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Toda demora judicial es política | Opinión



Cada tanto vuelve una moda periodística de quejarse porque hay pocas condenas en causas sobre corrupción. “Sólo en el 1% de los casos”, titula el diario La Nación. El disparador de este análisis fue la noticia de que el empresario Lázaro Báez podría dejar la cárcel y quedar con prisión domiciliaria, pagando una fianza millonaria, después de cuatro años de preventiva, un lapso irregular. Antes de que aparezca una noticia perfectamente posible (pero falaz) que diga que el Gobierno dejó en libertad de Báez, quizá sea útil pasar algunos conceptos en limpio para entender cómo se llega a este estado de cosas en el sistema de justicia, y cómo la política no es ajena, sino protagonista.

Hay una herramienta, el Código Procesal Penal, que establece las reglas de funcionamiento del sistema. En 2015 se aprobó un nuevo diseño para dinamizarlo. Generaba un modelo “acusatorio”, con eje en la oralidad, plazos cortos y una distinción de funciones: los fiscales investigan, los jueces revisan. Hubiera sido muy útil ese código que lleva cuatro años en el freezer para empezar a agilizar los tiempos judiciales, pero el gobierno de Mauricio Macri no lo quiso implementar, porque no podía garantizarse el control del Poder Judicial y los fiscales, para lo cual se inventaron otros instrumentos para introducir en las causas (como los arrepentidos) y para tener bajo amenaza constante a jueces y fiscales que no fuesen serviles. Ahora no deberían llorar porque “la justicia es lenta”.

Uno de los efectos del viejo sistema vigente es que se llega a juicio oral con presunciones pero pocas pruebas. La tarea de lograrlas les queda a los jueces orales. Pero, cuidado, si un tribunal como el que está juzgando a Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, pone a razón de un testigo por semana (de decenas citados), ese juicio no se va a terminar nunca, o durará lo que su mandato de vicepresidenta. Es obvio que eso es una especulación y decisión política. No es un problema técnico ni de falta de personal.

Durante los últimos cuatro años existió algo que se llama “lawfare”, que la propia Corte Suprema alimentó, basado en la utilización de expedientes para generar efectos y ataques políticos. No hay que olvidar que la doctrina “Irurzun” para facilitar prisiones preventivas fue crucial. Algunas de esas causas fueron armadas y ni deberían llamarse “causas”. Ejemplos: Memorándum con Irán o Dólar futuro, basadas ambas en decisiones de política de gobierno, y hasta legislativa ¿Cómo encara el tribunal de un juicio oral un proceso donde no hay delito? ¿Cómo asumen esos jueces/as decepcionar a la sociedad diciendo que era todo un invento? Hasta ahora no lo han hecho. El caso Dólar Futuro fue elevado en marzo de 2017 pero no hubo juicio. Los jueces/as tienen una gran oportunidad para desenmascarar lo ocurrido, o el seguir con excusas políticas.

Muchas investigaciones de corrupción, como las de la obra pública, se sustentaron en declaraciones de arrepentidos (figura introducida por ley del macrismo) que pactaron con fiscales, jueces y con el propio Poder Ejecutivo. Sus “confesiones” sirvieron para el espectáculo, los aprietes y el desgaste de figuras políticas, pero que en algún momento los jueces/as y fiscales/as deben cotejar sus “aportes” con la realidad. Parece que no es tan fácil, lleva tiempo, a veces es imposible. Mal usado, el “arrepentimiento” genera un círculo extorsivo y no siempre proporciona pruebas. Como el proceso judicial inquisitorio actual está dividido en dos, todo el show político-judicial- mediático se puede desplegar durante el período de instrucción de una causa y cuando un día llegue el juicio oral, que se arregle el tribunal al que le toque.

La judicialización de la política es un problema de cómo la dirigencia canaliza sus conflictos pero también es parte de una tendencia de época al protagonismo político de los poderes judiciales, que se corren de su función constitucional y comienzan a hacer otro tipo de cálculos especulativos que tienen que ver con lograr la supervivencia en sus preciados cargos.

