Confirmaron la condena al ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra | La corte de Río Negro confirmó la pena por impedir la práctica de un aborto legal



El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la condena al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, que impidió la práctica de un aborto legal a una joven de 19 años que había sido violada por un familiar y había quedado embarazada durante 2017, en Cipolletti, informó una fuente judicial.

Lastra fue condenado en octubre del 2019 por incumplimiento de los deberes de funcionario público a un año y dos meses de prisión en suspenso, más dos años y cuatro meses de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

El ginecólogo había logrado matricularse en Entre Ríos, con la intención de ejercer la medicina en el ámbito privado de Gualeguaychú en noviembre pasado, pero el Ministerio de Salud local dio marcha atrás con la habilitación a través de la resolución 4.649.

“No pudiendo en adelante ejercer la medicina y su especialidad en todo el territorio provincial por el mencionado tiempo y hasta el cumplimiento de dicha pena, sin perjuicio que sobrevengan cambios en su situación procesal”, argumentó el Ministerio.

Rodríguez Lastra había planteado una falta de antecedentes penales ya que la condena que le pesaba no se encontraba firme, pero la resolución del Superior Tribunal rionegrino confirmó este martes la sentencia y extinguió la acción penal denunciada por el ginecólogo.

“El imputado no sólo no permitió que el aborto siguiera, sino que lo impidió”, dice el fallo.

El médico recibió a la víctima en el Hospital Área Programa de Cipolletti el 2 de abril de 2017 con el proceso de interrupción en curso, pero no permitió que el aborto siguiera y suministró una medicación que inhibió las contracciones de la joven violada.

La decisión judicial se antepuso ante el argumento defensivo del ginecólogo quien en su momento explicó que interrumpió el aborto en curso de la joven víctima, “para salvarle la vida porque le detectó una infección”.

El imputado, “obrando como dueño y señor del cuerpo y la salud de la paciente, la expuso a otras consecuencias para las que seguramente no estaba preparada”, y ello constituyó además una violencia dolosa, dice la sentencia.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia lo firman las vocales Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini y el vocal Ricardo Apcarian, mientras que Enrique Mansilla y Sergio Barotto se abstuvieron.

El fiscal del juicio fue Santiago Márquez Gauna, con la adjunta Annabela Camporesi, y los defensores del médico fueron Damián Torres y Juan Carlos Chirinos.



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Aborto legal: la campaña de fake news de los antiderechos contra la IVE  | Colocaron carteles con información falsa que intentaron adjudicar a la marea verde 



Las organizaciones antiderechos salieron a la carga y desplegaron su aparato de desinformación, un día después de que se alcanzara el dictamen del Senado para debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y a menos de dos semanas de que la iniciativa se discuta en la Cámara alta. 

Un cartel verde, que busca asemejarse a los utilizados para promover la legalización del aborto, apareció en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires con una leyenda que dice: “#Abortolegal por si sale con Sindrome de Down”. También intentando generar confusión para que algunos despistados piensen que se trata de un afiche de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, firma el mensaje una desconocida “Campaña para la Conquista de Derechos”

Organizaciones y periodistas feministas salieron rápidamente al cruce del mensaje, que contiene información falsa, porque el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo no dice nada de lo que el afiche afirma. “Esa campaña es mentirosa y difamatoria”, cuestionaron en las redes sociales. 

Los “celestes” completaron el operativo de fake news con su presencia en Twitter, donde replicaron hasta el cansancio el afiche y le sumaron conclusiones mentirosas promover mayor confusión. 



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Bariloche: la APDH repudia pintadas sobre los pañuelos de las Madres | La agresión ocurrió el fin de semana durante la marcha antiderechos



La regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió las pintadas que organizaciones antiderechos hicieron sobre los pañuelos pintados en una plaza céntrica que simbolizan la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Además, pidieron a la Municipalidad local que aporte datos sobre el hecho, al que asociaron con “la apología de la discriminación, el nazismo y la violencia”.

