ANMAT autorizó el misoprostol de un laboratorio público: será más accesible en todo el país

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Denunciaron a la jueza que suspendió el Aborto Legal en Chaco

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Aborto legal: rechazo judicial al primer planteo contra la ley de IVE | Desestiman un pedido de activistas antiderechos



La estrategia de los sectores antiderechos para intentar judicializar la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sufrió este jueves su primera derrota. El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la Ley. El magistrado justificó su rechazo al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010, al que utilizó para explicar que la inhabilitación de una norma sancionada por el Poder Legislativo es algo que excede a su competencia, por lo que se amparó en la defensa del principio constitucional de división de poderes.

No ha lugar por improcedente“, sentenció el juez y rechazó la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la 27.610. Para fundamentar la “improcedencia”, en su fallo Bavio se basó en el antecedente del caso “Thomas”, de 2010, en el que la Corte Suprema de la Nación revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza. En ese entonces, el diputado Enrique Thomas había presentado un recurso para suspender en todo el territorio nacional los efectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma ‘erga omnes’ (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860”, se puede leer en aquel fallo del tribunal supremo que ahora Bavio retomó para argumentar su postura.

“La misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes”, continúa el fallo citado por el magistrado salteño, quien agregó que, la imposición de una cautelar que inhabilitara la Ley de IVE, tendría “una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes“, para alterar “gravemente el modelo de control constitucional de las leyes consagrado” por la Constitución Nacional.

El trámite judicial comenzó en diciembre de 2020, antes de que el Senado aprobara la 27.610, cuando Fiore Viñuales -actualmente presidenta del Partido Renovador de Salta- denunció al Ministerio de Salud de la Nación y pidió que se evaluara la inconstitucionalidad del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En esa presentación, además, la ex senadora, en conjunto con otros demandantes, solicitó que se “declare que la existencia del ser humano comienza desde el momento de su concepción, que desde entonces es ‘niño’ para nuestro ordenamiento jurídico constitucional y que por lo tanto tiene derecho intrínseco a la vida”.

Pero el pasado 18 de enero, días después de que el presidente Alberto Fernández promulgara la Ley, el grupo decidió ampliar los alcances de la denuncia para transformar a la nueva norma en el objeto principal de la “acción declarativa de inconstitucionalidad” y pedir su inhabilitación a través de la “medida cautelar suspensiva”, medida a la que ahora el juez no hizo lugar. Además, la ex senadora y los demás demandantes solicitaron una cautelar “positiva” que también fue rechazada por Bavio en el fallo del jueves.

A través de ese pedido de cautelar “positiva”, Fiore Viñuales y compañía requerían que la Justicia ordenase al Ministerio de Salud de la Nación la elaboración de un protocolo que estableciera que toda persona gestante que acudiera a un centro de salud para solicitar la IVE debería ser informada, en el marco de una audiencia con un médico, acerca de que la interrupción significaría terminar “la vida de una persona humana”. El profesional debía forzarla a conocer el grado de “desarrollo anátomo – fisiológico” del feto a través de “ecografías y escuchar los latidos del corazón“.

El protocolo rechazado por el magistrado también buscaba incluir el ofrecimiento a la persona gestante de la posibilidad de “entregar en adopción al niño una vez nacido“, además de la notificación de los “efectos traumáticos” que, según ellos, la IVE podía traerle y la indicación de lugares donde recibir asistencia para continuar con el embarazo. Como corolario, el protocolo sugerido especificaría que “el aborto no se celebrará sino hasta después de siete días corridos desde la celebración de la audiencia referida, a los efectos de la reflexión por parte de la mujer”.

A pesar de rechazar las dos medidas cautelares, el fallo del juez no hace mención al pedido de inconstitucionalidad de la norma. Entre los argumentos esgrimidos para justificar el planteo de inconstitucionalidad, que ya fueron rebatidos repetidamente a lo largo del debate en los sucesivos plenarios de comisiones y en el recinto del Congreso, los denunciantes aseguraron que “el ser humano existe desde el momento mismo de la concepción” y que “el niño no nacido tiene derecho intrínseco a la vida, del que no puede ser privado”. 

En cuanto a las cautelares rechazadas, ahora Fiore Viñuales y el resto de los denunciantes tienen la posibilidad de llevar el caso a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en el marco de una demanda que es patrocinada, entre otros, por Rodolfo Carlos Barra, ex ministro de Justicia durante la presidencia de Carlos Menem, que ya expuso sus argumentos cuando fue invitado al Congreso para exponer en contra de la legalización del aborto. Como el pedido para suspender la ley fue inscripto como un proceso judicial colectivo, otras posibles presentaciones que surjan en el juzgado salteño en cuestión serán absorbidas dentro de este proceso.

