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La libertad de expresión y sus demonios | La multiplicación de discursos de odio



Libertad de expresión

Nunca suficientemente reiterado. En 1948, la Organización de la Naciones Unidas declaró a la libertad de expresión como derecho humano. El derecho implica deberes y responsabilidades, entre ellos proteger el orden público y la salud de los ciudadanos. Nadie, y mucho menos los trabajadores de la palabra, debería usar la libertad de expresión como argumento para engañar e incitar al odio y a la violencia. Quien lo hace, comete acciones ilegales.

Algo más.

La libertad de expresión suele confundirse con la libertad de prensa es decir, el derecho de los medios de comunicación (gráfica, radio, televisión, digitales) para investigar, informar y difundir informaciones sin censura previa. También, se ataca la libertad de prensa cuando se monopoliza el suministro de papel, las frecuencias radioeléctricas, las plataformas y herramientas para difundir información, lo cual impide la libre difusión de ideas y opiniones.

Lamentablemente, como expresó Georges Bernanos en 1943: “Los periodistas no debemos hacernos ilusiones sobre la eficacia de nuestra acción frente a los hipócritas que prosiguen su trabajo de corrupción en nombre de los mismos principios que nosotros defendemos… adoptando, según los principios del Mein Kampf, el nombre y la actitud que mejor favorecen sus intenciones”.

La cita no es casual.

La historia enseña que, detrás de actos como el penoso banderazo del pasado 9 de julio, hay planes destituyentes, profesionales de la calumnia y mentirosos seriales que reiteran los patrones de la propaganda nazi y usan la libertad de expresión y de prensa (como en la República de Weimar) para esparcir discursos de odio similares a los elaborados por Goebbels, para lograr el ascenso electoral de Hitler.

Durante el Reichstag, la propaganda nazi basaba su eficacia en la naturalización del resentimiento, la violencia, la represión y la discriminación. Ya en el poder, produjeron amables puestas de escena de campos de concentración (subtitulados en inglés) para embajadores extranjeros; en tanto perpetraban sus crímenes y servicios a la muerte.

En nombre de la libertad, demonios se buscan

Aunque atroz, el pasado permite observar que, ante las miradas de quienes conforman masa, el camión de exteriores de C5N asemeja un carro de asalto hostil a sus castillos y descubrir por qué hay sujetos capaces de perseguir y golpear a los trabajadores a gritos de “Demonio” y “Basta de ataques a la libertad de expresión”.

Sin duda, la mayor responsabilidad política corresponde a aquellos líderes que, en defensa de mezquinos intereses, teledirigen a los odiadores hacia la violencia y la violación de la cuarentena.

Tampoco sorprende que sus voceros, al enfrentar obvias contradicciones se justifiquen distribuyendo culpas y demonios. Todos reprimen. Todos mienten y espían, espiaron o espiaran.

“Ninguna de esas críticas aludirá a la violencia estructural” dice Daniel Feierstein en “Los dos demonios recargados”.

Jamás mencionarán paraísos fiscales, apropiación de tierras, vaciamiento de empresas u operaciones de prensa.

Sin embargo,la mayoría de los comunicadores creemos que, “como toda la ciudadanía, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. No tenemos privilegios. Y no toda crítica, por exagerada o injusta que sea, puede ser considerada como un ataque a la libertad de expresión”.

A casi un siglo de la Primera Gran Guerra, la espiral de los tiempos exhibe, al ritmo de las crisis del mundo global, la multiplicación de discursos de odio.

El reto es aceptar una única libertad de expresión humana, aquella queconstruye opinión pública libre, plural y solidaria.

De ello dependen las democracias y la supervivencia del planeta.

* Antropóloga. 



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LAS FAKE NEWS Y LA LEY DEL RUMOR  | Control ciudadano de la información



En tiempos de coronavirus, pandemia y encierro social junto a informaciones de funcionarios, investigadores y especialistas en los tradicionales medios de comunicación y en las diferentes redes sociales, también proliferan las noticias falsas o fake news.

Si bien el concepto de fake news ha tomado relevancia en el último tiempo, lo cierto es que las noticias falsas y los rumores han estado junto a nosotrxs hace siglos. También en el mundo empresarial hay variedad de casos en donde noticias falsas y rumores pusieron en crisis a empresas de todo tipo. A muchos consumidorxs nos han llegado cadenas de denuncias sobre productos de baja calidad o que directamente causan problemas de salud; el remedio ante dudas sobre productos alimenticios o de salud es el serio contralor de la ANMAT.

Gobiernos, medios de comunicación, entidades científicas de diversa naturaleza, empresas y ciudadanxs debemos entender que la posibilidad de irradiación de una fake news se encuentra determinada por la importancia y la ambigüedad de la noticia.

Gordon Allport y Leo Postman en su libro “Psicología del rumor” precisaron la ley del rumor. La fake news al igual que el rumor se esparcirán en tanto que la problemática a la que se refiere sea importante, haya falta de información sobre el tema o escasa rigurosidad en la que existe. Y que el desmentido del rumor o de la falsa noticia no sea convincente. Es decir que el rumor (la fake news) es semejante a importancia por ambigüedad.

En tiempos extraordinarios, inimaginados hace escasos meses, las posibilidades de rumores o noticias falsas que tengan por objetivo crear malestar o desánimo en la población es alto. Está en cada uno de nosotrxs, con la diversidad de labores y responsabilidades que tenemos, tener la disposición de ayudar a contrarrestar a los creadores y las creadoras de rumores y fake news.

