y Highton firmaron un convenio con Fabiana Túñez, la entonces titular del INAM, por el que se delegaba en la Oficina de la Mujer la capacitación en todo el ámbito del Poder Judicial. A ellos se les había sumado también el juez Ricardo Recondo, entonces presidente del Consejo de la Magistratura. 

“Resulta evidente que las cláusulas de un convenio acordado entre las partes no puede nunca modificar la obligación que se deriva del artículo de la ley al que se hizo mención”, respondió la ministra Gómez Alcorta en referencia al artículo 6 de la ley que establece que a las autoridades máximas de cada poder del Estado debía impartirles la capacitación el Instituto Nacional de las Mujeres, que dejó de existir tras la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir, el planteo de la ministra es que la Corte podrá definir cómo se capacita al resto de los integrantes del Poder Judicial, pero los cuatro supremos y la suprema deberán recibir la formación obligatoria por parte del Ejecutivo.

Las críticas del Presidente se conocieron el 25 de septiembre pasado porque el Poder Judicial – y la Corte como cabeza de éste – era el único poder del Estado que no había cumplido con la capacitación que exige la Ley 27.499. Ese mismo día, Gómez Alcorta informó que el 23 de junio había enviado una carta al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, para combinar la forma de implementar la capacitación, que no había tenido respuesta, por lo que iba a repetirla. En el Palacio de Tribunales, comentaron a este diario que la notificación estaba siguiendo el trámite habitual: es decir, deambulando con ritmo cansino de vocalía en vocalía. La Corte imprime tiempos especialmente lentos a los temas vinculados a la agenda de derechos y le otorga carácter de urgencia o gravedad institucional a todo aquello vinculado a la familia judicial.

La Corte ya había circulado un comunicado en respuesta a la falta de capacitación en materia de género, pero recién ayer se materializó una resolución que le respondía al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En este caso, sí hubo consenso entre los integrantes del máximo tribunal, algo que dista de ser habitual, pero probablemente no esperaban la respuesta casi inmediata de la ministra Gómez Alcorta.

Los supremos están envueltos en un clima de tensión interno y con el Gobierno. Con el Ejecutivo, el clima es punzante después de que el 29 de septiembre pasado aceptaran el per saltum de los tres jueces movidos a dedo durante el macrismo que se resisten a volver a sus tribunales de origen. Hoy está previsto un acuerdo, pero es incierto si en esa reunión se abocarán al tema.

El miércoles pasado, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, acusaron al presidente de la Corte de orquestar una convocatoria oportunista de la comisión Interpoderes, una mesa que debe velar por la agilización de los juicios de lesa humanidad y que se mantuvo inactiva durante los últimos cuatro años. La convocatoria de Rosenkrantz se concretó casi una semana después de que la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todes, presentara un pedido de juicio político por el tratamiento que el presidente de la Corte le da causalmente a los expedientes vinculados a los crímenes de la dictadura. Rosenkrantz no tuvo demasiado apoyo de sus colegas, quienes no lo acompañaron en la declaración pública que distribuyó entre medios amigos, diciendo que era víctima de una campaña de difamación, y lo dejaron solo en la reunión de la comisión Interpoderes – en la que sólo recibió críticas por el atraso de la Corte en lo referido a las causas sobre el terrorismo de Estado.



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

Per saltum, coparticipación y lesa humanidad: una agenda crítica para una Corte dividida | El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y su juego de influencias



Hace algunas semanas el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, deslizó ante colegas y colaboradores que él tenía un proyecto para el alto tribunal que no pudo concretar. Quería derramar culpas sobre el resto de sus pares, pero no precisó de qué hablaba. Como tampoco puntualizó ante la Comisión Interpoderes a la que convocó el jueves último, tras cuatro años de parálisis coincidentes con la era macrista, cuál era su propuesta para activar los juicios de lesa humanidad y las 65 causas sobre esos crímenes aberrantes que están paralizadas en algún rincón cortesano sin ninguna respuesta para los familiares y víctimas. Sólo atinó a decir: “Armemos grupos de trabajo”. Esa reunión, a la que convocó en plena tensión con el Gobierno y tras un pedido de juicio político, fue calificada de “oportunista” no sólo por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos sino por algunos de los propios supremos, quienes utilizaron en su último encuentro términos más diplomáticos que significan lo mismo. Rosenkrantz es un hombre solo en una Corte donde las alianzas son solo transitorias y rara vez lo incluyen. Los demás le hicieron el juego de abrir el per saltum a favor de los jueces atrincherados en cargos en Comodoro Py, pero ahora nadie le revela su postura sobre la cuestión de fondo que falta resolver. Parece, sí, que existiera un sector que lo empuja a exhibir resultados que desnudan el doble estándar del tribunal: así como se apura para atender preocupaciones de la familia judicial, tardó más de cinco años en decidir –al fin la semana pasada– que Jorge González Nieva estaba preso por un crimen que no cometió, cuando ya llevaba catorce detenido.

El único proyecto concreto que se le conoció a Rosenkrantz cuando asumió la presidencia en septiembre de 2018, tras desplazar a Ricardo Lorenzentti en una jugada maestra que protagonizó junto con Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, fue el de montar en el Palacio de Justicia un comedor y un gimnasio. Pronto, una acordada le quitaría el poder de tomar decisiones por su cuenta: casi para todo necesita tres firmas. De ahí su sobreactuación al convocar al acuerdo extraordinario, haciendo uso de una de sus pocas facultades unipersonales, en el que puso como tema central obligado el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para permanecer en los cargos donde fueron nombrados por traslados del macrismo (revocados por el Senado y el Poder Ejecutivo). Hizo lo que esperaban la oposición política, la corporación judicial y los medios aliados, en especial el Grupo Clarín, que hicieron del tema una cruzada política. Otro acting, quizá fogoneado con discreción por algún otro supremo que lo subestima y juega a dejarlo expuesto, fue la convocatoria a la Interpoderes, que había sido impulsada en 2008 por su antecesor desbancado Lorenzetti cuando el avance de los juicios de lesa humanidad era considerado por la Corte una política de Estado.

La vara suprema

Para los organismos de derechos humanos y todos los actores vinculados al mundo de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, es difícil creer que el hombre que pergeñó en 2017 el 2×1 a favor de los genocidas tenga alguna intención pujante de destrabar las causas de lesa humanidad que la propia Corte congeló en los años del gobierno de Cambiemos, incluso después de la condena social por aquella sentencia. Hay varios datos para leer el contexto de la convocatoria de Rosenkrantz, que se concretó el 1 de octubre: la tirantez con el Gobierno, que despotricó críticas ante la demostración del supremo de su intención de dar aval a los jueces BBC, el pedido de juicio político de la diputada Vanesa Siley precisamente por temas de lesa humanidad y las críticas a la Corte que ya habían planteado los organismos de derechos humanos al máximo tribunal cuando fueron invitados a una de las reuniones del consejo consultivo que trabaja en la reforma judicial, y que tiene en su temario el futuro de la Corte Suprema, asunto a lo que se dedicaría desde el sábado próximo, con invitación a los cortesanos. Cuando se conoció el pedido de remoción, Rosenkrantz difundió una nota donde se quejaba de que querían difamarlo con supuestas falsedades. Antes pidió apoyo al resto de los cortesanos, que se desentendieron. Alguno le dijo que ya cuando Lorenzetti sufrió embates de Elisa Carrió, el tribunal ni se metió. Es una verdad a medias, ya que en otro tiempo salieron en defensa del propio Lorenzetti y de Raúl Zaffaroni.

