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El espionaje macrista no respeto ni a les niñes | La inteligencia ilegal alcanzó parroquias, comedores y festejos por el día de las infancias



Los espías macristas caminaron el territorio de la provincia de Buenos Aires durante el 2017 en busca de potenciales peligros para la alianza gobernante. Su interés, además del espionaje a candidatos opositores en un año electoral clave, estuvo centrado en quienes se organizaban en las barriadas pobres para dar un plato de comida a chicos y chicas. Sobre ellos, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) puso su foco: averiguó a cuántos alimentaban, de dónde conseguían las mercaderías, si recibían donaciones y si respondían a organizaciones políticas. Entre la información relevada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla aparecen pruebas de que la exSIDE no se privó de meter sus narices en las escuelas y en las organizaciones parroquiales y que incluso siguió con obsesión los festejos por el Día del Niño.

Al menos entre abril y diciembre de 2017, la AFI alquiló seis locales distintos para montar delegaciones en provincia de Buenos Aires dedicadas, desde su origen, al espionaje político. El responsable de coordinar todo lo que sucedía en esas delegaciones, como anticipó Página/12 era un abogado de nombre Pablo Pinamonti, que acaba de ser procesado por el juez Ramos Padilla. Desde esas bases del llamado “Proyecto AMBA”, Pinamonti dirigió una red enfocada a tener bajo control a los partidos políticos que se organizaban para las elecciones, pero sobre todo a las organizaciones sociales que tienen sus raíces en el conurbano bonaerense. Ramos Padilla mostró que el espionaje se extendió sobre los pibes y las pibas con hambre en una de las facetas más mezquinas del espionaje que está saliendo a la luz.

El peligro del hambre

La Base Haedo estaba a cargo del espionaje en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Desde allí, los espías hicieron al menos seis fichas de distintos comedores que funcionaban en el área. Todas las fichas tenían un formato común, destinado a identificar el lugar, la relación con el Estado o con donantes particulares, sus vínculos políticos y toda información que pudiera ser de interés para la AFI.

Entre los comedores espiados estuvieron Todos por los chicos (Morón), La Amistad (Moreno), El Arca de Noe (Moreno), Arco Iris, Volver a empezar y San Cayetano – de Hurlingham. La información era básica, probablemente conseguida por los espías de la base o por los soplones que tenían en la zona. La mayoría de los reclutados para el llamado “Proyecto AMBA” eran policías bonaerenses con conocimiento del territorio.

En algunos de los casos, se llegaba hasta consignar con cuánta frecuencia recibían alimentos desde el municipio y quién era el contacto en la comuna con el comedor. “Este mes le falta queso”, dice uno de los partes redactados desde la Base Haedo sobre uno de los merenderos. También aparecen anotaciones sobre si había personal realizando las tareas de asistencia social con sueldo o si se trataba de un emprendimiento voluntario.

En uno de los casos, aparece consignado que la referente del comedor debió militar para Ramiro Tagliaferro – para entonces intendente de Morón y exmarido de la gobernadora María Eugenia Vidal – y que estaba tramitando una habilitación que facilitaría la recepción de alimentos de manera semanal y no mensual, como lo venía haciendo hasta ahora. También detalla que contaba con donaciones de la policía local y hasta aparece el nombre del efectivo policial que organizaba rifas o las compras comunitarias.

En los casos de los comedores de Hurlingham, la AFI hizo informes con la ubicación geográfica, los nombres de los referentes, sus contactos teléfonos y cuentas en redes sociales, así como la cantidad de pibes y pibas que iban a diario. Además de las fichas, Ramos Padilla encontró unas planillas Excel con comedores que funcionaban, por ejemplo, en jardines y escuelas primarias públicos y privados. Siempre el interés estaba enfocado en determinar cada cuánto recibían mercadería y si recibían alguna subvención estatal.

La única lógica que el juzgado de Dolores encuentra a este espionaje es que el “Proyecto AMBA” hizo pie en la provincia con la idea de que había que terminar con lo que desde la cúpula de la AFI describían como prácticas clientelares y lo que veían como una de las formas de construcción de los barones del conurbano. Es por eso, entienden, que había esa obsesión con monitorear hasta los lugares adonde iban los chicos con hambre. Lo hallado, hasta ahora, es la información que en crudo se recolectaba desde las bases. Es claro que la inteligencia se hacía en otro lado, lo que daría más respuestas sobre el relevamiento social en manos de los espías.

Espiados los niños

Una semana después de las primarias de 2017, se celebró el día de las infancias. La AFI no quiso perderse la oportunidad de hacer trabajo de campo y monitorear todas las celebraciones que se hicieron en las calles. A esta tarea se volcó, por ejemplo, la base Ezeiza – que era dirigida por Ricardo Bogoliuk. La obsesión de los espías llegó a tal extremo que se encontraron fotos de la entrega de hormas de quesos en comedores populares antes del domingo 20 de agosto.

Hay un informe con la categoría A1 de los festejos en el partido de Esteban Echeverría. En la lógica de los servicios, A1 significa que es la información de mayor fiabilidad que se puede conseguir.  Hay imágenes de festejos realizados por organizaciones sociales como el Movimiento Evita o el MTD Esteban Echeverría. También los espías registraron una mesa con regalitos envueltos en papeles brillantes que había preparado la Cooperativa Corriente Pueblo Unido – MTD Aníbal Verón en El Jagüel. Otro de los grandes hallazgos de la AFI fue que un corralón donó 1000 pesos en materiales a un merendero en Ezeiza o que ATE hizo una donación de comida en una camioneta enclenque. Eso sí fotografiaron las cajas de alfajores y las hormas de queso.

