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Jujuy: Morales ordenó un megaoperativo de seguridad en la jornada nacional Libertad a Milagro Sala  | Operativo Aniversario, así denominaron al esquema policial con el que pretenden frenar la movilización



“Operativo Aniversario”, así definió la Policía de Jujuy al megadispositivo de seguridad que, por orden del gobernador Gerardo Morales, aplicará en toda la capital provincial para intentar contener, y tal vez frenar, el desarrollo de la jornada nacional de reclamo por la libertad de la dirigenta social Milagro Sala, quien cumple cinco años detenida sin condena firme en esa provincia. En la capital jujeña se vive un clima de tensión social ya que el operativo, que incluye tareas de vigilancia y controles de todo tipo, está destinado prioritariamente a impedir el ingreso a la ciudad y el posible acampe de los manifestantes.

Los detalles de este megaoperativo se pudieron conocer porque trascendió lo que la policía provincial emitió como Orden de Operaciones N° 1, del Departamento de Operaciones Policiales (D-3) y que prevé un “Dispositivo de prevención y seguridad durante ‘Movilización de sectores sociales-Operativo aniversario’”. Allí se describen tareas de inteligencia realizadas en los días previos y las acciones que se llevarán a cabo en la jornada de hoy, con el objetivo de evitar que se establezcan acampes. “El lugar central de convergencia será la Plaza Belgrano, lugar en el que los manifestantes tienen previsto realizar un acampe y posterior locución, situación que debe ser evitada”, afirma la Orden de Operaciones.

Consecuentemente, dispone un diagrama de seguridad con “actividades inherentes a la prevención perimetral y acciones a ejecutarse ante la hipótesis de un supuesto acampe”. Bajo el punto “Misión”, se explica que desde las 8 de la mañana comenzarán “las acciones de prevención” que “estarán encaradas específicamente a la seguridad del perímetro que comprende la Plaza Belgrano, los puentes de acceso al centro de la capital jujeña y los ingresos al departamento capitalino”. 

El trabajo de inteligencia que desarrolló lo que se conoce como Departamento de Operaciones Policiales o D-3 incluye, por ejemplo, los lugares que consideran clave para la concentración de las columnas de manifestantes. Esto incluye ciudades del interior de la provincia como Perico, Monterrico, La Quiaca, Humahuaca, Palpalá, Libertador, San Pedro, y los policías consideran que desde esos lugares partirían a San Salvador de Jujuy, por lo que el dispositivo advierte que es “necesario imponer controles vehiculares en puntos estratégicos”.

El ministro de Seguridad, Guillermo Coro, aseguró a Página/12 que se trata de un operativo “rutinario”, de los que “se hacen habitualmente por alguna marcha y demás, para garantizar la seguridad de las personas que vayan a manifestarse” y dijo que está garantizado el derecho a manifestarse. Sin embargo, la difusión de la Orden de Operaciones generó gran tensión en las organizaciones, que vienen denunciando la criminalización de la protesta prácticamente desde el momento en que comenzó el primer gobierno de Gerardo Morales.

De hecho, Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 cuando realizaba un acampe frente a la Casa de Gobierno. Esa causa fue luego anulada, pero se le sumaron otras acusaciones y lleva ya cinco años detenida, sin condena firme. Su defensor, el abogado Luis “Lucho” Paz, recordó que la arbitrariedad de esta detención fue reconocida hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Por otra parte, las declaraciones del ministro de Gobierno de Jujuy, Agustín Perassi, contradicen a Corro. “Hay quienes buscan el conflicto”, dijo en declaraciones a medios locales. Aseguró que “al gobierno nacional no le interesa un conflicto de esta magnitud, pero hay sectores de la política a los que no les interesa el bien común ni respetar la ley, menos aún la justicia, por lo que actúan como una banda”. Agregó que el Estado provincial “debe actuar ante hechos vandálicos” y dijo que “a través del Ministerio de Seguridad, llevará adelante los controles con toda rigurosidad y el personal necesario para contener la situación que se presente”. 

Ayer mismo la abogada Paula Alvarez Carreras y su colega Néstor Ariel Ruarte presentaron una acción de hábeas corpus preventivo colectivo “en favor de los manifestantes que el próximo 16 de enero realizarán una movilización hacia la plaza Belgrano en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la finalidad de pedir por la libertad de las presas y presos políticos/as de Jujuy” ante las “versiones de un despliegue desproporcionado de fuerzas represivas con el fin de evitar una Expresión Libre y Democrática de un grupo de ciudadanos que se opone a las políticas del Poder Ejecutivo Local”. 

En el amparo se recuerda que esta hipótesis “es coherente con las reiteradas acciones represivas ejecutadas por las fuerzas de seguridad durante los últimos 5 años” en la provincia, y que se agravó más aún con la emergencia sanitaria por la pandemia. El habeas se presentó en la Cámara de Casación Penal, que citó a audiencia para hoy a las 7.30.

Anoche, tras una reunión, las organizaciones ratificaron la concreción de la manifestación, para lo que se concentrarán a partir de las 9 en las calles 19 de Abril y Gorriti, aunque la marcha se prevé para el mediodía. “El gobierno de Morales ha preparado para la manifestación de mañana un dispositivo de represión, terror y castigo” contra quienes luchen “contra las injusticias que ha generado” él mismo, denunció Nando Acosta, de ATE Verde y Blanca antes de ratificar la protesta.

De manera similar se expresó Santiago Hamud, del Movimiento Territorial de Liberación (MTL): “Ese informe muestra como Gerardo Morales prepara a las fuerzas de la Policía de Jujuy para reprimir una protesta que está pensada llevarse adelante de manera pacífica”, sostuvo. 

Milagro Sala estaba acusada en otras cuatro causas, además de la causa “Acampe”, en dos de ellas fue absuelta y en dos fue condenada. La condena más grave, a 13 años, es en la causa conocida como “Pibes villeros”. Según su defensa, está llena de irregularidades. También fue condenada, a 3 años de prisión, en la causa de los “Huevazos”, por una protesta frente a Morales en 2009. Las dos sentencias están apeladas. En la condena a 13 años se espera resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La dirigente social fue absuelta en la causa “Bombachas”, pero el fallo no está firme. Se la acusa por una serie de llamados intimidatorios a la seccional 56 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. También fue absuelta en la causa “Balacera de Azopardo” en la que se la acusaba por tentativa de homicidio, pero no hubo pruebas.

En un audio que difundió por las redes sociales, Milagro Sala aseguró que “Jujuy sigue siendo laboratorio del lawfare, del neoliberalismo, y que la única manera que cambie esta historia es que haya una reforma judicial, o que saquen los servicios de inteligencia que hay en esta provincia”.