Ningún otro supremo estuvo tampoco con el presidente del tribunal el jueves último cuando se reunió parte de la Interpoderes. Incluso Highton, que había ofrecido su presencia, se bajó cuando leyó el panorama y comprendió que tampoco le convenía comprarse más frentes con el gobierno. No obstante, todos aceptaron firmar esta semana una sentencia relevante, con la que la Corte ofrece señales de que piensa en los derechos de la gente de a pie: por unanimidad absolvió a Jorge González Nieva, un taxista/remisero que había sido condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de una mujer tras una salidera bancaria. No había ni un elemento que vinculara al taxista con el hecho, excepto una foto suya guardada en una comisaría tras un entredicho que había tenido tiempo antes con un funcionario judicial de Morón y que fue utilizada para incriminarlo sólo porque así lo quisieron un grupo policías y funcionarios judiciales con poder de presionar a un testigo. La Corte dijo que se habían desconocido las garantías del debido proceso, defensa en juicio y presunción de inocencia. Invalidó la foto como prueba, que no había tenido cotejo en una rueda presencial.

Esa decisión hoy es vital para ese hombre al que le arruinaron buena parte de su vida después de haberlo paseado por 18 penales durante catorce años (un tercio de los cuales a la Corte le constan de manera directa), pero no remienda esa demora inexplicable que no aplica cuando son tres jueces que le caen bien al establishment y a la oposición política. El fallo de la Corte tiene una impronta similar al que absolvió en diciembre último a Cristina Vázquez (quien se suicidó en agosto pasado) y a Fernando Carrera en octubre de 2016. Todos casos que estuvieron añares sin sentencia firme, y en los que la Corte siguió esquivando definirse sobre el abuso de las prisiones preventivas y su prolongación en el tiempo.

Si de esquivar se trata, Rosenkrantz dio una clase magistral durante la reunión del jueves de la mermada Comisión Interpoderes. El presidente supremo — cuya barba crecida y blanca despertó comentarios varios — se vio obligado a responder a las críticas de Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que le reclamó por la desactivación de la Comisión Interpoderes durante cuatro años y sus dudas de que la convocatoria pudiera ser usada para intereses ajenos a los juicios de lesa.

“El trámite interno del pedido es un poco engorroso”, se excusó el presidente supremo. Quería, a tono con el discurso de la semana, presentarse como una víctima. “Desde hace un par de años, todo trámite administrativo requiere la firma de todos los ministros”, dijo Rosenkrantz, buscando pasarle la pelota al resto de los supremos. En rigor de verdad, para convocar a la interpoderes no se emitió resolución alguna que hubiera requerido la firma de, al menos, otros dos ministros y tampoco la Corte se tomó su tiempo para relevar información sobre las causas de lesa que tiene amontonadas en el cuarto piso. Rosenkrantz terminó reconociendo que estaban desactualizados y habían tenido que recurrir a los datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Nada que lo ayudara a desterrar las acusaciones de oportunismo.

Jueces y coparticipación

Para los temas que se vienen en la Corte, no hay indicios de que vaya a cambiar la dinámica interna de las últimas semanas, marcada por la enemistad Rosenkrantz-Lorenzetti y los movimientos estratégicos del resto, que también contemplan que la presidencia suprema se renueva el año que viene. Lo que ocurrió con la apertura del per saltum fue una gran paradoja: volvió a funcionar el trío al que el macrismo bautizó “mayoría peronista” precisamente cuando firmaron la primera acordada (4/2018) que decía que el único mecanismo constitucional para nombrar jueces es que el Presidente de la Nación los designa en base a una terna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública. “Queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de una transformación o un traslado”, escribió el trío Lorenzetti-Maqueda-Rosatti cuando el macrismo quiso transformar tribunales ordinarios en federales para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. En 2018, Bruglia y Bertuzzi saltaron de un tribunal oral federal (que juzga casos y hechos) a una Cámara Federal que revisa lo que hacen los jueces/as de primera instancia. No parece lo mismo, pero para muchos es opinable. Castelli cambió de jurisdicción, de San Martín a Comodoro Py, algo que según otra acordada, la 7/2018, tampoco se podría hacer sin acuerdo del Senado.

Aunque la oposición política y un importante sector de la comunidad jurídica más corporativa insisten en leer esas acordadas a favor de los BBC y en decir que igual son decisiones administrativas, a los tres mosqueteros peronistas les será difícil apartarse de esa base, que en algún despacho (virtual) se repasa con preocupación con miras a una sentencia. Los casos en juego obligarían un poco más de precisiones. La acordada 4 tuvo la disidencia explícita de Rosenkrantz y Highton, flexibles a los nombramientos por traslado. El primero no parece querer cambiar de idea; de Highton no se sabe. El otro tema en juego es la ascendencia sobre la familia judicial y en particular sobre los jueces federales, con quienes Lorenzetti construyó una alianza duradera y a quienes Rosenkrantz parece interesado en hacerles algunos gestos explícitos.

Una clave de la futura sentencia que inquieta al oficialismo es si estará solo enfocada en estos casos o si tendrá una propuesta estructural más general, y que tal vez satisfaga a los distintos públicos. Es un misterio, como lo es cuándo saldrá el fallo, que no tiene por qué ser un día de acuerdo porque ahora los supremos se manejan mucho con la llamada “firma digital”. Hay quienes que para alimentar el enigma sugieren que entre este fallo y la medida cautelar pendiente del gobierno porteño por la coparticipación podría haber algún hilo conductor. Todo un verdadero acertijo. 



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

Todas las causas de derechos humanos demoradas en la Corte Suprema | Hay 65 expedientes que esperan una decisión del máximo tribunal



Carlos Rosenkrantz organizó la primera reunión en cuatro años de la llamada Comisión Interpoderes, en la que manifestó su intención de avanzar y agilizar los juicios de lesa humanidad que arrastran ya demoras históricas. Pese a las intenciones esbozadas por el presidente supremo, el máximo tribunal tiene una mora importante a la hora de revisar las condenas de los represores de la última dictadura. Hay más de 60 causas que aun no están firmes por el paso cansino que le imprime la Corte a todo lo vinculado a crímenes de lesa humanidad.

En lesa humanidad, querellantes y fiscales están acostumbrados a correr una carrera contrarreloj. Las investigaciones se demoran muchas veces por falta de personal que esté dedicado en los juzgados y en las fiscalías a impulsar las causas. En otras oportunidades se quedan estancadas en las cámaras federales a la espera de una confirmación que nunca termina de llegar. Cuando llega el momento del juicio oral, víctimas, querellantes y fiscales se enteran que los tribunales no están integrados. Ése es el caso, por ejemplo, del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que debe juzgar los crímenes en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno, en 1 y 60 y Comisaría Octava. En ese tribunal, el único juez titular es Pablo Bertuzzi, pero se resiste a volver a la ciudad de las diagonales y la Corte Suprema le aceptó el per saltum que presentó para apoltronarse en la Cámara Federal porteña.

La Corte juega su papel en la demora a la hora de revisar las sentencias. Unas 65 causas estarían en esta situación, según estimaciones de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige la fiscal Ángeles Ramos. Esta demora no sólo impacta en la calidad de los procesos, sino que significa que muchos imputados mueren impunes y muchas víctimas, sin obtener la justicia que buscaron por más de cuatro décadas. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que participó de la convocatoria– reclamaron que se cree una secretaría de crímenes de lesa humanidad dentro de la propia Corte para asegurar un trámite más ágil centro del tribunal para los recursos que llegan y que esperan muchos años. El pedido también se extendió a la Cámara Federal de Casación, que también registra demoras importantes.

