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El salto de la Corte | El máximo tribunal se prueba el traje de monarca y avanza hacia la suma del poder público



El martes 29 de septiembre la Corte Suprema dictó un fallo sorpresivo y de alto impacto político, al admitir el tratamiento de un recurso extraordinario por salto de instancia promovido por los dos jueces más conocidos del momento (después del difunto sheriff de Comodoro Py). Me refiero a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, iconos de un republicanismo del siglo XXI aggiornado a los tiempos del big data y del absolutismo liberal del mercado.

Este recurso requiere la concurrencia de requisitos muy estrictos y específicos para su procedencia: notoria gravedad institucional, necesidad de solución definitiva y rápida del conflicto planteado, que el recurso sea el único remedio eficaz para proteger el derecho invocado y evitar “perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

Es una rareza en nuestro sistema porque –además– permite al litigante saltearse un tribunal dentro de la escalera jerárquica que hay que subir para llegar a la Corte Federal. Del Juzgado de Primera Instancia se pasa directamente al máximo Tribunal del país, a los efectos de que sea éste el revisor de la sentencia de grado, y no la Cámara de Apelaciones, a la que se le sustrae la causa por prestidigitación de los supremos.

Tal es así que su uso práctico tiene contados precedentes: no más de cinco ocasiones durante la década del ’90, todas ellas cuando el recurso era todavía una creación pretoriana (derivada de la práctica de los tribunales). La restante, y última, tuvo lugar después de su consagración legal (recepción en el Código), en 2013, no casualmente durante el segundo mandato de CFK. En esa oportunidad se discutía la constitucionalidad de una de las leyes de reforma del sistema judicial que la expresidenta había mandado al Congreso de la Nación: la que pretendía modificar las pautas de conformación del Consejo de la Magistratura, a saber, elección por voto popular de los y las consejeras.

En ese fallo, la Corte se encargó de fulminarla con el decreto supremo de inconstitucionalidad, en el marco de un recurso de este tipo planteado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que pujaba por conservar el sitial que la Constitución de 1994 le aseguraba en las confortables poltronas del Consejo.

Con el fallo del martes 29 de septiembre sería la segunda vez en 23 años de vida democrática que los jueces supremos habilitan el tratamiento de un “per saltum”. En otro gobierno kirchnerista y cuando –como ayer– los intereses corporativos de la “familia judicial” están en peligro.

Cronología

Bruglia y Bertuzzi trabajaban en un Tribunal Oral Federal, un tribunal de juicio de instancia única (equivalente a grado o primera instancia), cuyas sentencias condenatorias o absolutorias son revisables de modo directo por la Cámara Federal de Casación Penal, revisión instrumentada para garantizar el principio de la “doble instancia” que constituye un derecho reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como componente esencial del Derecho a Garantías Judiciales previsto en su artículo 8º.

Entre los meses de abril y septiembre de 2018, Macri los trasladó a la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, tribunal de segunda instancia que interviene revisando las resoluciones adoptadas por los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, los trasladó a un Tribunal con diversidad de materia y de jerarquía. Por decreto, previa recomendación del Consejo de la Magistratura, pero –y aquí está el núcleo del debate– sin el acuerdo del Senado.

Vamos a explicar dónde yace esa diversidad entre el tribunal de origen y el de destino.

En cuanto a la materia, si bien son dos tribunales con competencia penal (excluye lo civil, comercial, laboral o contencioso administrativo, por ejemplo), los Tribunales Orales Federales son los que terminan decidiendo si el acusado es culpable o inocente, si lo absuelven o lo condenan. Es el responsable del juicio oral, del debate, el que recibe parte de la prueba de la instancia anterior de instrucción, toma las declaraciones de testigos, los informes de peritos, escucha los alegatos y la palabra del acusado, y finalmente pronuncia su sentencia. Todos los vimos alguna vez en las películas de Hollywood, como aquella memorable escena de “Cuestión de Honor” (1992) en la que un joven abogado de la Marina de Guerra Norteamericana (Tom Cruise) provoca la confesión de un experimentado coronel (Jack Nicholson) y su participación en un crimen que compromete la responsabilidad de la fuerza.

En cambio, la Cámara Federal a la que fueron trasladados interviene siempre en una etapa procesal previa, la de investigación del delito, la instrucción probatoria y la resolución en torno al grado de sospecha suficiente para enjuiciar al acusado. Lo hace en todos los casos como tribunal de alzada o apelación de los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional. Son los que revisan los procesamientos y las prisiones preventivas, entre los actos más transcendentes de esa etapa procesal, vía recurso de apelación promovido por alguna de las partes.

La diferencia jerárquica entre un tribunal y el otro es fácilmente observable. Subrayo: el tribunal oral es un tribunal de grado (equivalente a primera instancia), sobre todo teniendo en cuenta que sus sentencias se revisan en la Cámara Federal de Casación Penal, que se constituye como alzada o segunda instancia de lo decidido por ellos. Por su parte, la Cámara Federal funciona como alzada o segunda instancia de los juzgados federales de grado (estos son en ese caso su primera instancia).

Judicialización de la política

El 30 de julio el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) expidió la resolución N° 183-2020. Declaró que los traslados dispuestos en relación a diez jueces federales (dos entre 2003 y 2015; ocho entre 2016 y 2019, entre los cuales están Bruglia, Bertuzzi y Castelli) no completaron “el procedimiento Constitucional previsto en el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como a las Acordadas Nros. 4/2018 y 7/2018”. En función de ello, comunicaron al Poder Ejecutivo y a la Corte la decisión y les remitieron los antecedentes de los traslados en revisión.

La norma constitucional establece que la designación de los y las juezas parte de la iniciativa del Consejo de la Magistratura. Allí se hacen los concursos académicos, se elabora una terna vinculante que se somete a la consideración del Poder Ejecutivo y, finalmente, éste remite los pliegos de los y las candidatas al Senado quien deberá dar el acuerdo correspondiente. Es un sistema de controles recíprocos que garantiza la idoneidad y la independencia judicial, reduciendo los favoritismos y la discrecionalidad por parte del Ejecutivo.

A comienzos de septiembre el Senado citó a los y las magistradas para revisar los pliegos y darles, en su caso, el acuerdo constitucional. De los diez concurrieron siete. Hubo tres jinetes rebeldes que cabalgaron directo hacia los Tribunales y rápidamente abrieron el frente judicial: Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los dos primeros instalaron una acción de amparo en el fuero contencioso administrativo federal (con un pedido de medida cautelar), en la que cuestionan la validez de la resolución 183 del CM, llevando así la discusión al palacio de las togas y los mazos. Castelli hizo una jugada aparte, por el momento sin suerte. Los siete jueces y juezas que sí asistieron a la citación al día de hoy aguardan la decisión del Senado.

