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Aborto: Ante un escenario ajustado, el Ejecutivo mide los tiempos para enviar le proyecto | La Casa Rosada hizo su propio “poroteo”



Las alarmas se encendieron en la Casa Rosada. El gobierno hizo un primer recuento de votos y se encontró con un escenario más ajustado del esperado de cara al debate en Diputados del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, esperarán a tener un panorama más favorable para enviar el proyecto, aunque insisten que será este año. En paralelo, diputadas de distintos bloques ya comienzan a pensar la estrategia para que el aborto sea ley en 2020. Buscarán un debate más corto que el de 2018, con hincapié en la salud pública, y una fuerte apuesta para que el Ejecutivo consiga abstenciones o ausencias de los que hasta hoy se manifiestan como indecisos.

A su vez en la Cámara baja, por donde entraría el proyecto, también llevan un poroteo propio con actualización permanente. En el ala verde cuentan un empate: 120 a favor, la misma cifra en contra y 15 indecisos. Pero señalan que en el comienzo del debate parlamentario varios de estos se alinearán a la postura del Gobierno, que es a favor. “Entre la presentación del proyecto, el tratamiento y la llegada al recinto hay un tiempo para tratar de conseguir esos votos”, deslizó a Página/12 una diputada del Frente de Todos que será clave para que salga la ley.

Los poroteos que se hacen dentro del Palacio Legislativo y los del Gobierno dan a Juntos por el Cambios como el sector que aportaría la mayor cantidad de votos en contra. “Algunos lo hacen porque tienen una convicción en contra a este derecho, otros por las presiones que recién en sus provincias y otros simplemente para no darle un logro al Gobierno“, explicaron fuentes parlamentarias. Pero para revertir esta situación la secretaria parlamentaria del PRO, Silvia Lospennato, trabaja dentro del bloque.

En la Casa Rosada son más cautos que en el Congreso respecto a los tiempos. Tienen dos premisas claras: la postura es unánime a favor de la legalización y que los tiempos los dirige Alberto Fernández, según él considere “el mejor momento” para mandar el proyecto. También buscarán tener un piso de votos afirmativos que, al menos en Diputados, garantice la aprobación. “Queremos mandarlo con medio camino hecho”, explicaron desde Balcarce 50 a Página/12. 

La titular de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, subrayó: “Siento que no hay margen para que el Congreso no sancione la ley: hay una demanda del colectivo de mujeres que se han organizado. No hay margen para no acompañar este proyecto. Cuando decimos ‘Ni una Menos’ lo decimos para el aborto clandestino también”. “La decisión política está y eso es lo importante, hay intención de que salga, hay un Presidente que no mira para el costado. Es clave que nos comprometamos a darle sanción al proyecto”, resaltó.

Los distintos sectores que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tienen un solo objetivo: que salga la ley. “Esta vez no nos podemos conformar con llevar el debate al Congreso o tener una media sanción. No. Tenemos que ir por más. Hay que aprovechar que en el Ejecutivo hay un Gobierno que empuja a favor y en ambas cámaras hay presidentes que tienen la misma intención”, argumentó una diputada oficialismo. Por su parte, otra legisladora que también está a favor, pero que forma parte de la oposición señaló: “el oficialismo acompañó la política del Gobierno, hasta ahora, de que el tema no sería ‘prioridad’ y no armaron muchos espacios para debatir el tema”.

Los pañuelos verdes saben que los debates largos, como el de 2018, les dan tiempo a los sectores que se oponen a la legalización para organizarse y alinear sus tropas con aprietes y escraches, como sucedió la última vez en algunos distritos del país. “Hay provincias muy conservadoras, donde las Iglesias Evangélicas hacen lo que sea para que los legisladores voten como ellos quieren. Se hace muy desgastante así”, contó a este diario una fuente del Frente de Todos.

A pesar de esto, los más optimistas sobre la posibilidad de que la ley salga este año entienden que la clara posición a favor de la legalización que tomó el Gobierno va a ser clave para que algunos de los indecisos del Frente de Todos voten a favor, se abstengan o se ausenten. “Va a tener la misma épica que le Ley de Matrimonio Igualitario, cuando Néstor y Cristina coordinaban viajes para algunos legisladores“, enfatizó otra diputada del oficialismo.

Con la posibilidad de que el aborto sea ley en 2020, la Iglesia Católica no pierde el tiempo. Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ya se expresaron en un documento: “Las últimas noticias sobre la inminente introducción del proyecto de ley de aborto al Congreso Nacional nos sorprenden tristemente porque desalientan la búsqueda del encuentro fraterno e imprescindible entre los argentinos”. “La situación general de la salud pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características”, señalaron para justificar su postura. Pero desde el Gobierno salieron a contestarles en defensa de la legalización. “Nadie se puede sorprender, no estamos escondiendo nada debajo del poncho y eso facilita el diálogo. La idea no es romper ni cortar los puentes”, remarcó el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

Frente a los argumentos del “costo de los abortos para la salud pública”, los sectores que defienden la legalización sostienen que “un aborto bien practicado, con métodos como el misoprostol o sencillas intervenciones ambulatorias, es más económico que una internación quirúrgica por una aborto clandestino. Estos en muchos casos se complican y necesitan camas de terapia intensiva”.

“Mi miedo es que grupos anti derechos generen un clima violento con la discusión del aborto cuando en realidad esto tiene que ser tratado con alegría, con mística militante”, dijo la vice jefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau. “No sería una locura tratar el proyecto de aborto legal en extraordinarias, no lo descarto”. “El Congreso va a seguir funcionando aunque les pese a muchos hasta que lo necesite el Poder Ejecutivo”, agregó la dirigenta que en todo momento insistió para que no termine este año sin que se trate este proyecto.

