De Vido: “Todas las causas que se realizaron durante el macrismo deben ser anuladas”

De Vido: “Todas las causas que se realizaron durante el macrismo deben ser anuladas”

El ex funcionario habló luego de ser excarcelado y apuntó contra la persecución política realizada en el gobierno anterior.

5 de Marzo de 2020

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido dijo hoy que debe su libertad al “pueblo argentino que echó al macrismo”, pronosticó que la verdad triunfará “sobre la mentira” y sostuvo que la causa por la tragedia de Once en la que está condenado “se va a caer”.

“Esta libertad se la debo al pueblo argentino que echó al macrismo; finalmente la verdad va triunfando sobre la mentira, sobre la persecución”, afirmó el ex diputado nacional en declaraciones a la prensa, en la puerta del Tribunal Oral Federal 1, en el sexto piso de la sede judicial de Comodoro Py, tras notificarse de su excarcelación en la causa Río Turbio.

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Además evaluó que “no deben continuar ninguno de los juicios orales”, derivados de investigaciones a ex funcionarios kirchneristas abiertas en el macrismo porque “va a quedar palmariamente establecida la persecución del gobierno de (Mauricio) Macri a partir del ‘lawfare'”.

De Vido concurrió a los tribunales para notificarse en el tribunal de la decisión que lo liberó.

En un breve trámite firmó la notificación que establece la obligación de presentarse una vez al mes ante el tribunal y pedir permiso si desea salir del país.

“Finalmente la verdad va triunfando sobre la mentira, sobre la persecución”, sostuvo en el sexto piso de los tribunales.

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Rodeado de periodistas, el ex funcionario evitó responder una pregunta sobre una posible vuelta a prisión porque está condenado a 5 años y 8 meses por la tragedia del tren Sarmiento en la estación Once del 22 de febrero de 2012.

“Sobre volver a la cárcel no voy a contestar esa pregunta, la causa de Once si hay justicia en este país se va a caer”, evaluó al referirse a una investigación que se lleva adelante por supuestas irregularidades cometidas por un perito del caso.

Por esa tragedia fueron juzgados y condenados 21 personas, entre ellos -además de De Vido- los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y el entonces titular de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano.

También recibieron penas Marcos Córdoba, el maquinista acusado por no haber frenado; Marcelo Calderón y otros tres responsables de Cometrans (la encargada de controlar a TBA) y otros 12 empresarios y ex funcionarios.

A la hora de referirse a otros ex funcionarios que todavía están detenidos, aclaró que para él su ex subordinado José López “es la traición”.

De Vido se autodefiniió como “preso político” y en esa categoría incluyó al ex vicepresidente Amado Boudou, Milagro Sala y Luis D’Elia.

“Nunca me fui de la política, ni cuando estuve detenido, estamos trabajando con un grupo muy heterodoxo y vamos a seguir trabajando en eso”, aseguró.

De Vido fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal 1 que prepara el juicio por supuesta defraudación al Estado en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio. En esa causa está procesado y enviado a debate oral, al igual que en la causa de los cuadernos.

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La Legislatura porteña y su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres

La Legislatura porteña y su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres

En la previa del 8M, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de declaración presentado por el bloque del Frente de Todos que conmemora el “Día Internacional de la Mujer” y adhiere a todas las actividades a realizarse en este contexto.

5 de Marzo de 2020

A pocas horas de un nuevo 8M, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, el bloque del FdT presentó un proyectó un proyecto de declaración en relación con el Día Internacional de la Mujer. Además, la iniciativa aboga por el cumplimiento efectivo de todos los derechos conquistados por las mujeres y refuerza su compromiso y lucha por los aún pendientes.  Las encargadas de hablar en representación del bloque durante la sesión fueron las legisladoras que integran la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

“Este 8 de marzo nos encuentra a 10 años del femicidio de Wanda Taddei, casi cinco del Ni Una Menos y transfemicidio de Wanda Sacayán. Decimos que Libres y Vivas nos queremos, pero siguen muriendo mujeres víctimas de femicidios. Por eso, vamos por todas las leyes que aún nos faltan y porque con políticas públicas se cumplan las que ya existen, como la ESI y las leyes Micaela, para erradicar la violencia de género y avanzar en el cambio cultural. Vamos también por que no haya Ni Una Menos por abortos clandestinos, que se cumpla con el protocolo ILE y con una consiga que seguro comparto con mis compañeros y compañeras de bloque pero también con la mayoría de les presentes en este recinto: Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir”, manifestó Laura Velasco, autora del proyecto y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña.