Durante el fin de semana, después del pedido de juicio político a Rosenkrantz presentado por la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos), quedó en el centro de la controversia el retraso de la Corte a la hora de resolver la situación de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y de Alberto Lemos, su administrador. En 2015, la Cámara Federal de Casación anuló sus procesamientos y dictó la falta de mérito. El fiscal ante Casación, Javier De Luca, dijo que se trataba de un sobreseimiento encubierto. Durante la última reunión interpoderes en la Corte, en 2016, los organismos reclamaron por la causa Blaquier. Para fines de ese año, llegó el dictamen de la procuradora ante la Corte, Adriana García Netto, que compartía la postura de De Luca. La Corte nunca resolvió ese planteo pese a los pedidos de pronto despacho que presentaron tanto HIJOS Jujuy como la Secretaría de Derechos Humanos. En el caso de Blaquier no se trata de una sentencia a revisar, sino de la posibilidad que los dos jerarcas empresariales se sienten en el banquillo.

La Corte sí tiene para revisar una causa emblemática de la responsabilidad empresarial. En 2017, la Sala III de la Casación Federal anuló la condena por delitos de lesa humanidad que un tribunal de Salta había dictado un año antes contra Marcos Levín, el dueño de La Veloz del Norte, por el secuestro y torturas a un trabajador. El caso sigue frenado en el cuarto piso del Palacio. Lo mismo que las condenas que impuso el tribunal oral de Mar del Plata contra los hermanos Julio y Emilio Méndez — dos civiles — por el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno.

Son, al menos, tres los expedientes en los que el máximo tribunal debe examinar hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. Por ejemplo, los referidos a la Masacre de Trelew de 1972, que hace cinco años espera en la Corte. Un tiempo similar registra el caso de la desaparición del exgobernador de Salta Miguel Ragone, secuestrado dos semanas antes del golpe. De la era Mauricio Macri quedó para revisar el fallo de la Sala III de Casación que absolvió a tres militares por el fusilamiento de catorce militantes del PRT-ERP en lo que se llamó la masacre de Capilla del Rosario de 1974. La Sala III, generosa en absoluciones, también afirmó en 2016 que los delitos sexuales son solo achacables a quienes los cometen, no a los superiores. El procurador ante la Corte Víctor Abramovich le pidió al máximo tribunal que revierta esa línea, pero los cortesanos aun no tomaron el caso de la megacausa de San Juan.

Créase o no, la Corte todavía tiene para revisar el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo, que fue en 2009 por los secuestros y tormentos a Iris Avellaneda y a su hijo, Floreal. El cuerpo del Negrito, un militante de La Fede de 15 años, apareció flotando con signos de aberrantes torturas. Hay, al menos, cuatro causas más vinculadas a crímenes en Campo de Mayo, dos de Bahía Blanca, seis de Mar del Plata, seis de Rosario y tres de Mendoza.  De las causas que tramitan en Comodoro Py, hay al menos media docena esperando en la Corte. Entre ellas, la del Plan Cóndor –que en 2016– dio por probada la existencia de una asociación ilícita regional para secuestrar, torturar y desaparecer. También están Orletti III y IV — el centro clandestino regenteado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)–, a la espera de confirmación, al igual que Vesubio II y Virrey Cevallos –el campo de concentración que la Fuerza Aérea tuvo en Ciudad de Buenos Aires–. En idéntica situación se encuentra la causa por los secuestros y tormentos en la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) a la hija y al yerno de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit. Al menos tres casos vinculados a la apropiación de niñes también se acumulan en el cuarto piso.

El retraso es enorme, algo que remarcaron los asistentes a la mermada reunión de la Comisión Interpoderes. Rosenkrantz, con su barba crecida y gesto serio, prometió –antes de cerrar el Zoom– acelerar los tiempos en la Corte, donde también estiman que tienen más de 60 pedidos de domiciliaria y otros tanto de excarcelaciones planteados por los genocidas. 



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

La carta de Carlos Rosenkrantz tras el pedido de juicio político  | El presidente de la Corte Suprema se victimiza.



Sin respaldo público de sus colegas, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, difundió un texto donde cuestiona el pedido de juicio político que presentó en su contra la diputada Vanesa Siley por demorar causas de lesa humanidad y por no convocar a la Comisión Interpoderes -que depende del alto tribunal- y que no fue citada durante casi los cuatro años de macrismo. Siley resaltó que Ronsenkrantz mandó invitaciones para activar la comisión recién la semana pasada, después de que ella presentara un nuevo pedido de remoción.

Rosenkrantz escribió un largo texto para denunciar que estaba siendo “blanco de una campaña de desprestigio en distintas publicaciones y de parte de distintas personalidades”. Para eso, mezcla el pedido de juicio político presentado el 25 de septiembre por Siley –anclado en su actuación frente a temas de crímenes de lesa humanidad — con otras denuncias que se le presentaron en el fuero penal. Por ejemplo, una por la supuesta tenencia de 71 cuentas offshore y otra por una quiebra fraudulenta.

En concreto, Siley retomó el pedido de juicio político que se había presentado en su contra en 2017 después de que motorizara el fallo que habilitaba el cálculo del 2×1 para criminales de lesa humanidad. En su descargo, Rosenkrantz hace gala de una extraña solidaridad con sus colegas Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco — consortes en la mayoría del 2×1 — y se pregunta por qué se lo achacan únicamente a él. “Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de “Muiña”, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces”, escribió Rosenkrantz.

“No es que no nos gustan las sentencias de Rosenkrantz, sino que en los casos de lesa humanidad escribe sentencias contrarias al derecho vigente”, respondió la diputada Siley en una entrevista con El Destape Radio. Para ella, la clave es que Rosenkrantz sostuvo su voto en favor del 2×1 aun cuando el Congreso votó una ley que aclaraba expresamente que los delitos de lesa humanidad no podían ser objeto de beneficios como el que él había contemplado en 2017 para el represor del Hospital Posadas Luis Muiña. Rosenkrantz mantuvo los mismos argumentos en 2018 cuando la Corte revirtió su doctrina en el caso del 2×1 en el caso de Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha. “Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad y genocidio esas penas no pueden tener amnistía ni conmutación”, agregó la diputada del Frente de Todes.

Siley le achaca también a Rosenkrantz haber dormido la causa vinculada al ingenio Ledesma, un emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Según el supremo, la causa dejó de estar en sus manos en noviembre de 2019 y estuvo sólo un 10 por ciento de los más de cinco años que pasó en la Corte el expediente que debe determinar si estuvo bien concedida la falta de mérito que dictó en 2015 la Cámara Federal de Casación en favor de los directivos del ingenio Ledesma Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos. En una de las vocalías de la Corte le apuntan al presidente supremo por la demora y en otra se hacen los distraídos.

Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy, intenta ponerle humor a la demora que hace que la posibilidad de juzgar a los presuntos responsables económicos del genocidio se les empiece a escurrir entre los dedos. “La causa está por terminar el jardín en la Corte”, le dice Arroyo a Página/12. “En este juicio que se está dirimiendo en Jujuy (que comenzó en 2018) deberían estar Lemos y Blaquier, pero no están porque la Corte no resuelve nuestros pedidos. Todos sabemos que Carlos Rosenkrantz es el abogado del poder económico y que es absolutamente intencional la demora en la Corte”, agregó Arroyo.