La hipótesis de trabajo

La manía del macrismo por controlar la entrega de alimentos derivó en una situación tragicómica con un espía, que se había infiltrado en un movimiento social, y que terminó cayendo del cielo –o, mejor dicho, del techo. El agente en cuestión se había metido en la organización Barrios de Pie para investigar una supuesta “malversación de fondos” en la entrega de alimentos – algo que, de haber existido, estaba lejos de las funciones de la AFI. Para ganar confianza, el espía ofreció un local que tenía en Isidro Casanova para hablar del tema y poder registrar todo lo que sucediera en el encuentro. Para eso, se subió al techo, pero pisó una chapa e hizo una caída libre de siete metros. Terminó internado con fractura de pelvis. Todos los documentos por su internación le sirvieron a Ramos Padilla para probar la infiltración y muestran cuál era el interés de la exSIDE.

— ¿Cuánto de este espionaje en comedores populares u organizaciones sociales puede tener arraigo en la concepción del macrismo de la pobreza? – le preguntó este diario a la socióloga Paula Canelo, autora de ¿Cambiamos? – La Batalla cultural por el sentido común de los argentinos.

— El macrismo, como todas las derechas, siempre estuvo oscilando entre dos concepciones sobre la pobreza. Por un lado, una más policial, del pobre malo, que se resiste, que protesta, que le pide al Estado y que corta las calles. Esa lógica estuvo bajo la órbita de Patricia Bullrich. Por otro lado, está la concepción más asistencialista y que piensa en un pobre bueno — al que hay que asistir siempre y cuando no se queje, no proteste y, si se organiza, que sea una organización que acepte sentarse con el Estado a negociar ayuda a cambio de paz social. Esto fueron tanto Carolina Stanley como Vidal. Por más que sea un pobre bueno, que vaya a los comedores, siempre la derecha necesita controlarlo para legitimar la entrega de ayuda social. Por otro lado, está la idea de eliminar intermediarios y que el Estado llegue directo a quien lo necesita. Ésa fue una de las concepciones más fuertes del antipopulismo del macrismo: Tenemos que estar cerca del que lo necesita para evitar que haya intermediarios que nosotros no manejamos que puedan hacer populismo con los bienes que nosotros les acercamos como Estado y gobierno.

Refundar la provincia

El Proyecto AMBA estuvo en cabeza de Pinamonti, pero en manos de dos exBonaerense como Antonio Vicente Melito y Daniel Salcedo, que funcionaron como los coordinadores. Ellos pusieron a otros jefes policiales al frente de cada una de las bases. Se manejaron como comisarios con el manejo del territorio y con conocimiento de los negocios, lo que rápidamente llevó a enfrentamientos con sus colegas que seguían en la fuerza. Para Ramos Padilla, desde sus inicios, el Proyecto AMBA se pensó para el espionaje político en un año en que Cambiemos medía su potencial, justamente en provincia de Buenos Aires, con la vuelta a la contienda electoral de Cristina Fernández de Kirchner. El desempeño electoral se siguió con desvelo, tanto que dentro de la base Quilmes se encontraron encuestas electorales en poder de la propia AFI. El sueño del AMBA se terminó cuando Vidal sospechó que, pasadas las elecciones, era ella el blanco del espionaje. Por estos hechos, Ramos Padilla indagará esta semana a la cupula de la AFI macrista.



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El espionaje ilegal del macrismo iba mucho más allá de la AFI | Nueva línea de investigación sobre el rol de las fuerzas de seguridad



Jorge Domínguez era el director de Inteligencia de la Gendarmería Nacional cuando desapareció Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017. Casi dos años después tuvo una salida estrepitosa del edificio Centinela y recaló en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Señalado como uno de los hombres de confianza de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Domínguez se presentó hace unos días ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia. Con su declaración, la bicameral inicia una línea de investigación enfocada en determinar cuán involucradas estuvieron las fuerzas de seguridad en el espionaje macrista, que esta semana sumó episodios escandalosos como la denuncia de la intervención de la AFI por los seguimientos sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan y también el despliegue de maniobras de inteligencia ilegal, con objetivos políticos hace tres años, en coincidencia con las elecciones de medio término, reveladas por el juez Alejo Ramos Padilla. Este último grupo de acciones incluyó espionaje sobre referentes políticos de diversos municipios, organizaciones sociales y comunitarias, actos de Cristina Fernández de Kirchner y todo tipo de actividades donde había reclamos por la desaparición de Maldonado y la afectación que traían para la imagen de la Gendarmería y del gobierno de Mauricio Macri.

Domínguez es un nombre poco conocido, pero que acumuló poder en la Gendarmería en los tiempos de Bullrich. Ingresado a la fuerza en 1984, llegó a la dirección de inteligencia criminal en 2017. Viajó a los pocos días de la desaparición de Maldonado a Esquel y unos días después a Chile justo cuando el gobierno buscó instalar en los medios y en el expediente la hipótesis para criminalizar a la comunidad mapuche.

Ante la bicameral que preside Leopoldo Moreau, Domínguez dijo no estar al tanto de si se realizaron tareas de espionaje sobre la familia de Maldonado, la comunidad mapuche y organismos de derechos humanos. Tampoco recordó haber conversado sobre el tema Maldonado con Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de Bullrich y quien comandó desde el terreno el operativo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago. Después de una investigación, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, denunció ante la Justicia Federal a Noceti por su rol en el caso Maldonado junto con la que era la cúpula de la Gendarmería.