La segunda en hablar por el FdT fue Ofelia Fernández: “La deuda es con nosotras. Hay que establecer al feminismo como trazo indiscutible de toda política pública, hay que ampliar y restituir derechos. Nosotras hace rato llegamos a esa conclusión y no puede ‘la política’ tardar tanto en alcanzarnos, porque se nos va la vida en el camino. Marzo lleva más femicidios que días. Nosotras peleamos con el corazón en la mano, y no nos vamos a agachar nunca”.

La legisladora más joven de la historia argentina agregó: “El lunes hay un paro mundial. Espero compañeras verlas a todas en la plaza. Me parece que llegó la hora de conquistar nuestros derechos, así que ahí estaremos: por las que mataron, por las que se llevó la trata, por las reventadas y por las que se organizan”.

Por su parte, la diputada Lucía Campora dijo: “Nos duele la realidad de las mujeres. No pienso naturalizar que en Argentina maten a una mujer cada 23 horas; los femicidios son la cara más violenta de una desigualdad que padecemos todos los días. Todavía estamos exigiendo la implementación de la Ley Micaela, que el año pasado esta Legislatura cajoneó durante meses y que todavía hoy, después de sancionada, Horacio Rodríguez Larreta no reglamenta. Vamos a conquistar los derechos que nos negaron porque se lo debemos a cada piba que no volvió a su casa o a las que volvieron y se encontraron con un femicida”, finalizó.

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El sistema de salud necesita mayores recursos


El sistema de salud necesita mayores recursos

Por Pablo Maciel
Secretario Gremial – Asociacion de Profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires CICOP

5 de Marzo de 2020

Nuestro sistema de salud padece una crisis estructural fruto de varias décadas de desfinanciamiento progresivo, denunciado por nuestro gremio durante todos los gobiernos. Sobre ese cuadro de situación hemos sufrido, durante los 4 años de macrismo, un enorme aumento de la pobreza y un desprecio total por la salud pública, con un tremendo ajuste del presupuesto en el área en nuestra provincia llegando a un inédito 5,5% en el año 2019, el más bajo de la historia.

A nivel nacional, la degradación del ministerio de salud con la reducción al mínimo de los programas de prevención y promoción de la salud, la desidia con la que derrumbaron los índices de cobertura del calendario de vacunación y el aumento del 600% promedio de los medicamentos que obligó a miles de personas abandonar sus tratamientos. Por eso no nos sorprende que hoy estemos viviendo una verdadera crisis social y sanitaria con la irrupción de nuevos brotes de dengue, sarampión, y el recrudecimiento de la tuberculosis y la sífilis, enfermedades controladas durante el siglo XX con políticas sanitarias centralizadas y orientadas hacia la prevención como las campañas de Ramón Carrillo contra el paludismo y la fiebre amarilla en la década del 50.

La potencial pandemia por coronavirus y la llegada de un caso importado a nuestro país, aunque se trate de un virus de baja letalidad pero con gran capacidad de diseminación, ha encendido todas las alarmas. Los trabajadores y trabajadoras que conformamos el equipo de salud sabemos perfectamente que para que el sistema de salud este a la altura de la situación hacen falta mayores recursos.

Hoy, no contamos con los recursos suficientes ni siquiera para enfrentar los problemas de salud pre-existentes a esta situación extraordinaria. Es por eso que decimos que la salud no puede esperar ni los tiempos de la legislatura para discutir un retrasado presupuesto 2020 ni tampoco los vaivenes de una compleja y ajustada negociación con el fondo monetario y los bonistas.

Es necesario dar un fuerte impulso presupuestario para recomponer rápidamente el déficit de personal que padecemos (en relación directa con los bajos salarios) con guardias incompletas, servicios diezmados, falta de insumos y graves problemas de infraestructura, situación que afecta desde los grandes hospitales nacionales y provinciales hasta los centros de atención primaria en los municipios.

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Bs As decimos que en el contexto actual no hay margen para demorar las paritarias de salud en la provincia, ni tampoco para demorar la autorización de partidas presupuestarias extraordinarias para robustecer un lánguido sistema de salud que deberá enfrentar en los próximos meses una situación sanitaria agravada por el hambre y las epidemias.





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El gobierno prohibió por decreto que los espías asistan a la justicia


El gobierno prohibió por decreto que los espías asistan a la justicia

Modificó la ley de inteligencia y le quitó a la AFI facultades “represivas, policiales y de investigación”.

(Foto: Edgardo Gómez)
5 de Marzo de 2020

El gobierno nacional modificó este jueves por decreto la ley de Inteligencia Nacional que regula el funcionamiento de la AFI, que ya no podrá realizar tareas “represivas, policiales y de investigación”.