El hecho cuestionado ocurrió el fin de semana, en el marco de la convocatoria nacional que las organizaciones provida realizaron en distintas ciudades. En Bariloche, tras la marcha, se descubrió que a los homenajes a las organizaciones de derechos humanos ubicadas en la plaza del Centro Cívico se les habían inscripto tachaduras con X, el signo Pesos ($) y las palabras “corrupción” y “mentira”.

La APDH local rechazó “enérgicamente esas expresiones de odio” y las vinculó con las “marchas de tinte golpistas, racistas contra las mayorías populares y los pueblos originarios que se repiten en nuestra ciudad”.

Esas manifestaciones culminan “con la apología de la discriminación, el nazismo, y la violencia, personificando en sus manifestaciones al Ku Klux Klan”, denunció la organización a través de un comunicado.

La  protesta antiderechos del sábado fue para rechazar el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por el gobierno nacional. Y la agresión contra los pañuelos blancos se suma a los escraches que se concretaron contra diputados que apoyarán la iniciativa, y con el desfile en Tandil de un Falcon verde, ícono de la represión de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

En la plaza ubicada en pleno centro barilochense, donde se hicieron esas pintadas contra los pañuelos blancos, “se recuerdan a los 30 mil compañeros desaparecidos”, así como también “a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que son un símbolo de resistencia y lucha contra la dictadura militar y la impunidad, haciendo vigente la consigna de memoria, verdad y justicia”, recordó la APDH.

Además, hizo un llamado a “todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas a sumarse a este repudio y a organizar a la brevedad posible la repintada de los pañuelos, como hacemos todos los 24 de marzo como forma de reivindicar la democracia y a toda una generación que dio su vida por una sociedad mejor”.

También, exigieron “a la Municipalidad local y a quienes tienen el manejo de las cámaras de seguridad en el Centro Cívico que informen quiénes han procedido a manchar nuestra querida Plaza de los Pañuelos y todo lo que la misma representa en la lucha contra la dictadura militar y la vuelta a la democracia”.

“No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, finalizó el texto firmado por Rubén Marigo, Presidente de la APDH Regional Bariloche, que sumó la adhesión de numerosas organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos.



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Escrache antiderechos a la diputada Carolina Gaillard | Se movilizaron a la panadería que tienen sus padres en Entre Ríos



Miembros de organizaciones antiderechos sumaron otro acto de intimidación contra quienes apoyan la legalización del aborto que se tratará en el Congreso. Esta vez fue contra la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, aunque no directamente contra ella sino contra su madre y su padre, en el comercio familiar que tienen en la localidad de Entre Ríos.

La intimidación pública, que se suma a otras similares contra dirigentes del oficialismo y la oposición que apoyan el proyecto enviado por el gobierno nacional, recibió el rechazo por parte de funcionarios nacionales y algunos miembros de la oposición.

El hecho ocurrió ayer domingo en una panadería que la familia de la legisladora nacional tiene en la localidad de General Campos, del partido entrerriano de Concordia. Hasta allí llegó una movilización celeste que repartió pancartas y “alertó” por altoparlantes que Gaillard apoyaba el aborto.

El escrache duró aproximadamente cuatro horas durante las cuales realizaron un recorrido por el barrio natal de la diputada y entregaron casa por casa un volante que decía: “¿Sabías que la diputada Carolina Gaillard votó por el aborto?”, en alusión al tratamiento que tuvo el proyecto en 2018.

El hecho fue denunciado por le legisladora que, además, es presidenta de la Comisión de Legislación Penal del Congreso. “El escrache a la panadería de mis padres en mi pueblo por mi posición respecto a aborto legal no solo muestra una actitud violenta sino profundamente antidemocrática”, expresó en su cuenta de Twitter.

En el mismo mensaje, dejó claro que, a pesar de esas intimidaciones públicas, “voy a pelear con más fuerza que nunca para que (el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo) sea ley”.

Una vez denunciado el hecho, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, rechazó lo ocurrido: “Repudio todo hecho de violencia y de intolerancia frente a quienes piensan diferente”, dijo a través de las redes sociales.

