En cuatro años, Macri destinó el 66% del dinero para agua y cloaca a tres gobernadores amigos

En cuatro años, Macri destinó el 66% del dinero para agua y cloaca a tres gobernadores amigos

Una auditoría del Ente Nacional de Saneamiento (ENHOSA) revela que todavía hay 8 millones de argentinos sin acceso. Entre 2016 y 2019 la inversión federal se redujo en un 82% y perjudicó al norte.
(Foto: Presidencia)
Por Claudio Mardones
@mcmardons

1 de Marzo de 2020

La última vez que Mauricio Macri habló sobre la extensión de la red de agua y cloacas durante su gestión fue en medio de la campaña por su reelección. En el segundo debate presidencial obligatorio, realizado una semana antes de la primera vuelta de octubre, aseguró que “2 millones y medio de personas”, habían sido beneficiadas con la extensión de la red cloacal y de agua potable en sus domicilios. Detrás de ese producto discursivo, que los escuderos de la alianza opositora todavía reivindican, el espejo de los datos refleja una realidad totalmente distinta en el interior del país a partir de una auditoría realizada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación dentro del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENHOSA), el organismo federal que entre 2015 y 2019 dependió de la cartera de Interior y Obras Públicas que encabezó el entonces ministro Rogelio Frigerio.

El estudio interno, al que accedió Tiempo en exclusiva, revela que el Ente afrontó un severo ajuste, pero los fondos que quedaron disponibles fueron destinados a Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, dos provincias administradas por Cambiemos y una por el peronista Juan Schiaretti. El dato es la contracara de la sobreexplotación discursiva que hizo la administración de Macri respecto al alcance de la red de agua en el área metropolitana, donde ya hay un nivel de cobertura superior al 97%, a través de la empresa estatal AySA. Por fuera de esa geografía, el ENHOSA privilegió a los aliados y dejó afuera a territorios con un déficit de saneamiento muy alto, como las provincias del norte argentino.

El documento concluye que todavía hay 8 millones de argentinos que no tienen acceso al agua, pero hay 5 millones que podrían tenerlo, porque les falta la extensión de la red que llegue a sus domicilios. Esa misión corresponde a las empresas provinciales, que dependen de las inversiones que el ENHOSA podría realizar. Para llegar a esos 5 millones el ENHOSA planea trabajar con los intendentes comunales de todo el país, dentro de un escenario crítico que incluye especialmente a las provincias del norte argentino: Misiones tiene el peor acceso cloacal de todo el país, con un 27% de cobertura, le sigue Santiago del Estero con el 25%, Formosa con el 34% y Salta, que cuenta con el 67% de cobertura en su zona más poblada, casi no tiene alcance en el norte definido por el límite con Bolivia y Paraguay. La zona volvió al centro de la atención nacional este verano por la muerte de nueve niños de origen wichí y criollo por cuadros de desnutrición y deshidratación, en un contexto de ausencia casi total de acceso al agua potable en medio de una creciente sequía e históricos problemas estructurales de saneamiento.

“Hasta el año 2015 se habían ejecutado más de 3400 obras simultáneas en todo el territorio nacional, mientras que a finales de 2019 se realizaron 28 obras, de las cuales más de la mitad se encuentran paralizadas”, sostiene la auditoría realizada en las entrañas del ENHOSA. La inversión pública total en materia de saneamiento “se redujo en un 82%, pasando de U$S 419 millones en el año 2014 a 75 millones en 2019”, mientras que a nivel macroeconómico “la inversión en agua y cloacas desde el presupuesto nacional se redujo del 1,5% en 2013 a 0,5% en 2019”. Lo que quedó de ese ajuste tuvo un quinteto de destinatarios privilegiados.

Si hay ajuste, que no se note

Dentro de la reducción presupuestaria para saneamiento a nivel federal, la administración de Macri no sólo desarrolló un discurso para demostrar lo contrario, sino que concentró los pocos recursos que tenía en las provincias del interior donde el entonces oficialismo necesitaba sumar electores. La muestra está en el capítulo de la auditoría que analiza el destino de las obras iniciadas en el período 2016 – 2019.

Según el documento, en los últimos cuatro años el ENHOSA desembolsó $ 13.493 millones, pero Córdoba, Buenos Aires y Mendoza  concentraron el 66% de las obras financiadas por ese organismo. La administración del cordobés Juan Schiaretti, el mandatario peronista que goza de una estrechísima relación con Macri, recibió $ 6534 millones para extender sus redes. La inversión federal fue clave para la performance electoral del mandatario mediterráneo que resultó reelecto el año pasado. Parte de ese caudal en las urnas fue reforzado gracias a las obras de saneamiento financiadas por la Nación, que le dedicó a Córdoba el 48,43% de toda la inversión de los últimos cuatro años.

El segundo puesto de provincias beneficiadas lo ocupa la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal que recibió el 8,58% de la inversión total del ENHOSA entre 2016 y 2019, equivalentes a $ 1157 millones. El despliegue financiero se sumó a los desarrollos paralelos impulsados por la empresa estatal AySA con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, que también dependía de la cartera de Frigerio.

Mendoza, gobernada entre 2016 y 2019 por el radical Alfredo Cornejo, recibió del ENHOSA un desembolso de $ 1155 millones para sumar beneficiarios a sus redes. El Estado cuyano, que sigue en manos de la UCR, pero ahora a cargo Rodolfo Suárez, está en el tercer puesto del ranking auditado, porque recibió el 8,57% del total de fondos federales para agua y cloaca.