La jueza de primera instancia (María Alejandra Biotti) les rechazó la demanda con sólido despliegue argumental, sin necesidad de expedirse sobre la cautelar. Para ello, le bastó recurrir -esencialmente- a las acordadas 4 y 7 dictadas por la Corte como antesala de los traslados, que los jueces díscolos invocaron en su favor en un verdadero arte del contrasentido.

En ese sentido, la magistrada señaló que en la acordada 4 la Corte abandonó una posición que hasta ese momento había sido mayoritaria en la jurisprudencia del Tribunal, al apropiarse de la disidencia expresada por los jueces Belluscio y Petracchi en la causa “Del Valle Puppo” (fallos: 319:339), y expresamente vedó la posibilidad de sortear el acuerdo del Senado previsto en la Constitución Federal, acuerdo al que definió como “un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y lucrativos de un orden elevado”.

A su vez, en relación a la acordada 7, citó una de las conclusiones del máximo Tribunal que más interesan para la adecuada solución del caso: “no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del artículo 99, inc. 4° de la Constitución Nacional, […] con relación al supuesto de traslado de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado respectivo”.

En el caso de estos “paladines de la República” no concurre ninguno de esos presupuestos, ya que los cargos de origen y de destino tenían distinta jerarquía y competencia material. Esta apreciación constituye el argumento decisivo que esgrime Biotti.

Contra esa sentencia los actores hicieron dos cosas en paralelo: apelaron para llegar a la Cámara y presentaron el “per saltum” directamente ante la Corte.

Respecto de la apelación, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (con el voto de los jueces Jorge Alemany y Guillermo Treacy) se pronunció –en un primer momento– sobre la cautelar, rechazándola con fundamentos similares a los volcados en la sentencia de primera instancia. Remarcaron que no existía verosimilitud del derecho ni peligro en la demora, y que no habían sido traídos a juicio los destinatarios de la medida: el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo.

Cuando la Cámara se disponía a sentenciar sobre la cuestión de fondo la Corte la corrió de un empellón y le susurró por la espalda: “movete que de esto me ocupo yo; la guardiana máxima de La República entra en acción”. Para ese entonces el presidente Alberto Fernández ya había anulado los decretos de traslado firmados por Macri. Esta circunstancia le dio pie al máximo tribunal para justificar que el derecho invocado por Bertuzzi y Bruglia corría peligro de un perjuicio irreversible, y que había un claro interés público en juego, dando lugar a la admisión formal del recurso después –y a pesar de– advertir sobre su condición excepcional de procedencia. Conviene apuntar que el apuro en asumir el caso no tiene asidero, sobre todo si se advierte que la propia Corte acaba de conceder a “las víctimas” una licencia extraordinaria por 30 días.

En rigor de verdad, y más allá de los festejos de figuras prominentes de la oposición política, la Corte no dijo nada ni resolvió sobre el fondo del asunto. Para eso se tomaría un par de semanas más, adelantando en ese sentido que abreviaba los plazos de sustanciación del recurso, esto es, 48 horas para que el CM conteste el recurso y otras 48 para el Dictamen del Procurador Interino Eduardo Casal. Los plazos ordinarios del recurso son de cinco días hábiles. Sobre el cierre de esta nota el CM contestó el traslado pertinente solicitando el rechazo de la acción.

En el interín la Corte decidió suspender los efectos de la sentencia de la jueza Biotti, manteniendo a los jueces en sus cargos actuales hasta tanto sobrevenga su pronunciamiento de fondo sobre la legitimidad o constitucionalidad de los decretos de Macri. En otras palabras, les otorgó una medida cautelar de facto, sin sujeción alguna a los históricos recaudos que ese anticipo jurisdiccional tuvo siempre en nuestras leyes procesales (la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, actualizados y ampliados en 2013 por la ley 26.854 de medidas cautelares). Curioso ejercicio creativo el de la Corte. Inédito.

En su voto individual por separado, el juez Carlos Rosenkrantz sentenció que había en el caso una “inusitada gravedad institucional”, porque existiría un importante número de jueces que estarían en la misma situación que “los recurrentes”, y que potencialmente podrían verse afectados por el mismo tipo de revisión sobre sus traslados.

Es un argumento amañado y engañoso. Si se convalidara el mecanismo de traslado por decreto (sin acuerdo del Senado), actualmente el presidente Fernández podría replicarlo a su antojo, moviendo jueces a dedo según su propia conveniencia y la de su partido. Y lo mismo podría hacer cualquier presidente constitucional en el futuro, con mucho mayor peligro para la “independencia judicial” y “la totalidad de los habitantes de la Nación” que el invocado por Rosenkratz para justificar su voto. Basta identificar quién es el presidente de la Corte, su legitimidad de origen, el perfil de clientes de su estudio antes de ser designado en el cargo por Macri, para saber a qué “habitantes” del país se refiere y cuál es su concepto de independencia judicial.

Catarata de mentiras

En una nota del diario La Nación del 17 de septiembre, el periodista Diego Cabot sostiene que las acordadas de la Corte Federal Nº 4 y 7 de 2018 autorizaron al Poder Ejecutivo de entonces a disponer los traslados de referencia, sin necesidad de cumplir con el procedimiento constitucional. Cierra su nota afirmando que si la Corte fallase contra la pretensión de los jueces “deberá borrar con tinta blanca lo que dijo en 2018 en la acordada 7 y pagará el costo de desdecirse cuando los vientos cambian”.

En declaraciones que hizo el mismo día del fallo en otro de los medios del grupo reafirmó esa idea apelando al folklore futbolístico: dijo que en aquél momento la Corte ya había definido el tema por 5 a 0.

Ambos señalamientos son falsos y confunden a la población.

Como lo demostraron los fallos de los tribunales inferiores hasta el momento, las acordadas de la Corte de 2018 establecen lo contrario a lo que afirma Cabot. Ese tipo de traslado (el de los jueces B y B) requiere necesariamente el acuerdo del Senado.

Sin perjuicio de esto, las acordadas son reglamentos internos de la Corte, de naturaleza administrativa, que se dictan para regular cuestiones que van desde la forma que deben respetar los litigantes en los escritos que le dirigen, hasta asuntos relacionados por la organización interna del Poder Judicial. No son leyes en sentido formal ni material. Tampoco surten los efectos de una sentencia del máximo tribunal, único supuesto en que ésta ejerce su competencia jurisdiccional, fallando en casos concretos sometidos a sus estrados por partes en litigio. Esos fallos, además, tienen fuerza de ley pero solo para las partes en litigio, lo que significa que no tienen efectos generales ni suplantan la voluntad de los otros poderes del Estado.