Lo mismo hizo la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien manifestó su “total repudio a las actitudes intimidatorias” que recibió la familia de la diputada Gaillard.

También expresó su solidaridad la diputada macrista Silvia Lospenato.

Otros escraches antiderechos

El escrache antiderechos del que fue víctima la familia de la legisladora nacional se suma a otros actos intimidatorios contra quienes que se posicionaron públicamente a favor de la legalización del aborto.

Uno de ellos fue Facundo Suárez Lastra, el diputado radical en Juntos por el Cambio al que personas autodenominadas “próvida” le instalaron parlantes frente a su casa y con bombos y carteles fueron a intimidarlo para que reviera su postura.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Laura Russo también sufrió un “escrache” a mediados del mes pasado por su posición a favor del aborto. La manifestación se concentró frente a su domicilio particular en la localidad bonaerense de Escobar.

El último hecho intimidatorio que cobró más relevancia en las últimas hora ocurrió en la localidad de Tandil, cuando los militantes antiderechos realizaron una movilización por el centro esa ciudad e hicieron desfilar un Falcon verde, ícono de la represión de Estado durante la última dictadura cívico militar que cometió crímenes de lesa humanidad.





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El ginecólogo antiderechos quiere ejercer en Entre Ríos | El condenado Rodríguez Lastra obtuvo matrícula para ejercer en la provincia



El ministerio de Salud de Entre Ríos concedió matrícula para ejercer en la provincia al ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra, condenado en 2019  a dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer la profesión en cargos públicos por obstaculizar una interrupción legal del embarazo (ILE) y haber forzado a gestar y parir a una joven que acudió al hospital público donde él era jefe de servicio. 

Rodríguez Lastra, oriundo de Ciudad de Buenos Aires e itinerante desde que fue condenado, recibió en Entre Ríos la matrícula N° 12.642 tras solicitarla a la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud provincial, informó el diario Entre Ríos Ahora en su edición dominical. De acuerdo con el facsimil de la documentación oficial dado a conocer por la periodista Paola Robles Duarte,  de Gualeguaychú, donde el médico ejerce desde octubre, la matrícula obtenida por el médico condenado tiene vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025.

La sentencia rionegrina que recayó sobre Rodríguez Lastra en octubre de 2019 fue confirmada en marzo de este año por el Tribunal de Impugnación. Entre uno y otro momento, el ginecólogo condenado -a quien la justicia también dio un año y dos meses de prisión en suspenso- había intentado probar suerte con un salto a la política: en junio del año pasado, integró la lista de pre-candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires del Partido Demócrata Cristiano; no calificó para llegar a la instancia electoral. Sin embargo continuó fuertemente vinculado a espacios partidarios antiderechos y participando de manifestaciones celestes.

La sentencia

Rodríguez Lastra fue enjuiciado entre junio y octubre del año pasado en Cipolletti, en cuyo hospital público, el “Pedro Moguillansky”, era jefe de servicio.  El caso llegó a juicio gracias al apoyo de la diputada provincial y médica Marta Milesi, quien acompañó a la joven R.P. en la radicación de la denuncia y el trámite judicial. Milesi fue, también, impulsora de la ley de interrupción legal del embarazo en río Negro.

Desde el inicio del debate oral, activistas antiderechos de distintos sectores fundamentalistas que operan en política buscaron convertir el proceso en un caso testigo.

El día que comenzó la primera audiencia, el frente del edificio donde funciona el tribunal tenía aire de kermesse gracias a trapos celestes, pintados con consignas antiderechos, colgados en sus paredes y en árboles cercanos, además del sucedáneo de altar montado bajo un gazebo azul, junto a la puerta. El abogado que ofició de defensor -y que también era abogado del gobernador provincial y apoderado del partido oficialista- recientemente publicó un libro sobre el caso.