El resto de las provincias destinatarias no cambia la orientación política de los fondos. Neuquén, gobernada por Omar Gutiérrez, del MPN, está en el cuarto puesto de prioridades al recibir el 6.92% de la inversión total, mientras que Río Negro, conducida hasta el año pasado por Alberto Weretilneck, obtuvo el 6,69% del total. Le sigue la gestión del entrerriano Gustavo Bordet (PJ) con el 6,52% y ++el sanjuanino Sergio Uñac con 4,66% de los fondos. «

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Agustín Simone: “El traspaso de subsidios fue muy dañino para la Provincia”

Agustín Simone: “El traspaso de subsidios fue muy dañino para la Provincia”

Asegura que Buenos Aires no está en condiciones de pagar esos montos. Dice que el gobierno de Vidal paralizó 255 obras por 11.600 millones. Prioridades de la nueva gestión y diálogo con intendentes.
(Foto: Twitter)
Por Jorgelina Naveiro
@jornaveiro

1 de Marzo de 2020

Agustín Simone ocupa desde diciembre una de las carteras más complejas de la provincia de Buenos Aires: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El gobernador Axel Kicillof le confió la tarea de ordenar la obra pública, que María Eugenia Vidal tuvo como el gran pilar de su gestión. “Fue más un eslogan de campaña o de marketing político, fue parte del relato”, resume el ministro en diálogo con Tiempo y cuenta que encontraron 255 obras paradas o “neutralizadas” por 11.600 millones de pesos: en ese paquete hay viviendas, rutas, obras hidráulicas, cloacas, que se frenaron en los últimos dos años. Apunta que Cambiemos no usó los préstamos internacionales que tenía a disposición y que todos los pagos del Ministerio –excepto los sueldos– “se pararon en agosto, tras las PASO”.

Simone anticipa cuáles son las prioridades en el marco de la delicada situación financiera: habla de la revisión de la tarifa social y también de la negociación por los subsidios al transporte y la energía con Nación que este año podrían trepar a 68 mil millones de pesos: “La Provincia no está en condiciones de pagar”, advierte.

–A lo largo de su gestión, Vidal hizo una bandera de la obra pública e incluso justificó así la deuda que tomó. ¿Qué encontraron al asumir?

–Nos encontramos con un ministerio que hacía dos años que no tenía un presupuesto relevante para obras. El de 2018 y 2019 fue muy bajo en comparación con el de 2017, lo cual generó una especie de bola de nieve porque las obras que se habían licitado después se encontraron sin presupuesto. En términos generales no creo que haya sido una característica la obra pública tal como se la promocionó, me parece que fue un más un eslogan de campaña o de marketing político. En cuanto al financiamiento, se negociaron muchos préstamos internacionales y no se usó ninguno. No creo que haya sido una gestión que se caracterice por la obra pública, más allá de ciertas cuestiones puntuales que se hicieron.

–¿Cuáles son esas cuestiones?

–En 2017 hubo refacción de rutas en Vialidad. Presupuestariamente es lo más destacable hecho por el ministerio y después está el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que representó una cantidad de obras chicas en los municipios y que es algo que le impuso la Legislatura al oficialismo al exigirle que destine el 16% de la deuda a los municipios. El FIM fue gran parte de las obras que ellos mostraron en la campaña de 2019 y, más allá de eso, las obras de Vialidad que fueron sobre todo reparación, refacción y mantenimiento de rutas.

–¿El parate presupuestario se debió a la inflación?

–Creo que el problema arranca en mayo de 2018 con la suba del dólar y el corte del financiamiento. Ahí la Provincia deja el presupuesto fijo en los valores de 2017. El ajuste se da por la misma inflación. Hay un ejemplo claro: dentro del presupuesto, el ejecutado en 2017 en el rubro “Bienes de Uso” (que es la obra pública) fue 18 mil millones, mientras que en 2018 y en 2019 fue de 14 mil millones. Bajaron un poco, dejaron un valor fijado en pesos y la inflación hizo el resto. El ajuste se basó en eso.

¿Cuántas obras encontraron paradas y por cuánta plata?

–Encontramos 161 obras paralizadas por 6500 millones de pesos y 94 obras neutralizadas por 5150 millones. En total, son 255 obras por 11.600 millones de pesos. Neutralizadas son las obras que, de común acuerdo, se decide no hacer. Si uno piensa que el ejecutado de este ministerio fue de 14 mil millones el año pasado, tiene una cantidad de obras paradas por casi el presupuesto de un año.

–¿Qué van a hacer con esas obras?

–Tenemos otro problema que son las obras en ejecución por unos 53 mil millones de pesos, más obras de convenio por otros 10 mil millones. Todas se dejaron de pagar desde agosto. Contablemente no están paralizadas, pero el contratista o dejó de trabajar o está trabajando muy lento, o el municipio las neutralizó o está poniendo los fondos. Incluso me parece más cuestionable aun que el gobierno anterior en simultáneo a esta situación empezó a dar inicio a obras por la campaña: es decir que, sin tener presupuesto para pagar las que estaban en curso, empezó a dar inicio a otras. Entonces ahora vienen intendentes o contratistas a los que les pagaron en agosto o en octubre un 5% o 10% de adelanto y nada más. Lanzaron obras sin plata sólo para la campaña.

–Dentro de estas obras, ¿cuáles son la prioridad?

–Dentro de estos 53 mil millones tenés obras de viviendas al 80% que están paradas hace dos años. Ahí el impulso presupuestario para terminarlas y entregarlas es mínimo; entonces, hoy nos estamos focalizando en esos casos, en obras con un grado de avance muy alto. Hay rutas, obras hidráulicas, de agua y cloacas, de viviendas.

–¿Cuál es el margen presupuestario para presentar un plan propio de obras?

–Ese es el problema: esta situación de ajuste presupuestario y de compromiso muchos años hacia adelante te limita mucho para tener un plan de obras. ¿Qué me dijo el gobernador? En primer lugar, hay que ver las urgencias; después, por una cuestión de costo-beneficio, hay obras que tenés que terminar, como las viviendas, para que no se deterioren. Vemos ambas cosas. Lo que sí hay, como ellos no usaron el financiamiento externo, es un cúmulo de financiamiento disponible y estamos armando un plan de obras para determinados objetivos. Tenés el préstamo del BID para el río Reconquista que se firmó en 2014 y se tendría que haber terminado en 2018, pero está al 30% de ejecución. Por ende, estamos trabajando en el plan de obras para ejecutar el 70% restante. Otro caso es la cuenca del Luján o la cuenca del Salado, que Vidal vendió como una deuda histórica pero finalmente sólo hizo el 5% de la obra que ahora estamos reanudando.

–Durante el gobierno de Vidal, los intendentes peronistas decían que los discriminaban en el reparto de obras. ¿Esto se ve en los números que analizaron?