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En Salta rechazaron un amparo para dar dióxido de cloro a un paciente  | Hubo apelación y fue a la Corte de Justicia



El juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Leonardo Aranibar, rechazó un amparo contra el Hospital San Bernardo promovido por familiares de un paciente al que pretendían proporcionarle dióxido de cloro (CDS) como tratamiento compasivo. 

La novedad del rechazo se conoció recién ayer, pero el amparo se presentó el 1 de septiembre último y el fallo de Aranibar se dictó en octubre. Los familiares apelaron esta decisión y ahora debe resolver la Corte de Justicia de Salta. Sin embargo, según informó una fuente del Hospital, el 16 de noviembre pasado el hombre, de 62 años, fue dado de alta.  

En la causa el juez recibió información del Comité Científico asesor del Colegio Médico de la Provincia de Salta, que presentó material científico y “advertencias de importantes entidades, acerca de la utilización de dióxido de cloro o clorito de sodio en humanos” y hasta recomendó que “se investigue y sancione, si existen profesionales que indiquen o vendan dióxido de cloro en esta provincia”. Y se agregó el informe del 16 de julio de 2020 de la Organización Panamericana de la Salud, en el que se recomendó a la población “no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (hipoclorito de sodio, lavandina) y denunciar cualquier promoción que se identifique sobre propiedades curativas de estos productos”.

Además, en la resolución el juez recordó que en el informe en la causa el presidente del comité de Bioética Clínica señaló que el tratamiento solicitado “se encuentra expresamente prohibido por las entidades científicas y administrativas de la salud nacional e internacional (OMS, OPS, FDA, ANMAT, Ministerio de Salud de la Nación, SAP, entre otras) para el uso en seres humanos, tanto para el tratamiento de covid-19, como de otras dolencias”.

A estos informes, el magistrado añadió que el amparo no fue acompañado de certificado alguno de un médico que prescribiera que para este paciente el tratamiento solicitado podría resultar “beneficioso para su salud”.

El paciente ingresó al Hospital Papa Francisco el 11 de
agosto de 2020 con un malestar general y fiebre. Por los síntomas, se pensó que podría tratarse de un contagio de la covid-19, pero el resultado de la prueba fue negativo. El 15 de agosto fue trasladado al Hospital San Bernardo con un diagnóstico de neumonía pleural y artritis séptica en el hombro derecho, lo que le provocaba un cuadro de insuficiencia respiratoria. Estaba internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El 20 de agosto el médico tratante informó a la
familia que se había identificado la bacteria que afectaba al enfermo y que se iniciaba el
tratamiento farmacológico, con el que continuaba al momento de la acción de amparo, en la que su esposa y sus hijos manifestaban que la evolución de su estado de salud era desfavorable, con deterioro profundo deterioro y que incluso tenía sepsis. 

Ante esta situación, el 1 de septiembre la familia presentó una nota de consentimiento informado ante las
autoridades del Hospital San Bernardo pidiendo la administración de la
“sustancia CDS – dióxido de cloro” bajo el concepto de tratamiento compasivo, sin
desmedro del tratamiento en curso. Pero la gestión no prosperó y por eso los familiares recurrieron a la Justicia pidiendo que “se garantice el derecho de acceso a un tratamiento medico compasivo en la persona del señor R. S. B. y se le administre la sustancia CDS – dióxido de cloro”. 

Al responder al amparo en su contra, el abogado Nicolás Salazar, en representación del
Hospital San Bernardo, entregó un informe sobre el caso y pidió el rechazo del amparo por entender que era improcedente. 

En su resolución, el juez recordó que en materia de salud se entiende por acto compasivo a “la utilización de prácticas o productos que no están aprobados o no forman parte de la terapéutica oficialmente reconocida en situaciones extremas” y señaló que en la Declaración de Helsinki de la Asociación Medica Mundial se sostiene que “En el tratamiento de una persona enferma, el médico debe tener la libertad de utilizar un nuevo procedimiento diagnóstico o terapéutico”, si a su juicio “ofrece una (seria) esperanza de salvar la vida, restablecer la salud o aliviar el sufrimiento”.

Sin embargo, Aranibar llegó a la conclusión de que en este caso “no se advierte que la conducta desplegada por el Hospital San Bernardo, resulte arbitraria ni violatoria de derecho constitucional alguno por lo que la acción deducida no puede prosperar”. “La ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, como presupuesto de admisibilidad de la acción de amparo, se debe observar en forma diáfana, a través de un proceder contrario al derecho, que contradiga las normas positivas”, sostuvo. Añadió que este carácter manifiesto implica que el juez debe advertir “sin asomo de duda” que se encuentra “frente a una situación palmariamente anómala”. Y recordó que “Los temas opinables o aquellos que requieren mayor debate y aporte probatorio son ajenos a este remedio procesal de raigambre constitucional”. 



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Detuvieron a un jugador de Gimnasia y Tiro minutos antes de jugar | Acusado de violación a una menor de edad 



Un inusual episodio ocurrió el domingo en la cancha de Gimnasia y Tiro, donde se disputaba un partido por el torneo regional amateur cuando uno de los jugadores del equipo local que iba a integrar el banco de suplentes fue detenido en los vestuarios acusado de violación.

El futbolista en cuestión es el santafecino Matías Macoritto, de 25 años, que fue denunciado por la madre de una menor de edad por atentar contra la integridad sexual de la adolescente en un hotel alojamiento en la zona de la rural salteña, adonde la llevó, según consta en la denuncia, en contra de su voluntad.

El defensor de Gimnasia se encuentra detenido y será imputado en las próximas horas por el delito de abuso sexual con acceso carnal por el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, interino en la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

Macoritto era cercano a la familia de la chica violentada y la supuesta agresión se dio entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo, en el contexto de una salida a cenar con la víctima y su hermana.

Si bien el jugador es santafesino, llegó desde muy joven al club, en donde debutó en el torneo anual en 2017. Tras completar algunos partidos en la tercera y consolidarse en el conjunto que disputaba el torneo salteño, en 2018 logró pegar el salto al equipo de primera que se desempeñaba en el Torneo Federal A, con el cual terminaría descendiendo al final de esa temporada.

Allí, este defensor que juega como central o por derecha, sería uno de los jóvenes que se destacaría a pesar del mal año que tuvo el equipo, pero que terminó su participación con varios juveniles entre los titulares. 

El domingo era la reanudación del torneo federal amateur tras el parate por el coronavirus. La primera fecha tenía como plato fuerte el clásico entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana. Macorito iba a integrar el banco de los suplentes del local, pero a último momento, ya en pleno precalentamiento, el técnico decidió dejarlo afuera de la convocatoria, seguramente advertido de la difícil situación judicial que se le avecinaba al jugador santafesino.

