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Dos abusos a una niña | Cuestionan una sentencia 



¿Puede una niña de 12 años mantener una relación sentimental con un hombre de 24 años? ¿Puede llamarse joven a esa nena en un texto jurídico? ¿Puede exculparse al acusado por considerar que debido a su contexto social y cultural no sabía que estaba cometiendo un delito? Un tribunal integrado por los jueces Javier Beltramone, Gustavo Salvador y Bibiana Alonso decidió el 15 de septiembre absolver a N.O.Ch., por considerar que no entendía la criminalidad de su accionar, al mantener relaciones sexuales con una nena desde que tenía 11 años. El fiscal Aquiles Balbi apeló la decisión con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el último 4 de diciembre. Al conocer la sentencia, el Centro de Estudios Feministas Jurídicos y Sociales (CEFEJUS) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, acompañado por instituciones y personalidades que trabajan en derechos humanos con perspectiva de género presentaron un amicus curiae –un aporte de entidades con interés jurídico legítimo en el caso—para señalar las fallas del fallo de la Cámara.

La niña comenzó la supuesta relación a los 11 años, quedó embarazada a los 12 y concurrió a un centro de salud de la localidad donde vive, cercana a Rosario. El personal de Salud dio intervención a la Dirección provincial de Niñez, que actuó, cuando el embarazo estaba muy avanzado. La nena fue alojada en una institución. El hombre fue denunciado por una funcionaria pública, en cumplimiento de la ley provincial sobre infancia. Estuvo detenido y fue condenado, en primera instancia, a siete años y medio de prisión. Pero en segunda instancia lo absolvieron.

La primera firmante del amicus es la presidenta del CEFEJUS, Analía Aucía, acompañada por Mónica Tarducci, María Luisa Femenías y Fabián Salvioli, entre otras personalidades que ocupan las primeras dos páginas y media del amicus curiae.

En cuanto a la sentencia cuestionada, el Tribunal considera acreditado el “vínculo sostenido” entre la niña y el imputado. Esta conducta constituye abuso sexual con acceso carnal, de acuerdo al artículo 119 del Código Penal con su agravante (abusar sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece años). Y absuelve al abusador sobre la base de la existencia en el caso de un “error de prohibición”. Consideran que el acusado no supo que la conducta era ilícita. “Para llegar a esta conclusión, la Cámara de Apelaciones desarrolla argumentos orientados a resaltar ‘diversas cuestiones de contexto sociocultural’ del imputado y de la niña, argumentando la existencia de ‘una relación de pareja’ entre el imputado de 24 años y la niña de 12, normalizada, por haber sucedido en el marco de un ‘contexto sociocultural’ particular, al que construyeron sobre la base de estereotipos y prejuicios de género y de clase, así como graves errores conceptuales en detrimento de los derechos de la niña a ser tratada con dignidad, a recibir la debida protección estatal y a tener garantizado el derecho de Acceso a la Justicia, tal como lo imponen las normativas nacionales e internacionales aplicables y la jurisprudencia que se desprende de los sistemas jurisdiccionales superiores, además de los aportes fundamentales de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de la doctrina reconocida en la materia”, dice el amicus. 

“Al marco de un ‘contexto sociocultural’ particular lo construyeron sobre la base de estereotipos y prejuicios de género y de clase, así como graves errores conceptuales”

Y subraya que “el Tribunal de Segunda Instancia consideró que, entre un varón adulto de 24 años que trabaja y una niña de 12 años que cursa quinto grado de primaria, hay una relación de pareja que planifica hijos/as”. 

El escrito aclara que “siempre existe violación en caso de personas menores de 13 años. El uso de estereotipos llevó a la Cámara de Apelaciones a valorar los hechos y de las evidencias, justificando en todo momento la conducta del imputado, obviando que la edad mínima de consentimiento sexual tiene como objetivo proteger a los/as niños/as y adolescentes de los abusos y de las consecuencias perjudiciales que puedan sufrir como consecuencia de la actividad sexual temprana, máxime cuando no existe paridad etaria o de poder entre las personas involucradas”.

La edad mínima de consentimiento sexual tiene como objetivo proteger a los/as niños/as y adolescentes de los abusos y de las consecuencias perjudiciales que puedan sufrir 

De ello se desprende que “en este caso, aun cuando la niña no estuviere conminada por coerción, fuerza física o intimidación no existe consentimiento libre, de allí que el mismo sea absolutamente ineficaz e imposible”. Y en otro fragmento, sostiene: “la Cámara transforma la desigualdad y el abuso en una relación de amor; construyen la relación entre la niña y el varón adulto agresor como un vínculo de amor, romantizando una relación abusiva, ilegal, contraria a las normas culturales, agravadas por el contexto de extrema vulnerabilidad de ella”.

La resolución de la Cámara se desentiende de las relaciones jerárquicas de género y edad, para considerar que existía una relación de pareja entre la niña y el hombre. “No existe en la sentencia ningún análisis que refiera a las relaciones jerárquicas de poder que atraviesan a ambos sujetos y los colocan en situaciones de desigualdad en base a la edad y el género. Se produce así, otro desconocimiento jurídico de las normativas vigentes que obligan a considerar esas dos condiciones – edad y género- al momento de investigar la vulneración de derechos, a saber: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención de los Derechos del Niño, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belem do Para”, señala. También enumeran la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la Ley nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en el año 2005 y la Ley provincial Nº 12.967 de Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada en el año 2009. 

En este punto, la presentación judicial sostiene: “resulta llamativo que la Cámara de Apelaciones no se apoye en los testimonios de las profesionales de la salud, las cuales también fueron escuchadas en juicio y advirtieron todo lo contrario” y reclama que “resulta grave institucionalmente sólo tomar los testimonios que favorecen al imputado y no a la niña”.