–Es verdad. Más o menos 3 a 1: por cada peso que le daban a un municipio opositor le daban 3 pesos a un municipio oficialista.

–¿Qué les piden los intendentes oficialistas y opositores?

–Primero, están todos preocupados por el corte de pagos a partir de agosto, tanto por las obras que hace el ministerio como las que se hacen por convenio. En general, todos tienen necesidades de pavimentación, de agua y cloacas, de obras hospitalarias. Y después hay muchos municipios del interior que tienen colapsada la red de agua y de cloacas, no sólo la red sino la capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en estos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA.

–¿Las tarifas eléctricas van a seguir congeladas?

–Hoy está más que claro que no es momento de modificar tarifas. Nosotros estamos en un proceso de revisión de 180 días que firmamos con la principal empresa prestadora, que es DESA (Desarrolladora Energética SA), porque básicamente lo que pasaba acá es que no había regulación. El OCEBA, que es el organismo que debía encargarse, no tenía voluntad política para controlar a las prestadoras, entonces ahora estamos viendo cuánto fue realmente lo que invirtieron.

–Le pidieron a la Nación que vuelva a asumir el costo de los subsidios a las tarifas eléctricas y el transporte. ¿Cómo está la negociación?

–El año pasado, la Nación le trasladó a la Provincia todos los subsidios: el de transporte y el de energía son los más importantes. Eso representó unos 26 mil millones de pesos en transporte que este año se irían a 60 mil millones, y en energía fueron unos 8 mil millones –que es la tarifa social–, que este año dependerá de a cuánto esté la tarifa; hoy está congelada. Es decir que este año los subsidios sumarían 68 mil millones y un poco más si hay algún aumento. Es una situación que no tiene asidero porque la Nación le decía a la Provincia cuánto sale el boleto, negociaba la paritaria y además fijaba el valor del combustible, y la Provincia iba y pagaba los subsidios. Fiscalmente fue algo muy dañino para la Provincia que no está en condiciones de pagar ese nivel de subsidios. Terminó neutralizando completamente el ingreso de los recursos por el Fondo del Conurbano, con un problema adicional: que los subsidios suben rápidamente porque cualquier incremento de costos los hace subir. Fue algo muy perjudicial para la Provincia. El año pasado se pagó de subsidios 33 mil millones, es decir más que todo el presupuesto de este ministerio, que ejecutó 26 mil millones.

–¿Cuál fue la respuesta de Nación?

–Lo estamos trabajando. Lo venimos trabajando muy bien con ellos desde el primer día: no es un tema fácil de resolver. «

Tarifa social, en revisión

El gobierno provincial quiere revisar también la tarifa social de la luz. Simone señala que el esquema actual no es justo. “Cuando se hizo la tarifa social se hizo un cruce de bases de datos, se estableció a quién le correspondía y nada más. Y hay mucha injusticia de ambos lados: hay mucha gente que tiene la tarifa social y no debería tenerla y, al revés, hay mucha gente que debería tenerla y por este cruce quedó afuera”, dice.

El ministro explica que cuando se creó la tarifa “se establecieron ciertos indicios de capacidad contributiva” en base al consumo, pero que no se tuvo en cuenta que hay hogares de sectores bajos que tienen un mayor consumo eléctrico porque los sistemas que usan para calefaccionarse consumen más energía porque son menos eficientes. “Hay lugares donde el consumo es más alto y eso no quiere decir que sea gente de recursos altos sino que tiene que ver con un hábito de consumo y situaciones insalvables para esa población y eso la tarifa social no lo prevé”, acota.

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La AFI macrista simuló que D’Alessio investigaba para el kirchnerismo

La AFI macrista simuló que D’Alessio investigaba para el kirchnerismo

Espió a abogados, entre ellos a la defensora de Lázaro Báez, y los relacionó con el exjefe de “la casa”, Oscar Parrilli, para pegarlos con el escándalo por el espionaje ilegal del falso abogado.
Por Néstor Espósito
@nestoresposito

1 de Marzo de 2020

La AFI de Cambiemos espió a abogados, -entre ellos a la defensora de Lázaro Báez- y los relacionó con el actual senador y exjefe de “la casa”, Oscar Parrilli, para pegarlos con el escándalo  por el espionaje ilegal de Marcelo D’Alessio.

Para ello elaboró informes que le entregó al juez Rodolfo Canicoba Corral en los que mezcló al financista arrepentido Leonardo Fariña, al abogado y exfuncionario penitenciario Víctor Hortel, a agentes de inteligencia (incluso a un fiscal nombrado durante el macrismo) y a la defensa de Báez, y con todos ellos hizo una ensalada para arribar a una suerte de hipótesis rocambolesca: D’Alessio operaba para el kirchnerismo.

Canicoba Corral tiene a su cargo desde 2017 una investigación por presunto espionaje ilegal a jueces, políticos, personajes de la farándula e incluso al futbolista Lionel Messi. Durante los primeros tiempos, a través de su exdirector de Asuntos Judiciales, José Padilla, la AFI mostraba un parsimonioso aporte de información y pedía reiteradamente aclaraciones y precisiones sobre qué se estaba buscando. El 6 de noviembre de 2017, por ejemplo, ante un pedido de información de Canicoba Corral, respondió: “Se requiere como paso previo y necesario que se indiquen los motivos o fundamentos que originaron el presente requerimiento”.

Así, la AFI informó en mayo de 2018 que el fiscal Eduardo Daniel Miragaya, un personaje clave en la Causa D’Alessio, había ingresado el 4 de enero de 2016 (antes de cumplirse el primer mes de gobierno de Mauricio Macri), como director del área de Delincuencia Económica y Financiera, y luego pasó a la Gestión de Base de Datos y Archivos de Inteligencia.

A pedido de Miragaya ingresaron a la AFI varios civiles, entre ellos Ana María Polero, la mujer que acompañó como “asesora de vestuario” a la difunta Natacha Jaitt la noche del 1 de abril de 2018 a un escandaloso programa de TV de Mirtha Legrand.