La acordada CSJN 4 de 2018 se dictó en el marco de la sanción de la Ley 27.307 de “Fortalecimiento de los Tribunales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico”, la cual transformó cinco Tribunales ordinarios (con competencia común, sobre determinados delitos) en Tribunales Federales (con competencias complejas ligadas a narcotráfico, graves violaciones a derechos humanos, corrupción, entre otras). La implementación de la ley exigía el traspaso de jueces y juezas. La Corte intervino en consulta de la Cámara Federal de Casación Penal y, en ese marco, emitió directrices sobre el procedimiento de designación y traslado de jueces federales de tribunales inferiores, supuestos que equiparó en términos del procedimiento que se requiere para su formalización.

Por su parte, la acordada 7 de 2018 tuvo su origen en una consulta del entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en relación –precisamente- al propósito de trasladar por decreto –entre otros– a Bruglia y Bertuzzi. Evidentemente el resultado de la consulta no alteró sus planes iniciales.

Lo cierto es que existen más certezas que dudas en torno a que la Corte no tiene competencia para dictar acordadas de esa naturaleza y definir cuestiones tan sensibles como el traslado de jueces sin que exista un caso judicial que convoque su rol jurisdiccional. Más bien pareciera que se las sustrae al CM que sí las posee por mandato constitucional.

De hecho, para el momento en que se emitió la acordada 4 de 2018, el CM ya tenía un Reglamento específico para Traslado de Jueces, que no solo respeta el procedimiento constitucional sino que contempla recaudos formales adicionales (resolución 155 de 2000, luego actualizada por resolución 270 de 2019).

Por otro lado, se insistió mucho desde los medios hegemónicos para vincular la revisión de estos traslados con la vicepresidenta y con su necesidad de garantizarse impunidad en los procesos penales que la afectan. Lo que ocultan intencionalmente es que todas las causas contra CFK se encuentran en los Tribunales Orales de Juicio. Es decir que Bruglia y Bertuzzi –de permanecer en sus cargos en la Cámara Federal – ya no tienen ningún tipo de competencia sobre ellas. Lo paradójico es que tal vez podrían tenerla (o haberla tenido) en sus viejos cargos, a los cuales la oposición más furiosa se resiste a que vuelvan. Además, la anulación de sus traslados involucró a distintos poderes del Estado: empezó por el CM, siguió en el Senado y concluyó con decretos del presidente de la Nación.

Epílogo

El fallo de la Corte pareciera consolidar un proceso que comenzó en la última etapa del gobierno de CFK, de “progresiva regresividad” institucional del Tribunal de mayor jerarquía en la Argentina. Las acordadas 4 y 7 de 2018, el fallo “Bertuzzi” del 29 de septiembre, son hitos cada vez más acabados de una vocación de poder que erosiona las bases fundamentales de la democracia. Un poder decididamente contra-mayoritario que succiona cada vez más prerrogativas o facultades de los otros poderes del Estado. En silencio, en la comodidad de su palacio y fuera de todo escrutinio público, se prueba el ropaje del monarca: la suma de todos los poderes en uno solo.

En las próximas semanas la Corte Federal dictaría sentencia definitiva en el caso “Bertuzzi”. Si bien el pronóstico es reservado, existe un margen legal e institucional muy acotado para hacer lugar a la acción de amparo. Cabe preguntarse si, al día siguiente, esa noticia tendrá el mismo impacto y la misma repercusión que la que todavía estamos procesando.

*Abogado.



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Lo urgente y lo importante



Cuarenteñeres:

Quizá sea el momento para una reflexión (y unas cien flexiones). Empieza octubre, mes especialísimo, desde lo personal, y, hay que decirlo, desde la historia que compartimos los argentinos.

Octubre es el del 17 del ’45, es el del 27 de 2010, es el del 27 también, pero del 2019 (y el triunfazo de Alberto, Cristina, Axel, y -permítome opinar- la Argentina toda). El 12 de octubre de 1973, asumía su tercera presidencia el general Perón, cuyo cumpleaños es el 8 de octubre. El 12 de octubre de 1916 asumía Hipólito Yrigoyen, la democracia real debutaba en nuestra historia. El 9 de octubre de 1967 era asesinado el Che Guevara en Bolivia. Y un hecho de la Historia mundial, pero que nos marcó a todes: el 24 de octubre de 1917, la revolución soviética. Sí, ya sé que fue el 7 de noviembre, pero resulta que allá se basaban en otro calendario, 15 días atrasado (modificado luego de la Revolución), por lo cual, en noviembre (de acá) se hizo la revolución de octubre (de allá).

Una canción de mi adolescencia, “Octubre, mes de cambios”, de Roque Narvaja, decía: “Y es octubre quien manda en la calle,/ son los cambios que deben llegar”. Obviamente, se refería a cambios revolucionarios, progresistas; si quieren populistas. Eran cambios, no “sustituciones”, como se atreven, entre copa y copa, o entre pastillita y pastillita, a sugerir algunes miembres de “Juntos por el Caos”, los Campeones de la Injusticia, archivillanos.

¡Y qué bueno que haya empezado octubre! Porque septiembre se fue mal. Se fue con Quino, que nos dejó, eso sí, tanto. Tanto para pensar, tanto para reír.

Duros, estos tiempos de idas. Demasiadas personas se están volviendo queridos recuerdos. Quino, Marcos Mundstock, Jorge Schussheim, Tom Lupo, Fontova.

Todo eso eran los fines de los ’60, inicios de los ’70. En mi vida, un trecho clave en el que todo eso era lo cotidiano.

Y no hablo de épocas. Porque -discúlpeme, lectore-, quizás esto no sea políticamente correcto, pero no creo en las “épocas” y muuucho menos en los “fenómenos epocales”, palabra esta última de difícil digestión para mi pobre intestino lingüístico.

No creo en las épocas, porque me parece una falacia estadística para volver “universal” lo que en verdad les pasa a algunes poques. Hablar de época sería, a mi modo de ver, como “marcar agenda”, decidir qué es, o era, lo importante de uno u otro momento de la Historia.

Y, para mí, eso es una truchada. ¿Por qué? A ver, por ejemplo: mientras algunas personas luchan por conseguir un derecho, otras ese derecho ya lo tienen, otras no lo tienen pero tampoco les importa, otras están preocupadas por conseguir otro derecho, otras se movilizan para no perder otro derecho, otras hacen todo lo posible para que quienes tienen un derecho dejen de tenerlo o por conseguir otra cosa.

Entonces, ¿cuál de todos estos grupos de personas definirían “la época”? ¿Sería una época de lucha? ¿De desinterés? ¿De derrotas? ¿De utopías? Y… depende para quiénes.

Alguien podría decir: “Bueno, también es posible que todos esos grupos coincidan, ya no en el mismo país, ciudad o barrio, sino en el mismo edificio”. De hecho, puede ser que en un mismo piso, el departamento A esté viviendo una tragedia y el B una celebración, que en el C haya una ruptura y en el D un gran encuentro, que los del E celebren que estamos viviendo con un gobierno nacional y popular y los del F traten infructuosamente de conseguir pasajes para volver de Valenzuela, país en el que no están. Y que algunos vecinos se interesen por “el otro” y otres sean profundamente egoístas.