Informe: Antonio Riccobene



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Aborto: un pañuelazo en reclamo del proyecto frente al Congreso | La Campaña Nacional recordó el compromiso asumido por el Gobierno



Este miércoles la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito hizo un pañuelazo permanente en la vereda del Congreso Nacional con la consigna “Nuestro proyecto es URGENTE. Aborto legal 2020”. Colocó 100 pañuelos de vinilo plastificado que quedarán fijados en la vereda para recordar la deuda con el tema a quienes transiten la zona. Esta acción que toma las calles del centro porteño por primera vez desde el aislamiento preventivo, se dio en el marco de acciones federales que se están haciendo en todo el país desde el lunes, reclamando que se debata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). “Hay un piso que tiene que ver con la despenalización social que ya está ganado”, dicen desde la Campaña.

A las ocho de la mañana, unas treinta activistas de la regional CABA de la Campaña se juntaron frente al Congreso para recordar que siguen exigiendo que la despenalización y legalización del aborto sea ley en el país. No llamaron a la acción masiva para no militar contra el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), sin embargo, decidieron tomar la calle para que el proyecto sea ley antes de que termine el año.

En esa línea, esta semana se hicieron diferentes acciones en distintos puntos del país. Rosario hizo un sillazo con perejil el lunes pasado. El martes, Tierra del fuego desplegó un pañuelazo (las condiciones en relación a la pandemia permiten cierto tipo de concentración). Este viernes hay acciones en el sur y en La Plata. “No queremos que se dilate más, creemos que incluso mejoraría las condiciones en los hospitales, habría menos camas ocupadas por nosotras/es. Porque hay mucho run run y ninguna confirmación y nosotras no tenemos más paciencia”, dijo a este diario Yanina Waldhorn, integrante de la Campaña. “Es un proyecto urgente, esencial, es un problema de salud pública que empeora el estado de emergencia de la salud publica hoy. No queremos esperar los tiempos de la agenda política que no son nuestros y que exceden los intereses de las mujeres y disidencias sexuales”.

En la Ciudad, la Campaña nunca dejó las calles. Durante el ASPO hizo tres afichazos en las barriadas y centros de salud en torno a fechas clave: 28 de mayo Día Internacional de Acción de la Salud de las mujeres, la semana del 8 de agosto en la que se conmemora la media sanción del proyecto de ley de 2018, y el 28 de septiembre Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Ahora acordaron ocupar creativamente las calles para meter presión y que el Ejecutivo de una vez envíe su proyecto de ley o habilite el debate a partir del proyecto de la Campaña, que ya fue debatido en 2018 y tiene gran consenso y firmas transversales. Según adelantó este diario, el Gobierno enviaría antes de que termine el mes de octubre el proyecto de despenalización y legalización del aborto al Congreso, aunque en la Casa Rosada nadie se atreve a confirmar la fecha.

Lo cierto es que los tiempos corren. Queda apenas un mes para poder dictaminar en las cámaras. Además, el 2021 es año electoral, coyuntura que suele frenar el avance de agendas disputadas como esta.

Paralelamente, la Campaña hizo un pedido formal al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta de la Cámara de Senadores para plantear la necesidad de que la discusión sea ya. Por ese pedido, estaba prevista para este jueves una reunión con Sergio Massa, que pasó para la semana próxima. Se reunirán con él unas diez representantes de la Campaña de todo el país. El planteo de la Campaña será que se trate la legalización del aborto con urgencia. “Si entra el proyecto del Ejecutivo mejor y si no entra, que discutan el de la Campaña; Lo que queremos es que el proyecto de la Campaña esté en discusión, sabemos que el proyecto del Ejecutivo tiene un peso enorme y arrastraría votos. El de la Campaña también es muy importante”, apuntó Julia Martino, representante de cabildeo de la Campaña, que participará del encuentro. Además pedirán que se llame a un plenario de las comisiones en las que tiene giro (Salud, Mujer y Diversidades y Legislación penal). “El paso por el plenario de comisión tiene que ser bastante rápido porque la discusión larga fue en 2018, fueron meses de transmisiones en directo que miles de personas seguían en todo el país, fue de abril a julio, los martes y jueves. Esta vez no es necesario tanto, prácticamente todo se ha dicho. Básicamente tienen que discutir la letra de la ley. En dos reuniones del plenario se puede dictaminar, llevar a sesión y que llegue al Senado antes de que se terminen las ordinarias”, explicó Martino. “Queremos un debate serio, que no nos haga perder tiempo; hay un piso que tiene que ver con la despenalización social que ya está ganado”, apuntó Waldhorn.

Si el Ejecutivo presenta su proyecto será la primera vez en la historia. Además, el presidente de la Nación tiene la facultad de convocatoria a sesiones extraordinarias y de fijar el temario. En la Campaña saben que cuando hay voluntad política se puede.



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Italia: hallan cementerios para fetos abortados | Una polémica iniciativa de grupos antiderechos en Italia



Un grupo de más de cien mujeres que interrumpieron su embarazo en la última década solicitaron a la Fiscalía de Italia que investigue el hallazgo de un cementerio de fetos enterrados en tumbas marcadas con sus nombres

Esta práctica, llevada a cabo desde hace años por grupos antiderechos, instaló un fuerte debate a partir de un posteo en las redes sociales donde una de las afectadas publicó una foto del cementerio Flaminio, ubicado al sudoeste de Roma, en la que se ve una cruz blanca encima de una lápida que lleva su nombre.

No te preocupes. Aunque no te hayas apuntado para el entierro, el feto seguirá siendo enterrado por caridad: tendrá su lugar con una de sus cruces y lo encontrará con su nombre”, le dijeron al teléfono a Marta, meses después de haber tenido que enfrentar un aborto por motivos de salud.