En septiembre de 2019, HIJOS Jujuy presentó dos pedidos de pronto despacho para que la Corte resuelva el tema. En julio de este año, hizo lo mismo la Secretaría de Derechos Humanos. El pedido estaba dirigido a la vocalía de Rosenkrantz. A diferencia de los jueces atornillados en Comodoro Py, el caso que involucra secuestros y desapariciones sucedidas hace 44 años no fue planteado como un tema de urgencia ni de gravedad institucional por el presidente de la Corte. “Si hubiese sido una causa endeble, la Corte ya habría resuelto a favor de Blaquier, pero, como está toda la prueba, apuesta a la impunidad biológica”, remarcó.

Las miradas apuntan a Rosenkrantz por sus vínculos con la familia Blaquier, un tema que surgió antes de que llegara a la Corte. Cuando defendió su nominación en el Senado, Anabel Fernández Sagasti le consultó por esta relación y él dijo que tenía trato con Nelly Arrieta de Blaquier, casualmente la esposa de Carlos Pedro Tadeo y la verdadera heredera del ingenio, porque era una generosa donante en la Universidad de San Andrés, que él dirigió hasta su llegada al alto tribunal. Su esposa, Agustina Cavanagh, integra la Fundación Cimientos, que según el Observatorio de las Élites CITRA UMET CONICET está ligada al grupo Blaquier. En su descargo, Rosenkrantz dice que es “absurdo”, pero Siley sostiene que debió excusarse en esta causa tan sensible.

En el pedido de juicio político, Siley también agrega la reticencia de Rosenkrantz a convocar a la Comisión Interpoderes — que debe velar por la celeridad en los juicios de lesa humanidad. Esa comisión no se reúne desde 2016. Desde abril de este año y en plena parálisis por la pandemia, la Procuración de Crímenes contra la Humanidad — que dirige la fiscal Ángeles Ramos — arrancó con el pedido para que se la convocara frente a una situación de extrema gravedad. En mayo, se sumó la presidenta de la Cámara Federal de Casación, Ángela Ledesma, mientras que los organismos de derechos humanos presentaron al menos cuatro pedidos. Rosenkrantz se decidió a llamarla para el próximo jueves después de que Siley presentara el pedido de remoción y la publicitó en medios amigos. La Corte tiene una importante demora en lo que hace a las causas de lesa humanidad. Según estimaciones a las que accedió este diario, son aproximadamente 65 causas las que deben ser revisadas por el máximo tribunal.

La carta de Rosenkrantz completa

Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada. Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo “Muiña” (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del “2×1”) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas.

Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución.

Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno.

La diputada considera que incurrí en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional por haber suscripto mis votos en los casos “Muiña” y “Batalla” (2×1). Afirma que vulneré el bloque de constitucionalidad que obliga a perseguir y condenar delitos de lesa humanidad y también el consenso social. Sostiene que frustré “gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”. Dice que me conduje con “ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana” por haber mantenido mi postura sobre el 2×1 después de las protestas ciudadanas de 2017 y la sanción de la ley 27.362. También sostiene que demostré una “palmaria incomprensión del derecho normativo vigente” porque mi voto en “Batalla” no repara en que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables o pasibles de indulto o conmutación de pena.

Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de “Muiña”, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el “2×1” (tanto en “Muiña” como en “Batalla”) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpretaron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país. Y quiero decir, en particular, que la acusación de que “no reparé” en que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena revela que la legisladora ni siquiera ha leído mi voto. Expliqué expresamente en los considerandos 20 y 21 de mi disidencia en “Batalla” por qué el cómputo de pena discutido en ese caso, según lo veo, no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena.

La legisladora también me acusa de demorar la resolución de la causa “Blaquier”, un expediente que está en trámite, en lo que califica como una “obstrucción flagrante de la labor jurisdiccional”. Indica que la causa en cuestión está hace mucho tiempo y actualmente en mi vocalía “dilatando de esa forma la resolución de la causa y negando de forma injustificada la justicia”. Además, me cuestiona por “los vínculos explícitos … con la poderosa familia Blaquier” porque mi esposa integra el Consejo de Administración de la ONG “Cimientos” junto a un sobrino del acusado.

La información sobre el movimiento del expediente que inspiró esta acusación es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web. Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019. Al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial n° 3 que la causa siguiera su trámite. No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total.

Por otro lado, la acusación relativa a mis vínculos “explícitos” con la familia Blaquier basada en que mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado es completamente absurda.

La acusación me atribuye además un “intencionado menosprecio por los derechos humanos”, lo que se manifestaría en el hecho de que la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad nunca se reunió desde que asumí la presidencia de la Corte pese a que diversos organismos de derechos humanos solicitaron reiteradamente su urgente puesta en funcionamiento. Agrega que desde que asumí la presidencia del cuerpo gran parte de mis decisiones jurisdiccionales y administrativas “estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos”.

Nuevamente, la acusación es infundada. La legisladora no señaló ninguna decisión específica adoptada en mi carácter de Presidente que haya atentado contra los objetivos que señala. Asumí como juez en agosto de 2016. La última reunión de la Comisión ocurrió en septiembre de 2016. Fui electo titular del cuerpo en septiembre de 2018. Como es sabido, el esquema decisorio colegiado que rige desde diciembre de 2018 por el dictado de la Acordada 44/2018 impone que las decisiones administrativas y de superintendencia judicial se adoptan con la voluntad de al menos tres Ministros. De todas maneras, lo cierto es que este año, tras un pedido de algunos organismos de derechos humanos, la Corte, por decisión de sus Ministros, reimpulsó este espacio de coordinación para agilizar el trámite y resolución de los casos de lesa humanidad y afrontar cuestiones logísticas de estos procesos. En ese marco convoqué a una reunión de la Comisión Interpoderes para este jueves 8 de octubre.

La promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme. Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria. Respecto de la excusación voluntaria, adopté como criterio excusarme o abstenerme de participar cuando consideré que mi participación en la causa podía generar dudas sobre mi imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte.

Finalmente la diputada cuestiona mi intervención en el expediente “Amelong”. Señala que mi postura priorizó indebidamente la situación de condenados por lesa humanidad. Menciona que se trató de una “decisión inexplicable jurídicamente y absolutamente arbitraria y discrecional” porque durante la feria extraordinaria en virtud de la pandemia resolví unipersonalmente como juez de feria que no correspondía habilitar la feria para tratar ese caso pero habilité unilateralmente que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario revisase si era procedente el otorgamiento de la prisión domiciliaria por ser el peticionante paciente de riesgo por ser grupo de riesgo en el marco de la pandemia.

En realidad, el 1 de abril de este año en la causa mencionada rechacé la habilitación de feria propuesta por el imputado, que cuestionaba la restricción de su libertad, por considerar que no había cumplido con la carga de demostrar la existencia de un gravamen irreparable para que prosperara la habilitación de feria. No obstante lo anterior, en cuanto el planteo del imputado se vinculaba con la situación de riesgo personal por la pandemia dada su edad, historia clínica y deteriorada condición de salud, ordené la remisión urgente de su pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, para que los jueces adoptaran la decisión que consideraran procedente. El mismo procedimiento se adoptó con otros imputados.

En suma, las acusaciones son infundadas. Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que “es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político”. Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno.