Finalmente, la detención se produjo mientras el partido se encontraba en marcha, pero en lo deportivo la situación no pareció afectarle a los compañeros del acusado, porque Gimnasia vencería a Juventud por 2 a 1. 

Por el momento desde el club prefirieron no emitir ningún comunicado al respecto, aunque se espera que en las próximas horas, según como evolucione la situación judicial del jugador, finalmente se refieran oficialmente al caso.



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Nicolás Trotta: “Se van a garantizar los 180 días de clases en un marco dual” | El ministro ya programa la presencialidad en las provincias  



A menos de dos meses de iniciar el ciclo lectivo 2021, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, inició ayer una gira por las provincias del norte argentino. Su primer destino, fue Salta, donde reafirmó su intención de volver a la presencialidad en las aulas. Y para eso sostuvo que las clases se llevarán adelante dentro de un marco de bimodalidad, lo que posibilitará que se dicten los 180 días correspondientes al año escolar. 

En conferencia de prensa, Trotta aseguró que “se van a garantizar los 180 días en un marco dual” debido al contexto de pandemia que aún se transita en el país. En ese sentido, explicó que será un “esquema de presencialidad creciente” en las escuelas

Es decir que la vuelta, pensada para el primero de marzo, será bajo los protocolos definidos en cada provincia. A la vez, se continuarán con ciertos procesos de aprendizajes en el hogar. Esta decisión se debe a que ante los contagios por la covid-19, aún se requiere sostener los cuidados, dentro de los cuales se encuentra el distanciamiento social. Ese factor impide que niñas, niños y adolescentes vayan de manera simultánea todos los días a las instituciones porque sería imposible mantener el requisito de la distancia. 

El ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, ratificó que la “idea es que las escuelas se abran a la presencialidad en el 2021”. Según Trotta, esto permitiría “recuperar la normalidad que nos quitó la pandemia” y “redoblar esfuerzos de reorganización pedagógica”, permitiendo recuperar los contenidos educativos que no fueron impartidos el año pasado.  

El funcionario nacional puso énfasis en el presupuesto 2021, “que rompe definitivamente el proceso de desinversión que ha marcado a la Argentina en los últimos 4 años” con la gestión de Mauricio Macri. “Es importante dejarlo en claro porque volver a construir consensos (entre la Nación y las provincias) y priorizar la escuela es lo que nos va a permitir avanzar en la lucha ante la profunda desigualdad que hay en la Argentina”, afirmó el ministro. 

Trotta arribará hoy a Jujuy, mañana visitará Tucumán; el jueves estará en Santiago del Estero y el viernes visitará La Rioja y Catarmarca. En su recorrida lo acompañan el jefe de gabinete de la cartera educativa, Matías Novoa Haidar, y la secretaria del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz.

Sin escuelas no hay lugar para sentarse

Salta es una de las provincias con mayor diversidad geográfica y cultural, y con una pronunciada desigualdad social. Una muestra de esta desigualdad es que el acceso al derecho a la educación se tornó difícil y casi nulo para las comunidades indígenas durante la cuarentena impuesta por la pandemia. 

Es por eso que, como parte de su paso por la provincia, el ministro de la Nación, visitó por la mañana a la Comunidad wichí La Curvita en el municipio de Santa Victoria Este (SVE) del departamento de Rivadavia. Allí supervisó las obras del nuevo edificio de la escuela 7764 La Curvita porque el anterior fue arrastrado por el desborde del río Pilcomayo en febrero de 2018, que obligó a 130 familias a abandonar su Comunidad. 

El director de la institución, Fabián Peralta, manifestó que la obra “es importante para la Comunidad, ya que ha sufrido mucho con el desarraigo” por “tener que haber salido de su asentamiento natural y rebuscarse” para continuar su vidas. Además, consideró que contar con un nuevo edifico permitirá que merme la deserción estudiantil.  

Trotta también visitó la localidad de Salvador Mazza, ya en la frontera con Bolivia, en el departamento de General San Martín, donde visitó la obra de ampliación del Colegio 5233 del paraje La Bendición. Este colegio fue creado en 2016, pero compartía edificio con la escuela primaria 4829. A este establecimiento concurren 85 alumnos de comunidades wichí y guaraní de la zona, que tendrán edificio propio con aulas, talleres y un SUM para 120 adolescentes.

La directora del colegio secundario, Trinidad Páez, contó a Salta/12 que en La Bendición “siempre han sido familias muy afectadas en cuanto a lo social y económico”. A ello se sumó en 2020 la desigualdad educativa, que trataron de paliar desde el colegio a pesar de carecer de conectividad, telefonía celular y dispositivos tecnológicos.  

Ambos edificios cuentan con una inversión superior a 66 millones de pesos. El ministroTrotta señaló que en Salta se invirtieron 55 millones de pesos para la refacción de 104 escuelas; además, están en ejecución 5 nuevos edificios que reúnen más de 5 mil metros cuadrados y se aprobó la construcción de 13 jardines de infantes con una inversión superior a medio millon de pesos. 

También distribuyeron en 709 instituciones el Fondo Covid para la compra de insumos de bioseguridad, como alcohol en gel, lavandina o tapabocas. Por su parte, Cánepa dijo que la provincia invirtió hasta el 2020, más de 200 millones en la reparación de las escuelas y estimó que hasta el primero de marzo se agregarán otros 300 millones más.

“Es todo un proceso de trabajo mancomunado con el gobierno de la provincia de Salta que nos proponemos fortalecer en el 2021”, indicó Trotta. A las inversiones en infraestructura, añadió que están trabajando para que el material educativo tenga la “perspectiva de presente” de los pueblos originarios. “Eso nos va a permitir construir una realidad de país que muestre que somos una sociedad, un estado pluricultural”, sostuvo. 

Acabar con la brecha digital

Desde la Nación se informó que en la provincia ya se distribuyeron 12.661 netbooks a estudiantes salteños. Pero Trotta recordó que durante la gestión de Mauricio Macri no se repartieron más de 4 millones de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad, lanzado por Cristina Fernández de Kirchner, y discontinuado luego por el gobierno de Cambiemos. 

El ministro destacó que ahora el gobierno de Alberto Fernández inició el proceso de adquisición de medio millón de computadoras que serán distribuidas en el primer semestre del año. Señaló que la prioridad serán las escuelas rurales, siendo Salta una de las primeras beneficiarias por su población criolla e indígena.

En el mismo camino, se “acelerará la presencia de la conectivdad en nuestras escuelas”, dijo Trotta. Para eso, se triplicó en este año el presupuesto de inversión para el Plan Federal de Conectividad Juana Manso. “Más de la mitad de las escuelas argentinas no tiene conectividad a la web y es el desafío que tenemos que transitar en los próximos meses y en los próximos años de nuestra gestión”, detalló. 