Con respecto al núcleo de la argumentación desplegada por los jueces para considerar que el acusado no sabía que cometía un delito, el amicus curiae sostiene que “de la decisión de considerar que en el abusador operó un ‘error de prohibición’ respecto no saber que la conducta mantenida era ilegal, se colige que para el Tribunal vivir en un pueblo con un número reducido de habitantes, en un contexto de pobreza, tener ‘escasa instrucción’ y conflictos familiares implica estar al margen de las construcciones culturales, de las costumbres, las representaciones y convenciones sociales, las instituciones y las normas jurídicas que forman parte de nuestra sociedad, y de la protección legal y jurisdiccional de las instituciones de nuestro Estado nacional y provincial”.

“Resulta grave institucionalmente sólo tomar los testimonios que favorecen al imputado y no a la niña”.

Las autoras del amicus curiae son contundentes. “Decir que hay otro contexto cultural para justificar los abusos sexuales a niñas y niños es privar a la comunidad de su condición de ciudadanía, es reducir o aniquilar las condiciones de sujetos de derechos que merecen y requieren las mismas garantías de derechos. No puede el Poder Judicial, encargado de sancionar las vulneraciones de derechos, ampararlas con beneplácito, negando de ese modo los fundamentos de humanidad inherente a la condición de todo ser humano”. Y concluye que “lo que está diciendo aquí el Tribunal es que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas, generadas por las insuficientes políticas estatales para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, constituye un estadio previo y necesario, es decir, la antesala que justifica que un adulto y una niña se vinculen sexualmente, la niña quede embarazada, sea madre y se trunque su desarrollo educativo y otras posibilidades en el futuro, que no sean las de repetir los mandatos culturales que esta sociedad reserva a las mujeres”. 



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Nuevas huellas de la dictadura | Anuncian hallazgo de archivo policial desde los 60 a los 90



Desde Santa Fe

El Estado terrorista tenía su complemento: el Estado burocrático que registraba y dejaba por escrito el accionar de la represión. Ayer, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol reveló lo que parece un secreto de los burócratas del genocidio: el hallazgo de un archivo de la Policía de Santa Fe que permaneció oculto durante 40 años, intacto, como una cápsula del tiempo. Un fondo documental que sorprendió por su volumen y magnitud, que la directora de la Memoria Valeria Silva cree que es el más importante que se descubre en 20 años, desde que se creó el Archivo Provincial de la Memoria, en el gobierno peronista de Jorge Obeid, en 2006. “Lo que encontramos es impresionante”, dijo Puyol a Rosario/12 porque son documentos del núcleo estratégico de la Policía santafesina: el D3 (Operaciones), el D4 (Logística) y el D5 (Judicial). Así, aparecieron libros desconocidos del Comando de Operaciones Policiales (COP) de 1977 y 1978 y de la Agrupación de Unidades Especiales (AUE) de 1976 y 1977, que eran brazos ejecutores: participaban y registraban los operativos de los grupos de tareas. Más, manuales de adoctrinamiento, vínculos con la comunidad de inteligencia que dirigía el Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército y decenas de legajos de presos políticos con libertad vigilada, entre ellos los de Victorio Paulón, Osvaldo Cambiaso, Jorge Destéfani (esposo de Silvia Suppo) y Stella Marys Garategui de Puyol, que era la mamá de Lucila.

El archivo se encontró el 10 de noviembre. El lugar se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad. Puyol llamó al fiscal Martín Suárez Faisal, que está a cargo de la unidad de Derechos Humanos, quien documentó el hallazgo en un acta y autorizó el traslado al Archivo Provincial de la Memoria para su inventario y clasificación. Suárez Faisal fue acompañado por la fiscal auxiliar Jimena Caula.

Al mismo tiempo, la secretaria de Derechos Humanos entregó al gobernador Omar Perotti un informe de la “Documentación policial abandonada” –como lo llamó-, de un período que estimó en treinta años, desde el 60 hasta el 90. Las capas geológicas de las pilas de papel que llegaban hasta el techo, dificultaban abrir la puerta y ocultaban una escalera y un entrepiso que aparecieron en los días del rescate.

El traslado demandó dos semanas con la participación de un equipo del secretario de Protección Civil, Roberto Rioja y hasta de los Bomberos. Un trabajo incesante porque los documentos se tuvieron que acondicionar en 500 bolsas de arpillera reforzadas porque las de consorcio no resisten el peso del papel. Ese es el volumen del fondo documental. La coordinadora del Archivo de la Memoria María José Vanni estima que la tarea de clasificación puede demandar dos años. A una bolsa por día, serían 500 días hábiles.

“Lo importante es hacer un trabajo articulado y coordinado con el patrimonio documental que ya tiene el Archivo de la Memoria. En 1998, la ex fiscal Griselda Tessio y una comisión de Apoyo -que también integraba Puyol y la investigadora Beatriz Pfeiffer, entre otros- incautó más de 500 libros policiales, archivos fotográficos y de huellas digitales, en lo que hoy se conoce como el fondo documental de la Policía de Santa Fe. Fue en el primer gobierno de Obeid. “Ahora, con este nuevo hallazgo, hay que articular los libros policiales, con el material y documentos que se encontraron para cruzar la información y complementarla”, explicó la secretaria de Derechos Humanos. La inmensidad de las pruebas que dejó la burocracia del terrorismo de Estado.