Pero volvamos a Quino. Y a su Mafalda, publicada entre 1964 y 1973. El mismo autor se sorprendió, hace unos años, de la permanencia de su personaje. No entendía por qué la gente lo sigue leyendo. La respuesta es casi obvia: porque sigue vigente.

Sigue habiendo Mafaldas que preguntan y Susanitas con cacerola, Manolitos que apuestan al negocio antes que a la vida, Libertades que esperan que termine la pandemia para llenar la plaza, Felipes en el diván, Miguelitos a los que “su” dedo les importa más que un edificio, y Guilles que, cuando hace calor, preguntan “¿Es pod el gobiedno, verdad?” -aunque la respuesta de Mafalda: “Es muy chico, todavía no aprendió a repartir culpas” no se pueda aplicar a quienes hoy portan ya varias décadas, como la tira de Quino-.

Sigue existiendo “el palito de abollar ideologías”, y uno puede salir del supermercado gritando “¡Sunescán, daluna, buso!”. Quizás Sartre haya escrito “el último pollo que comimos”, y ante las ofertas, ya no del almacén, pero sí de algunos bancos o empresas que nos llaman por teléfono para vendernos… nada, pero caro, y en cuotas, solamente podamos decir “grapcias”.

Y por supuesto, el neoliberalismo sabe muy bien, y lo usó todos los días, cómo decidir qué es lo urgente, para que no podamos meternos, de una vez por todas, con lo importante.

Sugiero acompañar esta nota con el video “redes y algoritmos” compuesto por RS Positivo (Rudy-Sanz). Está instalado en su canal de YouTube (al que, si gusta, puede suscribirse) y, para verlo, alcanza con hacer clic en este link:

Hasta la que viene.



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A Favor de la meritocracia, en contra del meritocaradurismo



La cuestión de la meritocracia retorna como discusión en nuestra sociedad y polariza posiciones, también, como si se tratara de un River–Boca. El actual presidente aludió hace poco a ella y diferentes referentes sociales desde el Papa a Batistuta emiten su opinión. Quienes se exasperan frente a cualquier cuestionamiento a la meritocracia, cuestionamientos que comparto, pretenden instalar una división entre los defensores de “la cultura del esfuerzo” (meritocracia) y los promotores del “facilismo”. No me identifico en esta nueva grieta que pretenden instalar. Por mi parte, bajo ciertas condiciones, apoyo la meritocracia, pero me opongo fuertemente al meritocaradurismo.

“Hay que ser caradura.” Es una frase popular que no hace más que señalar la capacidad de alguien de decir algo que en forma evidente para todos, es falso, fundamentalmente porque el que lo expresa es un contraejemplo de lo que enuncia. Pero lo dice igual, a viva voz, “suelto de cuerpo”, “sin que se le mueva un pelo”, sin que “se le caiga la cara de vergüenza” es decir: es un caradura.

Hace unos meses, el expresidente Macri, un defensor declarado de la meritocracia, hizo una demostración magistral de esta capacidad (el caradurismo), cuando en un foro, señaló que:

“Se está discutiendo cuando hablamos de integración, que es si queremos realmente y creemos que las sociedades progresan cuando son meritocráticas o queremos caer en el relativismo moral (…) nos quieren decir que todo da lo mismo: lo verdadero y lo falso, el rol del docente versus el alumno, los derechos del ciudadano y la víctima versus el delincuente, que todos tenemos derechos y ninguna obligación y buscan sistemáticamente destruir la cultura del trabajo y el respeto de la ley“.

La dicotomía que se intenta reforzar en el imaginario social sostiene que la meritocracia es la clave del desarrollo y el progreso y que el populismo (sea lo que sea que se quiera significar) destruye, porque alienta el facilismo, la pereza, la desidia. Porque se otorgan “derechos sin obligaciones”.

En el fondo, lo que parece cuestionarse desde esta posición de defensa dogmática de la meritocracia es precisamente la perspectiva de ampliación de derechos, que efectivamente, por ser derechos humanos y mal que le pese a muchos, incluyen a todos, sin distinciones.

De ninguna manera hay que aceptar que los derechos implican facilismo, dejadez, desidia. Todos los ciudadanos, precisamente porque tenemos derechos (todavía de manera imperfecta y desigual), somos responsables de nuestras vidas y responsables frente a nosotros mismos y frente a la sociedad. De ninguna manera el derecho del delincuente es sinónimo de impunidad, el derecho del estudiante lo exime del esfuerzo de estudiar, el derecho del trabajador lo habilita a la pereza. En todo caso, cuando algo de esto sucede, el problema son los procesos institucionales que lo permiten, de ninguna manera el problema es el derecho.

Quiero señalar que cuando defiendo una perspectiva de derechos, no me opongo a la meritocracia en lo que hace a su valoración del esfuerzo personal. Al contrario. Pero considero que solo en una sociedad suficientemente solidaria y cooperativa, que garantiza derechos para todos, es posible apelar a la meritocracia, porque se ocupó de que todos estén en iguales condiciones para competir y hacer méritos.

Cuando esas oportunidades no son iguales para todos. ¿De qué mérito estamos hablando? La meritocracia en sociedades desiguales como las nuestras, pasa a ser de esta manera, una mera justificación, coartada, legitimación de una sociedad injusta y una estrategia de quienes se han beneficiado históricamente de esa injusticia.

Por supuesto que hay miles de ejemplos en todo el mundo de personas de origen pobre que gracias a su esfuerzo, entre otras cuestiones, han alcanzado posiciones sociales destacables y desaeables. Así que Bati, quedate tranquilo, no fuiste un idiota, no es con vos la cosa. Es contra aquellos que desde un “meritocaradurismo” berreta siguen pretendiendo socavar la ampliación de derechos para defender sus privilegios.

*Investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.



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La responsabilidad popular de cada cual 



El campo popular alcanza su verdadera legitimidad cuando no sólo satisface demandas sociales de los sectores más vulnerables sino también si establece nuevas lógicas en la responsabilidad republicana. Lo popular y lo republicano no constituyen ámbitos separados; más bien, en su dinámica social, un gobierno popular también debe ser generador de Derecho e Institucionalidad. Siempre lo Popular y lo Republicano se encuentran en mutua reciprocidad. Es de ese modo que finalmente se constituye un legado histórico que luego se establecerá como una latencia que siempre puede retornar en la lucha por la igualdad y la justicia.

Entre los sentimientos que el neoliberalismo ha destruido está el de la vergüenza. La vergüenza es un velo que junto al pudor revelan que uno mismo no se encuentra dominado por los intereses más obscenos en el puro goce de acumular. Ya no es la acumulación de goce lo que rige actualmente, sino la compulsión de gozar acumulando y que los demás paguen con su sacrificio.