En febrero vuelven las paritarias 

El ministro de Educación de la Nación comunicó que en febrero se convocará a los gremios nacionales docentes para discutir las paritarias de este año. Aseguró que eso es posible porque el gobierno nacional pudo “reinstitucionalizar la paritaria docente que había sido abolida por la gestión de Mauricio Macri”. 

Dijo que ese aspecto es central no sólo para consensuar los salarios y las condiciones de trabajo, sino también para marcar el camino del sistema educativo junto a la docencia. “Son un componente central que nos va a permitir que las escuelas tengan todas las herramientas para la transformación social presente en nuestro país”, destacó. 

En su recorrida en la provincia Trotta también dialogó con los secretarios generales de los gremios salteños. Además de las paritarias, también se destacó el proceso de vacunación a la docencia que está pensado comenzar en febrero. También se habló del pedido de que se cumplan las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Técnico Profesional.

De la reunión participaron la Asociación Docente Provincial (ADP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Unión del Personal Civil de la Nacion (UPCN), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Nicolás Trotta junto a los representantes gremiales

No obstante, Salta se caracteriza por una fuerte presencia del sector docente autoconvocado que no encuentra representación en el sector gremial para llevar adelante reinvidicaciones laborales. Por eso, las delegadas Antonia Amengual, de Metán; Catalina Guerra, de Rosario de la Frontera, y Sandra Nieva, de La Caldera, le entregaron un informe a Trotta sobre las reiteradas notas que le presentaron a Cánepa y no fueron respondidas. 

Además, le dieron a conocer una encuesta que realizaron en junio, que arrojó que no están dadas las condiciones para volver a las aulas. Guerra sostuvo que esperan que el funcionario “pueda conocer la otra voz de lo que no está mostrando el gobierno de la educación en Salta”. 

Las docentes autoconvocadas y Trotta

La presencia de las docentes se hizo en el encuentro que el ministro mantuvo por la tarde con dirigentes del Frente de Todos de Salta. De la reunión privada participaron la senadora nacional Nora Giménez; las diputadas nacionales Verónica Caliva y Alcira Figueroa; el director del Ente Nacional de Comunicaciones, Gonzalo Quilodrán; la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo de Nación, Pamela Ares; legisladores provinciales, intendentes, funcionarios nacionales y referentes de partidos políticos que integran el FdT. 



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Después de 7 meses paralizado por la pandemia volvió el Tren a las Nubes  | Ícono del turismo de Salta



El Tren a las Nubes, el tercero más alto del mundo, reanudó sus viajes desde la Estación de San Antonio de los Cobres hasta el viaducto la Polvorilla, a 4.220 metros sobre el nivel mar. La alta demanda generó que se programen dos viajes por sábado. El ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, junto al intendente Alberto Carral, y la secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Alejandra Martínez, lanzaron la temporada turística 2021 en la provincia, con la “esperanza” de que reactive las economías locales que resultaron afectadas por la pandemia de la covid-19

Las artesanas y artesanos de la zona, que son en su mayoría mujeres, también recibieron a los turistas expectantes por volver a vender sus productos ya que su economía quedó paralizada desde el aislamiento decretado en marzo del año pasado.

El tren tuvo este sábado 269 pasajeros que llegaron desde diferentes puntos del país y de la provincia. Por la pandemia, se implementaron protocolos de bioseguridad, como la toma de temperatura en la estación y la colocación de alcohol en gel en los diferentes vagones. Desde la cartera de Turismo informaron que ante la demanda, seguirán con dos viajes por semana.

En la Estación de San Antonio, los pobladores recibieron a los visitantes con música, baile, puestos de comida regional y artesanías. Antes de la salida del tren, se realizó un acto protocolar con breves discursos del ministro de Turismo de la Provincia, el intendente y la secretaria de Turismo de Nación.

El intendente sostuvo que “es una alegría inmensa para todos los pobladores” reanudar la temporada turística en la provincia desde San Antonio de los Cobres, la localidad cabecera del departamento Los Andes. “Tuvimos un año muy difícil, muy complicado por la pandemia y hoy se nos avecina un tiempo de esperanza, ojalá que sea por todo el año, que esta pandemia no nos asfixie“, manifestó. Pidió a los turistas optar por la artesanía y los productos locales, y les agradeció por visitar este “lugar mágico”.

El ministro Peña sostuvo que los turistas son claves para la reactivación económica de la provincia ya que es una actividad que genera empleo. “Hoy vuelve un ícono en Argentina y en el mundo, un producto que es marca país, de aquellos que están reconocidos por los turistas. Ver la emoción de cada uno de los que está subiendo al tren y acomodándose para volver a salir para nosotros es un orgullo enorme”, resaltó.

Por su parte, Martínez valoró el esfuerzo hecho para reanudar el servicio del tren. “Es un momento muy fuerte para todos, venimos de diez meses de haber atravesado esta pandemia (…) El turismo es una actividad muy resiliente (…) que se levanta con el aprendizaje de haberse caído y viene con la experiencia de la que va a salir más fuerte”, sostuvo la funcionaria. 

Trasladó esa capacidad de “resiliencia” a la sociedad. Destacó la importancia del turismo sostenible e inclusivo que puede darle esperanza a las personas que viven en los valles. Indicó que esta actividad es el motor fundamental para que las comunidades puedan salir adelante y tener más fuentes de trabajo. 

“La situación estuvo fea”

En los puestos de artesanías, Dominga Martínez contó a Salta/12 que hace 18 años se dedica a la actividad. “La situación estuvo fea y es la primera vez que estamos saliendo de nuevo a vender desde marzo del año pasado en que se ha cortado todo. Está floja la venta. La situación está mal”, expresó. 

Otra artesana, Gregoria Martínez, quien se dedica hace 30 años al tejido, dijo que ésta es la actividad de la que vive y no pudo vender lo que produce durante el aislamiento, indicó que como ayuda el municipio les entregó bolsones con alimentos durante la pandemia.

El recorrido

El viaje hasta San Antonio de los Cobres en la Puna salteña se hace primero en bus o en vehículo particular por la ruta nacional 51, todo el trayecto tiene como espectáculo visual y natural el paisaje montañoso. El servicio de la provincia incluye paradas fotográficas en puntos panorámicos. Una es en El Alfarcito donde sus pobladores se ven expectantes de recibir de nuevo a turistas, allí se puede desayunar y comprar productos regionales. Luego se sigue hasta la Estación de San Antonio para tomar el Tren de las Nubes.