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Antiderechos escracharon a Suárez Lastra por estar a favor de la legalización del aborto  | Un grupo “provida” se concentró en la puerta de la casa del diputado



Un grupo de militantes en contra de la legalización del aborto le realizó un escrache al diputado radical Facundo Suarez Lastra por haberse manifestado a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Una docena de personas, autodenominadas “provida”, se concentraron en la puerta de la casa del legislador porteño, en el barrio de Palermo, con bombos, carteles y banderas para presionarlo por su postura.

Durante 2 horas un grupo pequeño, que agredió a algunos vecinos, se manifestó frente a mi domicilio. El debate q llevamos adelante por la IVE en el Congreso y en la calle hasta ahora siempre ha sido pacífico y respetuoso. Repudio el escrache y la violencia”, expresó Suarez Lastra en su cuenta de Twitter. 

Ante esta situación, dirigentes de distintos partidos políticos se solidarizaron con el legislador y repudiaron el accionar de los manifestantes antiderechos. “Intimidar a un diputado en su domicilio por el sentido de su voto agravia la convivencia democrática. Es también un acto profundamente autoritario e intolerante. Toda mi solidaridad”, señaló Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

Por su parte, la diputada Graciela Ocaña expresó su “repudio al escrache y amenazas hacia Suárez Lastra” y envió un mensaje de solidaridad. En el mismo sentido, la dirigente radical Karina Banfi indicó que “la política debe ser diálogo, nunca violencia”, y la legisladora Cornelia Schmidt-L, quien está en contra de la legalización del aborto, señaló que este tipo de manifestaciones no los representa.

La Cámara de Diputados comenzará a analizar en los próximos días en comisión el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado el martes por el presidente Alberto Fernández al Congreso, que sería tratado en el marco de una convocatoria del gobierno nacional a sesiones extraordinarias del Parlamento.





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Italia: hallan cementerios para fetos abortados | Una polémica iniciativa de grupos antiderechos en Italia



Un grupo de más de cien mujeres que interrumpieron su embarazo en la última década solicitaron a la Fiscalía de Italia que investigue el hallazgo de un cementerio de fetos enterrados en tumbas marcadas con sus nombres

Esta práctica, llevada a cabo desde hace años por grupos antiderechos, instaló un fuerte debate a partir de un posteo en las redes sociales donde una de las afectadas publicó una foto del cementerio Flaminio, ubicado al sudoeste de Roma, en la que se ve una cruz blanca encima de una lápida que lleva su nombre.

No te preocupes. Aunque no te hayas apuntado para el entierro, el feto seguirá siendo enterrado por caridad: tendrá su lugar con una de sus cruces y lo encontrará con su nombre”, le dijeron al teléfono a Marta, meses después de haber tenido que enfrentar un aborto por motivos de salud.

“Empiezo por escribir que esta no es mi tumba”, publicó Marta en sus redes sociales. “El campo en cuestión del cementerio Flaminio en Roma está lleno de cruces con nombres y apellidos femeninos”, denunció la mujer.

De inmediato, su publicación se hizo viral y motivó a que muchas otras mujeres contaran sus experiencias. Es el caso de Francesca, quien también descubrió que en el cementerio Flaminio de Roma “había una tumba a mi nombre, sin mi consentimiento y sin mi conocimiento”.

En su caso, el aborto también fue porque el embarazo ponía en peligro la salud de la madre. Según contó, meses después de la interrupción de su embarazo, le preguntó al hospital qué había sucedido con el feto, porque en su momento ella había dicho que no estaba de acuerdo con enterrarlo. 

“Ellos respondieron ‘no sabemos nada al respecto’. Ahora ver mi nombre en esa fea cruz de hierro helado en ese inmenso prado árido fue una puñalada”, lamentó Francesca. 

El entierro de fetos, denunciado por más de 100 mujeres ante la Fiscalía italiana, resultó ser una práctica regular de organizaciones ultracatólicas del país, principales referentes de los sectores antiderechos. Según se investigó, el modus operandi consiste en reclamar en los hospitales los fetos abortados y enterrarlos en cementerios italianos bajo el nombre de las mujeres embarazadas.