Investigaciones cuali-cuantitativas que llevamos a cabo y similares estudios muestran que la opinión pública en general vive en paralelo el mundo virtual y la interacción cara a cara, y sigue viendo en los medios de comunicación, tradicionales emisores de mensajes y contenidos, la capacidad de poder y de establecer imaginarios sociales. No obstante ello y sin entrar a considerar el supuesto o no empoderamiento ciudadano, lo cierto es que poseemos más herramientas comunicacionales a nuestro alcance y está en nosotrxs el uso que hagamos.

Actualmente enfrentamos un incremento exponencial de información en comparación con años atrás, pero tenemos más posibilidades de efectuar controles sobre la veracidad de la información que nos afecta, a partir de las mismas redes sociales que nos proveen de información.

Los rumores, las noticias falsas concernientes al ámbito político, económico, social, cultural, empresarial son un fenómeno social que seguirá estando entre nosotrxs. Ambas se disfrazan conteniendo algún tipo de información que responde a intereses de la ciudadanía, por lo cual poner en evidencia su falsedad implica algún grado de compromiso en la búsqueda de certificar la información.

Lo mejor que nos puede pasar en nuestra exposición permanente a las redes sociales es que las convirtamos en un herramental que ponga en crisis la creación y propagación de rumores y fake news, haciendo realidad el empoderamiento ciudadano, o al menos un poder compensatorio.

* Profesor e investigador – CICEOP- FPyCS UNLP



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DERECHO A LA CONECTIVIDAD | La agenda postpandemia



La pandemia de la covid-19 ha puesto en blanco sobre negro muchas situaciones habitualmente relegadas en el escenario anterior al que denominamos “normalidad” y al que realmente no sabemos si habremos de volver alguna vez. Así como han aparecido recursos antes impensados y manifestaciones maravillosas de solidaridad en el compartir, también saltaron a la vista muchas limitaciones y restricciones que coartan posibilidades y, sobre todo, lesionan derechos legítimos ciudadanos.

Es así que la conectividad digital se impuso como parte de nueva normalidad pero ya no como una elección sino como una necesidad vinculada con la integración social, la vida cultural y las posibilidades económicas. La exclusión del mundo de internet y sus beneficios era de por sí y antes de la pandemia un modo de marginación, pero todo ello se profundizó con la llegada de la covid-19. Y la nueva realidad se precipitó sobre muchas personas y familias como un agravante más de la ya de por sí agobiante situación que provoca la difusión del virus y el aislamiento social obligatorio.

Solo entonces parte de la sociedad argentina comenzó a ver que a personas y familias enteras se les hizo sumamente engorroso acceder a los mecanismos digitales para registrar un pedido, hacer un reclamo, abrir una cuenta bancaria a distancia o solicitar un beneficio. Pero más allá de ello la cuarentena hizo que el consumo de bienes culturales y de información solo fuera viable mediante la conectividad digital y con el avance de los días y la generación de propuestas en línea, también el acceso quedó limitado para quienes no contaban o no cuentan con tales posibilidades.

Es verdad que como sucede en gran parte del mundo, la conectividad y el uso las redes sociales digitales ha ido creciendo de distintas maneras en nuestro país: mayor cantidad de usuarios, más variedad pero también y sobre todo, más interacción. No menos cierto es que la cultura de la conectividad impone condiciones hasta hace no mucho impensadas en la vida cotidiana de los pueblos y de las comunidades. Pero también genera nuevas formas de exclusión. Por todo ello es necesario reflexionar acerca del tema del acceso, del uso de Internet y de las redes desde la perspectiva del derecho a la comunicación y de la participación popular democrática de los actores populares en nuestro país.

La conectividad digital ha dejado de ser -desde hace mucho tiempo- un privilegio para convertirse en una necesidad para todas las personas y, por lo tanto, en un derecho que le concierne a la condición ciudadana. Porque está relacionado con la información y con la cultura, pero también con los servicios, con la posibilidad de acceder a las políticas públicas, a la educación, a la salud, para mencionar tan solo algunas.

Pero el derecho a la conectividad a internet no puede reducirse simplemente a la conexión física, que debe ser de calidad y económicamente asequible: es inseparable del desarrollo de capacidades y habilidades de las personas para el uso de la red de redes y la eliminación de las barreras que existen para su uso adecuado y útil. Por ello es preciso considerar que no se trata solamente de cuestiones tecnológicas, sino de pensar al mismo tiempo las formas de acceso y apropiación de los diferentes grupos sociales, atendiendo a las condiciones sociales, políticas y culturales particulares de cada uno de ellos.

Hoy la conectividad a internet es parte integral del derecho a la comunicación que debe ser considerado como un derecho humano fundamental. Y tal como lo hemos afirmado en otras ocasiones, tal derecho tiene que ser entendido como un derecho habilitante del conjunto de los derechos, como una puerta de acceso a la integralidad de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Y le corresponde al Estado, mediante políticas públicas, asegurar las condiciones básicas para que tal derecho se haga efectivo, tanto en lo que hace a la conectividad física como a los procesos de capacitación para el desarrollo de habilidades para el uso de internet. Un tema más pero impostergable para incluir en la agenda de salida del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

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