En todo momento, Domínguez buscó descargar responsabilidades en la Central de Reunión de Información (CRI) Neuquén y en la línea de la jefatura regional de la Gendarmería que tenía asiento en Bahía Blanca. La vinculación de la CRI con el espionaje a los Maldonado surgió meses atrás en la causa que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, tal como informó Página/12.

Domínguez, según pudo reconstruir este diario, dijo que fueron sus superiores quienes le ordenaron viajar a Esquel el 12 de agosto de 2017, a once días de la desaparición de Maldonado, pero que él no le vio demasiado sentido a la permanencia del director de inteligencia en el área, por lo que decidió seguir viaje hacia Temuco en un auto de la Gendarmería para mantener una reunión con los Carabineros de Chile, con quienes todo indica que intercambiaban información para alimentar las versiones con las que después Bullrich se despachaba en sus apariciones públicas.

¿Por qué viajó a Chile durante la desaparición de Maldonado? –le preguntaron los integrantes de la bicameral.

Lo escucharon con cierta sorpresa contestar que lo hizo porque estaba en la víspera de la cumbre del G-20 y de la visita del Papa Francisco a Chile. Es cierto que Jorge Bergoglio visitó ese país en enero de 2018, o sea, más de cuatro meses después. Pero el G-20 recién se hizo un año después. No estaba en la víspera de nada para justificar la visita.

La carrera de Domínguez en la Gendarmería se cortó en 2019. Él dijo que fue porque no le reconocieron un viaje que hizo invitado y pagado por los Estados Unidos. Otros recuerdan un episodio a las trompadas con el segundo de Gerardo Otero en la conducción de la Gendarmería. Lo cierto es que después de las primarias de 2019 desembarcó en la AFI.

El suyo es el segundo caso de pupilos de Bullrich que terminan en puestos claves en la Agencia. El primero fue Alan Ruiz, que llegó a la ex SIDE a principios de 2018 y puso en marcha el espionaje político que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Con Ruiz, contó Domínguez, casi ni se cruzaron en la base de Contrainteligencia de la AFI. Una tarde coincidieron, quizá.

La puerta de ingreso a la AFI fueron las distintas mesas de coordinación que hicieron las agencias macristas sobre distintos temas: crimen organizado, narcotráfico y las cumbres de la OMC y del G-20. A Domínguez lo destinaron a la Dirección Operacional de Contrainteligencia, que estaba a cargo de Martín Coste –procesado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner–. El gendarme quedó bajo la tutela del piloto Juan Hernández y, según su declaración, nunca tuvo una función clara en el Departamento de Delitos Complejos, donde confluyó con otros de los acusados de espionaje en Lomas.

Con Domínguez, la bicameral estrenó una nueva línea de investigación sobre los espías en la era Macri, que se complementa con la de la propia AFI, la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de las precausas armadas en base a escuchas telefónicas. El espionaje ilegal y con intenciones de obtener información de tipo político, en violación a la Ley de Inteligencia, fue un instrumento utilizado de manera sistemática por el gobierno de Macri, como comenzó a quedar a la vista en distintas investigaciones penales y también en la Bicameral. Así como los familiares de los submarinistas del ARA San Juan ya habían denunciado –hasta ahora sin suerte– que los seguían y que había comportamientos extraños en sus teléfonos celulares que les hacían presumir que estaban siendo observados, también denunció distintos tipos de seguimientos Sergio Maldonado, hermano de Santiago, junto a su familia. 

No parece una sospecha descabellada si se observan con atención algunos de los seguimientos y partes de inteligencia que sacó a la luz esta semana el juez Alejo Ramos Padilla, al procesar al jefe de las bases AMBA de la AFI, y citar a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En 2017 había un “Informe Semanal de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”, donde los agentes de la AFI pasaban lista de todos los eventos vinculados con los reclamos por la desaparición de Maldonado. “Informa sobre misas, pintadas, volantes, marchas, todo ello con el mismo nivel de importancia, identificando organizaciones que convocan, curas que dan misas, vecinos que preguntan”, describía la resolución del juez de Dolores. Es curioso que los partes de la AFI analizan la preocupación por la imagen del gobierno, en el período electoral, y también de la Gendarmería. “Lejos de realizar labores de inteligencia nacional estratégica o investigar el crimen organizado en la provincia, efectúan análisis políticos sobre las implicancias electorales de la desaparición del joven, señalando que continuará siendo utilizada políticamente por la oposición de izquierda, el kirchnerismo, los organismos de derechos humanos y sindicatos como forma de desgaste electoral”, detalló Ramos Padilla. 

La AFI incluso le recomendaba al gobierno, para cuidar su imagen, “dar con el paradero del mencionado o finalizar la investigación con algún resultado que diera punto final a la incertidumbre (…) para evitar de esa manera la utilización de su imagen con fines políticos”. Como es conocido, la Gendarmería hasta ahora no fue seriamente investigada y nadie fue indagado por la muerte de Maldonado. Tampoco por el espionaje.



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Archivos de la dictadura: La AFI entregó el álbum de fotos a la Secretaría de Derechos Humanos  | Son más de 500 imágenes de perseguidos políticos halladas en un placard de la ex SIDE



La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le entregó formalmente el jueves a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el álbum con más de 500 fotos de perseguidos políticos de la última dictadura, que se encontró en un placard de la Secretaría de Planificación de la ex SIDE. Horacio Pietregalla, titular de la secretaría, explicó a Página/12 que el material se ofrecerá primero a las familias de los militantes que la jefatura de Inteligencia del Ejército registraba y hacía circular para su “detección” y “neutralización”, y luego será material de acceso público desde el portal del Archivo Nacional de la Memoria.