Mientras se hacía el traslado, Valeria Silva descubrió los legajos de los presos políticos, que eran controlados por Operaciones Policiales (D3). Una carátula la sorprendió: “Stella Maris Garrategui de Puyol”. Mal escrito el segundo nombre y una erre de más en el primer apellido. Lucila se conmocionó ante el hallazgo. Abrió la carpeta y allí repasó la ficha de su mamá, los datos personales, la foto y las huellas dactilares del documento, el domicilio y la vigilancia a toda la familia. Las tres hijas: Lucila y sus hermanas Patricia y Manuela, que eran niñas y la abuela Pepita que vivía con ellas. Todas estaban vigiladas. “Fue muy fuerte encontrar esto”, dijo Puyol, sin disimular su impacto. Descubrió 40 años después que toda la familia estaba bajo libertad vigilada.

Ayer, en el anuncio del hallazgo, la Secretaría de Derechos Humanos exhibió ante la prensa los legajos de presos políticos que autorizaron su acceso. Dos de ellos, Francisco Klaric y José Villareal estaban allí para anoticiarse de esos documentos. Los otros legajos eran de un histórico del sindicalismo como Victorio Paulón UOM Villa Constitución, Osvaldo Cambiaso, Jorge Destéfani (esposo de Silvia Suppo), Elsa Splendiani (secretaria de Derechos Humanos de ATE), Rubén Maulin, Carlos Hisi y Juan José Perasolo, ya fallecido, esposo de la subsecretaria de Derechos Humanos Anatilde Bugna, entre otros. “Creemos que hay más legajos”, dijo Puyol, que saldrán a la luz a medida que avance el rescate de los documentos.

Descubrir los libros desconocidos del Comando de Operaciones Policiales es otro indicio. “Estoy segura que vamos a encontrar pruebas y aportes para los juicios de lesa humanidad, para los que están en trámite, en la etapa oral y en la etapa de instrucción y posiblemente nos ayude a profundizar nuevas investigaciones, con nuevos imputados”, dijo Puyol. “Posiblemente, en esta documentación hay nombres de represores que no se conocen”.

“La represión en Santa Fe tenía una espesura mucho más ancha que la cantidad de imputados que se lograron investigar y llevar a juicio. Y en varios casos se repitieron los imputados. No fueron uno o dos comisarios solamente. Acá, como en todo el país, hubo una estructura represiva que aplicó el plan sistemático del terrorismo de Estado”. “Lo que encontramos son las huellas”, concluyó.



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El recuento se pinta de verde | Once diputados santafesinos por legalizar el aborto 



El 14 de junio de 2018, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de la legalización del aborto. Esa histórica jornada reflejó la voluntad mayoritaria de los representantes del pueblo de terminar con la clandestinidad de una práctica que condena en muchos casos a la muerte a mujeres, en su mayoría jovenes y pobres. El tablero del hemiciclo mostraba 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. El festejo fue interminable, o en todo caso se vio interrumpido cuando semanas despues, el Senado de la Nación rechazó –con apretado margen– el proyecto que llegaba de Diputados. En aquella maratónica sesión, los diputados de Santa Fe votaron transversalmente: hubo representantes de Cambiemos a favor y en contra, lo mismo ocurrió con los peronistas y Luis Contigiani, único representante del Frente Progresista votó en contra. La suma total dio 9 santafesinos a favor y 10 en contra. Hoy el proyecto enviado por el Presidente Alberto Fernandez –cumpliendo con su promesa de campaña– recorre las diferentes comsiones y llegará al recinto antes de la finalizacion del periodo ordinario. En ésta oportunidad, los representantes de la provincia de Santa Fe votarán mayoritariamente por la aprobación. Rosario/12 reconstruyó las opiniones –tomando en cuenta la posición de quienes participaron del debate de 2018– y añadió el testimonios de los legisladores que asumieron sus bancas después de los comicios del 2019. La suma final arroja 11 votos a favor y 8 en contra. Mientras tanto, ayer, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Rosario, organizó una sentada en el Monumento a la Bandera como parte de una actividad federal (ver aparte). 

Una vez más, el oficialismo suma el grueso de adhesiones con 6 de los 7 representantes que levantaran su mano para respaldar el protecto y solo una, procedente del “massismo”, que votará como lo hizo entonces, por rechazar la iniciativa. Dentro de Juntos por el Cambio es donde se produjeron las modificaciones, ya que la bancada mayoritaria –suma 10 diputados– aportará 4 votos a favor del proyecto del Poder Ejecutivo y 6 en contra. Finalmente, los diputados del Frente Progresista votarán divididos, Luis Contigiani reeditará su rechazo, mientras que Enrique Estévez lo hará favorablemente. Lo que sigue es el voto personalizado de cada uno de los representantes de Santa Fe en la cámara baja:

A favor:

Albor Cantard, Gonzalo del Cerro (como lo hicieron en 2018), Ximena Garcia, Juan Martin, todos de Juntos por el Cambio, pero de militancia en la Unión Civica Radical. 

Los peronistas Marcos Cleri, Josefina González (como en 2018), Germán Martínez, Alejandra Obeid, Esteban Bojdanich y Patricia Munier. 

El socialista Enrique Estévez completa la nómina de quienes acompañarán el proyecto de IVE.

En contra:

Gisella Scaglia, Juan Nuñez, Luciano Laspina (como en 2018, todos del PRO) , Lucila Lehmann (idem 2018) de la Coalicion Cívica, y los nuevos diputados, tambien del PRO, Federico Angelini y Carolina Castets. La legisladora “massista” del Frente de Todos, Vanesa Massetani y Luis Contigiani del Frente Progresista.