La cantidad de energúmenos desvergonzados que se pavonean en la escena del mundo practicando una impunidad ilimitada ya no constituyen solo un triunfo de las derechas sobre la democracia. Ahora son también el testimonio del comienzo del derrumbe de una civilización. La Política y la Ética nunca se recubren del todo, pero nunca habíamos llegado a este punto donde los dilemas éticos y políticos se encuentran tan cercanos.

Por ello, aunque se hable una y otra vez y se analicen desde distintas teorías la manipulación ejercida por las redes sociales, los chantajes mediáticos y todo lo que constituye a la agenda de las derechas ultraderechizadas, esto no exime la responsabilidad popular. El problema que se presenta en esta cuestión es el siguiente: dado que el Pueblo nunca es algo establecido de antemano y nunca tiene a priori una identidad definitiva, la clave pasa por su construcción política e histórica. Por ello, nunca se puede borrar en la constitución de un pueblo el rol central que tiene en ese proceso del devenir popular la responsabilidad de cada uno de los sujetos que formarán parte de su proyecto. Así como no se puede culpabilizar a las víctimas de la manipulación que ejercen las maquinaciones de las redes y no se debe culpabilizar a los destinatarios de la violencia sistémica de la alianza entre los poderes mediáticos y las derechas antidemocráticas, tampoco ya se puede eludir la responsabilidad de la existencia singular en sus adhesiones políticas.

Es hora de qué la política abra un debate en el que exista la responsabilidad de cada uno y una y se tenga en consideración la problemática cuestión de su abordaje.

Si hay algo nuevo que el gran desastre de la pandemia ha introducido en la vida política es que no puede haber un proyecto transformador si el mismo no comienza por interrogarnos a nosotrxs mismos en la vida de cada unx por el deseo de comunidad que nos habita. En este punto crucial los célebres motivos de la manipulación no son suficientes. Insistir todo el tiempo con ello esconde de un modo implícito una claudicación: establecer que todos seremos tarde o temprano marionetas de un poder horrible. Así como las religiones históricas comenzaron con la entrega singular de cada unx hasta inventar sus propias correas simbólicas de transmisión, la política en medio del colapso debe poder mostrar y desplegar lo que insiste en cada unx como aquello que no puede manipular ningún sistema.



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La nueva TDA en marcha



Según Wikipedia en su última actualización fechada hace exactamente una semana, el 15 de septiembre pasado, el Consejo Asesor del servicio de «televisión digital abierta» (TDA) actualmente está a cargo de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, de acuerdo al Decreto 50/2019. Pero nada de lo que allí se informa parece estar actualizado.

Uno busca TDA en la web y sólo aparece información histórica desde 1998 y luego desde 2009 aproximadamente, cuando se puso en marcha el servicio de Televisión Digital Terrestre denominado también Televisión Digital Abierta (TDA), sigla que incluye, además, los servicios satelitales gratuitos provistos por la plataforma satelital de la empresa estatal ARSAT. Y todo es bastante confuso y lleno de sobrentendidos, y para nada al alcance de quien no sea experto en tecnologías digitales.

Establecida esa prevención, lo cierto es que la TDA no está constituida solamente por lo producido y difundido por las plataformas del Estado nacional, sino también por lo correspondiente a todos los licenciatarios que emiten de manera digital, privados con o sin fines de lucro, o estatales (provinciales, universitarios, etcétera). Un universo complejo que permite, mediáticamente, simplificaciones como la del portal La Política Online que este fin de semana hizo un despliegue sobre la materia, bajo un título provocador: “El Gobierno relanza la TDA y analiza la vuelta del fútbol gratis”.

Obviamente que el anuncio de una supuesta vuelta de Fútbol para Todos, que fue un emblemático servicio televisivo popular durante los gobiernos de CFK, es, como se dice vulgarmente, “per codere”. Porque aunque no es una idea descartable, el anuncio presidencial del Plan Conectar 2020-2023 de la semana que pasó va mucho más allá y se dirige a potenciar la estructura nacional de comunicaciones, a fin de mejorar y universalizar el acceso a servicios y conexiones de banda ancha para toda la población del país.

En realidad, la presentación del Presidente subrayó la construcción de un tercer satélite argentino de telecomunicaciones, que se denominará Arsat SG1, así como la ampliación de la red de fibra óptica, el fortalecimiento de la TDA y algunas otras, complejas modernizaciones imprescindibles. Y todo con una inversión prevista de casi 38.000 millones de pesos.

Esta columna, que ha insistido tanto en la materia, no puede sino celebrar estas decisiones, porque como venimos sosteniendo, el servicio de la TDA es hoy fundamental para la democracia. Y es que con la concentración comunicacional que el gobierno macrista consolidó desde diciembre de 2015 es materialmente imposible una política de comunicación democrática, pluralista y veraz como la hoy que necesita una sociedad como la nuestra.

Por eso hay que aplaudir esta decisión presidencial, que se orienta a reparar la democracia informativa que la Argentina hoy no tiene y cuya estructura -–tan dañada–- aconseja y requiere federalizar las comunicaciones. En este sentido, esta decisión de contar con un tercer satélite nacional, cuyo desarrollo fue frenado por el macrismo, no sólo repotenciará el gran sistema alternativo y gratuito de TV digital que este país requiere, sino que además asegurará conectividad de alta calidad para alrededor de un millón de compatriotas que viven en zonas rurales. Se prevé que el servicio entre en funcionamiento en 2023, a la vez que la Red Federal de Fibra Óptica será repotenciada para cubrir prácticamente todo el país.

Como ya hemos señalado en esta columna, es urgente la recuperación de la TDA, que es gratuita y que fundamentalmente por esa razón es preciso reponer con urgencia. Lo que implica restaurar y actualizar alrededor de un centenar de estaciones de transmisión que están en las 23 provincias argentinas y que fueron prácticamente abandonadas en los últimos cuatro años. De paso, se mejorará la calidad de imagen y sonido y se espera que el sistema repotenciado llegue a unos 10 millones de hogares en todo el país, siendo que actualmente y según estimaciones alcanza a sólo 2,5 millones de hogares.

La importancia de la TDA, como venimos subrayando e insistiendo desde hace un tiempo, radica fundamentalmente en que es el gran recurso que tiene el Estado para contrarrestar la nefasta influencia del monopolio televisivo de los mentimedios, que tanto daño ha causado y sigue causando a diario, y hora a hora, a la democracia y la paz social.

Una política comunicacional veraz y con sentido nacional y popular es una necesidad y es una urgencia para una sociedad como la nuestra, sometida a la perversa dictadura de la mentira política. 