El libro que entregó la interventor de la AFI, Cristina Caamaño, y que también recibió la ministra de Justicia, Marcela Losardo, contiene fotos de 362 varones y 143 mujeres, y está catalogado como “confidencial”. Fue elaborado por la Jefatura II del Ejército, que envió una copia a la entonces SIDE, y se estima que data de 1978. “No está clara la fecha en que se armó pero sí que son compañeros y compañeros con responsabilidades”, dice Pietragalla ante la consulta. “No deja de llamar la atención el rol y la vinculación de los servicios desde siempre con los trabajos sucios”, reflexiona.

“Es estremecedor haber recibido este documento que nos trae al presente lo peor de nuestra historia. Cada rostro, cada nombre que surge de este instrumento testimonial, nos conmueve, nos lastima y a la vez, renueva nuestro más firme compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia”, afirma Losardo ante la consulta de Página/12. “Pienso en los familiares de cada una de las personas que figuran en este archivo, y en los sobrevivientes que se encuentran en estas imágenes. Hay heridas que nunca van a cerrarse, y también hay mucho por hacer, nietos y nietas, hijos e hijas por recuperar, condenas que dictar y penas que cumplir”, reflexiona.

“El hallazgo de esta documentación es muy importante no sólo por su valor histórico, será relevante para los procesos de lesa humanidad”, explicó la ministra. “El contenido, con fotos y datos de personas detenidas, desaparecidas y sobrevivientes de la dictadura cívico militar, constituye un renovado ejercicio de Memoria y Verdad sobre el capítulo más doloroso de nuestra historia, que aún no se ha saldado”. Explicó que se incorporará a los fondos y colecciones documentales del Archivo de la Memoria, “como un aporte más de la construcción de la memoria colectiva y como testimonio del obrar sistemático del terrorismo de Estado”.

Caamaño, por su parte, reafirmó que “la AFI tiene una posición proactiva en la búsqueda de la verdad histórica. Sanear los sótanos de la democracia es también participar de la construcción de un organismo comprometido con la política de verdad y justicia y con asegurar que Nunca Más se utilicen los recursos del Estado para la persecución política”.

“Además de contribuir al conocimiento de los hechos, a los procesos judiciales y a la reparación de las víctimas y sus familias, estos documentos ayudarán a desentrañar la historia de los servicios de inteligencia en nuestro país”, señaló Pietragalla. “Como podemos ver en hechos lamentables que nos muestran los alcances del espionaje ilegal hasta el día de hoy, consideramos que esa es sin duda una deuda de la democracia, que ha sido asumida como un compromiso fundamental por este gobierno”, agregó.

El funcionario explicó que el libro se incorporará al Archivo Nacional de la Memoria, que en una primera etapa va a ofrecer una copia para las familias de quienes figuren en ese documento del Estado terrorista y después se subirá a la web del organismo para que sea de consulta pública. “La idea es que todo sea de acceso público, ese es el espíritu que tenemos”, explica.

“Fines subversivos”

“El presente álbum tiene como finalidad servir para la detección, identificación y posterior neutralización de personal y material utilizado con fines subversivos”, precisó el ejéricto en la introducción. El álbum consta de tres partes: las fotos de los potenciales blancos, el listado de nombres y un anexo de fotos de elementos secuestrados. 

Las de varones están numeradas del 0 a la 362. En algunos casos hay registros que se repiten o distintas imágenes que muestran los cambios de apariencia. Entre los blancos están el poeta Juan Gelman o el actor Norman Briski, así como abogados ligados a la defensa de los presos políticos y a la denuncia en el exterior como Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Mattarollo e Hipólito Solari Yrigoyen. También figuran dos de los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew como Ricardo René Haidar y Alberto Camps.

Las imágenes de las mujeres comienzan en el número 1000 y llegan hasta el 1143. Entre las buscadas estaba Sara Derotier de Cobacho, una histórica militante peronista, la actriz y escritora Lidia Massaferro, así como Cristina y Gloria Bidegain, hijas del gobernador bonaerense Oscar Raúl Bidegain.



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Submarino ARA San Juan: los documentos del espionaje de la AFI a los familiares  | Qué dicen los informes de inteligencia sobre los reclamos por el hundimiento del buque 



El parte está fechado el 3 de febrero de 2018 en Mar del Plata. Se titula “Pedidos y reclamos al sr. Presidente de la Nación Ing. “Mauricio Macri” (así, entre comillas) por familiares de tripulantes del submarino “Ara San Juan””. En el documento se detalla todo lo que los familiares de los 44 marinos pensaban decirle a Macri en la reunión que estaba prevista para el 6 de febrero, es decir, tres días después de este informe. Este documento, que prueba el espionaje ilegal realizado sobre los familiares de las víctimas del submarino, es uno de los que fue presentado en la justicia por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño al denunciar al ex Presidente y a la ex cúpula del organismo de inteligencia.

El informe del 3 de febrero tiene un nivel de detalle que hace suponer que los espías se habían infiltrado en las reuniones de los familiares o se habían acercado sin identificarse como agentes de la AFI a varios de ellos. Los familiares, además, ya sospechaban en ese momento que sus conversaciones estaban siendo interceptadas. Lo cierto es que los agentes le anticiparon a Macri no sólo la información casi textual de todos los reclamos que se iban a hacer en la Casa Rosada sino también quién haría cada uno de ellos.