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

Vanesa Siley: “Sería importante que la Corte atienda otras materias, además de intereses de grupos poderosos” | Declaraciones de la diputada nacional del Frente de Todos 



La diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley, quien presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, aseguró que el recurso para destituir al magistrado no había tenido que ver con la aceptación del per saltum que detuvo los traslados de tres jueces federales, sino que había estado relacionado a “varias causas” vinculadas a delitos de lesa humanidad. “El pedido lo hicimos el 25 de septiembre, cosa que es importante destacar, y tampoco buscamos que salga en los diarios ni lo publicamos en ningún lado”, destacó. 

“Sería importante que la Corte atienda otras materias, además de intereses de los grupos poderosos de la Argentina”, sostuvo Siley en declaraciones radiales, en las que cuestionó con dureza el vínculo del titular de la Corte Suprema de Justicia con la familia de Carlos Blaquier, empresario acusado de haber sido cómplice civil de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Siley se refirió a la causa que investiga la responsabilidad de Blaquier en la llamada “Noche del Apagón” de 1976, episodio en el se apagaron las luces de las localidades jujeñas del Libertador General San Martín y Calilegua (zonas de influencia de los dueños del ingenio Ledesma) y los militares secuestraron a más de 400 personas, de las cuales hoy continúan desaparecidas unas 55: “Rosenkrantz no avanzó ni un centímetro en la causa”, denunció.

Siley, quien es también integrante del Consejo de la Magistratura, negó que el pedido de juicio político estuviera relacionado con la aceptación del per saltum que detuvo los traslados de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, y subrayó que “son varias las causas” sobre las que se cimentaba su pedido, en particular su accionar respecto “a los 2×1 entregado a represores de la última dictadura”. “Esto tiene que ver con los intereses: ¿a qué intereses debe defender un magistrado? ¿Cuál es su función, a qué debe abocarse como funcionario público?”, se preguntó Siley, y reflexionó: “Los intereses del bien general, del bien común de la sociedad toda, la igualdad ante la ley; eso es la función primordial de un magistrado; eso es la independencia”.



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

Carlos Rosenkrantz se acordó de las causas por los crímenes de la dictadura para eludir el juicio político | El presidente de la Corte convocó a la Comisión Interpoderes sobre los juicios de lesa humanidad, paralizada durante los años de Macri



El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, no para de dar sorpresas incluso a sus propios colegas. Mientras desplegaba su ofensiva por rescatar con un per saltum a los tres jueces atornillados a sus cargos en Comodoro Py, enviaba al resto de los supremos un e-mail que anunciaba que convocaría a la Comisión Interpoderes, la encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad que dejó de reunirse durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa responde a un reclamo específico de los organismos de derechos humanos, pero fue puesta en marcha ahora por una necesidad personal de Rosenkrantz, sobre quién recayó el 25 de septiembre un pedido de juicio político promovido por la diputada Vanesa Siley (Frente de Todes) precisamente por haber “favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado”. Según pudo constatar Página/12, hay más de 50 causas de este tipo estancadas en el alto tribunal. El viernes último los medios más afines a la oposición publicaron la noticia cual logro del titular de la Corte, que desde unos días antes hizo circular que su idea es cuidar los derechos de todas las partes, no sea cosa que los represores se asusten. La primera reunión por Zoom será el jueves próximo y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ya confirmó su presencia remota. Los organismos afinan su agenda después de cuatro años de silencio supremo.

Parece una gran paradoja que la reunión de la “Interpoderes” sea organizada después de tanto tiempo en un contexto en que la Corte, y con especial ímpetu el propio Rosenkrantz, acaba de dejar planteado un escenario de conflicto de poderes alrededor de la discusión sobre la validez de las designaciones por el mecanismos de traslado, sin pasar por el Senado, que en 2018 obtuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli (los dos primeros a la Cámara Federal porteña y el tercero al Tribunal Oral Federal 7). La apertura del per saltum, que además prohibió por ahora que los tres jueces sean reemplazados, fue un golpe sorpresivo para el Poder Ejecutivo, que por decreto había ratificado lo decidido por el Senado: el rechazo a los tres traslados. Falta la decisión de fondo de la Corte, pero el procurador interino Eduardo Casal dictaminó anoche a favor de los tres jueces, lo cual no es vinculante para la Corte. Todavía hay final abierto, aunque la situación del tribunal con el Gobierno sea de alta tensión. 

Pese al clima de tensión, desde el Ejecutivo remarcan que el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, presentado por Siley, nada tuvo que ver con que la Corte admitiera el per saltum del trío. De hecho, la presentación de Siley fue el viernes 25 de septiembre y la decisión del máximo tribunal tuvo lugar el martes 29. Las fechas no coinciden con la idea de represalia que se pretende instalar desde los medios y la oposición, aliados estratégicos del juez Rosenkrantz.

Plan rescate

En la vocalía de Rosenkrantz se trabajó hasta tarde el viernes 25. Los teléfonos de sus secretarios más cercanos ardieron hasta pasada la medianoche. Estaban preocupados por avisar que el supremo mandaría pronto las invitaciones al Gobierno, a la Procuración General, a la Cámara Federal de Casación, al Consejo de la Magistratura, al Congreso y a los organismos de derechos humanos para convocar. Todos ellos integraron la Comisión Interpoderes desde que fue creada en 2008 por el antecesor en la presidencia suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando la Corte todavía decía que los juicios de lesa humanidad eran una política de Estado. La última vez que se reunió la Comisión fue en 2016 y sólo participaron Lorenzetti y Horacio Rosatti, que era todavía un recién llegado al Palacio.

En realidad, no fue que a Rosenkrantz le agarró un ataque repentino de interés por las causas de lesa humanidad, sino que se preocupó por contrarrestar el pedido de juicio político que había presentado Siley ese mismo día. La diputada –que también integra el Consejo de la Magistratura– lo acusó de favorecer la impunidad de los genocidas. Su presentación decía que cuatro casos de lesa humanidad que fueron resueltos o están por resolverse en la Corte muestran cuáles son las verdaderas intenciones de su presidente. Por ejemplo, el del cálculo del 2×1 que favoreció al represor del Hospital Posadas Luis Muiña, que fue motorizado por Rosenkrantz y contó con los votos de Rosatti y Elena Highton. Sus dos colegas cambiaron de opinión después de que el Congreso aprobara una ley interpretativa y de movilizaciones masivas que ningún supremo había previsto. Rosenkrantz, no. Se empacó y dijo que el beneficio le correspondía a Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha. En plena feria, recordó Siley, Rosenkrantz remitió a un tribunal oral federal de Rosario un planteo del represor Juan Daniel Amelong para que le otorgaran domiciliaria. El cuarto caso es el del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, al que Rosenkrantz le aplica un tratamiento de cronoterapia en su vocalía desde hace un año. El otro punto en el que se basaba el pedido de juicio político era la reticencia de Rosenkrantz a convocar a la Comisión Interpoderes.

Tienes un e-mail

Rosenkrantz, que tiene escaso poder dentro de la Corte ya que la mayoría de las decisiones se deben tomar con tres votos, aprovecha el contexto de la pandemia para informar por correo electrónico a sus colegas aquellas cosas que puede decidir en soledad. Así como informó de ese modo el llamado a la Interpoderes, convocó a acuerdo extraordinario donde impuso el tratamiento del per saltum del tridente BBC. En uno de los acuerdos previos había informado que tenía varios reclamos para hacer la reunión por las causas de lesa humanidad, quizá el tema que más incomoda al jurista. Los pedidos se acumulan en el cuarto piso del Palacio desde hace, al menos, cuatro meses. Los organismos de derechos humanos hicieron cuatro presentaciones, incluso la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma, le hizo llegar su preocupación al máximo tribunal por el parate en el que estaban los juicios en mayo pasado después de una presentación de la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la fiscal Ángeles Ramos.