Lo más sorprendente, destacó la periodista Sabina Pignataro del medio italiano Corriere De La Sera, es que se trata de una práctica legal porque no viola las leyes italianas sobre los entierros

Según explicó, estas normas se aplican de manera desigual en las diferentes regiones. Debido a esa “falta de homogeneidad”, indicó el medio local, puede ocurrir que en alguna región de Italia “el aborto de un feto o embrión, de cualquier credo y nacionalidad, que haya sido abortado voluntaria o espontáneamente, incluso con una edad gestacional inferior a 20 semanas, sea enterrado en un cementerio municipal (con o sin rito católico) sin que la mujer lo haya solicitado. Y sin que la mujer sea consciente de la existencia de una tumba que queda como presencia, como huella, de ese suceso”.

Demanda colectiva

Según informaron los medios locales, el Garante de Privacidad de Italia ha decidido abrir una demanda colectiva que recoge los casos de estas y otras mujeres que reclaman por el derecho a su intimidad.

Aunque las demandantes no pueden argumentar contra la legalidad del entierro de los fetos abortados, sí pueden reclamar ante lo que consideran una clara violación a su privacidad, ya que en cada tumba está escrito el nombre de la mujer embarazada. Por caso, los antiderechos omiten en las lápidas el nombre del hombre. 

Es por eso que se analizarán los casos bajo los delitos de “violencia privada” y “violación a la privacidad”. La Fiscalía italiana también abrirá un expediente de oficio y se sumará a las investigaciones del caso, cuya responsabilidad podría poner en problemas a los hospitales y a las organizaciones antiderechos que se encuentran detrás de estos “cementerios de abortos”.

Cementerios de fetos abortados

La periodista Jeniffer Guerra, autora del libro El Cuerpo Eléctrico, se encargó de rastrear hace unos años las denuncias que había sobre cementerios de fetos abortados en toda Italia y encontró, por lo menos, 50 lugares donde hay este tipo de tumbas.

Según se detalla en la investigación, en la legislación italiana sobre el aborto -legalizado desde la década del 70-, hay una diferencia entre aquellos que ocurren antes de la semana 20 de concepción y los que ocurren después. 

Según la política mortuoria italiana, los “productos abortivos”, como son llamados en la ley a los fetos y embriones abortados, deben ser enterrados después de la semana 20 de concepción.  También establece que debe hacerse lo propio con las partes anatómicas reconocibles (como los miembros sujetos a amputación). 

Por su parte, las partes anatómicas no reconocibles, es decir todo “producto abortivo” inferior a 20 semanas de concepción, debe eliminarse como “desechos hospitalarios especiales” y enviarse para “destrucción térmica”, como lo establece el Decreto 254 del 2003 emitido por el Presidente de la República.

La investigación de Guerra encontró que sobre esta premisa los grupos antiderechos se apoyan para ofrecer un “servicio social” a los hospitales y los municipios para enterrar “dignamente” los restos de los fetos y embriones no reclamados por las familias ya que, de acuerdo a la legislación, tras 24 horas pierden los derechos de propiedad sobre ellos.

Uno de los más destacados en esta tarea es ‘Difendere la Vita con Maria’ o ‘Defendiendo la Vida con María’, una organización ultracatólica que se dedica a auspiciar este tipo de cementerios por toda Italia y a realizar entierros sin importar el credo o procedencia de los “productos abortivos”.

En una publicación hecha en 2013 por el medio italiano Il Fatto Quotidiano, el periodista Alessandro Madron recogió parte de la investigación de Guerra y profundizó en las prácticas de esta organización, las cuales se remontan a 1999. En dicha publicación destaca que ‘Defendiendo a la vida con María’ va más allá de la legislación italiana y ni siquiera reconoce la distinción entre embrión o feto, pues considera que la vida humana existe desde el momento mismo de la concepción.

En algunas regiones como Lombardía y Campania han logrado influir en la legislación mortuoria y establecer que todo “producto abortivo” (o “niño por nacer”, como ellos lo llaman) debe ser enterrado, incluso si son embriones de menos de 20 semanas. 