“Empiezo por escribir que esta no es mi tumba”, publicó Marta en sus redes sociales. “El campo en cuestión del cementerio Flaminio en Roma está lleno de cruces con nombres y apellidos femeninos”, denunció la mujer.

De inmediato, su publicación se hizo viral y motivó a que muchas otras mujeres contaran sus experiencias. Es el caso de Francesca, quien también descubrió que en el cementerio Flaminio de Roma “había una tumba a mi nombre, sin mi consentimiento y sin mi conocimiento”.

En su caso, el aborto también fue porque el embarazo ponía en peligro la salud de la madre. Según contó, meses después de la interrupción de su embarazo, le preguntó al hospital qué había sucedido con el feto, porque en su momento ella había dicho que no estaba de acuerdo con enterrarlo. 

“Ellos respondieron ‘no sabemos nada al respecto’. Ahora ver mi nombre en esa fea cruz de hierro helado en ese inmenso prado árido fue una puñalada”, lamentó Francesca. 

El entierro de fetos, denunciado por más de 100 mujeres ante la Fiscalía italiana, resultó ser una práctica regular de organizaciones ultracatólicas del país, principales referentes de los sectores antiderechos. Según se investigó, el modus operandi consiste en reclamar en los hospitales los fetos abortados y enterrarlos en cementerios italianos bajo el nombre de las mujeres embarazadas.

Lo más sorprendente, destacó la periodista Sabina Pignataro del medio italiano Corriere De La Sera, es que se trata de una práctica legal porque no viola las leyes italianas sobre los entierros

Según explicó, estas normas se aplican de manera desigual en las diferentes regiones. Debido a esa “falta de homogeneidad”, indicó el medio local, puede ocurrir que en alguna región de Italia “el aborto de un feto o embrión, de cualquier credo y nacionalidad, que haya sido abortado voluntaria o espontáneamente, incluso con una edad gestacional inferior a 20 semanas, sea enterrado en un cementerio municipal (con o sin rito católico) sin que la mujer lo haya solicitado. Y sin que la mujer sea consciente de la existencia de una tumba que queda como presencia, como huella, de ese suceso”.

Demanda colectiva

Según informaron los medios locales, el Garante de Privacidad de Italia ha decidido abrir una demanda colectiva que recoge los casos de estas y otras mujeres que reclaman por el derecho a su intimidad.

Aunque las demandantes no pueden argumentar contra la legalidad del entierro de los fetos abortados, sí pueden reclamar ante lo que consideran una clara violación a su privacidad, ya que en cada tumba está escrito el nombre de la mujer embarazada. Por caso, los antiderechos omiten en las lápidas el nombre del hombre. 

Es por eso que se analizarán los casos bajo los delitos de “violencia privada” y “violación a la privacidad”. La Fiscalía italiana también abrirá un expediente de oficio y se sumará a las investigaciones del caso, cuya responsabilidad podría poner en problemas a los hospitales y a las organizaciones antiderechos que se encuentran detrás de estos “cementerios de abortos”.

Cementerios de fetos abortados

La periodista Jeniffer Guerra, autora del libro El Cuerpo Eléctrico, se encargó de rastrear hace unos años las denuncias que había sobre cementerios de fetos abortados en toda Italia y encontró, por lo menos, 50 lugares donde hay este tipo de tumbas.

Según se detalla en la investigación, en la legislación italiana sobre el aborto -legalizado desde la década del 70-, hay una diferencia entre aquellos que ocurren antes de la semana 20 de concepción y los que ocurren después. 

Según la política mortuoria italiana, los “productos abortivos”, como son llamados en la ley a los fetos y embriones abortados, deben ser enterrados después de la semana 20 de concepción.  También establece que debe hacerse lo propio con las partes anatómicas reconocibles (como los miembros sujetos a amputación). 

Por su parte, las partes anatómicas no reconocibles, es decir todo “producto abortivo” inferior a 20 semanas de concepción, debe eliminarse como “desechos hospitalarios especiales” y enviarse para “destrucción térmica”, como lo establece el Decreto 254 del 2003 emitido por el Presidente de la República.

La investigación de Guerra encontró que sobre esta premisa los grupos antiderechos se apoyan para ofrecer un “servicio social” a los hospitales y los municipios para enterrar “dignamente” los restos de los fetos y embriones no reclamados por las familias ya que, de acuerdo a la legislación, tras 24 horas pierden los derechos de propiedad sobre ellos.

Uno de los más destacados en esta tarea es ‘Difendere la Vita con Maria’ o ‘Defendiendo la Vida con María’, una organización ultracatólica que se dedica a auspiciar este tipo de cementerios por toda Italia y a realizar entierros sin importar el credo o procedencia de los “productos abortivos”.

En una publicación hecha en 2013 por el medio italiano Il Fatto Quotidiano, el periodista Alessandro Madron recogió parte de la investigación de Guerra y profundizó en las prácticas de esta organización, las cuales se remontan a 1999. En dicha publicación destaca que ‘Defendiendo a la vida con María’ va más allá de la legislación italiana y ni siquiera reconoce la distinción entre embrión o feto, pues considera que la vida humana existe desde el momento mismo de la concepción.

En algunas regiones como Lombardía y Campania han logrado influir en la legislación mortuoria y establecer que todo “producto abortivo” (o “niño por nacer”, como ellos lo llaman) debe ser enterrado, incluso si son embriones de menos de 20 semanas. 

Además, tienen convenios firmados con hospitales de ciudades como Roma, Nápoles, Turín, Caserta y Génova, que les avisan cuando los padres no reclaman los restos  después de las 24 horas legales. 