En abril de 2019, apenas estallado el affaire D’Alessio, la AFI elaboró un curioso entrecruzamiento de nombres que hizo aparecer a agentes de inteligencia reales con otros imaginarios y los vinculó con la defensa de Lázaro Báez. Así relacionó a espías que aún hoy están en “la casa” con Miragaya; con “el círculo de mayor confianza del entonces director general Oscar Parrilli”;  y con el exsubdirector operacional de Contrainteligencia”, el actual diputado Rodolfo Tailhade. Y los linkeó a todos con el abogado Franco Agustín Bindi, quien formó parte de la defensa de Leonardo Fariña y hoy asiste indirectamente a Lázaro Báez.

“Podrían estar llevando adelante actividades vinculadas a la realización de tareas de inteligencia ilegal, valiéndose para ello de sus nexos y contactos como abogados en diferentes causas penales y del acceso a información sensible que les otorgarían sus vínculos con organismos de inteligencia y, eventualmente, con actores de los distintos poderes del Estado”.

...

En ese contexto, la AFI asumió una conducta temeraria: en una causa en la que se investiga si hubo espionaje ilegal, le pidió autorización al juez para espiar al propio Bindi y “al grupo de abogados que trabajarían en su estudio”, a saber: Elizabeth Gasaro, la abogada de Báez; Víctor Hortel, quien la antecedió y renunció por problemas de salud; Giselle Robles, exdefensora de Leonardo Fariña, quien asegura que el financista fue “guionado” para declarar en ese juicio; Tatiana Terzano, codefensora de Báez y abogada de otro espía detenido en la Causa D’Alessio, y Humberto Próspero, defensor del contador Daniel Pérez Gadín.

La AFI pidió permiso para investigar a Próspero en abril. Dos meses antes, el abogado había denunciado a Macri y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich justamente por “espionaje ilegal”.

En ese contexto, la AFI realizó otro pedido cuanto menos osado. Canicoba Corral investiga la supuesta filtración de datos desde la propia central de inteligencia. Pero la AFI, investigada, pidió ser “querellante” en la causa. Algo así como impulsar la investigación contra sí misma, pero desde adentro (y con control) del expediente.

¿Cómo se atrevió a tanto? Con una maniobra distractiva. A principios de mayo de 2009 la abogada Florencia Guijo declaró públicamente que ella había “coucheado” a Fariña, quien dice no conocerla. 

La AFI la denunció penalmente. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos y ello fue profusamente difundido por la prensa.

Lo que nunca se dijo hasta ahora es que sobre esa base la AFI intentó meterse por la ventana en la causa de Canicoba Corral. “Solicito que se nos tenga por parte querellante toda vez que la nombrada Guijo involucró falsamente a esta Agencia con la supuesta asistencia y preparación de Fariña en miras a su declaración como arrepentido en la causa conocida como Ruta del Dinero K”.

El director Padilla se atrevió a más: no le pidió a Canicoba que investigara a Guijo, sino que le solicitó “que autorice a esta agencia a profundizar la pesquisa en torno a la referida y su relación con los sujetos aquí sospechados”.  Dicho de otro modo: que no investigue el juez sino la propia denunciada.

Sobre  Gasaro, la defensora de Báez, un informe “secreto” remitido a Canicoba Corral sostiene -sobre la base de recortes periodísticos-, que “habría iniciado su carrera profesional junto a dos abogados que también se los habría vinculado con agentes de este organismo, Héctor Irimia y Roberto Herrera”.

Irimia es un exjuez a quien el difunto fiscal Alberto Nisman acusó en la denuncia por encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA. Pero desapareció de la causa; el recientemente fallecido juez Claudio Bonadio nunca avanzó sobre él, ni resolvió su situación procesal, que hoy está virtualmente en el limbo.

Roberto Herrera es el actual abogado de Fariña y de otro arrepentido: Víctor Manzanares, el excontador de la familia Kirchner, quien también se acogió al régimen del “arrepentido” y recuperó su libertad en la Causa Cuadernos.

La AFI trazó un camino hiperbolesco para que Gasaro pasara de abogada de Báez a eslabón perdido hacia Marcelo D’Alessio. Según otro documento secreto, Gasaro “tendría peso suficiente dentro del grupo al punto que sería sindicada como quien le manejaría los intereses de Lázaro Báez dentro y fuera de la cárcel. En este punto vale informar que, según surge de medios periodísticos, Mariana Zuvic habría denunciado que individuos vinculados a Báez podrían haber disimulado o puesto en circulación bienes provenientes de ilícitos y trasladado efectivo hacia distintos sitios aún desconocidos”.

El informe identifica a un desconocido Santiago Alberto Martínez, quien “sería amigo de Leandro Báez –hijo de Lázaro- y habría tenido un abrupto crecimiento patrimonial, el cual importa una cuantiosa flota de vehículos, camiones, inmuebles rurales, entre otros bienes”.

El hasta ahora desconocido Martínez, según la AFI (y sus fuentes de información, dignas del Superagente 86) es el punto de contacto de Báez con D’Alessio. 

¿Cómo llegaron los espías vernáculos a esa conclusión? “Por tareas propias de la especialidad se ha logrado conocer que Martínez conduce el vehículo con dominio xxxxxx valuado en más de 50 mil dólares cuyo propietario sería Marcelo D’Alessio. En ese mismo vehículo, entre los años 2014 y 2016 D’Alessio habría viajado a Chile, también lo habría hecho Martínez con ese mismo vehículo en el año 2018, ambos por el cruce fronterizo de Santa Cruz, Monte Aymond”.

Esa es la prueba.

Por primera vez hay registros oficiales que muestran que la AFI (al menos) intentó husmear en la actividad de abogados y sus clientes, una relación protegida constitucionalmente.

...
(Foto: AFP)

La central de inteligencia pidió entrecruzar los llamados telefónicos de Bindi y otros abogados y agentes de inteligencia, así como sus movimientos migratorios, movimientos económicos, declaraciones juradas de AFIP y “los ingresos que tendría registrados en los últimos seis meses a los establecimientos penitenciarios, y se individualice al interno objeto de la visita en cada caso”.

No sólo eso: el 6 de mayo de 2019, el director de la AFI, Padilla, le pidió autorización a Canicoba Corral para investigar a sus propios exagentes Ricardo Bogoliuk, Vicente Melito y al exjefe de la Policía Bonaerense Daniel Salcedo, quien fue perito de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en la investigación por la muerte de su ex pareja, Alberto Nisman.  Bogoliuk es uno de los detenidos por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la Causa D’Alessio.