Además, tienen convenios firmados con hospitales de ciudades como Roma, Nápoles, Turín, Caserta y Génova, que les avisan cuando los padres no reclaman los restos  después de las 24 horas legales. 



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Horacio Costa, obstetra correntino, responsabilizó a una nena de 10 años de haber quedado embarazada |  Un médico antiderechos en una provincia antiderechos



Un mediático ginecólogo y obstetra de Corrientes, referente del movimiento “pro vida” local, responsabilizó a la niña de 10 años que está a punto de parir, de no haberse “resistido al abuso” que le provocó el embarazo, por falta de “educación”. Lo dijo en una entrevista televisiva. Y afirmó que “las mujeres nacen con instinto maternal” y que a ahora a la pequeña “hay que educarla para ser madre“. Se trata del médico Horacio Costa, quien además de atender en consultorios privados, conduce un programa en una radio de la capital provincial –Sudamericana—donde aborda temas de salud de las mujeres. Sus dichos se viralizaron el domingo en redes sociales y generaron amplio repudio. Este lunes, pidió disculpas. Entre quienes repudiaron sus dichos, el lunes se pronunció la comisión directiva de la Sociedad de Pediatría de Corrientes: “No tiene nada de natural ser madre en edades tempranas”, advirtió la entidad. Y precisó que “las niñas madres corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo que las mujeres de 20 a 24 años”. También manifestó su repudio la Asociación Civil Red de Psicólogos de Corrientes junto a psicólogos autoconvocados: “Consideramos ineludible informar a la comunidad que NO es verdad que los niños, niñas y adolescentes sean responsables de frenar los abusos”, indicó el colectivo.

Otra voz que cuestionó las expresiones de Costa fue la defensora pública de Corrientes Nora Rosana Maciel: “Sorprende que usted atribuya el hecho de la violación intrafamiliar como una cuestión educativa que hace recaer en la niña de 10 años la responsabilidad de advertir que la invasión a su cuerpo y su integridad es algo que debe denunciar”, le respondió Maciel en una carta pública y además, le advirtió que “siendo un profesional que atienda a mujeres, resulta sumamente grave que reivindique y nos atribuya un rol materno –por el solo hecho de cursar un embarazo forzado en el caso de la niña en cuestión–, un rol que no es natural y que ignora todo lo que las ciencias dicen al respecto y también lo dice la realidad social, cultural y biológica”.

La niña es oriunda de un paraje rural de los alrededores de Monte Caseros, a 480 kilómetros de la capital correntina. Enfrenta un embarazo forzado producto de los abusos a los que fue sometida por parte de la pareja de su madre, quien luego de ser denunciado fue detenido. La gestación ya está a término. A la niña le programaron una cesárea para el próximo jueves en el Hospital Neonatal Eloísa Torrente de Vidal, de la ciudad de Corrientes, donde permanece internada desde la semana pasada. Las autoridades sanitarias, que no le garantizaron el acceso a una interrupción legal de embarazo, siguen vulnerando sus derechos al dar información detallada sobre su estado de salud y anunciar a los medios locales el día que la someterán a la cesárea, como lo hizo Lilian Méndez Gallino, directoral hospital Vidal.

“Si esta nena estuviera educada por ahí podría resistirse al abuso porque en el 80 por ciento de los caos está (el abusador) en el entorno familiar”, dijo el médico “antiderechos” Horacio Costa, en el noticiero “Somos Corrientes” de canal 7 de Cablevisión. Y consideró que “muchas veces con la educación de la niña, sabiendo que no debe ser tocada, que no le debe levantar la pollera, que no le deben bajar la bombacha, que no la deben sentar en el regazo, cosas mínimas, ella puede denunciar, no a nivel de una comisaría o un juzgado de menores” pero “la denuncia la puede hacer a la mamá, a la hermana o a la tía”.