El trayecto en tren sobre las vías del ramal C14 del Ferrocarril Belgrano pasa por Toconadito y Mina de Concordia, y termina en el Viaducto La Polvorilla. Además de la vista de paisajes, un guía turística introduce a los y las viajantes en la historia de esta locomotora cuya construcción ferroviaria comenzó en 1920 por el ingeniero Richard Fontain Maury y fue pensada en un principio con los fines de unir al Oceáno Atlántico con el Pacífico, en Chile, y llegar al Puerto de Antofagasta para el intercambio comercial que en aquel tiempo se centralizaba en Buenos Aires. El uso turístico vendría años después. 

En el Viaducto La Polvorilla, los pasajeros pueden descender del tren para tomar fotografías y también les esperan pobladores con sus artesanías.

Un museo para visitar

En el stand de la Estación de San Antonio de los Cobres, la encargada del Museo Regional Andino, Norma Cruz, invita a visitarlo. Funciona de martes a domingos, de 10 a  17. Reabrió sus puertas hace dos semanas y ya recibió a más de 60 turistas. Tiene una tarifa de entrada a 100 pesos y se implementa protocolo de bioseguridad. Cruz explicó a Salta/12 que este es el primer museo de la Puna Andina y como parte de su historia, la casa fue sede de la Gobernación de los Andes. El edificio fue restaurado por la Municipalidad y el Ministerio de Turismo de Salta y Nación.

“Nuestro Museo está compuesto por 9 salitas de diferentes temáticas y un espacio de curiosidades, la población creó este espacio donando sus objetos, los tesoros que guardaban de los antepasados”, contó Cruz. Algunas de las salas son las del ramal C14, otra de Minería, de Arqueología, donde resguardan los hallazgos de civilizaciones pasadas en el territorio de Los Andes. También hay una sala de Biodiversidad donde se muestra la flora y fauna de la Puna, una sala de Historia y una de Geología, donde exponen material acerca de los volcanes de la zona y las características del clima árido. 



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Habilitan un planteo de inconstitucionalidad al Protocolo de la ILE | En la Justicia federal de Salta



El juez federal Miguel Medina habilitó tratar durante la feria de enero una acción de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Salud de la Nación por el vigente Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos la declaró competente.

En la acción judicial, que data del 22 de diciembre, se cuestiona la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que generó una confusión inicial ya que algunos medios informaron que la presentación iba contra la recientemente aprobada ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, algo en la práctica imposible ya que hasta que no se promulgue carece de vigencia. 

Igualmente grupos Provida de Salta adelantaron que en cuanto ocurra eso, también recurrieran a la Justicia para intentar anularla por inconstitucional.

Entre los presentantes de la acción contra la ILE, figuran las diputadas provinciales Cristina Fiore (Partido Renovador de Salta) y Gladis Moisés (Cambiemos), y el diputado Andrés Suriani (Cambiemos). Además aparecen los nombres de Carlos Elbio Alderete, Rene Luis Castellón,  Mónica Elizabeth Medina, Miguel Armando Miranda, Héctor Favio Zerpa y Jorge Daniel Roldan. 

El planteo sostiene que el protocolo es
inconstitucional porque “elimina el deber estatal de protección del
derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer” y contempla “la flexibilización absoluta de los requisitos para alcanzar
tal condición de inimputabilidad”. 

Fiore y Suriani son el ala política en Salta de la militancia del sector que se opone a la legalización del aborto, movimiento autodenominado “salvemos las dos vidas” y que se identifica con los “pañuelos celestes”. Fiore ya dejó sentada su postura cuando era senadora nacional en 2018 y votó contra la IVE. 

Entre algunos de los argumentos que esgrimen los accionantes contra el protocolo de las interrupciones legales, sostienen que se “desvirtúa el concepto de
salud al incluirse causas psicosociales como razón permisiva del
aborto, y con la posibilidad de considerarse la mujer víctima de abuso
sexual a su sólo criterio subjetivo”. Indicaron que “se posibilita que se realicen
actos crueles e inhumanos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución
Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo
y a los fetos totalmente formados dado que no se fija límite temporal
alguno”.

Otro de los argumentos esboza que el protocolo no contempla “la posibilidad de realizar un
procedimiento menos dañino como, por ejemplo el adelantamiento del
parto
o el ofrecimiento a la madre de la entrega posterior en
adopción”.

Los accionantes consideran además que el protocolo produce “una injusta desprotección de la
mujer violada al facilitar que el violador fuerce a la víctima a solicitar
el aborto gratuito sin denunciar la violación, conduciendo así a
nuevas violaciones”

Cuestionan que no sea exigible una prueba de la violación y baste con el testimonio si la víctima es menor de 13 años y con una declaración jurada si es mayor de edad. También opinan que hay una limitación del derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

La abogada especialista en justicia constitucional y derechos humanos e integrante del Instituto Jurídico de Género de Salta, Tania Kiriaco, planteó a Salta/12 que en lo procesal la demanda está en una primera etapa y que no es nada novedosa porque los argumentos esbozados por los accionantes ya fueron resueltos en otras causas en distintos tribunales del país. Señaló que los “argumentos son políticos y no ajustados a derecho”, y que son utilizados por Fiore y  Suriani “para mantenerse vigentes durante estos años”. 

La letrada indicó que el protocolo de actuación de la ILE se adecúa al fallo Fal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La letrada recordó que Salta aún no adhirió al protocolo actualizado.

Desde los sectores “antiderechos”, vienen anunciando que acudirán a la Justicia contra la IVE. Kiriaco dijo que “la sociedad ya aprobó la IVE, y consideró que es deber del Estado resguardar este derecho”. También opinó que se requieren legisladores que trabajen por la ampliación de derechos para las mujeres, no que los obstaculicen.

El juez federal de Salta, Miguel Medina, en el año 2009 también fue noticia nacional por suspender parcialmente la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tras un amparo presentado por una asociación de defensa del consumidor. El fallo después fue revocado por un tribunal superior y más adelante la Ley  de Comunicación quedó en plena vigencia ratificada por la Corte Suprema de Justicia que la declaró constitucional.



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El feriado puente fue positivo para los destinos de Salta | Un fin de año promisorio para el turismo



Los cuatro días del feriado puente por el 8 de diciembre, acompañados de la decisión regional de reabrir las fronteras entre Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, le dieron un buen oxígeno al sector turístico provincial que ya augura una temporada de verano a pleno.

Al menos es el deseo de los empresarios hoteleros y de los secretarios de turismo de los principales destinos de la provincia, quienes confían en que, “si no sucede nada extraño y hay un rebrote de coronavirus”, el movimiento se seguirá incrementando aún más a partir del 15 de diciembre, cuando la provincia pueda recibir a viajantes de todo el país.