“La señora (se omitirán los nombres) pareja del tripulante (xxx) en primer lugar intentará tener una respuesta fundada del Sr, Presidente de las cuestiones que están viviendo los familiares (…) posteriormente intentará expresarle al Sr. Presidente que “tendría que haber venido nuevamente a la base”. (…) del mismo modo le exigirá “los nombres de los responsables que firmaron la salida del submarino”, detallaron los agentes de la AFI. El documento también revela que otra mujer le reprochará que “desde el gobierno saben algo y no lo dicen”.

“La Sra (xxx) exigirá al Sr. Presidente que ‘ofrezca una recompensa así salen de todo el mundo a buscarlos aumentando las posibilidades de encontrar el submarino”, dice el documento. Justamente, el 6 de febrero de 2018, durante ese encuentro, el entonces Presidente les anunció a los familiares que se ofrecería una recompensa internacional por información sobre el submarino. Con los datos acercados por sus espías seguramente Macri pudo anticipar alguna de sus respuestas a los familiares, pero esto, justamente, impedirá que alegue que desconocía este seguimiento ilegal a las personas que reclamaban respuestas sobre la búsqueda y el destino de sus familiares .

La continuación del documento del 3 de febrero de 2018

Otro de los documentos aportados por Caamaño a la justicia es del 10 de febrero de ese mismo año. A las 15.54, los agentes de la AFI informaban sobre un posible reclamo de los familiares en la quinta de Chapadmalal, donde estaba Macri en ese momento: “se acercarán a los fines de entregarle una carta con pedidos de informes sobre las causas de la desaparición del buque (…) por expreso pedido de la Sra (xxx) madre de (xxx) en la solicitud exigirán que informe la equivalencia en TNT de las explosiones, unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino”.

Un informe del 10 de febrero de 2018, que anticipaba una carta presentada luego a Macri  en Chapadmalal

La información era buena. En efecto, ese día, poco después de las 18, tres familias en representación de todas las víctimas fueron hasta al complejo donde estaba el Presidente y dejaron en la guardia de entrada una carta en la que se pedían nuevas explicaciones sobre la desaparición del submarino y sus 44 tripulantes. Es más, específicamente le reclamaban conocer el resultado de una prueba que se había realizado en diciembre y que buscaba descartar la hipótesis de una explosión de un torpedo. “Desde el 23 de noviembre, en que desde Austria se anunció haber registrado las explosiones en la zona donde se desplazaba el ARA San Juan, venimos exigiendo que el gobierno informe la equivalencia en TNT de dichas explosiones, que es la unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino”, explicó en ese momento Yolanda Mendiola, madre del cabo Leandro Cisneros, según recogieron las crónicas de los diarios. Pero el Presidente no necesitaba leer la carta. Ya le habían informado sobre su contenido.

Ahora, tal como informó ayer Página/12, el fiscal federal Daniel Adler y el juez Santiago Inchausti deben decidir los pasos a seguir. En su denuncia, Caamaño pidió la indagatoria de Macri, los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el director de Reunión Interior –una dependencia de la exSIDE dedicada a recolectar información desde las provincias– y el jefe de la delegación marplatense de la AFI, donde fueron encontradas estas pruebas del espionaje.



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Ramos Padilla procesó al máximo responsable del espionaje ilegal macrista en Buenos Aires | Se trata del abogado Pablo Pinamonti



El juez federal Alejo Ramos Padilla acaba de procesar a Pablo Pinamonti, el máximo responsable de las bases que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desperdigó por toda la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones de medio término de 2017 y que se dedicaron al espionaje político –incluso de comedores comunitarios y de organizaciones que se manifestaban por la aparición de Santiago Maldonado. Por considerarlos responsables del cheque en blanco al espionaje político y por nutrirse de la información que allí se recolectaba, Ramos Padilla convocó a indagatoria para la semana próxima a los máximos responsables de la AFI macrista y al resto de los jerarcas del llamado Proyecto AMBA.

El Proyecto AMBA duró poco, pero dejó una marca indeleble en la historia del espionaje en provincia de Buenos Aires. Tal es así que Ramos Padilla llegó a compararlo con las delegaciones de la tenebrosa Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Entre 2016 y 2017, Gustavo Arribas puso en manos del abogado Pablo Pinamonti seis bases nuevas bases que se sumaron a delegaciones históricas que ha tenido la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la provincia. A las ya tradicionales bases en Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata –actualmente en la mira por el espionaje a los familiares del ARA San Juan – se sumaron las bases de Haedo, Quilmes, Pilar, San Martín, La Matanza y Ezeiza. Esta última estaba a cargo de Ricardo Bogoliuk, ya procesado y detenido como miembro de la banda del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.

Según reconstruyó Ramos Padilla, esas bases se crearon con el argumento de investigar el narcotráfico o la trata de personas, pero se usaron para espiar a militantes políticos y sociales – especialmente en un año sensible como fueron las elecciones de medio de término de 2017 en las que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compitió como candidata a senadora por la provincia. CFK no fue ajena a la vigilancia del Proyecto AMBA. La siguieron, desde la Base Ezeiza, cuando encabezó un acto en la zona de Canning y hasta registraron las patentes de los vehículos que participaron de la manifestación política de la principal política opositora al entonces presidente Mauricio Macri.

Desde esa misma base, realizaban periódicamente un cuadro con posibles alertas – que catalogaban de acuerdo con su potencial gravedad. Entre las alertas figuraban, la entrega de mercadería antes de un acto de CFK o la visita de la dirigente a un barrio popular. Lo que se buscaba, dice Ramos Padilla, es evaluar las acciones políticas que podían tener impacto en la gestión de Macri.