Según la documentación a la que accedió Tiempo, los tres “estarían involucrados en maniobras ilícitas”. ¿Cuáles? Espionaje ilegal a la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. 

El origen de tal sospecha es un artículo periodístico del diario La Nación.

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El ocaso del espía prostibulario

El ocaso del espía prostibulario

Por Ricardo Ragendorfer
@ragendorfer

1 de Marzo de 2020

Una noticia originada en México comienza a trazar el epílogo de una biografía turbia, la del exagente de la SIDE y proxeneta criollo, Raúl Martins Coggiola, cuya extradición a Buenos Aires acaba de ser concedida por el canciller azteca Marcelo Ebrard. El tipo había sido detenido el 3 de octubre en Cancún. Sobre él pesaba una orden de captura internacional a raíz de su procesamiento desde 2012 por ser el presunto jefe de una organización dedicada e explotar mujeres en Argentina y el Caribe mexicano.

Este es también el hecho más reciente de una saga de extorsiones, sexo, balas y dinero sucio, protagonizada por espías, jueces y políticos que llegaron hasta el peldaño más elevado del poder; entre ellos, Antonio Stiuzo, Norberto Oyarbide y el mismísimo Mauricio Macri.

He aquí una trama que merece ser contada.

Hubo un tiempo remoto en que Martins era otro: “Aristóbulo Manghi”. Así fue rebautizado en la SIDE. Tenía 27 años, decía dar clases de Historia en un secundario y provenir de una familia acomodada. Pero a veces, entonado por el whisky en alguna sobremesa, solía revelar su verdadera ocupación.

Su solicitud de ingreso a ese organismo –avalada por un coronel amigo de la mamá– data de 1973. Poco después salió su “nombramiento condicional” con categoría C-C33IN14, que significa “agente secreto”. Y fue destinado a la Base Billinghurst. Su tarea inicial fue fotografiar militantes en movilizaciones previas al golpe de 1976. Ya bajo la última dictadura, se dedicó al seguimiento y vigilancia de posibles “blancos de la lucha antisubversiva”, así como en el argot represivo se denominaban a las futuras víctimas.

La Base Billinghurst tenía bajo su ala el centro clandestino Automotores Orletti, la filial vernácula del Plan Cóndor. Allí hizo amistad con dos insignes esbirros: Eduardo Ruffo y Aníbal Gordon. También hizo excelentes migas con Pedro Tomás Viale (a) “El Lauchón”, y “Jaime Stiles”, una joven promesa del espionaje; su verdadero nombre: Antonio Stiuso. El vínculo entre todos ellos sobrevivió al restaurarse la democracia a fines de 1983.

Tres años después Martins renunció a la SIDE para volcarse el negocio de la prostitución. Se cree que en dicha actividad pudo haber invertido dinero negro del aparato represivo. Paralelamente retomó la docencia en un colegio católico. En una ocasión invitó al secretario de un juzgado para dar una clase sobre adicciones. Era Norberto Oyarbide. Ellos se conocían de otros claustros más festivos.

Lo cierto es que el emprendimiento de Martins marchaba sobre rieles. Y Viale colaboraba con él. En paralelo, el “Lauchón” investigaba para la SIDE cuestiones de narcotráfico, reportando directamente a Stiuso, ya al frente de la estratégica dirección de Contrainteligencia.

Por entonces Martens había expandido sus actividades hacia la ciudad de Cancún. Lo secundaba un tal Gabriel Conde como encargado del Mix Sky, su lupanar insignia del exespía en esas latitudes.

Es sabido el esfuerzo existencial de Mauricio Macri para ser algo más que “el hijo de Franco”. Así descubrió que la actividad de dirigente deportivo podría ser una llave para ello. En este punto entró en escena don Luis Conde. Era el dueño de Shampoo, el piringundín de Recoleta, muy frecuentado por el heredero de SOCMA. Y encabezaba en Boca una línea opositora. Fue él quien lo introdujo en el mundillo político del fútbol.

Mauricio también se hizo amigo de Gabriel, el hijo de su mentor.  

Quince años después, ya entronizado en el Gobierno porteño, Mauricio desposó a Juliana Awada. Y partió de luna de miel hacia México.

Y visitó a Gabriel, quien ya gerenciaba en Cancún el Mix Sky Lounge. El flamante matrimonio gozó allí de una velada fabulosa.

Dos años más tarde le saltó en la cara un sistema de coimas y aportes de campaña con billetes provenientes de la trata y la prostitución. La denuncia la hizo la propia hija del fiolo, Lorena Martins.

El Mix Sky Lounge fue clausurado en 2012.

Pero la crisis policíaco-familiar de Martins era cada vez más profunda y embarazosa. Su hija lo había denunciado –en la justicia y ante la prensa– por “proxenetismo” y “trata de personas”. Aquella “grieta” arrastró al Lauchón e inquietaba de sobremanera a Stiuso. 

A principios de 2012 el Lauchón fue acusado por Lorena de mandarle sicarios por cuenta del papá con el propósito de callarla para siempre.

El azar jurídico quiso que la denuncia de Lorena cayera precisamente en el despacho del juez Oyarbide. El asunto quedó en la nada.

Sin embargo, aún no había sucedido lo peor.

Era 9 de julio de 2013 cuando Martins recibió en Cancún por teléfono una mala noticia: el confuso fallecimiento de Viale, acribillado por el Grupo Halcón, de La Bonaerense, al ser allanada su casaquinta de La Reja por una causa de drogas.

Stiuso no tuvo ninguna duda de que se trató de un ajuste de cuentas. Ni que los plomos que despenaron a su amigo eran en realidad para él: en esa noche debió reunirse con el Lauchón. Pero canceló la cita a último momento. Problemas de agenda. Poco después fue echado de la SIDE.

Y Macri iniciaba su ascenso hacia el sillón de Rivadavia.

Lo cierto es que desde entonces parece haber transcurrido un siglo.