Los lugares con más ocupación fueron Cachi, Cafayate y el Dique Cabra Corral, seguidos por Vaqueros, La Caldera y San Lorenzo. “Los tucumanos eligieron Cafayate y San Lorenzo”, comunicaron desde la secretaría de Turismo de la provincia. También informaron que hubo mucha demanda de “turismo de aventura, cabalgatas, trekking con guías y principalmente de gastronomía”.

Pero los turistas procedentes de Tucumán también eligieron Rosario de la Frontera, así como los santiageños, según indicó la secretaria de Turismo local, Carolina Singh. Allí los principales hoteles tuvieron un 90% de ocupación “y la gastronomía trabajó muchísimo todos los días, a tal punto de no encontrar lugar donde sentarse”.

La funcionaria añadió que esperan aún más movimiento para los próximos fines de semana cuando se inaugure el Parque Acuático de la ciudad termal.

En San Lorenzo reportaron una ocupación hotelera del 50% “con muchas visitas de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero”, y los bares y restaurantes se vieron desbordados, así como los paseos y caminatas, explicó su secretaria de Turismo, Ana Cornejo.

Mientras que Coronel Moldes ratificó el nivel de reserva previa y alcanzó el 95% de su capacidad para albergar visitantes. Allí se sumaron quienes pasan el día pescando en los catamaranes, que trabajaron sin descanso, y los que buscan aventuras haciendo rafting o bungee jumping en el puente del dique Cabra corral.

Por último, Cafayate, con una capacidad hotelera superior a los demás destinos, llegó a su punto más alto de ocupación durante el fin de semana, decayendo el lunes y martes, “sábado y domingo tuvimos entre el 85 y el 100% ocupado, pero el lunes bajó al 40%”, contó el presidente de la Cámara de Turismo de esa localidad, Pablo Kishimoto.

Quizá por ese gran movimiento que viene en crecimiento semana tras semana, las compañías de transporte terrestre de media y larga distancia decidieron volver a ofrecer sus servicios a partir de ayer tras nueve meses de inhibición.

Con estrictos protocolos y un número reducido de pasajeros, La Veloz del Norte fue la primera en dar a conocer su cronograma de viajes desde y hacia Salta. Los tickets se compran de manera online y solo se puede viajar con DNI y declaración jurada para circular por las provincias de la región. Para viajes a otras provincias es suficiente el certificado de Circulación Nacional que se obtiene en la página Argentina Circular



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El Concejo Deliberante de Salta homenajeó al represor Kairuz | Está involucrado en la desaparición del médico Luis Arédez en Ledesma



El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta desató un vendaval al homenajear al deportista y director técnico Juan de la Cruz Kairuz, el mismo que está encausado señalado como partícipe de la patota que secuestro y desaparició al médico Luis Arédez, en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, en dominios del Ingenio Ledesma

Enterado del reconocimiento, Ricardo Arédez, hijo del médico desaparecido, ratificó que Kairuz participó del secuestro de su padre, lamentó que una institución de la democracia haga un reconocimiento a alguien que “no ha hecho nada por la democracia, al contrario” y le pidió a DT, que en los años 70 era policía, que al menos “diga la verdad” y confiese dónde está su padre. “Por lo menos que nos digan donde están (los desaparecidos) para que el equipo de antropólogos los identifique y darles identidad y sepultarlos como seres humanos”, exigió. En cambio, “estos tipos siguen callados, siguen burlándose de todos nosotros”. 

Organismos de derechos humanos de Salta y la senadora nacional Nora Giménez (FdT) repudiaron el reconocimiento de los ediles. Dos concejales del Frente de Todos, que también votaron a favor del reconocimiento, pidieron disculpas, igual que el autor del proyecto, Ángel Causarano, quien se excusó en la ignorancia.  

Kairuz está siendo juzgado desde 2018 en Jujuy por allanamiento ilegal de domicilio, en relación a la invasion en 1977 de una patota que comandaba a la casa de Arédez precisamente, recordó la abogada querellante Mariana José Castillo. Además, está acusado en la causa Arédez (por el secuestro del 24 de marzo de 1976), en la que se investiga al propietario del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex directivo de esta empresa, el salteño Alberto Lemos. Luego de que en 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la falta de mérito a favor de Kairuz, Blaquier y Lemos, las causas llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no resolvió.

Arédez dijo que no discute la trayectoria deportiva de Kairuz, “pero el tema es que hay otra historia que hay que resolverla, que seguimos pidiendo sobre todo verdad, porque él participó (de la represión estatal), yo lo ví a él adentro de la casa nuestra”, recordó. “Lo único que siempre he pedido es que me diga la verdad, porque yo lo ví a él. Que me diga la verdad, que me diga dónde están mi padre, dónde lo sepultaron“, insistió en conversación con Salta/12. 

“Siempre le pido a la Justicia que me diga Kairuz dónde está mi padre. Yo lo ví a él cuando hacía el allanamiento y todo. Yo lo ví. Y él manejaba la camioneta del Ingenio Ledesma cuando lo detuvieron a mi padre (el 24 de marzo de 1976), o sea que bastante tiene que ver y que aclarar. No solamente aclarar, sino decir la verdad”, ratificó en declaraciones a FM Noticias. Lamentó que, en cambio, “el hombre se burla, se ríe”. “No sé hasta donde nos van a llevar estos homenajes en democracia a la gente que tiene que aclarar mucho, mucho, ante una justicia justa y creíble, que todavía no llegó la justicia justa y creíble para nosotros”. 

Luis Arédez, que en 1973 como intendente de Libertador se había enfrentado al Ingenio, fue liberado de aquella primera detención en marzo de 1977 pero el 13 de mayo volvieron a secuestrarlo y fue desaparecido. Un mes después, a las 10 de la noche, su casa fue invadida por una patota de militares comandada “por un hombre de vestimenta de gimnasia, con las tres franjas, azul”, que resultó ser Kairuz. Ricardo Arédez luego se topó con él varias veces, una de ésas, en 2009, en Salta, en el juicio por calumnias e injurias que el DT le hizo al abogado y periodista Daniel Tort, enojado porque éste se había opuesto a su designación como DT en el Club Gimnasia y Tiro por su pasado como represor. El juez Fernando Marinaro rechazó la demanda y además remitió el expediente a la Justicia de Jujuy para que se investigara su posible participación en el secuestro del médico Arédez. 

“Tanta impunidad es insoportable ya. Él tiene que aclarar, si se cree un hombre de bien y se cree que es un exitoso deportista, también tendría que ser un buen ser humano y aclarar las cosas que le pedimos y le exigimos también“, afirmó Ricardo Arédez.  

La excusa de la ignorancia 

Consultado por Salta/12, Causarano dijo que no sabía que Kairuz está involucrado en violaciones a los derechos humanos, aseguró que lo buscó en la red pero no vio nada de eso, que lo conoció en Ledesma, que para él es “una buena persona”; luego habló de que en los años del terrorismo estatal hubo una “guerra”, aunque enseguida se desdijo y terminó pidiendo disculpas. 