Uno de los hechos que más investigaron durante ese año fue la desaparición de Santiago Maldonado en el sur del país. Pese a la distancia con los hechos, las bases del AMBA enfocaron sus radares en las protestas que se hacían antes de las elecciones para exigir su aparición y cuánto podía influir esto en la percepción de la gestión Macri. Hubo inteligencia sobre marchas, misas e incluso convocatorias sobre redes sociales. “Lo que se pretende con estas acciones de inteligencia es conocer la extensión del reclamo en relación a la afectación de la imagen del gobierno nacional”, escribió el juez federal de Dolores.

Con Pinamonti procesado sin prisión preventiva y con Bogoliuk con una ampliación del procesamiento, Ramos Padilla escalará ahora hacia la cúpula de la AFI macrista. Ya citó para el martes a las 11 a Gustavo Arribas y para el mismo horario del miércoles a Silvia Majdalani. A Arribas lo acusa de haber ordenado a través de la creación del Proyecto AMBA el espionaje político en la provincia, en clara violación con la ley, y a Majdalani de nutrirse de toda la información que las bases recolectaban.

Por debajo de Pinamonti, la AFI incorporó a dos exBonaerense Vicente Melito y Daniel Salcedo – experito de las hijas de Alberto Nisman – para hacerse cargo del Proyecto. Ellos sumaron a otros comisarios y policías provinciales para manejar las bases, lo que dio pie a un rápido enfrentamiento por los negocios que históricamente estuvieron en manos de la Bonaerense. La experiencia del AMBA terminó en diciembre de 2017 – con acusaciones veladas de espionaje por parte de María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, hacia Macri y la cúpula de la AFI. Después del AMBA, Pinamonti volvió al área de Jurídicos de la AFI, uno de los puntos nodales del espionaje y que hasta ahora no tuvo a ninguno de sus altos mandos en la mira de la justicia.

Entre quienes convocó a indagatoria Ramos Padilla están también los exjefes de las bases AMBA Pedro Oscar García, Alicia Nocquet, Andrés Maisano, Gustavo Emilio Carreiras y José Luis Fiorentino. Es probable que la lista se amplíe en las próximas semanas. Para Arribas y Majdalani será una escala previa antes de ser indagados por el juez Juan Pablo Augé en la megacausa de espionaje que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora. En esa jurisdicción, ya fueron procesados por el espionaje contra Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento.



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Carlos Stornelli: un hijo en la AFI y otro en el área de escuchas | Los cargos de la familia del fiscal



El contubernio entre Justicia y servicios de inteligencia se verificó otra vez con los datos que indican que uno de los hijos del fiscal Carlos Stornelli revistó en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2016. Lo particular es que Julián Stornelli formó parte de la Dirección de Jurídicos de la AFI, justamente el área que se dedicó a armar causas y a apretar a jueces, tal como se verificó, por ejemplo, en el caso del juez Luis Carzoglio, visitado por el director de Jurídicos, para conminarlo a que metiera presos a Hugo y Pablo Moyano. Es decir que Julián Stornelli estuvo tres meses, de marzo a julio de 2016, en la dirección que operaba, entre otros, para su padre.

En paralelo, Mateo Stornelli trabaja en la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), que se ocupa de la pinchadura de teléfonos, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia. El dato fue revelado en su momento por la periodista de Página/12 Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte. O sea, mientras uno de los hijos del fiscal estaba en la AFI, el otro se desempeñaba en el área de escuchas.

Más allá de la idoneidad de la nueva generación de los Stornelli, lo grotesco es la mezcla, a partir del poder que encarnó el fiscal como punta de lanza contra la oposición. En la maquinaria ubicó a sus hijos. Ese papel todopoderoso venía con un adicional. En todos los ámbitos se lo consideraba de absoluta confianza de Mauricio Macri. Es más, hay escuchas en el expediente de Dolores en que se habla de que “Mauricio le dijo a Carlos..” o “Mauricio le prometió a Carlos” y otras expresiones semejantes que exhibieron la relación cotidiana entre fiscal y presidente. De manera que la mezcla era entre Justicia, servicios de inteligencia y Cambiemos. 



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Álbum “confidencial” de la AFI: Daniel Rafecas sostuvo que la Jefatura II era la mano derecha de la Junta Militar | Entrevista con el juez que la investigó y procesó a su máximo responsable



El álbum de fotos que acaba de ser hallado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue producido por un órgano sumamente poderoso en la estructura represiva, la misteriosa Jefatura II del Estado Mayor del Ejército. El juez federal Daniel Rafecas estudió esa estructura y llegó a procesar a su máximo responsable. 

 — ¿Qué rol tuvo la Jefatura II?

 — Era una de las principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, que, a su vez, era el órgano de consulta o asesoramiento del comandante del Ejército de la Junta Militar. Había una aceitada interacción entre esta Jefatura y (Jorge Rafael) Videla como comandante en jefe del Ejército. La Jefatura II tuvo un rol fundamental en el diseño o la arquitectura del plan de represión, en la medida en que, por un lado, era el área encargada de generar “los blancos” u “objetivos” en términos militares. También establecía qué personas debían ser detenidas y, una vez que se concretaban estas acciones y la víctima era trasladada a un centro clandestino de detención, era interrogada bajo torturas por personal de la misma área de inteligencia. A partir de esta información y de aquella que emergía del análisis de documentos secuestrados en los operativos ilegales, o a partir de la infiltración y seguimiento a los perseguidos políticos, se establecían nuevos objetivos que volvían a nutrir el circuito represivo.

— ¿Cuál era la relación con el Batallón 601 de Inteligencia?