Los demás supremos se hicieron los distraídos ante la convocatoria a la Interpoderes. Ante el silencio sepulcral del resto de sus colegas, la jueza Highton se ofreció a acompañar a Rosenkrantz en el evento, un poco obligada por su cargo de vicepresidenta del cuerpo. Lorenzetti mastica bronca porque fue él quien creó la Comisión y siempre manejó la relación con los organismos. El enfrentamiento que mantiene con Rosenkrantz desde que en 2018 fue desplazado de la presidencia tiñe todas las discusiones. Rosatti y Maqueda miran de lejos, por si acaso.

La idea de Rosenkrantz es hacer una reunión breve, que vaya al punto y evitar los discursos encendidos de los organismos, que inevitablemente le reprocharán haber sido el alma pater del 2×1. El supremo también se comunicó con algunos jueces de la Casación Federal, por lo que se presume que podría querer pasarle la posta de la Interpoderes al máximo tribunal penal del país. Al momento de justificar su interés por ocuparse del tema ahora, Rosenkrantz y su equipo explican que hay una “afectación de derechos”, dando a entender que quizá estén especialmente interesados en la situación de los imputados o condenados por crímenes aberrantes.

La convocatoria a la Interpoderes no quedó por fuera de la interna palaciega que se vive en la Corte. Rosenkrantz se ocupó de correr a quienes habían manejado hasta entonces la relación con los organismos o con las partes interesadas en las causas de lesa humanidad aduciendo que respondían a Lorenzetti. Quizá fue por eso que los organismos de derechos humanos no recibieron llamado alguno para convocarlos a la reunión a la Corte, sólo un correo enviado desde la secretaría privada de la presidencia del tribunal. A los funcionarios los llamó Agustín María Casares, otro hombre de confianza del presidente de la Corte. A ninguno de los invitados les comunicaron un temario, sólo a algunos les anticiparon que la idea de la Corte es dividir el trabajo en grupos temáticos.

El sello Rosenkrantz

Rosenkrantz conformó el voto mayoritario en dos fallos emblemáticos de la era Macri: el del 2×1 –que motorizó él mismo– y el fallo Ingenieros, por el cual la Corte le negó una reparación a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura. Después, en general, Rosenkrantz ha encarnado la minoría automática en cuestiones de lesa humanidad. En general, cuando circulan los expedientes sobre crímenes de la dictadura, Rosenkrantz suele escribir a mano “No firmo”.

Desde hace un año, Rosenkrantz está sentado sobre una causa especialmente sensible, la de la responsabilidad de las máximas autoridades del ingenio Ledesma con secuestros producidos durante “los apagones” de 1976. En 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anuló los procesamientos de Blaquier y de Alberto Lemos y dispuso su falta de mérito. El fiscal de Casación Javier De Luca recurrió la decisión y dijo que se trataba de un sobreseimiento encubierto. La procuradora ante la Corte, Adriana García Netto apoyó la postura de De Luca. Sin embargo, la Corte nunca trató el tema.

Todas las miradas apuntan a Rosenkrantz por la relación que su esposa, Agustina Cavanagh, tiene con los Blaquier. Cavanagh presidió la fundación Cimientos hasta que Rosenkrantz llegó a la Corte y actualmente integra el consejo de esa organización, que según el Observatorio de las Élites CITRA – UMET – CONICET está ligada a los Blaquier. Cuando defendió su nominación en el Senado, Rosenkrantz dijo que su única relación con la familia era a través de Nelly Arrieta de Blaquier por ser donante en la Universidad de San Andrés, la que él dirigió hasta su mudanza a la Corte. Nelly está casada justamente con Carlos Pedro. Los Blaquier también tienen casa en el selecto country Cumelén de Villa La Angostura, donde Cavanagh heredó una casa y al supremo le gusta vacacionar.

Siley y el juicio político

“Carlos Rosenkrantz nunca citó después de siete pedidos de los organismos de derechos humanos a la Comisión Interpoderes, que es la encargada de garantizar la celeridad y el acceso a justicia real para todo lo que es delitos de lesa humanidad, y o hace ahora, luego de anoticiarse de este nuevo pedido de juicio político. Es una actitud claramente hipócrita”, le dice a Página|12 Vanesa Siley, diputada del Frente de Todes, que el viernes 25 de septiembre presentó un nuevo pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. La presentación de Siley sigue la misma línea de los tres pedidos que se habían presentado en 2017 después de que Rosenkrantz junto con Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti firmaran el fallo del 2×1, que abría la puerta para una liberación temprana de cientos de represores.

“¿Cómo puede tener una Corte Suprema gravedad institucional la situación de tres jueces trasladados y no tener gravedad institucional las causas de lesa humanidad, como la causa Ledesma, donde está imputado Carlos Pedro Blaquier?”, pregunta Siley. “Esa causa la tiene la vocalía de Rosenkrantz y no fue tratada. Para la sociedad argentina y la democracia es fundamental determinar la complicidad civil en la última dictadura cívico-militar, pero para él no es un tema de urgencia. Ahí hay relaciones familiares en juego entre la esposa de Rosenkrantz que integra la misma Fundación Cimientos que la familia Blaquier”, agrega.

Algo más que un simple retraso

La convocatoria del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a los organismos de derechos humanos después de cuatro años de haber desactivado la Comisión Interpoderes se da en un contexto de importante retraso por parte del propio máximo tribunal a la hora de confirmar las sentencias por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

Según estimaciones, la Corte tiene más de 50 sentencias por revisar referidas a crímenes contra la humanidad. En el tribunal, estiman que los expedientes rondan los 500 porque hay varios recursos por causa. Todavía resta a la Corte resolver varios planteos de represores que pedían que les aplicaran el cálculo del 2×1. En esos casos, la respuesta del tribunal es prácticamente automática porque remiten al fallo Hidalgo Garzón, en el cual la mayoría de los supremos –con la estoica oposición de Rosenkrantz– consideró que ese beneficio no era aplicable a criminales de lesa humanidad.

Algunas de las causas para revisar llevan más de cinco años en el Palacio, como es el caso de la sentencia por la Masacre de Trelew, en la que la Corte deberá confirmar la caracterización como delitos de lesa humanidad hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. Una situación similar es la llamada masacre de Capilla del Rosario de 1974, en la que catorce militantes fueron asesinados, pero la Sala III de la Casación no entendió como delitos de lesa humanidad y anuló la condena de tres militares. Ese caso tiene dictamen del actual procurador interino Eduardo Casal que pide que se revierta la decisión del máximo tribunal penal del país.

Desde febrero de 2017, los cortesanos tienen para estudiar un caso emblemático sobre delitos sexuales: la causa Martel, de San Juan. Al revisar las condenas en 2016, la Sala III de la Casación sostuvo que los abusos sexuales debían ser considerados como delitos de propia mano. Es decir, solamente achacables a quienes perpetran el crimen pero no a sus superiores. Otro caso que espera el análisis de la Corte tiene que ver con el Plan Cóndor, un juicio histórico que terminó en 2016 y en el que el Tribunal Oral Federal 1 describió al Cóndor como una asociación ilícita regional.

Varias causas vinculadas a la apropiación de niñes durante el terrorismo de Estado siguen en la Corte. Por ejemplo, los supremos deberían revisar la absolución del médico Raúl Martín en el segundo juicio por la maternidad clandestina de Campo de Mayo y las condenas por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, la primera nieta nacida en cautiverio encontrada por las Abuelas. Ese juicio terminó en 2013 en La Plata. Esa jurisdicción tiene atrasos significativos en la revisión de las sentencias, especialmente en la Casación Federal, que todavía no analizó ni las condenas por Circuito Camps de 2012 ni de La Cacha de 2014.