El homenaje se llevó a cabo anteayer, en el hall central del Concejo Deliberante. Estuvieron el presidente del Cuerpo, Darío Madile (Salta Tiene Futuro); las concejalas Laura García (FdT), Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña) y Paula Benavídez (Salta Independiente) y el concejal Santiago Alurralde (Salta Tiene Futuro). Salvo el FdT, los demás bloques representan posiciones conservadoras y acompañan al seancismo. 

Kairuz recibió una copia de la resolución 541, aprobada por unanimidad, sobre tablas, y una plaqueta recordatoria. “Siempre me enseñaste y enseñaste a quienes estuvieron a tu lado a ser un buen dirigente y, por sobretodo, los valores necesarios para ser una buena persona”, le dijo Causarano. 

“No quiero entrar a polemizar en esto. Yo simplemente hice un homenaje a una trayectoria deportiva sin saber que podía existir un problema”, dijo después ante la consulta de Salta/12, en la que pidió “mil disculpas”. “Yo no sabía (…). Yo desde el Concejo lo único que hice es premiar la trayectoria deportiva, lo otro yo ni enterado, ni sabía que podía existir un problema de esos”, sostuvo. Añadió que “no hubo ninguna mala intención”. 

“Son temas muy delicados”, dijo. Cuando este diario le hizo notar que en realidad se trata de delitos graves, lo concedió rápidamente, pero añadió: “Lo raro es que no lo hayan metido preso”. Luego habló de acciones cometidas por la guerrilla y afirmó: “Era una guerra tan sucia y murió tanta gente inocente”, aunque inmediatamente se desdijo. 

Memoria 

Las instituciones de la democracia no pueden homenajear a quienes violaron el orden constitucional y cometieron crímenes contra el pueblo argentino“, aseguraron ayer la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Liga Argentina por los Derechos Humanos en un comunicado en el que afirmaron que con el reconocimiento a Kairuz, el Concejo capitalino omitió “las acusaciones que pesan sobre él por su participación como grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar”. 

Recordaron que además de sus prácticas deportivas, Kairuz “Comandaba un grupo de tareas que secuestraba gente en Libertador General San Martín bajo el ala protectora del ingenio azucarero Ledesma“. 

El concejal Fernando Ruarte (FdT) pidió disculpas por no haberse opuesto al homenaje. Contó que la resolución se trató sobre tablas, junto con otros reconocimientos, y anunció que hoy presentará un proyecto para dejarla sin efecto. 

Su par Laura García, pidió disculpas “a los organismos de derechos humanos por las heridas que se pudieran haber abierto a causa del homenaje”. También dijo que desconocía el pasado del DT, sostuvo que como vicepresidenta segunda del Cuerpo participa de los homenajes. “Bajo ningún punto de vista reivindico los hechos sucedidos durante la última dictadura cívico militar”, añadió. 

La senadora nacional Nora Giménez repudió el homenaje, se solidarizó con los familiares de víctimas del terrorismo y adhirió a las expresiones de los organismos de DDHH. 

También el Partido de la Liberación repudió el homenaje.





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Caciques exigen la renuncia a ediles que destituyeron al intendente wichí | Por una decisión sin fundamentos



Caciques de distintas comunidades de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, se reunieron el miércoles último en las afueras del Concejo Deliberante mientras se sesionaba. El reclamo era uno solo: que los ediles explicaran las razones de la destitución del intendente Rojelio Nerón. Los manifestantes elevaron una nota en la que solicitaron la renuncia de los concejales.

La molestia de los caciques se dio ante la falta de información sobre la sesión en la que se destituyó a Nerón, realizada el lunes de esta semana. También fueron motivados por informaciones en redes sociales y medios de difusión que indicaban que “los wichís” habían destituido al jefe comunal.

Amancio Martínez, referente del Kilómetro 2 y asesor de la Municipalidad, explicó a Salta/12 que en realidad solo dos de los cuatro concejales del Pueblo Wichí votaron por la destitución de Nerón, mientras que los tres concejales criollos aportaron los votos necesarios para llegar a los dos tercios que precisaba la decisión. En la asamblea, lo caciques pidieron también la renuncia de un pastor evangélico criollo, César Ávalos, quien se desempeña como secretario legislativo del Concejo. Según Martínez, tras la asamblea de los caciques, Ávalos presentó su renuncia.

En una nota al Concejo, los caciques solicitaron la renuncia de la totalidad de los concejales que votaron por la destitución de Nerón, pero sobre todo las de los dos concejales wichí: Norberto Pérez y Samuel Gilobero.

Al momento de exponer los fundamentos, Martínez aseguró que los concejales “no dijeron nada”. 

Por su parte, el asesor letrado de la Municipalidad, Alberto Palomino, sostuvo que en realidad los concejales se mantuvieron en lo expuesto sobre falta de informes, rendiciones y compras de montos abultados sin licitación alguna. La documentación que los concejales habían solicitado fue presentada en la sesión del juicio político, que tuvo lugar el lunes que pasó. “Pero para ellos (los ediles que decidieron destituir a Nerón), la presentación es extemporánea. No toman en cuenta la situación de la pandemia”, aseguró Palomino. 

El abogado afirmó que a partir del miércoles, los asesores de Nerón cuentan con 5 días para elevar la apelación a la destitución ante la Corte de Justicia de Salta, y que aclaró que el intendente continuará en su cargo mientras se sustancia este trámite. El presidente del Concejo Deliberante, Rafael Andrada, no respondió a las consultas y se limitó a enviar la resolución del cuerpo deliberativo.

Discriminación

La gran mayoría de los caciques y dirigentes del pueblo de Santa Victoria Este están dispuestos a poner el cuerpo para hacer respetar la voluntad popular de haber elegido por primera vez en la historia a un intendente indígena”, dice la nota que presentaron los caciques en el Concejo Deliberante.

Para los caciques, desde el Concejo se pergeñó una “maniobra” para “sacar al intendente que tuvo que gobernar en la peor pandemia de nuestra historia”. Ante las acusaciones de la compra del camión sin licitación, recordaron a los concejales que se hizo en un momento de emergencia y con fondos de la Nación enviados al municipio. “El intendente estaba autorizado de manera constitucional y legal a comprar el camión”, afirmaron. Palomino explicó que, además, el camión se compró para repartir agua en las comunidades ante la sequía que asoló en la zona.

Al hacer el análisis de lo acontecido, entendieron que la destitución responde a “un simple capricho de unos sectores de impedir que gobierne un indígena. Por lo cual nos sentimos discriminados y haremos la denuncia ante el INADI. Para que se haga Justicia”.