Ahora, mientras Macri ya en el llano no sabe qué hacer con su tiempo libre, Stiuso es apenas un fantasma cuyo poder está únicamente cifrado en un manojo de  secretos que aún atesora. Y Martins languidece en una celda azteca a la espera de una repatriación nada triunfal. «

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Encuesta a socios y socias

Encuesta a socios y socias

(Foto: Virginia Cárcamo)

1 de Marzo de 2020

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La actividad económica se contrajo también en enero y cayó en 20 de los últimos 22 meses

La actividad económica se contrajo también en enero y cayó en 20 de los últimos 22 meses

La economía siguió con ritmo fuertemente negativo en el primer mes. Según mediciones privadas retrocedió un 2,9 por ciento.
1 de Marzo de 2020

La economía siguió con ritmo fuertemente negativo en el primer mes de 2020 según las mediciones privadas que anticipan la lectura oficial.

La consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) informó una caída del 2,9% anual en enero, el vigésimo dato negativo de los últimos 22.

El ritmo sufrió el peso de sectores como el comercio mayorista y  minorista, que cayó 6,9%, al igual que la construcción, una de las actividades más importantes.

Este apartado mostró la peor parte en el ámbito minorista, que se derrumbó un 9,7% mientras que la mayorista desmejoró en un 3,5%. “Desde que comenzó su declive al cierre del primer trimestre del 2018 este sector de la actividad acumula un retroceso del 16,5%”, destacó el informe de OJF.

También se retrotrajo un 3,1% el rubro Minas y Canteras y en menor medida lo hicieron la Intermediación Financiera (-2,3%), las Industrias Manufactureras (-1,9%), el sector inmobiliario (-1,6%), el agropecuario (-0,6%), y la Administración Pública y Defensa (-0,1%).

En relación a la industria, se volvió a destacar el mal paso de la rama de Alimentos y Bebidas, que cayó un 2,8%.

De todos los rubros que mide la consultora sólo tres apreciaron datos positivos: la Electricidad, Gas y Agua, cuya actividad trepó un 0,9% a la par de Servicios Sociales y de Salud, con una mejora del 0,3% y Transporte y Comunicaciones, con una variación positiva del 0,2 por ciento. «

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Reforma judicial: dudas y algunas certezas de un proyecto que aún se mantiene en secreto

Reforma judicial: dudas y algunas certezas de un proyecto que aún se mantiene en secreto

La iniciativa fue anunciada por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa: creación de un nuevo fuero federal penal, impulso del sistema acusatorio y el final de la relación institucional con los servicios de inteligencia son algunos de los ejes que buscan terminar con el “oligopolio” de los jueces federales.

(Foto: AFP)

2 de Marzo de 2020

Los anuncios del presidente, Alberto Fernández, sobre cambios en el Poder judicial generaron hasta ahora incertidumbre, dudas y preguntas sin respuestas.  Aun dentro del propio gobierno: hay sectores que deberían estar al tanto de lo que está sucediendo y no tienen ni la menor idea de qué se tratan los proyectos que en los próximos días ingresarán al Congreso.

La alusión central a la reforma en el discurso está contenida en un par de párrafos: “propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

¿Cuáles serán esos “fueros penales”?  No hay muchas posibilidades: el Penal Económico (11 jueces de primera instancia, dos salas de la Cámara de Apelaciones y tres tribunales orales) y el fuero penal ordinario (63 juzgados, cinco salas de Cámara, cinco de Casación, 30 tribunales orales). Si se sumaran todos, la primera instancia tendría casi un centenar de jueces repartiéndose causas por corrupción.

Pero del discurso no se desprende eso. Fernández añadió: “los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados”.  Medio centenar.

La primera  y obvia conclusión es que no todos los jueces penales pasarán a tener competencia federal. Algunos podrían ser transferidos al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y si eso es así, se avecina una oleada de renuncias de jueces de instrucción porteños (incluso muchos que estaban dispuestos a sostener la reforma y la modificación del régimen jubilatorio) que se niegan a ser “jueces provinciales”, como sostienen con cierto desdén.

Además, ¿cuál será el criterio para decidir qué juzgados serán federales y cuáles pasarán a la Ciudad?

Cualquiera sea la respuesta, pone en entredicho otro pasaje del discurso presidencial: “Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”. 

De uno y otro lado, todos esperan el contenido del proyecto que por ahora sólo conocen en detalle tres personas: la ministra de Justicia, Marcela Losardo;  el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el propio Presidente.

Tampoco está claro qué pasará con los fiscales. Fernández anunció: “Para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del código acusatorio, vamos a reforzar la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito”.

La ley del Ministerio Público tabica el traspaso de fiscales a la Ciudad de Buenos Aires. Y la implementación del código acusatorio focaliza todas las investigaciones en los fiscales. Una de las posibilidades es que cada juzgado federal (en el nuevo esquema) funcione con cuatro o cinco fiscalías.

Allí podría estar el meollo profundo de la reforma: todos los fiscales penales investigarán delitos federales, y los jueces sólo controlarán que se respeten las garantías constitucionales. Así, no sólo se ampliaría la cantidad de jueces federales sino que reduciría sustancialmente su poder.

Si ello se concretara, Comodoro Py 2002 dejaría de ser lo que es hasta hoy. No sólo tendrá su poder licuado, sino que otro anuncio presidencial lo dejará huérfano de las herramientas que utiliza como espadas y que Fernández definió como “cloacas”: los servicios de inteligencia.

“Esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”.

Una medida de esa naturaleza equivale a quitarle los océanos a un pirata.

Hay otros dos aspectos sobre los que el Presidente parece haber reparado. La situación en la provincia de Santa Fe, especialmente en Rosario y sus alrededores, y el fuero en el que tramitan las causas contra las decisiones que toman los gobiernos, el Contencioso Administrativo Federal.

Sobre Santa Fe hubo anuncios concretos. La creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo orientada a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico,  el “fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe” y el incremento de “la actuación de jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa Fe”.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo, Fernández anunció una virtual unificación con Civil y Comercial federal. Esas dos vertientes del Poder Judicial se la pasan discutiendo sobre a quién le corresponde cada tema. Y esos conflictos de competencia demoran por años las resoluciones de los expedientes.