Fuente link:

Categorías
Argentina El país

Apuntan a una seguidora de Elisa Carrió por el “escrache” contra Ricardo Lorenzetti | Corina Vecchioli y las presiones opositoras sobre la Corte Suprema



Apenas bajó la espuma de la módica caravana de autos que el sábado por la tarde conmovió a bocinazos la tranquilidad del barrio de Rafaela donde el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, suele pasar sus fines de semana, además de repudios a lo sucedido empezaron los señalamientos sobre sus posibles organizadores. Cerca del miembro del máximo tribunal señalaban el rol que habría jugado la politóloga Corina Vecchioli, una antigua militante de Cambiemos y entusiasta impulsora de los sucesivos “banderazos” con que la oposición intenta deslegitimar al oficialismo. 

A la hora de identificar responsables, también en el Gobierno nacional apuntaban desde el domingo hacia la ex candidata de Elisa Carrió para la intendencia de la ciudad. Lanzada su aspiración en abril de 2019, finalmente fue derrotada en la interna por Leo Viotti, en cuya lista fue candidata a concejala en representación de la Coalición Cívica.

Los permanentes cruces entre Elisa Carrió y Ricardo Lorenzetti, le dan un marco más que sugerente a los señalamientos sobre la responsabilidad de la representante de la dirigente de Juntos por el Cambio en la organización del “escrache”. Su último posteo en Instagram estuvo dirigido a deslegitimar el lugar de la Cámara de Diputados donde, como ella misma señala, trabajó durante seis años. 

Los servicios en acción

Uno de los últimos capítulos de la saga se dio alrededor de la causa en la que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla investiga a la banda de espías encabezada por Marcelo D’Alessio. En ella apareció comprometida Elisa Carrió y desde el círculo íntimo de Lorenzetti se señaló a esa organización como la que habría armado las sucesivas operaciones de la líder de la Coalición Cívica en su contra.

Cerca de Lorenzettí cuentan que al principio del gobierno de Mauricio Macri el juez recibió una foto en su teléfono celular. En la fotografía estaba su propia imagen y el hombre de Rafaela leyó el hecho como un mensaje mafioso. Justamente la banda de D’Alessio usaba como modus operandi hacer seguimientos de sus víctimas, sacarles fotos y mandárselas, como método intimidatorio. Luego apareció una pintada a dos cuadras de la casa de la madre del juez y después comenzó la embestida judicial de Carrió. Lorenzetti cree que todos estos hechos están relacionados entre sí y el denominador común es la asociación ilícita que investiga Ramos Padilla.

Poco antes, cuando aún no se conocía la existencia de la organización ni el involucramiento de Elisa Carrió en ella, en una entrevista con la cadena norteamericana CNN, Lorenzetti había señalado que era víctima de espionaje ilegal aunque sin dar mayores detalles: “Hemos tenido muchas agresiones públicas. Me realizaron una investigación ilegal”, dijo. “Con las críticas se busca presionar a la Justicia”, agregó. Y recordó que ni bien asumió el Gobierno de Macri “tuve una pintada muy agresiva en la casa de mi mamá en Rafaela, Santa Fe. Después, a los 15 días, Elisa Carrió me denunció por enriquecimiento ilícito. La denuncia de Carrió quedó en nada”. Pero la dirigente de Cambiemos no se rindió y siguió con sus ataques. Además de acusarlo de presunto enriquecimiento ilícito, lo denunció por tráfico de influencias y por los presuntos delitos de encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Además, Carrió presentó un pedido de juicio político aduciendo mal desempeño y otros delitos.

Los repudios y el tuit de Macri

Después del desfile de la caravana de autos con banderas argentinas y carteles con inscripciones como “Alberto y Cristina fuera de Argentina” o “Señores jueces, dejen de violar la Constitución”, se desató una ola de repudios a las presiones opositoras sobre los jueces de la Corte Suprema que este martes tienen que pronunciarse sobre el destino de los tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, cuyos traslados a dedo fueron revocados por el Senado.

Abundaron los pronunciamientos oficiales, encabezados por la ministra de Justicia Marcela Losardo, que expresó en su cuenta de Twitter “Mi solidaridad y profundo repudio a los hechos ocurridos contra el Ministro Ricardo Lorenzetti y reafirmo el compromiso por una justicia independiente”.

Pero ante la repercusión de las presiones, también aparecieron algunos repudios de parte de los dirigentes opositores. El más comentado resultó el del expresidente Mauricio Macri, quien no se refirió directamente a los hechos sino que realizó una exhortación genérica: “La Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole. No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Tenemos que respetar a la Justicia y dejarla actuar.”

La ambigüedad del texto desató un debate en las redes. ¿Macri estaba hablando del excrache a Lorenzetti o de las críticas de Alberto Fernández al presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz? La enumeración de los cinco nombres de los integrantes del tribunal hace pensar más bien en lo segundo.





Fuente link:

Categorías
Argentina El país

La Corte Suprema y el juego de intereses por los jueces trasladados a dedo | ¿Qué hará el máximo tribunal con el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli?



Alberto Fernández decidió poner en primer plano el conflicto con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien desató en las últimas dos semanas una sucesión de jugadas para presionar a sus colegas cortesanos en la discusión por los jueces designados por traslado en cargos claves de Comodoro Py durante el macrismo: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La última y crucial iniciativa fue anunciar en forma unilateral, pero sin recibir resistencia, que el acuerdo del tribunal del próximo martes será “extraordinario”. El tema central será el pedido de per saltum de los tres jueces, que no quieren a volver a sus cargos de origen como les ordenaron el Senado, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Casación. Con su urgencia e imposición, Rosenkrantz dejaba a la vista que sus propias acciones exceden esa discusión por los nombramientos y que estaría actuando como defensor de intereses corporativos, de la oposición política, de grupos económicos y medios afines, en particular el Grupo Clarín que les dedicó varias tapas y páginas a los jueces trasladados. “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando”, se preguntó públicamente el Presidente, como para dejar al cortesano al desnudo.

Hasta la semana pasada, la Corte mantenía la política de esquivar o posponer el per saltum planteado por los tres jueces atrincherados. Lo que pretenden es que la Corte valide sus nombramientos a dedo durante el gobierno de Macri, sin concurso ni acuerdo del Senado. Bruglia y Bertuzzi pasaron de un tribunal oral a la Cámara Federal, y Castelli pasó de un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7. A la primera presentación de esas características los supremos respondieron “téngase presente”, que equivale a un desaire, y avisaron que tendrían la última palabra. Pero pronto Rosenkrantz asomó y abandonó su habitual bajo perfil con declaraciones sobre el tema en los medios. No en cualquiera, sino en Clarín y La Nación. Intentaba decir, contra lo que se veía, que la Corte trataría el pedido de saltear instancias. Tanto en el tribunal como en el Gobierno, nadie cree que Rosenkrantz, designado en la Corte inicialmente por decreto de Macri, actúe sólo por convicción. A la presión de los medios se sumó hasta un proyecto de resolución del interbloque Cambiemos para “exhortar” a la Corte a pronunciarse, como si el tema Bruglia-Bertuzzi-Castelli (BBC) fuera de vida o muerte.