Informe: Santiago Brunetto

El fallo completo



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2020 de pandemia: la lucha feminista es la de siempre, el mundo no

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Aborto legal ahora se dice 27.610



Es Ley. Aborto legal ahora se dice 27.610 y, como dijo Dora Barrancos, estamos en tal estado “de derrame e incontinencia que todavía no llegamos a imaginar la transformación que esto produce”. Pero junto a ella, Analía Messina, médica ginecóloga y una de las responsables de garantizar el cumplimiento de la nueva ley en todo el territorio nacional desde el Ministerio de Salud, ya describía una situación posible en cualquier centro de Salud. Las preguntas de rigor para completar una historia clínica: la fecha de la última menstruación, el tensiómetro en el brazo, el número de partos o embarazos anteriores. Y la que hasta ahora faltaba: ¿Qué es lo que desea hacer? Porque ahora es el deseo lo que cuenta y ese deseo de seguir adelante o no con un embarazo estará protegido por la ley, por el Plan Médico Obligatorio, en el sistema público, en las obras sociales y en las pre pagas. Tan sencillo como eso, tan gigante como eso.

En la época en que los abrazos están contraindicados, un enorme abrazo colectivo envuelve años de luchas, de imaginación colectiva, de organización, de estrategias tramadas entre militantes y comunicadoras, abogadas, médicxs, promotoras territoriales, docentes y un largo etcétera en el que se mezclan demasiados dolores, demasiadas injusticias, demasiadas vidas coartadas por la clandestinidad que ahora exigen reparación. Que ahora empiezan despacio a reparase en la hoja blanca de un futuro donde una pregunta nueva deberá instalarse en los consultorios y circulará en voz alta en las charlas íntimas. ¿Qué querés hacer? ¿Seguir adelante o interrumpir el embarazo? Y con esas pocas palabras se habilita la proyección de maternidades y paternidades posibles de ser diseñadas siguiendo el propio deseo.

“Lo logramos”, es el título de la última comunicación pública de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuando la medianoche deshojaba el calendario y la publicación de la ley ya estaba en boletín oficial. Lo logramos decimos todas, decimos todes y sabemos que esas palabras tampoco piden permiso para instalarse en bocas adolescentes o viejas, en cada una de las que gritaron y las que se animaron a hablar en los últimos años para darle palabras enteras a los que antes había sido secreto y vergüenza. Hemos producido una transformación tan profunda que no tiene vuelta atrás, que ha modificado cuerpos y comunidades y que en su potencia arrasadora seguirá transformando. La marea no se detiene, su fuerza tiene la capacidad de arrasar fundamentalismos, prejuicios, mentiras y crueldades que hemos soportado desde tiempos inmemoriales pero siempre en rebeldía. La marea es la que te abraza a pesar de los dos metros de distancia que tenemos que mantener para cuidarnos del covid. Su calor es más ardiente que el verano.

Y está cruzando fronteras, está desbordando en Chile donde empezó a debatirse de nuevo el aborto en el Congreso. Llega hasta México, donde se está tratando una amnistía para miles de presas por abortar. Noticias tal vez insuficientes ahora que en este sur del sur es la voluntad de gestar o no gestar lo que se está protegiendo, pero que llegan con la experiencia acumulada de haber filtrado la corriente de la somos parte por todas las grietas posibles hasta derribar las represas completas.

El último día que salimos a la calle para demandar por el aborto legal, con la emoción de estar ya arañando hasta derrumbar el techo de lo posible, un niño de 12 con un barbijo verde escuchaba de sus dos madres que hablaban a la vez la historia de su filiación que también es la historia de una lucha. Porque nació para la ley como hijo de una madre soltera, dos años más tarde era anotado con los apellidos de sus dos mamás y unos años después con los tres apellidos que le corresponden porque también tiene un papá que lo deseó y lo está criando. Íbamos a cambiar la historia otra vez, para él, para sus compañeras, sus compañeros y sus compañeres. Colectivamente, en la calle.

Ayer, mientras Nina Brugo –sobreviviente de la última dictadura militar y militante histórica de la Campaña- bailaba sin bastón de pura adrenalina por la promulgación de la ley, Dora Barrancos, otra sobreviviente, tuvo tiempo de recordar que casi muere por un aborto clandestino realizado en el exilio. La memoria está despierta y cada quien puede recordar en estos días de ampliación de derechos, con la revancha de la alegría por haberlos conquistado, ese dolor que acá se corta porque no pasará intacto a otra generación. A mi cuerpo volvió la imagen de mi hija, a sus 16, entrando a un consultorio clandestino donde se acumulaban adolescentes en la sala de espera, su cuerpo nervioso asomando desnudo a través de un camisolín mal atado. Y de mi terror de que algo saliera mal fingido para que ella fuera tranquila. De las amigas que nos acompañaron dándonos la mano y también dinero.

Mi nieta ya no va a pasar por lo mismo. Lo logramos. Es ley.



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Un diputado de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para derogar el aborto legal | Se trata del sanjuanino Marcelo Orrego



El mismo día en que el Gobierno nacional formalizó la promulgación de la legalización del aborto a través del Boletín Oficial, el diputado de Juntos por el Cambio por San Juan, Marcelo Orrego, presentó un proyecto para derogar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Después de una jornada histórica, cuando este jueves el presidente Alberto Fernández, junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, promulgó el proyecto que se aprobó el 30 de diciembre en la Cámara de Senadores, el legislador consideró a la iniciativa como “inconstitucional”. 

“Presenté un proyecto para derogar la ley IVE. Lo hice para proteger el derecho a la vida de todos los niños; y también señalando la inconstitucionalidad del proyecto que promulgó el presidente de la Nación”, informó Orrego a través de su cuenta de Twitter. 

La iniciativa cuenta con un solo artículo que deroga la Ley 27.610, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación y garantiza la cobertura de la práctica y sus tratamientos posteriores desde el sistema público de salud, las obras sociales y entidades de medicina prepaga, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.

La legalización del aborto implica que ninguna mujer y persona gestante muera por acceder a un procedimiento inseguro. En Argentina, desde la recuperación democrática, más de 3000 mujeres murieron como consecuencia de complicaciones por prácticas de interrupción de embarazo clandestinas.

Por otro lado, un informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) da cuenta que en las provincias de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis y La Pampa existen 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos.

La mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen une o más hijes. Por el principio de aplicabilidad de la ley penal más benigna, esas denuncias o causas por prácticas de abortos hasta la semana 14 ya no tendrán vigencia.

En este escenario, Orrego envió esta iniciativa que atenta contra la vida y los derechos de las mujeres y personas gestantes. “Creo profundamente en que hay que trabajar para evitar embarazos no deseados, pero de ningún modo el aborto es el camino”, expresó en su cuenta de Twitter, en la que solicitó a sus seguidores que lo acompañen y viralicen su propuesta si desean que “avance” el proyecto.

Además, el diputado de Juntos por el Cambio sostuvo que “se debe amparar y proteger el básico y esencial derecho de todos los niños, que es el ejercicio de su derecho a la vida, cuestión que se verá avasallada, no sólo por la simple y lisa voluntad de la persona gestante, sino porque también dicho cometido va a tener acción pública en su concreción, lo que no debe ser permitido”.

En su propuesta, el legislador aludió a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, que en su Artículo 4° establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.





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Aborto legal: el Gobierno publicó la ley en el Boletín Oficial con un cambio | La modificación había sido acordada con algunos senadores durante el debate



El Gobierno formalizó la promulgación de la legalización del aborto y la ley de los mil días a través de la publicación en el Boletín Oficial de los respectivos decretos firmados por el presidente Alberto Fernández.

Con el decreto número 14/2021 se promulgó -con una observación- la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que según estimaron oficialmente entrará en vigencia a más tardar el 23 de enero, luego de su publicación en el Boletín Oficial.

La “corrección” acordada con los senadores

El Presidente hizo una aclaración sobre el articulado de la ley, acordada tras la aprobación de Diputados y en el marco de su debate en el Senado. Esa negociación a último momento, permitió que la iniciativa recibiera los votos de Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Rio Negro).

Durante el tratamiento en la Cámara alta, la miembro informante y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, había explicitado que se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra “integral” de los textos de la ley. Se trata de los artículos 4 y 16.

El artículo 4 establece finalmente que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional”.

También dice que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación”. Además, el texto original decía que si “estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”, pero el PEN dispuso “observar” la palabra “integral”.

“El agregado de la palabra ‘integral’ no ha aportado claridad en el debate del proyecto de ley en el Congreso”, fundamenta el decreto, que también señala que “la ‘salud’ como concepto es autosuficiente por lo que, a los fines de guardar consistencia normativa y de asegurar que la atención de la salud se realice de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales asumidos para la protección de ese derecho”.

El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional”. En este artículo inicialmente también figuraba la palabra “integral”, pero se produjo la supresión como en el caso anterior.

El Gobierno aclaró que “la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el Congreso”.

Los plazos para acceder a un aborto legal

La ley de IVE pone énfasis en el derecho de las mujeres a resolver la interrupción del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de 10 días desde que se lo solicite.

El texto de la normativa establece que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional”.

Más allá de ese plazo se podrá interrumpir si la gestación fuera producto de una violación, mediante el solo requerimiento y declaración jurada de la persona ante el profesional o personal de salud interviniente; o también si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada.

La ley de los mil días

Además, a través del Decreto 15/2021 quedó formalmente en vigencia la Ley 27.611, conocida como “de los mil días.

La ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral consistente en el pago anual de una Asignación Universal por Hijo (AUH) con el objetivo de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida.



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Qué implica la promulgación de la ley del aborto y cómo fue el paso a paso de esa norma   | Se caen las causas judiciales abiertas y se distribuye Misoprostol a todo el país



La promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica que el aborto deja de ser ilegal en la Argentina. En lo inmediato deberían pasar dos cosas. La primera: que caigan todas las causas abiertas por prácticas de abortos hasta la semana 14. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 1532 expedientes en curso en 17 jurisdicciones. Si bien eso podría o debería ocurrir de oficio en los propios tribunales, es probable que eso no suceda. Por eso, desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se están preparando para acompañar e impulsar ese proceso. El segundo hecho será la implementación de la ley, garantizar que el derecho que consagra sea efectivo. Como la mayoría de los artículos son de aplicación directa, no es necesario esperar a la reglamentación, sino que a los ocho días desde su publicación la norma entrará en vigencia. La implementación dependerá en su mayoría del ministerio de Salud. La cartera que encabeza Ginés González García ya viene haciendo compras de Misoprostol y las pastillas se distribuirán en todo el país. Este trabajo en conjunto es la continuación de la tarea que se llevó a cabo desde que se decidió impulsar el proyecto hasta su sanción. Para algunos dentro del gobierno, es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer así: de forma coordinada, cuidada y poco ventilada por los medios.

A mediados de noviembre de 2019, un mes antes de su asunción, Alberto Fernández aseguró en un reportaje en Página12 que cuando se convirtiera en Presidente, el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de legalización del aborto. El 1 de marzo de 2020, en el inicio de las sesiones ordinarias, anunció que lo haría “en los próximos días”. El 9 de marzo la iniciativa estaba lista, solo faltaban definir algunas cuestiones presupuestarias del proyecto de los mil días para que ambos llegaran al Congreso. Pero el 20 de marzo el país entró en cuarentena a causa del coronavirus.

A fines de agosto, la pandemia seguía su curso pero el trabajo legislativo estaba encaminado. El tema volvió a ponerse sobre la mesa presidencial. Dentro del Frente de Todos había tres sectores:

* Los que se oponían a la ley, ya sea por cercanía a la Iglesia o por convicciones religiosas (el presidente siempre sostuvo que este tema ya lo había hablado con el Papa Francisco)

* Los y sobre todo Las, que la apoyaban y batallaban porque se tratara lo antes posible porque sabían que el 2021, al ser año electoral, el proyecto quedaría postergado. Aquí estaban, obviamente, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, autora del proyecto, y la ministra de Mujeres y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que fueron las voceras de la iniciativa. Pero también muchas otras funcionarias y funcionarios. La foto de Ibarra, Gómez Alcorta, la asesora presidencial Dora Barrancos y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, festejando en un palco del Congreso la sanción de la ley fue representativa de este grupo.

* El último sector era el de quienes aun estando a favor del proyecto, creían que la pandemia no daba margen para tratarlo. Al principio, aquí se ubicaba Cristina Kirchner. A mediados de octubre, una reunión con Gómez Alcorta y la senadora Anabel Fernández Sagasti fue clave para que cambiara esta postura.

La preocupación de la vicepresidenta pasaba porque las prácticas de abortos pudieran ocupar camas en los hospitales en un momento en que cada lugar contaba para poder atender a los enfermos de coronavirus. La ministra explicó que era al contrario, que las camas se ocupaban por las consecuencias de los abortos clandestinos, que había cerca de 40 mil internaciones al año por ese motivo. Y que, en cambio, la mayoría de los abortos legales se podían hacer de forma segura con pastillas (el Misoprostol) y de manera ambulatoria o en las casas. El aborto legal implica menos mujeres en los hospitales además de muchísimas menos secuelas y muertes. En esa reunión, Cristina le dijo a la ministra que si se tomaba la decisión de avanzar, había que tener una estrategia definida e ir para adelante.

“Si están los votos lo mando”, dijo el Presidente. En septiembre, después de que el Senado diera media sanción al proyecto de Reforma Judicial ya había consenso para que se presentara el proyecto. La estrategia estaba definida desde marzo. Se acompañaría con la ley de atención de la maternidad y de los primeros 3 años de vida del recién nacido, las presentaciones en las comisiones serían acotadas y se abordaría el tema como una cuestión de salud pública. Las feministas del gobierno cerraron filas. El aborto implicaba también una reivindicación por la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, pero si se sancionaba la ley, el derecho se garantizaría y eso era lo importante.

Finalmente se eligió el 17 de noviembre, Día de la Militancia, para presentar el proyecto en Sociedad. Así lo había definido Alberto Fernández en una reunión con Máximo Kirchner.

–¿Cómo venimos?

–Olvidate

–¿Seguro?

Te juego un asado. Olvidate– aseguraba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando las funcionarias que seguían el tema preguntaban cómo estaban los números. Se suponía que en Diputados iba a ser más sencillo porque en 2018 la ley había sido aprobada en esa Cámara. Sin embargo, el objetivo era conseguir un dictamen que también pasara en el Senado, para que el texto no sufriera modificaciones y tuviera que regresar a la Cámara baja. Para eso, se trabajó en conjunto con legisladoras de la oposición. Carla Carrizo, Brenda Austin, Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, ayudaron a especular qué miembros de su espacio político podían restar apoyo para que el oficialismo supiera cuántos votos de los propios y aliados necesitaba asegurar. La estrategia incluyó una reunión virtual de Ibarra y Gómez Alcorta con legisladores para afinar los números y la letra de la ley.

En el gobierno dicen que siempre tuvieron los votos, o siempre creyeron que los tendrían. Pero parte de la estrategia fue no dar nada por sentado y nunca mostrarse victoriosos. Massa, Máximo Kirchner y el ministro de Interior, Wado de Pedro, se involucraron para asegurar la votación en Diputados, donde finalmente se aprobó por 131 a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Para apuntalar el Senado, el Presidente habló con algunos legisladores en persona y mandó emisarios. Dentro del bloque, su vicejefa, Fernández Sagasti fue quien se puso el proyecto al hombro. Cristina Kirchner explícitamente le confirió ese rol. El resultado fue una diferencia en el Senado más amplia que la esperada: 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.

En el medio hubo pequeñas modificaciones y algunos pedidos que no fueron atendidos. En Diputados, Gómez Alcorta tuvo que hablar 35 minutos con Fernando Iglesias, quien pedía una modificación sobre el plazo para interrumpir el embarazo en casos de violación, lo que implicaba un retroceso para lo que ya estaba establecido en esos casos. “No hay prácticamente casos de abortos avanzados y con la ley se van a adelantar los plazos porque va a haber menos trabas. No podemos hacer cambios, ya tenemos los consensos”, le dijo a grandes rasgos la ministra en una charla amable.

El Presidente se comprometió a sacar la palabra “integral” del artículo que establece que más allá de la semana 14 podrán practicarse abortos cuando esté en riego la vida o la salud integral de la persona gestante. Fue un pedido del senador rionegrino Alberto Weretilneck para acompañar el proyecto. “Algunos necesitaron sentirse considerados a último momento, pero no nos preocupa ni es grave, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la salud siempre es integral”, sostienen en el Gobierno.

El desafío, a partir de ahora, será garantizar la aplicación de la ley. En 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud adquirió 35 mil tratamientos (12 comprimidos cada uno) de Misoprostol, una parte fue comprada al laboratorio proveedor en el país y otra llegó a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Para este año, se prevé comprar el doble. Y se espera que la ANMAT autorice al LIF, el Laboratorio Industrial Farmaceútico público de la provincia de Santa Fe, para que pueda participar en los procesos de licitaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 



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Con manifestaciones a favor y en contra, comenzó a debatirse en Chile la despenalización del aborto

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Chile comienza a debatir la legalización del aborto

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