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Aborto: una chica cuenta el trato cruel que sufrió en el hospital  | “No quiero que ninguna otra persona pase por lo mismo”, dijo la joven a Página/12



V. tiene 19 años y es estudiante en un instituto terciario en Villa María, provincia de Córdoba. A principios de setiembre fue derivada desde el 0800 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable al Hospital Materno Neonatal Ramon Carrillo, ubicado en la ciudad de Córdoba, para someterse a una interrupción legal de embarazo (ILE). Se la hicieron con medicamentos, aunque ella pidió expresamente que le practicaran un legrado porque ya había hecho tres intentos, sin éxito, con pastillas, con el acompañamiento de una socorrista. “Si es necesario que esté tres semanas internada usando la medicación, te quedarás tres semanas”, la respondió con mal tono una médica ginecóloga, el jueves 3 de setiembre, antes de suministrarle el tratamiento, según contó la adolescente a Página/12. A la madrugada siguiente, finalmente, pudo interrumpir la gestación. “Cuando me senté en las silla de ruedas para ir al quirófano donde me harían un legrado (para terminar el procedimiento), me pusieron en la falda una bandeja con un frasco que contenía el producto del aborto conservado en formol. Mientras íbamos al quirófano me dijeron que iban a llevar al feto a análisis patológicos y que podía pedir los informes en 15 días, incluso para conocer el sexo”, relató a este diario. “No bajé la cabeza nunca más. No podía verlo. Por más que yo haya decidido abortar, no tenían que obligarme a eso: lo cuento porque no quiero que ninguna otra persona pase por lo mismo. Fue muy violento el trato que recibí durante toda la atención”, contó V.

Esta semana, V. con el asesoramiento de una abogada feminista, presentará una nota con el relato de los hechos ante el hospital, que depende de la provincia de Córdoba, y en las áreas de Salud Sexual y Reproductiva de Córdoba y de Nación. Página/12 intentó consultar sobre el caso al ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, pero una de las encargadas de prensa del área respondió que “estaba complicado de agenda”.

Hacía tiempo que no escuchaba un relato cargado de tanta crueldad. Lo que vivió V. es violencia institucional, trato deshumanizado y cruel”, consideró en diálogo con este diario Ruth Zurbriggen, feminista de Neuquén, e integrante de Socorristas en Red, una colectiva que acompañan a mujeres y personas con capacidad de gestar en situación de aborto en todo el país. “No queremos que quienes garantizan una interrupción legal del embarazo lo hagan a cualquier precio. Y con el plan siniestro de dejar las marcas del maltrato tatuada en los cuerpos. Porque no es ingenuo lo que hicieron. Es parte intencional. Hay ahí una pedagogía y puede que se asiente en “hago lo que quiero porque no rindo cuentas””, cuestionó Zurbrieggen.

V. contó a este diario que tuvo tres intentos de abortar con pastillas que no funcionaron, siempre con el acompañamiento de Cecilia Rivera, socorrista de Villa María, donde ella vive. El primero lo hizo cuando llevaba unas siete semanas de gestación. Al no poder interrumpir el embarazo, a pesar de seguir el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud con medicamentos, a fines de agosto decidieron llamar al 0800-222-3444 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ya estaba de 13 semanas. La derivaron entonces al Hospital Materno Neonatal, de la ciudad de Córdoba, donde realizan ILE durante el segundo semestre de embarazo. “Nunca tuve dudas de que quería abortar”, dice la joven. La socorrista viajó con ella el miércoles 2 de setiembre desde Villa María a la capital provincial y la acompañó hasta el Hospital. V ingresó por el área de Trabajo Social, donde tuvo la primera entrevista para iniciar la solicitud de ILE con una trabajadora social y luego con una psicóloga. “Hasta ahí todo resultó bien”, contó Rivera.

Después la derivaron a la guardia ginecológica. “Sin recibir ningún tipo de consejería sobre las posibilidades de llevar adelante el aborto, me mandaron a la parte de internaciones. Me informaron que tenía que hacerme un hisopado de covid-19 y que ese resultado podía demorar entre 24 y 36 horas, que mientras tanto debía permanecer en aislamiento preventivo. Ese primer día las violencias fueron desde no explicarme por qué la opción con pastillas era la adecuada hasta no darme agua por más de 10 horas, ni permitir que se me enviara desde afuera del hospital nada a la habitación, ni comida ni agua. Me empezaron a aplicar misoprostol, una pastilla vía vaginal y otra vía sublingual, cada 3 a 6 horas”, contó V.

Al día siguiente, el jueves 3 de septiembre “una ginecóloga se presentó en mi habitación diciendo que la única opción que tenía para abortar era con misoprostol y que si era necesario que –y cito textual– ‘estés 3 semanas internada usando la medicación, te quedarás tres semanas’ . A través del 0800 y de la Red de Socorristas se hicieron reclamos y como respuesta me informaron que me iban a hacer una microcesárea al día siguiente, obviamente sin detenerse un segundo a explicarme de qué se trataba esa intervención, qué cicatrices me podía dejar, qué cantidad de días me llevaría reponerme. No me dieron ninguna información clara y precisa”, señaló V.
Ya en la madrugada del viernes se produjo el aborto con las pastillas. “Como nadie del hospital respondía a mi llamado, me comuniqué con Ceci (la socorrista) para contarle, intercambiamos un par de mensajes y me quedé tranquila porque todo indicaba que ya había abortado”, sigue el relato de la adolescente.

Demoraron en comprobar la interrupción del embarazo, a pesar de sus insistentes llamados desde la habitación, dice V. Finalmente la llevaron a realizar una ecografía que confirmó el procedimiento, pero debían finalizarlo con un legrado. “A las 22 del viernes me llevaron al quirófano para realizarme un legrado. Cuando me senté en las silla de ruedas me pusieron en la falda una bandeja con un frasquito que contenía el producto del aborto conservado en formol. Me dijeron que iban a llevar al feto a análisis patológicos y que podía pedir los informes en 15 días, incluso para conocer el sexo”.
El sábado el resultado del hisopado realizado el miércoles continuaba sin llegar. “El domingo por la mañana la enfermera que estaba a cargo del sector de aislamiento vino a decirme que las enfermeras estaban a favor de la vida y que no estaban de acuerdo con lo que había hecho, me dijo que había quitado una vida, que había un corazón latiendo y que eran tantas semanas que ya se podía identificar, que debería haber desistido de la decisión de abortar y que seguramente el hisopado se estaba demorando porque nadie estaba de acuerdo con lo que ‘había hecho’, que ‘quitar una vida’ no estaba bien”.

A la noche del domingo, alrededor de las 21.30, “me dijeron que había llegado el resultado del hisopado –habíamos reclamado en el COE a la tarde– y que era negativo, que por fin el lunes por la mañana me darían el alta”. Al rato la buscaron para trasladarla a una habitación: para terminar de violentarla, la hicieron pasar la última noche con una mujer que acaba de parir y su bebé. En total, estuvo cinco días internada, sola. 

“Vamos a acompañar el reclamo administrativo de V. porque no queremos que nadie más tenga que pasar por esto. Cuántas mujeres habrán pasado lo de ella y ni siquiera han tenido la posibilidad de la queja, del reclamo. Asusta pensarlo”, dice Ruth Zurbriggen, de Socorristas en Red. 



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“Para muchas es difícil contar que abortamos, pero muchas otras no pudieron decirlo porque las perdimos”

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Aborto: La Campaña exigió la sanción de la ley IVE | Este lunes, para evitar contagios, el pañuelazo será virtual, a las 18 hs.



La Campaña Nacional por el Derecho al Abortó exigió la “urgente” sanción de la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, en el marco del día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, que se celebra este lunes con acciones a nivel global. “No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir. Este 2020, Sr. Presidente, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados: ¡EXIGIMOS ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO YA!”, exhortó la Campaña, que articula más de setecientas organizaciones de mujeres, LGBTTI, de derechos humanos, políticas, y sociales de todo el país.

Este año no habrá movilizaciones en las calles, como ya adelantó este diario: desde la Campaña se acordó no convocar a marchar por el contexto de pandemia por coronavirus, para prevenir la posibilidad de contagios de la covid-19. El pañuelazo será virtual, a partir de las 18.

El envío de un proyecto de ley de IVE fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, quien lo ratificó en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo. El texto, repiten en Gobierno, ya está listo, pero AF no quiere enviarlo en el medio de la pandemia.

Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo”, expresó la Campaña, a través de un comunicado de prensa, en el que exhorta a “las y los decisores políticos a que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de IVE”.

El proyecto de la Campaña, que se volvió a presentar el año pasado por octava vez, tiene estado parlamentario. Pero los escenarios para su aprobación, como señaló este diario, se vuelven dilemáticos.

“En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios. Las presas por abortar sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión. Sin contar con la atención adecuada, son sometidas a maltratos por profesionales de la salud que actúan en complicidad con agentes de la Justicia, la policía y los medios de comunicación”, señaló la Campaña.

En este contexto de emergencia sanitaria “se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva”, advierte el pronunciamiento. “Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza. Por eso: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario”, dice el texto.

“La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse. Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo”, exhortó la Campaña.  



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Acompañar: la tarea de ponerle el cuerpo a la clandestinidad

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El conteo de los votos en el horizonte del proyecto por el aborto | El dilema del momento más conveniente para abrir la discusión sobre ley IVE en el Congreso



“Es tiempo de oportunidad: o la sacamos en el 2020 o no sale por años”, advierte Marta Alanis, histórica referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sobre la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE). El próximo lunes 28 de setiembre es una fecha clave para el activismo feminista: es el día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Pero no habrá marea verde en las calles. La Campaña no convoca a una movilización, como lo hubiera hecho en otro contexto, para evitar contagios de la covid. No es la derecha irresponsable. Aunque sabe que las concentraciones masivas son su principal fortaleza para presionar al Presidente para que cumpla con su promesa electoral –luego ratificada en la apertura de la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo, días antes del inicio de la cuarentena—, de enviar este año al Congreso un proyecto de IVE.

En el Gobierno insisten en que el compromiso de Alberto Fernández con el tema está intacto, pero repiten que no es el momento para abrir la discusión cuando el sistema de salud está abocado a la emergencia sanitaria, y el planteo del Ejecutivo será encuadrar el debate desde una perspectiva de salud pública. “Queremos darnos una estrategia para que se sancione. Nos comprometemos a tratar de conseguir los votos”, dice Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, diferenciando la voluntad política de AF de la maniobra pergeñada por el ex presidente Mauricio Macri, que habilitó el tratamiento del proyecto de la Campaña en 2018, pero luego reconoció que no le interesaba que se aprobara y quedó claro: no hizo nada para conseguir los votos que faltaron en el Senado.

No trascendió el texto del proyecto del Ejecutivo pero la secretaria de Legal y Técnica –que coordinó el equipo que lo redactó– se encargó de aclararle a referentes de la Campaña que “no trae sorpresas”: se lo dijo en una reunión el 17 de agosto en la que participaron también la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzoti.