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ABC y el gusto a sal en las elecciones bolivianas 



Desde el 14 de noviembre cuando se provoca el golpe cívico militar a Evo Morales en Bolivia, se desarrolló el plan A, pensado por la CIA y los poderes hegemónicos, que consistía en organizar acciones e intentos para institucionalizar y legalizar al gobierno de Jeanine Añez. El objetivo era que la usurpadora Añez gobernara hasta borrar cualquier vestigio masista. Dicho plan fue fracasando por errores y desaciertos graves del gobierno golpista, hasta que tomaron la decisión de pasar al siguiente plan, el plan B posibilitando las elecciones para el mes de octubre y apurados por las circunstancias de vislumbrarse un nuevo triunfo del MAS, encabezado, en esta elección, por Luis Arce y David Choquehuanca.

Este plan B, consiste en tratar de unir a la oposición. Para ello hicieron renunciar esta semana a Jeanine Añez, mientras en los próximos días Tuto Quiroga (2% en las encuestas) se irá de la carrera electoral. Ya en octubre al candidato que se ubique en tercer lugar en las encuestas, tendrá la presión mediática para imitar la actitud de Añez y Quiroga. La derecha violenta y reaccionaria seguramente prefiere a Fernando Camacho, responsable de los levantamientos de Santa Cruz de la Sierra en noviembre pasado, para disputar con el MAS si es que logra superar en expectativas electorales a Carlos Mesa. De no lograrlo aceptarán a regañadientes votar al ex presidente hoy candidato de la derecha moderada. El caso del coreano boliviano Chi Hyun Chung, un outsider de la política no perjudicará ni a uno ni a otros y llegará al fin del proceso electoral repitiendo su perfomance del 2019.

Como la posibilidad de que el plan B será de difícil materialización, está en carpeta el plan C, que consiste en frenar la llegada de un nuevo gobierno de izquierda a Bolivia a como de lugar y la trampa lisa y llana es el camino elegido. Añez se baja de la contienda para “darle algún atisbo de neutralidad”, pero esta elección que fue organizada por la derecha, que tienen a la policía y al ejército golpistas en la tarea de distribución y recolección de urnas, en el control de lugares de votación y con un centro de cómputo en manos de los amigos de Añez, sumado a ello un muro mediático que jugará abiertamente en contra de la fórmula Arce-Choquehuanca permite suponer que se repetirán hechos lamentables para la democracia en Bolivia con el afán de no permitir la llegada al gobierno de los seguidores de Evo Morales.

Los intereses empresariales del litio y la derecha republicana de EEUU quienes, a través de su mandada Jeanine Añez, provocaron masacres entre la población civil, persecución política, opositores presos, asilados en las embajadas y exiliados, no promovieron, financiaron y auspiciaron la desestabilización de Evo Morales para tener que entregar el poder once meses después a un gobierno que encabezarán el ministro de economía y el canciller del mismísimo Evo. Está en sus intenciones manejar el mineral del futuro, el litio, y para ello necesitan tiempo, por eso el golpe a Evo y todo el proceso que hoy se vive en la política boliviana tiene gusto a sal, gusto a litio. Sólo basta recordar las declaraciones del magnate de este mineral del futuro y financista de las campañas del partido republicano norteamericano, Elon Musk, quien con todas las palabras se adjudicó este y otros golpes futuros en función de manejar y quedarse con este mineral de los países periféricos y en lo que no lo son tanto.

El otro objetivo implícito que incentivó a Trump y Musk fue forzar la derechización de Latinoamérica después del triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y de esa forma dejar en el Palacio quemado sede del gobierno boliviano a un gendarme de sus intereses, como lo hicieron en Brasil, Ecuador, Colombia o Chile.

En definitiva, el triunfo del MAS dependerá de la conciencia del pueblo boliviano y que sea abrumadora la diferencia en votos para que no puedan justificar ninguna trapisonda. Las encuestas dan un panorama alentador, pero son encuestas, se verá cómo se desarrollan las elecciones. Recordemos que Evo Morales cada vez que se impuso en una elección y pudo mantenerse en el gobierno lo hizo con victorias del 52%, 64% y 62%, la única vez que no superó el 50 %, no quisieron reconocer el triunfo inapelable que había logrado y realizaron el golpe.

Esperamos alertas y esperanzados que esta mala práctica de la derecha no vuelva a repetirse.

(*) Ex embajador en Bolivia (2012-2015)



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Cuestiones sobre pandemia, dólar y comunicación



Hay una parte que es la obvia.

El Presidente “groggy”; su carácter de marioneta sometida por entero a los arbitrios de CFK; el aislamiento preventivo que ya no serviría para nada y que “la gente” desactivó por las suyas; la preocupación de “los mercados”; a quién se le ocurrirá invertir en medio de un estatismo que agobia con su carga impositiva; el avasallamiento de la Justicia, y hasta la fake del allanamiento a la quinta de Macri ordenado por Casa Rosada.

Es la parte de los onanistas de una oposición berreta, contra la que cabría medir si está bárbaro subir a Macri al ring (ya se hizo en 2007 y no funcionó muy bien que digamos); presumir que la táctica sirve para enfrentarlo con Larreta, o entender que son lo mismo.

La otra parte, o una de ellas, sí amerita complejizar el análisis.

Cifras, antecedentes y proyecciones de la pandemia y del dólar tienen un elemento en común: están permanentemente rodeados de polémicas.

Pero hay diferencias significativas entre los alcances de una cosa y la otra.

En el caso de la peste, excepto por los tramos de marzo y abril con la cuarentena respetada casi a rajatabla y que semejan expedir a un tiempo de otro siglo, se precipitó –y continúa con más potencia– un ataque alentado desde las usinas violentamente opuestas al Gobierno, a fines de desgastarlo cuanto se pudiera.

Trabajan para que la única norma sea la responsabilidad individual, sin importar el costo sanitario o, al revés, estimulando que sus consecuencias agujereen al oficialismo.

Comparan resultados con países completamente ajenos a nuestro mapeo demográfico y comportamiento social.

Dan lugar a toda estadística aislada que sirva a sus intereses de mostrar que el Gobierno está a la deriva.

Ignoran todos los retrocesos a que se ven obligadas las propias naciones exhibidas como ejemplares.

Animan que la vacuna esté al caer como si fuese que su ejecución logística será soplar y hacer botellas, lo cual también incita al relajo.

Y ante todo, inquieren en forma despectiva, grosera, gracias a esa comodidad execrable que confiere el poder de cámaras, micrófonos y escritos unificados en la misma ofensiva, para qué sirvió el esfuerzo hecho al comienzo si, total, terminamos con una cantidad de contagiados y muertos ubicable entre los peores récords mundiales.

Lo evitado, naturalmente, nunca fue ni será noticia.

Sin embargo, la alianza recalcitrante del imperio económico más espeso y la sección más alborotadora de los medios de prensa dirigidos por el trío más mentado no logra vencer, ni de manera terminante ni mucho menos, en esa batalla por el “sentido común” o por la construcción de subjetividad.

En ese terreno hay disputa y la gestión oficial confronta bastante bien, dentro de lo que es un desafío desconocido a prueba constante de ensayo y error.

