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Rescatan siete jóvenes de una red de trata de personas en Salta | Dos mujeres detenidas



Dos mujeres, una de ellas sindicada como la líder de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, fueron detenidas el sábado último como resultado de una serie de procedimientos realizados en siete viviendas del macro centro de Salta Capital. Estos operativos fueron ordenados por el juez federal Miguel Medina. Por otro lado, el viernes último hubo otros allanamientos en la zona de El Bajo, ordenados por la justicia provincial, en los que fueron detenidos un hombre y una mujer. 

En el primer caso se allanaron siete inmuebles, de los cuales las fuerzas de seguridad rescataron a siete jóvenes de entre 18 y 25 años, además de secuestrar “valiosos elementos de pruebas, entre ellos 19 teléfonos celulares, dos dispositivos de cobro electrónico, lencería erótica y la suma de 90 mil pesos”, informó el Ministerio Público Fiscal federal. Los procedimientos, resultado de un proceso de investigación, tuvieron la particularidad de que fueron llevados a cabo con elementos de protección, por la pandemia del coronavirus. 

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea y estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, de la Gendarmería Nacional, y de la División Trata de Personas de la Policía de Salta. A su vez, todos fueron coordinados por el Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos.

Dos de esos allanamientos se hicieron en departamentos de un edificio ubicado a escasas cuadras de la plaza principal de la ciudad. En uno de estos departamentos, fueron rescatadas dos jóvenes y fue demorado un “cliente”.

A pocas cuadras de ese edificio, se allanó una casa, de donde se rescató al resto de las víctimas y se detuvo a una mujer sindicada como la líder de la organización.

Otra mujer fue detenida en el allanamiento realizado en un domicilio la zona este de la ciudad. La Fiscalía informó que esta mujer cumplía la función de “captadora”. De esta vivienda secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo y lencería erótica.

Respecto a los otros domicilios allanados, se informó que en algunos de ellos se secuestraron elementos probatorios, como teléfonos celulares, lencería, fotografías. Y en otros, los propietarios indicaron que los inquilinos se habían marchado, en algunos casos porque ellos mismos les habían pedido cesar la locación debido a quejas de los vecinos.

Una pesquisa tecnológica 

El fiscal Toranzos destacó el trabajo en equipo de las fuerzas intervinientes, el uso de medios tecnológicos y el marco sanitario con el que se operó.

También destacó la utilización de herramientas especiales al momento de llevar adelante las pesquisas, entre ellas el seguimiento virtual por redes sociales y la figura procesal del “agente revelador”, es decir, un integrante de una fuerza de seguridad que simuló interés en lo que ofrecía la red de trata. Los procedimientos del sábado fueron el resultado de una larga investigación usando las nuevas tecnologías. 

Los investigadores hicieron un seguimiento por internet, y así pudieron determinar que la red de trata captaba a mujeres jóvenes con avisos de trabajo publicados de manera digital. Una vez que conseguían su atención las iban convenciendo de a poco hasta que lograban que las jóvenes accedieran a ser fotografiadas. Una fuente de la investigación contó a Salta/12 que ya estas fotografías eran “degradantes”. La red contaba con una página digital subida desde Córdoba, que ofrecía a mujeres para encuentros sexuales en Salta. Los interesados se contactaban y les informaban la hora de la cita y el domicilio al que debían concurrir. 

Esos domicilios eran departamentos alquilados con un sistema similar al del portal booking.com, por tres o cuatro días. 

Toranzos aseguró que, tanto en el caso de las víctimas como las detenidas se aplicaron todos los protocolos de seguridad sanitarias. La Fiscalía trabajó con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para brindar asistencia y contención a las jóvenes rescatadas, quienes fueron asistidas por especialistas del Polo Integral de las Mujeres, que depende de la Secretaría. 

El delito de trata de personas está establecido en el artículo 145 bis del Código Penal, que prevé una escala penal de cuatro a ocho años de prisión para quien “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

El fiscal indicó que los elementos de pruebas reunidos antes y en los allanamientos, llevan a la Fiscalía a avanzar sobre la hipótesis de una organización dedicada a la trata de personas. Además de la lencería que era usada para la toma de fotografías con las que se captaban a hombres que pagan por sexo, Toranzos destacó el secuestro de dos dispositivos de cobro electrónico, el dinero secuestrado y documentación.

Por otro lado, el viernes último miembros de la División Trata de Personas de la Policía salteña realizaron tres allanamientos en la calle Florida al 1700, en la zona conocida como El Bajo, famosa por la oferta de prostitución. En ese lugar rescataron a siete personas y detuvieron a un hombre y a una mujer. 