La propuesta, según trascendió, recupera los consensos básicos que surgieron del debate de 2018. Incluiría la despenalización y la legalización del aborto en las primeras semanas de gestación y en los casos ya previstos en el Código Penal: cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazo producto de violación o abuso sexual. Junto con este proyecto, Fernández prometió otra iniciativa parlamentaria: el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida, con la idea de que no recurra al aborto ninguna mujer por ser pobre.

En medio de la pandemia cualquiera de los escenarios que se están analizando para avanzar con el tratamiento en el Congreso se vuelve dilemático.

Diputadas oficialistas y de la oposición que integraron el grupo de lxs “sororas” en 2018 insisten en que debe salir en el 2020 porque el año próximo es electoral, y un tema como el aborto no se va a discutir en ese contexto. En octubre de 2021 se renovarán las bancas de 127 diputados y un tercio del Senado. Verdes de Juntos por el Cambio dicen que este año votarían el proyecto del Gobierno pero en 2021 no están dispuestos a apoyar ninguna iniciativa presidencial.

Desde el bloque oficialista de Diputados plantean que el plazo para tratar el proyecto de IVE podría ir más allá del 30 de noviembre, cuando terminan las sesiones ordinarias: el Gobierno tendría previsto convocar a extraordinarias de diciembre hasta febrero y se abriría una ventana de oportunidad si, además, los contagios de la covid entran en una curva de descenso.

El poroteo muestra que en la Cámara de Diputados la votación sería más cómoda para darle media sanción, pero la virtualidad de las sesiones favorece el anonimato de quienes no están tan convencidos o votarían condicionados, y el oficialismo podría correr el riesgo de perderlos. Sin el contacto cara a cara es más difícil negociar apoyo díscolo. El relevamiento que hacen desde la Campaña cuenta unos 27 indecisos en la cámara Baja. En el Senado faltarían 3 votos, e identifican cuatro indecisos, pero estiman que dos no se atreverían a votar en contra del Presidente, por la relación de la Casa Rosada con el gobierno provincial. Del mismo modo, senadores “celestes” del oficialismo, como el presidente del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, no tendrían margen para militar en contra de una iniciativa del Ejecutivo. De este panorama se desprende que es clave que la propuesta que se trate sea la del Gobierno –y no la de la Campaña, que tiene estado parlamentario— y que la votación sea presencial. El presidente debe liderar el proyecto.

Un factor que podría complicar el debate es la profundización de la grieta en el Congreso: una ley de despenalización y legalización del aborto requiere de un acuerdo transversal, como ha sucedido con otras sanciones históricas que ampliaron derechos y cuya aprobación se logró porque el Ejecutivo traccionó votos escurridizos. Dos ejemplos son la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en 2006, y la de Matrimonio Igualitario, en 2010: ambas generaban resistencia en los mismos sectores conservadores y religiosos que se oponen ahora a avanzar con el derecho al aborto.

Hay otro aspecto a tener en cuenta: ¿cómo van a jugar las iglesias evangélicas más conservadoras, que están articulando en la ayuda social, en la pandemia, con el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo?

Recordemos algunas cifras significativas:

· Hay más de un aborto cada dos nacimientos en el país.

· 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas vinculadas al embarazo, parto y puerperio, murieron por abortos inseguros: 47 al año, de acuerdo al último registro.

· Desde la recuperación democrática murieron unas 3030 mujeres por esa causa.

· 135 mujeres por día se internaron en hospitales públicos por problemas relacionados con un aborto, según las últimas estadísticas disponibles: 2 de cada 10 tenían 19 años o menos.

La despenalización y legalización del aborto, se sabe, evitará muertes por abortos inseguros que hoy siguen ocurriendo, y favorecerá que no se impongan obstáculos arbitrarios para el acceso a las interrupciones de embarazo legales desde 1921 y que afectan particularmente a niñas que enfrentan gestaciones forzadas producto de abusos sexuales, como le sucedió a Lucía, la niña de 11 años que imploró en Tucumán que le saquen “esto que me puso el viejo adentro”. Y ofrecerá a las mujeres y personas con capacidad de gestar la posibilidad de elegir sobre sus cuerpos, un derecho fundamental para nuestros proyectos de vidas. Alberto Fernández tiene la oportunidad histórica de hacerlo realidad.  



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Aborto: Human Rights Watch exhortó al Gobierno a presentar el proyecto | En videoconferencia presentó una investigación sobre el aborto en Argentina



La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch exhortó este lunes al presidente Alberto Fernández a que presente el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto que prometió enviar al Congreso. El pedido lo hizo el director para las Américas de la entidad, José Miguel Vivanco, al presentar una investigación sobre el aborto en la Argentina. El relevamiento, que hizo la ONG en varias provincias y en la Ciudad de Buenos Aires documenta casos de mujeres y niñas que enfrentaron una serie de trabas al intentar acceder a un aborto legal, por ejemplo, cuando el embarazo proviene de una violación o si la vida o la salud de la mujer está en riesgo, situaciones contempladas en el Código Penal desde 1921. “La pandemia de Covid-19 y el confinamiento impuesto para evitar su propagación han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva. Ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca”, consideró Vivanco.

“Algunos de los obstáculos que documentamos incluyen la falta de información pública sobre las circunstancias en que el aborto está permitido, particularmente en casos en que corre peligro la salud; barreras ilegales impuestas por los centros de salud, como requerir que los padres, parejas o autoridades judiciales o de protección infantil autoricen el acceso al aborto o la anticoncepción, o solicitar informes policiales o una orden judicial para proceder con un aborto en caso de violación; o períodos de espera arbitrarios impuestos por los centros de salud”, señaló Vivanco a Página|12. La invocación de la objeción de conciencia por profesionales de la salud también fue otra de las barreras detectadas en el relevamiento y que ha generado graves dificultades o demoras en el acceso al aborto, advirtió Vivanco.

“Nuestra investigación muestra que criminalizar el aborto no evita que las personas gestantes pongan fin a embarazos no deseados, sino que simplemente las obliga a acceder al aborto por fuera del sistema de salud. Muchos de estos abortos ocurren en condiciones inseguras, lo cual las expone a sufrir consecuencias médicas, o incluso a la muerte. Basándose en argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, el informe insta al presidente Alberto Fernández a que presente el proyecto de ley para legalizar el aborto que prometió enviar al Congreso”, indicó Vivanco. El documento también incluye recomendaciones detalladas para que las autoridades nacionales, provinciales y municipales aseguren que se pueda acceder al aborto legal en el corto plazo.

El informe de 86 páginas, titulado “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, analiza las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley que se discutió en el Congreso en 2018 y que habría despenalizado el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. “Desde que el Senado argentino rechazó, por un pequeño margen, el proyecto, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas”, expresó Vivanco, director para las Américas de HRW.

Para su investigación, HRW entrevistó a 30 personas entre noviembre y diciembre de 2019, entre ellas a mujeres y niñas que habían intentado acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, profesionales de la salud, abogadas y activistas que acompañan a quienes procuran acceder a abortos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Además, la entidad hizo entrevistas de seguimiento, solicitó información al gobierno argentino y analizó leyes y políticas, informes de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, datos oficiales sobre salud y estudios en salud pública, así como publicaciones médicas y notas periodísticas.

“Mujeres, profesionales de la salud y activistas señalaron que la estigmatización y el temor a las consecuencias legales, incluyendo posibles acciones penales, disuaden a personas gestantes de intentar obtener abortos legales —y a los profesionales de la salud de brindarlos—, incluso cuando se reúnen los requisitos previstos en el artículo 86 del Código Penal”, señaló Vivanco. También denunció que mujeres y niñas entrevistadas contaron que enfrentaron abusos y maltratos, incluyendo actos crueles y humillantes, por parte de profesionales de la salud, así como situaciones en que les negaron el acceso a servicios de salud después de un aborto o violaron la confidencialidad médica en centros de salud. “El acceso al aborto legal y a la atención post aborto depende, en gran medida, de dónde vive la persona gestante y de su situación socioeconómica”, concluye el informe. “La ausencia de reglamentaciones claras y homogéneas, o su falta de implementación en todo el país, ha dado lugar a una multiplicidad de prácticas que perjudican de manera desproporcionada a las personas con recursos limitados o escaso acceso a información sobre sus derechos”, dice la ONG. A su vez considera que el aislamiento social dispuesto para evitar la propagación de covid-19 hizo más difícil obtener servicios de salud reproductiva. “La necesidad de visitar múltiples centros de salud y viajar, a veces durante horas, para acceder a servicios de aborto también multiplica el riesgo de contagio. La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura”, señaló Vivanco.

Muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo, señala la ONG. Y advierte que los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte. En 2018, el Gobierno reportó 35 muertes causadas por abortos, las cuales representan 13 por ciento de las muertes maternas. “Muchas de estas muertes podrían evitarse”, consideró la entidad. Según las estadísticas oficiales más recientes, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en 2016. El 16 por ciento tenía entre 10 y 19 años. “Es muy probable que esta sea apenas una fracción del número total de personas gestantes cuya salud se ve afectada a consecuencia de abortos ilegales, puesto que la estigmatización y el temor a la persecución penal suelen disuadir a las mujeres con complicaciones de acudir al sistema de salud. Diversas interpretaciones autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos consideran que negar el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra varios derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud y a no sufrir un trato cruel, inhumano o degradante. Mientras se penalice el aborto en Argentina, las personas gestantes enfrentarán barreras injustas al intentar ejercer sus derechos, sobre todo aquellas que recurren al sistema de salud público y viven en provincias donde no hay reglamentaciones sobre el aborto o estas no son implementadas adecuadamente”, indicó la ONG.

En el informe, considera que Argentina debe despenalizar el aborto en todas las circunstancias y regularlo de un modo que respete plenamente la autonomía de las personas gestantes, y asegurar que las mujeres, niñas y personas gestantes tengan acceso al aborto legal conforme a la legislación vigente. “Los trabajadores de la salud no puedan invocar la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en el sistema público si ello genera dificultades o demoras para acceder a los servicios de aborto legal”, alertó.

Durante la campaña presidencial, el presidente Alberto Fernández se comprometió a presentar un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el aborto. Desde su asunción en diciembre de 2019, Fernández se ha manifestado públicamente a favor de despenalizar y legalizar el aborto. Una de las primeras medidas que adoptó su ministro de Salud, Ginés González García, fue actualizar y mejorar el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrumpir el Embarazo”. HRW considera que si ese protocolo fuera implementado de manera adecuada y uniforme en todo el país, contribuiría a mejorar el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Aunque la presentación del proyecto de ley se demoró debido a la pandemia de covid-19, el Gobierno ha manifestado públicamente que espera poder presentarlo en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan y no descartó que sea este año.

¿Qué provincias tienen protocolos de atención de abortos legales?

Adhirieron al Protocolo de ILE del Ministerio de Salud de la Nación actualizado en 2019: las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y CABA (aunque en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta lo reglamentó con algunas restricciones). Tienen protocolo o normativa que requiere actualización diez jurisdicciones: Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa cruz, Catamarca, Chubut, Córdoba, Mendoza y Río Negro. No tienen protocolo ni adhieren, cinco jurisdicciones: Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, de acuerdo con información de la dirección Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.