Una enorme porción de la “ciudadanía responsable”, que aquéllos entes de propaganda sólo ubican entre quienes ven agredida a la democracia, no compra que todo fue y es al divino cohete, ni que ya es hora de aflojarse, ni que si es forzoso debe salirse a la calle contra desestabilizadores y frikis (inorgánicos, espontáneos, apenas republicanistas e incluso sanmartinianos, dicen figuras caricaturescas que avergüenzan a las mejores tradiciones del periodismo argentino).

En cambio, alrededor del dólar sucede que prácticamente toda acción le deja campo servido a la oligarquía económico-financiera que, otrora, uno se animaba a definir sin pruritos como el enemigo.

Si, llovido sobre mojado, se tropieza con errores de comunicación alarmantes, desde ya que es mucho peor.

Por razones históricas, culturales, empíricas, el dólar es una interpretación y vocación argentina que queda lejísimos de incidir solamente entre los sectores de clase media porque, aun en los denominados “populares”, es signo de la percepción acerca de lo que verdaderamente ocurre y/o puede esperarse.

Ya de por sí es enfermizo y enfermante que haya el dólar “solidario”, el del contado con liqui o Mep según sea el lugar de acreditación, el “ahorro”, el del Banco Nación y, desde luego, el blue, ilegal o (???) “libre”.

Esa ensalada sólo se consigue en Argentina, pero es menester entenderla, en primer término, como la estrategia extorsiva del núcleo económico dominante, a través del poder de fuego de actores enormes y precisos (compañías agroexportadoras, transnacionales de capital especulativo) y no como mera debilidad del “qué nos pasa los argentinos”.

La pregunta sigue siendo si acaso hay medias tintas conducentes para resolver este entramado dramático, desde el que todos sabemos o juzgamos al dólar como el árbitro de qué pasará con los precios.

Si esa interpretación es técnicamente incorrecta, debido a que ni los productos de exportación e importación ni la actividad doméstica se rigen por el dólar de las cuevas, cuenta muy poco en una realidad realmente existente en la que los hechos técnicos son relegados por creencias sociales, extendidas, con arraigo de décadas.

La economía, según enseñan todos los manuales, filósofos, gestores e intelectuales de izquierda y derecha de cualquier circunstancia y sitio, debe incluir en sus prognosis las expectativas verosímiles o manipuladas.

En la eterna coyuntura estructural argentina, el dólar ilegal no debería justificar más alteración que la derivada de cómo operan grupos largamente sabidos o intuidos.

Pero en el prototipo inagotable resulta que, al día siguiente de lo enunciado como el “súper cepo”, se multiplicaron datos sobre empresas, intermediarios y chichipíos que aducen estar incapacitados para reponer stock o acordar pagos, porque “no hay precio”.

Escapa al conocimiento y capacidad personales cómo se resuelve esa dialéctica entre lo que debería ocurrir entre lo “objetivo” y lo que efectivamente acontece y, por lo visto, les pasa igual a quienes son o presumen de entendidos en la materia.

Sí pareciera que se van angostando los tiempos entre relatar el diagnóstico y aplicar recetas más duras, que confíen mejor en el conservado respaldo mayoritario.

El Presidente, junto al frente peronista gobernante que no tiene resquebrajaduras graves salvo por las que la oposición pretende encontrarle todos los días, en todas las bajadas de línea, en cada título informativo, en cada editorial, muestra un camino orientador hacia el mercado interno en medio de una herencia inenarrable (y de una pandemia universal, que restringirá todavía más las probabilidades exportadoras para conseguir los dólares que sostengan requerimientos de importación de un país –con suerte– en vías de desarrollo, acechado por una derecha corporativa insaciable).

Ninguna medida adoptada por este Gobierno podría señalarse como manifiestamente contraria a las necesidades masivas.

Podrá haber mayor o menor intensidad en unas y otras pero, con buena leche y mientras no se caiga en el confort de hablar sobre masas levantiscas dispuestas a todo sacrificio, no sería justo acusar al oficialismo por “ausentarse” como Estado activo en resguardo básico de las mayorías.

El Gobierno no agravó ninguna condición preexistente.

Sí hay una acción comunicativa descoordinada (de piso), que reposa casi de modo único en la seducción –con probabilidad alta de desgaste– del trabajo transmisor e incansable de Alberto Fernández.

No puede ser, por ejemplo, que el día de la agenda que debió radicar en la presentación de un presupuesto nacional ampliador de las partidas para Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, Obra Pública; en el adelanto de comenzar a tensarse el impuesto extraordinario a las grandes fortunas personales; en el acuerdo parlamentario para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad –el resguardo de la plata de los jubilados– quede a salvo de toda imprevisión, esa agenda remita una circular del Banco Central escrita pareciera que a las apuradas, para que la entienda nadie, acerca de, nada menos, el “dólar ahorro”, y quedar en bandeja de los “sustituyentes” y de críticas por izquierda cuando en verdad se trató de estrechar las opciones fugadoras de divisas.

Debería ser increíble que se cometan esos yerros comunicacionales y, más aún, que desde el aparato de los medios del palo oficial pretenda compensárselos con la previsible y agotadora –aunque siempre necesaria– cantinela de la porno corrupción macrista.

La comunicación per se no reemplaza al hacer la política; pero ese hacer no puede prescindir jamás de una política de comunicación o, aunque fuere, de organizar aquello de lo que se está convencido.

El Gobierno, otra vez para insistir, hace mucho más de lo que transmite en medio de un suceso ecuménico calamitoso.

No se merece deficiencias de este tipo, que no serán nodales pero sí demasiado influyentes.



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Brasil: modelo de destrucción | Opinión



Desde Río de Janeiro. El ultraderechista presidente Jair Bolsonaro (foto) asegura que Brasil es un modelo de preservación ambiental, y que los incendios forestales ocurren “normalmente en esta época del año”. 

Para el vice-presidente, el muy reaccionario (no confundir con conservador) general retirado Hamilton Mourão, hay una campaña de desinformación cuyo objetivo es perjudicar las exportaciones brasileñas del agronegocio a Europa y “manchar la imagen de Brasil en el mundo”. 

Para el general – igualmente retirado y especialmente reaccionario – Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, lo que existe es, sí, una campaña, resultado de la organización “Articulación de los Pueblos Indígenas”, controlada por izquierdistas y vinculada al actor norteamericano Leonardo di Caprio, que funciona 24 horas por día para “ensuciar la imagen de Brasil en el exterior”.

Mientras, en lo que va del mes incendios – en su inmensa mayoría intencionales, o sea, criminales – ya consumieron más de dos millones y medio de hectáreas, haciendo desaparecer al menos 12 por ciento de la región conocida como “Pantanal”, parte de la llamada Amazonia Legal brasileña. Se trata de la mayor área inundada del planeta, y abriga (o abrigaba) una formidable e incomparable variedad de fauna y flora.