Desde el punto de vista jurídico, una mayoría en la Corte manejaba un criterio que les parecía obvio: el trío BBC había iniciado acciones judiciales en el fuero contencioso administrativo que tarde o temprano llegarán a los despachos o computadoras del alto tribunal. Hasta ahora los jueces trasladados sólo obtuvieron rechazos a medidas cautelares y al amparo por parte de la jueza María Alejandra Biotti, que ahora está en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Desde la Corte miran con atención los movimientos de este tribunal porque si llegara a tomar una decisión antes del martes, algo no tan probable, el per saltum podría quedar abstracto. 

Los supremos y la suprema se reunieron por Zoom el martes último. El encuentro empezó tenso porque Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pasaron facturas por notas periodísticas. El encono entre ambos se remonta al 11 de septiembre de 2018, cuando el primero desbancó al segundo, que llevaba más de una década en la conducción del tribunal, en un golpe palaciego del que participaron todos menos Juan Carlos Maqueda. Esta vez el presidente supremo se quejó por una nota en Infobae que decía que la Corte no tiene conducción y por ende el Poder Judicial está acéfalo. Lorenzetti reprochó las apariciones mediáticas de Rosenkrantz tratando de imponer la idea de que el tribunal resolvería el per saltum. El presidente de la Corte es, objetivamente, un juez con poco margen de acción porque sus colegas en una acordada le recortaron hace dos años la posibilidad de tomar decisiones individuales. Casi todo requiere tres firmas

Poder en juego 

Para hacer una demostración de que conserva poder, Rosenkrantz usó una de las pocas posibilidades que tiene de resolver algo de manera unilateral: anunció en el acuerdo remoto que el próximo será “extraordinario”, aunque es un día de plenario habitual, y se tratará el recurso del trío BBC para saltear instancias. Nadie le dijo que no, incluso Rosatti, Maqueda y Lorenzetti dieron señales de aceptarlo. El ofreció una razón curiosa: dijo que había que apurarse porque está en juego el prestigio de la Corte, y en su caso personal su “capital reputacional”. El argumento de que la Corte no hace nada, elude y posterga es el que intenta utilizar la oposición respecto de los jueces atrincherados. Pero desde el Gobierno, e incluso el presidente Fernández, intentan mostrar que la pasividad más preocupante del tribunal atañe a otros asuntos. Tardaron dos años en resolver, por ejemplo, los recursos de los imputados por tragedia de Once, y lo hicieron con el artículo “280” del Código Procesal Civil y Comercial, que los exime de fundamentar y analizar el caso. Sólo usan la palabra “improcedente”. Alberto Fernández les recriminó también que son el único poder del Estado que hasta ahora no aplicó las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela (en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres), pese a que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta envió una nota a Rosenkrantz en junio. El supremo se anticipa ahora a otro tema en la misma línea y convocaría a la llamada “comisión interpoderes”, que no se reúne desde 2016, por los juicios de lesa humanidad. 

Cuando Rosenkrantz habla de su “reputación” e intenta arrastrar con él a los demás, en realidad parece aludir al respaldo de medios y corporaciones. Su vinculación con Clarín es de larga data, no sólo porque su estudio representó al grupo empresario en el pleito por la Ley de Medios, sino por su vínculo con el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que incluso publicó un libro sobre el tema en medio de las audiencias en la Corte. “Pepín” fue uno de los hombres de la mesa chica de Macri. A Alberto Fernández le llegó la versión de que Rosenkrantz había tenido un encuentro reservado con Macri a cuento de la polémica por los traslados. El supremo, informaron sus colaboradores, le hizo llegar un mensaje este sábado desmintiendo tal situación. Lo que parece impresionante es el cúmulo de intereses que parecen moverse detrás de la iniciativa y el apuro por el asunto de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Por empezar, la exhibición de poder guarda lo lógica de la famosa frase que Héctor Magnetto, el CEO de Clarín, le dijo a Carlos Menem sobre quién manda verdaderamente el país: “el presidente ocupa un puesto menor”. Luego hay temas puntuales: intereses de este grupo empresario que tocó el Gobierno al declarar esenciales tres negocios que son medulares para él como la televisión por cable, Internet y la telefonía celular. Otras dos cuestiones latentes: que se reflote la Ley de Medios, lo que limitaría las propiedades de medios del grupo Clarín (casi única en el mundo), y la posibildad de que se revise la compra de Telecom. 

Escenarios en puerta

La Corte es hoy una especie de serpentario donde prevalece la desconfianza mutua entre la mayoría de sus integrantes desde hace más de cuatro años. Las relaciones están marcadas por las pujas de poder y con la mira puesta ya en el año que viene, cuando a Rosenkrantz se le termine la presidencia, lugar al que Lorenzetti ansía volver y que Rosatti también mira con cariño, y algo de cautela. Sobre la cuestión de los jueces trasladados sólo el presidente supremo es el que ha mostrado algunas de sus cartas y sincerado su postura de darles un aval e incluso abrir el per saltum. Los demás mantienen reserva y en los Zoom no adelantan demasiado. Lorenzetti se ha mostrado sinuoso, necesita mantener sus buenos vículos con Comodoro Py, pero cuida su vínculo con el Gobierno y el mundo empresario. Al trío BBC le hizo llegar en algún momento, que estaba de su lado, pero no es lo que manifestó puertas adentro de la Corte. 

En el Gobierno creen que es muy poco probable que la Corte decida abrir el recurso para saltear instancias y también confían en que los traslados no sean avalados. A la vez sospechan de la habilidad de los supremos para hacer gestos hacia la propia corporación judicial. En el alto tribunal contaron a Página/12 que la semana pasada hubo secretarios consultando juriprudencia específica: casos donde tal vez se hayan rechazado recursos pero el tribunal haya “exhortado” a otros jueces a resolver ciertas cuestiones. Una posibilidad, en ese sentido, sería que ignoren o rechacen el per saltum pero hagan una llamado, por caso, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. También tienen pendiente resolver los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi, que pidieron primero una licencia extraordinaria y luego vacaciones trabajadas. Casación insistió en que deben resolverlo los supremos. Castelli consiguió licencia en el tribunal de San Martín pero sus dos colegas están en el limbo, porque no quieren convalidar el regreso a sus cargos de origen. Una licencia no es algo imposible y podría “preservarlos” hasta que llegue una definición judicial sobre la validez de sus traslados. 

Fernández advirtió algo que la Corte analiza: “¿Qué pasaría si yo hoy para el juzgado de Claudio Bonadio, que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? ¿Qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal buscara a cuatro jueces que me caen simpáticos dentro de los Tribunales Orales y los hago camaristas por un decreto? (…) Sería un escándalo. Eso es lo que hicieron”. 

Los jueces y la jueza de la Corte tienen la posibilidad de asistir al acuerdo especial citado por Rosenkrantz sin ninguna propuesta y negarse a resolver. No parece lo más rendidor para ellos al estar en el centro de la escena con otro tema pendiente: la cautelar de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación. Es una Corte que teme a los escraches, por experiencia. No es claro aún lo que puede pasar y hay que ver qué hace la Cámara en lo Contencioso. La oposición y los medios afines han apostado a instalar que al trío BBC se lo desplazó porque se busca la impunidad de Cristina Fernández de Kircher, cuando está claro que la mayoría de ellos ya fallaron en su contra y hay juicios en marcha o en camino. El oficialismo insiste que más bien el macrismo está interesado en sostener jueces aliados. Puede haber algo de esto, pero una maquinaria mucho más poderosa parece moverse por debajo. 



Fuente link: