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Mariela Belski: “Esta ley genera un marco de igualdad para todas las mujeres”

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Chile rechazó el informe de Amnistía que acusa a Carabineros por violaciones a DDHH | Respuesta coordinada del ministerio de Justicia y el cuerpo policial



El gobierno chileno y el cuerpo de Carabineros salieron a rechazar el informe que Amnistía Internacional publicó el miércoles denunciando “graves violaciones a los derechos humanos” durante la represión a las protestas que estallaron el 18 de octubre del año pasado. El ministerio de Justicia negó que la fuerza policial tenga una “política premeditada” de uso de la fuerza contra los manifestantes, mientras que Carabineros señaló que las operaciones antidisturbios se realizaron de manera legal, y que el reporte presentado por Amnistía contiene “una serie de imprecisiones y omisiones”. El caso más reciente de uso excesivo de la fuerza policial tuvo lugar el viernes dos de octubre, cuando el oficial Sebastián Zamora arrojó a un joven menor de edad desde un puente al río Mapocho durante una manifestación. La semana pasada, el presidente Sebastián Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros

A través de un comunicado, Carabineros señaló que “el informe de Amnistía Internacional da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que éstas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia”. El cuerpo de uniformados explicó que entre octubre de 2019 y marzo de este año se produjeron alrededor de 2.800 “eventos graves” con “episodios inéditos de extrema violencia”, y que en ese contexto se esforzaron por abordar esos desórdenes “en cumplimiento del mandato constitucional y pleno apego a las leyes vigentes“.

En tanto, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile planteó que analizará el reporte de Amnistía aunque lamentó su contenido y considera que omite la actuación e investigación de otros órganos del gobierno chileno. Reiteraron “con fuerza” que “no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el informe”.

Ojos sobre Chile

Según el documento de Amnistía Internacional titulado “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre se registraron 347 lesiones graves causadas por disparos de escopetas o bombas lacrimógenas, municiones contrarias al estándar internacional sobre uso de la fuerza. La ONG advirtió que las violaciones a los derechos humanos se siguen registrando hasta la actualidad.

Amnistía denunció la “impunidad” en el accionar policial y la displicencia por parte de los altos mandos. A pesar de que existía un informe interno de Carabineros que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.

“Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa, dijo la directora para las Américas de AI, Érika Guevara, durante la presentación del informe. “Lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”, sentenció Guevara en una videoconferencia.

“No es Venezuela, es Chile”

A días de cumplirse un año del inicio del estallido social, la oposición chilena criticó al gobierno por no seguir las recomendaciones de distintas organizaciones en relación a la represión de las protestas. “Todos los informes internacionales, como el de Amnistía, han denunciado graves atropellos a los derechos humanos en Chile, post 18 de octubre. Y el gobierno no ha seguido la mayoría de las recomendaciones que esas organizaciones han realizado, incluyendo una reforma profunda de Carabineros”, argumentó Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, en declaraciones recogidas por el portal de noticias Emol.

Por su parte Catalina Pérez, diputada y presidenta de Revolución Democrática, comentó que el informe “es brutal y concluye que agentes de Carabineros violaron de forma generalizada los derechos humanos de manifestantes bajo la complicidad de altos mandos”. Pérez se preguntó además: “¿Cuántos informes internacionales, cuántas vidas y mutilaciones hacen falta para que este gobierno logre dimensionar el dolor y sufrimiento que ha causado su política represiva?”

Por último la diputada del Partido Comunista y una de las principales figuras del movimiento estudiantil que cobró una gran fuerza en 2011, Camila Vallejo, aseguró en su cuenta de Twitter: “No es Venezuela, es Chile. Son los compatriotas a los que nos debemos todos los políticos y que están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Quiénes serán los que callen ahora?”.

La revuelta explotó el 18 de octubre de 2019 luego de un aumento en el precio del subte de Santiago, la capital chilena. Pronto se convirtió en una amplia movilización social en contra de las desigualdades y el gobierno del derechista Sebastián Piñera, dejando al menos 30 muertos y miles de heridos y detenidos tras semanas de protestas. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas sufrieron graves heridas en sus ojos por disparos de los agentes antidisturbios. Las marchas se suspendieron al inicio de la pandemia para respetar las medidas sanitarias, pero en las últimas semanas el pueblo chileno volvió a copar las calles





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Piden investigar a Carabineros por violaciones a Derechos Humanos en las protestas | Amnistía Internacional sostiene que esta conducta forma parte de “un patrón constante e histórico”



A un año del estallido de las protestas sociales en Chile, Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía chilena que investigue a los altos mandos del cuerpo policial de Carabineros por “permitir” que se cometieran violaciones a los derechos humanos. El presidente del país trasandino, Sebastián Piñera, convocó a una comisión para reformar la fuerza de seguridad.

“Tenemos elementos de convicción de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según Guevara, “lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia”, los actos de violencia hacia los manifestantes que salieron a las calles hace casi un año “se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social“.

La organización no gubernamental realizó una investigación en la que señala al director general de Carabineros, Mario Rozas -cuya renuncia ha sido solicitada por la oposición en innumerables ocasiones-, así como al subdirector, Diego Olate, y al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, como responsables de avalar la conducta de los agentes de la fuerza policial chilena.

Los integrantes de Amnistía Internacional señalaron que, a pesar de que existía un informe interno de Carabineros que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.

El 18 de octubre de 2019 estalló una ola de protestas, en principio encabezadas por estudiantes de Santiago de Chile y que luego se extendieron a otras ciudades y sectores sociales. Las manifestaciones son las más grandes que vio el país desde el fin de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

Los Carabineros reprimieron las protestas sociales iniciadas el año pasado con balines antidisturbios disparados hacia el rostro de los manifestantes. Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron también críticas de Naciones Unidas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con traumas oculares y dos de ellas quedaron totalmente ciegas.

El informe de Amnistía Internacional denuncia que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos “permanecieran en sus puestos” y “alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante”.

La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo”, aseguró Guevara.

El accionar represivo de la fuerza de seguridad continúa hasta hoy. A principios de octubre, un miembro de Carabineros arrojó a un manifestante, Anthony Araya, al Río Mapocho provocándole heridas de gravedad.

Las marchas contra el Gobierno y la desigualdad social se suspendieron al inicio de la pandemia para respetar las medidas sanitarias, pero en las últimas semanas el pueblo chileno volvió a salir a las calles. El 25 de octubre se celebrará un histórico plebiscito para reformar la Constitución -la que está vigente es la que dejó Pinochet- y el Gobierno de Piñera espera que la medida apacigüe la protesta social.

Según Amnistía Internacional, los abusos de Carabineros forman parte de “un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial”.

La semana pasada, Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros



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Al menos 3000 trabajadores de la salud murieron en el mundo a causa de la pandemia

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Amnistía Internacional le pidió información al Estado Argentino por la situación de las cárceles

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