El otro gran factor influyente en los procesos judiciales, a veces para empiojar, otras para acelerar, otras para conseguir resultados puntuales, es el maridaje de los servicios de inteligencia con los tribunales. Sobre el final de su gobierno, CFK eliminó los gastos reservados e inició una reestructuración de la Agencia Federal de Inteligencia. Macri la eliminó por decreto. Recién ahora ese matrimonio va camino a disolverse.

El caso de Báez que desata el debate sobre juicios interminables evidenció que estuvo con prisión preventiva desde 2016, algo indebido por mal que pueda caerle a alguien el empresario. Tanto él como la sociedad merecen conocer una sentencia en un plazo razonable. Algo que dilató su elevación a juicio fue que la Cámara Federal, en particular el juez Martín Irurzun a pedido de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Antincorrupción de Macri, dictó varias resoluciones para que el juez Casanello imputara a CFK y la mandara a juicio con el empresario. Eso llevó tiempo y recursos judiciales. Para Casanello nunca hubo pruebas de ese involucramiento. Lo escribió tres o cuatro veces. Esos trámites burocráticos duran semanas o meses.

Les piden algunos medios a los propios jueces que opinen sobre la justicia lenta y sin embargo, son a menudo ellos mismos los que en componendas con abogados u otros actores, dilatan por razones políticas. Por caso, no se entiende como sigue abierta la causa sobre la muerte de Alberto Nisman sin ninguna prueba de que alguien lo haya matado.

La impunidad de la investigación del atentado a la Amia revela la combinación “perfecta” de toda la trama de intereses capaz de dilatar un caso tan relevante al infinito: políticos, servicios, jueces, todos metidos en encubrimientos y demoras. Hablamos de un hecho de 1994 por el que hoy se reproducen estos vicios estructurales. Basta escuchar el audio de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti al ex titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, preocupada por las personas que pretendía que zafaran en el juicio de encubrimiento.

Hay quienes ponen de ejemplo de buena práctica el juicio por el accidente de Once, que se hizo rápido para dar una respuesta social, con impulso de la Corte. El punto es que para hacerlo así Claudio Bonadio convocó peritos que terminaron procesados por mentir.

Los ataques que recibió el año pasado el juez Alejo Ramos Padilla, con advertencias del propio Macri suman al cariz político y muestran a las claras como un gobierno quiso demorar un caso sin disimulo. Ramos Padilla se acercaba con su causa al núcleo de las relaciones carnales entre el sistema de justicia y los servicios de inteligencia orgánicos e inorgánicos, y ponía sobre el tapete el papel de los medios. Ardió Troya.

Es la política, amigues. La causa sobre el espionaje ilegal en trámite en Lomas de Zamora que tanto ruido hace ahora, donde no hay presos preventivos, ofrece una gran ocasión para hacer las cosas bien y expeditivamente.

  • Es la política. Nunca La Nación ni Clarín ni sus medios amigos se escandalizaron por los años y obstáculos que demoraron los juicios de lesa humanidad. Sí se preocupan porque a los represores están viejos y les den domiciliaria. Están viejos y enfermos por ese tiempo que pasó. Otros fallecieron sin ser juzgados.
  • También es el poder económico. Antes de la pandemia había empezado en Comodoro Py un juicio por la corrupción en las obras de Yaciretá por hechos de 1988. Desde ese año hay un hombre, Antonio Casabona, que querella porque lo enloquecieron y quisieron arruinarle la vida después de que denunciara que los empresarios en connivencia con funcionarios se llevaban reembolsos millonarios ilegales. La defraudación al Estado es de 190 millones de dólares. Pero claro, las empresas implicadas (Imperiglo SA, Eriday y Dicmar SA) fueron socias o aliadas de los Macri –entre otros– y del poder político. Pasaron 30 años ¿Cuántos medios hablan de esto? 

Miren qué pasa con expedientes que no categorizan como “corrupción” pero tocan en carne y hueso a las personas: cada vez que un juez de la Ciudad de Buenos Aires ordena atender a las villas, proveer agua o computadores, aún en la pandemia el gobierno porteño lo recusa y no cumple. Sería genial que los medios también se preocupen por estas trabas y demoras. Otra vez la política.

Desde ya, vendrá muy bien la prometida de reforma judicial que promete desarticular estructuras y prácticas arcaicas de poder concentrado. Ojalá sea pronto. 



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