Recordaron que durante 24 años “hemos sido respetuosos de las elecciones que gobernaron Juan Carlos Bruno y Moisés Balderrama”, ambos surgidos del sector de criollos. “En las últimas elecciones ganó Rogelio Nerón, queremos que se respete el resultado electoral”, por los tres años que quedan de mandato, afirmaron.

Asimismo, aseguraron en la nota que durante más de dos décadas sufrieron “el maltrato del gobierno criollo”. “La prueba está en que siempre murieron niños de pueblos originarios de desnutrición y nunca un criollo”. De no haber solución advirtieron que marcharán a la capital salteña “y hacemos responsable de todo lo que nos pudiera pasar al presidente del Concejo y los concejales que lo apoyan”.



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Jujuy: impidieron la ILE a una niña de 12 años | Estaba embarazada de gemelos



En la provincia de Jujuy se privó de una Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años y se la sometió a una microcesárea estando en su segundo trimestre de embarazo de gemelos. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir expresó su preocupación por el estado de salud de la nena, que fue obligada a cursar el embarazo consecuencia de una violación a pesar de que solicitó la interrupción desde que ingresó al sistema de salud público. 

La trabajadora social Marina Ariza, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy, dijo a Salta/12 que tomaron conocimiento del caso la semana pasada y que el hecho les remitió a lo ya sucedido con una niña de la ciudad de San Pedro, que tuvo que padecer una situación similar en enero de 2019. 

“No podíamos creer que se tratase de una situación similar”, dado que en la provincia existen efectores de salud garantes del acceso a la ILE y que podrían haber dado una respuesta inmediata a la situación, dijo. La nena es oriunda del departamento El Carmen, a unos 37 kilómetros de San Salvador de Jujuy

De acuerdo a la información a la que pudieron acceder las integrantes de la Red de Profesionales, la niña ingresó al Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la capital jujeña al menos hace una semana y ya cursando un embarazo avanzado en su segundo trimestre.

Ariza contó que la nena “desde el minuto cero solicita la ILE”, por lo que “sentimos que hubo una vulneración espantosa por parte del Estado”. “Efectivamente, había solicitado la ILE en sus términos y desde la Provincia se dilató la resolución del caso para lograr una maduración fetal”, reiteró. 

En el comunicado que difundió la Red de Profesionales se indicó que la Dirección Nacional de Salud Sexual ofreció resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña. Entre las alternativas estuvo trasladarla a otra provincia para practicar la interrupción.

No obstante, las autoridades a cargo del Ministerio de Salud de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizar el derecho a la ILE. Este medio intentó contactarse con la principal autoridad de la cartera, Gustavo Bouhid, y con el secretario de Salud, Pablo Jure, pero no obtuvo respuestas.

Tras esta decisión por parte de las autoridades jujeñas, se programó una microcesárea, que se realizó el domingo pasado. “No fue una ILE, sino fue una cesárea post maduración fetal con la única intención que esos fetos tengan posibilidades de vida, desestimando la salud física y emocional de la niña“, cuestionó la trabajadora social. 

Ariza señaló que la mayoría de los trabajadores del Hospital Materno son objetores de consciencia y que por ese motivo siempre se convocaba a la Red. Sin embargo, “en este caso nunca nos convocaron y lo que decidieron hacer es dilatar los tiempos y obstaculizaron el acceso a la ILE”, denunció la profesional.

La Red afirmó que si se tiene en cuenta “el altísimo riesgo obstétrico y vital que corre una niña embarazada siendo menor de 13 años” sumado a las consecuencias psicoemocionales que podrían generarle “el dar a luz algo que ha sido impuesto violentamente sobre su cuerpo y su vida, reafirmamos cuánto hay de cierto cuando hablamos de maternidades forzadas”.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, la niña de El Carmen no cuenta con adultos que la acompañen, dado que existe una situación judicial entre sus progenitores. Actualmente está bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores, por lo que el Estado “resulta su adulto referente”, manifestó Ariza. 

Sin embargo, “es el mismo Estado que vulnera la vida de esta niña”, que con la cesárea dilató la resolución del caso. La profesional explicó que extender el embarazo una semana representa un “montón” porque desde el segundo trimestre, el crecimiento fetal es de 200 gramos por día. “Cada día se hace la diferencia y acá no se llamó al equipo garante ni bien se tomó conocimiento del caso y se puso en peligro la vida de la niña”, cuestionó. 

La Red repudió que no se contemplen “los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas también desde el Estado”. E instó a que se respeten los derechos vigentes en el Código Penal, los protocolos ILE y los convenios a favor de una vida libre de violencias para niños, niñas y adolescentes.

Sin decisión política

Jujuy está adherida al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y además, desarrolló un protocolo específico junto a Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñes y adolescentes menores de 15 años.

Para Ariza, la Provincia no respetó los compromisos asumidos en la confección de este último protocolo. “Se hubiese podido realizar la ILE si hubiese habido decisión política”, repudió.

La trabajadora social dijo que la nena “físicamente está bien” después de la intervención quirúrgica, pero cuestionó que si se entiende a la salud desde una perspectiva integral y no sólo física, “sabemos que su estado es complejo”. “No sólo por sus condiciones de vida, en donde existe abandono, sino por la suerte de vulneraciones que se dieron en estos días”, argumentó. 

La Red de Profesionales dijo que lo sucedido representa una anulación de los derechos de la niña, negando el riesgo integral para su vida. “Avasallar la subjetividad, convertirla en una incubadora y realizarle una cesárea, no es garantizar su salud integral”, expresó. También sostuvo que “realizar una cesárea que implica una inscripción y una cicatriz indeleble en el cuerpo de una niña, es condenarla a recordar una maternidad forzada e impuesta para siempre”.

Cuando se conoció el caso de la niña de San Pedro, la Red realizó una propuesta a las autoridades del Ministerio de Salud de Jujuy “para dar respuesta a estas situaciones donde las niñas entran en un gris complicado debido a que no llegan, en general, (al sistema de salud) durante el primer trimestre”, dijo la trabajadora social. 

La razón se debe a que los casos son consecuencia de violaciones y se demora en lograr la visibilización. Esto lleva a que las instituciones públicas tomen conocimiento generalmente ya comenzada la semana 13, es decir, con el segundo trimestre en curso. Pero las autoridades sanitarias no tuvieron en cuenta la propuesta elaborada por las profesionales.

Ariza añadió al reclamo que se haya “filtrado” en distintos medios la situación de la nena, impidiendo que se preserve su confidencialidad como paciente. Y recordó que las redes sociales de la Red de Profesionales de Jujuy, tanto de Facebook como de Instagram, están abiertas a consultas y acompañamientos a quienes deseen interrumpir sus embarazos no deseados. 



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