Como lo había anunciado el domingo el presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa, a través del decreto 214/2020 el Ejecutivo estableció que “ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.

La Ley de Inteligencia Nacional 25.520 establecía una excepción que permitía a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales. Esto había cimentado una larga y oscura relación entre jueces y espías.

Entre los argumentos de esta reforma, el presidente consideró que “corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”.

Destacó que se enmarca en la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia que dispuso Fernández en diciembre y la derogación del decreto 656 de Mauricio Macri que eliminó el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de ese organismo.

Con este decreto, se modifica el artículo 4 de la ley de Inteligencia y establece que “ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.

Tampoco le estará permitido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

A la vez, ningún organismo de la AFI podrá “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.

Así como tampoco podrá “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.





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La UCR quiere llamar a consulta popular para la legalización del aborto


La UCR quiere llamar a consulta popular para la legalización del aborto

Los diputados Jimena Latorre y Alfredo Cornejo presentaron ante diputados un proyecto para que se vote por el SI o por el NO al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y Educación Sexual Integral. 

5 de Marzo de 2020

El diputado y presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, presentó un proyecto de ley que propone convocar a una consulta popular vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre los proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo y de Educación Sexual Integral.

El ex gobernador mendocino, junto a la legisladora Jimena Latorre, impulsó el proyecto a pocos días de que el presidente Alberto Fernández envíe una iniciativa de legalización del aborto, tal como lo anunció el 1 de marzo en el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa.

La propuesta de Cornejo se conoce, además, a pocos días del Día Internacional de la Mujer, que nuevamente estará atravesado por el pedido de los colectivos femeninos de sancionar el proyecto sobre el aborto.

El proyecto de la UCR propone convocar a una consulta popular vinculada en los “términos y con los efectos del artículo 40, primer párrafo de la Constitución Nacional, a fin de que se vote por el SI o por el NO al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y Educación Sexual Integral”.

También propone que la consulta “se realice en un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días”  tras la aprobación de la ley de convocatoria al plebiscito y, para ello, se faculta al Poder Ejecutivo a “disponer las medidas necesarias a tal fin, quedando autorizado a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes”.

En los fundamentos del proyecto, se expresa que, “si bien existen algunos antecedentes de proyectos de consulta popular sobre la materia, es importante destacar que tal como prevé nuestra Carta Magna al consagrar esta herramienta de participación semidirecta, su finalidad es conocer la voluntad del electorado en temas de trascendental importancia”.

“Para ello, la consulta tiene que encontrarse dotada de una imparcialidad tal que deje en aquel electorado la responsabilidad y atribución de expresarse conforme sus convicciones”, agrega.

También, se señala en la iniciativa que, “en los dos años consecutivos anteriores se ha presentado a este Parlamento proyectos en los que se contemplan la despenalización del aborto, las causales de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el régimen de Educación Sexual Integral; trascendiendo las posturas que separaron aguas en las sucesivas discusiones a la opinión pública, la deliberación pública y sus expresiones populares, catedráticas, científicas, religiosas y culturales”.

En ese sentido, Latorre explicó que, “de esa experiencia deliberativa, lejos de lograrse algún consenso, los datos objetivos nos muestran que las diferencias de argumentos, fundamentos y posturas en la sociedad argentina se profundizaron, se fundamentalizaron y, actualmente, configuran una temática de trascendental importancia en la que ni los argentinos, ni sus representantes encuentran unión pacífica”.

En tanto, Cornejo subrayó: “Somos conscientes de que la sociedad ha hecho escuchar su voz, se ha involucrado de una u otra forma, ha tomado fervientes posturas para su defensa sin que de ello haya surgido una consenso social, sino y por el contrario, una marcada división que lleva la temática a una discusión binaria o dicotómica”.

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Deuda del Correo Argentino: intervienen la empresa, desplazan a los Macri pero designan interventor a dedo

Otra mala noticia para Mauricio Macri en el caso Correo Argentino. La jueza Marta Cirulli ordenó la intervención plena de la empresa con el desplazamiento de los directivos que responden a la familia Macri. La medida llega tras el pedido de la fiscala Gabriela Boquin que fue apoyado desde el Gobierno de Alberto Fernández en su primera intervención en el tema. La intervención tiene un aspecto positivo y otro negativo: el positivo, que los Macri no podrán ya obstaculizar la investigación sobre los desfalcos y el vaciamiento de Correo Argentino; el negativo, que el interventor, Carlos María Ferrario, fue nombrado a dedo por la jueza Cirulli, ella misma imputada por el vaciamiento de la compañía.