Con estas posiciones, y por consultas realizadas con los responsables de bloques, se avecina otra jornada de debate en el parlamento, y en principio la media sanción, como ocurrriera en el invierno de 2018. Por el relevamiento realizado, en esta oportuidad, a diferencia de lo ocurrido hace dos años, serán más los representantes de Santa Fe que festejen que los que manifiesten su rechazo.

En aquella jornada, además de los diputados mencionados que renovaron su banca y los que tienen mandato por otros dos años, fueron Agustin Rossi, Alejandra Rodenas, Alejandro Ramos y Lucila del Ponti quienes votaron a favor, lo mismo que el radical Hugo Marcucci.

En contra lo hicieron Astrid Hummel y Lucas Incicco del PRO, Alejandro Grandinetti del “massismo” y la peronista Silvina Frana. 

Pasaron casi dos años, y la expectativa que se renueva: Que sea ley.



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“Yo no me voy a abstener” | El senador Mirabella sobre la despenalización del aborto



Roberto Mirabella lleva menos de un año en el Senado de la Nación. Reemplazó a Omar Perotti, quien fue electo gobernador de Santa Fe en 2019. A poco de asumir, su primer proyecto presentado rescató los puntos centrales del de su antecesor en la banca cuando en ocasión del debate de 2018 sobre la despenalización del aborto, el rafaelino intentó una “tercera opción” y finalmente decidió abstenerse a la hora de votar la media sanción que llegaba de la Cámara de Diputados. Ahora que el Poder Ejecutivo anunció la remisión de un proyecto de despenalización, Mirabella le dijo a Rosario/12:  “Voy a ver cómo es el proyecto, porque todavía no lo conocemos”. Justificó la abstención de Perotti pero adelantó que él no replicará esa conducta. 

– Es inminente el ingreso por Diputados del proyecto de despenalización del aborto, pero cuando llegue al Senado vamos a estar todos atentos a lo que vote, teniendo en cuenta que cuando se debatió el entonces senador Perotti fue el único que se abstuvo, no voto a favor ni en contra.

–El primer proyecto que yo presenté cuando asumí fue precisamente uno para la despenalización, basado en el proyecto de Perotti y le incorporamos algunas cosas tomadas del “protocolo Rosario” y del fallo de la Corte Suprema del 2012. Vamos a ver el proyecto que manda el presidente Alberto Fernández , porque no sabemos si es el que se trató anteriormente o hay cambios. Es un tema complejo pero prima la salud pública pero obviamente hay un montón de situaciones que son difíciles, no se debe simplificar algo que es demasiado complejo. Un ejemplo es una niña que tenga 12 o 15 años , si tiene que tener la autorización del padre o puede avanzarse sin eso, o la opinión del hombre en una pareja constituida si la mujer quiere interrumpir el embarazo y el marido no, qué peso tiene o debe tener su opinión, son situaciones complejas que más allá de las opiniones y convicciones personales, debería primar la definición del rol del Estado en la salud pública.

– Acá se trata de ampliar derechos o dejar las cosas como están.

— Sí, totalmente. Vuelvo a decir que no sé cuál es el texto de la ley.

— Está bien, pero la esencia no puede ser diferente del que ya se ha tratado.

— Por eso le digo, cuando vea el texto de la ley voy a poder dar mi opinión.  Decir en cuáles estoy de acuerdo y en cuáles posiblemente no. Esto muestra posiciones diferentes dentro de los mismos partidos, en todos los sectores de la sociedad. Hay cuestiones religiosas que creo que no deberían desplazar al rol de Estado y discutir inicialmente sobre la base de que se trata de un tema de salud pública.

— Por Santa Fe votó y argumentó a favor de la despenalización María de los Angeles Sacnun, y en contra –y en silencio– Carlos Alberto Reutemann, pero lo más recordado es la abstención de Perotti.

— Fue una opción. El presentó un proyecto que pensaba sería una opción “superadora” y que podría lograr una mayoría y en ese momento no se dio, pero al presentar el proyecto tomó una posición.

–¿Puede reeditarse ese escenario?

 

— Yo no me voy a abstener. 



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Nuevo paro de colectivos en Rosario | Un reclamo que se repite desde hace meses  



Lo choferes del transporte urbano de pasajeros nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzaron un nuevo paro por tiempo indeterminado hasta que les paguen la totalidad de los haberes del salario correspondiente a octubre, que comenzó a las 0 hora de hoy. La medida abarca al transporte urbano e interurbano. El secretario general de UTA, Sergio Copello, dijo que la deuda que las empresas mantienen con los choferes es del orden del 80 por ciento del salario, y están pendientes dos cuotas de 4 mil pesos cada del decreto 1420 del gobierno nacional. 

“La verdad es que mes a mes se nos está haciendo más complicado, nos seguimos endeudando, hay compañeros que tienen que vender sus bienes para tratar de pagar el alquiler, y nosotros no vamos a financiar a las empresas, que ahora no solamente tienen un mayor corte de pasajes, sino que además han recibido subsidios de la provincia y no le han abonado a los trabajadores”, analizó el gremialista en conferencia de prensa, luego de la asamblea que resolvió la medida de fuerza.

Recordó que los choferes de las empresas de media distancia llevan dos meses sin cobrar el salario y que hasta ahora solo “están alimentando a sus familias con los subsidios de la provincia y la Nación”.

El dirigente gremial, sostuvo que “el municipio está ocupado con la emergencia del transporte, que ejerce el poder de contralor; y con el fondo compensador hemos cobrado los 20 mil pesos”. Y cerró: “Hace ocho meses que seguimos con este problema. La emergencia pasa por nuevos fondos que se aporten al salario de los trabajadores y no por quitar más unidades de la calle. En el nuevo presupuesto hay una mejora, pero hay que ver cuándo llegan, tendrían que ser enviados del 1 al 10 y eso no se cumple”.