Finalmente, el Presidente anunció la desclasificación de las declaraciones de agentes de inteligencia en los expedientes relacionados con la voladura de la AMIA y anunció la creación de un “Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina”, cuya misión principal será “optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia; repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional; modernizar el código penal de la Nación; y fortalecer el rol del Ministerio Público”.

Ese Consejo –según el anuncio- “estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo”.

La conformación de ese Consejo preanuncia más polémicas y conflictos.

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Jujuy: el presidente del Superior Tribunal de Justicia fue denunciado por violación

Jujuy: el presidente del Superior Tribunal de Justicia fue denunciado por violación

La denuncia fue radicada el viernes por la ex directora de Estadística y Censos de la provincia, Ana Juárez Orieta, contra Pablo Baca, juez cercano al gobernador Gerardo Morales.

2 de Marzo de 2020

 La ex directora de Estadística y Censos de Jujuy, Ana Juárez Orieta, denunció que fue violada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, un ex diputado radical cercano al gobernador Gerardo Morales. 

Según contó en diálogo con el portal El Cohete a la Luna, el hecho ocurrió en agosto de 2019 luego de que ella terminara con la relación que habían mantenido durante un par de años. La mujer presentó la denuncia el viernes. “Anoche pude hacer finalmente una denuncia contra Pablo Baca por lo que me hizo en agosto de 2019. No lo hice en ese momento porque tenía miedo, y sigo teniendo miedo. Pero lo hice porque no puedo vivir ya con esto y porque sé que lo que me hizo, se lo pudo haber hecho a otras mujeres”, relató en diálogo con la periodista Alejandra Dandan.

Baca y Orieta habían mantenido una relación entre 2016 y 2018 pero ella decidió cortarla luego de varios hechos de maltrato y violencia. En agosto de 2019 la citó a su estudio con el pretexto de entregarle unos documentos pero nunca se los dio. “’Yo vine por los papeles, Pablo», le dije.  Y él: ‘Pero vení, vení’ —dijo, y me señalaba el pasillo. Y le dije: me voy si no me vas a dar los papeles, y me agarró del pelo. Y con la otra mano, me agarró de la cintura y me llevó alzando”, relató sobre el inicio del ataque sexual.

La mujer denunció que la golpeó, le tiró del pelo para obligarla a hacerle sexo oral y que le lastimó el ano con los dedos. Luego la amenazó: “Si vos hablas, te voy a hacer cualquier denuncia o vas a aparecer flotando en el dique”, dice que le gritó.

Baca fue denunciado semanas atrás luego de que El Cohete a la luna filtrara los audios en los que reconocía que Milagro Sala era una perseguida política. En esos audios, es la propia Orieta, hermana de la legisladora provincial Débora Juárez Orieta, la que aparece conversando con él.

En esos audios, Baca admite que la dirigente social está presa “no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”.

Los diputados del PJ local denunciaron al juez y se inició una comisión investigadora en la legislatura provincial, sin embargo el oficialismo dilata las reuniones.  

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Agresión a Amnistía Internacional por su campaña a favor de la legalización del aborto

Agresión a Amnistía Internacional por su campaña a favor de la legalización del aborto

Un cartel apareció tapado con pintura en Buenos Aires. “En una muestra absoluta de intolerancia y ataque contra la libertad de expresión”, informó la ONG internacional.
(Foto: TELAM)
2 de Marzo de 2020

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(Foto: AI)

Uno de los carteles de Amnistía Internacional (AI) que forma parte de una campaña a favor de la legalización del aborto en nuestro país, amaneció tapado con pintura blanca “en una muestra absoluta de intolerancia y ataque contra la libertad de expresión”, informó la ONG internacional, un día después del anuncio del presidente Alberto Fernández acerca del envío del proyecto en los próximos 10 días.

“Repudiamos esta agresión. Amnistía Internacional respeta a quienes piensan distinto. Como movimiento global, esta campaña ha sido replicada en más de 130 países”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina. 

El cartel ubicado en el Edificio del Plata en la Capital Federal, frente al Obelisco porteño, ilustra la historia del aborto en otras partes del mundo y llama al Congreso Nacional a que apruebe este año la iniciativa. La pieza recuerda que Estados Unidos legalizó el aborto en 1973, Francia en 1975, Italia en 1978, los Países Bajos en 1981, Canadá en 1988, Sudáfrica en 1997, Uruguay en 2012 e Irlanda, en 2018 e incorpora Argentina 2020. Además, la gráfica destaca que Argentina “aún está en deuda con las mujeres y niñas de nuestro país”.

“Nuestro aporte al movimiento de mujeres es, justamente, llevar al mundo el mensaje a favor de la ampliación de derechos y del aborto legal, y es lo que hemos hecho tanto desde hace más de 50 años como en estos últimos días”, agregó. Luego, advirtió: No nos van a callar. Al final de cuentas este ataque nos potencia y fortalece”.

AI anunció, además, que “refuerza su compromiso por la lucha por el aborto legal en la Argentina y estará atenta a monitorear el proceso del debate”.AI anunció, además, que “refuerza su compromiso por la lucha por el aborto legal en la Argentina y estará atenta a monitorear el proceso del debate”.

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Kicillof: “Vamos a dar vuelta esta crisis, vamos a poner de pie a la Provincia”

Kicillof: “Vamos a dar vuelta esta crisis, vamos a poner de pie a la Provincia”

El gobernador inauguró el 148°período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense con un duro diagnóstico de la gestión anterior. Repasó las medidas de sus 82 días de gestión, habló de la renegociación de la deuda y la estrategia conjunta con Nación, y anunció que la provincia pidió formar parte de Vaca Muerta. 

2 de Marzo de 2020

El gobernador Axel Kicillof abrió formalmente hoy el 148° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. En su discurso, que se extendió por una hora y media, repasó los principales problemas de la provincia con críticas a Cambiemos, habló de las principales medidas que puso en marcha en estos 82 días de gobierno, se quejó de la coparticipación federal y anticipó una medida clave: que quiere que Buenos Aires pase a “ser una provincia petrolera” para poder sumarse al auge de Vaca Muerta. No adelantó, sin embargo, qué proyectos de ley planea enviar en 2020.