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La Justicia Federal ordenó un nuevo índice para el piso en las jubilaciones  | Fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Salta



La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ordenó ayer que se fije un piso para los haberes jubilatorios hasta tanto se dicte un nuevo índice de movilidad aprobado por ley. El fallo sostiene que las subas de los haberes deben hacerse sobre la base de parámetros objetivos y que deben ser iguales para todos. Asimismo, reivindica la movilidad previsional como una necesidad frente a “la ausencia de estabilidad de la economía”. 

La Cámara tomó esta determinación al rechazar un recurso de la ANSeS en contra de una sentencia de primera instancia dictada por el titular del Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, Julio Bavio, en una demanda del particular Roberto Daniel Caliva, que reclama el reajuste de su haber jubilatorio de acuerdo a la movilidad establecida en la ley 27.426, dictada en 2017, por la gestión de Cambiemos

Esta ley fue suspendida por la  por la actual gestión de gobierno mediante la ley 27.541, que le otorgó al Ejecutivo Nacional la atribución para disponer aumentos trimestrales en los haberes jubilatorios. El fallo destaca que con los incrementos otorgados de esta manera, que llevaron el haber mínimo jubilatorio a $16.864,05, “no permiten” ni siquiera para este caso “alcanzar el valor que hubieren contabilizado mediante la aplicación de los índices derivados de la aplicación de la ley 27.426”, con la que habría llegado a $17.403,28.

La Sala II destacó, entre sus considerandos, que es “justamente en tiempos de crisis cuando las garantías
constitucionales se tornan operativas, de modo que la movilidad jubilatoria prevista
en el art. 14 bis de la CN se impone en estos tiempos, por cuanto el derecho a la
percepción de un haber previsional digno resulta afectado en razón del proceso
inflacionario acumulativo que, desde hace unos años, corroe el poder adquisitivo de
las jubilaciones”.

El fallo, suscripto por los jueces Alejandro Castellanos y Guillermo Elías y la jueza Mariana Catalano, dispone que el haber mínimo jubilatorio debería estar dado por los porcentajes que surjan del índice que crea la ley 27.551, de reforma del regimen de alquileres, compuesto en partes iguales por las variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y por la remuneración imponible promedio de los trabajadores (Ripte).

En la sentencia, a la que Salta/12 tuvo acceso, los camaristas señalan que esta ley establece pautas combinadas y equilibradas para determinar el ajuste de los alquileres y “tratándose
de una materia donde entra en juego una prestación relacionada con el acceso a la
vivienda, que integra el plexo de derechos fundamentales de los ciudadanos -entre los
cuales, no cabe excluir a los jubilados y pensionados, muchos de los cuales alquilan-,
no se advierte la razón para establecer en ese caso variables legales de ajuste y que
esos mismos índices no puedan ser reproducidos para el sistema de movilidad
previsional”.

En la parte resolutiva dispone que “la actualización de las distintas prestaciones que integran el beneficio en cuestión no podrá ser inferior a las variaciones que registre el índice establecido por la ley 27.551”. 

Los jueces también recordaron que “los aumentos de las jubilaciones no son una mera gracia discrecional del Estado, sino que constituyen un derecho, que reclama y merece una definición por ley que debiera encontrar su correlato en una justificación objetiva, lógica y racional, en tanto los haberes previsionales son consecuencia necesaria de un esfuerzo contributivo y solidario de muchos años de trabajo y aporte”. 

Entre los considerandos también los camaristas federales salteños no dejaron de lado la oportunidad de hacer una crítica a ciertas políticas públicas. Hablaron del “desmanejo que significó la falta de una correcta administración de los recursos por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la Administración del país desde hace varias décadas y que permitieron, entre otras cosas, la ampliación indiscriminada de la base de beneficiarios -con incorporación de afiliados no cotizantes-, la facilitación de fugas de aportes hacia el sector privado -capitalización infructuosa-, el subsidio previsional encubierto al sector monotributista o autónomo -cuya contribución al sistema es ciertamente insustentable-, la falta de debido control en la liquidación de sumas “no remunerativas” a los trabajadores en relación de dependencia, además de la instrumentación de medidas asistenciales que abrevan en las mismas fuentes de financiamiento”. 

Con éstas y otras consideraciones, y la cita de fallos propios y de otros tribunales en la materia, decidió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la ANSeS, “confirmando la sentencia atacada en lo atinente al índice a emplear para recálculo del
haber inicial y el diferimiento para la determinación de la procedencia del ajuste de la
prestación básica universal (PBU), así como el eventual establecimiento de un complemento
de sustitutividad”. 

Sin embargo, se descuenta que la ANSeS apelará esta decisión, dado que hizo reserva de presentar un recurso extraordinario, por lo que es de suponer que la demanda termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 



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