La cronista Jesica Kancheff, que lo entrevistaba, le preguntó sobre las consecuencias que le quedarán a la niña luego de dar a luz. Costa respondió: “Nada, las mujeres nacen con el instinto maternal. Cuando vos eras niña, las mujeres corrían hacia dónde estaban las muñecas y vos querías el carrito, querías pasearle y le dabas la mamadera o el chupete. Ahora tenés la posibilidad de cambiarle los pañales, toda una serie de cosas que vos hacías con las muñecas. El instinto maternal está en la mujer. A esta niña lamentablemente desde muy pequeña hay que educarla a ser madre pero lo va a hacer, pero necesita contención, educación, en este caso del Estado por lo visto la familia no le va a ser útil”.

Este lunes por la tarde, Costa pidió disculpas “a la víctima” y a su familia, luego de los numerosos repudios que se expresaron en redes sociales y medios de comunicación.

La Sociedad de Pediatría de Corrientes al repudiar sus expresiones a través de un comunicado de prensa, alertó: “La gran mayoría de los ataques sexuales en niñas, adolescentes y mujeres adultas terminan en embarazos forzados, aun con trasmisión de enfermedades sexual padecidas por el atacante. Las niñas madres corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo que las mujeres de 20 a 24 años, mayor probabilidad de que sus hijos tengan bajo peso al nacer, parto prematuro, mayor mortalidad perinatal, sufrir convulsiones, hemorragias posparto e infección endometrial. Tenemos que tomar dimensión de esta realidad en toda su crueldad y asumir las responsabilidades que corresponden. Podremos escuchar la demanda si somos receptivos y estamos disponibles a tratar la cara más cruel del embarazo no intencional”. La entidad es presidida por la la médica Verónica Acosta.

El discurso “anti derechos” en Corrientes proviene de las altas jerarquías políticas y sanitarias de la provincia. Corrientes fue declarada como provincia “pro vida” en 2011, por el decreto 2871 de su entonces gobernador radical Ricardo Colombi, “estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia”. Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese compromiso “pro vida”. Igual que el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

La provincia no implementó nunca un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles y con excepción de un caso que se hizo en marzo de 2019 con una orden judicial en el Hospital de Santo Tomé a una niña de 13 años con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de salud públicos. Es más, operadores de la justicia se vanaglorian de convencer a niñas embarazadas en violaciones -o a sus madres- de llevar a término la gestación, como lo ha dicho la defensora de Pobres y Ausentes Nº 1 del Poder Judicial de la provincia, Roxana Itatí Duarte López, en relación a un caso de 2013 de una niña de 10 años: “Yo tengo contacto con la mamá de la niña, y le dije `vas a tener dos hijas: la de 10 y la bebé´”, contó en 2018 en Radio Sudamericana, una radio local.

En los últimos días, el juez de Instrucción y Correccional de Monte Caseros, Eduardo Alegre, que intervino en la denuncia de abuso de la niña que está a punto de dar a luz, llegó a decir en declaraciones a la prensa que ella “fue seducida” por el imputado: sus dichos demuestran un total desconocimiento de cómo actúan quienes perpetran ese tipo de delitos. Y lo aclaró así: “Cuando digo que fue seducida me refiero a que la nena no fue amenazada por este hombre ni tampoco sufrió golpes. Los psicólogos nos dijeron que no evidenciaba un gran trauma. Es muy común que tengamos muchos casos de abusos sexuales con menores de edad”, señaló Alegre.

Corrientes tampoco adhirió a la ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El porcentaje de embarazo en la adolescencia es del 20 por ciento, por encima del promedio nacional que es del 15,5 por ciento: siete de cada 10 no son intencionales, de acuerdo a información de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), con información oficial.

El de la niña de Monte Caseros no es un caso aislado. Cada año, unas 2400 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en la Argentina. En 2018, en Corrientes fueron 146 niñas, en 2017, 122, y en 2016, 115, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Es una de las provincias con mayor proporción de bebés nacidos de niñas (0,7 por ciento del total, cuando a nivel nacional representan el 0,3 por ciento de los nacimientos). El abuso o la coerción sexual son regla. La naturalización de las violencias y de la maternidad temprana, forzada, que defienden políticos, médicos y operadores de la justicia, contribuye a que las historias se repitan.



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