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Por qué se retrasa el proyecto del Gobierno sobre el aborto | Alberto Fernández no enviará la iniciativa mientras dure la pandemia



“Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes”. A pesar de su ateísmo, el director de cine Woody Allen suele graficar con esa frase cómo el azar interviene en la vida más de lo que creemos. Si lo sabrá el presidente Alberto Fernández, que tenía un plan que repitió una y otra vez en la campaña: convertir en ley un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y hacerlo lo más rápido posible. Pero Dios, si acaso existe, decidió reírse y expandir la pandemia de covi por todo el globo. “Es un tema que tenemos que resolver porque es una convicción que tengo. Voy a mandar el proyecto en cuanto pueda. Lo que sí tengo claro es que cualquier argumento le sirve a cualquiera para dividir a la sociedad en un momento en que tenemos que estar unidos por la pandemia”, dijo el Presidente sobre por qué todavía no va a mandar el proyecto al recinto. Más allá de la división de la sociedad que provocaría en este momento, PáginaI12 confirmó que el mayor problema para avanzar en ese tema es más  sanitario que político. “El proyecto lo tiene que empujar el ministerio de salud. Imaginate si lo puede hacer en este momento con el trabajo que tienen con la pandemia. Ni que hablar de la sesión de tratarlo en un momento donde la oposición se niega a debatir leyes”, dijo a este diario una alta fuente de la Casa Rosada.

Lo cierto es que se aleja la posibilidad de tratar el proyecto este año, una contrariedad para el Presidente, que claramente hubiese preferido debatirlo en un año no electoral. 

Pero ahora, la realidad de la covid domina la escena. “Mientras estemos en un pico de contagios y con el sistema de salud estresado, no lo podemos enviar. Apenas la situación mejore y tengamos el sistema de salud tranquilo vamos a poder hacerlo.  Hoy el ministerio de Salud está absolutamente estresado con la contención de la covid y la atención a la gente que se enferma” dijo otra fuente que ve a diario al Presidente. 

Sistema estresado

Desde el ministerio de Salud, una persona que quiere con todas sus fuerzas que el proyecto salga, explicó la situación a PáginaI12. “Es imposible sancionar Interrupción Voluntaria del Embarazo en este momento. El sistema de Salud está muy estresado y no podés otorgar ahora un derecho que después el Estado no va a poder garantizar“. La fuente señaló que el estrés del sistema baje en lo que queda del año, pero no lo descartó por completo. “El escenario es muy dinámico. Mirá si en dos meses sale la vacuna. En lo personal, no creo. Posible, pero no probable”.

La oportunidad perdida

En su discurso componedor ante la Asamblea Legislativa en el Congreso en 2018, Mauricio Macri alentó el debate por el aborto (cuya postura contraria era conocida), la ampliación de la licencia por paternidad y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Llegaron a llamar al expresidente “el primer feministo“, pero la suya era una postura fingida y el proyecto fue rechazado en el Senado, donde fuera del recinto esperaba su aprobación una marea verde de mujeres que vienen luchando desde hace años por este derecho. Macri había cedido a las presiones de la Iglesia. “Tanto la propuesta de Diputados como las modificaciones que se proponen son increíblemente exageradas: se pasa de convertir algo que es un delito en algo que es una obligación, lo cual es un poco exagerado”, afirmó en ese momento el macrista Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, para alimentar los argumentos del rechazo a la media sanción. Cabe destacar que el aborto como obligación no aparecía en ese texto ni en ninguno de este universo tal y como lo conocemos.

En 2019 y desde un acto en Mendoza, finalmente Mauricio Macri decidió dejar la ambigüedad con la que coqueteó durante todo su gobierno en relación con el tema y aludió al cartel de un manifestante. “¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”, manifestó, decidido a fidelizar a su núcleo más duro de votantes. Y para reafirmar su posición, levantó a un bebé con un pañuelo celeste en la cabeza. Ninguna de las dos posturas le sirvió para ganar las elecciones de ese año.

La que sí cambió de opinión sin especular fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante su gobierno y el de Néstor Kirchner salieron las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, a pesar de la oposición de la Iglesia. Pero hizo pública su postura contraria a despenalizar el aborto. Según admitió en una sesión, ya fue de la presidencia, cuando integraba la Cámara Alta como senadora,  Las “pibas” de verde la convencieron de la necesidad de instalar ese derecho. Había escuchado a las jóvenes.

Una larga lucha

El 8 de este mes se cumplieron dos años del rechazo del Senado a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito hizo una intervención con gigantografías en las calles de grandes ciudades del país que generó gran adhesión en la población y una acción en redes por #AbortoLegal2020 a la que  se sumaron organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, funcionarios del gobierno nacional, provincial y municipales, y miles de personas, que mantuvo el mensaje primero en tendencias en redes durante todo el día. 

La demanda sigue siendo una deuda de la democracia y aún en pandemia siguen existiendo los abortos practicados en condiciones inseguras. “Por eso seguimos exigiendo que tengamos esta ley para salvar vidas y brindar condiciones dignas a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir el embarazo. Es una cuestión de salud pública, derechos humanos y justicia social. Esperamos que las instituciones de la democracia y los organismos de Derechos Humanos se sigan pronunciando por este derecho y en repudio a los ataques de odio, a la libertad de expresión de parte de quienes pretenden acallar nuestro reclamo” expresaron. Y agregaron: “Los mensajes de odio de los antiderechos y grupos fundamentalistas no nos detendrán. Lamentamos la falta de responsabilidad de periodistas y medios de comunicación que buscan desinformar claramente beneficiando a estos sectores antiderechos. Nosotras seguimos organizadas y exigiendo más que nunca. Nuestra exigencia es #AbortoLegal2020”.

Más temprano que tarde, la demanda podrá cumplirse.



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