La decisión judicial es un cambio importante respecto a la situación de Correo Argentino, la empresa desde la cuál los Macri tienen una multimillonaria deuda con el Estado desde hace más de 18 años, deuda que el ex presidente intentó condonar. Tal como publicó El Destape, hasta ahora la empresa de los Macri tenía una intervención a medias, ya que se trataba de una coadministración entre un contador nombrado a dedo por la jueza Cirulli y los directivos que responden a la familia del ex presidente. La ley de Concursos y Quiebras da varias posibilidades de intervención. Las mayores son el nombramiento de un administrador con desplazamiento total y, en segundo lugar, la designación de un coadministrador con desplazamiento parcial. En septiembre de 2019 la jueza Cirulli optó por esta última. Ahora, al modificar la situación, dice que “la coadministración resultó consentida por la totalidad de los intervinientes en la causa”. Pero la realidad fue otra. Primero la fiscala Boquin y luego el propio Estado criticaron esa resolución.

A principios de febrero de este año, la fiscala Boquin solicitó que se desplace a toda la administración de la empresa para evitar que continúen con las maniobras de vaciamiento y ocultamiento de información. A los pocos días el gobierno de Alberto Fernández intervino por primera vez en este asunto. Lo hizo a través de Carlos Zannini, que como Procurador del Tesoro ejerce la jefatura de los abogados del Estado, principal acreedor de los Macri. El planteo fue en línea con el de Boquin: intervenir la empresa con desplazamiento de todos los directivos que responden a la familia Macri.

Es innegable que el Ministerio Público propuso elementos bastantes para que su pedido de intervención plena sea concretado sin más trámite”, sostiene ahora la jueza Cirulli en referencia a los reiterados reclamos de la fiscala Boquin. “El proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración, resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”, agrega la jueza.

Con la nueva resolución de la jueza Cirulli, hay una buena y una mala. La buena, serán removidos aquellos directivos que siguen órdenes de la familia Macri. La mala, el interventor fue nombrado a dedo nuevamente y repite. Se trata de Carlos María Ferrario, un ex juez comercial que trabaja en un estudio de la city porteña y es árbitro de la Bolsa de Comercio, de perfil conservador, del establishment. Aún así, la situación de Correo Argentino era tan burda que Ferrario cortó flujos de 18.000 dólares mensuales de Correo Argentino a otras empresas del Grupo Macri y calculó que existe un pasivo posconcursal de casi 192 millones de pesos más allá de la multimillonaria deuda que arrastran desde 2001. Todo esto a pesar de que tuvo muchos inconvenientes para acceder a información de la empresa. En la resolución donde ordena la intereventión, la jueza Cirulli explica: “Es claro que la aparición en el año 2019 de una deuda que dataría del año 2000, que no se conocía y sólo pudo comprobarse por la labor del coadministrador y el contador público que lo asiste, confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada en esta instancia clave del procedimiento, donde se juega su suerte

Estoy convencida, a la vez, de la conveniencia de encomendar la intervención del ente al mismo auxiliar designado para coadministrarlo”, dice la jueza Cirulli para justificar, otra vez, el nombramiento a dedo de Ferrario. La conveniente carencia de sinónimos la reemplaza por una igual de conveniente interpretación de las normas que regulan el nombramiento de interventores. La normativa indica que debe sortearse el cargo del interventor. La resolución 528 del 2005 del Consejo de la Magistratura estableció que “en los casos en que corresponda la intervención de un profesional, los Tribunales nacionales y federales de todos los Fueros con sede en la Capital Federal deberán designarlo por sorteo entre los integrantes de las listas auxiliares de la Justicia remitidas por las entidades profesionales”. La jueza Cirulli tomó el nombre de Ferrario del listado entregado por el Colegio Público de Abogados pero no hizo ningún sorteo. De hecho, la jueza dijo en su momento que “no existe reglamentación administrativa para el nombramiento de coadministradores”, ignorando por completo la resolución del Consejo de la Magistratura. Ahora se justifica así: “Repárese en que una designación aleatoria mediante sorteo, en nada garantiza la reunión de las cualidades que exhibe el coadministrador designado, ni un resultado exitoso de la gestión; aparte de resultar claramente antieconómica frente al natural desconocimiento de la causa esperable de un nuevo interventor.

El caso del interventor Ferrario es tan polémico como la continuidad de la jueza Cirulli al frente de esta causa, dado que ella misma está imputada en la causa penal donde se investigan las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas del grupo Macri. Pese a esto, Cirulli se niega a excusarse.