— De la Jefatura II dependía a su vez el Batallón de Inteligencia 601, en el cual había una Central de Reunión, integrada por los servicios de inteligencia de las diversas fuerzas armadas y de seguridad, y que tenía por función la reunión de información proveniente de todo el sistema, que permitiera el conocimiento de las fortalezas y vulnerabilidades del considerado enemigo, a partir de lo cual se generaba el diseño de la inteligencia a nivel Jefatura. Sin duda alguna, la Jefatura II venía a ser como la mano derecha de la Junta Militar.

— ¿Puede este documento arrojar más luz sobre la coordinación de los servicios de Inteligencia?

— Sin duda que un documento de la naturaleza del encontrado permite, como mínimo, reafirmar hipótesis de conocimiento sobre las cuales se viene trabajando. El álbum encontrado retrata justamente las funciones del área de inteligencia: detección, identificación y neutralización del enemigo y da cuenta del alcance y la precisión de la organización de la información de inteligencia.

— ¿Cuánto se avanzó en dilucidar el rol que jugó la inteligencia durante la dictadura?

— A partir del estudio de normativa del Ejército y de la recepción de testimoniales a militares retirados que conformaron lo que fue el Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA) se pudo entender cuál fue el rol de la Jefatura II y de las áreas de inteligencia que se replicaban en cada una de las unidades militares. En el año 2012 se realizó el allanamiento de la vivienda del entonces general Carlos Alberto Martínez, titular de la Jefatura II desde 1976 y hasta el año 1978, y se procedió a su detención y posterior procesamiento. En esa oportunidad se encontró material de inteligencia que fue relevante para la investigación.

— Pero Martínez no llegó a ser llevado a juicio porque falleció antes.

— El mayor obstáculo con el cual nos encontramos es que los integrantes a nivel del Estado Mayor que poseían altos grados jerárquicos eran generales, coroneles o tenientes coroneles, por lo cual eran personas con una carrera militar avanzada en el momento de los hechos. Si bien se avanzó en la identificación de los integrantes de la Jefatura II, la mayoría de ellos están fallecidos; por lo cual aun cuando se reúna prueba que permita entender el aporte de inteligencia en los crímenes investigados, este es un obstáculo insalvable para el avance de la causa.

–¿Hay una mirada general o una mirada parcial de cómo operaron los distintos grupos?

— Después de 16 años de investigación de los crímenes atribuidos al Primer Cuerpo del Ejército, podemos decir que hemos avanzado mucho en el conocimiento del funcionamiento del área de inteligencia dentro de la maquinaria ilegal, pero lo cierto es que queda mucho camino por recorrer en cuanto a la identificación de algunos eslabones que habrían ejercido la coordinación de los diversos estamentos de inteligencia del mismo Ejército, o incluso con las restantes fuerzas.



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Habla un integrante del álbum “confidencial” de la dictadura que halló la AFI | El testimonio de José Vitar



En la foto con la que la dictadura lo identificaba como un “delincuente terrorista” José Vitar escondía su pelo largo detrás del cuello del saco . Era tan joven que hasta su hijo menor dudó a la hora de reconocerlo. El exdiputado nacional por Tucumán es solo uno de los más de 500 buscados por los represores que integraban el álbum que acaba de ser encontrado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tal como reveló Página/12.

Vitar duda de dónde habrá salido su foto. Él está seguro de que no llegaba a los 20 años en la foto con la que lo buscaba la dictadura. “Ellos deben haber tenido esa foto de la libreta universitaria o del registro de las personas”, explica. Antes de que las universidades fueran intervenidas en 1974, él había sido candidato a presidente del centro de estudiantes de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, por lo que es posible que a los servicios infiltrados en los claustros le interesa especialmente. Después llegó el tiempo de la clandestinidad y no hubo fotos, salvo en contadas ocasiones.

El nombre de Vitar como perseguido por la dictadura ya había surgido diez años atrás en los juicios por delitos de lesa humanidad en Tucumán. En el primer proceso por crímenes en la Jefatura de Policía, testificó Juan Carlos “El Perro” Clemente, que había estado detenido allí y aportó listas que los represores le habían ordenado destruir. La policía provincial tenía los datos de los padres de Vitar, sus características personales, su espacio de militancia y su apodo. “Turco”.

Algunos de esos datos figuran en el álbum que acaba de ser encontrado en la AFI, lo que habla de la coordinación entre los servicios de inteligencia nacionales y provinciales. La mayoría de las fotos que integran el documento corresponden a imágenes que fueron obtenidas de registros oficiales, lo que también evidencia cómo las distintas agencias estatales fueron puestas a disposición de la persecución de quienes la dictadura caracterizaba como enemigos.

Si bien el álbum fue encontrado en un armario del edificio central de la AFI el lunes pasado, no fue producido por la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Era, según lo que explica el documento, un material que se entregaba entre las fuerzas y se iba actualizando periódicamente. La clave para entender qué organismo lo produjo lo aportó el logo bastante desconocido, que correspondía a la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército. Era la que estaba a cargo de la producción de inteligencia y que asesoraba al comandante en jefe del Ejército (ver aparte). La Jefatura trabajaba con la inteligencia que le aportaba el Batallón 601 – que estaba en coordinación con los principales servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad y armadas, la SIDE e incluso del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Carlos Alberto Martínez fue quien estuvo a cargo de la Jefatura II hasta 1978, cuando se fue a la SIDE. Lo reemplazó quien era el jefe del Batallón 601, Alberto Alfredo Valín. Si bien el documento no está fecha, tiene un troquelado que dice 0182 – lo que podría dar una referencia de su fecha, pero, sin lugar a duda, es un registro que fue realizado después de 1978. En el álbum aparecen como blancos varios militantes que fueron víctimas de la represión contra la contraofensiva montonera, que actualmente se está juzgando en los tribunales federales de San Martín. 