Rosario viene padeciendo desde mayo los paros sucesivos de los choferes, que llevó a la ciudad a permanecer 76 días -sumando varias medidas de fuerza en el término de tres meses- sin transporte por el conflicto gremial, en el marco de la pandemia de coronavirus y de la baja de la recaudación.

Con este telón de fondo el Ejecutivo buscará pulir los últimos detalles del proyecto que declare la emergencia del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), al incluir propuestas de ediles a fin de aprobar la iniciativa en la sesión de mañana. “Estamos charlando con la secretaria de Movilidad sobre los pedidos de modificación de algunos bloques“, confirmó la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. La edila remarcó que se está trabajando en “el diseño de un transporte de emergencia” a partir del contexto económico y sanitario de la ciudad, con un tiempo determinado de aplicación antes de tratar un nuevo pliego definitivo. “No se puede sostener un transporte que tiene 350 millones de déficit”, indicó la legisladora radical. 

En la época pre pandemia, el número de pasajeros transportados en Rosario era de 450 mil y hoy es de entre 90 y 100 mil pasajeros diarios, un 25 por ciento del número de marzo.

“Queremos ganar en frecuencia en las avenidas y tener, quizás, menos en los barrios, pero no perder cobertura y tener mucha previsibilidad”, señaló Schmuck.



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Vicentin se ofendió y pateó la Bolsa | Otro episodio en el mayor default de la historia santafesina



La sensación de soledad en el ámbito donde alguna vez reinó a sus anchas catalizó en los últimos días con señales inequívocas, y este lunes el grupo agroexportador Vicentin SAIC tomó la decisión: renunció a su condición de empresa socia de la Bolsa de Comercio de Rosario. El motivo fue que ésta resolvió investigar la ética comercial de la empresa con un “sumario disciplinario” interno. En buen romance, los de Avellaneda / Reconquista acabaron por concluir que el establishment les soltó la mano. Por tal caso, al desvincularse de la BCR, piden que se archive esa investigación interna de sus ex colegas de negocios.

Todavía no hace un año que esta gigante aceitera tenía a uno de sus hombres fuerte como presidente de la entidad bursátil, Alberto Padoán, quien cayó enredado en el ominoso default del grupo e involucrado en una investigación penal sobre presunta corrupción con préstamos dulces y millonarios del Banco de la Nación Argentina durante el gobierno de su amigo, Mauricio Macri.

El presidente de la BCR, el corredor bursátil Daniel Nasini, se enteró del portazo de Vicentin antes por redes sociales que por la carta que el directorio envió este lunes al mediodía. La misiva apunta a la posición que la Bolsa empezó a insinuar el 26 de octubre, y que siguió con la apertura de un sumario para escrutar “posibles conductas reprochables en lo estatutario o legal”.

Con un default de más de 1500 millones de dólares y una masa de acreedores prendida fuego en el concurso preventivo, y denuncias penales de estafa y administración fraudulenta, lo de la Bolsa habría sido una minucia en lo formal. En la realidad, la empresa intervenida decodificó que para el nombre Vicentin ya nada es lo que era.

La suma de denuncias penales contra Vicentin en la Justicia rosarina por parte de algunos de sus 2500 acreedores y hasta las dudas sobre la veracidad de sus balances fue suficiente argumento para que la Bolsa resolviera tomar posición: desentenderse de su socia n°4499, de las más poderosas de las últimas décadas. Así inició un sumario para “investigar su comportamiento comercial, profesional y ético, y la posible comisión de conductas reprochables en lo estatutario o lo legal”.

El grupo empresario fundado por Pedro Vicentin en 1929 como una desmotadora de algodón y almacén de ramos generales, ahora en concurso de acreedores, sigue operando a través de contratos de fasón, pero se encuentra intervenida por el concurso de acreedores iniciado en marzo pasado, como la pandemia. El directorio que integran los Buyatti, Vicentin, Padoán y Nardelli interpretó que la institución que siempre los hizo sentir como en casa ahora cruzaba de vereda. 

Una de las últimas denuncias penales que le cayeron a Vicentin en estos días partió de la corredora de cereales Grassi, uno de cuyos dueños, Hugo Grassi, es vicepresidente de la Bolsa.

Los Vicentin se defienden: “Si bien es cierta la existencia de denuncias de terceros ampliamente difundidas por medios de prensa locales, ni la sociedad ni los miembros del directorio han sido imputados, ni procesados, ni mucho menos condenados por sentencia firme, rigiendo a tal respecto la ‘presunción de inocencia’ consagrada por las normas constitucionales y legales respectivas”, alegan.

Un yerno de Alberto Padoán, Santiago Ramos, firmó en carácter de apoderado legal del grupo la carta de renuncia corporativa a la Bolsa. “Hubiera sido deseable que investigaran en forma previa a esta apresurada decisión, cuáles son los cuestionables intereses que guían a multitud de fantasiosos denunciantes que, con mayor repercusión en medios periodísticos antes que judiciales, claramente buscan sin disimulo obtener privilegios particulares que la ley les niega en el marco de la igualdad de acreedores que debe regir el concurso preventivo”, señala el texto de la misiva. “Lamentablemente -prosigue- los Sres. Directores de la Bolsa parecen haber dado crédito a aquellos reclamos sin asumir respecto de ellos una actitud de prudencia o equidistancia”, reprocha el ejecutivo de Vicentin.