La humareda provocada por los miles de focos de incendio hizo que en Porto Alegre, en el extremo sur del país, haya bajado una lluvia negra. El mismo fenómeno era esperado en San Pablo y Río este fin de semana.

A lo largo de todo el mes de septiembre del año pasado se registraron 2.887 focos de incendio en el Pantanal. En los primeros catorce días de septiembre de 2020, fueron casi el doble: 5.300.

De parte del gobierno nacional no existe propiamente inercia: su acción consistió en enviar unos 90 soldados para dar combate al fuego y liberar un “presupuesto de emergencia” de unos escasos 650 mil dólares. Otra acción, adoptada desde el comienzo del año, ha sido reducir a menos de dos por ciento el presupuesto anual de prevención y control del medioambiente.

Especialistas en el tema aseguran que la inactividad gubernamental, para no mencionar la reiterada aversión de Bolsonaro a la legislación que impide, por ejemplo, la minería en áreas protegidas y en reservas indígenas, favorece, cuando no incentiva, la acción de productores rurales dispuestos e multiplicar las áreas de sus plantaciones, principalmente de soya destinada a las exportaciones.

En el palacio presidencial se asegura que “el intento de actuar de manera diplomática ha fracasado”, y que a partir de ahora habrá una nueva política: confrontar abiertamente las ONGs que “no hacen más que atacar al gobierno brasileño bajo el argumento de denunciar falsos e inexistentes crímenes ambientales”.

Sin embargo, hay los que creen exactamente lo contrario, dentro y fuera de Brasil.

Por estos días se registró lo que el diario derechista O Globo llamó de “presión histórica”, uniendo empresas y los mayores bancos brasileños, organizaciones no-gubernamentales globales y países europeos en un enérgico llamado al gobierno de Bolsonaro para reducir de inmediato la devastación forestal.

Nunca antes, siquiera en tiempos de la dictadura militar que duró de 1964 y 1985 (y que Bolsonaro dice que no existió), el país sufrió semejante ola de presión interna y externa.

Si desde principios del pasado mes de junio embajadas brasileñas principalmente en Europa venían recibiendo cartas con advertencia de “grave preocupación” por lo que ocurría en Brasil, ahora las amenazas se hicieron más claras y concretas.

El gobierno francés, por ejemplo, ya anunció que no irá adherir al acuerdo comercial entre Unión Europea y el Mercosur, a raíz de la devastación ambiental que ocurre en Brasil.

Un grupo de países – Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Francia, Noruega y el Reino Unido – envió al vicepresidente Mourão un oficio afirmando que el aumento de la deforestación “está haciendo cada vez más difícil para empresas e inversionistas atender a sus criterios ambientales, sociales y de gobernanza”.

O sea, aumentó y mucho el riesgo de que se suspendan inversiones e importaciones en el agro-negocio del país.

La reacción de Mourão ha sido típica del gobierno de Bolsonaro: anunció que invitará a los embajadores de eses países para visitar la Amazonia y constatar que no ocurre lo que está ocurriendo.



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El país tiene dólares, el Banco Central no | OPINION



Si hay algo que no se puede decir hoy es que Argentina transita un momento de escasez de dólares. Quien no tiene dólares hoy es el Banco Central que vive una sangría permanente de reservas. Las medidas adoptadas tienen el noble objetivo de evitar la devaluación brusca que resultaría de una estrategia de flotación cambiaria libre, cuyo efecto sería una espiral de precios que impactaría sobre una población ya castigada y que exhibe a no menos de un 50 por ciento bajo la línea de pobreza. 

Medidas que probablemente sean tardías, ya que el nivel de reservas netas ha sido menguado al extremo y ciertamente el control estricto sobre el ingreso y egreso de divisas debió haber sido una rutina desde el comienzo de la gestión. Es sabido que sin control estricto sobre el dólar, es difícil gobernar la economía argentina

Decimos que Argentina tiene dólares ya que termino 2019 con un saldo comercial de unos 15.900 millones de dólares y el de este año se proyecta cercano a los 17.000 millones. Pero ocurre que los dólares que la Argentina acumulara en 2019 se fueron en concepto de pagos de deuda y fuga de capitales. 

Distinto es el caso de lo que está ocurriendo en 2020. Pese a la presentación mediática del tema, que ubica al dólar ahorro en la picota de la responsabilidad sobre lo que está ocurriendo, es conveniente aclarar que la fuga de capitales o el atesoramiento en divisas no ha sido este año el problema . Por este concepto solo salieron entre enero y Julio 1826 millones de dólares. 

Más allá de que el denominado PURE haya agravado las cosas, el punto nodal es otro. El INDEC muestra que las exportaciones correspondientes al año 2020, entre enero y julio, ascendieron a u$s 32.291 millones. A la vez, las importaciones se ubicaron en 22.718 millones. Es decir, en 7 meses Argentina acumuló un saldo a favor de u$s 9563 millones. Sin embargo, el Balance Cambiario del Banco Central nos muestra exportaciones por 29.024 millones e importaciones por 22.326 millones. Es decir, que para el mismo período el BCRA solo muestra un saldo positivo de 6.698 millones. O sea 2865 millones de dólares menos que se explican centralmente por que los exportadores liquidaron 3267 millones menos que los que deberían haber liquidado. 

Es extraño que, entre las medidas adoptadas, no haya ninguna definición que implique discutir este punto.

El balance de pagos nos marca que la otra gran causa del consumo de divisas ha sido el pago de deuda por intereses y capital, tanto pública como privada. Entre enero y julio, se fueron u$s 4789 millones por intereses y se canceló capital por 4276 millones. Es decir u$s 9065 millones se lo llevó el endeudamiento. 

¿Qué sentido tuvo haber pagado mientras se negociaba la reestructuración de la deuda?.¿No era más lógico mantener suspendidos los pagos que ya había suspendido Macri?. La estrategia de “amigabilidad” con los acreedores que suponía que, reestructurando de manera amigable, las expectativas de estos agentes se orientarían en dirección por ejemplo a la reducción de la brecha entre el dólar oficial y los restantes, no ocurrió. Es más, al día de la fecha los bonos argentinos fueron castigados frente al anuncio de las recientes medidas. 

En segundo lugar, ¿no habría que haber revisado adecuadamente los pagos por deuda privada que en este tiempo se realizaron? Sobre este punto, las medidas sí plantean una restricción para la cancelación de deudas privadas, induciendo el uso de dólares propios o la reestructuración de las mismas. Por ende , el mito de la falta de dólares no se aplica en el presente contexto. Y el tema no ha sido el dolar ahorro. Ha sido el consumo de dólares por deuda pública y privada (u$s 9065 millones) y lo que no liquidaron los exportadores (u$s 3267 millones). Por estos conceptos se fueron u$s 12.332 millones. Por la “fuga del dólar ahorro”, apenas salieron 1826 millones.

*Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas



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