Los archivos de la SIDE

Desde que me trajeron este libro estoy muy emocionada y movilizada por todo lo que representa seguir encontrando documentos relacionados con la última dictadura cívico-militar”, le dice la interventora Cristina Caamaño a Página|12. Caamaño, una fiscal recientemente jubilada, llega a diario al edificio de la AFI luciendo una cadenita con un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo como dije.

La interventora va a definir  cómo se va a dar acceso al material que acaba de ser encontrado con las más de 500 fotos, las listas de nombres de potenciales blancos y las imágenes de elementos secuestrados en distintos operativos.

Después de que el presidente Alberto Fernández designara a Caamaño al frente de la intervención en la AFI, se encontraron tres muebles ficheros con unas 250.000 fichas que están siendo analizadas por expertos en archivos. Caamaño creó un programa de Protección de Registro y Archivo dentro de la propia AFI, que inició sus funciones el 27 de enero pasado. Inicialmente, el programa tenía un plazo de seis meses para hacer un relevamiento general del material e informar a la interventora, pero esos tiempos cambiaron después de que se declarara la pandemia. El objetivo del programa es analizar material sobre violaciones a los derechos humanos que hayan tenido lugar hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal dictó la sentencia en el Juicio a las Juntas. La aparición de este nuevo registro renueva las expectativas de que nuevos documentos puedan echar luz sobre las prácticas más oscuras de la dictadura, que tuvieron un lugar de privilegio en la lúgubre SIDE.



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Encontraron en la AFI nuevos archivos de la última dictadura  | Se trata de un libro con con más de 500 imagenes de personas que los militares querían “neutralizar” 




| Se trata de un libro con con más de 500 imagenes de personas que los militares querían “neutralizar” 



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Martinengo y su afán de despegar a Macri del espionaje ilegal | La nueva declaración de la funcionaria macrista les pedía a los espías informes para el “uno”



La excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo buscó despegar al expresidente Mauricio Macri y a su secretario privado, Darío Nieto, del escándalo de espionaje que se investiga en los tribunales de Lomas de Zamora. Fue durante la ampliación de indagatoria ante el juez Juan Pablo Augé, que la exfuncionaria macrista buscó relativizar los informes que ella le pedía a los espías que integraban la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para informar al “uno” o al “hombre”.

“Ninguna tarea relacionada con servicios de inteligencia me fue requerida por el presidente de la Nación ni por otro funcionario de su entorno, como por ejemplo su secretario Darío Nieto”, dijo Martinengo. Su declaración fue a través de un escrito de 14 páginas a través del cual buscó ordenar lo que había relatado el 2 de julio pasado, cuando la investigación por espionaje estaba todavía en manos del juez Federico Villena.

En su descargo, Martinengo buscó mostrar que no tenía vínculo estrecho ni con Macri ni con Nieto. Dijo que al joven secretario no lo conocía de antes y que su relación era cordial, pero distante. En su anterior declaración había dicho que, cuando tenía conflictos con su jefa, solía recurrir a Nieto y, en la causa, figura un mensaje cariñoso que Nieto le envió a Martinengo cuando terminó la gestión Macri en la Casa Rosada.

Martinengo acompañó a Macri como funcionaria durante su paso por la Jefatura de Gobierno y por la Presidencia. Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide la acusan por haber pedido informes que directamente interesaban al entonces mandatario. Según probaron los integrantes del Ministerio Público, Martinengo recibió informes sobre la comunidad mapuche, sobre escraches sufridos por Macri y sobre las organizaciones que iban a movilizarse en diciembre de 2017 contra la reforma previsional.

Los interlocutores habituales de Martinengo eran dos policías de la Ciudad devenidos en agentes de la AFI, Jorge Sáez y Leandro Araque, con quienes forjó una relación de amistad desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y se mantuvo cuando se mudó a la Rosada. Sáez y Araque solían visitarla en Balcarce 50 e incluso hubo otras agentes, como Mercedes Funes Silva y Belén Sáez que declararon haber ido a ver a Martinengo. La mujer también tenía relación con el abogado Facundo Melo, pero dijo que no eran amigos. En su descargo, la excoordinadora de Documentación Presidencial describió las visitas de los agentes de la AFI como “turísticas”. Dice que prueba de ello son las fotos cholulas que Araque, Sáez y compañía se tomaron por los pasillos de la Casa de Gobierno.

Para los fiscales, Martinengo también se valió de los agentes de la AFI para sus propios intereses, por ejemplo, impulsar una candidatura para diputada por la provincia de Buenos Aires. Para forjar su carrera electoral, Martinengo solía ir al departamento que tenían los Súper Mario Bros en el barrio de Mataderos, donde incluso conoció a Rafael Di Zeo, histórico dirigente de la barrabrava de Boca Juniors. “Mi pasajera ambición no tuvo éxito, razón por la cual continué militando y cumpliendo el rol que el gobierno me había asignado”, dijo en su escrito.

El juez y los fiscales de Lomas están llevando adelante una ronda de indagatorias en la causa por espionaje contra políticos, líderes sociales e incluso jueces que tuvo lugar durante el macrismo. Hasta ahora, pasaron los exagentes Melo, Araque, Sáez y Emiliano Matta. Las indagatorias continuarán hasta el mes próximo. Para el 6 de octubre esperan a Nieto y luego a los exdirectivos de la AFI Silvia Majdalani y Gustavo Arribas.



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