La carta le dedica párrafo a algunos ejecutivos de la Bolsa, que “embarcaron a una institución señera como lo es la BCR en contiendas particulares y ocasionales entre sus socios. Y eso es así por erigirse dichos directivos en accionistas de empresas que resultan ser acreedoras de mi representada, e igualmente tener la intención de asumir el rol de acusadores en los procesos penales en trámite”, acusa Ramos, apoderado legal del grupo. Lo curioso es que Vicentin reprocha este supuesto extravío de rumbo de la BCR, siendo que cuando la presidía su CEO, Padoán, funcionó casi como un bunker partidario de Cambiemos.

En la renuncia, la empresa reprocha a sus ex camaradas: “La iniciación del sumario disciplinario por parte de esa institución, claramente contradice el mentado principio constitucional, causando a la sociedad (Vicentin SAIC) y a los miembros del directorio, gravamen irreparable que afecta su buen nombre y honor, pues no media en el caso comisión de ilícito penal de ninguna especie, y mucho menos inconducta comercial y/o profesional y/o ética, y/o afectación de disposiciones estatutarias y/o reglamentarias de esa entidad”.



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Mujeres taxistas defienden el uso de She Taxi | Conductoras en defensa de la app porque les da “seguridad y trabajo”



Conductoras que trabajan con la aplicación SheTaxi salieron a defender su actividad y manifestar “hartazgo” por las acusaciones “falsas” acerca de que están trabajando por fuera de la normativa. La última arremetida de algunos grupos de choferes contra la app que contacta a usuarixs con conductoras mujeres tuvo que ver con un malestar generado ante el servicio de delivery para comerciantes que habilitó el municipio, durante la pandemia, y que comenzó a ofrecerse desde la aplicación creada por María Eva Juncos, como parte de los servicios. En una nota enviada al Concejo –acompañada por más de doscientas usuarias–, conductoras lamentaron que “el machismo sigue presente y muy arraigado en algunas actividades y es una pena que esta actividad históricamente asumida por hombres persiga a quienes –cumpliendo la regulación vigente– utilizan la tecnología para prestar un servicio de mejor calidad”. Este martes se concentran en el Parque Independencia.

El viernes pasado, cuando se difundió la movida en defensa de la app, muchas usuarias se expresaron en las redes sociales. “¿Cómo puede ser que haya gente que esté en contra de esta aplicación? Muchas mujeres sufrimos y sufrieron acoso por taxistas varones. She taxi llegó para darnos la tranquilidad de viajar seguras y sentirnos contenidas por mujeres taxistas”; “SheTaxi es un círculo en el que las mujeres de Rosario, incluidas las taxistas mismas, nos sentimos protegidas, aliviadas y seguras. Donde ningún hombre tiene posibilidad de nada, pero eso es lo que molesta, ¿no? Que queden afuera”; “es la única manera que tenemos las mujeres de viajar tranquilas, de tomarnos un taxi solas (con la certeza de que vamos a llegar vivas). Es la única opción que nos da seguridad. Por las clientas y las conductoras. No a la baja de la app”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en Twitter.

Estela tenía 40 años cuando se subió al taxi de su padre, en el año 2000. En ese entonces, recuerda, eran tres las taxistas mujeres en la ciudad. “Me encontré sin trabajo y en una situación económica complicada del país. La alternativa fue esta actividad que elegí y elijo”, aseguró la mujer que es sostén de familia y que pone el cuerpo entre doce y catorce horas arriba del auto, incluso los fines de semana. “Como yo hay muchas mujeres. Lo que vamos a hacer este martes a las 13 se motiva en que comenzaron a aparecer notas en las redes de instituciones que tienen un encono con esta app y que no lo entendemos”, aseguró sobre las acusaciones de colegas del sector acerca de que no cumplen la normativa. “Al principio querían que la app no existiera y ahora la quieren regular para después hacerla desaparecer. Da la sensación de que nuestro esfuerzo de estos cuatro años (desde que se creó SheTaxi, en 2016) busca ser absorbido para quedarse con una sola opción”, dijo. 

Sobre el último reproche del sector mayoritariamente ocupado por varones, recordó que “la Municipalidad dio la posibilidad de trabajo dentro del contexto de pandemia de hacer delivery y She recogió el guante sumando ese servicio a la app. Está excelente el contacto con el comerciante. Algunas pusimos un ploteo en la luneta y fue tema de escarnio”, lamentó. “Pero las calles no tienen dueño, pertenecen al pueblo, y es la sociedad la que nos está eligiendo: tenemos más de 6 mil usuarias. El espíritu de la aplicación es ser libre, que nadie tenga que pagar para trabajar. Todos los coches están habilitados por la misma Municipalidad”, destacó sobre la forma de trabajo de más de 300 conductoras en Rosario. 

La concentración que se realizará mañana, en Oroño, entre Pellegrini y 27 de Febrero, “desde los vehículos y con las medidas sanitarias correspondientes”, busca defender la aplicación y el trabajo de muchas mujeres que son jefas de hogar. “Es nuestro trabajo. Hay muchas familias que dependen de nosotras. Además, en su momento SheTaxi vino a cubrir incluso el servicio nocturno. Son las chicas las que nos elijen. Para nosotras es trabajo y seguridad, y con la aplicación no tenemos que pagar para trabajar”, destacó Estela. Además, dijo que “muchas taxistas trabajan el taxi con sus compañeros, por eso hay actitudes que no entendemos: hay conductores que les tiran el auto encima a las compañeras y hay presentaciones en ese sentido”.

La convocatoria es “un llamado para cada una de las muchas mujeres taxistas que se benefician con la herramienta de trabajo SheTaxi. Sabemos y no podemos desconocer que algunas organizaciones y cámaras están atacando está valiosa app que nos brinda seguridad y trabajo”. Por lo que aseguran: “Las mujeres taxistas nos hacemos escuchar. Es el momento de defender nuestro trabajo”.