Frente a los diputados y senadores provinciales, ministros, intendentes y algunos funcionarios nacionales, el mandatario realizó primero, como ya lo había hecho en diciembre al asumir, un diagnóstico de las condiciones en que el gobierno de María Eugenia Vidal dejó el Estado bonaerense. “Desidia, abandono, y eso es solo la parte exterior, lo que se ve”, resumió e invitó a la Legislatura a “empezar a reparar ese estado de abandono, lo que se ha perdido y empezar a trabajar para revertir esa situación que no se la merecen los y las bonaerenses”.

Luego, Kicillof pasó a detallar las medidas que tomó en estos 82 días de gobierno en las áreas clave y en el marco de las emergencias que votó la Legislatura en diciembre: turismo, educación, salud, justicia, producción, infraestructura y deuda. Punto por punto habló del ajuste presupuestario del que venía cada área y lo que se hizo para empezar a revertir esa situación en el marco de la crisis. 

Tomó como ejemplo la temporada de verano que acaba de terminar para graficar el impacto de las medidas que se tomaron en estos casi tres meses de gobierno. “Quiero empezar por la buenas noticias: la ciudad de Mar del Plata tuvo un récord histórico de visitantes: 5,6% más que el año pasado y el año más alto desde 1992. Fue una gran temporada de verano. Eso no sólo pasó en Mar del Plata sino también en la Costa, la Sierra: fue la mejor temporada de los últimos 4 años”, dijo y explicó que eso ocurrió porque la gente dejó de tener incertidumbre, porque se congelaron las tarifas de los servicios, los peajes y la nafta y porque se atendió a las pequeñas y medianas empresas.

“Lo único que quiero hacer hoy es decirles que las decisiones que se toman desde el Gobierno y que se toman desde la Legislatura tienen resultados. Si sabemos apuntar bien, si sabemos a dónde poner los recursos, si sabemos a quién queremos favorecer, mucho, poco, rápido o lento, vamos a dar vuelta esta crisis, vamos a poner de pie a la Provincia”.

En materia educativa, Kicillof celebró que el normal inicio del ciclo lectivo, y aseguró que “en la provincia los únicos privilegiados son los niños y niñas”.  También destacó el plan de infraestructura escolar que pusieron en marcha para arreglar 796 escuelas sobre las 2 mil escuelas que tienen problemas y reveló que, desde agosto, se habían dejado de pagar servicios básicos en las escuelas y que acumuló una deuda de 1100 millones de pesos. En este punto reiteró que la escuela pública es “una prioridad” para su gobierno y aseguró que “los maestros que perdieron poder adquisitivo tienen que recuperarlo”.

Deuda, coparticipación y Vaca Muerta

El mandatario también habló de la deuda pública que tiene la provincia, habló de la negociación con los bonistas extranjeros y reiteró que es “impagable”. También criticó a los medios que hablan de una pelea con el gobierno nacional y subrayó que hay una única estrategia de negociación con el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

“La estrategia de la provincia está coordinada con la nacional. Estamos juntos con Alberto y con Guzmán trabajando para salir de una situación dramática”, dijo y respondió a las críticas de la oposición al puntualizar que “dos tercios de los vencimientos que tenemos y en todo el período son del último gobierno. Pasó lo mismo en Nación, fue una política concertada”.

También repasó lo que fue la negociación con los bonistas del BP21 que no aceptaron la propuesta para postergar el pago de capital hasta el 1° de mayo y que lo obligaron a pagar. Contó que el 50% aceptó la propuesta y que un fondo tomó el liderazgo por el 25% y bloqueó la propuesta. “No quisieron colaborar, va a haber fondos que no van a querer colaborar o que estén jugando en varias canchas”, opinó.

En este punto volvió a cargar contra los medios que criticaron su postura: “Nuestro parámetro no es lo que diga esa prensa, no es lo que se pueda usar para chicanear, no es una cuestión de guapos. No hay una negociación agresiva ni amistosa, el problema es que hoy tenemos una deuda insostenible en Provincia y en Nación”. Y sentenció: “Le vamos a encontrar la mejor solución, la que impacte menos”.

A lo largo de su discurso, Kicillof también se quejó de los fondos por coparticipación que recibe actualmente la provincia y los comparó con lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin aclarar si impulsará un cambio legislativo a través del Congreso Nacional o si habrá otro pedido concreto a la Nación. 

“Más de la mitad del fenómeno de la pobreza por ingreso ocurre en la provincia de Buenos Aires y el 60% de los desocupados del país está en la provincia. Somos hoy la provincia más rica en volumen de producción pero también tenemos graves problemas estructurales acumulados durante mucho tiempo”, detalló Kicillof y luego contrastó esa situación con la que vive el distrito que comanda Horacio Rodríguez Larreta.

El mandatario precisó que la Ciudad tiene 2,8 millones de habitantes contra los más de 17 millones de habitantes que viven en la Provincia. “Entonces uno cruza la general Paz y ve plazas colgando de las paredes un lado, y caminos de tierra y faltas de cloacas del otro. Ahora digo, ¿qué podemos hacer para que la provincia de Buenos Aires termine con esta situación de inequidad?”, se preguntó y se contestó: “Hay que ser solidario, hay que ser equitativo. Y no estamos contra ninguna jurisdicción ni queremos pelearnos con nadie”.

Ya sobre el final, el gobernador adelantó una medida que puede resultar clave para la economía de la provincia. Contó que le pidió que Buenos Aires se sume a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) para ser “una provincia petrolera” y ser partícipe del emprendimiento Vaca Muerta. “El petróleo crudo se produce en 10 provincias de la Argentina, pero el 80% del petróleo se destila en la provincia, sale por los puertos lo que se exporta, por lo tanto es necesario encontrar un papel”, dijo. Y agregó: “Vaca Muerta es una oportunidad, nuestro entramado industrial tiene que ser parte de Vaca Muerta”.

El gobernador cerró su alocución sin adelantar qué proyectos de ley enviará a la Legislatura en 2020, más allá del presupuesto que se espera para abril,una vez que esté aprobada la ley de leyes nacional. Tampoco hizo alusión a cuál será su política en un área clave como es la seguridad, aunque sus voceros aclararon que en los próximos días se presentará un plan integral en esa materia.

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