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“Nunca reivindicaré actividades ilegales del Estado” | Tras el exabrupto, Sain salió a aclarar que no tanto




| Tras el exabrupto, Sain salió a aclarar que no tanto



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Donde más golpea la pandemia | El aislamiento según los curas que trabajan en barrios populares



“Esta pandemia nos hizo retroceder por lo menos dos años en todo lo relacionado con el trabajo social que veníamos haciendo”, aseguró a Rosario/12 el padre Fabián Belay, titular de la pastoral de Drogadependencia del Arzobispado de Rosario. El cura señaló que el aislamiento social –“que es necesario y entendible”, aclaró- produjo “un vaciamiento institucional en las barriadas con las escuelas y los clubes cerrados y las actividades parroquiales restringidas”. Belay advirtió también sobre el verano que se viene: “Las piletas públicas son casi el único elemento de contención para los jóvenes en época estival. ¿Qué va a pasar si tienen que estar cerradas?”, se preguntó con preocupación.

Es sabido que la pandemia puso en suspenso y pausó muchas actividades tan vitales como la salud misma. En las barriadas populares de Rosario se notó particularmente en la contención a muchos jóvenes en relación a los consumos problemáticos, la violencia y el trabajo intenso que hacen muchas instituciones y especialmente vastos sectores de la iglesia que esperan poder volver pronto, con la intensidad que tenían, a estas actividades inclusivas. Pero por ahora, las emergencias sanitaria y alimentaria marcan el paso. “Están los dos extremos: los que se cuidan mucho y prácticamente no salen de sus casas y aquellos que ni se ponen un barbijo y a lo mejor salen contagiados a diseminar el virus sin darse cuenta ni hacerse responsables por lo que generan”, le dijo el cura Claudio Castricone con años de experiencia pastoral en Tablada.

Para el sacerdote, con todo, el clima social está aplacado. “Hay contención con los comedores comunitarios y también con las ayudas formales del Estado nacional y provincial que hacen que las cosas sean un poco más previsibles en medio de tanta angustia”, apunta. Pero señala que por ejemplo en su parroquia “tenemos habilitadas las misas para 30 personas y a veces no viene ni la mitad, cuando antes sí lo hacían. Hay temor a los contagios en muchos sectores”. También explica que muchos comedores debieron restringir sus actividades y hasta cerrar “por los contagios y a veces por falta de recursos”.

Castricone integra junto a otros sacerdotes como el padre Belay y muchos otros, un grupo conocido como el Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares que desarrollan sus actividades en Las Flores, La Granada, Santa Lucía, Tío Rolo, San Martín A y San Martín Sur, La Lata y Tablada.

Además de la pandemia y las necesidades alimentarias, estos curas están preocupados y ocupados por la violencia creciente en estos sectores. “En su momento nos reunimos con el gobernador (Omar) Perotti y con el ministro (de Seguridad, Marcelo) Sain y le planteamos nuestro punto de vista sobre el tema que no es sólo policial sino que tiene
que ver con las oportunidades que sobre todo los jóvenes encuentran en estos barrios”, dice Castricone y apunta a planes provinciales como el Incluir y el Santa Fe Más; una especie de continuidad pero con objetivos que deben profundizarse respecto de los planes Abre y Nueva Oportunidad que había puesto en marcha el gobierno anterior. “Hay que avanzar mucho en ese sentido con la fuerza que puede tener el Estado
para lograrlo”, apunta el sacerdote responsable de la capilla San Pablo de Necochea y Ameghino. 

El padre Belay por su parte indicó que “el vaciamiento de instituciones barriales alteró el vínculo entre muchos sectores. Por eso ahora nuestro trabajo primordial es ver cómo recuperamos ese vínculo”. Y calculó que la pandemia fue “un retroceso de por lo menos
dos años en todo lo que veníamos haciendo en las barriadas. Acá no sirve la virtualidad, que además es imposible en muchos sectores, nuestro trabajo es con presencialidad, con redes, con contención a través de la parroquia, de la escuela, del club”, sintetizó.

Para Belay hay que “ponerse a planificar ya cómo será este verano porque en las barriadas populares las piletas públicas son casi la única contención para los jóvenes” y se preguntó qué es lo que puede pasar si las piletas tienen que permanecer cerradas. “Vemos además con preocupación que en estos meses muchos jóvenes que estaban contenidos han caído en el delito y el consumo y eso es realmente preocupante”,
dijo y agregó que con la llegada de las altas temperaturas “aumenta mucho el consumo de alcohol y la circulación de gente en las calles hasta altas horas de la noche. Son todas cosas que hay que empezar a prever en este verano tan especial”.

“Ahora lo que queremos es que los jóvenes puedan volver a tener sus espacios de contención”, dijo a este diario Irina Gaggioli referente de los centros de vida nucleados en Padre Misericordioso, que desarrolla sus actividades en siete barrios de Rosario. “La pandemia y la crisis social nos obligó a concentrarnos en lo sanitario y en lo alimentario pero estamos volviendo de a poco a recuperar el contacto con los jóvenes que tienen problemas de consumo y que están expuestos a la violencia en los distintos barrios populares de la ciudad”, afirmó. Gaggioli explicó además que las distintas parroquias que conforman una amplia red se sumaron a un proyecto impulsado por el senador del departamento Rosario Marcelo Lewandowski (PJ) que impulsa el programa de Escuelas Deportivas en los distintos barrios y que cuenta con la coordinación de profesores de educación física y psicólogos deportivos y que fue lanzado este viernes. “Creemos que el deporte es un formidable elemento de inclusión para jóvenes y por eso celebramos y participamos de este proyecto”, concluyó Gaggioli.



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El movimiento de mujeres triunfó | La legislatura de Santa Fe sancionó la ley de Paridad



Santa Fe ya tiene democracia paritaria en los tres poderes del Estado, partidos políticos y colegios profesionales. Un triunfo histórico del movimiento de mujeres que parecía imposible hace sólo dos años. La ley salió después de una trabajosa negociación política en la Legislatura: la Cámara de Diputados la aprobó a media tarde y el Senado completó la sanción horas después, así que el gobernador Omar Perotti ya está en condiciones de promulgarla. Fue el tercer intento. Diputados ya había aprobado la norma en 2016 y 2018, pero la iniciativa caducó en el cajón del Senado. ¿Que cambió desde entonces? Uno de esos cambios es que hoy la provincia tiene una vicegobernadora, Alejandra Rodenas, quien alentó a los senadores del PJ a sumarse a la agenda de género que propuso junto a Perotti desde la Casa Gris. Así nació el proyecto que el Senado aprobó en agosto y ayer se convirtió en ley. “Hemos dado un paso decisivo en el camino hacia la igualdad. No hay democracia completa sin igualdad entre hombres y mujeres”, apuntó la vice (ver aparte).

La media sanción de los senadores del PJ tenía objeciones de la Mesa de la Paridad que trabajó mucho con el colectivo de legisladoras. Algunas fueron superadas y otras no. “Es la ley posible”, festejó la diputada peronista Lucila De Ponti, quien recordó un notable privilegio político: en 2017 votó la ley de Paridad en el Congreso cuando era diputada nacional y en 2020, votó la de Santa Fe, ya en la Legislatura y después de los fallidos locales de 2016 y 2018. “Es un enorme alegría. Mis compañeros me hicieron algunos chistes por este hecho: tener el privilegio y el orgullo de aprobar la paridad en la Argentina y en Santa Fe. Es algo que atesoro en el corazón”, se emocionó De Ponti.

Su colega del socialismo Leonella Cattalini abrió los discursos, también emocionada. “Es un día histórico para la democracia santafesina”. Y lo asoció a dos hechos: ayer cumplió 90 años la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto y fue el Día de la Identidad, en la búsqueda de los niños desaparecidos por el terrorismo de estado. “Es un gran día”. Cattalini reconoció y agradeció “a muchas mujeres, ex diputadas, ex concejalas y referentes de la política santafesina” por los jirones de la lucha anterior y mencionó a cuatro de ellas: Alicia Tate, Silvia Augsburger, Inés Bertero, y Alicia Gutiérrez. Las cuatro impulsaron la ley de Cupo Femenino, que ya es historia.

“Fueron días difíciles”, dijo Cattalini al comentar el tironeo por los cambios que pedía el colectivo de legisladoras, pero que el Senado resistía. Ante el riesgo de que no hubiera ley, la salida fue salomónica. “La ley posible”, la llamó De Ponti. Uno de las reformas es que en las elecciones de 2021, la ley se aplicará en la renovación de concejales, pero no en la comisiones comunales.

 “El Senado fue una barrera y un obstáculo, pero hoy tenemos la posibilidad de que eso cambie”. Y cambió. “Aún cuando no sea la mejor ley, es un claro avance para que Santa Fe tenga una democracia paritaria. Vamos a seguir la lucha juntas” contra un sistema político como el de Santa Fe “patriarcal, injusto, perverso y arcaico”, lo definió. “Las mujeres no tenemos que rogar por nuestros derechos, sino luchar por ellos”. “Hay que terminar con la violencia política, con los que dicen que no podemos, nos cuestionan por nuestra forma de vestir, pensar, nuestra opción sexual. Lo aprendimos. Y tenemos el ejemplo de Estela”. Cattalini no dejó pasar el último reproche. “Que haya más mujeres presidentas de bloques”. Es que en una decena de bancadas, hay una sola, Amalia Granata, quien desde ayer tiene su propio bloque.

En la votación en general, la ley se aprobó por unanimidad, con cuatro abstenciones de los ex compañeros de Granata en el bloque celeste: Nicolás Mayoraz, Walter Ghione, Juan Argarañaz y Natalia Armas Belavi, pero en particular, las abstenciones se triplicaron, sobre todo en el artículo 5 que incluyó un mecanismo que parece una trampa para integrar las listas por “duplas”. Otro punto oscuro es el sistema de reemplazos por género. Esas normas no fueron votadas por la mayoría de las legisladoras, entre ellas la diputada peronista Paola Bravo, sus colegas Granata y Betina Fiorito, la ex ministra de Educación, Claudia Balagué y los bloques de izquierda: Agustina Donnet, Rubén Giustiniani, Carlos del Frade y Dámaris Pacchiotti. En el debate, otra legisladora, Cesira Arcando, también puso bajo la lupa los puntos controvertidos de la ley. Arcando es “una prueba viviente” –y así se definió- de la decisión de la Cámara de Diputados de cubrir las vacantes con mujeres para garantizar el cupo femenino en el recinto. Ahora será la paridad. “Retroceder nunca va a ser una opción. Vamos a judicializar todos los casos que vulneren nuestros derechos”, prometió Arcando.

Bravo coincidió con De Ponti que “paridad es igualdad y justicia social”. “Esta ley viene a saldar una deuda que la democracia tenía con las mujeres. Es un eslabón más en la cadena de conquistas. Un piso importantísimo. Como dijo Cristina Fernandez de Kirchner, sin feminismo no hay justicia social”.

 

 



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